La mujer acusada de intentar matar a una de sus hijas en el marco de un conflicto familiar prestó declaración indagatoria ante la fiscala Viviana Ramos y aseguró que ese no era su propósito.

Asistida por la Defensoría Oficial, dijo en su declaración que la situación se desató en medio de un conflicto que suelen tener con un familiar que es vecino y que se enoja cuando hay discusiones entre los chicos.

Contó que ese día las nenas estaban discutiendo a los gritos lo que derivó en que el vecino comenzara a tirar piedras contra su casa. Ante el temor de que le rompieran los vidrios, señaló, intervino para retar a las chicas.

En ese marco, confesó que "zamarreó" a la nena más chiquita, pero aseguró que en ningún momento tuvo intención de matarla, acusación que Fiscalía sostendrá ante el juez de Garantías, encargado de resolver la calificación penal.

La declaración dejó en claro que la mujer vive en un contexto de violencia permanente con sus hijos y su discurso parece tener naturalizadas actitudes violentas que los organismos responsables deberán analizar con detenimiento.

La mujer, de 37 años, fue detenida luego de que su hija mayor, de 13, llamara a la Comisaría de la Mujer tras grabar con su celular parte del violento episodio que su mamá protagonizó con ella, su hermanita de  5y otro hermano de 10 años.

Los niños quedaron bajo la custodia de familiares, con monitoreo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de quienes la Justicia esperaba intervenciones previas a este conflicto de gravedad.

Ella, por su parte, quedó detenida a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías tiene ahora cinco días para resolver su situación procesal. El punto más relevante está relacionado con la calificación penal del delito del que está acusada.

Si el juez mantiene la imputación de Fiscalía, que es por homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo, es decir intento de filicidio, la pena en expectativa es de entre 10 y 15 años de cárcel.

La Justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad que eran uno hija y otro hermano de mujeres con las que había convivido en distintas épocas.

Identificado como Pablo Moisés Maciel, de 42 años, fue sometido a juicio por jurado que lo declaró culpable. En la audiencia de cesura, la fiscala Viviana Ramos había solicitado una pena de 30 años de prisión efectiva.

Maciel había sido detenido en julio de 2025 tras permanecer alrededor de dos años prófugo. Una investigación de la DDI logró dar con él en la ciudad de Coronel Du Graty, provincia de Chaco, donde se había refugiado tras esconderse en Santa Fe, Córdoba y Paraguay.

Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la guarda de dos menores de edad con quienes convivió en distintas etapas y corrupción de menores.

Las víctimas fueron un nene, que fue abusado por Maciel entre los 8 y los 15 años, y una nena que sufrió las mismas vejaciones entre los 8 y los 9 años.

La madre de la niña radicó la denuncia en 2023 cuando se enteró que Maciel, que entonces era su pareja, había sido acusado del caso del nene. En ese momento habló con la chica y ella le contó lo que había sufrido.

“Pasó un montón de veces”, le dijo a la madre, que se había enterado por redes sociales del otro caso y junto a su hermana, que desconfiaba de Maciel, interrogaron a la nena.

Las psicólogas de la Justicia advirtieron acerca de la afectación traumática de ambas víctimas, sobre todo del nene, cuyo relato conmovió al jurado sobremanera.

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a través del Centro de Emergencias Policiales 911, derivó en un operativo con seis allanamientos simultáneos en el barrio Hermano Indio, donde fueron aprehendidas dos mujeres y se secuestraron casi 400 envoltorios de cocaína, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados con el fraccionamiento de drogas.

Lo que había anticipado La Opinión en los últimos días quedó corroborado por la información oficial, donde se brindaron detalles del trabajo.

Los procedimientos fueron concretados el viernes último por personal de la Delegación San Nicolás de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, luego de una investigación que comenzó formalmente el 5 de febrero de 2025, a partir de un oficio de la Fiscalía Nº 11, a cargo de la titular Viviana Ramos.

La pesquisa se originó en una denuncia anónima que daba cuenta de una presunta actividad de comercialización de estupefacientes desarrollada por dos mujeres en la ciudad.

A partir de las directivas judiciales, los investigadores realizaron distintas tareas de campo que permitieron individualizar a las personas señaladas y documentar movimientos que, según las actuaciones, serían compatibles con la venta de drogas.

Durante la investigación se estableció que Soledad Daniela L. se encontraba cumpliendo una condena por comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de arresto domiciliario. También fue identificado Cristian Alberto L., hermano de la investigada y pareja de Cecilia V.

Las averiguaciones permitieron determinar que un inmueble utilizado por Cecilia V., ubicado en el barrio Hermano Indio, funcionaba presuntamente como un punto de venta de estupefacientes al menudeo.

La investigación también puso el foco en las características del barrio, considerado de difícil acceso debido a la presencia de pasillos internos.

Durante las tareas de vigilancia, los efectivos observaron, además, la presencia habitual de personas que, según la hipótesis investigativa, cumplirían funciones de “satélites”, alertando a los puntos investigados sobre el ingreso de personas o vehículos ajenos al barrio.

A partir de mayo de 2026, el domicilio vinculado con Cecilia V. quedó relacionado con distintos episodios de violencia, entre ellos hechos en los que se registraron disparos de arma de fuego.

En ese contexto, su pareja fue detenida por orden del Juzgado de Ejecución Penal en una causa por Abuso de Armas y Amenazas.

De acuerdo con lo establecido por los investigadores, Cecilia V. mantenía la actividad de comercialización durante el día desde su domicilio. Por la tarde y la noche, presuntamente dejaba a terceras personas a cargo de las ventas y se trasladaba hacia otro inmueble desde donde continuaba con la actividad ilícita.

Con los elementos reunidos en la etapa investigativa, fueron elevados a la Fiscalía y se solicitaron seis órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El viernes 18 los efectivos concretaron de manera simultánea todos los procedimientos en el barrio Hermano Indio.

De acuerdo con la información policial, los resultados fueron positivos, principalmente en los objetivos vinculados con Cecilia V. y Jessica Q.

Durante los allanamientos se secuestraron 400 envoltorios de cocaína, aproximadamente, un trozo de marihuana, $ 280.000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En uno de los domicilios fue localizada Jessica, quien, según consta en las actuaciones, se encontraba comercializando estupefacientes al momento de concretarse la medida judicial.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas Cecilia Belén V. (27) y Jessica Belén Q. (41). La causa quedó caratulada “Comercialización de Estupefacientes”, con intervención de Viviana Ramos, y del juez de Garantías, Ricardo Luis Pratti.

Desde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recordaron que las denuncias relacionadas con la comercialización de drogas pueden realizarse de manera anónima y confidencial a través de la línea gratuita 0800-222-7060.

La Justicia de San Nicolás dictó sentencia condenatoria en juicio abreviado para un hombre de 38 años acusado de abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja, cuando convivían.

Identificado como Héctor Marcelo Bustos, con domicilio formal en Rosario, fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guarda, puesto que era padrastro de la víctima.

En junio pasado, Marcelo Bustos aceptó el juicio de trámite abreviado y la semana pasada el Tribunal dictó la sentencia condenatoria tras ponderar las pruebas obrantes en el expediente de la causa.

Los hechos por los que fue juzgado y condenado ocurrieron entre 2018 y 2019. La víctima tenía entre 12 y 13 años. La denuncia la radicó el padre de la chica, cuando una amiga de la nena le pasó capturas de pantalla de una conversación en la que ella le contaba lo sucedido.

En la causa obra que el abusador la obligaba a las situaciones de abuso a cambio de permitirle usar el celular o salir de la casa a visitar amigas. Para que no contara, le advertía que si él iba preso sus hermanos se iban a quedar sin comer.

La pericia reveló que la niña, en su declaración bajo el sistema de cámara Gesell, tuvo un relato claro, coherente y sin contradicciones, con rastros de la coerción ejercida por el abusador para que mantuviera silencio.

En su declaración, Bustos dijo que era "inocente" y que todo se desencadenó porque no le había dado permiso a la víctima para ir a un cumpleaños de 15, entonces ella llamó al padre.

El Tribunal consideró acreditados los hechos y decidió condenarlo a ocho años de prisión efectiva, que deberá cumplir en una Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Justicia condenó a 8 años de prisión efectiva a un hombre acusado de abuso sexual cometido contra su hijastra, que tenía 13 años cuando, en diversas oportunidades, fue manoseada por el condenado, identificado como Miguel Ángel Oilher.

La sentencia fue por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guarda. El hecho ocurrió cuando la víctima, hoy mayor edad, vivía con el acusado, que tiene 56 años y era pareja de su madre.

Aunque la defensa —que fue particular hasta el juicio, en el que intervino Defensoría Oficial— había planteado la posibilidad de cambiar la calificación a "abuso simple", que contempla penas menores, el Tribunal no accedió.

Los jueces Luciana Díaz Bancalari, Elena Baquedano y Alejandro López mantuvieron la calificación con la que la fiscala Vivana Ramos llevó a juicio oral y público al acusado y lo condenaron a 8 años de cárcel.

Además, rechazaron el pedido de arresto domiciliario y ordenaron la detención del condenado, que la policía debía hacer efectiva para trasladarlo a una unidad penal, a la espera del resultado de la apelación que elevaba la defensa.

La reiteración de los hechos constituyeron una "humillación para con la victima", lo que para el Tribunal merecía la calificación de gravemente ultrajante, además de la desproporción respecto del abuso simple.

El manoseo de las partes íntimas de la víctima y la simulación del acto sexual sobre la ropa por parte del acusado no podrían ser consideraros simplemente "tocamientos". 

Para el Tribunal hubo "un plus de humillación y degradación" a la dignidad de la víctima, por ello mantuvo la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante.

Apenas 24 horas después de haber sido aprehendido y trasladado por la policía con más de medio kilo de cocaína en su poder, Marcelo “Gordo” Sotelo  recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Garantías. No es la primera vez que una baja en la calificación de un delito pone en riesgo a la población a la que debe tutelar. Román Parodi asumió en 2019 y hasta hoy se cuentan por centenares los casos en los que los delincuentes a los que decide liberar terminan luego presos por un delito de mayor pena.

La última vez que este juez ordenó una medida para la comisaría de San Pedro fue para clausurar los calabozos y eso fue un 31 de diciembre de 2024 cuando se le otorgó al gobierno de la provincia un plazo de 15 días para acondicionarlos. Hoy parece una broma.

La noticia indigna a las familias del barrio que pese a que anoche soportaron nuevamente la violencia que se desata a diario y las promesas de venganza, confiaban en que esta vez el delincuente de 36 años con sobrados antecedentes penales quedaría privado de su libertad. Parodi bajó la calificación del delito y lo transformó en “tenencia simple” pese a que fiscalía lo mantenía acusado por tener en su poder más de medio kilo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. 

 “La única que nos queda es pedir que venga Gendarmería”, dijeron a La Opinión con temor a que se desaten nuevas represalias. Buscan el modo de solicitar que las fuerzas federales se instalen de manera permanente en la zona para garantizar la seguridad “como hicieron en Rosario”, señalan.

Sotelo había sido interceptado este lunes por la noche en calle 60 al 1000 mientras se desplazaba en una motocicleta. Al advertir la presencia de los efectivos policiales —que acudían a ejecutar allanamientos vinculados a causas por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego—, el conocido malhechor arrojó una bolsa hacia el patio de una vivienda vecina. El peritaje oficial confirmó que el paquete contenía 525 gramos de cocaína de máxima pureza, sustancia que fue secuestrada e incorporada a la causa penal bajo la carátula que se corresponde para quienes comercializan y distribuyen droga.

En ese mismo procedimiento se produjo el  traslado de un joven de 21 años —quien también fue liberado horas después— por lo que anoche se vivieron horas de zozobra entre gritos, piedrazos, amenazas y violencia sostenida. 

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se escucharon detonaciones de armas de fuego, roturas de parabrisas con piedrazos y amenazas directas contra vecinos convocados como testigos de las actuaciones policiales. Anoche la escena se repitió.

Marcelo Sotelo cuenta con registros en el fuero penal desde que era menor de edad y permanece bajo investigación judicial como presunto comercializador de estupefacientes en la zona, aunque ahora radicado en otro barrio. Sus andanzas tuvieron a maltraer a varias familias que fueron despojadas de sus viviendas en la zona norte de la ciudad donde la venta y consumo de drogas se transformó en moneda corriente.

En 2024, Sotelo había sido detenido tras irrumpir armado en la vivienda de la familia del fallecido Milciades Lencina en otra causa asociada a la comercialización de drogas.

 “Somos rehenes. Ya no sabemos a quién pedirle ayuda; están pudriendo el barrio y vivimos con el corazón en la boca”, describen los vecinos que ruegan que no se conozcan sus identidades.

Frente al retorno de Sotelo todos preguntan quién se hará responsable por las horas que se avecinan y advierten que el mayor recurdo del malviviente y su familia es el reclutamiento de “soldaditos que tienen 11, 12 y 13 años” y por ende pueden arremeter contra otros menores y desatar una nueva ola de violencia. Ahora los vecinos saben que es “otra de Parodi”, un magistrado que parece ir en línea con someter a la población a nuevas vejaciones.

 “Quién lo protege, quién le vende y a quién le compra”, es la pregunta que todos se hacen mientras disparan sospechas hacia el poder político, la flojera de la decisión judicial y la ausencia de las fuerzas de seguridad.

"La espera terminó", dijo una joven de 22 años tras el juicio que condenó al hombre que abusó sexualmente de ella de manera reiterada cuando era una niña que entraba en la adolescencia.

Fabián Norberto Olivera fue condenado a 20 años de prisión efectiva tras el veredicto de un jurado popular que en un juicio bajo esa modalidad ponderó los testimonios y pruebas de la causa para hallarlo culpable.

El Tribunal dio a conocer la pena la semana pasada, 15 días después de que Olivera quedara detenido tras el veredicto de culpabilidad a solicitud de la fiscala Viviana Ramos, que heredó el caso de la Fiscalía que conducía Marcelo Manso y lo llevó hasta este fallo ejemplar.

El condenado convivió con la víctima por una relación de pareja que tenía con su madre. Los sometimientos sexuales comenzaron apenas se mudaron juntos. Ocurrieron entre los 11 y los 15 años de ella.

La denuncia fue radicada en 2019. La adolescente había tenido episodios depresivos e intentos de autolesión. En terapia, le contó a su psicóloga lo que había vivido. Su mamá denunció y la investigación penal comenzó.

Fueron siete años de espera. El caso recayó en la Fiscalía n.° 5 que conducía Marcelo Manso, quien cuatro años después de la denuncia dejo el cargo para asumir como juez en Avellaneda.

Cuando Ramos quedó al frente del expediente, el año  pasado, ordenó una serie de diligencias que aceleraron los trámites y derivaron en la elevación a debate. El acusado, con el patrocinio del abogado Adolfo Suárez Erdaire, pidió someterse a juicio por jurados.

Las audiencias tuvieron lugar durante 10 y 11 de agosto en el Palacio de Tribunales de San Nicolás. En la primera audiencia, cuando le tocó declarar, la víctima pidió no hacerlo frente a su abusador. Afuera, mientras fumaba un cigarrillo, él dijo a viva voz que se iría del juicio como llegó, en libertad.

No fue así. Al otro día, tras los alegatos, el jurado popular elegido entre vecinos de toda la región lo declaró culpable. Fueron 11 votos de 12. Ramos pidió su detención inmediata. El 26 de agosto, el Tribunal dio a conocer la pena impuesta: 20 años.

Los abusos fueron reiterados durante cuatro años. Todos los días. Cuando radicaron la denuncia, comenzaron las amenazas contra la víctima y su mamá. A la espera de que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, estuvieron tres días en el refugio municipal, hasta que le ordenaron a él la exclusión de hogar.

"La doctora Viviana Ramos empezó a trabajar muy bien con el caso y le conté todo. Él eligió juicio por jurados y llegó en libertad, nunca estuvo detenido", dijo la joven a La Opinión y destacó el rol de la titular de Fiscalía 11, que logró el fallo condenatorio contra el abusador.

"Son juicios complicados, se consideran situaciones de violencia sexual que  implican mucha victimización y remover recuerdos muy dolorosos , sobre todo de una niña que tuvo que pasar por estos trances", dijo la fiscala Viviana Ramos a La Opinión y destacóhaber llegado al veredicto de culpabilidad.

Será resuelto por la vía del juicio de trámite abreviado el caso de Salvador Eirín, el joven de 32 años que falleció tras sufrir un ACV días después de protagonizar una pelea con Walter de Araujo Otero, alías “el brasilero”, que era su amigo y permanece detenido.

De Araujo Otero había sido inicialmente acusado de homicidio simple, pero sus abogados defensores, Carina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación a homicidio preterintencional, una figura que tiene en cuenta que no hubo intención de causar la muerte.

Así, la fiscalía que conduce Viviana Ramos y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo para ir a juicio abreviado, cuya audiencia tendrá lugar el 17 de julio próximo y en la que el Juzgado establecerá si el acusado es culpable o no del delito del que se lo acusa.

Si hay condena, la pena que se le aplicará será la mínima para ese tipo de delitos, establecida en tres años de prisión, de ejecución condicional. Así lo acordaron fiscalía y defensa.  Detenido desde hace un año y medio, aguardaba resolución de Casación sobre el planteo de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Walter de Araujo Otero fue detenido identificado como la persona con la que Salvador se había peleado unos días antes de su fallecimiento. Estaba acusado de homicidio.

Su defensa presentó una pericia a cargo del médico y abogado Daniel Creus que consideró que "el deceso y la pelea" eran "hechos separados". Finalmente, lograron que la calificación sea distinta a la original y que De Araujo no sea acusado de haber tenido intenciones de matar a Eirín.

Así, el juicio abreviado es por homicidio preterintencional, una calificación que implica que si bien fue el autor de una agresión que derivó luego en la muerte, no tenía como fin ese resultado.

El homicidio preterintencional aparece cuando "el medio empleado por el autor" no debía "razonablemente" causar la muerte del agredido, aunque se trató de una acción que fue llevada adelante para causar daño.

Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

Las dos instancias de rueda de reconocimiento que se llevaron a cabo este lunes para con el detenido en Zárate por el asalto a una familia en Gomendio y San Martín dieron negativo.

La primera tuvo lugar alrededor de las 10.00 de la mañana y la segunda, pasadas las 13.00. En ambos casos, el detenido no fue reconocido por las víctimas como parte del grupo que irrumpió en la vivienda a mano armada.

La defensoría oficial que asiste al detenido solicitó su excarcelación, lo que deberá resolver el Juzgado de Garantías con arreglo a las pruebas que obran en el expediente que tramita en la Fiscalía 11.

En su declaración indagatoria, el detenido dijo que no tenía nada que ver con el robo y que su única vinculación estaba relacionada con que presentó a dos personas en un camping, quienes luego hicieron trato por el automóvil Volkswagen Suran que aparece en la escena del hecho.

Ese coche fue secuestrado en poder de una persona que también fue detenida en su momento en Zárate. Los delincuentes huyeron de la vivienda con diversos elementos que robaron, aunque no pudieron llevarse el auto de la familia, que habían cargado con gran cantidad de objetos, porque no arrancó.

La Justicia dispuso para este lunes una rueda de reconocimiento para el detenido por el asalto a un familia en Gomendio y San Martín que fue apresado en Zárate en el marco de una serie de allanamientos que encabezó la DDI local.

El detenido declaró ante Fiscalía y aseguró que no tiene "nada que ver" con el robo ni con la logística de la organización para su comisión. La policía llegó a su detención por vínculos con el automóvil Volkswagen Suran en el que huyeron de la escena tras el asalto.

Cuando secuestraron ese Suran, la persona que lo conducía señaló al ahora detenido como parte del proceso de la venta del coche. En su declaración, el apresado dijo que sólo presentó entre sí a dos personas que él conocía para que pudieran hacer negocio con el auto.

La rueda de reconocimiento permitirá que las víctimas señalen si las características físicas de este detenido coinciden con las de los delincuentes que irrumpieron en la vivienda, maniataron a la familia y cometieron el robo.

En los allanamientos en Zárate en el que detuvieron a quien irá a rueda de reconocimiento secuestraron handys, revólveres, patentes de autos, guantes y celulares.

El asalto ocurrió el martes 3 de febrero, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda de Gomendio y San Martín, propiedad de un reconocido comerciante local.

Allí, dos encapuchados redujeron a la esposa y los hijos del comerciante, cargaron una cantidad de elementos en un auto de la familia con el que no pudieron huir porque no arrancaba y escaparon con celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos.

Efectivos de la DDI local allanaron cuatro domicilios en la ciudad de Zárate en el marco de la investigación del asalto que delincuentes cometieron en una vivienda de Gomendio y San Martín a comienzos de febrero.

Tras detectar que el automóvil Volkswagen Suran registrado en las cámaras de seguridad el día del hecho cirulaba en esa ciudad y secuestrarlo, las tareas investigativas se profundizaron en la zona.

Así, lograron establecer la identidad de los autores y con elementos de prueba suficiente, la Fiscalía n.° 11 de Viviana Ramos solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías, que las autorizó.

Fueron cuatro procedimientos en distintos domicilios, que permitieron detener a uno de los acusados del asalto y secuestrar una gran cantidad de elementos relacionados que serán sometidos a pericias.

Entre ellos dos handy con frecuencia policial, un par de guantes, dos chapas patentes, un revólver calibre 22, cuatro municiones del mismo calibre y un teléfono celular.

Fiscalía tomaba declaración indagatoria al detenido este jueves, tras lo que permanecería alojado en la sede de la Sub DDI San Pedro - Baradero hasta que el Servicio Penitenciario disponga cupo en una unidad penal.

El asalto ocurrió el martes 3 de febrero, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda de Gomendio y San Martín, propiedad de un reconocido comerciante local.

Allí, dos encapuchados redujeron a la esposa y los hijos del comerciante, cargaron una cantidad de elementos en un auto de la familia con el que no pudieron huir porque no arrancaba y escaparon con celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos.

En lo que va del año, la Fiscalía de turno recibió un total de 281 causas penales de distintas índole.

Así lo confirmó la titular de la UFI 11, Viviana Ramos, quien el sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, brindó detalles sobre la situación delictiva y el accionar de la Justicia.

En ese marco, Ramos precisó que durante los primeros quince días de enero se registraron múltiples hechos, desde delitos menores a un homicidio, que derivaron en allanamientos.

Hizo hincapié en la reiteración con la que se cometen cierto tipo de delitos y explicó que los hechos delictivos se sostienen. 

“Me preocupa mucho no poder desarmar a las personas. Van descartando las armas de fuego y muchas veces los vecinos no aportan información por temor a las represalias”, expresó la fiscal, al referirse a una de las principales dificultades que enfrentan las investigaciones.

La titular de la UFI 11 explicó que se realizan entre tres y cuatro allanamientos por día, con secuestros de armas de fuego y avances en causas de mayor gravedad.

“En un turno normal se hacen dos o tres allanamientos diarios. Hay una gran cantidad de hechos que algunos llaman menores, pero que están tipificados por la ley como delitos”, subrayó.

Al igual que el secretario de Seguridad, Ramos destacó además el aporte del sistema de cámaras de seguridad.

“Gracias a las cámaras logramos la identificación de las personas. Es un trabajo de insistir, de mostrar antecedentes y de ir construyendo las pruebas necesarias hasta poder formalizar una detención ante el Juzgado”, indicó.

Finalmente, advirtió sobre la problemática que atraviesa gran parte de los hechos delictivos, el consumo de estupefacientes.

“En el último tiempo se observa con mucha preocupación que el consumo de drogas es parte del motor de quienes delinquen. Muchas personas cometen delitos para acceder a elementos que luego son intercambiados por estupefacientes”, concluyó.

En las primeras semanas de enero, se registraron alrededor de doce asaltos cometidos por motochorros, siete robos en viviendas, tres hechos contra comercios, ocho sustracciones de vehículos y un homicidio.

Desde el martes 30 de Diciembre los vecinos del Edificio Torres del Sol preguntan qué es lo que sucedió con la pareja que había provocado la preocupación de quienes a diario observaban comportamientos que derivaron en una manda judicial que se intentó ejecutar el lunes 29 y fracasó porque la puerta del departamento cuarto B, esaba blindada. 

La resolución de la autoridad judicial indicaba una evaluación en Salud Mental para la pareja que vivía en esa propiedad porque hasta entonces sólo la referencia a “olores nauseabundos” y crisis de nervios, despertaba la curiosidad de quienes observaban distintos sucesos que por lo general sobrevenían por las noches cuano la mujer se manifestaba con temores por la inseguridad.

“Parece que desde el domingo se sentía el olor, pero la mujer recién pidió ayuda el martes”, relató una testigo del momento en que procuraron la presencia de un médico que reside en el lugar quien fue el prinero en constatar el deceso.

Aurelio Amerighi estaba sentado en el comedor, frente al televisor, descalzo y vestido con una remera y un pantalón corto cuando la policía ingresó al lugar y tras el traslado de su pareja María Luján Casco al Hospital.

Si bien no hay precisiones sobre el horario del deceso presumen que como mínimo habían transcurrido más de 24 horas de los últimos minutos de vida de Amerighi. Es decir que el día en el que no pudo concretarse la medida judicial, la vida del hombre de 86 años se había apagado,

La orden de pericias y la autopsia que solicitó de manera inmediata la Fiscal Viviana Ramos en principio incican un resultado que sugiere que el fallecimiento de este hombre de 86 años se debió a problemas graves del corazón. Su corazón estaba agrandado (cardiomegalia), lo que llevó a que dejara de funcionar adecuadamente (falla cardíaca) y provocó su muerte de manera repentina o denominada comunmente como muerte súbita.

Si bien Casco permanece en monitoreo activo y por ser paciente de PAMI se evaluaba un traslado a un establecimiento sanitario con especialidad en salud mental, la llegada de una familiar procedente de Chile será tomada en cuenta para decidir el futuro de la paciente.

El último día del año fue la ocasión perfecta para un delincuente con antecedentes y recientemente liberado para robar todo lo que encontró en la vivienda de una familia que tras detectar lo sucedido, vivió una pesadilla en las primeras horas del primer día del año.

Uno de los integrantes del grupo familiar llegó al domicilio de calle Depietri al 1100, frente al restaurante Cocina Abierta y se econtró con la puerta violentada. De inmediato dio aviso al resto de su familia que disfrutaba con amigos de una reunión de fin de año. De allí en más, se terminaron los festejos para llamar a la policía y buscar las imágenes de las cámaras de seguridad.

La denuncia fue radicada durante la madrugada pero el robo se perpetró cerca de las once de la noche del 31 de Diciembre. Allí las víctimas relataron todo lo que pudieron reconstruir tras requisar la propiedad. Una moto, una fuerte suma de dinero en efectivo producto de la recaudación del negocio familiar, un celular, una billetera, documentos y computadoras figuran entre los elementos faltantes ya que el malviviente entró por el garage de la propiedad y terminó en el comedor, donde se lo observa buscando más elementos para llevarse.

Más tarde la policía fue alertada sobre una moto que había sido descartada en inmediaciones de calle Independencia al 3500. 

Cuando la Policía Científica terminó su tarea de recolección de pruebas en el lugar, eran las siete de la mañana del primer día del año. En ese momento los dueños de casa compartieron este mensaje en el que se destaca: “Lamentamos saber quienes nos robaron”, porque pudieron identificar la proximidad con que el ladrón acecha en ese barrio.

La investigacion ahora está en manos de la Fiscal Viviana Ramos y se espera que las imágenes y testimonios aportados por las víctimas sean suficientes como para dar con quien pese a haber recibido el beneficio de la libertad esperó la ocasión para volver a ser ladrón.

A las 13.30 horas la Policía Científica llegó hasta el edificio Torres del Sol para retirar el cuerpo de Aurelio Amerighi. 

La Fiscal Viviana Ramos ordenó la autopsia para determinar cuál fue la causa del deceso y si se produjo de forma natural. También la justicia necesita establecer el horario probable de la muerte ya que los testimonios de vecinos hablaban de “olores nauseabundos” desde el lunes por la mañana.

Según trascendió, Amerighi estaba sentado en un sillón del comedor frente a un televisor, estaba descalzo, vestía una remera y un pantalón corto. No había signos de violencia ni más desorden que el que presenta una casa habitada.

Cabe recordar que ese lunes por la tarde también llegó una comitiva policial y de salud para proceder al traslado para una evaluación psiquiátrica de la pareja; una manda judicial que no pudo concretarse porque la puerta estaba blindada y el operativo programado se canceló. 

También desde ayer se habla de un familiar de la pareja que reside en Chile y que hasta hoy no había aceptado viajar a la Argentina para tomar conocimiento del caso que ahora se investiga.

Esta mañana, la mujer que residía junto al hombre de unos 82 años pidió ayuda a una vecina y ésta a su vez demandó la presencia de un médico que vive en el edificio quien, tras ingresar al hogar de la pareja, constató que había un cuerpo sin signos vitales.

Cuando llegó la ambulancia del SAME para trasladar a María Luján Casco, se registraron inconvenientes ya que estaba en medio de “un brote psicótico” por el que está ahora internada en la guardia del Hospital con custodia policial y monitoreo del departamento de Salud Mental.

 “No surge prima acción de un tercero”, señalaron fuentes judiciales mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer el tiempo aproximado que transcurrió desde el deceso hasta el momento del hallazgo.

“Era una pareja de edad donde la viuda ostenta problemas de salud evidentes. Se había solicitado una internación por salud mental con un tramite judicial pero no se había hecho efectiva”, señalaron tras confirmar lo informado por La Opinión respecto a la manda judicial del lunes 29 de diciembre.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia absolutoria y declaró inocente a un hombre de 46 años que había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal por su expareja, una mujer que durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

En el debate, la fiscala Viviana Ramos había pedido con especial énfasis que se tuviera en cuenta la necesaria perspectiva de género que debe primar en este tipo de casos, sobre lo que el Tribunal se expidió específicamente.

Los jueces consideraron que no pudo sostenerse la acusación porque la causa tuvo "una actividad probatoria que se mostró ineficaz" por parte Ramos y "no puede tenerse por acreditado que los hechos ocurrieron" tal como fueron denunciados.

El Tribunal aseguró haber considerado especialmente las "potenciales vulnerabilidades" de la presunta víctima, que primero denunció sólo agresiones, luego agregó el abuso sexual y en medio del proceso quiso ir a "levantar la denuncia" porque "había mentido".

"La ausencia de pruebas no se subsana con la perspectiva de género a la hora de dictar sentencia", dice el fallo. "Lo que las pruebas no dan, la perspectiva no presta", señaló el Tribunal.

En su voto, el juez Alejandro López aseguró que "se ha analizado el caso extremando el cuidado de la valoración de la prueba, con perspectiva de género, como lo exigió la señora fiscal en su alegato final". 

Sin embargo, advirtió que si bastara sólo con la denuncia para condenar, no haría falta juicio alguno, que es precisamente la instancia en la que debe valorarse la prueba.

"Valorar con perspectiva de género no equivale a flexibilizar los estándares, a reducir la cantidad y calidad de prueba necesaria para arribar a una conclusión incriminatoria", dice el fallo del Tribunal.

Ramos había pedido seis años de prisión —el mínimo previsto para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa pública, a cargo de Joaquín Castro, la absolución que finalmente dictó la Justicia.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la denunciante se presentó en la Comisaría de la Mujer para dejar asentado que había discutido con su pareja y que él la había agredido físicamente ese día, alrededor de las 7.00 de la mañana.

Más tarde, volvió para denunciar que varias horas antes de ese hecho de violencia de género, él había abusado sexualmente de ella cuando llegó alcoholizada de una reunión con amigas y él dormía.

En su fallo, el Tribunal cuestionó la participación de la abogada Mónica Ortega, del equipo de contención a la víctima de la Subsecretaría de Género municipal, en la medida en que fue citada como "testigo experto" pero sólo habló del denominado "círculo de la violencia de género" en términos generales sin hacer hincapié en detalles del caso en particular.

En su declaración, Ortega —que estuvo en el juicio junto a Laura Monfasani para acompañar a la denunciante— dijo que no tenía mayor conocimiento sobre el caso que lo que obraba en la denuncia.

El Tribunal consideró que "en este caso no hicieron" el acompañamiento que describió Ortega como parte de la tarea habitual del equipo de la Subsecretaría de Género, puesto que la denunciante volvió con su pareja a las pocas semanas de radicar la denuncia. 

Incluso la abogada de Género dijo que la "felicitó" por haber salido "sola, sin acompañamiento profesional" de la situación de "círculo de la violencia".

Las pericias médicas practicadas el día de la violencia no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa, más allá del golpe en el labio que la víctima señaló como producto de la pelea posterior.

El juez López consideró "próximo a la mala fe procesal" el momento en que Ramos le preguntó al acusado respecto de una denuncia previa por abuso, puesto que por su rol de fiscala tenía conocimiento pleno de que había sido sobreseído en esa causa, lo que implica que no había por qué llevarla a colación en el juicio.

Para el Tribunal, en la causa no había más elemento de acusación que la declaración de la víctima. Aunque advirtieron que muchas veces en este tipo de delitos sexuales sucede lo mismo, en este caso hubo "una serie de inconsistencias en el relato" que sólo aportaron "confusión".

"Estas inconsistencias no obedecen, como podrá ser en otros casos, al trauma o la vulnerabilidad sino que han evidenciado relatos sucesivos que improvisan en detalles y que revelan más bien una trama de mentiras", sostuvieron los jueces en el fallo.

Consideraron que si bien es cierto que muchas veces la retractación de la víctima puede obedecer a intimidaciones, "nada quita que en alguna minoría de casos se trate de una lisa y llana mentira".

El 26 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dará a conocer el veredicto de una controvertida causa penal por abuso sexual cuyo juicio tuvo lugar el martes pasado.

Durante el juicio, hubo planteos respecto de la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial, un reclamo que forma parte de las demandas de los movimientos feministas en el país, y debate sobre el denominado "círculo de la violencia".

La fiscala Viviana Ramos pidió seis años de prisión —el mínimo previsto en el Código Penal para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa, la absolución.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la víctima denunció a su pareja de entonces por violencia de género. En su denuncia inicial, relató que él recibió una llamada telefónica de una persona desconocida y que discutieron porque no le quiso decir quién era, tras lo que fue amenazada y agredida físicamente.

El mismo día, pero más tarde, la víctima amplió su denuncia y acusó a su pareja de abusar sexualmente de ella durante la madrugada, cuando él regresó a la casa que compartían en estado de ebriedad.

Durante el juicio la Subsecretaría de Género que conduce Laura Monfasani acompañó a la víctima y la abogada Mónica Ortega, del equipo de atención a las víctimas de esa área municipal, declaró como testigo en relación al denominado "círculo de la violencia de género", porque la víctima durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

Ortega expuso sobre "los efectos dañinos para la mujer y las implicancias del perdón o retractación de la víctima" en el marco de esa modalidad cíclica de la violencia de género en las relaciones de pareja que va de la acumulación de tensión y el acto de agresión inicial a la "etapa de enamoramiento o luna de miel".

La víctima del caso cuyo juicio se desarrolló el martes dijo durante el proceso que el abuso sexual no había ocurrido y hasta evaluó la posibilidad de dejar sin efecto la causa. Había vuelto con el acusado. Luego aseguró que había intentado detener todo porque se sentía amenazada.

El acusado llegó al juicio en libertad porque nunca hubo pedido de detención por parte de Fiscalía. En su defensa dijo que esa noche tuvieron relaciones sexuales consentidas. Las pericias médicas no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa.

El debate fue largo y controvertido. La fiscala Ramos sostuvo a lo largo de la jornada la necesidad de que prime la perspectiva de género en procura de garantizar la igualdad y evitar la revictimización a la hora de analizar el caso.

El Tribunal, integrado por los jueces Alejandro López, Elena Baquedano y Alejandro Ares, se expedirá la semana que viene para definir si el acusado es condenado y qué pena le corresponde en ese caso o si es absuelto. 

Abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado es el delito que describe las múltiples pruebas que ordenó la Fiscalía N° 11 con asiento en San Pedro, para una denuncia que comenzó a tramitarse en Pergamino cuando una menor de edad  fue sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que finalmente terminó corroborando el calvario que vivió a consecuencia de las prácticas a la que era sometida por la pareja de su madre. 

Según trascendió los abusos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, durante más de dos años. El sujeto llevaba más de 10 años de convivencia con la madre de la víctima y puertas adentro del hogar que habitaba la adolescente que no había logrado expresar lo que sucedía hasta que quedó embarazada.

Los padecimientos se prologaron hasta que tras la práctica del IVE, se pudo constatar que el ADN del violador se correspondía con las muestras extraídas en la sala de cirugía. La tarea de investigación que recayó en manos de la Dra. Viviana Ramos, no se detuvo aunque recién en la noche del domingo lograron detener al hombre de 47 años, oriundo de Laferrere en un domicilio de calle Riobamba al 1800, tal como informó la policía.

Cuando La Opinión consultó sobre el procedimiento policial había escaso conocimiento de la causa que tramitaba en sede judicial y que desencadenó la orden de detención. “Con la constatación del vínculo de paternidad con el abusador pudieron encontrarlo”, señalaron fuentes judiciales.

“Es un abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por la minoría de edad, la convivencia preexistente y el daño psicológico a la niña consecuencia del trauma de haber tenido que pasar a tan temprana edad por un procedimiento de IVE”, detallaron tras ser consultaros por la gravedad de la calificación que ahora encontrará sentencia.

El victimario tenía pedido de captura desde el pasado 18 de Julio y fue encontrado el domingo 27. La denuncia había sido radicada cuando concluyó la operación de IVE en la ciudad de Pergamino y en la misma sede del Hospital que asistió a la niña. De allí en más las actuaciones se derivaron a San Pedro a la espera de los resultados de las evidencias que obligaron a mantener estricta reserva del caso. 

Este martes al mediodía comienza en San Nicolás el juicio por jurados contra Griselda Fasce, acusada de homicidio por la muerte de su pareja, Ángel Cañete.

Fasce pidió, a través de la defensa particular que la asiste, someterse a jurado ciudadano. Así, serán los 12 vecinos de la región convocados para la fecha quienes definan si es culpable o inocente.

Si la declaran culpable, algo que sólo podría suceder con el voto unánime del jurado, la única pena posible es la prisión perpetua, puesto que está acusada de homicidio agravado por el vínculo.

La fiscala Viviana Ramos adelantó a La Opinión semanas atrás que será un juicio complicado, puesto que con los elementos de prueba obrantes en la causa deberá persuadir al jurado acerca de la culpabilidad de Fasce.

Por su parte, la defensa procurará sembrar la duda en el jurado. Si sólo uno de ellos no está convencido de que Fasce mató a Cañete, será declarada inocente, de acuerdo a la normativa que rige este tipo de juicios.

Griselda Fasce y Ángel Cañete eran pareja. Vivían juntos en una casa que alquilaban en Hipólito Yirigoyen al 600. En la vereda de esa vivienda lo vieron vecinos pidiendo auxilio, con un cinturón atado a una pierna y con el que intentaba detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital. Había sufrido una lesión en la arteria femoral de la pierna derecha y otras dos heridas cortantes, en tobillo y rodilla. Murió casi 20 días después en el sanatorio de la UOM, en San Nicolás.

La investigación de Fiscalía, a cargo de Viviana Ramos, logró reunir elementos de prueba suficientes como para acusar a Griselda Fasce, su pareja, de homicidio. En septiembre de 2022, a casi un año del hecho, la Justicia ordenó detenerla.

Vecinos habían asegurado que escucharon gritos y que las discusiones en la pareja eran habituales. Ese día habían compartido un cumpleaños de 15 de una sobrina en un campo, de donde se fueron a su casa tras discutir.

El abogado de Fasce logró que en enero de 2023 ella recupere la libertad, puesto que la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, que subrogaba a la de San Nicolás por la feria judicial, revocó la resolución que le había dictado la prisión preventiva.

La defensa sostiene que Griselda Fasce es inocente y que Fiscalía no podrá probar siquiera que ella estuviera presente en la vivienda al momento en que Cañete resultó herido con un cuchillo.

Para Ramos, los elementos de prueba serían suficientes como condenarla por homicidio agravado por el vínculo, es decir a prisión perpetua. 

La decisión la tomará el jurado ciudadano. “Va a quedar en ellos ver qué resuelven. Esto se da en un dormitorio, con una versión y otra. La víctima nunca pudo hablar, nunca pudo dar testimonio de lo que sucedió”, señaló la titular de UFI 11.