Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

Las dos instancias de rueda de reconocimiento que se llevaron a cabo este lunes para con el detenido en Zárate por el asalto a una familia en Gomendio y San Martín dieron negativo.

La primera tuvo lugar alrededor de las 10.00 de la mañana y la segunda, pasadas las 13.00. En ambos casos, el detenido no fue reconocido por las víctimas como parte del grupo que irrumpió en la vivienda a mano armada.

La defensoría oficial que asiste al detenido solicitó su excarcelación, lo que deberá resolver el Juzgado de Garantías con arreglo a las pruebas que obran en el expediente que tramita en la Fiscalía 11.

En su declaración indagatoria, el detenido dijo que no tenía nada que ver con el robo y que su única vinculación estaba relacionada con que presentó a dos personas en un camping, quienes luego hicieron trato por el automóvil Volkswagen Suran que aparece en la escena del hecho.

Ese coche fue secuestrado en poder de una persona que también fue detenida en su momento en Zárate. Los delincuentes huyeron de la vivienda con diversos elementos que robaron, aunque no pudieron llevarse el auto de la familia, que habían cargado con gran cantidad de objetos, porque no arrancó.

La Justicia dispuso para este lunes una rueda de reconocimiento para el detenido por el asalto a un familia en Gomendio y San Martín que fue apresado en Zárate en el marco de una serie de allanamientos que encabezó la DDI local.

El detenido declaró ante Fiscalía y aseguró que no tiene "nada que ver" con el robo ni con la logística de la organización para su comisión. La policía llegó a su detención por vínculos con el automóvil Volkswagen Suran en el que huyeron de la escena tras el asalto.

Cuando secuestraron ese Suran, la persona que lo conducía señaló al ahora detenido como parte del proceso de la venta del coche. En su declaración, el apresado dijo que sólo presentó entre sí a dos personas que él conocía para que pudieran hacer negocio con el auto.

La rueda de reconocimiento permitirá que las víctimas señalen si las características físicas de este detenido coinciden con las de los delincuentes que irrumpieron en la vivienda, maniataron a la familia y cometieron el robo.

En los allanamientos en Zárate en el que detuvieron a quien irá a rueda de reconocimiento secuestraron handys, revólveres, patentes de autos, guantes y celulares.

El asalto ocurrió el martes 3 de febrero, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda de Gomendio y San Martín, propiedad de un reconocido comerciante local.

Allí, dos encapuchados redujeron a la esposa y los hijos del comerciante, cargaron una cantidad de elementos en un auto de la familia con el que no pudieron huir porque no arrancaba y escaparon con celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos.

Efectivos de la DDI local allanaron cuatro domicilios en la ciudad de Zárate en el marco de la investigación del asalto que delincuentes cometieron en una vivienda de Gomendio y San Martín a comienzos de febrero.

Tras detectar que el automóvil Volkswagen Suran registrado en las cámaras de seguridad el día del hecho cirulaba en esa ciudad y secuestrarlo, las tareas investigativas se profundizaron en la zona.

Así, lograron establecer la identidad de los autores y con elementos de prueba suficiente, la Fiscalía n.° 11 de Viviana Ramos solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías, que las autorizó.

Fueron cuatro procedimientos en distintos domicilios, que permitieron detener a uno de los acusados del asalto y secuestrar una gran cantidad de elementos relacionados que serán sometidos a pericias.

Entre ellos dos handy con frecuencia policial, un par de guantes, dos chapas patentes, un revólver calibre 22, cuatro municiones del mismo calibre y un teléfono celular.

Fiscalía tomaba declaración indagatoria al detenido este jueves, tras lo que permanecería alojado en la sede de la Sub DDI San Pedro - Baradero hasta que el Servicio Penitenciario disponga cupo en una unidad penal.

El asalto ocurrió el martes 3 de febrero, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda de Gomendio y San Martín, propiedad de un reconocido comerciante local.

Allí, dos encapuchados redujeron a la esposa y los hijos del comerciante, cargaron una cantidad de elementos en un auto de la familia con el que no pudieron huir porque no arrancaba y escaparon con celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos.

En lo que va del año, la Fiscalía de turno recibió un total de 281 causas penales de distintas índole.

Así lo confirmó la titular de la UFI 11, Viviana Ramos, quien el sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, brindó detalles sobre la situación delictiva y el accionar de la Justicia.

En ese marco, Ramos precisó que durante los primeros quince días de enero se registraron múltiples hechos, desde delitos menores a un homicidio, que derivaron en allanamientos.

Hizo hincapié en la reiteración con la que se cometen cierto tipo de delitos y explicó que los hechos delictivos se sostienen. 

“Me preocupa mucho no poder desarmar a las personas. Van descartando las armas de fuego y muchas veces los vecinos no aportan información por temor a las represalias”, expresó la fiscal, al referirse a una de las principales dificultades que enfrentan las investigaciones.

La titular de la UFI 11 explicó que se realizan entre tres y cuatro allanamientos por día, con secuestros de armas de fuego y avances en causas de mayor gravedad.

“En un turno normal se hacen dos o tres allanamientos diarios. Hay una gran cantidad de hechos que algunos llaman menores, pero que están tipificados por la ley como delitos”, subrayó.

Al igual que el secretario de Seguridad, Ramos destacó además el aporte del sistema de cámaras de seguridad.

“Gracias a las cámaras logramos la identificación de las personas. Es un trabajo de insistir, de mostrar antecedentes y de ir construyendo las pruebas necesarias hasta poder formalizar una detención ante el Juzgado”, indicó.

Finalmente, advirtió sobre la problemática que atraviesa gran parte de los hechos delictivos, el consumo de estupefacientes.

“En el último tiempo se observa con mucha preocupación que el consumo de drogas es parte del motor de quienes delinquen. Muchas personas cometen delitos para acceder a elementos que luego son intercambiados por estupefacientes”, concluyó.

En las primeras semanas de enero, se registraron alrededor de doce asaltos cometidos por motochorros, siete robos en viviendas, tres hechos contra comercios, ocho sustracciones de vehículos y un homicidio.

Desde el martes 30 de Diciembre los vecinos del Edificio Torres del Sol preguntan qué es lo que sucedió con la pareja que había provocado la preocupación de quienes a diario observaban comportamientos que derivaron en una manda judicial que se intentó ejecutar el lunes 29 y fracasó porque la puerta del departamento cuarto B, esaba blindada. 

La resolución de la autoridad judicial indicaba una evaluación en Salud Mental para la pareja que vivía en esa propiedad porque hasta entonces sólo la referencia a “olores nauseabundos” y crisis de nervios, despertaba la curiosidad de quienes observaban distintos sucesos que por lo general sobrevenían por las noches cuano la mujer se manifestaba con temores por la inseguridad.

“Parece que desde el domingo se sentía el olor, pero la mujer recién pidió ayuda el martes”, relató una testigo del momento en que procuraron la presencia de un médico que reside en el lugar quien fue el prinero en constatar el deceso.

Aurelio Amerighi estaba sentado en el comedor, frente al televisor, descalzo y vestido con una remera y un pantalón corto cuando la policía ingresó al lugar y tras el traslado de su pareja María Luján Casco al Hospital.

Si bien no hay precisiones sobre el horario del deceso presumen que como mínimo habían transcurrido más de 24 horas de los últimos minutos de vida de Amerighi. Es decir que el día en el que no pudo concretarse la medida judicial, la vida del hombre de 86 años se había apagado,

La orden de pericias y la autopsia que solicitó de manera inmediata la Fiscal Viviana Ramos en principio incican un resultado que sugiere que el fallecimiento de este hombre de 86 años se debió a problemas graves del corazón. Su corazón estaba agrandado (cardiomegalia), lo que llevó a que dejara de funcionar adecuadamente (falla cardíaca) y provocó su muerte de manera repentina o denominada comunmente como muerte súbita.

Si bien Casco permanece en monitoreo activo y por ser paciente de PAMI se evaluaba un traslado a un establecimiento sanitario con especialidad en salud mental, la llegada de una familiar procedente de Chile será tomada en cuenta para decidir el futuro de la paciente.

El último día del año fue la ocasión perfecta para un delincuente con antecedentes y recientemente liberado para robar todo lo que encontró en la vivienda de una familia que tras detectar lo sucedido, vivió una pesadilla en las primeras horas del primer día del año.

Uno de los integrantes del grupo familiar llegó al domicilio de calle Depietri al 1100, frente al restaurante Cocina Abierta y se econtró con la puerta violentada. De inmediato dio aviso al resto de su familia que disfrutaba con amigos de una reunión de fin de año. De allí en más, se terminaron los festejos para llamar a la policía y buscar las imágenes de las cámaras de seguridad.

La denuncia fue radicada durante la madrugada pero el robo se perpetró cerca de las once de la noche del 31 de Diciembre. Allí las víctimas relataron todo lo que pudieron reconstruir tras requisar la propiedad. Una moto, una fuerte suma de dinero en efectivo producto de la recaudación del negocio familiar, un celular, una billetera, documentos y computadoras figuran entre los elementos faltantes ya que el malviviente entró por el garage de la propiedad y terminó en el comedor, donde se lo observa buscando más elementos para llevarse.

Más tarde la policía fue alertada sobre una moto que había sido descartada en inmediaciones de calle Independencia al 3500. 

Cuando la Policía Científica terminó su tarea de recolección de pruebas en el lugar, eran las siete de la mañana del primer día del año. En ese momento los dueños de casa compartieron este mensaje en el que se destaca: “Lamentamos saber quienes nos robaron”, porque pudieron identificar la proximidad con que el ladrón acecha en ese barrio.

La investigacion ahora está en manos de la Fiscal Viviana Ramos y se espera que las imágenes y testimonios aportados por las víctimas sean suficientes como para dar con quien pese a haber recibido el beneficio de la libertad esperó la ocasión para volver a ser ladrón.

A las 13.30 horas la Policía Científica llegó hasta el edificio Torres del Sol para retirar el cuerpo de Aurelio Amerighi. 

La Fiscal Viviana Ramos ordenó la autopsia para determinar cuál fue la causa del deceso y si se produjo de forma natural. También la justicia necesita establecer el horario probable de la muerte ya que los testimonios de vecinos hablaban de “olores nauseabundos” desde el lunes por la mañana.

Según trascendió, Amerighi estaba sentado en un sillón del comedor frente a un televisor, estaba descalzo, vestía una remera y un pantalón corto. No había signos de violencia ni más desorden que el que presenta una casa habitada.

Cabe recordar que ese lunes por la tarde también llegó una comitiva policial y de salud para proceder al traslado para una evaluación psiquiátrica de la pareja; una manda judicial que no pudo concretarse porque la puerta estaba blindada y el operativo programado se canceló. 

También desde ayer se habla de un familiar de la pareja que reside en Chile y que hasta hoy no había aceptado viajar a la Argentina para tomar conocimiento del caso que ahora se investiga.

Esta mañana, la mujer que residía junto al hombre de unos 82 años pidió ayuda a una vecina y ésta a su vez demandó la presencia de un médico que vive en el edificio quien, tras ingresar al hogar de la pareja, constató que había un cuerpo sin signos vitales.

Cuando llegó la ambulancia del SAME para trasladar a María Luján Casco, se registraron inconvenientes ya que estaba en medio de “un brote psicótico” por el que está ahora internada en la guardia del Hospital con custodia policial y monitoreo del departamento de Salud Mental.

 “No surge prima acción de un tercero”, señalaron fuentes judiciales mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer el tiempo aproximado que transcurrió desde el deceso hasta el momento del hallazgo.

“Era una pareja de edad donde la viuda ostenta problemas de salud evidentes. Se había solicitado una internación por salud mental con un tramite judicial pero no se había hecho efectiva”, señalaron tras confirmar lo informado por La Opinión respecto a la manda judicial del lunes 29 de diciembre.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia absolutoria y declaró inocente a un hombre de 46 años que había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal por su expareja, una mujer que durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

En el debate, la fiscala Viviana Ramos había pedido con especial énfasis que se tuviera en cuenta la necesaria perspectiva de género que debe primar en este tipo de casos, sobre lo que el Tribunal se expidió específicamente.

Los jueces consideraron que no pudo sostenerse la acusación porque la causa tuvo "una actividad probatoria que se mostró ineficaz" por parte Ramos y "no puede tenerse por acreditado que los hechos ocurrieron" tal como fueron denunciados.

El Tribunal aseguró haber considerado especialmente las "potenciales vulnerabilidades" de la presunta víctima, que primero denunció sólo agresiones, luego agregó el abuso sexual y en medio del proceso quiso ir a "levantar la denuncia" porque "había mentido".

"La ausencia de pruebas no se subsana con la perspectiva de género a la hora de dictar sentencia", dice el fallo. "Lo que las pruebas no dan, la perspectiva no presta", señaló el Tribunal.

En su voto, el juez Alejandro López aseguró que "se ha analizado el caso extremando el cuidado de la valoración de la prueba, con perspectiva de género, como lo exigió la señora fiscal en su alegato final". 

Sin embargo, advirtió que si bastara sólo con la denuncia para condenar, no haría falta juicio alguno, que es precisamente la instancia en la que debe valorarse la prueba.

"Valorar con perspectiva de género no equivale a flexibilizar los estándares, a reducir la cantidad y calidad de prueba necesaria para arribar a una conclusión incriminatoria", dice el fallo del Tribunal.

Ramos había pedido seis años de prisión —el mínimo previsto para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa pública, a cargo de Joaquín Castro, la absolución que finalmente dictó la Justicia.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la denunciante se presentó en la Comisaría de la Mujer para dejar asentado que había discutido con su pareja y que él la había agredido físicamente ese día, alrededor de las 7.00 de la mañana.

Más tarde, volvió para denunciar que varias horas antes de ese hecho de violencia de género, él había abusado sexualmente de ella cuando llegó alcoholizada de una reunión con amigas y él dormía.

En su fallo, el Tribunal cuestionó la participación de la abogada Mónica Ortega, del equipo de contención a la víctima de la Subsecretaría de Género municipal, en la medida en que fue citada como "testigo experto" pero sólo habló del denominado "círculo de la violencia de género" en términos generales sin hacer hincapié en detalles del caso en particular.

En su declaración, Ortega —que estuvo en el juicio junto a Laura Monfasani para acompañar a la denunciante— dijo que no tenía mayor conocimiento sobre el caso que lo que obraba en la denuncia.

El Tribunal consideró que "en este caso no hicieron" el acompañamiento que describió Ortega como parte de la tarea habitual del equipo de la Subsecretaría de Género, puesto que la denunciante volvió con su pareja a las pocas semanas de radicar la denuncia. 

Incluso la abogada de Género dijo que la "felicitó" por haber salido "sola, sin acompañamiento profesional" de la situación de "círculo de la violencia".

Las pericias médicas practicadas el día de la violencia no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa, más allá del golpe en el labio que la víctima señaló como producto de la pelea posterior.

El juez López consideró "próximo a la mala fe procesal" el momento en que Ramos le preguntó al acusado respecto de una denuncia previa por abuso, puesto que por su rol de fiscala tenía conocimiento pleno de que había sido sobreseído en esa causa, lo que implica que no había por qué llevarla a colación en el juicio.

Para el Tribunal, en la causa no había más elemento de acusación que la declaración de la víctima. Aunque advirtieron que muchas veces en este tipo de delitos sexuales sucede lo mismo, en este caso hubo "una serie de inconsistencias en el relato" que sólo aportaron "confusión".

"Estas inconsistencias no obedecen, como podrá ser en otros casos, al trauma o la vulnerabilidad sino que han evidenciado relatos sucesivos que improvisan en detalles y que revelan más bien una trama de mentiras", sostuvieron los jueces en el fallo.

Consideraron que si bien es cierto que muchas veces la retractación de la víctima puede obedecer a intimidaciones, "nada quita que en alguna minoría de casos se trate de una lisa y llana mentira".

El 26 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dará a conocer el veredicto de una controvertida causa penal por abuso sexual cuyo juicio tuvo lugar el martes pasado.

Durante el juicio, hubo planteos respecto de la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial, un reclamo que forma parte de las demandas de los movimientos feministas en el país, y debate sobre el denominado "círculo de la violencia".

La fiscala Viviana Ramos pidió seis años de prisión —el mínimo previsto en el Código Penal para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa, la absolución.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la víctima denunció a su pareja de entonces por violencia de género. En su denuncia inicial, relató que él recibió una llamada telefónica de una persona desconocida y que discutieron porque no le quiso decir quién era, tras lo que fue amenazada y agredida físicamente.

El mismo día, pero más tarde, la víctima amplió su denuncia y acusó a su pareja de abusar sexualmente de ella durante la madrugada, cuando él regresó a la casa que compartían en estado de ebriedad.

Durante el juicio la Subsecretaría de Género que conduce Laura Monfasani acompañó a la víctima y la abogada Mónica Ortega, del equipo de atención a las víctimas de esa área municipal, declaró como testigo en relación al denominado "círculo de la violencia de género", porque la víctima durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

Ortega expuso sobre "los efectos dañinos para la mujer y las implicancias del perdón o retractación de la víctima" en el marco de esa modalidad cíclica de la violencia de género en las relaciones de pareja que va de la acumulación de tensión y el acto de agresión inicial a la "etapa de enamoramiento o luna de miel".

La víctima del caso cuyo juicio se desarrolló el martes dijo durante el proceso que el abuso sexual no había ocurrido y hasta evaluó la posibilidad de dejar sin efecto la causa. Había vuelto con el acusado. Luego aseguró que había intentado detener todo porque se sentía amenazada.

El acusado llegó al juicio en libertad porque nunca hubo pedido de detención por parte de Fiscalía. En su defensa dijo que esa noche tuvieron relaciones sexuales consentidas. Las pericias médicas no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa.

El debate fue largo y controvertido. La fiscala Ramos sostuvo a lo largo de la jornada la necesidad de que prime la perspectiva de género en procura de garantizar la igualdad y evitar la revictimización a la hora de analizar el caso.

El Tribunal, integrado por los jueces Alejandro López, Elena Baquedano y Alejandro Ares, se expedirá la semana que viene para definir si el acusado es condenado y qué pena le corresponde en ese caso o si es absuelto. 

Abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado es el delito que describe las múltiples pruebas que ordenó la Fiscalía N° 11 con asiento en San Pedro, para una denuncia que comenzó a tramitarse en Pergamino cuando una menor de edad  fue sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que finalmente terminó corroborando el calvario que vivió a consecuencia de las prácticas a la que era sometida por la pareja de su madre. 

Según trascendió los abusos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, durante más de dos años. El sujeto llevaba más de 10 años de convivencia con la madre de la víctima y puertas adentro del hogar que habitaba la adolescente que no había logrado expresar lo que sucedía hasta que quedó embarazada.

Los padecimientos se prologaron hasta que tras la práctica del IVE, se pudo constatar que el ADN del violador se correspondía con las muestras extraídas en la sala de cirugía. La tarea de investigación que recayó en manos de la Dra. Viviana Ramos, no se detuvo aunque recién en la noche del domingo lograron detener al hombre de 47 años, oriundo de Laferrere en un domicilio de calle Riobamba al 1800, tal como informó la policía.

Cuando La Opinión consultó sobre el procedimiento policial había escaso conocimiento de la causa que tramitaba en sede judicial y que desencadenó la orden de detención. “Con la constatación del vínculo de paternidad con el abusador pudieron encontrarlo”, señalaron fuentes judiciales.

“Es un abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por la minoría de edad, la convivencia preexistente y el daño psicológico a la niña consecuencia del trauma de haber tenido que pasar a tan temprana edad por un procedimiento de IVE”, detallaron tras ser consultaros por la gravedad de la calificación que ahora encontrará sentencia.

El victimario tenía pedido de captura desde el pasado 18 de Julio y fue encontrado el domingo 27. La denuncia había sido radicada cuando concluyó la operación de IVE en la ciudad de Pergamino y en la misma sede del Hospital que asistió a la niña. De allí en más las actuaciones se derivaron a San Pedro a la espera de los resultados de las evidencias que obligaron a mantener estricta reserva del caso. 

Este martes al mediodía comienza en San Nicolás el juicio por jurados contra Griselda Fasce, acusada de homicidio por la muerte de su pareja, Ángel Cañete.

Fasce pidió, a través de la defensa particular que la asiste, someterse a jurado ciudadano. Así, serán los 12 vecinos de la región convocados para la fecha quienes definan si es culpable o inocente.

Si la declaran culpable, algo que sólo podría suceder con el voto unánime del jurado, la única pena posible es la prisión perpetua, puesto que está acusada de homicidio agravado por el vínculo.

La fiscala Viviana Ramos adelantó a La Opinión semanas atrás que será un juicio complicado, puesto que con los elementos de prueba obrantes en la causa deberá persuadir al jurado acerca de la culpabilidad de Fasce.

Por su parte, la defensa procurará sembrar la duda en el jurado. Si sólo uno de ellos no está convencido de que Fasce mató a Cañete, será declarada inocente, de acuerdo a la normativa que rige este tipo de juicios.

Griselda Fasce y Ángel Cañete eran pareja. Vivían juntos en una casa que alquilaban en Hipólito Yirigoyen al 600. En la vereda de esa vivienda lo vieron vecinos pidiendo auxilio, con un cinturón atado a una pierna y con el que intentaba detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital. Había sufrido una lesión en la arteria femoral de la pierna derecha y otras dos heridas cortantes, en tobillo y rodilla. Murió casi 20 días después en el sanatorio de la UOM, en San Nicolás.

La investigación de Fiscalía, a cargo de Viviana Ramos, logró reunir elementos de prueba suficientes como para acusar a Griselda Fasce, su pareja, de homicidio. En septiembre de 2022, a casi un año del hecho, la Justicia ordenó detenerla.

Vecinos habían asegurado que escucharon gritos y que las discusiones en la pareja eran habituales. Ese día habían compartido un cumpleaños de 15 de una sobrina en un campo, de donde se fueron a su casa tras discutir.

El abogado de Fasce logró que en enero de 2023 ella recupere la libertad, puesto que la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, que subrogaba a la de San Nicolás por la feria judicial, revocó la resolución que le había dictado la prisión preventiva.

La defensa sostiene que Griselda Fasce es inocente y que Fiscalía no podrá probar siquiera que ella estuviera presente en la vivienda al momento en que Cañete resultó herido con un cuchillo.

Para Ramos, los elementos de prueba serían suficientes como condenarla por homicidio agravado por el vínculo, es decir a prisión perpetua. 

La decisión la tomará el jurado ciudadano. “Va a quedar en ellos ver qué resuelven. Esto se da en un dormitorio, con una versión y otra. La víctima nunca pudo hablar, nunca pudo dar testimonio de lo que sucedió”, señaló la titular de UFI 11.

La condena del profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez a 20 años de prisión por abusar sexualmente de alumnas dentro de la institución educativa puso en tela de juicio la tarea de los directivos ante la denuncia de los hechos y la falta de acompañamiento del sistema educativo.

Apenas aparecieron las denuncias, Pérez tomó licencia y luego fue separado de sus cargos al frente de aulas, pero siguió trabajando en el sistema educativo, en contacto con estudiantes al frente de tareas administrativas, cobrando un sueldo y hasta ganó concursos para seguir dictando clases.

La fiscala Viviana Ramos cuestionó en duros términos el rol de la entonces directora de la escuela Agraria, Laura Harsch, que tuvo "una actitud de negación de los hechos" que poco colaboró con la causa, que finalmente terminó en condena para el docente.

"Al recibir la primera denuncia, la cité. Fue llamativo que después de decir que se cumplían todos los protocolos y que no iba a haber más casos, aparecieron las otras denuncias, que se fueron acumulando", señaló la titular de la UFI 11.

En un pasaje de la extensa entrevista que brindó en Sin Galera el sábado, Ramos reveló que "había documentación de reuniones que se llevaban a cabo entre inspectores, docentes y algunos padres", con actas en las que constaba no sólo el temor de las familias sino además "la referencia de que este señor, lo decía el acta, había tenido relaciones consentidas con otras alumnas".

"Hubo negación, la directora decía 'esto queda en la escuela', una cuestión de tapar estos hechos", señaló Ramos y consideró que si bien puede entenderse la intención de defender la institución escolar, Harsch debería haber asumido una actitud de mayor responsabilidad ante la gravedad de lo denunciado.

En ese sentido, puso como ejemplo la actitud de la vicedirectora de la escuela Industrial, Gabriela García, que ante el estado público respecto de lo ocurrido en la escuela Agraria, citó a una mamá para informarle que lo sucedido con su hija ameritaba una denuncia penal y que ella misma la radicaría, cosa que hizo.

Ramos señaló que si bien la ausencia de colaboración de la directora de la Agraria no atentó contra la instrucción de la causa ni impidió la investigación, sí hubo una falta de "nexo entre la institución y el alumnado" que afectó a las víctimas.

En ese sentido, recordó que la mayoría de las chicas que denunciaron se cambiaron de escuela, a pesar de que habían elegido cursar en la Agraria por las características propias de ese tipo de formación.

Aunque las autoridades educativas iniciaron una investigación, con conclusiones que establecieron que "no se estaban cumpliendo las medidas y los deberes de cuidado", indicó la fiscala Ramos, la directora dejó el cargo tras pedir licencia, sin sanciones de ningún tipo.

“Yo no encontré elementos para decir que estaba en conocimiento de los hechos y que haya cometido el delito de encubrimiento, que es doloso. Puede ser que haya cometido muchos errores en la vigilanci”, en haber asumido cierta confianza, no pensando que esto podría realmente haber llegado a ocurrir", consideró la fiscala que logró la condena contra Nicolás Pérez.

"Esta persona no puede volver a un aula", sostuvo y calificó de "muy burdo" cómo se manejó el sistema educativo ante el caso.

"Las familias necesitaban que se expusiera que esto era verdad y el jurado les creyó a todas. Encontraron una compensación en haber sido escuchadas y que el jurado diga que es verdad. Esto es un hecho muy grave, que no debería haber pasado", sostuvo Viviana Ramos.

Durante la mañana del domingo, un barrio se vio envuelto en un episodio inexplicable que terminó con un niño de un año, herido por el disparo de un rifle.

Cuando los vecinos advirtieron el estado de exitación o ebriedad en el que llegó el joven de 20 años después de haber pasado la noche en un conocido bar de la zona costera, no imaginaron que al llegar a su casa tomaría el arma para empezar a disparar “a mansalva”.

“No se si andaba drogado o como andaba de borracho, llegó a su casa cazó un rifle y empezó a disparar para todos lados”, refirió un familiar de la víctima que remitió las imágenes de las heridas.

En la zona relatan que ellos mismos llamaron a la policía y cuando el sujeto divisó el patrullero “empieza a correr la policía y logra detenerlo pero él los amenaza disparándoles con el rifle”, indicaron tras la aprehensión que se produjo en Bozzano y Fray del Pozo.

“Le pegó en la piernita a mi sobrino de un añito; no pasó más de media hora que lo habían largado de estar detenido”, contó la tía del menor a la Opinión tras señalar que el nene estaba jugando en la vereda de su casa cuando fue alcanzado por el proyectil.

Respecto a la instucción policial, se abrió una causa por "Lesiones leves y amenazas agravadas. También secuestraron el rifle aire comprimido, marca Fox, con el cual instante antes había disparado, tal como declaró la mamá del menor en sede policial. El caso quedó en manos de la Fiscalía N° 11 a cargo de la Dra. Viviana Ramos.

Para la sociedad resulta incomprensible: una persona desangrada y golpeada con una maza, cinco personas acusadas —dos de ellas con las armas letales— y todos liberados por un jurado popular. 

Ese fue el resultado del juicio por el crimen de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado. Todos absueltos. Todos “no culpables”. Un homicidio impune.

La única voz que reclamó y sin recursos económicos para hacerlo fue la de la hermana de Adolfo. 

Norma confió en que el sistema judicial lograría finalmente condenar a quien o quienes asesinaron de manera salvaje al hombre que hasta aquella trágica noche, habitaba una vivienda que Ricardo Ontivero reclamaba como propia.

Hubo amenazas previas, situaciones confusas y discusión por la propiedad, pero nadie imaginaba el desenlace. 

Desde el minuto uno la fiscalía a cargo de Viviana Ramos caratuló el hecho como “un homicidio agravado por promesa remuneratoria”. 

El fiscal que la reemplazó camino al juicio, Vicente Gómez, continuó con la misma imputación y con todos los acusados detenidos terminó acordando un jucio abreviado que no fue aceptado por la familia y así derivó en la resolución del veredicto ante un jurado popular.

Ricardo Ontivero, Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez fueron absueltos, tres de ellos festejaron la liberación frente al escenario del crimen.

El defensor oficial Joaquín Castro asistió a dos de los acusados por el homicidio de Adolfo y el sábado respondió a las preguntas en el programa Sin Galera. Lejos de mostrarse victorioso con la liberación de sus representados, invitó a la reflexión.

Explicó que el sistema de jurados en la provincia de Buenos Aires tiene ciertas particularidades que pueden llevar a la absolución si la acusación no es sólida. 

Este es el caso: la Fiscalía no pudo probar el homicidio agravado por promesa remuneratoria y esa es la clave para generar dudas en el jurado sobre la quien había sido finalmente el autor del crimen.

"Ahí hubo un exabrupto de una de las persona que fue que estaba en ese lugar y ese exabrupto se llevó la vida de una persona". 

Hay que recordar que durante el juicio hubo confrontación entre dos de los presuntos ejecutores: el que tenía la maza y el que empuñaba el arma blanca con la que le perforaron el cuello. 

Tampoco se pudo probar que haya habido dinero de por medio, aunque tres de los cinco acusados contaban con patrocinio letrado particular y una estrategia que incluso les permitió cercar el terreno que estaba en disputa y que contaba con documentación respaldatoria que el mismo Ontivero le mostró a la policía la noche del crimen, con pretensión de recuperarlo en ese mismo momento.

“Evidentemente acá tiene un caso impune y eso no es lo que se buscaba”, expresó Castro para reconocer que el o los autores materiales no pagarán por ese delito.

Castro destacó que tampoco se pudo demostrar que había intención de matar, que fue "un exabrupto", un exceso en manos de sus defendidos, aunque al mismo tiempo reconoció que el mensaje del fallo es "difícil de interpretar" y deja a la población con la sensación de que hubo impunidad.

Faltaban minutos para el mediodía del miércoles cuando la policía de Río Tala interceptó sobre calle Sargento Cabral y San Martín a un sujeto cuya edad e identidad hasta el momento se desconoce.

Guiaba su moto superando los límites de velocidad permitidos para circular en la zona urbana de la localidad cuando recibió la orden de detenerse por parte de la Policía.

Tenía su cara cubierta y por ello, tras no obedecer la voz de “alto”, logró fugarse del lugar dejando abandonada su Motomel 125 de color roja y tres cajas de golosinas que llevaba a bordo.

El vehículo fue secuestrado y allí se comprobó que tenía numeración de motor y chasis adulterado. Buscan ahora al conductor que deberá declarar en la Unidad Fiscal N° 11.

Policía logró capturar el miércoles por la noche al tercero de los cuatro apuntados como autores del robo perpetrado hace una semana en una vivienda. 

Se trata de un joven de 19 años, domiciliado en la zona de Bajo Cementerio, que fue arrestado cuando transitaba por la zona de avenida Néstor Kirchner y San Martín. 

Fue trasladado a la Comisaría y junto a los otros dos, que fueron capturados en el marco de un gran operativo que incluyó seis allanamientos el 30 de marzo, quedó a disposición de la Justicia. Todavía falta al menos uno.

Así, el caso que está en manos de la fiscala Viviana Ramos avanza para dar ahora con el cuarto partícipe del ilícito perpetrado contra la familia integrada por un matrimonio, durante la noche del 27 de marzo, y su hijo de 26.

Aquella noche, cuatro delincuentes ingresaron al domicilio, los amenazaron con cuchillos y un arma de fuego y los ataron con precintos.

Revisaron toda la casa, se llevaron dinero en efectivo y otros elementos, entre ellos los celulares.

En la tarea de investigación fueron claves las imágenes que quedaron grabadas en el video de las cámaras de seguridad de los vecinos. El horario exacto en el que se produjo la huída fue a las 3.49 de la madrugada.

Daniel Martín Aragón, así se llama el acusado de haber vejado, maltratado, torturado y encerrado a su pareja. Tiene 58 años, era conductor de un programa de radio cuyo nombre es Danimanía y trabajaba vendiendo leña mientras oficiaba de casero junto a su mujer en un campo.

En términos legales, la Fiscal Viviana Ramos decidió imputarle el viernes 23 de Febrero varios delitos: lesiones, coacción, amenazas, privación de la libertad en los términos de "sustraer, retener u ocultar a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Ese mismo día a la mañana, su víctima fue hallada con vida a la intemperie escondida entre pastizales y derivada de inmediato al Hospital donde permanece internada. La justicia le tomó declaración en la sala donde se recupera de las nuevas y las viejas lesiones físicas aunque será mucho el tiempo que le lleve reinsertarse en la casa en la que la espera su propia familia para cuidarla y contenerla de los daños psíquicos que deberá procesar para encontrar un nuevo modo de vivir.

“Ella por suerte se encuentra estable, está en observación va a pasar a una sala en la cual va a estar hoy, mañana y capaz hasta lunes en observación para que pueda recuperarse”, dijo el sábado el tío de la víctima.

El pedido de su tío ha sido que se haga público lo sucedido y se advierte a la población sobre los riesgos que se corren cuando no se llega a tiempo con una denuncia o los mecanismos al alcance de las víctimas no son lo suficientemente seguros como para resguardarlas.

La decisión que la llevó a tomar la decisión de formar una familia está estimado en unas dos décadas. La edad que tiene uno de sus tres hijos, también víctima de la situación que se vivía puertas adentro de un hogar que muchas veces quedaba cercado con electricidad.

El día en que logró escapar. Aragón le había encontrado un celular que según trascendió tenía prohibido utilizar, salvo cuando él le ordenaba tomar imágenes mientras mantenía relaciones con otra mujer.

“Soy el tío”, dijo Fernando, uno de los hermanos de la madre de la víctima quien relató que cuando su sobrina llegó al Hospital “estaba muy, muy, débil, impresionante todas las marcas que tenía en el cuerpo aparte de las picaduras de los mosquitos. No había comido, no había bebido nada de agua".

Tras haber declarado en la Fiscalía sobrevino el relato y la reconstrucción: “lo que venía sucediendo, yo me entero el jueves a la tarde, porque yo sabía desde hace muchos años que él no la dejaba salir a ningún lado, la maltrataba, la tenía privada de hablar con alguien, de celular, todo, pero no sabía lo que le venía haciendo, todo este macabro que venía haciendo este tipo”, aclaró respecto a lo que comentaban entre amigos y familiares que de por sí ya era grave aunque no sospechaban los alcances de los vejámenes. 

Fernando siguió en su relato: “Hablé con una excuñada de ella que una vuelta hace muchos años la trajo a la casa, ella le mostró el cuerpo, como lo que le hacía a la persona esta”, recordó y agregó que “una de las hermanas sabía un poco el tema de estas cosas, no quería que denunciara por miedo, porque estaba amenazada de muerte, ella y los chicos”.

“Él la maltrataba, aparte de golpearla, no la dejaba salir a ningún lado, no la dejaba tener celular, amiga, amigos, nada”… 

“Yo el jueves a la tarde voy a declarar lo que más o menos me habían comentado”, agregó en relación a lo que considera que pudo haber colaborado para que se activara la búsqueda de la mujer que resistió casi cuarenta horas a la intemperie. Todo lo que declaró sirvió para que las autoridades y la justicia temieran por el que pudo haber sido el peor de los finales.

“Cuando salían, salían juntos, iban a comprar lo que sea, ella se quedaba en el auto con los hijos y él bajaba. Si no salía con él, no salía. Hasta le ponía cables con electricidad en la puerta del lado afuera para que ella no pudiera salir, cuando se iba la dejaba encerrada”, explicó el hombre a La Opinión con la intención de que otros no pasen por el silencio y el miedo que condenan a muchas personas.

“Llegaba a quemarla con cigarrillo, objetos caliente las partes íntimas. Tenía todo el cuerpo quemado en su momento, moreteado de los golpes, la llegaba a atar en la cama con con soga, con una cadena”.

“Estaban amenazados los hijos, amenazados, no podían decir nada ni hablar nada de lo que pasaba o lo que veían”, aclaró Fernando respecto a todos los hechos silenciados durante años.

El estremecedor relato lleva a buscar qué penas previstas en la legislación podrían aplicarse para actos tan perversos. “Él estaba saliendo con una mujer. Estuvo como cuatro años saliendo con esa mujer y la llevaba a la casa donde vivían todos ahí, él tenía relaciones con la mujer delante de ella y él la obligaba a que la filmara y que presenciara todo” y aclara que si se resistía la volvía a golpear salvajemente. 

 “Ella logró esconderse por suerte y bueno, al otro día el rata este se presenta en la comisaría” a hacer la denuncia, dijo el tío respecto a Aragón. 

Por último y después de hablar con su sobrina, intentó reconstruir cómo se desencadenaron los hechos. “Le encontró un celular, le encontró una foto que supuestamente que ella se sacó para poder verse un poco el cuerpo y supuestamente le vio el celular, le vio la foto y bueno; le dijo que la iba a matar. Entonces ella salió para afuera, se fue, se fue corriendo de la casa”. 

“Él al rato salió a buscarla, no sé si la habrá visto o no. Ella se tuvo que esconder dentro de los campos porque sabía que si la encontraba la iba a matar”, completó para cerrar todas las hipótesis que se habían trazado. 

“Al otro día ‘el rata’ este se presenta en la comisaría, a hacer una denuncia como que ella había hecho abandono de hogar el día anterior, en la cual los policías no le creen nada” y que afortunadamente producto de esas sospechas decidieron retenerlo y dar parte a la fiscalía. 

“Yo creo que con todas estas causas reunidas, con todo lo que venía haciendo esta persona sobre la persona de mi sobrina, creo que tiene que terminar la prisión sin dar tantas vueltas y sin esperar mucho ¿no?”, preguntó Fernando.

Cuando la encontraron toda la familia esperaba que al momento de declarar, la mujer de 44 años, ofreciera mayores datos para que la Fiscal Viviana Ramos pudiera obrar rápidamente y evitar que desaparezcan pruebas o testigos. “Después que declaró, por suerte dijo todo, se descargó, dijo todo lo que venía pasando lo que venía pasando, dijo lo de esta mujer, todo lo que tenía que decir” y refirió que los hijos temen que les tomen declaración porque “no quieren ver al padre preso”. 

“Ahora hay que esperar que se recupere bien, ella va a vivir provisorio en la casa de mi hermano con la mujer, después se verá”, anunció respecto a los próximos pasos que tienen previstos para cuidar a su sobrina. 

“Él tenía el programa ese Danimanía, hacía el programa ese, bueno aparte vendía leña y eso allá donde vivían porque allá le prestaban y hasta los mismos dueños del campo supuestamente declararon también que la veían muy golpeada, muy apagada, muy triste”. 

Por último indicó: “esperemos que todo esto que se reunió pueda servir para que la persona esta quede detenido, quede preso, si es posible de por vida”.

Verónica, madre de Braian Sosa, el joven de 18 años que falleció tras caer de un tractor en el establecimiento rural El Independiente fue entrevistada en el programa Sin Galera el pasado sábado. 

"Para mi no está bien que ellos estén libres y yo tenga que ir todos los días al cementerio porque mi corazón no aguanta el dolor", indicó Verónica que luego explicó su versión de los hechos.

La mujer apuntó contra la madre del ahora imputado, quien conducía el tractor en el que ocurrió el fatídico accidente. 

Y es que, según relató Verónica, al subirse al auto de la casera del establecimiento rural, la misma "no paraba" de decirle que había sido un accidente de motos.

Además, en el trayecto recorrido hasta el hospital vio que en la parte de atrás había "pertenencias" de su hijo y que el asiento estaba "manchado con sangre".

Días atrás, la Fiscala Viviana Ramos había advertido que investigaría si la madre del imputado por el crimen de Braian había intentado encubrir lo ocurrido mintiendo en su primera declaración 

"Estoy muerta en vida. Estoy porque tengo a mis otros hijos y tengo que salir adelante. Ni siquiera le pude dar un último beso", concluyó con dolor la madre de Braian.

El próximo miércoles, familiares y amigos del joven de 18 años marcharán desde las 11.00 hacía la fiscalía para pedir justicia y para que haya "una condena sobre los responsables". 

Las múltiples irregularidades en las que todo indica incurre desde hace años el geriátrico San Francisco de Asís, propiedad del médico baraderense Julián Gómez, provocaron una denuncia penal ante la Justicia radicada por Diego Lafalce, que además de concejal opositor es empleado municipal a cargo de la inspección de ese tipo de instituciones.

El sábado, en Sin Galera, la fiscala Viviana Ramos dijo que analiza la denuncia para intentar configurar lo que debe investigar como presunto delito, algo que todavía no tiene del todo claro y que, advirtió, podría llegar a tener como imputado al mismísimo Lafalce, por su labor como inspector.

Ramos dijo que la denuncia "es muy genérica, en forma extemporánea" y que requirió al Municipio informe sobre la habilitación del geriátrico y acerca de si está clausurado. "Obtuve, tras insistir bastante, una contestación que es un poco ni, está clausurado pero...", señaló.

En ese marco, consideró que la presentación de Lafalce podría tener como objetivo su propio resguardo, lo que no cayó bien en el concejal y responsable de las inspecciones, que solicitó responderle al aire antes de que termine el programa.  

Lafalce reveló que el geriátrico San Francisco de Asís contaba con una habilitación precaria entre 192 y 1994 pero que desde entonces carece de autorización oficial para funcionar. 

"Ramos dice que yo hago una denuncia para resguardame, pero se equivoca. Nadie antes fue a poner la cara para que se investigue la comisión de un delito dentro de esa institución geriátrica. Todo está informado a la Municipalidad", señaló.

"Ramos falta a la verdad", se quejó Lafalce y aseguró: "Yo tengo que ver los actos administrativos, yo en principio informé a mis superiores. Como nadie se pone los pantaloes largos, por eso voy y denuncio"

"Lo voy a seguir hasta que lo cierren, ese lugar no debe existir", sostuvo Lafalce.

"La señora fiscal sale a decir que yo me quiero resguardar. No, el resguardo personal lo puedo hacer solo. Hago la denuncia porque quiero que deje de existir, ese lugar no tiene las condiciones de bioseguridad ni el personal que corresponde y mucho menos los valores éticos para ser llevado adelante", aseguró.

"Como a lo largo de veintipico de años nadie hizo nada, me acerqué e hice la denuncia para que se investigue la posibilidad de la existencia de un delito por no haberlo clausurado. Que caiga quien tiene que caer", disparó Lafalce.