La fiscala María del Valle Viviani pidió la conversión en detención del aprehendido el viernes por la tarde en un allanamiento en el Bajo Cementerio en el marco de una investigación por venta de estupefacientes que permitió desbaratar un sitio donde se comercializaba drogas.

El apresado, un hombre de 42 años, permanece alojado en San Nicolás, a disposición del Juzgado de Garantías interviniente, que resolverá su detención para luego, con los elementos de prueba colectados, definir si permanece en una celda con prisión preventiva camino al juicio.

Está imputado por tenencia de drogas para su comercialización y por venta de estupefacientes luego de que una investigación de alrededor de un mes permitiera confirmar que en su domciilio del poste 9 del camino Vapor Correo Argentino vendía drogas.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer el movimiento permanente de personas que se dirigían a comprar drogas a ese lugar, las que quedaron registradas en filmaciones y fotografías que obran en la causa que tramita en la fiscalía de Viviani.

La titular de la UFI 7 destacó este sábado en Sin Galera la importancia de que los vecinos que sospechan que en su barrio se cometen delitos de este tipo denuncien, puesto que este allanamiento fue posible gracias a una denuncia anónima que activó la investigación.

La fiscala María del Valle Viviani aguarda ahora la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento, pericia que permitirá avanzar en la causa para establecer vinculaciones con quienes proveían al detenido de la droga que comercializaba en el Bajo Cementerio.

Durante el procedimiento se secuestraron 200 envoltorios de cocaína listos para su venta y 76 gramos de marihuana en cogollos, también para su comercialización. Incautaron además dinero en efectivo, una planta de cannabis, elementos de corte, balanzas de precisión y cinco teléfonos celulares.

La causa penal por las agresiones que sufrió la directora de la secundaria 8, Valeria González, proseguirá en la Justicia sólo por las amenazas proferidas por la madre agresora pero no por las lesiones que sufrió la docente.

La fiscala María del Valle Viviani explicó en Radio Cuarentena que González decidió no instar la acción penal por las lesiones que sufrió cuando la mujer la golpeó y dio su cabeza contra un matafuegos, antes de que la escupiera.

“Expreso que no quería instar la acción por las lesiones”, dijo Viviani y confirmó que “a Fiscalía le queda el único remedio, en este caso, de seguir la investigación por parte de las amenazas”.

“Expresó que tenía mucho temor tanto por ella como su familia”, indicó la fiscala y señaló que “se pidió al juez de Garantías una medida de resguardo, de protección, de impedimento de acercamiento a la agresora”.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

Este miércoles, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, encabezó una reunión con el secretario de Seguridad, Diego Solana, y los dueños de boliches tras los episodios violentos de las últimas semanas, en la que les planteó la necesidad de que asuman las responsabilidades que les competen a la hora de contratar personal de seguridad.

Viviani les advirtió que no le temblará el pulso si tiene que imputar y detener a patovicas que cometan actos delictivos en exceso de sus tareas y les recordó a los dueños de locales nocturnos que las empresas tienen responsabilidades civiles ante episodios de esas características.

De la reunión participaron los titulares de los boliches Lux, Hollywood, Club Zero, Dubái, Club Zhen y también el referente de las previas de Clové y de los espectáculos del club La Esperanza.

Solana, por su parte, les solicitó que se pongan al día con los requerimientos de la ley vigente respecto del personal de admisión y permanencia, que contempla entre otros aspectos que cada uno tenga un apto psicológico firmado por profesional en la materia.

También se puso a disposición para generar las condiciones para que los patovicas puedan cursar capacitaciones para profundizar la que es obligatoria por ley, sobre todo respecto de cuáles son los derechos que asistena a quienes concurren a los boliches y a ellos mismos como trabajadores.

Entre los titulares de boliches plantearon la posibilidad de que se genere una bolsa de trabajo de personal de admisión y permanencia para contratar patovicas, lo que de alguna manera está previsto en la normativa que establece el rol del sindicato Sutcapra, que los representa.

Entre los referentes de los locales nocturnos acordaron diseñar una base de datos que les permita a todos tener registradas a personas que hayan generado conflicto en alguno de los boliches, de manera tal que si se decide una suspensión de ingreso por un tiempo determinado ello rija para todos.

En algún momento el boliche Hollywood había proyectado utilizar una app para escanear el DNI de cada concurrente al local, que podría abonar a ese registro, pero luego entendieron que podría ser engorroso para el fluir del acceso.

Durante la reunión, propusieron como alternativa el uso de cámaras con reconocimiento facial que permita el registro de los concurrentes para reconocer rápidamente a quien haya generado algún tipo de conflicto y que todos puedan compartir esa información.

Luego de los episodios violentos del fin de semana en la nocturnidad, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7 que estuvo en turno hasta este miércoles, pedirá una reunión con autoridades del Gobierno local y dueños de boliches.

Lo adelantó a La Opinión la propia Viviani tras ser consultada respecto de los episodios en los que le tocó intervenir durante el fin de semana pasado, que tuvieron como hecho más resonante lo ocurrido en el boliche Lux, pero que no fue el único.

Viviani procurará reunirse con el secretario de Seguridad, Diego Solana, conocedor de la nocturnidad porque fue DJ y dueño de boliches durante muchos años, y los titulares de los locales bailables que funcionan en la actualidad.

La fiscala está muy preocupada respecto de lo que ocurre en la noche sampedrina y los hechos del fin de semana pasada implicaron una gravedad inusitada que, además, involucraron a patovicas, es decir a personal de admisión y permanencia que, por obligación de ley, deben estar capacitados para esa tarea.

Además del episodio Lux, con la golpiza que Damián Reyes recibió antes y después de haber estrellado su auto contra el portón del frente del local, hubo al menos otros dos hechos de relevancia.

Uno de ellos es otra agresión dentro de un boliche que involucra a un patovica. Ocurrió en el local denominado Hollywood, ubicado en Balcarce al 200, que terminó con un joven hospitalizado.

El titular de ese boliche tiene imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas dentro del local, lo que permitirá a Fiscalía analizar lo ocurrido, en el marco de la causa penal correspondiente..

Por otro lado, en la esquina de Mitre y Güemes cámaras de seguridad registraron el momento en l que un grupo de jóvenes golpeó brutalmente a otro, también en el horario de cierre de boliches.

En ese caso, el agredido no quiso asistencia médica en el momento del episodio, pero el domingo por la tarde fue con su familia al Hospital porque acusaba dolores producto de la golpiza.

Más de dos semanas pasaron desde que el juez de Garantías Román Parodi, subrogante de María Eugenia Maiztegui, dispuso que los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanezcan detenidos con prisión preventiva pero con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” que denunció la empresa Rey Distribución.

Ambos contiúan alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías, puesto que tanto la defensa, cargo del abogado sampedrino Mauricio Gugger, como la Fiscalía de María del Valle Viviani apelaron el fallo del juez de Garantías.

Consultado por La Opinión, Gugger informó que todavía están a la espera de la resolución de Cámara. La decisión podría aparecer este viernes o bien la semana que viene. Los magistrados deben definir si dejan firme lo que Parodi dispuso para ambos acusados.

En el caso de la Defensa, el planteo es de excarcelación. Gugger apeló la decisión que dispone que permanezcan detenidos con prisión preventiva porque considera que no hay riesgo de que Espíndola y Cabaleyro se fuguen o entorpezcan la investigación.

Por su parte, la fiscala Viviani apeló el beneficio de arresto domiciliario porque entiende que deberían permanecer detenidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense y no en sus viviendas, ya que de esa manera podrían interferir en el devenir de la causa.

El secretario General del Sindicato de Camioneros de la regional San Nicolás y concejal del Frente de Todos ahora de licencia Maximiliano Cabaleyro y su delegado en San Pedro, Fernando Espíndola, están acusados de bloquear la planta de la empresa Rey Distribución y de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Antes de que se desarrolle la audiencia por la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, le pidió a la fiscala Viviani las actuaciones de la causa. La titular de la UFI 7 rechazó la solicitud.

Moreau pidió “una copia del “legajo fiscal que tendrá carácter de reservado” y Viviani le respondió que su Fiscalía “no puede dar cumplimiento a lo requerido” y le explicó las razones, relacionadas con que la ley impide “la injerencia de otros poderes del Estado” en la tarea de la Justicia.

En el texto, y de manera didáctica, la titular de la UFI 7 explica al diputado Moreau, un dirigente político con más de cuatro décadas de trayectoria, algo tan simple como que la investigación penal corre por canales que implican la parte acusatoria, a su cargo, y la defensa que representa al imputado, todo bajo el control de un tercero imparcia que es el Juzgado.

Le explicó que de la ley invocada por él para elevar su requerimiento “no surge ninguna facultad expresa ni implícita” que lo autorice como legislador a “intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal” ni “controlar el desempeño de los fiscales”.

El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.

Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.

Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.

Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.

Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.

Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.

Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.

Los cinco detenidos por la causa que investiga la denuncia por abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad en el marco de una presunta banda dedicada a la comercialización de drogas prestaron declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, por lo que la titular de la UFI 7 ya cuenta con esos elementos para avanzar en la causa.

La fiscala del caso también tomó declaraciones testimoniales a la víctima del ultraje y al abogado al que le robaron el arma, así como a otros testigos que pudieron aportar lo que sabían respecto de lo que se investiga, hechos que ocurrieron en una casa ubicada en Rivadavia 1665 la semana pasada.

Tras la declaración indagatoria que el martes ofrecieron los detenidos Lucas Ramos e Isaías Luppi, este jueves fueron trasladados a la sede de Fiscalía el policía Carlos Devito, Ramiro Mansilla y Maximiliano Ramos, sindicado como “líder de la banda”, los tres últimos detenidos por el caso. Todos fueron asistidos por defensa particular.

Carlos Devito, que se entregó el martes por la tarde y antes de declarar estuvo internado en el Hospital porque se autolesionó en los brazos con heridas cortantes, no aportó mucho. Su abogado dijo que no estaba en condiciones de dar su versión de los hechos o de responder pregunta, por lo que, planteó, más adelante ofrecerá declaración.

Por su parte, Maximiliano Ramos y Ramiro Mansilla proclamaron su inocencia en la indagatoria. Reconocieron estar en la casa de Rivadavia 1665 pero aseguraron que el relato de la víctima es falaz porque, sostuvieron, no hubo abuso sexual ni privación ilegítima de la libertad.

En su declaración ofrecieron versiones contrapuestas a lo que la víctima denunció y aseguraron que son inocentes respecto de los delitos de los que están acusados en esta causa que tramita en la Fiscalía Nº 7, a cargo de María del Valle Viviani.

La Justicia investiga las ramificaciones delictivas que se desprenden del caso de abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad relacionado con la presunta existencia de una banda dedicada a la comercialización de drogas en la que estarían involucrados los detenidos.

De los cinco capturados, dos de ellos ya prestaron declaración indagatoria y un tercero lo hará en el transcurso de este jueves. Los que declararon el martes son Lucas Ramos, hermano del sindicado como “líder” de la banda, Maximiliano, e Isaías Luppi, un joven de 23 años que en su declaración hizo referencia a un grave problema de adicciones y aseguró que es inocente respecto de los delitos que se investigan.

El abogado Mauricio Gugger lo representó en la declaración indagatoria el martes y este jueves se refirió al caso en Radio Cuarentena, donde aseguró que Luppi “es víctima”.

“Soy abogado de la familia de uno de los detenidos. Él es una víctima más de la situación”, aseguró Gugger respecto de lo que declaró Isaías Luppi ante la fiscala María del Valle Viviani.

“Estamos en plena investigación y es una causa bastante compleja, muy compleja. Pero es una víctima más”, afirmó el abogado, que lo asistió como defensor particular cuando le tomaron declaración indagatoria como imputado en la causa.

“Te adelanto esto: él llegó a ser rescatado de ahí por sus padres”, dijo Gugger respecto de la presencia de Masías Luppi en la vivienda de Rivadavia 1665 donde el denunciante dijo que fue privado de su libertad y sometido sexualmente.

El joven fue detenido el lunes por personal de Prefectura Naval Argentina que, bajo las órdenes de Fiscalía, allanó la vivienda de su familia en Mitre 2600 con el objetivo de proceder a su captura. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia, trasladado este miércoles por la tarde a Zárate, donde permanece alojado.

La Justicia investiga un caso caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante” y “privación ilegítima de la libertad” que tiene como víctimas por un lado a un joven de 30 años que fue abusado sexualmente tras permanecer en cautiverio y a un abogado de 54 años al que le robaron un arma y un celular, todo relacionado con presuntas deudas por drogas.

Este martes, en Radio Cuarentena, habló en exclusiva el hermano del joven abusado, quien permanece internado en el Hospital asistido por el personal médico, los profesionales del área de Salud Mental y custodiado por efectivos de Prefectura Naval Argentina.

“Mi hermano ya está fuera de peligro, sé que está custodiado por el personal de Prefectura, está en estado de shock por todo lo que pasó”, dijo Franco sobre el joven abusado. Durante la nota, denunció amenazas por parte de Maximiliano Ramos, uno de los involucrados, a quien sindicó como el “líder” de “una banda” que se dedica a “la distribución y venta de drogas” en San Pedro y Baradero.

Por el caso están detenidos Lucas Ramos e Isaías Luppi, a quienes en el transcurso de este martes la fiscala María del Valle Viviani tomaba declaración indagatoria —el segundo tiene defensa particular—, mientras el personal a cargo de la investigación de campo procura dar con el paradero del policía Carlos Devito y de Maximiliano Ramos, hermano de Lucas, los otros dos sindicados en la causa.

“Por lo que sé estuvo cuatro o cinco días en cautiverio”, dijo el hermano de la víctima y aseguró: “Sé quiénes fueron, los conozco a todos”. Además de los cuatro que aparecen hasta el momento en la causa, también identificó a otras dos personas, un hombre y una mujer, a quienes ubicó en el lugar donde sometieron a la víctima.

“Por lo que sé, este Luppi vendía drogas al menudeo para Maximiliano Ramos”, dijo. Del segundo, a quien señaló como el “jefe de la banda”, dijo que lo amenazó a él y a su familia, y que tienen miedo por lo que les pueda ocurrir.

“Todo esto se armó para darle una lección a alguien que no paga”, dijo y describió a Ramos como “un Pablo Escobar sampedrino”, porque “él es el que abastece a todas estas personas que estaban ahí, todos consumidores y vendedores”.

“Tengo un poco de miedo, más que nada por mi familia, están amenazados por Maximiliano Ramos, que es el lider de la banda”, dijo y contó que en la semana había estado en contacto permanente con su hermano por un trabajo que había surgido para él en Arrecifes, pero que el jueves le mandó “un mensaje medio raro” en el que le dijo. “No estoy para nadie, después me comunico”, lo que le llamó la atención.

“Me pareció raro, porque estábamos hablando de ese trabajo, él estaba sin laburo. Empecé a averiguar, le pregunté a mi otro hermano y me dijo que andaba con Maxi Ramos y Lucas Ramos, le pregunté a Maxi y me contestó: ‘Tu hermano sopló la bolsa y vos ya sabés cómo son las cosas’. Entendí que lo iban a matar, entonces le dije que más vale que aparezca y lo largaron, si no lo iban a matar”, relató.

El relato de Franco, hermano de la víctima, fue sorprendente. “Estamos hablando de un círculo mafioso bastante complotado y grande, convocado por Maximiliano Ramos”, reveló y aseguró: “Lo conozco, sé lo que es capaz de hacer, sé las cosas que ha hecho, es capaz de meterse con mi otro hermano, con mi mamá, con mis hijos, mirá lo que hicieron convocados por él, mis hijos están en peligro, ayer me mandó mensajes para amenazarme, que sabe dónde están mis hijos, que cuide a mi mamá”.

Según el hermano de la víctima, su contacto con Ramos permitió evitar un desenlace peor. “Si yo no le hubiese mandado el mensaje para decirle que aparezca mi hermano, le hubiese pasado lo mismo que le pasó a Toco hace años, que apareció ahorcado y fue por lo mismo, por Maximiliano Ramos”, denunció.

“Él es el jefe de la distribución, de todo lo que es la mercadería y todo”, dijo.

Contó que su hermano recibió “glpes de puño”, que estuvo “sin comer, sin agua” y que fue “abusado por cada una de las personas que estaban ahí”, en la casa de Rivadavia 1665, donde según explicó residía Lucas Ramos, hermano de Maximiliano y también acusado en la causa.

“Esta es su manera de cobrar, es un tipo que está loco, es un psicópata las cosas que hace”, dijo y denunció: “Él maneja mucho la droga en Baradero, lo conocen bien, ha hecho muchas maldades, hay gente que ha prendido fuego, atentó contra un concejal que salió hablando en las noticias de él y le prendieron fuego la casilla de gas”.

“sé lo que hacían, ellos iban a cobrarle a la gente así, de mala manera”, asguró y vinculó al grupo con otros hechos delictivos. “”Han hecho cosas peores que lo que le hicieron a mi hermano, Maximiliano Ramos está involucrado en casos de homicidio”, denunció.

“Esto es una cosa de mafia. Si yo no lo hubiese contactado a Maximiliano Ramos, mi hermano aparecía muerto. Cuando yo le mandé el mensaje se asustaron porque yo ya sabía que lo tenían ellos y lo largaron, le salvó la vida el mensaje que yo mandé”, indició y agregó que desconoce al abogado al que le mandaron la bala con su herman. “No lo conozco, no sé en qué puede estar involucrado, yo no lo sé”, señaló.

Este jueves, en el marco de la causa penal por extorsión y coacción que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, prestó declaración testimonial ante la fiscala María del Valle Viviani la delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo.

La abogada fue citada por Viviani en la sede de Fiscalía con el objetivo de solicitarle algunos detalles relacionados con la documentación que oportunamente le requirieron a la delegación de la cartera laboral que conduce y que está vinculada a las actuaciones labradas durante el conflicto entre la empresa Rey Distribuciones y el sindicato de Camioneros.

Rotundo brindó las explicaciones correspondientes para profundizar en aquellos aspectos que la fiscala le requirió y se retiró de Fiscalía antes de las 15.00, tras cumplir con el requerimiento judicial como funcionaria interviniente en el conflicto.

La delegación local del Ministerio de Trabajo tomó intervención ante los reclamos laborales planteados por el sindicato y cumplió tareas de mediación en el marco del conflicto que luego derivó en la denuncia penal por parte de la familia Rey contra los sindicalistas de Camioneros.

Luego de que se conociera la decisión del juzgado de excarcelar a cinco de los siete acusados de participar en el robo acontecido en el establecimiento La Santina, propiedad del empresario Oscar Andreani, como era de esperar la fiscala María del Valle Viviani presentó la apelación correspondiente y ahora habrá que aguardar si logra revertir la medida.

El reclamo incluye a tres de los acusados, Gastón Bedetti, Willam Sánchez y Leandro Molina, ya que la letrada sostiene que hay pruebas para que estos tres permanezcan detenidos y se les dicte la prisión preventiva como a Nicolás Rivero y Lucas Medina.

En su presentación, Viviani, hizo hincapié en los elementos reunidos durante la investigación. En el caso de Bedetti la fiscalía destacó la presencia de una picana similar a la utilizada en el asalto, las escuchas donde lo nombran al imputado y la presencia en su domicilio de unas zapatillas embarradas.

En el caso de Sánchez la fiscalía entiende que no se valoró que la víctima reconociera una prenda de vestir, y en el caso de Molina la fiscala Viviani sostuvo que no se valoró la declaración testimonial del personal policial del gabinete criminológico de la Comisaría local.

En cambio no se solicitó ninguna apelación sobre Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez y Amilcar David Palacios quienes no aparecen en el expediente que elevó la titular de la UFI 7, por lo que se infiere que en sus casos tiene menos elementos probatorios para hacer el planteo.

La semana anterior el juez de Garantías Román Parodi dictó la prisión preventiva de Nicolás Rivero y Lucas Medina al entender que había elementos que los comprometían, y consideró que a podían entorpecer la investigación si recuperaban la libertad. Para el resto de los acusados no hubo medidas y determinó que recuperaran la libertad.

Asegurando que ella toma “todas las causas con la misma importancia” este sábado en el aire de Sin Galera la Fiscala María del Valle Viviani brindó detalles de la investigación que llevó adelante para lograr la detención de varias personas en el marco del robo que sufrió el empresario Oscar Andreani.

Del total de los apresados, siete permanecen privados de su libertad tras prestar declaración ya que la Fiscala cuenta con los “indicios de que participaron” del robo en el que no solo ingresaron a la vivienda de los dueños de La Santina sino que además “entraron a la de los caseros y después donde estaban los huéspedes”.

“Hay que hacer apertura de teléfonos. Para ver si hay alguien que entregó que había gente con dinero, lo tengo que probar. Me tiene que llegar el impacto de todas las antenas en la zona de Río Tala”, informó Viviani.

Ahora, el juez de garantías debe resolver la excarcelación de los imputados que “fue solicitada por todas las defensas”. En caso de que las niegue la Fiscala tendrá 15 días “para reunir más pruebas para pedir la preventiva”.

De todos modos, Viviani remarcó que entre los elementos secuestrados hay algunos que están relacionados con el hecho que se encuentra investigado. “Está la picana, las armas de fuego, la vestimenta que coincide”, enumeró.

La propiedad de Andreani contaba con cámaras de seguridad y “hay tres personas que trasladan a la víctima, dos fueron identificados con ese video”.

“La vinculación con los otros detenidos es materia de investigación”, reveló Viviani y dio a conocer que ella cuenta con un croquis “para ir haciendo todo el estudio de lo que viene pasando”.

Más de 100 efectivos policiales participaron este viernes del operativo desarrollado durante la madrugada para detener a seis personas y aprehender a una séptima en el marco de la causa que investiga el robo al empresario Oscar Andreani, ocurrido el domingo pasado alrededor de las 23.00 en su casa de campo ubicada en el establecimiento La Santina, en el kilómetro 152 de la ruta 9.

El juez de Garantías Román Parodi autorizó el procedimiento y emitió cinco órdenes de detención con las que se desarrolló el operativo, del que participaron efectivos policiales de la Comisaría, la Patrulla Rural, GAD y DDI tanto de San Pedro como de ciudades vecinas.

En total los apresados fueron nueve: siete en calidad de detenidos y el octavo como aprehendido, algunos de ellos con entradas en la Comisaría por diversos hechos delictivos.

Acusados de robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, quedaron detenidos Lucas Matías “Bolillón “Medina, que fue apresado en Independencia al 2200; Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez”, a quien atraparon en el poste 27 del barrio Bajo Puerto.

También fue detenido en la bajada de la escuela de La Tosquera un joven de 21 años identidicado como Héctor Leandro “Leito” Molina; en el callejón Iglesias del barrio Bajo Tala detuvieron a Juan Bautista “Juancho” Ibarrola, de 59 años.

En calle Frers, más allá de Crucero General Belgrano, detuvieron a Amilcar David Palacios, de 30 años. También fueron detenidos Juan Nicolás “Perra” Rivero, de 26; Gastón Edgardo “Palolo” Bedetti, de 25; y en el camino al basural, en La Tosquera, William Alexis Sánchez, de 22. Además, aprehendieron a un hombre de 61 años.

Seis detenidos y un aprehendido en nueve allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías a solicitud de la Fiscala Viviani fueron desarrollados en distintos puntos de la ciudad, Bajo Tala y La Tosquera esta madrugada, en el marco de la investigación por el asalto a Oscar Andreani.

Uno de los apresados, al arribar a la comisaría, denunció ante las cámaras de La Opinión y Sin Galera: “Me engarronaron, me pusieron un chaleco y una escopeta que no es mía”.

Los elementos enumerados, son dos de los tantos secuestrados por parte de los uniformados en los operativos y aportados a la causa. 

Más de 100 policías de todas las fuerzas locales y con apoyo de efectivos de ciudades vecinas participaron de los allanamientos durante la madrugada de este viernes.

El asesinato de Néstor Insaurralde en el kilómetro 154 de la ruta 9 ocurrido el 11 de septiembre de 2020 fue el primer caso resonante que recayó en la Fiscalía N° 7 de María del Valle Viviani desde su asunción en el cargo.

Siete meses después, la causa “volvió a fojas cero”, explicó Viviani en #RadioCuarentena, porque el dermotest que se realizó a Diego Franco y Rodrigo Rodríguez, los jóvenes riotalenses detenidos el mismo día del hecho, dio negativo.

La pericia determinó que ambos, liberados a fines de octubre porque el Juzgado de Garantías de San Nicolás no avaló la prisión preventiva, no dispararon armas de fuego. “Tenía esperanzas en esas pericias pero dio negativo y sólo me queda la de ADN de lo que se pudo levantar”, admitió la fiscala.

Y, respecto de cómo continúa el proceso, explicó: “Me faltaría un testigo traerlo por la fuerza pública que es el que nombra una menor en la causa. Lo estoy buscando y es lo que me quedaría, además de las pruebas de ADN”.

Además, manifestó que solicitó “colaboración” a la Policía Federal para remitirle la filmación y “mejorarla” en su calidad con el objetivo de obtener mayores precisiones aunque reconoció que es difícil por las características de la misma que fue registrada en horas de la noche desde un establecimiento situada en la mano contraria a la Buenos Aires-Rosario, donde fue el asesinato.

Viviani aclaró que al crimen no lo tiene “esclarecido” pero que eso no significa que lo “dejó” y no se “ocupó más”: “Estoy tratando como poder resolverlo y es bastante complicado. Hay que esperar con cautela y tengo la certeza que lo voy a terminar esclareciendo. Estuve hablando con otros fiscales porque fue el primer caso que me tocó a mí y me siento preocupada porque no lo pude esclarecer. Lo importante es no quedarse y seguir. Las pruebas que pueda hacer, las voy a hacer”.

Franco y Rodríguez fueron detenidos el mismo día del hecho e imputados por el homicidio y tenencia ilegal de armas, tras allanamientos que tuvieron lugar en sus viviendas en Río Tala.

Ambos jóvenes recuperaron la libertad en octubre porque el Juzgado de Garantías rechazó la solicitud de prisión preventiva elevada por Viviani y, en cambio, hizo lugar a los planteos del defensor oficial, Pablo Vacani, quien consideró que los elementos probatorios no eran suficientes para mantenerlos detenidos.

Vacani apuntó contra la policía al señalar que la prueba para detenerlos fue “una fuente anónima nunca revelada ni acreditada en el caso” ofrecida por personal de la Comisaría, mientras que las armas secuestradas no son compatibles con la utilizada para asesinar a Insaurralde.

De la misma manera, indicó que las huellas relevadas en el camión no coinciden con las de los acusados, que las imágenes de las cámaras de seguridad no permite reconocerlos ni hay testigos presenciales que los ubiquen en la escena.

La semana anterior a la audiencia de prisión preventiva, una joven oriunda de Río Tala brindó un testimonio que apunta a otras personas como las presuntas autoras del hecho, lo que abrió otra línea de investigación en la causa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del robo y del posterior disparo permiten observar que los asaltantes habrían sido más de dos.

Néstor Insaurralde era oriundo de La Matanza y se desempeñaba como chofer de una empresa distribuidora de colchones y almohadas. Esa madrugada había salido con rumbo a Córdoba. En el kilómetro 154 del carril Buenos Aires-Rosario paró, como hacen muchos camioneros, a descansar.

Delincuentes lo abordaron con fines de robo, le abrieron la caja del furgón y le llevaron unas ocho almohadas marca Springflex. En las ímagenes de las cámaras de seguridad se observa que en determinado momento el camión enciende las luces y se mueve unos metros. Ese sería el momento en el que, desde la ventanilla del acompañante, le dispararon en la cabeza.