Sólo quienes compartieron el tiempo con ella en cada diálisis recuerdan su existencia. El misterio aún persite y a un año de la muerte de esta paciente no hay contacto con familiares y mucho menos una investigación sobre la suerte que corrió esta joven mujer que estuvo alojada en el “Geriátrico de la Vergüenza” que cuenta con la protección de quienes deben bregar por la situación de sus internos. 

Un día antes del deceso, la recientemente asumida Secretaria de Salud, recorrió el lugar junto al responsable del monitoreo de casas de cuidados de adultos mayores, Diego Lafalce. Se descubrió que había denuncias previas y una orden de cierre que jamás se cumplió. Los abuelos debían bañarse en un mismo lugar, no tenían la higiene necesaria y aquella mañana contaron más de 30 en un lugar que apenas podía albergar la mitad.

Fueron varios los episodios que dieron lugar a noticias relacionadas con la precariedad con la que se asiste a personas que en muchos casos están “institucionalizadas”, pacientes con enfemedades mentales, indigentes e incluso jóvenes que pasan allí sus días.

El 11 de enero se cumplió un año de la muerte y hoy, se cuentan también 365 días sin sanciones que ya estaban escritas pero sobre las que nadie dio explicaciones. Verónica tenía 38 años y una historia.

“Los datos, videos, fotos, testimonios y la documentación comenzaron a fluir desde que La Opinión supo que la presencia de patrulleros y de una ambulancia el día 11 de enero a las 20.05 en calle San Martín al 1900”, decía la crónica de La Opinión que reveló que había un lugar en el cementerio donde yacía una NN.

El día de la recorrida de las autoridades, el dueño no estaba. Contaron 32 personas pero tras el fallecimiento nadie pudo precisar si entre ellas estaba Verónica.. Es llamativo que no exista comunicado ni obligación de dar cuentas respecto a los resultados de nuevas inspecciones que dependen de la Región Sanitaria IV y por ende del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco hubo organismos de Derechos Humanos ni investigación sobre quien fue durante más de una semana una NN en un lugar tenebroso.

Durante más de dos horas, una comitiva compuesta por personal destinado a inspeccionar el funcionamiento del geriátrico denunciado en varias oportunidades por las condiciones en las que se presta servicio de alojamiento a los internos, revisó las instalaciones y tomó conocimiento de los últimos episodios ocurridos en el lugar.

La muerte de Verónica del Valle Romero, también fue informada en esta ocasión en la que quedaron confirmadas varias de las irregularidades que habían desencadenado una orden de clausura que nunca se ejecutó.

Según pudo saber este medio, la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Humano, y representantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estaban en conocimiento de la visita a realizar el lunes.

Las versiones de uno y otro difieren pero todos coinciden en que se notificó al dueño, que recibe y asiste a internos derivados de Pami, algunos pedidos especiales de los municipios de San Pedro y Baradero, personas con curatelas judiciales y otros que dicen estar allí por voluntad propia. 

Entre ellos hay pacientes psiquiátricos o los había al momento en que murió Verónica y otros llegan como indigentes que necesitan un lugar temporario.

Las personas que han trabajado en el lugar cuentan historias lastimosas y violatorias de los derechos de las personas que están sometidas a tratos hostiles y humillantes. 

Resulta como mínimo curioso que tantos meses después y con sanciones pendientes, con tanto tiempo para acondicionar instalaciones que están registradas en videos y relatos, con dos internos muertos en circunstancias que nadie investigó en el momento adecuado, se produzca la llegada del Ministerio de Salud de la Provincia y desde su área de Fiscalización Sanitaria avisen con tiempo a la comuna que visitará el lugar. 

"Creo que le habían avisado de la inspección y le marcaron deficiencias edilicias y de personal. Le pidieron que haga el descargo lo antes posible", dijeron desde el área de Salud de la Municipalidad.

El geriátrico San Francisco de Asís, tal es su nombre comercial, ya había sido notificado varias veces y hay una denuncia penal del Inspector de Geriátricos Diego Lafalce en sede fiscal. 

También fue recorrido por la secretaria de Salud, María Vargas, un día antes de la desaparición física de una paciente diabética que se descompensó y murió al llegar de su sesión de diálisis. Nunca se supo si la vieron o no supieron de su existencia en ese “hogar”. 

También el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, se sorprendió por aquella noticia que golpeó de lleno sobre los mecanismos de sepultura exprés con los que contó una joven mujer cuya vida se apagó casi de incógnito.

Quien se incorporó también a esta comitiva fue la Directora del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad, Silvia Triñanes. Ella, mejor que nadie, sabe de las necesidades mínimas de un ser humano para transcurrir esta larga etapa de la vida que mantiene institucionalizadas a personas que deben bañarse apiñadas sobre pisos resbaladizos o compartir habitación con internos con problemáticas diversas tal como se vio en los videos que se difundieron oportunamente.

Por el momento, sólo se sabe que “otorgaron un plazo” para corregir las irregularidades que ya habían sido sancionadas en mayo de 2023 con multa y clausura.  

Las múltiples irregularidades en las que todo indica incurre desde hace años el geriátrico San Francisco de Asís, propiedad del médico baraderense Julián Gómez, provocaron una denuncia penal ante la Justicia radicada por Diego Lafalce, que además de concejal opositor es empleado municipal a cargo de la inspección de ese tipo de instituciones.

El sábado, en Sin Galera, la fiscala Viviana Ramos dijo que analiza la denuncia para intentar configurar lo que debe investigar como presunto delito, algo que todavía no tiene del todo claro y que, advirtió, podría llegar a tener como imputado al mismísimo Lafalce, por su labor como inspector.

Ramos dijo que la denuncia "es muy genérica, en forma extemporánea" y que requirió al Municipio informe sobre la habilitación del geriátrico y acerca de si está clausurado. "Obtuve, tras insistir bastante, una contestación que es un poco ni, está clausurado pero...", señaló.

En ese marco, consideró que la presentación de Lafalce podría tener como objetivo su propio resguardo, lo que no cayó bien en el concejal y responsable de las inspecciones, que solicitó responderle al aire antes de que termine el programa.  

Lafalce reveló que el geriátrico San Francisco de Asís contaba con una habilitación precaria entre 192 y 1994 pero que desde entonces carece de autorización oficial para funcionar. 

"Ramos dice que yo hago una denuncia para resguardame, pero se equivoca. Nadie antes fue a poner la cara para que se investigue la comisión de un delito dentro de esa institución geriátrica. Todo está informado a la Municipalidad", señaló.

"Ramos falta a la verdad", se quejó Lafalce y aseguró: "Yo tengo que ver los actos administrativos, yo en principio informé a mis superiores. Como nadie se pone los pantaloes largos, por eso voy y denuncio"

"Lo voy a seguir hasta que lo cierren, ese lugar no debe existir", sostuvo Lafalce.

"La señora fiscal sale a decir que yo me quiero resguardar. No, el resguardo personal lo puedo hacer solo. Hago la denuncia porque quiero que deje de existir, ese lugar no tiene las condiciones de bioseguridad ni el personal que corresponde y mucho menos los valores éticos para ser llevado adelante", aseguró.

"Como a lo largo de veintipico de años nadie hizo nada, me acerqué e hice la denuncia para que se investigue la posibilidad de la existencia de un delito por no haberlo clausurado. Que caiga quien tiene que caer", disparó Lafalce.

La denuncia que recibió la fiscalía de Viviana Ramos ya cuenta con los expedientes que el responsable de fiscalizar e inspeccionar todos los establecimientos geriátricos de San Pedro, debió haber cumplido al menos en el caso del que dirige el médico Julián Gómez.

Tal como adelantó La Opinión, en mayo de 2023 había orden de clausura y multa y en enero de 2024 el establecimiento no estaba habilitado.

La muerte de Verónica del Valle Romero disparó muchas preguntas respecto a las responsabilidades de las autoridades y la semana pasada desde el Juzgado de Familia N° 3 se cursaron oficios a las municipalidades de San Pedro y Baradero para que remitan información sobre el caso de la mujer de 38 años que fue sepultada de manera expres en el cementerio local el 12 de enero y cuya documentación recién se tramitó el 17 de ese mismo mes en el Registro Civil.

Lafalce, ahora también concejal, adjunta al pedido que formula a la UFI N° 11 un documento que revela las irregularidades en las que incurre el médico que además de administrar firma los certificados de defunción. 

Falta de habilitación, exceso de camas en habitaciones, cantidad de internos superior a la permitida, colchones vencidos, ropa de cama deteriorada, baños sin pisos antideslizantes, heladeras sin estantes, freezer oxidado, cableado a la vista, calefacción deficiente, humedad, deterioro de pisos de madera y techos y residuos patogénicos sin tratamiento.

Esos son sólo alguno de los puntos que -reiteramos- al menos desde el mes de mayo cuando se había ordenado la clausura no se cumplen y están a la vista de las autoridades tanto de la comuna como de las obras sociales que ofrecen el lugar y las familias que tienen allí a algunos de sus integrantes.

A todo ello hay que sumarle la internación de pacientes psiquiátricos cuya edad no es compatible con la de los abuelos que forman parte de ese hogar. 

La medida de clausura y multa estaba prevista en abril, hubo un descargo que fue desestimado y en mayo no se ejecutó bajo promesa de concretar algunas obras para las que se comisionó a una inspectora que “alargó la agonía” y perjudicó con su accionar a decenas de abuelos.

Aún nadie con responsabilidades de gobierno u organizaciones de defensa de los derechos de los más vulnerables se ha expresado. 

Las repercusiones impactaron en la justicia y hay un pedido del Juzgado de Familia para que se brinden datos sobre la mujer de 38 años que murió el 11 de enero, fue sepultada el 12 y recién el 17 hubo certificado de defunción en el Registro Civil.

Verónica del Valle Romero había llegado al lugar a fines de noviembre producto de una situación de extremo abandono y a merced de decisiones que denotan el trato que recibió en sus últimos días. Su deceso se produjo un día después de la recorrida de la Secretaria de Salud, María Vargas y del responsable de las inspecciones de hogares en nuestra ciudad, Diego Lafalce. Contaron 32 internos pero no pudieron precisar si esa mañana, Verónica estaba en el lugar ni tampoco se la observa en el material de video que quedó registrado y publicado.

Con muchos datos que se desconocían, incluidas las sanciones de clausura y multa que pasaban sobre el hogar que dirige el Dr. Julián Gómez, ahora quedó claro que el lugar tampoco cuenta con habilitación. Allí internan pacientes de obras sociales como Pami, Profe, Ioma y otros particulares entre los que hay varios con diagnóstico psiquiátricos.

Las denuncias abundan y los relatos de ex internos son estremecedores. También llegan preguntas respecto a qué pasó o habrá pasado con personas que otras familias veían en el lugar al que no regresaron por algún inconveniente.

Ex empleadas que cuentan lo que sucedía puertas adentro o las que no duraron más de 48 horas producto de las vicisitudes por las que debían pasar.

Está claro que la muerte de Verónica del Valle Romero fue un grito que rompió el silencio o en todo caso las complicidades porque pese a todo tenía gente que la apreciaba porque desde hace muchos años compartía con ella, la práctica de diálisis. Su salud estaba deteriorada pero nadie sabe que pasó aquella tarde cuando bajó del remise que la traía de la Clínica Coopser y salió en un furgón al día siguiente para ser sepultada.

De acuerdo a los registros, pasaron 45 minutos entre su arribo al lugar y la presencia de policía y ambulancia. La sepultura fue expres y ahora hay un pedido para poder -en caso de ser necesario- exhumarla.

“En los autos caratulados: Romero, Verónica s/Determinación de la Capacidad Jurídica”, reza el oficio que debe estar en manos de las autoridades y que tiene fecha de inicio el pasado 22 de enero. 

El expediente judicial que se abrió ante el Juzgado de Familia N° 3 de San Nicolás indica que los responsables de monitorear, controlar o habilitar ese geriátrico deben informar “respecto de las irregularidades existentes en el geriátrico en cuestión, y las medidas que se adoptaran al respecto”. 

Los notificados son la Municipalidad de San Pedro, la de Bardero, el Geriátrico San Francisco de Asís, el Departamento de Discapacidad y Tercera Edad, la Fiscalía General y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.