Una serie de allanamientos se llevó a cabo este viernes en las primeras horas de la mañana en San Pedro y la localidad de Río Tala, en el marco de la investigación por el asalto al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, ocurrido semanas atrás en un barrio privado del partido de Ramallo.

Los procedimientos fueron tres y estuvieron a cargo de personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Ramallo, con el apoyo de efectivos de la Sub DDI San Pedro y de los Destacamentos policiales de Río Tala y La Tosquera.

En San Pedro, el despliegue policial pudo observarse en un complejo edilicio ubicado en Mitre al 500, mientras que otros grupos de investigadores trabajaron en la localidad de Río Tala y en La Tosquera.

El objetivo de los allanamientos era buscar elementos de interés para la causa, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre los resultados de los diligenciamientos ni sobre la eventual identificación de sospechosos.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del 13 de septiembre de 2026, cuando delincuentes ingresaron a la propiedad del magistrado, situada en el barrio privado Estancia Estrella Federal, en la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo.

Villafuerte Ruzo se encontraba en el lugar junto a su esposa. Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron dinero y un arma de fuego.

Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero recuperó este lunes por la tarde una escopeta que había sido robada al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en un asalto ocurrido en su casa de la estancia Estrella Federal, ubicada en la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo.

El robo ocurrió el sábado 12 de septiembre pasada la medianoche, cuando el magistrado le había dado el día libre a su custodia. Estaba con su esposa y fueron abordado por cinco encapuchados armados.

Los delincuentes le robaron 5 mil dólares y una escopeta. Cuando se fueron, el juez llamó al 911 y la policía comenzó la investigación, bajo la instrucción del fiscal Julio Tanús.

Con las imágenes de cámaras de seguridad, la investigación permitió allanar diversos domicilios el jueves, operativo que incluyó requisas en San Pedro.

Un llamado anónimo a un agente del grupo que conduce el comisario Luciano Capobianco, de la DDI San Pedro - Baradero, advirtió que había visto a desconocidos arrojar en un descampado la escopeta robada al juez.

Tras un rastrillaje por la zona indicada, en inmediaciones Mateo Sbert y Dávila, hacia el campo, los efectivos hallaron el arma, una Luigi Franchi calibre .20, propiedad del custodio de Villafuerte Ruzo, un agente de la Policía Federal, envuelta en una bolsa de nylon negra.

La investigación continúa en procura de dar con los integrantes de la banda y recuperar el dinero en moneda extranjera que le robaron al magistrado en su casa del barrio Estrella Federal de Ramallo.

La causa penal por contaminación ambiental que enfrenta el Municipio de San Pedro por la existencia del basural a cielo abierto en la zona de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, avanza en la Justicia Federal.

Tras los allanamientos en la Municipalidad, el Concejo Deliberante, Ashira, el basural propiamente dicho y el Centro de Salud de La Tosquera, personal de la Policía Federal volvieron a recorrer el predio.

El lunes, acompañados por agentes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, los efectivos de la División Delitos Ambientales volvieron para constatar el estado del lugar.

Tras la inspección,  labraron un acta que luego entregaron al Gobierno municipal y que fue elevada a la Fiscalía Federal de Matías di Lello, que instruye la causa.

En el acta dejaron asentado un recorrido que incluyó toma de fotografías e imágenes en video con un dron del basural a cielo abierto donde los camiones de la empresa Ashira, otros de la Municipalidad y vehículos de particulares arrojan todo tipo de residuos.

Al momento de esa constatación había, como siempre, familias que trabajaban sobre la montaña de basura para revolver en busca de elementos que puedan ser recuperados, reutilizados o reciclados. También había perros, vacas y aves.

El acta dejó constancia de lo que en San Pedro todos saben hace décadas: no hay cerramiento perimetral, no hay tratamiento de líquidos lixiviados ni de ningún tipo para los residuos que allí se depositan tal y como se levantan de las calles.

También dejaron constancia de que clausurar los basurales a cielo abierto y modificar las condiciones de tratamiento para la disposición final de los residuos sólidos urbanos es una obligación establecida por ley hace décadas.

La causa penal comenzó por publicaciones de La Opinión, según consta en el expediente. 

Eran notas relacionadas con las quejas de vecinos por el humo tóxico en las montañas de residuos; el relato de quienes conviven a diario con la problemática; y la rescisión del contrato con el responsable de su mantenimiento para que el Municipio se haga cargo por su cuenta.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), Ramiro González, tomó conocimiento por esas publicaciones de que el basural a cielo abierto de San Pedro no cumpliría con la normativa vigente en materia de protección sanitaria.

González ordenó así los procedimientos que tuvieron lugar hace dos semanas en la Municipalidad, el Concejo, la empresa Ashira, el basural y el barrio La Tosquera.

El informe que elevó la Policía Federal ya obra en la Fiscalía de Di Lello, que lleva adelante la investigación de la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo.

Cuando fueron al basural se encontraron con un paisaje que si bien para San Pedro puede ser una postal cotidiana de toda la vida, para quienes ya vieron cómo otros municipios del país y de la provincia cumplieron con la obligación de cerrar los basurales a cielo abierto fue escandaloso.

Humo, animales, insectos, olores nauseabundos, focos de incendio, residuos de todo tipo, familias enteras —lo que incluye niños y ancianos— revolviendo la basura y la falta de "membrana impermeabilizante" y de "sistema adecuado para el tratamiento".

La licenciada en Química María Fernanda Cuneo Basaldúa, de UFIMA, dejó asentado en el informe que "es muy importante poner de manifiesto que el correcto tratamiento de residuos sólidos urbanos incluye la presencia de membranas aislantes sobre el suelo, sistemas de escurrimiento de lixiviados líquidos y planta de tratamientos para los líquidos, elementos que no existen en el lugar".

Ahora Di Lello aguarda el resultado de las muestras tomadas en los cursos de agua próximos al basural, en la escuela 44, el centro infantil La Colmenita, en pozos de donde familias extraen agua con bombas.

Además se tomaron muestras de lixiviados y del suelo. Todo será sometido a peritajes químicos para determinar su peligrosidad. También secuestraron historias clínicas de los vecinos en el Centro de Salud.

Tras los allanamientos, el Concejo Deliberante sesionó en Los Cazadores. En el orden del día había un proyecto de comunicación para recomendarle al Gobierno que conforme una "mesa de diálogo y planificación" para el abordaje de la problemática.

El expediente, elevado por el bloque Consolidación Argentina, fue rechazado por 14 votos contra cuatro, sin debate en el recinto, es decir sin argumentación de quienes votaron en contra.

En la misma sesión, ese bloque elevó otro proyecto con la misma mesa —similar a la que ya existe sobre protección ambiental creada en 2004, pero más específica—, pero para que se cree por ordenanza.

En febrero pasado, una comitiva de funcionarios de San Pedro, con el intendente Cecilio Salazar a la cabeza, estuvo en San Nicolás para visitar el relleno sanitario de la empresa Entre, en procura de retomar ese camino.

En 2017, esa empresa había comprado un predio en la ruta 9, cerca de La Buena Moza, para avanzar en la posibilidad de que San Pedro y otros municipios cercanos lleven allí sus residuos sólidos urbanos. 

La iniciativa no prosperó y la empresa vendió el predio, que contaba con las habilitaciones ambientales correspondientes, pero con la oposición de vecinos de la zona y organizaciones ambientalistas.

La condena por transporte de drogas que recibieron el exgerente de Coplac Rafael Rodrigues y su cómplice, Nicolás Acuña Acevedo, fue innovadora respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite celeridad en la administración de Justicia.

Ambos fueron detenidos el 18 de marzo cuando los interceptaron en ruta 1001 a bordo de un Toyota Corolla en el que llevaban escondido un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza.

Dos meses y medio después, en los primeros días de junio, el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo los condenó a cuatro años de prisión efectiva y dos años de prisión condicional, respectivamente.

El juicio fue a través de la institución del trámite abreviado, acordado entre el abogado de los imputados, Hugo Lima (h) y el fiscal federal Matías di Lello.

"El Estado consiguió la condena de dos personas. Uno salió en libertad y otro tuvo una pena menor", destacó Lima en diálogo con La Opinión y puso de relieve la importancia de la celeridad en los procesos judiciales.

"Aquí encontraron un kilo de cocaína de extrema pureza escondida en el auto. No había mucho que discutir, sino encontrar la mejor forma. Aprovechamos la posibilidad del juicio abreviado, lo pautamos, el juez lo homologó y dictó sentencia, en menos de tres meses", destacó.

Lima logró la pena mínima para Rodrigues, en un delito que tiene una escala que va de 4 a 15 años de prisión. La presunción de participación en una cadena de comercialización mayor podría haberle jugado en contra. Su condición de adicto y la falta de otros elementos de prueba favorecieron la consideración como "simple transportador" de la droga.

Apenas detenidos, Rodrigues y Acuña Acevedo fueron trasladados a la cárcel de Devoto. Desde allí contactaron a Lima y mantuvieron audiencias virtuales para el desarrollo del proceso. El brasileño quedó alojado en esa dependencia y el otro recuperó la libertad tras la condena.

"A la hora del acuerdo, les dije que no había mucho más para hacer. Ellos se dan cuenta, tenían toda esa droga encima, escondida en el auto, bajo el torpedo, la casa donde encontraron la plata era de Rodrigues, no había mucho para discutir", reconoció Lima.

Para el abogado, el proceso fue exitoso en la medida en que obtuvo penas menores para sus asistidos y "el Estado logró dos condenas". La sentencia no es apelable por haberse tramitado en juicio abreviado.

"Esto se achicó de un proceso de tres años a tres meses, todo el desgaste, escritos, gente, recursos, todo eso se ahorró, por eso el procedimiento fue muy innovativo", destacó Lima.

El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.

La Fiscalía federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello tiene a su cargo la investigación penal relacionada con el presunta sustracción de alrededor de 40 millones de pesos de la sucursal del Banco Nación San Pedro y que tiene a la entonces tesorera interina como principal imputada.

La causa penal, paralela a un sumario administrativo que también alcanza a quienes al momento de los hechos denunciados eran gerente y contador, tramita en el juzgado federal de Carlos Villafuerte Ruzo y la semana pasada tuvo movimientos importantes.

El fiscal Di Lello tiene 90 días para reunir pruebas, profundizar hipótesis y sumar evidencias a las que ya obran en el expediente para sostener la acusación de presuntas maniobras defraudatorias que configuran el delito de peculado y, eventualmente, ampliarla a quienes hoy aparecen con presuntas responsabilidades de omisión.

Los elementos más relevantes sobre los que trabaja el fiscal están relacionados con videofilmaciones internas de la sucursal San Pedro del Banco Nación en los que aparece la tesorera en situaciones que alimentarían las sospechas que pesan sobre ella.

En el expediente está asentado que un registro de cámaras de seguridad la muestran "dirigiéndose sola al recinto del tesoro" para retirar "una suma de dinero" con la que se dirigió a la zona de carga de los cajeros automáticos, según.

"Luego de buscar una bolsa de nylon, ingresó el dinero en la misma y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal", dice el expediente, según reveló Infobae, y agrega que "ocultó debajo de su campera la bolsa en la que había colocado los fajos de billetes".

En otra filmación se la ve "ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio" el mismo día en que hubo un movimiento de 10 millones de pesos en el tesoro "que no se correspondía con el movimiento físico del dinero".

Además, hay otras videovilmaciones que deberán ser analizadas en profundidad,—puesto que muchas implican gente manipulando fajos de billetes, algo habitual dentro de un banco—,  cotejadas con los movimientos del tesoro y con los testimonios recogidos en la causa.

El sábado, en Sin Galera, las abogadas de la tesorera imputada, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, aseguraron que "las declaraciones" de otros empleados del banco "presentan grandes contradicciones entre sí" y que podrían ser acusados de "falso testomionio".

Sostuvieron que el día del fallo de caja por 40 millones que provocó el sumario administrativo y la causa penal en trámite, "los compañeros la obligaron a firmar" el documento que registraba el faltante, “pero no estaba constadao”, y que "le dijeron que se haga cargo, que salga a buscar la plata que faltaba".

Además, señalaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno, que implican "un montón de fallas en los controles", como el uso compartido de las claves personales dentro de la entidad. 

Efectivos de la Gendarmería nacional con asiento en San Pedro rescataron a una adolescente de 15 años que era llevada contra su voluntad hacia el norte del país por dos personas de nacionalidad peruana que están acusados del delito de trata de personas.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre pasado, alrededor de la medianoche, cuando el personal de esa fuerza nacional interceptó a un micro en la zona del puente de acceso a San Pedro, en ruta 9, y detectó la situación.

La adolescente era trasladada contra su voluntad en un ómnibus que había partido desde Buenos Aires y se dirigía hacia el norte del país, donde, según la investigación en marcha, sería sometida a prostitución.

Por el caso están detenidos un hombre de nacionalidad peruana de 37 años y su madre, quienes estaban encargados del traslado de la joven, que fue asistida en el Hospital bajo custodia de Gendarmería.

En el nosocomio le practicaron una serie de estudios para descartar la posibilidad de que fuera utilizada como "mula" para el transporte de drogas, es decir la sospecha de que podría haber ingerido cápsulas con estupefacientes para el traslado por ruta.

La causa tramita en la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello, bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual y los detenidos están a disposición del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

Personal del Grupo de Tareas Operativas de la Comisaría local secuestro este domingo un automóvil Peugeot 307 a solicitud de la Justicia Federal, que investiga una causa por adulteración de documentación.

El auto “mellizo” fue incautado en un domicilio ubicado en Rivadavia 2965, donde trasladaron además a un hombre de 43 años para notificarle la imputación, tras lo qu recuperó la libertad.

El procedimiento fue ordenado por el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que elevó el oficio a la Comisaría para que allane el domicilio e incaute el vehículo.

La Justicia Federal dispuso además que sobre el coche “mellizo” se practiquen pericias para analizar chasis y motor en el marco de la causa por uso de documento adulterado o falso, un delito que tiene prevé la misma pena para quien utiliza la documentación apórcrifa como para quien la falsifique.

La entrenadora de fútbol infantil femenino, deportista y empleada municipal por decreto Selva Mendoza, detenida este martes en el marco de una causa que la tiene involucrada como parte de una banda dedicada a la venta de drogas, ya está a disposición del juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del caso.

Selva Mendoza fue detenida por la delegación San Nicolás de la Policía Federal luego de que el juez librara la orden de captura el 28 de marzo pasado. Ese día, el allanamiento en General Pueyrredón al 1500 dio negativo, por lo que la consideraron prófuga de la Justicia, al igual que a su cuñado, Nicolás Verdón, a quien detuvieron el domingo tras protagonizar un robo a mano armada.

La Policía Federal tenía el dato respecto de dónde estaba Selva Mendoza y fueron a buscarla. Según pudo reconstruir La Opinión, salió en un Fiat 147 junto a su pareja y niños de una vivienda ubicada en inmediaciones de la escuela secundaria 13, la de la excancha de Banfield.

En 11 de Septiembre y Chacabuco, la abordaron para detenerla. Como se dijo, era considerada prófuga desde el 28 de marzo y sobre ella pesaba una orden de detención emanada por el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás.

Mendoza fue trasladada por la Policía Federal a la sede de esa fuerza en la ciudad cabecera del departamento judicial para ponerla a disposición del juez Villafuerte Ruzo, que procederá ahora de acuerdo a los pasos procesales establecidos por ley, que implican por ejemplo su declaración indagatoria, primera instancia de defensa de un acusado de delitos penales.

Selva Mendoza está acusada de integrar una banda dedicada a la venta de drogas de la que, según la investigación judicial que obra en el expediente de la causa, formaban parte su madre, Maruca Mendoza, detenida en noviembre pasado tras una serie de allanamientos, y Nicolás Verdón, su cuñado, que también estaba prófugo desde el 28 de marzo y que fue detenido el domingo por la madrugada tras asaltar con un cómplice, bajo la modalidad motochorros y a mano armada, a dos jóvenes de 16 años.

Este miércoles, un allegado a Selva Mendoza se acercó a La Opinión visiblemente molesto por la publicación que dio cuentas de lo sucedido con la reconocida entrenadora de fútbol infantil femenino de Independencia, jugadora del equipo de mujeres del club deportivo La Roca y trabajadora municipal vía decreto de ayuda social con contraprestación de tareas, a cargo de la limpieza del edificio de Salta y Arnaldo, en la zona donde antes estaba la Dirección de Cultura.

Aseguraron que “es mentira” que vendía drogas y que “no estaba prófuga”. En la causa, la acusación que pesa contra ella es la de ser parte de una banda que comercializaba estupefacientes y la orden de captura fue emitida para el 28 de marzo pasado, fecha en la que el allanamiento de la Federal no la encontró en el domicilio al que fueron a buscarla.

De hecho, la División Unidad Operativa Federal de San Nicolás de la Policía Federal Argentina difundió que este martes logró la “detención de una mujer prófuga de la Justicia en la ciudad de San Pedro, la que era intensamente buscada por la Justicia Federal en una causa de Infracción a la Ley de Drogas”.

En el informe oficial de la Policía Federal destacaron que la detenida “de nombre de nombre Selva Mendoza, es oriunda de San Pedro, reconocida entrenadora municipal de futbol femenino infantil”.

Detallaron que en los allanamientos de novembre y fines de marzo el Departamento Hidrovías del Paraná de la Policía Federal Argentina buscó a Selva Mendoza como “importante integrante de la organización” sin hallarla, “por lo que la Justicia Federal solicitó la captura”.

La búsqueda que desarrolló la Brigada de Policía Federal San Nicolás permitió detenerla “pese a que la misma se hallaba escondida de la Justicia”, detallaron en el informe oficial sobre el caso.

La delegación San Nicolás de la Policía Federal detuvo este martes, pasadas las 18.00, a una mujer identificada como Selva Mendoza que se encontraba prófuga de la Justicia Federal en el marco de una causa por venta de drogas que tiene tras las rejas a su madre, Maruca Mendoza, y a su cuñado, Nicolás Verdón.

Selva Mendoza, reconocida por su actividad como trabajadora en la Municipalidad vía decreto, futbolista y entrenadora de las categorías femeninas del fútbol infantil del club Independencia, fue atrapada por agentes de la Federal en 11 de Septiembre y Chacabuco. Estaba prófuga desde el 28 de marzo pasado.

Ese día, una comisión de la Policía Federal había llegado a su domicilio, en General Pueyrredón al 1500, con sendas órdenes de captura contra ella y contra Nicolás Verdón, ambos involucrados en la misma causa por la que está detenida en el penal de Ezeiza Maruca Mendoza.

Sin embargo, el allanamiento de ese día dio negativo y ambos fueron considerados prófugos a requerimiento del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo, y desde entonces eran buscados.

Nicolás Verdón fue detenido el domingo luego de protagonizar junto a un cómplice un robo a mano armada en la vía pública. En moto, abordaron a dos jóvenes de 16 años para, a punta de pistola, robarles pertenencias. Fueron apresados tras un operativo cerrojo de la policía.

Con la detención de Selva Mendoza, todos los integrantes de la banda que investigó la Policía Federal y que llegó hasta Maruca Mendoza primero, a su hija y su yerno, Nicolás Verdón, después, están detenidos y a disposición de la Justicia.

Selva Mendoza es una persona muy conocida en el ambiente del fútbol femenino local y fue la referente principal cuando en 2019 la actividad se oficializó en la Liga Sampedrina (LDS) porque ocupó el cargo de presidenta del Departamento de Fútbol Femenino.

Ese año también dirigió a la primera selección de mujeres de San Pedro que compitió en la Etapa Regional del Torneo Nacional que llevó adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un hecho histórico para la ciudad que jamás había tenido un combinado compitiendo de manera oficial.

Tras la pandemia de coronavirus, Mendoza se alejó de la LDS y se dedicó a entrenar y jugar. Actualmente, hasta su detención, dirigía las divisiones femeninas de Independencia cuya división U12 fue campeón del Torneo de Verano 2022 de la Liga Infantil (LDI) al derrotar en la final en la cancha de Paraná a Mitre 4 a 1. Como deportista, integraba el plantel de La Roca, que lidera la zona A del certamen de la LDS.

Además, Selva Mendoza cumplía tareas de limpieza para la Municipalidad en el edificio de Salta y Arnaldo, contratada a través de un decreto de ayuda social con contraprestación de tareas. Estaba afectada a la limpieza de la zona del Envión y el hall de entrada.

Este lunes por la mañana personal de la Policía Federal con asiento en Campana desarrollo un operativo en la zona del barrio Hermano Indio, vinculado a una causa por comercialización de drogas en cuyo marco está detenida “Maruca” Mendoza, de 60 años, apresada el 13 de noviembre del año pasado.

El allanamiento fue en la misma casa donde detuvieron a Maruca Mendoza. La policía llegó con dos órdenes de detención, una de ellas para Nicolás Verdón, pareja de una de las hijas de Maruca, quien no se encontraba en la vivienda y está ahora prófugo de la Justicia.

El juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el procedimiento y una importante cantidad de efectivos de la Policía Federal de Campana arribó a General Pueyrredón para cumplir con la diligencia, para lo que apostaron personal en toda la manzana, lo que sorprendió al barrio.

Aunque Nicolás Verdón no estaba en el lugar, requisaron la vivienda en busca de drogas, con resultado negativo. Su pareja, Milagros, dijo a La Opinión que lo buscaban porque durante el allanamiento en el que fue detenida su mamá él había escapado por los tapiales “y dicen que les disparó, pero nada que ver”, señaló.

La pareja de Verdón aseguró que no sabe dónde se encuentra él pero que entiende que “se va a entregar” en el Juzgado Federal de San Nicolás. Milagros relató que el día que detuvieron a su mamá a él le incautaron una planta de marihuana de alrededor de un metro y “una bolsa de merca”, es decir de cocaína, que tenía para consumo personal.

Maruca Mendoza fue detenida durante una serie de allanamientos que tuvieron lugar entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre de 2021 en los barrios 2 de Abril y Hermano Indio. En ese marco, informó la Justicia Federal, secuestraron casi un kilo de cocaína y más de 750 gramos de marihuana.

Mendoza fue alojada en el penal de Ezeiza y según relató su hija en los últimos días “tuvo un ACV, un pico de presión” y no se encuentra en buen estado de salud. Milagros señaló que supo que las pericias practicadas en el teléfono de su madre “descartaron que ella sea la líder de la banda, como decían”.

En efecto, Maruca Mendoza fue sindicada como cabecilla de una banda dedicada a la venta de drogas desde la zona del barrio Hermano Indio. Según la investigación preliminar, sería la encargada de la distribución entre quienes se ocupaban del “narcodelivery”.

Su hija aseguró que la droga que secuestraron en esos allanamientos “se a pusieron” a Maruca Mendoza y que ella no es más que “una pobre vieja pelotuda” que nada tiene que ver con el delito del que se lo acusa.

Milagros señaló que quizás todo esté relacionado con su hermano Mauricio, detenido también en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. “Acá en el barrio todo el mundo vende”, aseguró la joven.

La Justicia Federal interviene en el caso denunciado por un hombre que aseguró haber sido estafado con la entrega de dólares falsos tras vender un automóvil.

El denunciante, de 28 años, dejó asentado el domingo por la noche en la Comisaría local que el comprador del vehículo que había puesto a la venta le entregó billetes de la moneda estadounidense que serían de dudosa procedencia.

La víctima denunció que puso a la venta un automóvil marca Fiat modelo 1994 y que la persona que se lo compró le entregó 500 dólares que finalmente, por lo que pudo establecer, resultaron falsos.

Por el tipo de causa, la Justicia interviene a través del Juzgdo Federal Nº 2 de San Nicolás que conduce el juez Carlos Villafuerte Ruzo.