El viernes pasado falleció en la Unidad Penal 3 de San Nicolás un detenido de San Pedro que aguardaba en esa cárcel la condena por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado del que estaba acusado.

Identificado como Raúl Rodolfo Galván Miño, de 53 años, convulsionó en la celda donde estaba detenido con prisión preventiva y falleció por causas naturales, confirmaron autoridades.

Galván Miño había sido detenido por la policía el 6 de diciembre de 2023 en un allanamiento encabezado por personal del GTO de la Comisaría y efectivos del GAD, que lo fueron a buscar a su casa, en Facundo Quiroga al 1800.

Empleado rural, por entonces de 51 años de edad en ese momento —nació el 1 de enero de 1972—, fue apresado tras la confirmación de una serie de elementos probatorios en el marco de la acusación por abuso sexual agravado que pesaba sobre él.

Ese día, secuestraron en su poder un teléfono celular rosa que contenía elementos de interés para la causa y que contribuyeron para sellar la condena que le iba a ser impuesta en los próximos meses.

Fiscalía y Defensoría habían acordado en su caso un juicio de trámite abreviado con una pena de 10 años de prisión efectiva como condena máxima.

Galván Miño tenía que dar su consentimiento para ser juzgado por esa vía y evitar así el debate oral y público ante el Tribunal, con el riesgo de una pena mayor.

La Justicia analizará en juicio abreviado la causa por abuso sexual que tiene como imputado a Ricardo Antonio Espíndola, hermano de Fernando Espíndola, sindicalista de Camioneros detenido por una causa de coimas y también denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos.

Espíndola, de 67 años, fue detenido en agosto del año pasado en su casa de Lavalle al 100, tras ser denunciado por abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de 7 años, en reiteradas ocasiones.

La Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos y Defensoría Oficial N° 2 que coordina Joaquín Castro acordaron que la causa tramite bajo la modalidad de juicio abreviado, con una pena de 10 años de prisión, que el imputado aceptó.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 debe notificar a las víctimas y convocar a la audiencia en la que dictará sentencia, lo que todo indica demorará alrededor de 20 a 30 días.

Ricardo Antonio Espíndola está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Lo detuvieron en agosto del año pasado, luego de la declaración bajo el sistema de cámara Gesell. La denuncia había sido radicada en mayo de 2024.

En su relato, ante las psicólogas de la asesoría pericial, la niña víctima contó los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada y que incluían la exhibición de material pornográfico.

Julio Oscar "Tarucha" Silva, conocido delincuente de 48 años que la semana pasada fue detenido por un robo agravado, fue trasladado a la cárcel de San Nicolás junto a otros tres detenidos que estaban en la Comisaría.

Así lo dispuso la Justicia, que emitió la orden correspondiente para que personal de la Comisaría lleve a Silva en un patrullero hasta la Unidad Penal 3.

El delincuente fue detenido el 25 de septiembre pasado en la zona de Ayacucho y Manuel Iglesias, donde la policía lo abordó tras reconocerlo como el autor de un robo a un comercio céntrico.

Silva había asaltado una dulcería ubicada en General Pueyrredón al 100, frente a la plaza Belgrano, para llevarse dinero en efectivo y un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo y la Justicia libró la orden de detención, que se hizo efectiva en la vía pública.

Ese día, además, apresaron a su hermano, quien intervino cuando la policía detenía a "Tarucha" Silva y arrojó golpes de puños y patadas contra los uniformados.

El último informe de la Comisión por la Memoria revela que las cárceles de la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas con un exceso de internos que en promedio es del 102 por ciento.

El reporte del organismo contiene datos provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, cartera gubernamental de la que depende el Servicio Penitenciario.

En la cárcel de San Nicolás, donde por lo general son alojados los detenidos de San Pedro, hay una sobrepoblación que supera ampliamente el promedio provincial y asciende al 146 por ciento.

La Unidad Penitenciaria N° 3 tiene un cupo para 358 personas y a agosto de este año hay un total de 880 internos alojados, es decir 522 presos más de lo que podría contener en su infraestructura.

El SPB tiene 54 cárceles, cuatro alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito, lo que suma un total de 74 establecimientos carcelarios en 12 complejos.

En total hay 58.682 personas privadas de su libertad, de las cuales el 94,2 por ciento (52.266 personas) son varones; el 5,6 % (3.300) son mujeres; y el 0,2 % (116) son personas trans.

El 50 por ciento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires está con prisión preventiva o sin condena firme. Es decir que del total de presos, sólo la mitad está cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

La problemática de la sobrepoblación también se registra en comisarías bonaerenses, con un 107 por ciento de exceso respecto de su capacidad de alojamiento de detenidos, según datos del Ministerio de Seguridad que forman parte del relevamiento de la Comisión por la Memoria.

Un interno de la Unidad Penal 3 de San Nicolás falleció el domingo tras un cuadro avanzado de tuberculosis. Identificado como Carlos Bulacio, nicoleño de nacimiento, murió en el Hospital San Felipe.

Bulacio estaba alojado en una celda del pabellón 7 de la UP3 y había sido trasladado al penal de Olmos, aunque a los pocos días lo llevaron de regreso a San Nicolás.

Pasadas 48 horas, tuvieron que internarlo en el sector Sanidad tras una descompensación y más tarde lo trasladaron al hospital nicoleño, donde finalmente se produjo su deceso.

La semana pasada, la Justicia ordenó refacciones en el pabellón 6 luego de una presentación de la Comisión por la Memoria que denunció "condiciones inhumanas de detención".

La Justicia ordenó poner en marcha tareas de refacción y reacondicionamiento del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás, donde hay muchos sampedrinos privados de su libertad, tras un hábeas corpus presentado por la Comisión provincial de la Memoria.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2, recorrió el pabellón tras la presentación y consideró que las condiciones de detención no respetan "los estándares mínimos exigibles", por lo que la permanencia de detenidos allí "constituye un trato inhumano y degradante".

Ordenó resolver los problemas edilicios de filtraciones y humedad, reparar los cerramientos de las ventanas y que reconecten el gas natural, que estaba cortado, al tiempo que solicitó un plan de fumigación ante la presencia de alimañas.

El informe presentado por la Comisión provincial por la Memoria indicó que en el lugar había 71 internos donde debería haber 44, con dos duchas funcionando para todos, una sola cocina pero sin gas, y plaga de chinches y cucarachas, por la falta de fumigación, informó El Norte.

Además, la denuncia llamó la atención por la falta de provisión de elementos de higiene y limpieza y por las deficiencias en las instalaciones eléctricas, que obliga a los detenidos a llevar electricidad a las celdas con zapatillas conectadas directamente a los cables.

El informe denuncia "el incumplimiento de los estándares mínimos exigibles para el tratamiento de personas privadas de la libertad, lo que constituye un hecho de tortura".

Dos delincuentes fueron detenidos en las últimas horas por personal policial que cumplió con las órdenes de captura correspondientes emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para que cumplan sus condenas en unidades penales.

Uno de ellos tenía arresto domiciliario en el marco de una condena por múltiples robos a mano armada y se detectó que había incumplido la medida para cometer delitos similares.

El delincuente, de 24 años, fue detenido en  un domicilio de 24 de Febrero al 1200. Allí tenía que cumplir la condena por robos cometidos en julio de 2022 y tenía colocada una pulsera electrónica.

La central de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmó el registro de incumplimiento, con salidas en horas de la madrugada.

La policía había allanado su casa hace unos días en el marco de la investigación de un robo y no lo encontró, por lo que el Juzgado decidió revocarle el beneficio y trasladarlo a una unidad penal para que cumpla la condena vigente.

Por otro lado, en el paraje Tablas detuvieron a un hombre de 43 años que está imputado por robo calificado y otros delitos, quien también fue remitido a una celda de una unidad carcelaria para que cumpla la condena que pesa sobre él.

El pirómano Salvador Eirín permanecerá detenido al menos hasta que se resuelva su situación procesal en audiencia para definir su prisión preventiva, es decir entre 15 y 30 días más.

Así lo resolvió el Juzgado de Garantías interviniente en el caso, que denegó el pedido de excarcelación interpuesto por la defensoría oficial que lo representa en la causa por incendio en grado de tentativa y amenazas en la que está imputado.

El juez consideró que la pretensión liberatoria no puede prosperar en este momento porque es necesario que permanezca detenido para asegurar el desarrollo de la investigación, al menos hasta el momento de definir la prisión preventiva camino al juicio.

Como la pena en expectativa es alta —el Código Penal prevé entre 3 y 10 años de prisión— y la víctima expresó temor por las amenazas proferidas posteriormente al intento de incendio, la Justicia decidió mantenerlo tras las rejas.

Además, la investigación recién comienza, por lo que el juez consideró que Eirín podría entorpecer el proceso si estuviera en libertad. Junto con la denegatoria del pedido de excarcelación, el Juzgado de Garantías ordenó que el detenido sea alojado en una celda de la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

La defensoría oficial que lo representa tiene 48 horas para apelar la decisión del juez. De quedar firme, Salvador Eirín deberá ser trasladado a la cárcel de San Nicolás y alojado en la alcaidía o en un pabellón junto a otros presos comunes.

La Unidad Penal 3 de San Nicolás, cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, está en alerta por la confirmación de al menos un caso de Fiebre Hemorrágica Argentina y la sospecha respecto de un interno fallecido a quien sometían a autopsia para establecer si también estaba contagiado.

Convictos del pabellón 8 informaron a La Opinión que este lunes estuvo en el lugar una comitiva de médicos y profesionales para analizar la situación, luego de que internaran a un detenido nicoleño y de que otro, que sería oriundo del Conurbano, falleciera.

El paciente internado permanece alojado en el Hospital. El fallecido murió alrededor las 10.00 de la mañana de un paro cardiorrespiratorio y luego de que le practicaran RCP durante varios minutos sin lograr salvarle la vida.

En el caso del detenido que murió, las autoridades ordenaron practicar la operación de autopsia correspondiente, lo que permitirá establecer si también estaba contagiado con el virus.

La Fiebre Hemorrágica Argentina o Mal de los Rastrojos es endémica en diversos puntos del país, especialmente en la región, aunque desde hace décadas se considera una enfermedad controlada.

Considerada una “enfermedad profesional de los trabajadores rurales”, su vector es un roedor conocido como laucha o ratón del maíz. El virus produce síntomas fuertes que sin el tratamiento correspondiente pueden causar la muerte.

El caso del violador serial Pablo Pérez quedó marcado en la historia de la ciudad como la causa policial más aberrante que se haya conocido en todos los tiempos y que se pone a la par de los delitos más graves que han trascendido en el ámbito nacional.

En diciembre de 2018, cuando la justicia analizaba beneficiarlo con una medida de arresto domiciliario, una nueva denuncia en su contra impidió que se concretara y permaneciera alojado en un pabellón de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás en donde cumple condena por al menos cuatro abusos cometidos entre los años 2010 y 2011.

El quinto caso en el que aparece vinculado y que fue denunciado por un joven que lo reconoció por una foto divulgada por La Opinión Semanario cuando sus víctimas hicieron pública su oposición a la morigeración que la justicia quería aplicarle, abrió una nueva instancia, esta vez, a cargo de la fiscala Viviana Ramos.

Tanto la letrada de la Ufi 11 como el abogado que patrocina a la familia de la víctima, confirmaron por estas horas que Pablo Pérez permanece detenido y cada vez más comprometido porque las pericias y actuaciones judiciales de los últimos meses acentúan lo denunciado por el joven.   

La pandemia y otras medias del momento dificultaron que el nuevo proceso transitara con normalidad pero finalmente el acusado pudo ser indagado en forma virtual y exponer una débil defensa ante el juez.      

Pérez dijo que era inocente y presentó una secuencia de fotos para que se coteje su apariencia con respecto a los comparativos que efectuó la víctima quien lo identificó once años después. A la vez, el propio acusado en su relato terminó reconociendo que se desempeñaba como chofer de una combi coincidiendo sin proponérselo con el relato de la víctima.

El hecho fue reconstruido, la víctima reafirmó todo lo que dijo en su momento, dio detalles y hasta detalló el trayecto que el realizaba. Los sociólogos forenses remarcaron que el relato del joven fue veraz y varios detalles expuestos coinciden a la perfección con los otros casos por los que ya cumple condena, por ejemplo el de las dos menores que fueron violadas por Pérez cuando un primero de enero se retiraban del “baile del 31” del Club Náutico y fueron perseguidas e interceptadas por el sujeto en Tres de Febrero y Padre Santana, que, además de abusarlas las golpeó y amenazó.   

La causa actual está en plena instrucción pero a punto de cerrarse y pronto a ser elevada a juicio.

Pablo Enrique Pérez y cumple una condena de 21 años por haber sido hallado culpable por cuatro violaciones cometidas entre los años 2006 y fines de 2008, aunque para la justicia existirían otros hechos que no fueron denunciados o donde las familias desistieron de avanzar con la causa.   

La última denuncia en su contra se radicó en el año 2018 cuando un joven aseguró que fue sometido sexualmente por el hombre en 2007, cuando tenía 11 años y se dirigía al Club Náutico San Pedro. Allí fue sorprendido por Pérez quien le pidió ayuda porque había tenido un inconveniente con la combi que en definitiva terminó siendo una de las evidencias que apareció en la mayoría de los relatos que las víctimas expusieron ante la justicia.