Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a través del Centro de Emergencias Policiales 911, derivó en un operativo con seis allanamientos simultáneos en el barrio Hermano Indio, donde fueron aprehendidas dos mujeres y se secuestraron casi 400 envoltorios de cocaína, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados con el fraccionamiento de drogas.

Lo que había anticipado La Opinión en los últimos días quedó corroborado por la información oficial, donde se brindaron detalles del trabajo.

Los procedimientos fueron concretados el viernes último por personal de la Delegación San Nicolás de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, luego de una investigación que comenzó formalmente el 5 de febrero de 2025, a partir de un oficio de la Fiscalía Nº 11, a cargo de la titular Viviana Ramos.

La pesquisa se originó en una denuncia anónima que daba cuenta de una presunta actividad de comercialización de estupefacientes desarrollada por dos mujeres en la ciudad.

A partir de las directivas judiciales, los investigadores realizaron distintas tareas de campo que permitieron individualizar a las personas señaladas y documentar movimientos que, según las actuaciones, serían compatibles con la venta de drogas.

Durante la investigación se estableció que Soledad Daniela L. se encontraba cumpliendo una condena por comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de arresto domiciliario. También fue identificado Cristian Alberto L., hermano de la investigada y pareja de Cecilia V.

Las averiguaciones permitieron determinar que un inmueble utilizado por Cecilia V., ubicado en el barrio Hermano Indio, funcionaba presuntamente como un punto de venta de estupefacientes al menudeo.

La investigación también puso el foco en las características del barrio, considerado de difícil acceso debido a la presencia de pasillos internos.

Durante las tareas de vigilancia, los efectivos observaron, además, la presencia habitual de personas que, según la hipótesis investigativa, cumplirían funciones de “satélites”, alertando a los puntos investigados sobre el ingreso de personas o vehículos ajenos al barrio.

A partir de mayo de 2026, el domicilio vinculado con Cecilia V. quedó relacionado con distintos episodios de violencia, entre ellos hechos en los que se registraron disparos de arma de fuego.

En ese contexto, su pareja fue detenida por orden del Juzgado de Ejecución Penal en una causa por Abuso de Armas y Amenazas.

De acuerdo con lo establecido por los investigadores, Cecilia V. mantenía la actividad de comercialización durante el día desde su domicilio. Por la tarde y la noche, presuntamente dejaba a terceras personas a cargo de las ventas y se trasladaba hacia otro inmueble desde donde continuaba con la actividad ilícita.

Con los elementos reunidos en la etapa investigativa, fueron elevados a la Fiscalía y se solicitaron seis órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El viernes 18 los efectivos concretaron de manera simultánea todos los procedimientos en el barrio Hermano Indio.

De acuerdo con la información policial, los resultados fueron positivos, principalmente en los objetivos vinculados con Cecilia V. y Jessica Q.

Durante los allanamientos se secuestraron 400 envoltorios de cocaína, aproximadamente, un trozo de marihuana, $ 280.000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En uno de los domicilios fue localizada Jessica, quien, según consta en las actuaciones, se encontraba comercializando estupefacientes al momento de concretarse la medida judicial.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas Cecilia Belén V. (27) y Jessica Belén Q. (41). La causa quedó caratulada “Comercialización de Estupefacientes”, con intervención de Viviana Ramos, y del juez de Garantías, Ricardo Luis Pratti.

Desde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recordaron que las denuncias relacionadas con la comercialización de drogas pueden realizarse de manera anónima y confidencial a través de la línea gratuita 0800-222-7060.

La División Drogas Ilícitas encabezó una serie de allanamientos en el barrio Hermano Indio vinculados a investigaciones relacionadas con causas que investigan la venta de estupefacientes.

La información preliminar de esos procedimientos indica que el operativo desarrollado en esa zona, con epicentro en inmediaciones de Cruz Roja y General Pueyrredón arrojó resultados positivos.

Al menos dos mujeres fueron aprehendidas vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo y quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo de las causas.

En los domicilios allanados secuestraron más de 300 dosis de cocaína en envoltorios de nylon, listas para su venta a consumidores.

En el barrio se vio un importante despliegue policial durante el viernes por la tarde, cuando el personal de la división antidrogas llegó con las órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías interviniente.

Drones, perros y varios patrulleros sitiaron la zona donde se desarrolló la actividad, que incluyó la presencia de efectivos con escudos ante la posibilidad de que, como sucede a menudo, les arrojaran piedras u otros obejtos contundentes.

Durante la tarde de este viernes, un importante despliegue policial se registraba en la zona del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio.

Personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense encabezaba el operativo, que incluía allanamientos en diversos domicilios de esa zona.

El barrio y sus inmediaciones es escenario constante de denuncias relacionadas con la comercialización de estupefacientes y de investigaciones vinculadas al narcomenudeo.

En las cuadras donde se desarrollaba la tarea policial se observó personal con drones y perros, además de efectivos con escudos como refuerzo ante eventuales ataques con piedras u objetos contundentes.

El barrio Hermano Indio ha sido objeto de múltiples allanamientos relacionados con la venta de drogas, con diversas bandas identificadas, con líderes que en algunos casos fueron detenidos.

En la zona, los vecinos aseguran que la proliferación de "kiosquitos" que comercializan drogas nunca cesó, a pesar de los operativos que incluyeron hasta el derribo de búnkeres.

Los enfrentamientos entre bandas que se disputan territorio para la venta de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo son constantes en el barrio, donde quienes no tienen nada que ver con la delincuencia viven atemorizados.

Desde la celda en la que está detenido desde marzo de 2025 y tras conocer la sentencia que lo condenó a seis años de cárcel por venta de drogas, Miguel Ángel Briceño aseguró que es inocente y que su condena "tiene fecha de vencimiento".

Briceño posteó un mensaje en redes sociales, acompañado de la noticia publicada por La Opinión respecto del juicio oral y público que se desarrollo en San Nicolás y cuyo resultado será apelado por sus abogadas, las penalistas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

"Mi condena tiene fecha de vencimiento. Que celebren la presunta victoria. Existe la verdadera justicia divina, eso lo tengo claro", dijo el dueño del restaurante El Clan, cuyo nombre le dio identidad pública a la causa.

"La justicia argentina está reflejada en este veredicto", aseguró Briceño y sostuvo: "Soy inocente de la acusación".

Briceño envió "bendiciones para los que eligieron tapar", en alusión a quienes él mismo denunció durante el juicio por "armar" la causa en su contra.

"Soy inocente y muchos lo saben, no solamente hablo de familia, sino la misma justicia, funcionaros públicos, pero es más fácil callar y condenar a una sola persona civil que ir contra ellos mismos", cuestionó.

"Si la misma Justicia no toma de raíz la corrupción, menos lo podremos demostrar nosotros", dijo y señaló que no le pesan los seis años y medio de cárcel que tiene por delante.

"Al menos luché para demostrar la falsa acusación, pero hoy me doy cuenta que una mano lava la otra y dos lavan la cara", dijo en su posteo.

"Bendiciones les mando a las personas que decidieron ocultar la verdad. En mi caso no se hizo justicia humana,  pero existe la justicia divina y no tengo duda alguna. No solamente conspiraron contra mi persona, también existe una familia detrás de mí y soy fiel creyente", finalizó.

Miguel Ángel Briceño fue acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo desde el restobar El Clan, utilizado "como pantalla". En la causa hay otros involucrados que eligieron ser sometidos a juicio abreviado.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás declaro culpable a Miguel Ángel Briceño y lo condenó a seis años y medio de prisión por venta de drogas

Briceño era dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, local que fue allanado junto a otros 15 domicilios en marzo del año pasado, en el marco de una causa que investigaba una banda dedicada al narcomenudeo en San Pedro.

Miguel Ángel Briceño fue acusado de liderar esa banda y la investigación imputó a otras personas que eligieron el juicio abreviado. Además, hubo un acusado que accedió a probation y otro que fue absuelto en este juicio.

Daniel Mitacek, Jeremías Garay, Nancy Lescano, Geraldine Pereyra y Jeremías Zacarías eligieron el trámite abreviado, por lo que otro Tribunal será el encargado de analizar sus casos y resolver en consecuencia.

Alejo La Horca, por su parte, fue sometido a suspensión de juicio a prueba acusado de tenencia simple, a pesar de que al comienzo de la causa lo habían sindicado como el otro distribuidor. 

Sebastián Mando llegó al juicio oral acusado de tenencia simple y fue absuelto, tal como estimaban sus abogadas,  Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, quienes también defendieron a Briceño en el juicio y adelantaron a La Opinión que apelarán el fallo condenatorio.

Briceño está detenido desde que el 27 de marzo del año pasado se produjeron los allanamientos que desbarataron la banda de la que era presunto líder. En su poder, secuestraron dos ladrillos de marihuana que pesaban más de un kilo y 135 gramos de cocaína.

En su defensa, las abogadas de Briceño denunciaron a la policía de la División Drogas Ilícitas que encabezó el procedimiento y sostuvieron que la droga fue "plantada" en la casa del ahora condenado.

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás que intervino en la causa conocida como El Clan dará a conocer su veredicto respecto de Miguel Ángel Briceño, dueño del restobar de ese nombre a quien acusaron de ser el cabecilla de una banda dedicada a la venta de drogas en San Pedro.

El juicio se desarrolló durante dos largas jornadas en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales nicoleño. 

El primer día se escucharon a los testigos y durante el segundo, los alegatos de la fiscala tematizada en delitos relacionados con las drogas, Verónica Marcantonio, y la defensa de Briceño, a cargo de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

A Briceño lo acusaron de liderar la banda y de ser el responsable de la distribución de las drogas que vendían bajo la modalidad narcomenudeo otros imputados, que en su mayoría resolverán su situación procesal a través de un juicio de trámite abreviado.

Por su parte, la defensa sostuvo que no hay elementos suficientes para probar la acusación y que Briceño no debería ser condenado sólo porque hay una serie de transferencias a su nombre por parte del resto de los imputados o de presuntos compradores de drogas.

Durante el juicio, Briceño denunció a efectivos de la división drogas ilícitas de la policía por presunta extorsión y sus abogadas cuestionaron a diversos testigos, entre ellos policías investigados por corrupción y hasta un testigo exconvicto que llegó y se retiró del juicio con la policía.

El planteo de la defensa fue que la causa está "armada" contra el imputado y que "le plantaron la droga", como sostuvo Briceño desde el día en que lo detuvieron junto al resto de los acusados, en el marco de 16 allanamientos ordenados por la Justicia.

En sus alegatos, Sanjurjo y Croizet aseguraron que "jamás" utilizarían una falsa denuncia como hipótesis defensista y sostuvieron que a Briceño “le armaron una causa”.

Advirtieron, además, que la carga da la prueba está sobre Fiscalía, por lo que entienden que los elementos que se expusieron en el juicio no son suficientes para una condena.

"Presumieron que vendía estupefacientes, pero no lo demostraron", aseguraron en su alegato y sostuvieron que "intentaron implantar la hipótesis del proveedor". 

Tras la detención de Marcelo "Gordo" Sotelo en el barrio Futuro, la tensión crece en la zona y la preocupación de vecinos por la falta de presencia policial ya es temor.

"El Gordo" fue detenido con más de 500 gramos de cocaína de máxima pureza que arrojó contra la casa de un vecino cuando vio a la policía, que había ido a allanar su vivienda por un hecho de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

Luego de que se lo llevaran preso, sus allegados arremetieron contra varias viviendas del barrio: piedrazos, tiros, gritos, amenazas y un sinfín de episodios violentos que obligaron, en algunos casos, a abandonar la zona.

Uno de los vecinos cuya casa fue objeto de la violencia del grupo al que todos sindican como parte de la banda dedicada a la venta de drogas se atrincheró.

En la vivienda residían su expareja y sus hijos. El lunes por la noche, estaba la mujer sola con la nena más chica. El hijo adolescente estaba con el papá. Ya dormían cuando los llamaron desesperados por la situación.

El muchacho se dirigió a su casa y, tras su arribo, integrantes del sindicato al que pertenece por su trabajo lo ayudaron. En la vivienda no le quedó un solo vidrio. Rompieron todo a piedrazos.

En el barrio no quedó custodia policial tras la detención de Sotelo. Algún patrullero dio un par de vueltas durante la madrugada, pero no mucho más.

De los kioscos de la zona se veía salir a adolescentes haciendo alarde de su consumo de drogas y el uso de armas. El mismo alarde hicieron en redes sociales.

"Pusimos los roperos conta las ventanas y colocamos fenólico. Me quedé a cuidar la casa para que no se metan", contó a La Opinión uno de los damnificados por el violento accionar de los allegados al "Gordo" Sotelo.

"Los de al lado pusieron chapas en el frente porque se les meten", agregó. Es uno más de los vecinos que están cansados de vivir así en un barrio que nació al calor de la autoconstrucción por parte de gente trabajadora.

Desde el lunes a la noche, nadie duerme. Ni los violentos, probablemente bajo los efectos de las drogas, ni los vecinos, alertas. "Es un calvario", aseguraron

El relato desde hace tiempo en el barrio Futuro es coincidente: "Quieren hacer lo mismo que en Hermano Indio", dicen. Se refieren al proceso que transformó ese asentamiento precario en una verdadero refugio de la delincuencia, especialmente de las bandas dedicadas a la venta de drogas.

En barrio Futuro se vendieron algunas propiedades. No sólo el "Gordo" Sotelo se mudó a la zona. Hay otros integrantes de su banda que también adquirieron o tomaron casas. Echar al resto a la fuerza es lo que hicieron en el Hermano Indio. Acá, por ahora, resisten.

"Ellos dicen que la tienen toda, que la ponen toda. No les importa nada. Se instalaron acá y a la noche es lleno de pibes en moto, con gomeras, con pistolas, con ametralladoras. Es un desastre esto", aseguraron.

La "violencia narco" que desde hace unos años denuncian los vecinos del barrio Futuro tuvo este lunes por la noche un pico de tensión: detuvieron a un peligroso delincuente con medio kilo de cocaína y luego se desató una ola de tiros, piedrazos y amenazas.

El detenido es Marcelo “Gordo” Sotelo, un reconocidísimo delincuente de 36 años cuya trayectoria de problemas con la Justicia penal se remonta a cuando era menor de edad. Anoche lo atraparon con un verdadero cargamento de drogas.

La policía había ido a la zona para cumplir con una orden de allanamiento relacionada con amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, un delito que se volvió normal en el barrio y por el que ya hubo otros procedimientos.

Marcelo Sotelo llegaba a su casa, en calle 60 al 1000, a bordo de una moto. Al ver a la policia, arrojó hacia lo de un vecino una bolsa que llevaba encima. Adentro había 525 gramos de cocaína de máxima pureza.

“El Gordo” es investigado por la Justicia por cuestiones relacionadas con la venta de drogas desde hace tiempo. En la zona, todos dicen que es “el transa del barrio”. 

La droga secuestrada parece decir mucho más: medio kilo de cocaína de máxima pureza permite “estirarla” hasta el doble, el triple, acaso más. No todo eso se puede vender desde un mismo búnker.

 En 2024 Sotelo había sido detenido cuando irrumpió armado en la casa de la familia del fallecido Milciades Lencina. La investigación dice que ese enfrentamiento está relacionado con la disputa de territorio narco.

Anoche, cuando tiró la bolsa con cocaína a lo de un vecino, la policía lo detuvo  una vez más y secuestró la droga. Cuando se lo llevaron esposado junto a un joven de 21 años qe luego recuperó la libertad, comenzó, una vez más, la batahola en el barrio Futuro.

“Hubo una batalla campal”, dijo un vecino a La Opinión. “Hubo tiros, piedrazos, amenazaron a un muchacho que tuvo que salir de testigo porque lo agarró la policía”, agregó otro.

"Somos rehenes de los narcos”, resumió otro vecino del barrio Futuro.

En una de las viviendas donde hubo agresiones, la familia solicitó ayuda de personas vinculadas a un sindicato que fueron a modo de protección. Así pasaron la noche en el barrio Futuro.

“Están pudriendo el barrio, los vecinos están todo el día con el corazón en la boca. No podemos vivir de esta manera", señalaron. Los distintos testimonios aseguran estar “aterrorizados” y afirman que la situación se volvió cada vez más difícil de soportar.

“Ya no sabemos qué hacer, no sabemos a quién pedirle ayuda”, expresó otro habitante histórico de la zona. En medio, los chicos que jugaban en la calle, autos con parabrisas dañados y el temor generalizado.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este martes hubo allanamientos en el barrio, con presencia de efectivos policiales y una ambulancia.

Cansados y preocupados, quienes viven en el barrio Futuro reclaman mayor presencia y asistencia por parte de las autoridades.

“Somos vecinos que estamos cansados de todo esto”, expresaron, y pidieron que sus testimonios sean difundidos de manera anónima por temor a represalias.

Este lunes, en los Tribunales de San Nicolás, se desarrollará el juicio oral y público de la causa que investiga una presunta banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar El Clan, Miguel Briceño, como supuesto líder de la organización.

La causa había sido elevada a juicio en febrero pasado y ahora llega a debate, pero con apenas dos de los involucrados, puesto que el resto eligió otros caminos judiciales para la resolución de su caso.

La investigación que llevó adelante la policía de la División Drogas Ilícitas comenzó a fines de 2023 y se extendió hasta marzo de 2024. Un año después —porque antes se había frustrado el procedimiento por "filtrciones—, se produjeron los 16 allanamientos que derivaron en la denominada causa El Clan.

Miguel Ángel Briceño es el único que va a la sala de audiencias acusado de venta de drogas, sindicado como el presunto líder de la banda y responsable de la distribución de los estupefacientes para la comercialización que harían los demás.

También estará en este juicio oral y público Sebastián Mando, a quien finalmente sólo pudieron acusar de tenencia simple, lo que implica que sea llamativo que llegue a debate, puesto que la jurisprudencia lo favorece.

Daniel Mitacek, Jeremías Garay, Nancy Lescano, Geraldine Pereyra y Jeremías Zacarías eligieron el trámite abreviado, por lo que otro Tribunal será el encargado de analizar sus casos y resolver en consecuencia.

Alejo La Horca, por su parte, fue sometido a probation (suspensión de juicio a prueba), acusado de tenencia simple, a pesar de que al comienzo de la causa lo habían sindicado como el otro distribuidor.

El dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, llega al juicio con la defensa particular de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, quienes adelantaron a La Opinión que los elementos que obran en la causa no son suficientes para condenarlo.

Briceño llega al juicio detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde la semana pasada las abogadas se entrevistaron con él para el último paso de una estrategia de defensa que irá contra la propia policía que intervino en la investigación.

"Lo único que hay son transferencias de dinero que están justificadas. Todo lo demás es irregular y lo vamos a demostrar", dijo Sanjurjo a La Opinión y aseguró que en el debate expondrán "pruebas de la extorsión" de la que habría sido objeto Briceño antes de ser detenido.

El juicio tendrá lugar en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que podrá resolverse en una jornada, la de este lunes.

Briceño está acusado de liderar la banda como responsable de la distribución de cocaína y marihuana, con el restobar El Clan como pantalla, y proveer al resto para el narcomenudeo.

En su casa, la policía secuestró el día de los allanamientos dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de 1,162 kg y cinco envoltorios de cocaína que pesaron 135 gramos. Desde el primer momento, Briceño aseguró que a esa droga se "la pusieron".

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después.

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada, por lo que también está acusado de tenencia ilegal de armas.

El enfrentamiento entre bandas de jóvenes que se disputan territorio por la venta de drogas crece y tiene zonas bien marcadas, en las que hubo allanamientos en las últimas horas.

Las inmediaciones de los barrios Futuro, Arcor y la zona de Hermando Indio, Malvinas Argentinas y la escuela 11 volvieron a quedar en el centro de la atención policial tras una serie de tiroteos.

Con órdenes de allanamiento en el marco de causas caratuladas como abuso de arma agravado, la policía requisó cuatro domicilios en esos barrios, con resultados negativos en algunos y con la detención de un adolescente de 15 años en otro.

El joven ya tiene una vasta trayectoria delictiva que hunde sus raíces en hechos relacionados con una banda que lidera su padre, un conocido delincuente que pasó varios años en la cárcel.

Tras su aprehensión en un domicilio próximo al barrio Futuro, la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó  entregarlo a sus progenitores, como cada vez que se ve involucrado en un hecho de estas características.

En ese barrio se escucharon detonaciones y los vecinos sostienen que hay dos pasillos donde mandan vendedores de droga, con gente armada, lo que incluye mujeres y niños.

En el Hermano Indio y en Malvinas Argentinas, los búnkers de narcomenudeo no deja de aparecer, incluso en zonas donde hubo allanamientos, detenidos y ranchos tirados abajo.

En inmediaciones de la escuela 11, los vecinos sindican a una reconocida familia de delincuentes y a un grupo integrado por chicos de entre 14 y 17 años como parte del conflicto armado que ya es habitual en el barrio.

Tiros, robos, venta de droga, disputa de territorio y de clientes forman parte de un combo con el que en esas tres zonas los vecinos conviven a diario.

En el marco de tareas de prevención desarrolladas en la ruta 9, personal policial de la Sub DDI San Pedro - Baradero detuvo este viernes a un hombre de 41 años que tenía pedido de captura por venta de drogas.

El sujeto fue interceptado por los efectivos en el kilómetro 175 de la autopista, en inmediaciones de Gobernador Castro, cuando merodeaba entre camiones estacionados a la vera de la ruta, en sentido Buenos Aires - Rosario.

Tras identificarlo, consultaron en el sistema informático y detectaron que tenía un pedido de captura activo por el delito de comercialización de estupefacientes.

La orden de detención había sido emitida por el Juzgado de Garantías interviniente en noviembre de 2022. Fue trasladado a sede policial para ponerlo a disposición de la Justicia.

El operativo de la DDI en la ruta 9 está enmarcado en las tareas conjuntas coordinadas con la Secretaría de Seguridad municipal. 

La condena por transporte de drogas que recibieron el exgerente de Coplac Rafael Rodrigues y su cómplice, Nicolás Acuña Acevedo, fue innovadora respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite celeridad en la administración de Justicia.

Ambos fueron detenidos el 18 de marzo cuando los interceptaron en ruta 1001 a bordo de un Toyota Corolla en el que llevaban escondido un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza.

Dos meses y medio después, en los primeros días de junio, el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo los condenó a cuatro años de prisión efectiva y dos años de prisión condicional, respectivamente.

El juicio fue a través de la institución del trámite abreviado, acordado entre el abogado de los imputados, Hugo Lima (h) y el fiscal federal Matías di Lello.

"El Estado consiguió la condena de dos personas. Uno salió en libertad y otro tuvo una pena menor", destacó Lima en diálogo con La Opinión y puso de relieve la importancia de la celeridad en los procesos judiciales.

"Aquí encontraron un kilo de cocaína de extrema pureza escondida en el auto. No había mucho que discutir, sino encontrar la mejor forma. Aprovechamos la posibilidad del juicio abreviado, lo pautamos, el juez lo homologó y dictó sentencia, en menos de tres meses", destacó.

Lima logró la pena mínima para Rodrigues, en un delito que tiene una escala que va de 4 a 15 años de prisión. La presunción de participación en una cadena de comercialización mayor podría haberle jugado en contra. Su condición de adicto y la falta de otros elementos de prueba favorecieron la consideración como "simple transportador" de la droga.

Apenas detenidos, Rodrigues y Acuña Acevedo fueron trasladados a la cárcel de Devoto. Desde allí contactaron a Lima y mantuvieron audiencias virtuales para el desarrollo del proceso. El brasileño quedó alojado en esa dependencia y el otro recuperó la libertad tras la condena.

"A la hora del acuerdo, les dije que no había mucho más para hacer. Ellos se dan cuenta, tenían toda esa droga encima, escondida en el auto, bajo el torpedo, la casa donde encontraron la plata era de Rodrigues, no había mucho para discutir", reconoció Lima.

Para el abogado, el proceso fue exitoso en la medida en que obtuvo penas menores para sus asistidos y "el Estado logró dos condenas". La sentencia no es apelable por haberse tramitado en juicio abreviado.

"Esto se achicó de un proceso de tres años a tres meses, todo el desgaste, escritos, gente, recursos, todo eso se ahorró, por eso el procedimiento fue muy innovativo", destacó Lima.

El exgerente de Coplac que fue detenido en marzo pasado con un kilo de cocaína cuando ingresaba a San Pedro junto a un acompañante oriundo de Lomas de Zamora fue condenado por el delito de "transporte de drogas".

La causa tramitó en el fuero Federal, puesto que ese tipo de calificación trasciende los límites de la Justicia ordinaria, y se resolvió en juicio abreviado por acuerdo entre las partes.

El fiscal federal Matías di Lello y los abogados del estudio jurídico Lima y asociados acordaron, para el caso de condena, penas mínimas para el delito en cuestión.

Con las pruebas obrantes en el expediente, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo condenó a Rafael Rodrigues, alias "el brasileño", a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Su cómplice, identificado como Nicolás Acuña Acevedo y oriundo de Lomas de Zamora, fue condenado a dos años y medio de ejecución condicional, como partícipe secundario, por lo que recuperó la libertad.

Ambos estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Federal, conocido como la cárcel de Devoto. Rodrigues seguirá alojado bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mientras que Acuña se fue libre apenas homologado el acuerdo del juicio abreviado.

Rafael Rodrigues y Nicolás Acuña Acevedo fueron detenidos la noche del 18 de marzo de este año en la ruta 1001, cuando ingresaban a la ciudad en un Toyota Corolla blanco en el que llevaban un kilo de cocaína.

Fueron interceptados por la policía de la División Drogas Ilícitas, que no tenía una investigación en marcha sobre ellos, pero evidentemente había tomado algún tipo de conocimiento respecto de ese traslado.

El Toyota iba a toda velocidad y la aumentó cuando vieron a la policía. Allí comenzó una persecución que permitió detenerlos. Cuando revisaron el vehículo, hallaron un ladrillo con un kilo de cocaína con el sello de un delfín y número 10 que estaba escondido bajo la consola del tablero del coche.

Un allanamiento de urgencia dispuesto en un domicilio de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias secuestró una bolsa de nylon negra que tenía 5 millones de pesos y que se sospecha estaban destinados a pagar esa droga. 

Esa casa guarda vínculos con otro resonante caso: el asesinato de la niña Uma Aguilera, ocurrido durante un asalto en Lomas de Zamora, que tiene un condenado que se escondió en San Pedro, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas.

La causa tramitó primero en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio, pero la tipificación penal de "transporte de drogas" derivó el expediente al fuero Federal, donde se resolvió en poco más de dos meses a través de un juicio de trámite abreviado.

La defensa logró una pena de cuatro años para Rodrigues y de dos y medio para Acuña Acevedo. El segundo tuvo ese beneficio porque en los allanamientos que se dispusieron en su domicilio, el de su familia cercana y en su lugar de trabajo no encontraron nada.

Como no había una investigación en marcha, puesto que los detuvieron en un "operativo de rutina", los allanamientos se produjeron varios días después de que los detengan, sin éxito para los fines de la causa.

Rafael Rodrigues vivía en San Pedro desde que llegó junto con la fábrica de alfombras para automóviles Coplac. Su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, era uno de los dueños. Primero trabajó en la planta de Córdoba de esa empresa y luego recaló en la local, donde fue gerente de ventas.

Rodrigues fue relacionado con el submundo de las drogas a poco de instalarse en San Pedro. Estaba en Coplac cuando un reconocido personaje que tiene negocios irregulares a la vista de todos y que supo estar procesado por causas por venta de estupefacientes lo amenazó de muerte porque le debía dinero del consumo.

Cuando lo desvincularon de la empresa porque descubrieron que habría desviado dinero para pagar deudas de drogas, Rodrigues se transformó en remisero. Las sospechas sobre vinculaciones con el presunto delivery de estupefacientes siempre lo rondaron.

A más de cuatro años de los allanamientos en San Pedro, Zárate y Lima encabezados por la división drogas ilícitas de la policía que derivó en el caso conocido como "pizza y drogas", puesto que en la vivienda en nuestra ciudad funcionaba una pizzería, los tres acusados fueron excarcelados.

Norberto Raúl Paz, su hijo Leonardo y la pareja del más joven, Sandra Mabel Berón, estaban bajo arresto domiciliario cumpliendo prisión preventiva en el marco de la investigación.

Por el paso del tiempo —la preventiva en Buenos Aires puede ser revisada cada ocho meses—, el Juzgado de Garantías interviniente consideró que hubo un "exceso del plazo razonable" camino al juicio.

La causa es por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y ya había tenido una modificación sustancial cuando Garantías consideró que no estaba probada debidamente la acusación de venta de drogas.

Desde el primer día, los Paz aseguraron que los alrededor de 130 envoltorios con cocaína secuestrada en su poder en la casa de Nieto de Torres al 400 "los puso la policía". 

“Como venía diciendo desde hace mas de 4 años y 2 meses , somos inocentes, ahora nos dan la libertad porque se agotaron los tiempos para encontrar pruebas”, dijo a La Opinión Raúl Paz esta semana.

Paz reclamó por elementos que la policía “se robó” de su casa: “Cañas de pescar , reels , muchas cosas de valor” y señaló: “Quién nos devuelve el tiempo perdido , quién nos devuelve el dinero que me saquearon , etc.".

La policía del destacamento de la localidad de Río Tala detuvo en la vía pública a un vecino condenado por delitos relacionados con la venta de drogas.

Identificado como Carlos David García, de 52 años, fue apresado tras la orden de detención emanada por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para que cumpla la condena impuesta.

Así, los efectivos lo detuvieron en un domicilio de calle Güemes de Río Tala y lo pusieron a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría local, donde quedó alojado en una celda del sector de calabozos a la espera de que el Servicio Penitenciario informe cupo de alojamiento en una cárcel.

La causa del secuestro de un kilo de cocaína en ruta 1001 que ingresaba a San Pedro para ser entregada a quienes se dedican a preparar dosis para el narcomenudeo sigue generando detalles que permiten trazar el mapa delictivo que rodea el caso.

A la revelación que hizo La Opinión respecto de que uno de los detenidos es Rafael Rodrigues, exgerente de ventas de la fábrica Coplac, se suma ahora otro dato importante sobre la trama.

La casa allanada, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos preparada para pagar la entrega de la cocaína guarda relación con un resonante caso nacional.

Esa casa tiene vínculos familiares con la novia de Axel Emiliano "Pelusa" Rojas, uno de los tres condenados por el asesinato de la pequeña Uma Aguilera, hija de custodios de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien balearon en un intento de robo.

Pelusa Rojas es el joven de 20 años que fue detenido en San Pedro en una casa del barrio Los Aromos, donde había alquilado un precario cuarto. Su lugar de refugio original era la misma vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez allanada en el caso de la cocaína.

Así consta en la investigación que derivó en la detención de Rojas el 25 de enero de 2024, tres días después del crimen, cometido en Lomas de Zamora.

Rojas tenía una relación de noviazgo con una chica cuya familia residía en esa casa y allí iba a refugiarse, aunque luego terminó en la vivienda de Almafuerte al 3800 donde lo detuvieron.

La vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez fue allanada luego de que la división drogas ilícitas de la policía interceptara un Toyota Corolla en el que venía escondida la droga.

Ese kilo de cocaína tenía como destino ese domicilio, donde esperaban con la bolsa llena de dinero para pagar. 

La droga sería para distribuir en una red de narcomenudeo que, según investigan, encabezaría una reconocida familia de la zona próxima a la vivienda allanada.

Un hombre de nacionalidad brasileña y otro con domicilio en Lomas de Zamora fueron detenidos el jueves por la madrugada en ruta 1001, cuando ingresaban a San Pedro con un kilo de cocaína escondido bajo la consola de un Toyota Corolla blanco.

El brasileño no era un desconocido para la ciudad: identificado como Rafael Rodrigues, está radicado en San Pedro desde que llegó al país para trabajar en las empresas de su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, uno de los dueños de Coplac.

Rodrigues llegó a la Argentina primero para ocupar un cargo en la planta que esa empresa de capitales brasileños tenía en la provincia de Córdoba. 

Luego fue derivado a San Pedro, donde era gerente de ventas y tenía a su cargo todas las negociaciones con las terminales automotrices a las que Coplac les comercializaba las alfombras que fabricaban en la planta local.

En esa fábrica, Rafael Rodrigues se enamoró de una empleada. Correspondido, formó pareja y hasta tuvo una hija. Con esa mujer convivía cuando un auditor que Coplac envió de Brasil informó a los dueños que había que detectado el presunto desvío de fuertes sumas de dinero de la empresa.

Eso fue un tiempo antes de que Coplac decidiera despedir a todo su personal y cerrar su fábrica en San Pedro en medio de la crisis económica de 2018. El presunto faltante de dinero estaría relacionado con problemas de adicciones a las drogas. Fue desvinculado, pero siguió en San Pedro, con su familia.

Rodrigues ya había tenido conflictos con algunos personajes locales vinculados al submundo de la comercialización de estupefacientes, de esos que tienen negocios irregulares a la vista de todos, en espacios públicos tomados y con conexiones clandestinas a la electricidad que constantemente vuelve a enganchar cuando Coopser lo desconecta.

En ese momento, profesionales allegados a Coplac y exintegrantes de las fuerzas de seguridad intercedieron por él. Había tenido amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Luego, recompuso la relación con sus acreedores y no falta quienes dicen que hasta habría trabajado para ellos en actividades vinculadas a la que ahora lo mantienen detenido.

A esas actividades ilegales habría comenzado a dedicarse tras dejar de trabajar con la familia de su ahora expareja. Ya separado, vivió en la zona del barrio 1° de Mayo y últimamente en el Futuro. Se lo veía como remisero, una tarea que no habría sido otra cosa que una pantalla para otras cosas.

De los años de Coplac muchos lo recuerdan porque le gustaba jugar al fútbol e ir a la cancha. Incluso invitaba gente a que lo acompañe a un palco para ir a ver a Boca. Solía participar en los torneos internos del club de Pescadores.

También le gustaba pescar. En esas incursiones en la isla habría comenzado su relación con las drogas, invitado por empleados de la fábrica que aprovechaban que el jefe "pagaba todo", lo que incluiría esos otros vicios.

En las investigaciones relacionadas con el ingreso de drogas a San Pedro para entregar en búnkeres donde se preparan las dosis que son vendidas al menudeo lo tendrían señalado por sus constantes viajes a Lomas de Zamora, distrito del sur del conurbano de donde es oriundo el otro detenido.

"Era un pibe sano, normal. Pero el tema de las adicciones lo cambió, ahora estaba muy flaco, deteriorado", aseguran quienes lo conocieron desde que llegó a San Pedro. "Le gustaban los autos, la velocidad", contaron.

El Toyota Corolla blanco en el que fue detenido el jueves por la madrugada circulaba a altísima velocidad por ruta 1001 y no paró cuando los efectivos de la división Drogas Ilícitas de la policía intentó interceptarlo.

Para detener a sus ocupantes, hubo una persecución. Tras obtener el ladrillo de  un kilo de cocaína de máxima pureza que llevaban escondido en el auto, hubo un allanamiento en Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos presuntamente destinados a pagar esa droga.

La causa tramita en la órbita de la Fiscalía n.° 1 de San Nicolás, que conduce Verónica Marcantonio, especializada en cuestiones relacionadas con la comercialización de estupefacientes en el departamento judicial al que pertenece San Pedro.

La policía de investigación del tráfico de drogas detuvo este jueves por la madrugada a dos personas que ingresaban a la ciudad en un automóvil con un kilo de cocaína que traían para entregar en un domicilio para su posterior fraccionamiento y venta al menudeo.

En ruta 1001, detectaron un automóvil Toyota Corolla blanco a alta velocidad, cuyos ocupantes evitaron el control, tras lo que comenzó una persecución que permitió interceptarlos.

En el coche iban un hombre de nacionalidad brasileña y otro con domicilio en Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. Cuando les revisaron el vehículo, encontraron la droga.

Tenían un ladrillo de un kilo de cocaína con el sello de un delfín y un número 10. Además, les incautaron 70 mil pesos y 200 dólares, y tres teléfonos celulares que llevaban encima y serán peritados.

La policía de la división drogas ilícitas requirió a la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani un allanamiento de urgencia en un domiclio de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias, ante la sospecha firme de que ese era el destino de la droga.

En esa vivienda incautaron 5 millones de pesos que estaban preparados dentro de una bolsa, todo indica que para hacer el pago de la cocaína que los detenidos ingresaban a San Pedro. También secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Menos de 24 horas permaneció detenido Jeremías Zacarías, de 22 años, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás dispusiera la revocación del beneficio de prisión domiciliaria y ordenara su inmediata detención. El responsable de la decisión es el Juez Anselmo Ezequiel González quien consideró que por su estado de salud merece la suspensión de la pena. Para ese fin la defensoría había presentado un hábeas corpus, pero el magistrado fue más allá cuando leyó el informe médico y en vez de buscar un lugar para la recuperación de su salud y una vida sana, lo devolvió al lugar desde donde lidera la organización de todo tipo de hechos peligrosos para sí mismo y fundamentalmente para la sociedad.

El traslado a la Comisaría de Zacarías se concretó en la tarde del lunes, cuando personal del Gabinete Criminológico lo derivó a la dependencia policial de Mitre 1990, donde permanecía alojado a disposición de la Justicia hasta la tarde del miércoles. Zacarías quedó parapléjico luego de un episodio en el que resultó herido y que lo mantiene en una silla de ruedas pese a que sus vecinos lo han visto manejar distintos rodados con los que tuvo a maltraer a otras víctimas.

Entre los antecedentes que figuran en la causa, se lo ubica a bordo de una motocicleta en el contexto de un ataque armado contra otro joven, quien ingresó al Hospital “Emilio Ruffa” con una herida de bala en una pierna. Por ese hecho, la madre de la víctima radicó la denuncia correspondiente.

La presencia de Zacarías en el barrio una vez más generó indignación entre los vecinos, quienes ya cuestionaban la decision de mantenerlo con arresto domiciliario en función de su historial y de los conflictos reiterados en la zona. 

El joven aparece mencionado en múltiples actuaciones policiales desde su adolescencia y ahora con 22 años, el hecho más resonante es el que lo mantiene a la espera del juicio en la causa conocida como “El Clan” en la que junto a otras siete personas se lo acusa por la comercialización y distribución de drogas.

En la tarde del lunes, personal del Gabinete Criminológico logró detener a Jeremías Zacarías quien pese a gozar del régimen de arresto domiciliario, fue identificado en la comisión de otros delitos y acusado también de liderar hechos en los que ordenaba a sus colaboradores amedrentar, amenazar y hasta actuar contra terceros. 

La última vez en la que fue mencionado, se lo ubicó a bordo de una moto desde que se descerrajaron disparos contra otro joven que llegó al hospital con una herida de bala en una pierna por la que su madre radicó una denuncia.

Jeremiás Zacarías tiene 22 años y esta orden de detención fue impartida por el Juzgado de Ejecución Penal San Nicolás que por el momento ha ordenado mantenerlo en custodia en sede policial, desde donde será trasladado para prestar declaración.

Su carrera delictiva lo ubica como una amenaza constante en la zona de Bajo Puerto, un lugar que ha sido escenario de múltiples requisas, allanamientos y enfrentamientos desde que el joven era adolescente. De hecho, la familia registra otros antecedentes violentos.  De hecho el más grave ocurrió en mayo de 2024, cuando tras un tiroteo y enfrentamiento barrial, incendiaron una vivienda en la noche en que los dos jóvenes heridos luchaban por su vida en el Hospital a raíz de la gravedad de las lesiones. Uno de elos, era Zacarías, tenían 20 y 21 años respectivamente.

Las últimas noticias relacionadas a Jeremías, datan de la segunda semana de Febrero cuando se confirmó la elevación a juicio de la causa conocida como "El Clan", indicaben que cumplía su condena con arresto domiciliadio en la vivienda ubicada en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional.

El expediente en el que se investigó la actividad de la banda dedicada al tráfico y comercialización de drogas incluye a ocho personas -seis varones y dos mujeres- de los cuales  Zacarías es uno de los seis imputados masculinos que llegan a la instancia de juicio.

Vale recordar que Víctor, el hermano de Jeremías purga una pena por el homicidio de Aníbal Corbalán. Un conocido mecánico de la zona de Villa Igoillo que fue ejecutado en inmediaciones del puerto por dos sujetos que en el momento del crimen tenian 23 años. Ocurrió en noviembre de 2014 y tras el paso de los años había logrado ser alojado en Baradero, con un régimen penal abierto del que escapó para ser recapturado para volver a prisión y cumplir la totalidad de la pena.