La denominada causa El Clan, que tiene a ocho personas acusadas de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar céntrico de ese nombre como presunto jefe, fue elevada a juicio.

El expediente recayó en el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás, integrado por Laura Fernández, Belén Ocaris y Cristian Ramos, y esta semana comenzó el ofrecimiento de prueba camino al debate.

Los imputados son seis varones y dos mujeres: Miguel Angel Briceño,  Alejo La Horca, Sebastián Mando,  Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay y Jeremías Ezequiel Zacarías; Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra.

Todo están acusados de formar parte de la banda, cuyos líderes, según la acusación, eran Briceño y La Horca, aunque de ellos dos sólo el primero llega al juicio detenido, puesto que al otro le habían dictado falta de mérito, al igual que a Sebastián Mando.

La Fiscalía n.° 1 que conduce Verónica Marcantonio lleva al juicio la acusación contra Briceño y La Horca de proveer al resto de cocaína y marihuana para su comercialización al menudeo en San Pedro.

Esa actividad fue detectada por la investigación al menos entre el 28 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, fecha en la que se produjeron los 16 allanamientos que permitieron desbaratar la banda.

A Briceño lo acusan de ser el cabecilla, con el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, en pleno centro de la ciudad, como pantalla. En su casa, ubicada en San Martín al 1400 secuestraron dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína, que pesaron 135 gramos.

Además, incautaron celulares; una computadora; dinero en efectivo en dólares, pesos y reales brasileños. En uno de los autos que usaba Briceño pusieron un rastreador para detectar sus movimientos. En su defensa, dijo que la droga “se la pusieron”.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada.

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después. 

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

El Tribunal en lo Criminal n.° 1 debe disponer fecha para el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos relacionados con la denominada banda de El Clan, acusada de vender drogas en San Pedro.

La Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio tomaba declaración indagatoria a los detenidos por la causa "El Clan", la red de venta de drogas que lideraba el dueño del restobar así denominado, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando, último detenido por el caso, todos los imputados llegaron a la indagatoria con asistencia de Defensoría Oficial y se negaron a declarar, es decir hicieron uso de su derecho de no prestar declaración.

Mando, en cambio, sí declaró y aseguró que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas y que su vínculo con Briceño está relacionado con sus labores como mecánico, puesto que trabajó para la preparación de un auto de carreras del sindicado como líder de la banda.

Además, dijo que le aparecen transferencias a las billeteras virtuales de Briceño porque le había comprado partes de su auto para armar uno propio, también de carreras, por las que había pagado a través de ese sistema.

Los detenidos por la causa El Clan son Briceño, Mando, Jeremías Garay,  Jeremías Zacarías, Daniel Mitacek, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra.

Además, aparecen involucrados Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, todos allanados la semana pasada.

Yancovich, conocido como "el Gitano", aseguró a La Opinión que la única relación que tuvo con Briceño estuvo vinculada con la venta de un vehículo y que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas.

También dijo que ellos no tienen “nada que ver” la esposa de Jeremías Garay, primer denunciado del caso y cuyos movimientos detectados por la Divisíón Drogas Ilícitas de la policía.

La policía detuvo este martes al mediodía a un joven identificado como Sebastián Mando, quien tenía orden de detención en el marco de la causa conocida como "El Clan", que investiga una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo liderada por Miguel Ángel Cebriño, dueño de un restobar céntrico con esa denominación.

Mando, de 30 años, fue allanado en su vivienda durante los procedimientos desarrollados durante jueves por la noche y viernes por la madrugada, pero no lo encontraron, por lo que fue considerado prófugo de la Justicia.

Sin embargo, entre el viernes y este martes hizo vida normal. Al punto de que se lo vio en la calle y hasta fue a trabajar como todos los días. De hecho, la detención se produjo en Arnaldo al 500, en el taller donde trabaja.

Sebastián Mando es el séptimo detenido en la causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio. Hay, también, un aprehendido.

Además de Mando y Briceño, están detenidos Jeremías Garay, Jeremías Zacarías, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra, y Daniel Mitacek.

En la investigación aparecen sindicadas como sospechosos de ser parte de la organización otras personas, identificadas en la causa como Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, conocido como "el Gitano", quien el sábado aseguró en Sin Galera que no tiene "nada que ver" con la banda.

Durante la mañana del sábado, Daniel Yancovich, una de las personas que aparece sindicada en la investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas, encabezada por el dueño del restobar El Clan se acercó a La Opinión y dio su testimonio.

Expresó que él se dedica "a comprar y vender autos" y que, debido a su trabajo, "conoce a alguna" de esas personas, pero "sólo" por su rubro.

Yancovich precisó: "No sé dónde viven, no tengo relación con ellos, nunca anduve en sus autos, nunca compartí una cena, nada".

Explicó que el allanamiento en su domicilio, ubicado en 3 de Febrero y Uruguay fue entrada "la noche" y que, al momento del arribo de los efectivos, estaba "durmiendo" y que sus hijos estaban "mirando" televisión.

"Pegaron un portazo y pasamos un momento muy feo, horrible. No sabía si eran ladrones o policías porque no me lo esperaba", detallo Daniel que además indicó que el personal se quedó "hasta las 3.00" de la madrugada "revisando" su domicilio, pero que "no le encontraron nada".

"Salí como que soy cómplice de ellos y eso es lo que me duele porque no tengo conocimiento de qué hacían y qué no", explicó el hombre.

"Yo estoy limpito. Quiero explicar que no tengo nada que ver con este asunto y con esta gente", concluyó, Daniel Yancovich.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima y la investigación fue llevada adelante por la División de Drogas Ilícitas bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

Además del domicilio de Daniel Yancovich y el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, la policía allanó en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; Maestro Reyna al 1000; 25 de Mayo al 700; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales. 

Siete personas fueron detenidas en el marco de una investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas liderada por el dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, identificado como Miguel Ángel Briceño.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima que impulsó la investigación que llevó adelante la División Drogas Ilícitas de la policía bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

La pesquisa logró establecer que Briceño era el proveedor de las drogas. Distribuía cocaína y marihuana para su venta en distintos puntos de la ciudad. Sin trabajo estable ni ingresos declarados, de repente apareció como dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad.

Los domicilios que solía frecuentar Briceño permitieron establecer quiénes eran los que vendían la droga que él proveía, todos detenidos durante los allanamientos.

Los sindicados en la causa son Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo La Horca, Sergio de Maio, Daniel Yancovich, Sebastián Mando, Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra, Jeremías Garay (primer denunciado en la causa), Lucas Olivieri, Daniel Mitacek y el reconocido delincuente Jeremías Zacarías.

Briceño, Mando, Lescano, Pereyra, Mitacek y Zacarías son los que quedaron detenidos a disposición de la Justicia más otra persona que está en calidad de aprehendida.

Los movimientos de dinero en billeteras virtuales como Mercado Pago y Brubank permitieron establecer que esas personas le depositaban grandes sumas de dinero a Briceño.

La investigación reveló los sitios donde guardaban las drogas para su posterior distribución, los puntos de venta al menudeo, las cocheras que alquilaban para guardar los autos que utilizaban. En uno de esos vehículos, el que usaba Briceño, colocaron rastreadores para detectar sus movimientos.

Más de 260 dosis de cocaína fraccionada lista para su venta; dos ladrillos de marihuana; cuatro balanzas; nueve celulares que serán peritados; dos armas de fuego de gran calibre; recortes de nylon; dinero en efectivo en pesos, dólares y reales fueron el resultado de los allanamientos, de los que también participó personal de la Secretaría de Seguridad municipal.

Además del restobar El Clan, de Las Heras 75, allanaron en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, más de 100 policías de 34 delegaciones de toda la provincia trabajaron en San Pedro para una serie de allanamientos que permitieron desbaratar una red de venta de drogas.

En total fueron 16 los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente tras una investigación comandada por Verónica Marcantonio, titular de la Fiscalía tematizada en drogas.

La Justicia había ordenado la detención de siete personas identificadas como las responsables de la venta de estupefacientes. De ellas, detuvieron a seis y una permanece prófuga. Además, hubo un aprehendido, también vinculado a la red.

Secuestraron 222 envoltorios de cocaína, dos ladrillos de marihuana, automóviles, motos, dólares, pesos argentinos, reales brasileños, balanzas de precisión, armas de fuego y celulares que serán peritados.

El principal sospechoso como líder de la organización es un hombre que fue sindicado como responsable del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad, sitio que fue allanado y donde se produjeron detenciones.

Los otros puntos donde actuó la policía fueron: Postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, informaron fuentes oficiales.

Las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio son las responsables de la investigación penal del caso Rainbowex, la estafa piramidal del denominado Knigt Consortium que se transformó, desde San Pedro, en un escándalo nacional.

Ambas agentes judiciales fueron entrevistadas en exclusiva por Lilí Berardi en los estudios de La Opinión & Sin Galera para brindar detalles de una causa sin precedentes que logró, por primera vez en Latinoamérica, incautar criptoactivos en el marco de un caso de estas características. 

Viviani y Marcantonio destacaron el trabajo de la Procuración bonaerense, que puso a pesonal especializado en ciberdelitos a trabajar para la investigación, lo que permitió arribar no sólo a la incautación de 3,5 millones de dólares en USDT sino al conocimiento cabal de cómo operaba la estafa.

La causa tiene 18 imputados, de los cuales dos son oriundos de Malasia; otros dos, de San Antonio de Areco; y 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal de “La China”.

De los sampedrinos, siete fueron detenidos. Cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito —uno primero y luego los otros tres—, aunque siguen procesados en el marco de la causa. 

Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, máximos referentes del Knight Consortium en San Pedro y primeros en la pirámide, es decir beneficiarios mayores de la estafa, permanecen detenidos con prisión preventiva.

La Justicia, además de mantenerlos tras las rejas, resolvió denegarles la solicitud de arresto domiciliario porque considera que no están dadas las condiciones para que gocen de ese benficio.

Este viernes, la titular de la Fiscalía General, Sandra Bicetti, junto a las dos fiscalas de San Pedro, María del Valle Viviani y Viviana Ramos, mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno municipal, de la que también participó la responsable de la Fiscalía especializada en comercialización de drogas, Verónica Marcantonio.

Tras esa reunión, Marcantonio y Viviani fueron entrevistadas por Lilí Berardi en el estudio de La Opinión & Sin Galera para abordar diversos temas —entre ellos, datos exclusivos sobre el avance de la causa Rainbowex— cuyos detalles serán publicados en sucesivas notas.

Sobre la reunión con el intendente interino, Alfredo Carrasco, y la nueva cúpula de la Secretaría de Seguridad, las fiscalas informaron que entregaron al Ejecutivo "un plan" de seguridad relacionado con lo que puede aportar la Justicia desde su mirada.

"Entregamos un plan de seguridad de las cosas que nosotros vemos, a nivel de Fiscalía, que actúa cuando el delito ya se cometió, para que se pueda mejorar para la comunidad y obtener una buena respuesta frente a los hechos", dijo Viviani.

La titular de la UFI señaló que presentaron "distintos puntos" para mejorar y que "la Municipalidad lo tomó muy bien". 

Marcantonio, por su parte, destacó que "lo importante es el trabajo en conjunto" y aseguró: "Nosotros somos servidores de la sociedad y tenemos que trabajar todos juntos, cada uno desde su lugar".

En ese marco, destacaron que los operativos por venta de drogas que se desarrollaron en la última semana surgieron por denuncias previas que permitieron la investigación.

"Es importante que nos digan los barrios conflictivos para que podamos hacer los operativos".

"Nos da mucho resultado hablar con los referentes vecinales, que nos brindan datos", dijo Marcantonio. "Entendemos que en San Pedro hay un alto nivel de conflictividad y todos o la mayoría de los delitos son transversales a la droga, al consumo", aseguró.

Marcantonio señaló que "lo importante es que se detecte" y pidió participación comunitaria: "Que la gente nos diga si en tal barrio están armando bunkers. El contacto con la gente, de manera anónima, es muy importante".

En el caso de Maximiliano "Pillo" Troche, informó Viviani, la causa comenzó a fines de 2024 con un llamado al 911 que permitió desarrollar la investigación, allanar los domicilios, secuestrar drogas y detener al acusado.

Un operativo de la División Drogas Ilícitas con apoyo de la UTOI tuvo lugar este jueves por la tarde en el asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio.

Con autorización de la Justicia y en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes, fueron cuatro los allanamientos que las fuerzas de seguridad desarrollaron en esa zona.

Secuestraron alrededor de 170 envoltorios de cocaína que estaban preparados para su venta, un ladrillo de marihuana y recortes de nylon con los que suelen envolver la droga tras su fraccionamiento.

La investigación comenzó a mediados del año pasado gracias al aporte de vecinos que brindaron información ante la fiscala Verónica Marcantonio respecto del funcionamiento de un "búnker" de drogas en el pasillo del Hermano Indio.

El personal de Drogas ilícitas, a cargo de la investigación, dispuso tareas de vigilancia y averiguaciones en el barrio, lo que permitió llegar a la orden de allanamiento dispuesta por la Justicia.

La policía de Drogas requirió apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de San Nicolás (Utoi), puesto que esperaban que en el barrio opusieran resistencia al accionar policial y así fue.

Cuando accedieron a los cuatro puntos señalados para el allanamiento, se percataron de que efectivamente dos de ellos eran "bunkers": no estaban habitados ni en condiciones de que alguien viva allí. 

En ese marco, procedieron a su derribo con una topadora que aportó la Municipalidad, cuya Secretaría de Seguridad participó activamente de los operativos.

La tarea no fue sencilla para la policía: cuando llegaron al pasillo, los recibieron a piedrazos y dispusieron niños en el angosto pasillo de acceso al barrio, de manera tal que los responsables de los bunkers pudieran escapar por los fondos, lo que evitó así que sean detenidos.

La fiscala nicoleña Verónica Marcantonio, titular de la UFI 1, coordinadora de la Unidad de Estupefacientes y a cargo de la Fiscalía General por licencia de Sandra Bicetti, estuvo en San Pedro para mantener una serie de reuniones de trabajo.

Junto a la titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, a quien le corresponden las investigaciones relacionadas con delitos en el campo, Marcantonio visitó la sede de la Sociedad Rural para dialogar con los productores.

Desde la entidad informaron que “el encuentro tuvo como objetivo actualizar y debatir temas relacionados con el seguimiento y control de la seguridad en la zona”.

Además, agregaron, intercambiaron información sobre “el trabajo que se está realizando en la seguridad rural, especialmente en la zona de islas”.

En el Municipio se reunió con el intendente Salazar, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y el subsecretario de Seguridad, Mario Méndez para dialogar sobre la coordinación de la tarea judicial con las fuerzas de seguridad.

La policía de la división Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la noche a dos jóvenes oriundos del Conurbano que intentaban ingresar a la ciudad con 150 gramos de cocaína.

Los jóvenes, de 18 y 19 años, circulaban a bordo de un Fiat Argo, en el que llevaban un envoltorio con la droga, que tenía pegado un papel con un domicilio local. 

Los apresaron en la zona de ruta 191 y las vías del Ferrocarril, frente a la planta de la empresa Arcor.

La sospecha es que traían esa droga para su posterior fraccionamiento y distribución en San Pedro. 

Además de la cocaína, valuada en “más de dos millones de pesos”, según informaron autoridades, secuestraron telefonos celulares y anotaciones de interés.

La fiscala Verónica Marcantonio, titular de la Fiscalía especializada en comercialización de estupefacientes, los indagaba este viernes, al tiempo que pidió un allanamiento para el domicilio indicado, ubicado en el barrio Hermano Indio.

En una vivienda de calle Balcarce, entre Hermano Indio y Benefactoras Sampedrinas, secuestraron cogollos de marihuana que arrojaron un peso de más de 80 gramos.

Los aprehendidos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la Fiscalía tomaba medidas para profundizar la investigación del caso.

A menos de dos semanas del megaoperativo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto a la División Drogas Ilícitas, los siete detenidos esperan la audiencia de prisión preventiva, que todavía  no tiene fecha y en la que se resolverá si recuperan la libertad o siguen apresados mientras se sustancia el proceso judicial en su contra.

De los siete detenidos, cinco son mujeres, de las cuales dos gozan del beneficio de arresto domicilario, y dos son varones. Casi todos tienen vinculaciones con otras causas relacionadas con la venta de estupefacientes.

Sus identidades son: Estela Marta Astorga; Karina Beatriz López; Naiara Agustina Gauna; Ludmila Anahí Cantreros; Daniela Soledad Luna; Marcelo Alejandro Sotelo;  y Andrés Eduardo Astorga.

En los allanamientos del 14 de junio en los que fueron detenidos, secuestraron una gran cantidad de dosis de cocaína lista para la venta, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

La apertura de los teléfonos celulares será fundamental para establecer conexiones de los acusados, entre ellos un "clan familiar" que utilizaba una despensa en el barrio Hermano Indio como pantalla para la comercialización de estupefacientes.

Se cumple una semana del operativo que encabezó la Fiscalía Tematizada en Estupefacientes de San Nicolás y la Unidad Táctica Operativa Inmediata (UTOI) en varios allanamientos simultáneos que concretaron en San Pedro.

Fueron tres domicilios en el barrio Hermano Indio, calle Aulí al 500, Ansaloni al 600, Barrio Futuro y calle Brenan al 1800 las direcciones que reportó el parte oficial de la policía cuando culminaron los allanamientos. 

Desde allí, además de secuestrar más de un kilo de cocaína fraccionada y a fraccionar, fueron trasladadas siete personas a distintas dependencias que determinó la Fiscal Verónica Marcantonio. Los dos varones quedaron alojados en la Comisaría 1° de San Nicolás, una de las mujeres en la 3° y el resto en la propia Fiscalía N° 1..

194 envoltorios con cocaína listos para su ventaUn ladrillo de cocaína sin fraccionarUna balanza utilizada para pesar la droga113 flores de marihuanaDinero en efectivo y dos armas

El valor estimado de la droga secuestrada en el operativo está valuado en siete millones de pesos. Desde esa jornada dos varones y cinco mujeres fueron privados de su libertad. En un caso se trata de madre e hija y la “sociedad familiar” está compuesta por parejas e integrantes del mismo clan. De ellos, dos mujeres jóvenes pudieron regresar a sus domicilios ya que sus defensas se presentaron recursos para reclamar por los menores que tienen a cargo y que están aún en edad de ser amamantados.

“Tenencia con fines de comercialización” es la causa que ya los mantiene en calidad de detenidos hasta tanto transcurra el plazo de 15 días para dictar la prisión preventiva.

Tres domicilios en el barrio Hermano Indio, calle Aulí al 500, Ansaloni al 600, Barrio Futuro y calle Brenan al 1800 las direcciones que se repiten en el megaoperativo de secuestro de drogas que fraccionaban y vendían por doquier. A la población le llamó la atención, casi como un espectáculo, la llegada de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas a bordo de motos y patrulleros que ingresaron por la Ruta 191 para llegar a los objetivos que previamente habían trazado los investigadores.

“Valió la pena el esfuerzo”, dijo la Dra. Verónica Marcantonio tras el megaoperatico que ahora se tramita en una causa por “Comercialización de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.  

“La causa se inicia con dos causas que si bien no tenían relación entre sí eran de San Pedro y en el Barrio Hermano Indio y en zonas aledañas”, dijo la Fiscal respecto a la coordinación que supervisó la Fiscal General Sandra Bisetti.

Los nombres y los procedimientos se asemejan a las localizaciones que en el año 2017 sobrevoló en helicóptero la fiscal Viviana Ramos en un megaoperativo que requisó lugares y en el que se detuvo a varias personas; entre otras, la mujer que tiene una causa pendiente y que fue sorprendida nuevamente en la misma tarea. Una escena similar había tenido lugar en 2015 y en el mismo barrio.

En el kiosco de calle Ganeral Pueyrredón, la fiscal reportó el hallazgo de 194 envoltorios con cocaína lista para entregar, un ladrillo de la misma sustancia para fraccionar, una balanza, 113 flores de marihuana y otros elementos que fueron secuestrados. En total estiman en siete millones de pesos, la valuación de los estupefacientes que encontraron durante la tarde previa al fin de semana. Cuando se cruzan los datos se trata de “un clan familiar”.

Marcantonio reiteró que su tarea contó con la cooperación del poder político y puso como punto de partida una reunión que mantuvieron con el Intrendente Salazar, días después del desplazamiento del Jefe de la División Narcóticos y en coincidencia con el emplazamiento de una delegación de la UTOI que inauguró el gobernador en San Nicolás. 

En la entrevista, la periodista le preguntó si había una manera directa de llegar con las denuncias a la Fiscalía y fue así como ofreció su celular particular para enviarle de manera anónima -si así lo prefiere el denunciante- las direcciones donde se observan operatorias similares.

Si bien aclaró que no está de acuerdo con penalizar el consumo, Marcantonio recalcó que hay una fuerte decisión de no dejar que avance el narcotráfico en el norte del territorio bonaerense y puso como ejemplo la cooperación entre Santa Fé y Buenos Aires. Quiere evitar las consecuencias de la disputa de territorios, la violencia y los casos de “ajuste de cuentas” que han sacudido a la ciudad en los últimos tiempos con tiroteos, incendios y hasta ocupación de casas. Hace pocas semanas una mujer murió tras el impacto de un disparo dentro de su vivienda y aunque los acusados fueron dejados en libertad hoy no se sabe quien descerrajó el disparo letal. Tampoco se supo quién asesinó a Felipe Frías cuyo cadáver fue encontraro en inmediaciones de las vías del ferrocarril y por ello hay mucha preocupación en la zona de Villa Igoillo. Sobre ese caso siempre se sostuvo la hipótesis de una cuestión de deuda por drogas. Hay otro “lugar caliente” en la zona del Bajo Cementerio que fue escenario de una reyerta que terminó con heridos graves.

Para describir el resultado del operativo, Marcantonio utilizó la figura de “sociedad familiar” con organización y roles específicos, como los de calle Hermano Indio en la que encontraron cocaína en tres viviendas casi consecutivas.

Uno de los compromisos que asumió el intendente interino Ramón Salazar con los vecinos autoconvocados ante la ola de inseguridad fue encabezar “gestiones personales” ante la fiscala María del Valle Viviani, cuya fiscalía es tematizada en delitos rurales, “para insistir con inquietudes ya expuestas”.

Por eso este miércoles la titular de la UFI 7 se reunió con Salazar y lo hizo acompañada de la fiscala de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes, Verónica Marcantonio, quien reemplaza por licencia a la fiscala General, Sandra Bicetti, es decir que está a cargo de todas las fiscalías del Departamento Judicial.

Marcantonio y Viviani se reunieron primero con los jefes policiles de la DDI, la Comisaría y la Policía Vial para analizar datos relacionados con la investigación del asalto que sufrió el empresario Oscar Andreani.

Luego se trasladaron al Palacio municipal, donde las esperaba Ramón Salazar para un encuentro en el que las partes procuraron profundizar la relación para la tarea en conjunto ante el abordaje de la problemática de inseguridad.

“Creo que en general ha habido un incremento en todas las localidades de delitos contra la propiedad, pero bueno, la gente exige respuesta y por eso en este caso me hice presente para hablar con el intendente, acompañar a la doctora Viviani y ver, a raíz de toda esta problemática, ver cómo se puede tomar algunas otras medidas”, dijo Marcantonio a La Opinión.

La representante de la Fiscalía General dijo que en San Pedro los tres fiscales, Manso, Viviani y Ramos, están trabajando en hechos “con autores que podrían repetirse”.

“Más que nada la tarea de prevención es importante, que la policía actúe para que no se llegue a cometer el delito, con esa idea de mejorar un poquito la seguridad, ver qué puede aportar la intendencia para ver cómo podemos mejorar entre todos”, señaló Marcantonio.

La fiscala indicó que “ya está pedido más personal para la Policía Rural, porque la mayoría de los hechos, eventualmente, se suceden en la zona alejada de la ciudad así que sería muy interesante que esos cinco móviles estén patrullando”.