A más de cuatro años de los allanamientos en San Pedro, Zárate y Lima encabezados por la división drogas ilícitas de la policía que derivó en el caso conocido como "pizza y drogas", puesto que en la vivienda en nuestra ciudad funcionaba una pizzería, los tres acusados fueron excarcelados.

Norberto Raúl Paz, su hijo Leonardo y la pareja del más joven, Sandra Mabel Berón, estaban bajo arresto domiciliario cumpliendo prisión preventiva en el marco de la investigación.

Por el paso del tiempo —la preventiva en Buenos Aires puede ser revisada cada ocho meses—, el Juzgado de Garantías interviniente consideró que hubo un "exceso del plazo razonable" camino al juicio.

La causa es por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y ya había tenido una modificación sustancial cuando Garantías consideró que no estaba probada debidamente la acusación de venta de drogas.

Desde el primer día, los Paz aseguraron que los alrededor de 130 envoltorios con cocaína secuestrada en su poder en la casa de Nieto de Torres al 400 "los puso la policía". 

“Como venía diciendo desde hace mas de 4 años y 2 meses , somos inocentes, ahora nos dan la libertad porque se agotaron los tiempos para encontrar pruebas”, dijo a La Opinión Raúl Paz esta semana.

Paz reclamó por elementos que la policía “se robó” de su casa: “Cañas de pescar , reels , muchas cosas de valor” y señaló: “Quién nos devuelve el tiempo perdido , quién nos devuelve el dinero que me saquearon , etc.".

La policía del destacamento de la localidad de Río Tala detuvo en la vía pública a un vecino condenado por delitos relacionados con la venta de drogas.

Identificado como Carlos David García, de 52 años, fue apresado tras la orden de detención emanada por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para que cumpla la condena impuesta.

Así, los efectivos lo detuvieron en un domicilio de calle Güemes de Río Tala y lo pusieron a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría local, donde quedó alojado en una celda del sector de calabozos a la espera de que el Servicio Penitenciario informe cupo de alojamiento en una cárcel.

La causa del secuestro de un kilo de cocaína en ruta 1001 que ingresaba a San Pedro para ser entregada a quienes se dedican a preparar dosis para el narcomenudeo sigue generando detalles que permiten trazar el mapa delictivo que rodea el caso.

A la revelación que hizo La Opinión respecto de que uno de los detenidos es Rafael Rodrigues, exgerente de ventas de la fábrica Coplac, se suma ahora otro dato importante sobre la trama.

La casa allanada, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos preparada para pagar la entrega de la cocaína guarda relación con un resonante caso nacional.

Esa casa tiene vínculos familiares con la novia de Axel Emiliano "Pelusa" Rojas, uno de los tres condenados por el asesinato de la pequeña Uma Aguilera, hija de custodios de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien balearon en un intento de robo.

Pelusa Rojas es el joven de 20 años que fue detenido en San Pedro en una casa del barrio Los Aromos, donde había alquilado un precario cuarto. Su lugar de refugio original era la misma vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez allanada en el caso de la cocaína.

Así consta en la investigación que derivó en la detención de Rojas el 25 de enero de 2024, tres días después del crimen, cometido en Lomas de Zamora.

Rojas tenía una relación de noviazgo con una chica cuya familia residía en esa casa y allí iba a refugiarse, aunque luego terminó en la vivienda de Almafuerte al 3800 donde lo detuvieron.

La vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez fue allanada luego de que la división drogas ilícitas de la policía interceptara un Toyota Corolla en el que venía escondida la droga.

Ese kilo de cocaína tenía como destino ese domicilio, donde esperaban con la bolsa llena de dinero para pagar. 

La droga sería para distribuir en una red de narcomenudeo que, según investigan, encabezaría una reconocida familia de la zona próxima a la vivienda allanada.

Un hombre de nacionalidad brasileña y otro con domicilio en Lomas de Zamora fueron detenidos el jueves por la madrugada en ruta 1001, cuando ingresaban a San Pedro con un kilo de cocaína escondido bajo la consola de un Toyota Corolla blanco.

El brasileño no era un desconocido para la ciudad: identificado como Rafael Rodrigues, está radicado en San Pedro desde que llegó al país para trabajar en las empresas de su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, uno de los dueños de Coplac.

Rodrigues llegó a la Argentina primero para ocupar un cargo en la planta que esa empresa de capitales brasileños tenía en la provincia de Córdoba. 

Luego fue derivado a San Pedro, donde era gerente de ventas y tenía a su cargo todas las negociaciones con las terminales automotrices a las que Coplac les comercializaba las alfombras que fabricaban en la planta local.

En esa fábrica, Rafael Rodrigues se enamoró de una empleada. Correspondido, formó pareja y hasta tuvo una hija. Con esa mujer convivía cuando un auditor que Coplac envió de Brasil informó a los dueños que había que detectado el presunto desvío de fuertes sumas de dinero de la empresa.

Eso fue un tiempo antes de que Coplac decidiera despedir a todo su personal y cerrar su fábrica en San Pedro en medio de la crisis económica de 2018. El presunto faltante de dinero estaría relacionado con problemas de adicciones a las drogas. Fue desvinculado, pero siguió en San Pedro, con su familia.

Rodrigues ya había tenido conflictos con algunos personajes locales vinculados al submundo de la comercialización de estupefacientes, de esos que tienen negocios irregulares a la vista de todos, en espacios públicos tomados y con conexiones clandestinas a la electricidad que constantemente vuelve a enganchar cuando Coopser lo desconecta.

En ese momento, profesionales allegados a Coplac y exintegrantes de las fuerzas de seguridad intercedieron por él. Había tenido amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Luego, recompuso la relación con sus acreedores y no falta quienes dicen que hasta habría trabajado para ellos en actividades vinculadas a la que ahora lo mantienen detenido.

A esas actividades ilegales habría comenzado a dedicarse tras dejar de trabajar con la familia de su ahora expareja. Ya separado, vivió en la zona del barrio 1° de Mayo y últimamente en el Futuro. Se lo veía como remisero, una tarea que no habría sido otra cosa que una pantalla para otras cosas.

De los años de Coplac muchos lo recuerdan porque le gustaba jugar al fútbol e ir a la cancha. Incluso invitaba gente a que lo acompañe a un palco para ir a ver a Boca. Solía participar en los torneos internos del club de Pescadores.

También le gustaba pescar. En esas incursiones en la isla habría comenzado su relación con las drogas, invitado por empleados de la fábrica que aprovechaban que el jefe "pagaba todo", lo que incluiría esos otros vicios.

En las investigaciones relacionadas con el ingreso de drogas a San Pedro para entregar en búnkeres donde se preparan las dosis que son vendidas al menudeo lo tendrían señalado por sus constantes viajes a Lomas de Zamora, distrito del sur del conurbano de donde es oriundo el otro detenido.

"Era un pibe sano, normal. Pero el tema de las adicciones lo cambió, ahora estaba muy flaco, deteriorado", aseguran quienes lo conocieron desde que llegó a San Pedro. "Le gustaban los autos, la velocidad", contaron.

El Toyota Corolla blanco en el que fue detenido el jueves por la madrugada circulaba a altísima velocidad por ruta 1001 y no paró cuando los efectivos de la división Drogas Ilícitas de la policía intentó interceptarlo.

Para detener a sus ocupantes, hubo una persecución. Tras obtener el ladrillo de  un kilo de cocaína de máxima pureza que llevaban escondido en el auto, hubo un allanamiento en Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos presuntamente destinados a pagar esa droga.

La causa tramita en la órbita de la Fiscalía n.° 1 de San Nicolás, que conduce Verónica Marcantonio, especializada en cuestiones relacionadas con la comercialización de estupefacientes en el departamento judicial al que pertenece San Pedro.

La policía de investigación del tráfico de drogas detuvo este jueves por la madrugada a dos personas que ingresaban a la ciudad en un automóvil con un kilo de cocaína que traían para entregar en un domicilio para su posterior fraccionamiento y venta al menudeo.

En ruta 1001, detectaron un automóvil Toyota Corolla blanco a alta velocidad, cuyos ocupantes evitaron el control, tras lo que comenzó una persecución que permitió interceptarlos.

En el coche iban un hombre de nacionalidad brasileña y otro con domicilio en Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. Cuando les revisaron el vehículo, encontraron la droga.

Tenían un ladrillo de un kilo de cocaína con el sello de un delfín y un número 10. Además, les incautaron 70 mil pesos y 200 dólares, y tres teléfonos celulares que llevaban encima y serán peritados.

La policía de la división drogas ilícitas requirió a la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani un allanamiento de urgencia en un domiclio de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias, ante la sospecha firme de que ese era el destino de la droga.

En esa vivienda incautaron 5 millones de pesos que estaban preparados dentro de una bolsa, todo indica que para hacer el pago de la cocaína que los detenidos ingresaban a San Pedro. También secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Menos de 24 horas permaneció detenido Jeremías Zacarías, de 22 años, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás dispusiera la revocación del beneficio de prisión domiciliaria y ordenara su inmediata detención. El responsable de la decisión es el Juez Anselmo Ezequiel González quien consideró que por su estado de salud merece la suspensión de la pena. Para ese fin la defensoría había presentado un hábeas corpus, pero el magistrado fue más allá cuando leyó el informe médico y en vez de buscar un lugar para la recuperación de su salud y una vida sana, lo devolvió al lugar desde donde lidera la organización de todo tipo de hechos peligrosos para sí mismo y fundamentalmente para la sociedad.

El traslado a la Comisaría de Zacarías se concretó en la tarde del lunes, cuando personal del Gabinete Criminológico lo derivó a la dependencia policial de Mitre 1990, donde permanecía alojado a disposición de la Justicia hasta la tarde del miércoles. Zacarías quedó parapléjico luego de un episodio en el que resultó herido y que lo mantiene en una silla de ruedas pese a que sus vecinos lo han visto manejar distintos rodados con los que tuvo a maltraer a otras víctimas.

Entre los antecedentes que figuran en la causa, se lo ubica a bordo de una motocicleta en el contexto de un ataque armado contra otro joven, quien ingresó al Hospital “Emilio Ruffa” con una herida de bala en una pierna. Por ese hecho, la madre de la víctima radicó la denuncia correspondiente.

La presencia de Zacarías en el barrio una vez más generó indignación entre los vecinos, quienes ya cuestionaban la decision de mantenerlo con arresto domiciliario en función de su historial y de los conflictos reiterados en la zona. 

El joven aparece mencionado en múltiples actuaciones policiales desde su adolescencia y ahora con 22 años, el hecho más resonante es el que lo mantiene a la espera del juicio en la causa conocida como “El Clan” en la que junto a otras siete personas se lo acusa por la comercialización y distribución de drogas.

En la tarde del lunes, personal del Gabinete Criminológico logró detener a Jeremías Zacarías quien pese a gozar del régimen de arresto domiciliario, fue identificado en la comisión de otros delitos y acusado también de liderar hechos en los que ordenaba a sus colaboradores amedrentar, amenazar y hasta actuar contra terceros. 

La última vez en la que fue mencionado, se lo ubicó a bordo de una moto desde que se descerrajaron disparos contra otro joven que llegó al hospital con una herida de bala en una pierna por la que su madre radicó una denuncia.

Jeremiás Zacarías tiene 22 años y esta orden de detención fue impartida por el Juzgado de Ejecución Penal San Nicolás que por el momento ha ordenado mantenerlo en custodia en sede policial, desde donde será trasladado para prestar declaración.

Su carrera delictiva lo ubica como una amenaza constante en la zona de Bajo Puerto, un lugar que ha sido escenario de múltiples requisas, allanamientos y enfrentamientos desde que el joven era adolescente. De hecho, la familia registra otros antecedentes violentos.  De hecho el más grave ocurrió en mayo de 2024, cuando tras un tiroteo y enfrentamiento barrial, incendiaron una vivienda en la noche en que los dos jóvenes heridos luchaban por su vida en el Hospital a raíz de la gravedad de las lesiones. Uno de elos, era Zacarías, tenían 20 y 21 años respectivamente.

Las últimas noticias relacionadas a Jeremías, datan de la segunda semana de Febrero cuando se confirmó la elevación a juicio de la causa conocida como "El Clan", indicaben que cumplía su condena con arresto domiciliadio en la vivienda ubicada en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional.

El expediente en el que se investigó la actividad de la banda dedicada al tráfico y comercialización de drogas incluye a ocho personas -seis varones y dos mujeres- de los cuales  Zacarías es uno de los seis imputados masculinos que llegan a la instancia de juicio.

Vale recordar que Víctor, el hermano de Jeremías purga una pena por el homicidio de Aníbal Corbalán. Un conocido mecánico de la zona de Villa Igoillo que fue ejecutado en inmediaciones del puerto por dos sujetos que en el momento del crimen tenian 23 años. Ocurrió en noviembre de 2014 y tras el paso de los años había logrado ser alojado en Baradero, con un régimen penal abierto del que escapó para ser recapturado para volver a prisión y cumplir la totalidad de la pena.

La denominada causa El Clan, que tiene a ocho personas acusadas de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar céntrico de ese nombre como presunto jefe, fue elevada a juicio.

El expediente recayó en el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás, integrado por Laura Fernández, Belén Ocaris y Cristian Ramos, y esta semana comenzó el ofrecimiento de prueba camino al debate.

Los imputados son seis varones y dos mujeres: Miguel Angel Briceño,  Alejo La Horca, Sebastián Mando,  Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay y Jeremías Ezequiel Zacarías; Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra.

Todo están acusados de formar parte de la banda, cuyos líderes, según la acusación, eran Briceño y La Horca, aunque de ellos dos sólo el primero llega al juicio detenido, puesto que al otro le habían dictado falta de mérito, al igual que a Sebastián Mando.

La Fiscalía n.° 1 que conduce Verónica Marcantonio lleva al juicio la acusación contra Briceño y La Horca de proveer al resto de cocaína y marihuana para su comercialización al menudeo en San Pedro.

Esa actividad fue detectada por la investigación al menos entre el 28 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, fecha en la que se produjeron los 16 allanamientos que permitieron desbaratar la banda.

A Briceño lo acusan de ser el cabecilla, con el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, en pleno centro de la ciudad, como pantalla. En su casa, ubicada en San Martín al 1400 secuestraron dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína, que pesaron 135 gramos.

Además, incautaron celulares; una computadora; dinero en efectivo en dólares, pesos y reales brasileños. En uno de los autos que usaba Briceño pusieron un rastreador para detectar sus movimientos. En su defensa, dijo que la droga “se la pusieron”.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada.

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después. 

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

El Tribunal en lo Criminal n.° 1 debe disponer fecha para el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos relacionados con la denominada banda de El Clan, acusada de vender drogas en San Pedro.

La policía de la División Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la tarde a una joven de 29 años sindicada como la responsable de vender drogas bajo la pantalla de una despensa y pollería de barrio.

Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la comercialización e estupefacientes, lo que motivó una investigación que permitió recabar pruebas suficientes para que la Justicia autorizara el procedimiento.

La despensa desde la que vendían cocaína está ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 1900, entre Bozzano y Ruffa. Además, allanaron la casa de la hermana de la acusada, ubicada al lado del comercio, donde escondía drogas.

La policía logró establecer con tareas de inteligencia que en esa despensa y pollería, además de los artículos habituales, se comercializaban estupefacientes al menudeo.

Durante los allanamientos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para la venta, valuada en alrededor de un millón y medio de pesos.

Además, incautaron teléfonos celulares que serán peritados, tarjetas de memoria de cámaras de seguridad y dinero en efectivo que se sospecha sería producto de la venta de drogas.

En la casa de la hermana, allanada de urgencia, hallaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon de los que suele utilizarse para preparar las dosis que luego se venden a los consumidores.

Mientras la policía de la División Drogas Ilícitas cumplía con el procedimiento, apareció un cliente a comprar cocaína, a quien le tomaron declaración testimonial en relación al caso.

La joven acusada fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Marcelo Ramírez, detenido la semana pasada tras una investigación que comprobó que vendía drogas en su casa de 11 de Septiembre 1350, había estado involucrado en el famoso caso Lux, boliche en el que un joven incrustó su auto tras ser echado y golpeado por patovicas.

Ramírez, a quien investigaron en la causa por drogas tras secuestrarle el celular luego de una denuncia por abuso sexual infantil intrafamiliar, era uno de los patovicas que le pegó al conductor del Clio que terminó con el coche adentro del local bailable de Pellegrini al 400.

El joven fue uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando le pegaban al muchacho tras expulsarlo del boliche. Además de las lesiones, los patovicas fueron imputados por robo, porque el joven le faltaron la billetera y otras pertenencias.

Ramírez, patrocinado por el abogado Mauricio Gugger, había logrado ante la Justicia una probation o suspensión de juicio a prueba, de manera tal que evitó ir a juicio y tenía que cumplir una serie de requisitos para que esa causa no le quedara como antecedente.

Fue detenido el jueves pasado por la División Drogas Ilícitas, que allanó su casa tras la investigación por la venta de estupefacientes. En su domicilio secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, y un trozo compacto de cocaína para fraccionar.

La investigación que la División Drogas Ilícitas llevó adelante para detener este jueves a un joven acusado de comercialización de estupefacientes en una vivienda de 11 de Septiembre 1350 comenzó con una denuncia por abuso sexual.

A Marcelo Ramírez le habían secuestrado el celular luego de que el año pasado lo denunciaran por el presunto abuso de una menor de edad del entorno familiar próximo.

Cuando abrieron el teléfono en la pericia se encontraron con una serie de chats que despertaron la sospecha acerca de la venta de drogas. Desde "tengo tantos gramos" a "puedo darte tanta plata y una campera". De ese tenor eran las conversaciones.

Fiscalía aplicó la doctrina del hallazgo casual razonable, conocida en la jerga judicial como "doctrina plain view (vista plana, en inglés)", que permite la incorporación de evidencia vinculada a un delito distinto al que autorizó el registro inicial.

Así, dispusieron el inicio de una investigación que llevó adelante el personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que incluyó el seguimiento para establecer que efectivamente los movimientos en la vivienda del imputado eran compatibles con el delito de venta de drogas.

Marcelo Ramírez fue aprehendido este jueves en un allanamiento que tuvo lugar en su domicilio, ubicado en 11 de Septiembre 1350, donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios listos para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

En su declaración indagatoria, Ramírez dijo que ese teléfono que le secuestraron en la causa por abuso y que contenía los chats que derivaron en la investigación por drogas no era suyo.

De la misma manera, aseguró que la droga secuestrada en su casa no le pertenece y sostuvo que era de su compañero de vivienda, que tiene problemas de adicciones.

Además, allanaron la vivienda de su novia, ubicada en Dávila al 700, una joven docente de primaria que no fue vinculada a la causa por venta de drogas y en cuyo domicilio secuestraron una escopeta recortada calibre 14.

Marcelo Ramírez fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también por "comercialización de estupefacientes", distinción que establece, para el segundo delito, que no es necesario el hallazgo de drogas para probar la venta, porque hay evidencia que permite establecerlo.

Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de drogas y secuestrar cocaína valuada en alrededor de 2 millones de pesos.

Fiscalía recibió datos que indicaban que un sujeto, identificado como Marcelo Ramírez, comercializaba estupefacientes en la zona de 11 de Septiembre 1350, donde tiene su domicilio.

La investigación logró recopilar información relevante para la causa, que incluyó seguimiento, análisis de conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas.

Así, la Justicia tuvo los elementos suficientes para autorizar los allanamientos, que tuvieron lugar en el domicilio del sindicado como responsable del delito y en la casa de su pareja, en Dávila al 700.

En la vivienda del acusado hallaron cocaína fraccionada y lista para su comercialización en pequeñas dosis, así como envoltorios con marihuana, también preparados para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación del caso. En la casa la pareja del aprehendido incautaron una escopeta recortada calibre 14.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, ante quien deberá prestar declaración indagatoria el imputado.

La División Drogas Ilícitas de la policía detuvo este miércoles al reconocido delincuente Eduardo "Puro" Olmos, a quien investigaban desde hace meses como responsable de una red de venta de drogas al menudeo.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que permitió el desarrollo de tareas de inteligencia para reunir elementos probatorios suficientes como para que el Juzgado de Garantías ordenara los allanamientos.

Con respaldo de la UTOI, la División Drogas Ilícitas llegó al Monoblock 13 del Fonavi I para detener a Olmos, un delincuente que reconocida trayectoria delictiva que estuvo involucrado en un recordado episodio armado que ocurrió en la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero en 2023.

La policía detectó que Puro Olmos utilizaba una moto recientemente adquirida para hacer el reparto de la droga que comercializaba y constató que en otros dos domicilios ubicados en Manuel Iglesias al 1400 escondía el material estupefaciente.

En el departamento del Fonavi donde lo detuvieron secuestraron la moto Yamaha XTZ que usaba Olmos para el delivery de drogas; 27 envoltorios de cocaína fraccionada, listos para la venta; y un trozo compacto de la misma droga valuado en alrededor de 5 millones de pesos.

También incautaron una balanza de precisión; dos armas de fuego; dinero en efectivo; y un celular cuya pericia permitirá avanzar en la causa, puesto que se sospecha que habría otros involucrados en la red de venta al menudeo que lideraba el detenido.

Puro Olmos quedó aprehendido acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. La causa penal tramita bajo la órbita de la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani.

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Miguel Ángel Briceño para que el sindicado como líder de una banda dedicada a la venta de drogas con el restaurante El Clan como pantalla goce del beneficio de arresto domiciliario.

El estudio jurídico Lima, que representa hasta el momento a Briceño —su familia consultó otros abogados para cambiar el patrocinio— pidió la posibilidad de que cumpla en su casa la prisión preventiva que le dictaron, pero el Juzgado interviniente lo denegó.

Hasta ahora, los planteos que hizo la defensa de Briceño en la causa no fueron atendidos. A la hora de solicitar su excarcelación, habían asegurado que la droga que hallaron en su casa —alrededor de 2 kilos de marihuana y casi 150 gramos de cocaína— "se la pusieron" en el allanamiento.

Briceño está acusado de ser quien "proveía material estupefaciente" al resto de los imputados, quienes le transferían dinero que para la investigación era producto de la comercialización de drogas.

Además del dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, están detenidos con prisión preventiva Daniel Mitacek; Nancy Lescano y su hija, Alejandra Pereyra; y los beneficiados con arresto domiciliario por cuestiones de salud Jeremías Zacarías y Jeremías Garay.

La abogada penalista Sofía Sanjurjo logró desvincular de la causa a Sebastián Mando, quien está en libertad al igual que Alejo La Horca, representado en la causa el nicoleño Jorge Ingrata, quien dijo en su declaración que conducía el auto de Briceño para "hacerse el lindo" y "hacerse ver" con las amigas. 

Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de venta de cocaína que regenteaba una mujer en el barrio Malvinas Argentinas.

Una denuncia anónima advirtió acerca de la actividad de comercialización de estupefacientes y la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani ordenó las tareas de campo que derivaron en dos allanamientos este jueves.

La policía especializada en investigaciones relacionadas con el narcomenudeo reunió elementos de prueba para allanar una vivienda ubicada en el pasaje Soldado Almonacid, ubicado entre Pueyrredón y Ayacucho, en el barrio Malvinas.

Allí la mujer investigada tenía el búnker desde donde comercializaba la droga. En el allanamiento secuestraron alrededor de 60 envoltorios de cocaína en pequeñas dosis listas para la venta.

Además, lograron establecer que en un domicilio de calle Alvear, entre Javier Rivero y Manuel  Iglesias, la acusada guardaba la droga que luego cortaba y estiraba para su comercialización.

Además de la cocaína preparada para la venta, los investigadores secuestraron diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

La mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una denuncia de la Secretaría de Seguridad municipal acerca de que en un domicilio ubicado en la zona de Cabrera y Casella, en inmediaciones del barrio San Francisco, vendían drogas permitió un allanamiento positivo en esa vivienda.

Allí secuestraron alrededor de 70 envoltorios de cocaína fraccionada que estaba lista para su comercialización; dinero en efectivo; dos balanzas de precisión; y recortes de nylon de los que se utilizan para envolver la droga y preparar las dosis para su venta.

Por el caso fueron aprehendidos Elisa Lencina y su hijo, Leoncio Lopes, a quien ya habían detenido por el mismo hecho en marzo pasado, cuando allanaron su vivienda tras una investigación policial.

Mientras la policía allanaba el lugar, llegaron al menos tres personas a comprar drogas, a quienes les tomaron declaración testimonial que abona a la acusación que pesa sobre los imputados.

El lugar ya había sido allanado en marzo pasado y por el caso había sido detenido un joven identificado como Leoncio Lopes, quien gozaba del beneficio de arresto domiciliario a raíz de situaciones de salud mental.

El personal de la División Drogas Ilícitas retomó la investigación sobre los movimientos en esa casa tras la denuncia del Municipio, bajo las órdenes de la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, en cuya órbita tramita la causa.

Tras recabar elementos de prueba suficientes para establecer la firme sospecha de que efectivamente en ese domicilio continuaban las operaciones de comercialización de estupefacientes, Ramos pidió el allanamiento y el juez de Garantías Ricardo Prati lo autorizó.

Los aprehendidos son la esposa y el hijo de Germán Lopes García, albañil por cuya muerte fueron condenados dos policías que aguardan el resultado de la apelación ante la Cámara de Casación para saber si deberámn cumplir la pena impuesta por "homicidio en exceso del cumplimiento del deber".

La policía allanó dos domicilios este jueves por la noche en el marco de la investigación por un robo ocurrido en un departamento del edificio Rosa, ubicado en Independencia 120.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer firmes sospechas sobre la autoría del robo. Los delincuentes ingresaron por la ventana del balcón tras dañar la traba y sustrajeron dinero en efectivo, un reloj tipo Smart watch y documentación.

Uno de los delincuentes autores del robo intentó hacer compras en comercios con las tarjetas de crédito de la víctima, una joven de 20 años que radicó la denuncia tras el robo.

Respecto de los allanamientos, uno tuvo lugar en la casa del delincuente conocido como "hombre araña", acusado de diversos ilícitos cometidos por escalamiento.

En esa casa de Rivadavia 1450 los resultados fueron negativos. El "hombre araña" estaba en el lugar, donde cumple arresto domiciliario dispuesto por la Justicia tras ser detenido por una serie de hechos delictivos.

El otro allanamiento tuvo lugar en Liniers 1245, donde también los resultados fueron negativos en relación a la investigación del robo, aunque secuestraron elementos vinculados a otros delitos.

Allí incautaron un revólver calibre 32 con seis balas y objetos vinculados a la comercialización de estupefacientes, que lo implicó la aprehensión de una mujer de 42 años.

Hallaron dos bolsas con marihuana que arrojaron un peso de 157 gramos y seis envoltorios de cocaína por 45,4 gramos, informaron autoridades. 

Federico Luciano Cabrera y Carlos Prudencio Benítez, ambos de 41 años, fueron absueltos por la Justicia en el juicio en el que se debatió la acusación que pesaba sobre ellos por presunta venta de drogas en la zona del barrio Cruz Roja.

Ambos llegaron a la instancia de debate oral y público tras denuncias anónimas que motivaron una investigación de la División Drogas Ilícitas de la policía y la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos.

La Justicia los consideró inocentes tras señalar que la investigación "se sustentó en observaciones indirectas, sin constatación definida y precisa de actos de comercialización atribuibles a los imputados".

Durante el juicio, no quedó debidamente probado el delito que se le endilgó a los acusados. 

Los policías a cargo de la pesquisa no declararon haberlos visto entregando estupefacientes a terceros ni recibiendo dinero a cambio, así como tampoco aportaron imágenes fotográficas o filmaciones.

Hubo un policía de la División Drogas Ilícitas asignado a tareas de campo que sólo pudo señalar que de acuerdo "su entender", su "experiencia" y su "interpretación" se veían movimientos compatibles con la venta de drogas. Las fotos que obtuvo eran "ostensiblemente borrosas" y no aportaron nada en concreto, de acuerdo a lo que consideró el Tribunal.

Nunca interceptaron a nadie afuera de los domicilios señalados que hubiera ido a comprar drogas, así como tampoco hicieron seguimiento sobre los presuntos clientes. De la misma manera, no lograron divisar sustancias estupefacientes en su poder.

Así, el Tribunal consideró "inexistencia de pruebas directas sobre actos de venta" tras la investigación de la División Drogas Ilícitas. Además, cuestionó que las fotos aportadas "carecían de metadatos verificables", lo que impidió "constar fecha, hora y coordenadas de geolocalización", garantías técnicas necesarias para darles valor probatorio.

Lo único que hallaron en los allanamientos en las viviendas de los imputados fueron cuatro gramos de cocaína en uno  y 15 gramos en el otro, algo de dinero y teléfonos celulares. Nada más. No había balanzas, recortes de nylon, elementos para fraccionar o estirar la droga, anotaciones vinculadas a la venta ni nada por el estilo.

Para que haya condena en una causa penal, la prueba debe ser "clara, precisa y suficiente", establece el Código Procesal. 

El Tribunal coincidió con el defensor oficial, Joaquín Castro, respecto de la "fragilidad" de los elementos probatorios aportados, en la "inexistencia de actos concluyentes de comercialización y la insuficiencia de los indicios para acreditar habitualidad, elemento esencial de la figura imputada".

En su alegato, la fiscala Viviana Ramos reconoció la ausencia de filmaciones y fotografías que puedan probar el delito de venta de drogas y lo atribuyó a "la realidad de barrios hostiles y a la precariedad de recursos con que cuenta la policía".

El Juez consideró que no se puede establecer responsabilidades penales con el argumento de que el Estado dispone de pocas herramientas para la investigación, puesto que, aun si así fuera el caso, "resulta a todas luces contrario a los más elementales principios constitucionales". 

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos acusados de integrar una banda dedicada a la venta de drogas cuyo cabecilla es el dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando y Alejo La Horca, que fueron desvinculados de la acusación por comercialización de estupefacientes, el resto permanece procesado porque las pruebas fueron consideradas suficientes como para mantenerlos detenidos.

La defensa de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h) asegura que los dos kilos de marihuana que encontraron en uno de sus vehículos "se la pusieron", que el coche "casualmente tenía abierto el baúl" y que "el testigo del allanamiento no certificó cómo le sacaron esa droga".

En un domicilio de San Martín 1430, le secuestraron a Briceño dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína que en total pesaban 135 gramos.

Además, incautaron celulares, una computadora, dinero en efectivo en pesos argentinos y reales brasileños. Está acusado de ser "quien proveía del material estupefaciente al resto" de los imputados como miembros de la banda.

Su defensa destacó que "no hay fotografías de Briceño vendiéndole droga a alguna persona de San Pedro conocida por sus adicciones ni filmaciones ni conversaciones" con los presuntos compradores.

La investigación comenzó con una denuncia contra Jeremías Garay. En las tareas de inteligencia, la policía identificó a Briceño como quien le proveería drogas para la venta al menudeo.

Establecieron que se movilizaba en un Volkswagen Passat, un Fiat Uno, una Volkswagen Amarok y un BMW X6 valuado en alrededor de 40 mil dólares, que compró entregando la camioneta como parte de pago.

El seguimiento constató que Briceño iba muy seguido a la casa de calle Dávila al 500 donde residían las detenidas Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra.

En las cuentas de MercadoPago y de Brubank de Briceño aparecen una gran cantidad de transferencias del resto de los imputados, lo que refuerza la sospecha de que vendían para él. En algunos casos las transferencias suman millones de pesos y son decenas.

Sobre esos movimientos de dinero, la defensa sostuvo que Briceño se dedicaba "a la compraventa de autos", además de la actividad gastronómica en el restobar El Clan, y que a esos comercios corresponden las transferencias.

Para el juez de Garantías, "los vastos elementos probatorios aportados en la causa, valorados de forma integral y conforme la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el grado de certeza exigido" respecto de la "probable participación" de Briceño y el resto de los imputados en el delito que se investiga.

Los detenidos acusados de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas bajo el mando del dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño, seguirán presos ahora con prisión preventiva, con excepción de dos, que fueron desvinculados de la organización.

Así, Briceño, sindicado como cabecilla; Daniel Mitacek; Nancy Lescano y su hija,  Alejandra Pereyra; seguirán tras las rejas, mientras que Jeremías Zacarías y Jeremías Garay también continuarán detenidos bajo la modalidad arresto domiciliario con la que fueron beneficiados por cuestiones de salud.

Por su parte, Sebastián Mando y Alejo La Horca recuperaron la libertad y además fueron desvinculados de la banda puesto que la Justicia consideró que no hay elementos suficientes para establecer la sospecha de que vendieran drogas, aunque quedaron imputados por "tenencia de estupefacientes" para consumo personal.

El Juzgado de Garantías desechó los planteos de la defensa particular de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h), y de la Defensoría Oficial que asiste al resto de los imputados a los que dictó la prisión preventiva.

Por su parte, la abogada penalista Sofía Sanjurjo logró la libertad de Mando tras aportar elementos de prueba que permitieron considerar que la droga secuestrada en su casa era para consumo personal y que los movimientos de dinero hacia la cuenta de Briceño estaban relacionados con su trabajo como mecánico.

Por su parte, el defensor particular de La Horca, Jorge Ingrata, puso de relieve que su asistido tenía drogas en su casa que en realidad pertenecían a un vecino que tiene problemas de adicciones y que el vínculo con Briceño estaba relacionado con la venta de celulares.

Además, como en la investigación había quedado establecido que utilizó en varias oportunidades el BMW X6 de Briceño —vehículo de alta gama valuado en alrededor de 40 mil dólares—, La Horca dijo que se lo pidió prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".