El viernes pasado falleció en la Unidad Penal 3 de San Nicolás un detenido de San Pedro que aguardaba en esa cárcel la condena por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado del que estaba acusado.

Identificado como Raúl Rodolfo Galván Miño, de 53 años, convulsionó en la celda donde estaba detenido con prisión preventiva y falleció por causas naturales, confirmaron autoridades.

Galván Miño había sido detenido por la policía el 6 de diciembre de 2023 en un allanamiento encabezado por personal del GTO de la Comisaría y efectivos del GAD, que lo fueron a buscar a su casa, en Facundo Quiroga al 1800.

Empleado rural, por entonces de 51 años de edad en ese momento —nació el 1 de enero de 1972—, fue apresado tras la confirmación de una serie de elementos probatorios en el marco de la acusación por abuso sexual agravado que pesaba sobre él.

Ese día, secuestraron en su poder un teléfono celular rosa que contenía elementos de interés para la causa y que contribuyeron para sellar la condena que le iba a ser impuesta en los próximos meses.

Fiscalía y Defensoría habían acordado en su caso un juicio de trámite abreviado con una pena de 10 años de prisión efectiva como condena máxima.

Galván Miño tenía que dar su consentimiento para ser juzgado por esa vía y evitar así el debate oral y público ante el Tribunal, con el riesgo de una pena mayor.

Maricel "Pili" Solís, única imputada por el asesinato del joven uruguayo Marcel Xavier González Jorge, seguirá detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde fue trasladada semanas atrás desde la Comisaría de la Mujer de Rojas, puesto que la Cámara de Apelaciones revocó el beneficio de arresto domiciliario.

Su abogado defensor particular había solicitado la morigeración y el Juzgado de Garantías falló a favor. Sin embargo, la Fiscalía de Viviani y la familia de Marcel Xavier González, representada por la abogada Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Este martes, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás revocó el fallo inicial y consideró que no están dadas las condiciones para que Solís cumpla la prisión preventiva impuesta en su casa, la misma donde Marcel fue asesinado.

Así, Marisel "Pili" Solís, rosarina de 47 años, deberá continuar alojada en una celda del anexo para mujeres de la Unidad Penal 3 de San Nicolás bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense mientras se sustancia el proceso penal en su contra.

La causa atraviesa momentos relevantes tras la apertura de los teléfonos celulares secuestrados. Semanas atrás, la abogada Sofía Sanjurjo reveló en Sin Galera que de esa pericia "se desprende un montón de información y pruebas que comprometen no sólo a la imputada sino también a más personas".

Además, aguardan por una nueva pericia que se practicará sobre el resultado de la autopsia del cuerpo de Marcel Xavier González, a cargo del Instituto de Criminología de la Procuración.

“La familia está buscando justicia, confía en la Justicia, y se encuentra una causa que viene muy entreverada. Como siempre digo, es una lucha procesal cuando no debería haber sido así, cuando la Fiscalía tendría que haber actuado objetivamente. Hará un mes pedí el apartamiento nuevamente de la fiscal de la causa; pedí que intervenga la Procuración. Si bien la fiscal alega ser objetiva, yo no estoy de acuerdo con la objetividad que dice tener”, fue una de las frases que dejó la abogada Sofía Sanjurjo, patrocinante de la familia de Marcel Xavier González Jorge, asesinado en una finca del paraje Villa Sarita el domingo 9 de junio de 2024.

Por esta causa está detenida Marisel “Pili” Solís, que días pasados dejó la comisaría de la ciudad de Rojas para ser alojada en la Unidad Penal III.

Respecto a la imputada, el Juzgado de Garantías falló a favor del pedido de la defensa respecto de la prisión domiciliaria de Solís, pero hubo una apelación por parte de los damnificados. “Su defensor solicitó, alegando cuestiones de salud, el arresto domiciliario. Obviamente que nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. La Fiscalía también se opuso. Entonces apelamos la resolución y la Cámara aún no se expidió”, explicó Sanjurjo. Mientras tanto, Solís permanecerá en el Penal III.

Pero la abogada, en sus declaraciones en Sin Galera, fue muy crítica de la fiscal María del Valle Viviani, por la instrucción que está llevando a cabo. “Surge ahora un claro signo de falta de objetividad cuando disponen una tercera pericia, que se realizará el 28 de marzo, relacionada con las lesiones de la víctima. Una nueva pericia sobre sobre los resultados de la autopsia, sobre los resultados que firmaron en conjunto el perito oficial de San Nicolás, en conjunto con la perito de parte. Lo más contradictorio de todo esto es que desde el inicio, cuando me presento como abogada de la familia, mi primer escrito fue pedir la reautopsia del cuerpo del cadáver, porque no nos cerraban un montón de cuestiones. La fiscal, primero no me contestaba y tuve que pedir un pronto despacho. Y no solo la denegó sin fundamentos, sino que siguió el proceso de investigación hasta que se le ocurrió disponer una pericia en la Asesoría Pericial, que fue justamente la que determina que a Marcel lo habían matado”.

¿Quién dispone la nueva pericia sobre el cuerpo? “La misma fiscal. Y estará a cargo de Instituto de Criminología Forense de la Procuración. Como viene la causa no confío en esta instrucción. Entonces propusimos otra perito de parte, porque nosotros tenemos derecho a controlar esa medida, y va a ser incorporada al expediente”.

La autopsia, inicialmente, consideraba que las lesiones podrían haber sido autoinfligidas. Después, sobre otros resultados, dieron un vuelco a la causa y estableció que las lesiones a Marcel no se las podría haber provocado él mismo, sino que habían sido provocadas por terceros.

Sanjurjo evidenció su malestar, “que nos causó todo esto que no está siendo como debería ser, una investigación objetiva”.

En abril las actuaciones llegarán a diez meses, tiempo de elevar la causa a juicio. “No sé qué hará la fiscal. Al menos nosotros la vamos a pedir”, señaló Sanjurjo.

A vez, dejó abierto un gran interrogante respecto a los resultados de otras pericias, las que se hicieron en los teléfonos celulares secuestrados: “Se desprende un montón de información y un montón de pruebas que compromete no solo a la imputada, sino también a más personas”, expresó.

Ulises Fernández, condenado a prisión perpetua por el homicidio del viverista Ariel Lido Gomila, mantiene su reclamo en la cárcel tras la ratificación de la sentencia en la última instancia posible de apelación, la Corte Suprema.

Sin más posibilidades de revertir el fallo condenatorio, Fernández comenzó esta semana una huelga de hambre y hasta se cosió la boca en señal de protesta por la situación irreversible que debe afrontar: el cumplimiento efectivo de la condena.

"Estoy acusado de un homicidio que no cometí", sostuvo, una vez más, desde su celda en la Unidad Penal 3 antes de proceder a coserse la boca e iniciar la huelga de hambre para llamar la atención por su condición de condenado con sentencia firme e inapelable.

Su pareja, Ivana Astrada, volvió a remitir una carta a La Opinión, tal como hizo cuando se conoció el fallo de la Corte. Allí señala que Ulises Fernández fue "castigado" durante "más de una semana" por difundir un video en el que habla sobre la ratificación final de la sentencia en su contra.

"Él va por la verdad, esa verdad que a medio San Pedro no le conviene, esa verdad que pareciera a nadie le conviene que se sepa. Se conforman con una mentira y él sigue siendo el único perjudicado, mientras los verdaderos asesinos están libres", dijo la pareja de Fernández.

El convicto es el único condenado por el asesinato de Ariel Lido Gomila, a quien mataron en ocasión de robo en su casa en el paraje El Espinillo en febrero de 2016. 

Un testigo clave —que Ulises Fernández acusó de "falso", sin éxito— lo ubicó en la escena y un jurado ciudadano lo declaró culpable. Como la acusación era por homicidio criminis causa, la única pena posible era la de prisión perpetua.

Maximiliano Braga y Andrés Desanzo, dos de los seis detenidos por la estafa piramidal de Rainbowex y el denominado Knight Consortium en San Pedro fueron trasladados a la cárcel de San Nicolás.

El 30 de diciembre la Justicia informó la asignación de cupo en la Unidad Penal 3 para ambos detenidos, pero como 31 y 1 fueron no laborables para la administración pública, recién podían tramitar el ingreso hoy.

Braga y Desanzo estaban alojados en la Comisaría de San Pedro desde el 19 de diciembre, fecha en la que fueron detenidos junto a otros cinco involucrados, de los cuales cuatro continúan en distintas comisarías bonaerenses.

Pasadas las 10.00 de la mañana, una comisión policial partió desde la dependencia local con rumbo a San Nicolás para entregar a ambos en la cárcel de esa ciudad, donde permanecerán detenidos al menos hasta la audiencia de prisión preventiva.

Los imputados en la causa son 18. Dos ciudadanos malayos, dos personas domiciliadas en San Antonio de Areco y 14 sampedrinos, de los cuales siete fueron detenidos y seis permanecen alojados en distintos sitios a disposición de la Justicia.

El único que recuperó la libertad de los detenidos fue Facundo Villalba, quien había sido derivado a una comisaría en la localidad de Ranchos, partido de General Paz.

Luis Pardo está detenido en la comisaría de Suipacha; Mariano Diez, en Brandsen; Gerardo Gelabert espera la audiencia en la Comisaría novena de Lanús; y Alexi Pan, en una comisaría de Luján.

El martes 7 de enero será una jornada importante para el devenir de la causa. Ese día, la Justicia procederá a la apertura de todos los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos del 19 de diciembre.

Esa pericia indica que Viviani extenderá el plazo de 15 días a 30 para expedirse sobre la solicitud de prisión preventiva para los detenidos, por lo que habrá que esperar ese lapso para la audiencia en la que la jueza de Garantías resolverá si los que están presos permanecen en esa condición.

Mientras tanto, Fiscalía continúa recibiendo denuncias de damnificados que se acercan a las oficinas de Saavedra al 200 para dejar asentado que fueron invitados a "invertir" en la plataforma Rainbowex y resultaron estafados al verse impedidos de retirar el dinero que depositaron inicialmente y las presuntas ganancias prometidas.

Dos delincuentes fueron trasladados desde la Comisaría local a la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde permanecerán alojados uno a la espera del juicio y el otro, además, para cumplir condena.

El primero de los trasladados tiene 29 años y la Justicia le dictó prisión preventiva en el marco de un hecho de robo que protagonizó el mes pasado, cuando ingresó a una oficina ubicada en Pavón al 100.

Está acusado del delito de robo agravado por escalamiento. Es un joven con conocida trayectoria delictiva que fue detenido en un allanamiento en Rivadavia al 1600, donde la policía llegó gracias a las imágenes de cámaras de seguridad que permitieron identificarlo.

El otro trasladado es un joven de 20 años al que la Justicia le revocó el beneficio de arresto domiciliario del que gozaba tras ser condenado por robo, medida tomada luego de que quedara filmado robando.

Cámaras de seguridad lo registraron cuando sustraía una garrafa de una vivienda. Esas imágenes permitieron identificarlo y que el Juzgado de Garantías interviniente autorizara un allanamiento en su casa, ubicada en Ruffa al 1300.

Allí encontraron una gran cantidad de objetos robados que formaban parte del botín de diversos hechos delictivos cometidos por el delincuente en días previos al procedimiento.

El último informe de la Comisión por la Memoria revela que las cárceles de la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas con un exceso de internos que en promedio es del 102 por ciento.

El reporte del organismo contiene datos provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, cartera gubernamental de la que depende el Servicio Penitenciario.

En la cárcel de San Nicolás, donde por lo general son alojados los detenidos de San Pedro, hay una sobrepoblación que supera ampliamente el promedio provincial y asciende al 146 por ciento.

La Unidad Penitenciaria N° 3 tiene un cupo para 358 personas y a agosto de este año hay un total de 880 internos alojados, es decir 522 presos más de lo que podría contener en su infraestructura.

El SPB tiene 54 cárceles, cuatro alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito, lo que suma un total de 74 establecimientos carcelarios en 12 complejos.

En total hay 58.682 personas privadas de su libertad, de las cuales el 94,2 por ciento (52.266 personas) son varones; el 5,6 % (3.300) son mujeres; y el 0,2 % (116) son personas trans.

El 50 por ciento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires está con prisión preventiva o sin condena firme. Es decir que del total de presos, sólo la mitad está cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

La problemática de la sobrepoblación también se registra en comisarías bonaerenses, con un 107 por ciento de exceso respecto de su capacidad de alojamiento de detenidos, según datos del Ministerio de Seguridad que forman parte del relevamiento de la Comisión por la Memoria.

Un interno de la Unidad Penal 3 de San Nicolás falleció el domingo tras un cuadro avanzado de tuberculosis. Identificado como Carlos Bulacio, nicoleño de nacimiento, murió en el Hospital San Felipe.

Bulacio estaba alojado en una celda del pabellón 7 de la UP3 y había sido trasladado al penal de Olmos, aunque a los pocos días lo llevaron de regreso a San Nicolás.

Pasadas 48 horas, tuvieron que internarlo en el sector Sanidad tras una descompensación y más tarde lo trasladaron al hospital nicoleño, donde finalmente se produjo su deceso.

La semana pasada, la Justicia ordenó refacciones en el pabellón 6 luego de una presentación de la Comisión por la Memoria que denunció "condiciones inhumanas de detención".

Lucas Matías “Bolillón” Medina, detenido con prisión preventiva por el caso Andreani, comenzó este sábado una huelga de hambre en la Unidad Penal 3, donde permanece alojado acusado de haber participado en el robo ocurrido a fines de enero en la casa de campo del empresario postal, en ruta 9.

Medina estaba alojado en la celda número 15 del pabellón 4 en la UP 3 de San Nicolás y tras anunciar la medida fue derivado al área de Sanidad, donde lo revisaron y pesaron, para luego trasladarlo a una celda individual de seguridad, conocida en el universo carcelario como “buzón”.

La huelga de hambre del detenido es en reclamo al Juzgado de Garantías interviniente en su causa, puesto que entiende que “no resuelve” su situación y no tiene “ninguna respuesta concreta” al respecto.

“Me quiero hacer escuchar”, le dijo Medina a las autoridades de la Unidad Penal 3 con las que se entrevistó antes de que el médico lo revise y de que resuelvan trasladarlo a la celda individual de seguridad por “carecer de espacio físico en el pabellón de separación del área de convivencia”.

Lucas Medina es uno de los detenidos del caso Andreani a los que la Justicia les dictó prisión preventiva el pasado 9 de marzo, ocasión en la que ordenó liberar a cinco de los acusados y mantener tras las rejas a otros dos, entre ellos él.

Su situación procesal es la de un detenido con prisión preventiva que sólo podrá recurrir la medida si pasados los ocho meses desde la decisión judicial que lo mantiene preso no se elevó a juicio la causa en la que está imputado.

En Facebook, Medina dijo que está pasando por “una situación muy delicada”, acusó a la policía de “plantar” en su casa una “bolsa negra donde había una franela” con un “cargador de pistola, balas y un handy con frecuencia de la policía” que, aseguró, no eran de su pertenencia.

Dijo que el día del robo a Andreani “estaba comiendo un asado” en su casa junto con otros amigos que prestaron declaración en su favor. “La rueda de reconocimiento dio negativa”, recordó, “tanto como las huellas dactilares y prueba de saliva”.

“Vivo un calvario desde ese momento. Llevo cuatro meses sin ver a mis hijos”, dijo y agregó: “Ncesito un cambio de fiscal, de juez. es todo arreglo. Yo no robé nada”.