Una denuncia penal por presunta usurpación de inmueble y amenazas fue radicada en la Comisaría, según consta en la documentación a la que tuvo acceso La Opinión.

De acuerdo con la presentación, el conflicto se originó a partir de la ocupación de una vivienda ubicada en un predio privado, ubicado en Juan B. Thorne al 1700, donde actualmente residen varias personas que no tendrían autorización del propietario.

El denunciante sostuvo que la situación se arrastra desde el año pasado y que ya existían actuaciones previas vinculadas al caso.

Además, en la exposición se menciona que durante los últimos días la persona afectada habría recibido mensajes intimidatorios y acusaciones relacionadas con el corte del suministro eléctrico del lugar. También aseguró sentir temor por su integridad física y la de su familia.

La denuncia quedó asentada ante autoridades policiales y fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, que deberá avanzar con la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y eventuales medidas de protección.

Personal policial del destacamento de Río Tala recuperó en las últimas horas sanitarios que habían sido robados el domingo por la madrugada en las instalaciones del club Las Palmeras.

La policía vio a un conocido delincuente de la localidad cuando trasladaba dos inodoros en el interior del barrio 25 viviendas que fue usurpado en Río Tala y cuya construcción carece de sanitarios.

El delincuente vio al patrullero y huyó. Dejó abandonados los inodoros, que la policía secuestró para restituir a la institución deportiva, una vez confirmado que se trataba de parte del botín que ladrones sustrajeron en ese club.

El domingo por la madrugada, delincuentes rompieron la puerta de acceso al vestuario de árbitros de Las Palmeras. Tras provocar serios daños, robaron grifería y sanitarios.

También hubo daños en el vestuario visitante y en diversos sectores del perímetro de la cancha ubicada sobre calle Belgrano, que ya fue víctima de la inseguridad en varias oportunidades.

"Duele profundamente que estos hechos ocurran en un lugar donde diariamente se trabaja para contener y educar deportivamente a los jóvenes de manera totalmente gratuita", señalaron desde el club.

Las Palmeras pidió a los delincuentes "que reflexionen sobre el daño que generan en el club y a toda la comunidad" y destacó que "quienes compran elementos robados también son responsables de que estos hechos sigan ocurriendo".

En ese marco, advirtieron que "en Río Tala, casi siempre lo robado termina vendiéndose entre nosotros mismos", por lo que mientras haya vecinos dispuestos a comprar, "estos hechos seguirán ocurriendo".

Este lunes hubo asamblea barrial en las puertas del camping América, en el marco del conflicto con el exconcesonario del predio, denunciado por usurpación.

Durante el intercambio, el presidente de la institución Sandro Velasco confirmó que el concesionario se retirará del predio y que el Gobierno garantizó que enviará un proyecto de ordenanza para anexar la parte que no estaba contemplada.

Este martes, el concejal Damián Mosquera, que participó activamente de las reuniones con socios y vecinos, dio detalles de cómo fueron las reuniones con el intendente Cecilio Salazar y qué planean modificar de la ordenanza vigente.

El edil del bloque Nuevos Aires expresó que "hubo ciertas irregularidades históricas con respecto a la concesión del camping", ya que, de por sí, "el concesionario no tiene la potestad de subconcesionar el predio".

"Se venía haciendo hace años y eso generó ciertas dificultades", dijo.  

Consideró que hubo "fallas de todo tipo" y que debería haber habido "cierta fiscalización" por parte del Estado.

"Ayer hablamos con los socios y los vecinos, fue un trabajo en conjunto para corregir los errores y dar tranquilidad", explicó y destacó el comportamiento de los vecinos del barrio, al que calificó como "ejemplar".

"Hoy vemos con gran satisfacción que se pudo conseguir lo que se buscaba sin ningún tipo de violencia", dijo.

Respecto de las reuniones que mantuvieron con el intendente Cecilio Salazar, el concejal consideró que fueron positivas y que el jefe comunal dejó clara su postura "a favor del club".

En los próximos días, la institución enviará una nota al Ejecutivo para manifestar la necesidad de incorporar la parte del predio que no está contemplada en la ordenanza de 2005.

Posteriormente, elevarán el proyecto al Concejo Deliberante para que los ediles analicen los pormenores y se regularice la situación, puesto que esa porción del terreno form parte, de hecho, del camping.

"La ordenanza tiene algunos puntos a trabajar, me parece que la función es trabajar en conjunto para dejar que el club solo se ocupe de la función social que siempre ejerció", sentenció Mosquera.

Una asamblea fue convocada en las puertas del camping América para que el presidente del club, Sandro Velasco, y el concejal Damián Mosquera informaran a la comisión directiva y a los vecinos del barrio la resolución favorable del conflicto con el exconcesionario del predio, que había sido denunciado por usurpación.

Tras dialogar con el intendente municipal, hubo acuerdo para que el concesionario retire sus cosas y deje el espacio tal como habían previsto tras rescindir el contrato que unía a las partes.

Velasco informó que ahora el club está en condiciones de asumir la explotación del camping y que hay un compromiso del Gobierno municipal para garantizar la continuidad de la concesión otorgada por ordenanza por 30 años en 2005.

Además, Salazar se comprometió con el club a enviar un proyecto de ordenanza que regularice la situación de una porción del terreno, la que da a la zona próxima al buque museo.

Ese espacio no estaba contemplado en la concesión y la persona que explotaba el camping había expresado intenciones de apropiarse de manera irregular del lugar. 

Para ello, deberán enviar un proyecto de ordenanza al Concejo para que lo apruebe. En el barrio expresaron su satisfacción por la resolución del conflicto, que mantuvo expectantes y preocupados a los vecinos durante todo el fin de semana.

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, se acercó a la zona para interiorzarse de la problemática y garantizar que el exconcesionario pueda retirar sus elementos, tal como acordaron con la comisión directiva para la restitución del predio.

El juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado Civil 2 de San Nicolás, ordenó desalojar a un empleado municipal que mantenía una ocupación ilegal e ilegítima sobre un inmueble ubicado en Crucero General Belgrano, cerca del club Los Andes.

El dueño, que compró esa propiedad en 2016, interpuso la demanda en 2018 luego de que los intrusos no respondieran cartas documento ni accedieran a mantener un diálogo de acercamiento para la restitución.

Finalmente, declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, ordenaron el desalojo del empleado municipal, identificado como Santiago Banegas —hermano del recientemente detenido por abuso sexual, Miguel Ángel—, que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano.

La sentencia tiene fecha del 11 de diciembre de 2024 y notificación efectiva de febrero de 2025, pero hubo una apelación presentada por un abogado en representación de otra persona que tiene un ranchito en el mismo predio, a quien también alcanza la orden de desalojo.

El juez dispuso desalojar "a Banegas, Santiago y/o cualquier otro ocupante del inmueble ubicado en Camino Crucero General Belgrano 2250". Esta semana, el magistrado dejó firme la orden al rechazar la apelación y dispuso la ejecución.

El oficial de Justicia y el abogado del dueño del predio se presentaron para notificar la orden de desalojo y en el lugar se vio movimientos relacionados con el desmantelamiento de la casa, lo que indica que el demandado estaba dispuesto a hacer caso a la orden judicial.

De lo contrario, la orden de desalojo dispuesta por la Justicia deberá cumplirse con la policía, tal como estableció el juez en su fallo, en el que autorizó “el auxilio  de la fuerza pública mínima, indispensable y con la debida moderación, y el allanamiento de domicilio”.

La jurisprudencia establece que quien tiene título de propiedad puede acceder al desalojo “aun cuando no probare la preexistencia de la propia posesión” como en este caso, en el que el comprador se encontró con los ocupantes.

“Debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título y ello basta para que como sucesor pueda ampararse en todos los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar”, consideró la Cámara de Apelaciones en un fallo citado en esta sentencia.

Vecinos advirtieron la presencia de "ocupas" en la antigua torre del exbalneario, única pieza que quedó en pie de la vieja estructura y que fue intervenida artísticamente.

La vieja torre del tanque de agua forma parte del paisaje del ahora Paseo Agenor Almada y tiene en sus paredes un mural obra de la reconocida artista Dana Alessi, que lo pintó para el Día de la Mujer, con camalotes, el río y mujeres entrelazadas.

Vecinos que suelen recorrer la zona descubrieron que rompieron una de las paredes y dispusieron una especie de cortina para tapar el boquete.

"Rompieron para dormir", aseguraron. De noche, señalaron, se ve a personas pernoctar en ese lugar público.

"Me parece peligroso para los nenes, ya que es un lugar donde concurren muchos niños. Es en la plaza donde están los carros", advirtieron.

La torre está a metros del Patio Gastronómico de carribares y llama la atención que autoridades no hayan advertido la presencia de personas en situación de calle que aprovecharon para guarecerse en su interior tras romper la pared.

El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

Para proceder al desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala, la Justicia deberá resolver el recurso de apelación que presentó la Defensoría Oficial a cargo de Joaquín Castro, que consideró que la jueza Maiztegui no respetó el protocolo vigente para este tipo de casos y recurrió la resolución dictada este martes.

El defensor oficial advirtió que antes de ordenar el desalojo debían cumplirse una serie de pasos que están protocolizados por la Corte Suprema de Justicia bonaerense para situaciones en las que deben abordarse tomas masivas de terrenos o viviendas.

Esa medidas fueron dispuestas en su momento para “reducir el impacto social” que generan los desalojos ante la presencia de “grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo que Defensoría consideró que no se tuvo en cuenta ese protocolo y se dictó una orden arbitraria y contraria a derecho.

El defensor se apoyó en el único informe que existe en la causa, que no es otra cosa que el relevamiento que hizo la policía del Destacamento de Río Tala cuando al otro día de la toma pudo identificar a quienes estaban en el lugar.

Ese relevamiento dejó asentado que en las 25 viviendas, las personas en situación de toma son en su mayoría mujeres y niños, ambos grupos que deben ser especialmente protegidos.

Además, Castro cuestionó la intervención de Fiscalía —primero actuó Ramos, por turno; luego la causa pasó a Viviani, por tema— por no haber dispuesto una serie de medidas de prueba que ordena ese protocolo de actuación en estos casos antes de solicitar el desalojo.

Entre ellas, declaraciones testimoniales, croquis de Policía Científica, censo por parte de personal especializado, como trabajadores sociales, que no sólo individualice a los ocupantes sino que además establezca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

También consideró que deberían haber intervenido agentes de organismos como la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, que es provincial, y personal de Desarrollo Humano municipal así como del Servicio Local de Niñez.

“La toma de medidas de manera intempestiva,  desordenada y sin una planificación previa puede generar violaciones a los derechos humanos que generen responsabilidad estatal”, advirtió la Defensoría Oficial en la apelación.

Además, señaló que el Estado “tiene el deber de garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la población, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a una vivienda digna” y que en esta caso hay “criminalización de la pobreza”. 

En ese sentido, señaló que la Municipalidad, como denunciante, “tiene la posibilidad de demandar en sede civil  sin necesidad de criminalizar el problema”, es decir de considerar delincuentes a las personas que ocuparon de manera irregular las viviendas que abandonó la empresa Apco S. A.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver lel recurso presentado por la Defensoría Oficial, lo que detiene por lo pronto la decisión inicial de desalojo. Si prospera el planteo, la situación será más compleja para el Municipio respecto del reclamo de restitución del inmueble.

Tras la orden judicial de desalojar las 25 viviendas usurpadas en Río Tala, que reveló La Opinión en exclusiva este martes, vecinas de la toma aseguraron que nadie se comunicó con ellos por el tema.

"No nos notificaron nada", confirmaron desde el barrio. La novedad respecto de la decisión judicial la conocieron a través de la publicación periodística de este medio.

"Queremos que venga una asistente social. Hace un mes que estamos acá, esperando nomás", dijo una vecina en diálogo con Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por el canal de YouTube Sin Galera Tv.

"Acá hay más de 70 personas, con criaturas. Lo único que queremos es que nos den a pagar", dijo una de las ocupantes y cuestionó al delegado de Río Tala, Walter Díaz.

"El delegado se lavó las manos, él nos dijo que entremos a las viviendas", aseguró  y agregó: "Nos prometió muchas cosas a la hora de la votación. Nos dijo que agarremos las casas y las terminemos nosotros".

La Justicia ordenó el desalojo tras el planteo de la Municipalidad. La jueza Maiztegui dispuso además que deben intervenir la Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio Local de Niñez, puesto que hay menores de edad.

"La gente no está usurpando porque quiere vender, está acá porque necesitan", aseguraron desde el barrio. Las viviendas no tienen aberturas ni sanitarios ni servicios como agua o electricidad.

La empresa Apco S. A. abandonó la obra en octubre de 2023, a la espera de una redeterminación de precios que nunca llegó. A pesar de haber sido intimada, nunca retomó las tareas. 

La Justicia accedió al pedido de la Municipalidad y de la Fiscalía 7 sobre la usurpación en las 25 viviendas de Río Tala y ordenó el inmediato desalojo de las familias que se encuentran en situación de toma en el barrio.

La jueza María Eugenia Maiztegui, titular del juzgado de Garantías n.° 3 de San Nicolás, dispuso el desalojo como medida precautoria al considerar probados los planteos que hicieron el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y la fiscala María del Valle Viviani.

Además, Maiztegui ordenó que, ante el desalojo, corresponde la intervención del Servicio Local de Niñez, para resguardar el interés superior de los menores de edad que están en situación de toma, y de la Secretaría de Desarrollo Humano, que no había concurrido hasta al momento a la toma.

El fallo llega a un mes y cinco días de la toma. Sin embargo, y a pesar de la flagrante situación de vulneración de derechos de los niños y niñas que están en el lugar, el Servicio Local de Niñez nunca tomó ningún tipo de intervención.

La Justicia consideró demostrado que las 36 personas notificadas —muchas con niños y niñas más los que llegaron después, que suman alrededor de 60 en total— tomaron de manera irregular y clandestina las 25 viviendas en construcción el 5 de febrero pasado.

Así, ordenó restituir en forma precautoria el inmueble al Municipio, mientras prosigue la causa penal en trámite por el delito en sí mismo, cometido por las personas que fueron notificadas en su momento por la policía.

La obra en construcción de ese barrio está paralizada desde octubre de 2023. El Gobierno nacional, cuando asumió el presidente Javier Milei, no accedió a los planteos de redeterminación de precios que hizo la empresa Apco, que había abandonado las tareas antes del cambio de gestión.

La empresa certificó alrededor del 60 por ciento de la obra. En el barrio se ven las viviendas erigidas bajo un sistema de construcción en seco tipo Concrehaus, sin aberturas, pisos ni sanitarios.

Una joven con discapacidad denunció en sede policial que fue víctima de usurpación en la vivienda en que residía en el marco de un conflicto familiar que ya tuvo episodios similares en 2024.

El inmueble está ubicado en Bozzano al 600. La vivienda denunciada como usurpada es la principal y está en la parte trasera del terreno. Adelante hay un departamento.

La denunciante dejó asentado ante la Justicia que en la casa que le usurparon vivía junto a su tía. En la última semana, se había quedado en lo del novio y su tía tuvo que viajar a Buenos Aires por un tratamiento médico. En esos días ocurrió la intrusión.

El martes, alrededor de las 22.00, se encontró con que le habían cambiado el candado del acceso a la casa y la cerradura del portón. Adentro le habían quedado todas sus pertenencias, al igual que las de su tía.

Las acusadas como responsables de la ocupación irregular son otra tía y una prima de la denunciante que residen en el departamento que está ubicado en la parte delantera del terreno.

Luego de radicar la denuncia, la joven y su tía detectaron que les estaban retirando pertenencias del interior de la casa. "Todo nuevo compramos, a pagar", aseguraron.

La policía había llegado al lugar la noche de la denuncia, aunque la intervención fue sólo a los fines de constatar la situación, puesto que no había orden judicial alguna.

En 2024 había ocurrido una situación similar y la Justicia ordenó la restitución del inmueble a la denunciante. Ahora, ante este nuevo episodio, aguarda que haya medidas de las mismas características.

La vivienda era propiedad de la madre de sus tías, por lo que el conflicto tiene raíces familiares que las autoridades deberán analizar para abordar los pasos a seguir en la causa.

Este jueves se cumplieron dos semanas desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, usurparon las 25 viviendas cuya obra abandonó la empresa Apco en Río Tala.

El Gobierno municipal había pedido a la Justicia el desalojo inmediato, pero todavía no hubo novedades en la causa, que se instruyó inicialmente en la UFI 11 pero pasó a la 7, tematizada en usurpación de inmuebles.

"Acá no vino nadie", dijeron a La Opinión desde la toma. El único relevamiento que hubo lo hizo la policía para notificar a los ocupantes de la causa penal. 

No hubo ninguna otra intervención del Estado, ni siquiera del Servicio Local de Niñez, a pesar de que hay una gran cantidad de chicos viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Las viviendas tienen sólo las paredes, construidas bajo el sistema de construcción en seco tipo concrehaus, sin aberturas, sin sanitarios ni servicios básicos como luz y agua.

"Si pueden, informen por si alguien nos puede traer agua y mercadería para el barrio o que se acerque alguna asistente social", dijo una de las mujeres que está en las 25 viviendas a La Opinión.

Todas las unidades habitacionales están tomadas, aunque si bien en la mayoría hay personas que permanecen durante el día y la noche, en algunas la gente va y viene.

"Yo estoy en una de las casillas con mis tres nenes. Estaba alquilando y tuve que salir de donde alquilaba", contó una de las ocupantes.

"Estamos esperando que alguien se acerque a darnos novedades. Queremos alguna solución, porque hay muchos chicos. Que nos den a pagar a lo que de verdad necesitamos", planteó otra mujer.

Personal contratado por Coopser procedió a cortar conexiones clandestinas de electricidad en un sector del barrio El Argentino donde residen alrededor de 60 familias que están enganchadas de la luz.

Los vecinos informaron que desde que lo que inicialmente fue un asentamiento precario se fue urbanizando no pudieron resolver la problemática de la electricidad para la zona de calle Brennan, porque no está abierta formalmente en ese sector de la manzana.

Tanto en Coopser como en el Municipio, en los últimos años, les habían dicho que necesitaban instalar un transformador, que según presupuestos recientes para otros barrios en situación similar tiene un costo que ronda los 40 mil dólares.

Luego de las tareas del personal contratado por la cooperativa en el barrio, los vecinos fueron hasta la sede administrativa de Mitre y Honorio Pueyrredón. Ante la falta de respuestas favorables, se dirigieron a la Municipalidad.

Allí fueron atendidos por el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, y acordaron un camino para la resolución de la problemática, que incluye la reposición de las conexiones irregulares vigentes durante el fin de semana extralargo.

Luego, informó Devito, colocarán pilares con medidores en las calles que sí figuran abiertas y los vecinos podrán hacer llegar el suministro legal de la electricidad hasta sus hogares.

El Gobierno municipal ratificó en la Justicia la denuncia penal por usurpación contra las personas que tomaron las 25 viviendas de Río Tala, cuya obra en construcción está paralizada desde octubre de 2023.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta elevó el escrito como apoderado de la Municipalidad y solicitó el inmediato desalojo y restitución del predio usurpado.

"La usurpación genera perjuicios gravísimos e irreparables, con perjuicio social y afectación a 25 familias que esperan acceder a vivienda digna", señaló en el planteo ante la Fiscalía 7, tematizada en este tipo de delitos y que lleva adelante la causa.

El Gobierno pidió que la medida sea urgente porque "el paso del tiempo fortalece la posición de los usurpadores", al tiempo que incrementa la posibilidad de que sigan apareciendo construcciones precarias en el terreno.

Este jueves se cumple una semana desde que alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños, ocuparon de manera irregular las viviendas a medio construir en el predio ubicado en Fray Cayetano Rodríguez y San Martín, abandonado a su suerte desde hace más de dos años.

La empresa APCO S. A. certificó alrededor del 60 por ciento de la obra y se retiró ante el inminente cambio de gobierno en Nación, tras las elecciones de 2023, a la espera de una redeterminación de costos porque el porcentaje certificado ya había insumido 140 de los 142 millones presupuestados.

Sin respuestas, la empresa desapareció y nunca volvió. A pesar de las intimaciones del Municipio y con la prórroga de contrato vencida en marzo de 2024, APCO S. A. tiene el convenio vigente con "neutralización administrativa".

Las 25 viviendas tomadas en Río Tala a medio construir que fueron usurppadas por un grupo de familias que aseguran no tener dónde vivir corresponden a una de las obras que el Gobierno nacional dejó paralizadas en San Pedro a partir de su política de discontinuar la obra pública en todo el país.

El contrato estaba en manos de la empresa Apco S. A., que tenía un presupuesto original de 142,5 millones de pesos para la edificación de esas unidades habitacionales bajo la modalidad de construcción en seco conocida como concrehaus.

La adjudicación y correspondiente firma de contrato datan de junio de 2022. El convenio se firmó ente Apco y el Municipio, que afrontaría la obra con recursos del Ministerio de Hábitat de la Nación, tras un acuerdo con el Gobierno nacional bajo la gestión de Alberto Fernández.

Aunque el plazo de obra era de un año, la construcción fue paralizada en el porcentaje que se aprecia en el barrio en octubre de 2023, luego de que Javier Milei ganara las elecciones. 

La empresa quería una redeterminación de precios por el proceso inflacionario y esperaba el cambio de gestión. En diciembre de 2025, el entonces secretario de Obras Públicas Javier Silva informó que la obra estaba “en un 65 por ciento”.

Las viviendas tienen las paredes y el techo; algunas tienen caños de agua y de gas; había aberturas, pero se las llevaron. 

Además, los vecinos dicen que hubo otros materiales que también la empresa retiró y algunos hasta se los habría llevado la Municipalidad, refirieron.

Desde octubre de 2023 pasaron muchas cosas. Por un lado, la Municipalidad intimó a Apco S. A. a retomar las tareas abandonadas, sin respuesta alguna. Por el otro, la decisión del presidente Milei de no continuar con la obra pública en marcha.

El contrato con Apco sigue vigente, pero con "neutralización administrativa". Aunque hay dos solicitudes de rescisión por mutuo acuerdo, nunca avanzaron en esos términos porque implicaría deslindar responsabilidades a la empresa.

El Gobierno nacional no volvió a enviar recursos para la continuidad de la obra. En el presupuesto 2024, la Municipalidad incluyó alrededor de 101,7 millones de pesos que restaban transferir desde el Ministerio de Hábitat para las 25 viviendas. Pero nunca llegaron.

Una serie de robos y hechos vandálicos despertaron la alerta respecto del riesgo de usurpación. El jueves pasado, finalmente, la advertencia se cumplió: alrededor de 60 personas ingresaron al predio y tomaron las 25 viviendas, e incluso delimitaron porciones del terreno para construir habitaciones precarias.

Este sábado por la mañana, un grupo de mujeres que forman parte de las familias que usurparon las 25 viviendas de Río Tala cuya construcción está abandonada hace más de dos años recibieron al móvil de La Opinión & Sin Galera.

Aunque hubo cierta hostilidad de algunos varones que también están en la toma, el grupo decidido a hablar se expresó con claridad durante casi una hora para contar por qué estaban ahí, dónde vivían antes y las necesidades que atraviesan.

La toma comenzó el jueves alrededor de las 19.00. Las personas que se expresaron coincidieron en señalar que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional, habían ido a hablar con el delegado municipal, Walter Díaz.

Sorprendió que repitieran que cada vez, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, él les dijera, según aseguraron, que si querían usurpar, que lo hicieran.

El jueves, contaron, decidieron entrar y lo hicieron en grupos más o menos organizados. Más tarde, revelaron, se fueron sumando otras personas, entre ellos "jóvenes solos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero también están" en la usurpación.

La Opinión confirmó lo que el relevamiento policial del viernes había dejado asentado: la mayoría de las personas en la toma son mujeres y niños. Dentro de las viviendas, que sólo tienen las paredes y el techo, hay colchones en los que duermen.

Afuera, en los patios, hay restos de fogones en los que cocinan. Además, ya hay instaladas algunas precarias construcciones de nylon y palos, y hasta hay espacios delimitados con sogas donde, revelaron quienes atendieron a este medio, demarcaron para disponer chapas y cartones para construir un rancho.

La Opinión llegó al lugar por calle San Martín. En la intersección con Fray Cayetano Rodríguez, donde algunas viviendas tienen grafitis pintados con aerosol verde, el grupo esperaba para hablar. "Algunos no quieren dar la cara", se quejaron.

"La gente no tiene dónde vivir. Están en situación de calle o andan de acá para allá, agregados", relataron. "La mayoría es gente que no tiene nada", aseguraron.

"El delegado les dijo a todos que él no tenía los materiales suficiente para darle a la gente, y que se querían tomar, que tomen", contaron en el barrio.

A Walter Díaz no sólo lo acusaron de haberles dicho "si quieren tomar, que tomen" sino que además lo cuestionaron por haber radicado la denuncia. "No tiene gollete, que venga a dar la cara y diga la verdad", pidieron.

Las familias en situación de toma solicitaron "un censo" para que "vean la necesidad" de cada una porque, sostuvieron, pretenden que la Municipalidad les asigne la vivienda que usurparon y establezca un plan de pago.

"Que las den a pagar y que la gente vaya, de a poquito,  arreglando las casas", señalaron. Mientras tanto, pasan los días y las noches sin luz, sin agua, sin sanitarios.

La causa penal comenzó a tramitar en la Fiscalía 11 por cuestiones de turno, pero tras el relevamiento de la policía y la notificación a los ocupantes, la fiscala Ramos remitió las actuaciones a la UFI 7, que conduce María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Hasta el momento no hubo otra medida judicial más que ese relevamiento. No hay custodia preventiva ni impedimento alguno para que sean tomadas algunas de las viviendas que fueron abandonadas por los ocupantes originales o para que sigan delimitando terrenos dentro del predio para "lotear".

El barrio 25 viviendas de Río Tala comenzó a construirse en 2023 con recursos del Estado nacional. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, la empresa Apco, adjudicataria de la obra, paralizó las tareas y pidió redeterminación de precios.

Desde entonces, la obra está parada y abandonada. El Gobierno nacional, en el marco de su política de no reanudar obras públicas, no volvió a enviar recursos para la continuidad de las tareas y la empresa hizo caso omiso a las intimaciones municipales.

La Justicia logró identificar a las personas que protagonizan la toma del barrio 25 viviendas en Río Tala, cuya obra en construcción está parada desde hace más de dos años.

Son alrededor de 60 personas, distribuidas en 25 familias, una por unidad habitacional. La mayoría está compuesta por mujeres y niños. Hay 25 adultos notiticados por Fiscalía por el delito de usurpación de inmuebles.

El relevamiento lo hizo la policía, bajo la coordinación del jefe del destacamento de Río Tala, Yoel Turci. Aunque el jueves la gente se había mostrado hostil a la presencia policial, este viernes estuvieron colaborativos.

Así, de cada vivienda relevaron datos de las personas que están en situación de toma para que la Justicia disponga los pasos a seguir respecto de la causa penal, que comenzó en la Fiscalía de Ramos, por turno, pero pasa a la órbita de la de Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Las 25 viviendas de Río Tala corresponden a una obra financiada por el Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández y que quedó paralizada tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

La empresa adjudicataria de la obra, APCO S. A., abandonó la obra y a pesar de haber sido intimada por la Municipalidad, nunca retomó. El Gobierno local no volvió a recibir recursos de Nación para la continuidad de la construcción.

Las viviendas están a medio construir, con las paredes y los techos, pero sin aberturas, porque se las robaron, y sin servicios como agua, luz o cloacas, y sin sanitarios.

La toma de las 25 viviendas cuya obra fue abandonada a fines de 2023 en Río Tala tiene a decenas de familias como responsables de una ocupación irregular cuya causa penal comenzó en la Fiscalía de Viviana Ramos pero deberá pasar a la de María del Valle Viviani, tematizada en  usurpación de inmuebles.

La policía no pudo identificar el viernes por la tarde a quienes antes de las 19.00 se presentaron, todo indica que organizados previamente, para meterse en las viviendas abandonadas por la empresa Apco S. A. en plena construcción y antes del cambio de gobierno a nivel nacional, que financiaba la obra.

Las familias que se distribuyeron las viviendas pasaron la noche en las unidades habitacionales a medio construir, lo que implica que durmieron sin ventanas ni puertas, en edificaciones que carecen de servicios básicos como agua y electricidad, y que tampoco tienen sanitarios instalados.

Por la noche se pudo ver cómo en la mayoría de las viviendas encendieron fuego, acaso para cocinar o alumbrar la zona, puesto que las temperaturas no ameritaban fogatas para calefaccionar.

La policía organizó rondas de custodia, a la espera de la decisión judicial respecto de cómo avanzar para la identificación de las personas que están en situación de toma y que, a los efectos de la causa penal, serán acusados por el delito de usurpación.

Para ingresar al predio, tuvieron que violentar el alambrado perimetral pero no mucho más. El barrio carecía de custodia y los vecinos de Río Tala habían advertido en varias oportunidades el riesgo de intrusión, sobre todo luego de que el lugar fuera objeto de robos.

Fiscalía definirá si instruye a la policía para la identificación y notificación de quienes están en situación de toma o bien solicita colaboración de la Municipalidad para que la tarea se lleve adelante con profesionales del trabajo social.

Finalmente se desencadenó un nuevo delito. Un grupo de varias decenas de personas llegó al barrio denominado “25 viviendas” y lo usurpó. El primer delito lo cometieron el estado nacional, la empresa adjudicataria y la municipalidad al dejar a merced de la ocupación las viviendas por las que se habían firmado varios certificados de avance de obra que incluían la triste anécdota de “las aberturas más grandes que los espacios para colocarlas”. Así avanzó el barrio que hoy es escenario de una nueva usurpación.

La obra, paralizada desde 2023 por el abandono de la empresa APCO S.A., es hoy el reflejo y el espejo de lo acontecido en las 84 viviendas del barrio Depietri. La única diferencia es que quienes hoy las ocupan, habían sido sorteados como adjudicatarios.

Este jueves, el delegado municipal de la localidad, Luis Walter Díaz, formalizó una denuncia por la ocupación ilegal del predio, en un operativo que terminó con personal policial retirándose del lugar tras ser blanco de serias agresiones. En el video se observa la presencia policial y el ingreso de los ocupantes a las casas que cuentan con paredes, techos, algunas aberturas y nulas instalaciones de servicios.

Al arribar a las manzanas delimitadas por las hileras de casas, rodeadas de una profunda zanja con importante cantidad de malezas,  los efectivos del Destacamento se encontraron con un grupo de más de 60 personas que ya habían ingresado a las propiedades con claras intenciones de ocuparlas de manera definitiva; incluso en algunos casos estaba determinado cuáles eran las que mostraban mayores avances en la construcción.

Con un presupuesto original de más de 142 millones de pesos que debía liquidar el  Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la construcción fue adjudicada a la empresa APCO, también conocida porque se quedó con otra obra que de idéntica manera dejó sin ejecutar pese a que había cobrado la totalidad del anticipo: el tanque copa de San Pedro.

Por entonces y entre acusaciones cruzadas al gobierno de Javier Milei por la paralización de obras y la realidad de empresas y cooperativas que habían certificado expedientes por los que percibieron grandes sumas de dinero sin haber cumplido con las etapas que decían haber culminado; las ilusiones de la gente se diluyeron. Una recorrida efectuada por La Opinión en 2024, documentó el estado en el que se encontraban las viviendas que fueron vandalizadas varias veces.

En la tramitación de la causa, caratulada por ahora como “usurpación”, interviene la Fiscalía de la Dra. Viviana Ramos.

*Por Javier Silva, abogado, especialista en Derecho Registral y Sucesorio

En San Pedro, como en muchas ciudades del interior bonaerense, la usurpación dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema recurrente. Lo muestran los hechos publicados recientemente en La Opinión Semanario: intentos de toma, desalojos policiales y detenidos por ingresar a viviendas ajenas. Detrás de cada episodio hay un patrón común: el usurpador siempre termina peor de lo que empezó.

Este artículo no intenta explicar la usurpación desde el punto de vista de la víctima —eso ya fue desarrollado en trabajos previos— sino desde la óptica del autor del delito, porque es allí donde aparece la dimensión menos mencionada: la usurpación no solo fracasa, sino que deja consecuencias penales gravísimas y permanentes.

Los casos reales de San Pedro muestran que siempre hay detenidos.

– Un conflicto por la posesión de una vivienda terminó con dos aprehendidos.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/un-conflicto-por-la-posesion-de-una-vivienda-termino-con-dos-aprehendidos-y-un-hombre-lesionado

– Intento de usurpación en Selada al 1700.

https://www.facebook.com/share/p/1C4BcaoEaq/

– Intentaron tomar un terreno en el Callejón Arcor.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/etiqueta/usurpacion

– Gobernador Castro: desalojaron la casa que habían usurpado a dos hermanos.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/gobernador-castro-desalojaron-la-casa-que-usurparon-a-dos-hermanos-que-estan-internados-en-sadiv

En todos estos casos, la constante es la misma: la Policía actúa y deja constancia, el usurpador queda identificado, se inicia causa penal y se suma antecedente, incluso cuando no hay prisión efectiva. No existe “usurpación exitosa”. Existe delito, causa penal y antecedentes.

Muchos creen que usurpar “no pasa de una contravención” o que “si logro entrar, después arreglo”. Es falso.

Consecuencias directas para el usurpador:

– Detención o aprehensión inmediata si hay flagrancia.

– Apertura de causa penal con intervención de fiscalía.

– Antecedentes penales, aun si la causa termina archivada.

– Imposibilidad de acceder a empleos, licencias, concursos y programas estatales.

– Riesgo de agravantes (violación de domicilio, daños, amenazas, lesiones, resistencia a la autoridad).

– Posible condena efectiva en caso de reincidencia.

Dicho en términos sencillos: usurpar arruina la vida del usurpador mucho antes de beneficiarlo.

En San Pedro, gran parte de las usurpaciones se dan en:

– Terrenos heredados sin sucesión.

– Propiedades cuyos dueños fallecieron.

– Inmuebles con posesiones informales.

– Ventas hechas de palabra.

– Casas abandonadas o mal cuidadas.

Cuando un inmueble no está correctamente documentado:

– Aumenta la probabilidad de intrusiones.

– Aumenta la demora judicial para recuperarlo.

– Se debilita la posición del propietario frente al juez.

– Se abre la puerta a reclamos de “buena fe” o “posesión antigua”.

Por eso es fundamental:

– Iniciar la sucesión sin demora,

– Inscribir declaratoria en el Registro de la Propiedad,

– Revisar dominio antes de comprar,

– Evitar boletos informales,

– Escriturar siempre que sea posible,

– Mantener ocupación, limpieza o custodia del inmueble.

La tierra vacía es un imán de problemas.

La tierra en regla es un blindaje jurídico.

Usurpar no genera derechos, no otorga prioridad, no consolida dominio y no inicia automáticamente una usucapión, ya que el origen de la ocupación es ilegal.

La usucapión requiere 20 años de posesión pública, pacífica y continua, con demanda judicial, prueba, testigos y notificación a los titulares. Nada tiene que ver con “entrar y quedarse”.

Es más simple:

– El usurpador siempre pierde.

– La víctima siempre recupera la propiedad.

– Y la Justicia siempre deja huella penal del intruso.

La usurpación es un delito y los hechos de San Pedro lo confirman: todos los intentos terminan con intervención policial, desalojos o detenciones. El usurpador nunca obtiene derechos, pero sí obtiene antecedentes.

En cambio, quien tiene su documentación en regla, sucesión finalizada y dominio correctamente inscripto, está protegido.

La mejor defensa contra una usurpación no es la violencia, sino la legalidad, la prevención registral y el asesoramiento profesional temprano.