Personal de la Dirección de Tránsito trabajó en un operativo vehicular este domingo por la noche en distintas zonas de la ciudad. 

En el procedimiento secuestraron cinco automóviles de los cuales cuatro fueron por alcoholemia positiva. También incautaron siete motocicletas, cinco por falta de documentación y dos por presentar caños de escapes deficientes. 

Además,  secuestraron cuatro caballos que se encontraban sueltos en la vía pública y un auto maraca Mondeo cuyo conductor, que no tenía licencia de conducir, perdió el control del vehículo en la intersección de las calles Mitre y Juan B. Justo. 

Todos los vehículos fueron trasladados a depósito municipal y los infractores deberán realizar el tramite de restitución en el Juzgado de Faltas previo al pago de multa, acarreo y estadía. 

Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

En la madrugada de este domingo, la dirección de Tránsito montó guardias preventivas en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de los controles, dos autos fueron secuestrados, ya que sus conductores circulaban con alcohol en sangre y otro por falta de documentación reglamentaria.

Además, el personal retuvo tres motocicletas que circulaban sin licencia, ni seguro correspondiente.

Los vehículos fueron incautados por el personal y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.  

Durante la jornada del miércoles, personal de la dirección de Tránsito realizo diferentes operativos en distintos puntos de la ciudad.

Los efectivos montaron guardias en intersecciones de gran tráfico e interceptaron numerosos automóviles y motocicletas.

Como resultado, diversos vehículos fueron interceptados y secuestrados, quedando a disposición del Juzgado de Faltas. 

Personal de la Dirección de Tránsito, junto a efectivos policiales de la Comisaría, dispusieron controles vehiculares en el marco de la nocturnidad.

Como resultado, el área que conduce Armando Caballero informó el secuestro de dos automóviles cuyos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.

Ambos vehículos, un Peugeot 308 blanco y un Volkswagen Senda bordó, fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.

En San Pedro, como en toda la provincia de Buenos Aires, rige la ley de alcohol cero al volante, por lo que está prohibido manejar tras haber consumido cualquier tipo de bebida alcohólica y en cualquier cantidad.

Una vez más, el Municipio llevará adelante el proceso de compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que permanecieron más de seis meses en el depósito, tal como establece la ordenanza vigente.

En esta oportunidad, se trata de motos retenidas durante 2024 y parte de las que ingresaron en 2025. En total serán 230 rodados los que dejarán de estar en resguardo, lo que representará una importante descompresión para la Dirección de Tránsito, que enfrenta una seria falta de espacio para almacenar los vehículos secuestrados en los operativos de control.

El listado con las unidades a compactar ya fue elaborado en el Juzgado de Faltas y, en los próximos días, se iniciará el proceso de notificación a sus propietarios, quienes tendrán una última oportunidad para recuperarlas. La comunicación se realizará mediante un decreto del Departamento Ejecutivo, a partir del cual los dueños dispondrán de 15 días corridos para regularizar la situación.

Vencido ese plazo, las motos quedarán a disposición del Municipio para su destrucción. Cabe recordar que el Ejecutivo puede incorporar alguno de estos vehículos a su patrimonio, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas.

Si bien la cifra de 230 motos resulta significativa, no es la más alta registrada: en anteriores etapas se compactaron alrededor de 1.000 unidades —incluyendo automóviles— y otro lote de 750 rodados.

Entre las infracciones más frecuentes que motivaron las retenciones se destacan la falta de licencia de conducir, falta de seguro y, especialmente, la ausencia de casco.

Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), realizó operativos en Gobernador Castro.

Como resultado de la interceptación vehicular, secuestraron 10 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación reglamentaria.

Además, los oficiales retuvieron un auto, que circulaba incumpliendo lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito.

Los vehículos fueron secuestrados y trasladados al Corralón Municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas. 

Personal de la Dirección de Tránsito llevó a cabo un control vehicular en distintos puntos de la ciudad durante este fin de semana extralargo. 

En los procedimientos secuestraron 11 motocicletas, cinco de ellas por presentar caños de escape deficientes y el resto debido a falta de luces y documentación correspondiente para circular por la vía pública. 

También incautaron cinco automóviles cuyos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia, cuyo porcentaje para manejar en la provincia de Buenos Aires es de 0 de alcohol en sangre tras la implementación de la ley  “tolerancia cero”, que rige desde el 1 de enero de 2023. 

Todos los vehículos secuestrados fueron trasladados a depósito municipal y los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución previo al pago de multa, acarreo y estadía

Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con policías del GAD, llevaron a cabo un operativo de tránsito este lunes en distintas zonas de la ciudad. 

El director del área, Armando Caballero, informó a La Opinión que secuestraron nueve motocicletas por falta de documentación y casco protector cuyos conductores, en su mayoría, eran menores de edad. 

Además, indicó que durante el control vehicular también incautaron un automóvil que carecía de luces delanteras y seguro obligatorio. 

Todos los infractores deberán tramitar en el Juzgado de Faltas la restitución de sus vehículos, previo pago de multa, acarreo y estadía. 

Durante la tarde del viernes y madrugada del sábado, personal de la Dirección de Tránsito secuestró siete vehículos en el marco de controles vehiculares dispuestos en la ciudad.

Con acompañamiento de la policía y el GAD montaron operativos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Cuatro vehículos fueron incautados porque sus conductores carecían de la documentación obligatoria para circular por la vía pública.

También hubo un secuestro de moto por caño de escape deficiente, dispositivo que será retirado para su destrucción.

En otros tres vehículos, sus conductores dieron positivos en el test de alcoholemia, teniendo uno de ellos 2,97 g/l de alcohol en sangre, un nivel exorbitante, teniendo en cuenta que rige la ley de alcohol cero al volante.

El Gobierno decidió emprender un nuevo proceso de compactación de los vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito, según establece la ordenanza vigente, aunque de acuerdo a lo informado oficialmente, destruirán las secuestradas en 2022 y 2023.

El Municipio elaboró un listado de motos y automóviles que serán convertidos en chatarra, mientras solicitó que aquellas personas que posean un rodado por fuera de esa nómina, se acerquen al Juzgado de Faltas a realizar las gestiones para lograr su recuperación.

El decreto de compactación (Nº 227/25) fue publicado el 25 de febrero y desde entonces los propietarios tuvieron 15 días para sanear la situación ante el Tribunal.

Luego de este plazo, motos y automóviles quedaron a disposición del Departamento Ejecutivo para su destrucción, excepto aquellos que están en buenas condiciones para ser reutilizados, que pasarán a ser patrimonio del Municipio.

En total serán 268 unidades las que dejaron de estar alojadas en el depósito municipal y fueron trasladaas al Corralón de calle Lucio Mansilla, correspondientes a los años 2022 y 2023.

El proceso de compactación de motos y automóviles secuestrados que inició el Gobierno con el objetivo de disponer de alrededor de 300 vehículos que estaban en depósito municipal tiene al menos cinco rodados que pasarán a dominio público para su reutilización.

Son un utilitario, una SUV, una camioneta y dos colectivos, todos secuestrados por distintas infracciones y que llevan en depósito más de 180 días, plazo que estipula la normativa para que se rematen, sean compactados o pasen al patrimonio municipal.

En el listado de vehículos del decreto aparecen cinco como "aptos para rodar".

 Si los propietarios no cumplen el trámite para su restitución, que implica pagar multa, acarreo, estadía, derechos de oficina, etc., serán afectados al Municipio.

Son un utilitario Peugeot Partner modelo 2011 que fue secuestrada en abril de 2024; una SUV Renault Duster del año 2012 incautada por la policía en julio de 2022.

También na camioneta Ford F-100 que está en depósito municipal desde septiembre de 2023; y dos colectivos Agrale retenidos uno en febrero de 2023 y otro en agosto del mismo año. 

Cuando un vehículo es secuestrado en el marco de operativos de tránsito por algún tipo de infracción, además de pagar la multa correspondiente que fija el Juzgado de Faltas, el propietario que tramite su restitución debe pagar otros costos.

Es que el traslado de una moto, un auto, una camioneta o el vehículo que sea desde la zona de la infracción hasta el depósito municipal debe pagarse si implica el uso de grúa. Además, por cada día que pase desde la incautación hasta la restitución hay que abonar la estadía.

Este jueves, la asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes tratará la ordenanza impositiva 2023 con el aumento de tasas, derechos y otros tributos municipales, fijado en torno al 60 por ciento para casi todos los tributos.

El traslado de un automotor desde el lugar de la infracción hasta el depósito municipal costará alrededor de 4.000 pesos desde enero, cuando entre en vigencia la nueva ordenanza impositiva, si se aprueba este jueves.

La estadía en el depósito municipal de los distintos rodados también sufrirá incremento desde el año que viene. Los propietarios de motos deberán abonar casi 340 pesos por cada día que su vehículo pase bajo la custodia del Estado.

Los automotores cuyo peso no superen las 3,5 toneladas pagarán poco más de 500 pesos por día y los que superen ese tonelaje, alrededor de $ 670, según establece la ordenanza impositiva cuya preparatoria ya aprobaron los ediles y sobre la que resta la aprobación de Mayores Contribuyentes para que entre en vigencia.

Comenzó esta semana la compactación de vehículos secuestrados en operativos de tránsito cuyos titulares no cumplieron con los trámites correspondientes para la restitución y se encontraban en el depósito municipal de Crucero General Belgrano e Independencia.

Alrededor de 750 motos y 150 automóviles son los que figuran en el decreto publicado a fines de agosto por el Gobierno municipal para intimar a los dueños de esos vehículos como última oportunidad de recuperarlos.

Una empresa de Zárate tiene a su cargo las tareas, que implican la destrucción de motos y autos que fueron secuestrados en operativos de tránsito entre los años 2016 y 2018.

La normativa vigente establece que pasados los 180 días, el Gobierno puede disponer de los rodados incautados para su compactación o, en el caso en que fuera posible, para que pasen al patrimonio público municipal.

Cada vez que un vehículo está vinculado a un delito y es secuestrado para quedar a disposición de la Justicia va a parar al depósito judicial emplazado en el fondo del predio del Corralón municipal.

Desde que está ahí, el depósito recibe a diario autos, motos, camionetas y hasta móviles policiales. Provienen de accidentes, robos, crímenes, etc. Es decir de todo lo que tenga que ver con una causa judicial que tramite en fiscalías locales.

Cada vehículo secuestrado debe ser sometido a pericias, de acuerdo al tipo de delito en el que se haya visto involucrado. En los últimos años, por la pandemia de coronavirus COVID-19, la tarea pericial está demorada.

El personal de San Nicolás que estaba a cargo estuvo con dispensa y el verificador policial local le dedicaba un día a la semana a revisar, tomar fotografías, escribir los informes y elevarlos al Poder Judicial.

Esas demoras provocan quejas. Muchas personas que sufrieron por alguna u otra razón el secuestro de un vehículo peregrinan a Fiscalía para saber cuándo podrán recuperarlo.

Hay casos emblemáticos: la esposa de Elías Chaves, asesinado en octubre de 2019 en el centro de la ciudad, fue un centenar de veces a consultar por el Renault Megane que conducía su pareja esa fatídica noche en la que, tras una persecución en el centro, se bajó y discutió con Sebastián Dotti, que lo apuñaló desde el interior de otro auto.

Por cierto, la familia de Dotti también cuestionó la manera en la que el Peugeot 207 que manejaba estaba a la espera de la resolución judicial: como todos los vehículos incautados y enviados al depósito, a la intemperie, bajo el sol del verano, las heladas del invierno, las lluvias.

En el predio hay un puesto de vigilancia. De chapa, con una antena de Direct TV que revela que adentro hay un televisor, una lámpara que de noche es la única luz y que preside la puerta, está custodiada por una serie de perros que la mañana en la que La Opinión recorrió el lugar ladraron de inmediato ante la presencia de extraños.

Del interior de la casilla salió un joven que informó que era el responsable de la custodia y que explicó que no podía permitir el ingreso de este medio sin la autorización correspondiente. El depósito judicial depende de la Justicia pero está bajo la órbita de las responsabilidades de la policía, que tiene su guarda.

Desde la tranquera imaginaria —son apenas unos postes sin nada que los una— en la que desemboca el camino que empieza en el acceso al Corralón y sigue derecho en el límite izquierdo de quien transita en dirección al río puede verse casi todo.

Una antigua casilla, una moto de las tipo 50 cc como pieza de museo desarmada y cuyo estado de deterioro permitiría confundirla con una pieza artística del recordado Juan D’Estéfano, una camioneta Ranger de las nuevas, un Nissan Tida, utilitarios con patente nueva, Peugeot 505 y Renault 12, otras 4×4, motos y restos de motos, y patrulleros, muchos patrulleros.

Al ingresar al Corralón, a la izquierda hay dos móviles policiales destrozados. Son dos camionetas Ford Ranger ploteados de la época naranja del gobernador Daniel Scioli. Aplastados para su traslado, llegaron en un camión. Tienen intactos los tanques del equipo de gas, dos cada una.

Dentro del depósito judicial propiamente dicho hay otros móviles policiales. Parados sobre los troncos que ofician de poste de la tranquera que no está, los cronistas de La Opinión contaron al menos ocho. La mayoría camionetas, aunque también hay algunos automóviles. Algunos están cerca del acceso y otros desperdigados en la maraña de chatarra vehicular, reconocibles por las sirenas en el techo.

En San Pedro hay accidentes a diario. La mayoría tienen lesionados y, entonces, causa judicial. Buena parte, según las estadísticas que lleva la Dirección de Tránsito, involucran a motocicletas. Chocan entre sí o chocan con autos y camionetas.

Todo vehículo que participa de un siniestro debe ser peritado, por lo tanto termina en este depósito. Es decir que no sólo hay coches que provienen de asesinatos o que fueron utilizados por asaltantes o de accidentes fatales o que implican destrucción. También están aquellos que por el tipo de caso en el que están involucrados bien podrían haber sido restituidos con mayor celeridad.

Citó esta nota el reclamo de la familia de un hombre asesinado y la contracara de los allegados al acusado. La semana pasada llegó a la redacción el padre de un acusado por violencia de género al que le secuestraron un Audi A4 propiedad de su madre, que también reposa a la intemperie.

Hay quienes se resignaron y se olvidaron del vehículo. En algunos casos se nota. Hay quienes dicen que habrían recibido “permiso” para darle arranque cada tanto a su coche e incluso para taparlo ante las noches de helada. Las autoridades dicen que es imposible, pero nunca se sabe.

Cuando el depósito estaba en el camino al aeroclub, en la zona de Villa Jardín, eran constantes los robos, puesto que el vigilador no alcanzaba a verificar todo el lugar. Ahora, detrás hay una familia que tiene decenas de perros, que ladran ante la presencia de extraños, y para llegar por el frente hay que flanquear el control del Corralón.

Las demoras en la administración de Justicia también repercuten directamente sobre los bienes involucrados en las causas penales que se ventilan en el Departamento Judicial de San Nicolás, que abarca además de la cabecera y San Pedro las ciudades de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento y Ramallo.