Alrededor de 40 minutos duró en el Concejo Deliberante el debate sobre los libros del programa "Identidades Bonaerenses", que distribuyó en escuelas y biblioteca una colección de más de 100 libros que generaron una polémica que lideró la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Aunque en San Pedro esa polémica ya había tenido lugar el año pasado, llegó al recinto a través de un proyecto de comunicación que presentó el concejal opositor Martín Rivas, quien propuso expresar "total oposición" al empleo de esos libros en las aulas y que el Ejecutivo intervenga para evitarlo.

El planteo de Rivas sólo tuvo el respaldo de Mauro de Rosa, quien acompañó la idea de que los padres deberían decidir qué leen y qué no sus hijos en las aulas de las escuelas del sistema educativo.

La votación fue 16 a 2 en contra del proyecto, porque el resto del cuerpo no sólo no acompañó sino que además tuvo severas consideraciones contra la propuesta de Rivas.

El edil opositor dijo en sesión que él y su equipo habían leído seis de los 28 libros cuestionados y en el articulado señaló que se trata de "una imposición de material pornográfico, utilizándolo como una herramienta ideológica".

Una de las que encabezó los cuestionamientos al proyecto de Rivas fue la concejala radical Yanina Batalla, psicóloga y sexóloga que trabaja en el sistema público desde hace años, aunque desde que asumió la banca está de licencia.

"Hay que tener conocimiento para hablar sobre estos temas y, justamente, si no hay conocimiento nunca vamos a poder ser libres en la sexualidad", dijo y repasó obras de la literatura universal que le tocó leer durante su formación escolar que también contenían escenas consideradas "subidas de tono".

"Este proyecto se me hizo casi ilegible por volver a pensar en una lista negra de libros. ¿Realmente creen que leer un libro cae en saco vacío de los estudiantes? Es de una ignorancia absoluta, ofensiva", señaló Batalla.

La psicóloga destacó que como profesional del sistema público de salud le tocó atender casos de abusos sexual infantil en los que las víctimas lograron relatar lo que les había ocurrido gracias a las temáticas trabajadas en el marco de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas.

De la misma manera, advirtió que en la preocupante estadística de suicidios que se registra en San Pedro hay muchos casos de adolescentes con dificultades para expresar su sexualidad. 

"Que tengan acceso a estas cosas también salva vidas, es muy importante para la salud mental", sostuvo Batalla.

Fue en ese momento en que la concejala de Unión por la Patria Soledad Llull decidió tomar la palabra para contar su experiencia personal. "Ojalá hubiera tenido libros así en mi preadolescencia y adolescencia", dijo.

Hizo referencia al libro "Rey y Rey", una obra en la que un príncipe debe elegir pareja para el matrimonio y en lugar de decidirse por una princesa lo hace por otro príncipe, de quien se enamoró "a primera vista".

"En mi caso, sería Reina y Reina. Tengo una compañera mujer con la que tenemos una familia hermosa, con dos hijos que van a cumplir un año. Leer estos libros cuando era adolescente me hubieran allanado un montón en el camino", aseguró.

"Tuve la fortuna de encontrar gente en el camino que me ayudó, que ayudó a que mi familia tuviera una mirada diferente, a expresar mis deseos de forma libre y a llevar la familia que estoy teniendo", dijo Llull.

“Quiero que cada chico o chica que tenga una elección sexual diferente a lo que está establecido heteronormativamente tenga el orgullo que tengo yo hoy de poder decirlo, de poder decir que tengo una familia y dos hijos con mi compañera, y que tengan una vida plena y feliz”, señaló.

Para cerrar, aseveró: "La bibliografía de una escuela no define el futuro de nadie, al contrario, puede allanar el camino para contar cuestiones que le están sucediendo íntimamente y que lo podrían llegar a avergonzar, y como dijo Yanina, puede salvar vidas".

“Me importa muy poco los gustos sexuales de cada uno, jamás van a ser motivos de juicio desde mi persona”, respondió Rivas y agregó: “Tengo hijos adolescentes y otros que salen de la edad preescolar, cada uno vive su vida según sus elecciones”. 

"Con toda la filosofía barata y zapatos de goma que acabamos de escuchar se desvirtúa el debate. Yo leí seis de los 28 libros, acompañado de profesionales. Lean el articulado. Pueden coincidir o no", reclamó Rivas.

El artículo 1 de su proyecto considera los libros analizados como "pornográficos" y "comprendidos dentro de las previsiones del Código Penal" que "castiga la divulgación de representaciones sexuales explícitas a menores de edad".

En el artículo 2 pedía al Gobierno municipal que evitara la entrega de esos libros ante "los previsibles perjuicios irreparables" en la formación de niños y adolescentes; y en el tercero solicitaba que el Ejecutivo exigiera a Provincia la suspensión del envío de ese material "reñido con el sano desarrollo de los contenidos de la enseñanza", según su criterio.

El concejal Matías Pisani fue el que se preguntó si Rivas habría leído los 28 libros cuestionados. Recordó que la ley de ESI lleva 16 años en la Argentina y que en discursos como el del concejal de Juntos por el Cambio "la demagogia está totalmente insertada".

"Hay una diversidad enorme en la sociedad y en las escuelas, sobre todo en las públicas. La Provincia tiene en cuenta esto y en base al lugar donde pertenece cada distrito envía unos y otros libros, hay un estudio minucioso", destacó Pisani.

“Por último, quiero decirles a los concejales que el rol de los legisladores no es ser guardián de una moral única sino garantes de una convivencia basada en el respeto y la pluralidad”, señaló el médico.

"Los libros no son enemigos, son puertas hacia el entendimiento. Que este Concejo no se convierta en un instrumento de censura sino en bastión de la libertad", cerró el joven radical.

Juan Cruz González también se refirió al tema en sesión para señalar la relevancia que tiene la Educación Sexual Integral en las escuelas y las problemáticas que ayuda a resolver. 

"La discusión es profundísima, está bueno tratarlo, pero debemos entender que el ejercicio de la libertad es el de conocernos, respetar al otro y entender que hay muchas vidas distintas", dijo.

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El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ordenanza que, en consonancia con uno que elevó Mauro de Rosa, propone que el personal político no pase a planta de empleados municipales sino hasta un año después de haber cesado.

Sin embargo, el expediente de los radicales contiene un error formal que complicará su validez: lo firmó una concejala que ya estaba de licencia.

En el encabezado, el proyecto aparece presentado por los concejales Yanina Batalla, Lucas Pisani, Hugo Binimellis y Paola Basso, en ese orden. Al pie están las firmas de los cuatro. Pero Batalla no podría haber presentado expedientes en la fecha en que esa iniciativa ingresó por Mesa de Entradas.

El sello indica que el proyecto entró el 10 de septiembre de 2024 a las 10.50. Pero Yanina Batalla estaba de licencia desde el día anterior, cuando a las 8.15 formalizó su solicitud para ausentarse de su banca entre el lunes y el viernes. 

Es decir que el martes ya estaba formalmente en su lugar Guillermo Sancho, el primer suplente de la lista por la que llegó la psicóloga llegó al HCD.

Como para sumar distracciones, al final el expediente lleva la leyenda "dada en la sala de sesiones a los 24 días del mes de julio de 2024", algo que, con distintas fechas, los radicales pusieron en todos los últimos proyectos presentados pero que en realidad se escribe en el expediente una vez que fue tratado.

Además del error de los concejales, que deben haber tenido el proyecto preparado desde antes y olvidaron que una de las firmantes estaba de licencia, hay una cadena de descuidos que incluye al personal administrativo que recibe el expediente y al político de Secretaría Legislativa y de Presidencia.

No es la primera vez que ocurre . En junio, por ejemplo, Viviana Riquelme pidió licencia y luego firmó un expediente mediante el informaba que creaba un nuevo bloque con Lafalce, pero para ese momento ya correspondía que Fernando Negrete ocupara su banca.

En ese momento, el presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, explicó que Riquelme no tenía "atributos como concejal al momento en que presentan la nota, por lo tanto no tiene validez", situación que aplica, de la misma manera, al proyecto de los radicales que firmó Yanina Batalla.