La Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con el objetivo de aplicar un recorte de gastos y avanzar en una reestructuración profunda para evitar el colapso financiero.

El motivo es el endeudamiento millonario, que se aproxima a los 96.000 millones de pesos.

Los aprietos económicos de la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) datan de varios años, y arrastra un déficit mensual superior a los $ 5.800 millones, situación que la intervención calificó como “crítica e insostenible”.

Una de las medidas propuesta por el interventor Marcelo Petroni fue reducir 638 puestos de trabajo sobre un plantel total de 1.160 empleados, lo que implicaría un costo indemnizatorio estimado en $ 20.930 millones, pagaderos en 12 cuotas.

El plan también contempla un rediseño operativo: recortes administrativos, eliminación de funciones duplicadas, digitalización de trámites, implementación de receta electrónica y telemedicina, y tercerización del call center.

Para Petroni, toda iniciativa tiene como finalidad el sostenimiento de la entidad y garantizar la continuidad de las prestaciones para los más de 700.000 afiliados rurales del país.

Ahora, la aprobación final del ajuste quedará en manos de la Secretaría de Trabajo, que deberá evaluar el pedido en los próximos días.

Finalmente, los trabajadores rurales podrán continuar percibiendo su jornal y la asignación del Estado, a través de algún plan social. Así lo expresa el Decreto 777/2025.

La medida de caducidad había sido dispuesta por el Gobierno nacional, por lo que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), llevaron a cabo diferentes tratativas para darle continuidad a una disposición que surgió hace cuatro años.

El plazo fue prorrogado por un año para el empleo registrado, respondiendo a un pedido presentado el 22 de agosto ante el Ministerio de Capital Humano. La explicación fue sostener el beneficio para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales que dependen de la mano de obra registrada.

Desde la UATRE, que conduce José Voytenco, se destacó que el Decreto 514/2021, ha sido fundamental para combatir la informalidad en el sector, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos formales sin perder sus prestaciones sociales. “La compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional”, indicaron desde el sector gremial.

Por entonces, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había respaldado el reclamo, sosteniendo que era necesario mantenerlo en un momento clave para las producciones regionales. La explicación es que trae alivio al sector, ya que varias cosechas están por comenzar y se necesita contar con disponibilidad de mano de obra.

CAME fue más allá de la prórroga del decreto. Manifestó el deseo de que esta política se convierta en ley, considerándola beneficiosa para productores, trabajadores y el Estado.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) manifestó su preocupación por la caducidad de del decreto que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales.

El decreto que permitía el cobro en simultáneo y que nada afecte a quienes perciben ambos beneficios dejó de regir en septiembre.

La medida, vigente durante cuatro años, “fue clave para garantizar la protección social de miles de familias, permitiéndoles acceder al empleo registrado sin perder el sustento que brindan las prestaciones sociales”, expresó el gremio en un comunicado.

“Desde Uatre  hemos solicitado formalmente el 22 de agosto de 2025, ante el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, la prórroga de este decreto", señalaron

 "Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes”, aseguraron desde la organización que conduce José Voytenco.

En su momento el decreto eliminó un impedimento que “desalentaba la registración laboral, al permitir que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al acceder a un empleo formal".

"Esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad en cosechas, logística y ciclos productivos”, dijeron desde Uatre.

El sindicato sostuvo que la falta de certidumbre que podría “afectar la producción agropecuaria y representar un retroceso en la lucha por la formalización laboral”.

Voytenco insistió en la necesidad de que el Estado restablezca la compatibilidad y destacó que esto no constituye un privilegio sino “una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen la producción nacional”.

Asimismo, adelantó que tanto Uatre como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) seguirán insistiendo ante las autoridades para garantizar este derecho.

El sindicato que representa a los trabajadores rurales, Uatre, reunió este viernes a representantes de las 24 seccionales de la delegación Pergamino, a la que pertenece San Pedro, tras dos días de inspecciones en la zona.

Junto a personal de Renatre y del Ministerio de Trabajo, labraron 44 actas con 332 trabajadores en situación irregular en establecimientos rurales de la jurisdicción de las seccionales San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro, informaron.

Recorrieron viveros, establecimientos avícolas, montes frutales, etc., indicaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el club Náutico, donde se reunieron los referentes de toda la zona con autoridades nacionales del sindicato.

La secretaria de Organización de la Uatre nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, informó que el plan es organizar operativos de fiscalización periódicos para regularizar las situaciones que detectan.

"Nos encontramos con más de 40 por ciento de trabajo no registrado, se labraron 44 actas, relevamos 332 trabajadores, con el 80 por ciento de incumplimiento de la ropa de trabajo, recibos de sueldo con los haberes mal liquidados, irregularidades de todo tipo", indicó.

La exdiputada sostuvo que es necesaria "mucha más presencia gremial, sobre todo ahora que vienen las actividades intensivas" y aseguró: "Vamos a reforzar la presencia del gremio y llamamos a los productores a que tengan a los trabajadores como corresponde, para que la producción y el trabajo vayan de la mano".

Ramón Espíndola, de la delegación Pergamino, informó: "Se hicieron 44 actas con 332 trabajadores en malas condiciones en dos días en San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro".

"El 90 por ciento de los trabajadores no recibe la ropa, hay una gran cantidad que está mal categorizado", señaló y aseguró: "No hay uno en San Pedro que esté con todas las condiciones que tiene que tener, hay una evasión por parte de los productores que es terrible".

Espíndola y Sánchez Jáuregui advirtieron que hay un grado muy importante de incumplimiento de una resolución que obliga a bancarizar a los trabajadores. "La necesidad los lleva a aceptar estas malas condiciones de trabajo", dijo el secretario de la delegación Pergamino.

La referente nacional de Uatre se refirió a la intervención de la obra social Osprera por parte del Gobierno nacional. "Eso es la salud de los trabajadores y el aporte que hacen con su esfuerzo mes a mes, y no están recibiendo la salud que necesitan, los tratamientos, los estudios, lo venimos denunciando", dijo.

"También nos quisieron intervenir el gremio, con el diputado Pablo Ansaloni, que es de Milei. Gracias a Dios todo está saliendo a la luz en la Justicia, pero pusieron en venta todo el patrimonio de Uatre y Osprera, pusieron telemedicina para lugares del campo en los que no hay señal ni capacitación", cuestionó.

Este lunes, la Justicia restituyó el automóvil Chevrolet Prisma que la banda del ex Uatre José Luis "Kiko" Cáceres robó en San Nicolás y con el que el vinieron a San Pedro a cometer un asalto a mano armada por el que fueron detenidos.

El coche estaba en depósito judicial tras haber sido secuestrado el lunes 6 de enero, cuando los cuatro peligrosos delincuentes llegaron a Obligado al 400 para robar, pero huyeron por los fondos al notar la presencia policial, que finalmente los apresó.

El robo del coche ocurrió el domingo 5 en una zona de quintas de San Nicolás, donde los propietarios habían ido para pasar el fin de semana en el marco de una celebración familiar.

Ese día, al retirarse del lugar, se llevaron la llave, por lo que el dueño del Prisma decidió volver, con dos perros a bordo, para devolverla. Cuando lo estaba haciendo, los delincuentes robaron el auto, que había quedado en marcha.

Al escapar, abrieron la puerta para que bajen los perros y descerrajaron cuatro disparos al aire, tras lo que huyeron en dirección al casco urbano de San Nicolás.

Al otro día utilizaron ese automóvil para el asalto que habían planificado en San Pedro, donde llegaron alrededor de las 7.30 de la mañana, con armas de fuego.

Dentro de la casa redujeron a dos albañiles que trabajaban en refacciones, pero no alcanzaron a robar porque vecinos alertaron a la policía, que rodeó la manzana y los detuvo.

Los detenidos aguardan ahora por la audiencia de prisión preventiva, alojados en distintas comisarías del interior y del conurbano bonaerense, por disposición de la Justicia.

Kiko Cáceres, sampedrino domiciliado en Zárate y exsecretario general del sindicato Uatre en esa ciudad, fue derivado a la comisaría sexta de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

José Luis Auce, nicoleño de 50 años que tiene causas penales en trámite por diversos delitos, fue llevado a la comisaría primera de Morón.

Carlos Fernández, uno de los dos nicoleños que había salido en libertad en septiembre tras cumplir condena por robo a mano armada, está detenido en la comisaría de Laprida, en el centro sur bonaerense.

También hacia esa zona, pero en la comisaría de La Madrid, fue trasladado Diego Armando Ruiz, quien había sido cómplice de Fernández en el robo por el que fueron condenados y cumplieron pena.

Los integrantes de la banda del ex Uatre José Luis "Kiko" Cáceres fueron trasladados a distintas dependencias policiales del interior y del conurbano, donde aguardarán detenidos la audiencia de prisión preventiva que definirá su futuro procesal.

Los cuatro se negaron a declarar y están imputados por robo a mano armada en poblado y en banda, en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas de fuego y robo automotor.

Fueron detenidos el lunes cuando escapaban tras entrar a robar a una casa de Obligado al 400, donde la policía llegó para detenerlos, alertados por vecinos.

Kiko Cáceres, sampedrino domiciliado en Zárate y exsecretario general del sindicato Uatre en esa ciudad, fue derivado a la comisaría sexta de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

José Luis Auce, nicoleño de 50 años que tiene causas penales en trámite por diversos delitos, fue llevado a la comisaría primera de Morón.

Carlos Fernández, uno de los dos nicoleños que había salido en libertad en septiembre tras cumplir condena por robo a mano armada, está detenido en la comisaría de Laprida, en el centro sur bonaerense.

También hacia esa zona, pero en la comisaría de La Madrid, fue trasladado Diego Armando Ruiz, quien había sido cómplice de Fernández en el robo por el que fueron condenados y cumplieron pena.

"Para garantizar la seguridad del operativo, la comisaría de San Pedro desplegó un importante dispositivo que incluyó a personal jerárquico y subalterno", informaron desde la dependencia local.

La banda integrada por el exdirigente de Uatre "Kiko" Càceres y tres peligrosos delincuentes nicoleños que fueron detenidos tras intentar robar en una casa en San Pedro habían llegado a la ciudad en un automóvil que sustrajeron en una zona de quintas de San Nicolás, en inmediaciones de ruta 188.

El robo del Chevrolet Prisma gris ocurrió el domingo, alrededor de las 22.00. La familia propietaria del coche había ido a pasar el fin de semana en esa quinta y al retirarse, en ese y otro vehículo, con amigas y mascotas, se llevaron, por error, la llave del lugar.

Por ello, el dueño del Prisma regresó. En la entrada a la quinta se bajó para devolver la llave y dejó el coche en marcha, con dos perros adentro. Allí aparecieron los delincuentes y se lo llevaron.

"Fueron menos de 40 segundos", relataron las víctimas del robo a La Opinión.

El dueño del automóvil corrió tras los ladrones para pedirles, a los gritos, por sus mascotas. Los delincuentes frenaron intempestivamente, abrieron la puerta para que baje uno de los perros y descerrajaron cuatro disparos de arma de fuego para evitar que los siguieran, tras lo que escaparon con rumbo desconocido.

La víctima del robo regresó a la quinta con su perro para llamar a la Policía. "La otra perrita, por suerte, apareció al día siguiente en barrio 9 de Julio —a pocas cuadras de la quinta— en buen estado, gracias a que un vecino de ahí la entró a su casa cuando la vio", contó a La Opinión la pareja del dueño del Prisma.

En el auto estaban todas las pertenencias de la víctima: su billetera, el celular, llaves, la documentación del automóvil, una mochila, un bolso con ropa y hasta una matera.

También había elementos que habían quedado del festejo en la quinta y objetos personales de una amiga, tales como una mochila, un neceser, un vestido, una bikini, un ejemplar del libro El glorioso velorio de la Juana Pájaro, del escritor Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio.

Además, un bolso matero de tela, una llave de moto y una billetera rosa con documentos a nombre de la amiga de la pareja víctima del robo, así como la cédula verde de una motocicleta.

El lunes por la mañana los delincuentes José Luis "Kiko" Cáceres, Carlos Javier Fernández, Diego Armando Ruiz y José Luis Auce llegaron a San Pedro en el Chevrolet Prisma robado, al que le habían quitado las patentes, para asaltar una vivienda de Obligado al 400.

En la casa sólo había albañiles que trabajaban en refacciones, quienes fueron reducidos por los delincuentes. Como la policía llegó, alertada por vecinos, los delincuentes escaparon por el fondo. Los efectivos de la Comisaría rodearon la manzana y lograron detenerlos.

Los cuatro detenidos se negaron a declarar ante Fiscalía y permanecían alojados en la sede policial local a la espera de asignación de cupo para su traslado. 

El Prisma quedó en poder de la Justicia y había preocupación entre las víctimas, puesto que no sabían si la documentación robada había sido hallada, algo que La Opinión confirmó parcialmente.

Se negaron a declarar en Fiscalía los cuatro detenidos por la policía tras un intento de robo a mano armada en una vivienda de Obligado al 400, entre ellos el exdirigente de Uatre José Luis "Kiko" Cáceres.

Cáceres y los tres nicoleños con los que llegó para cometer el asalto hicieron uso de su derecho a no declarar ante Viviani y continúan alojados en la Comisaría local a la espera de asignación de cupo en otro sitio de detención.

Los cuatro están imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, en grado de tentativa, y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, pesa sobre ellos la imputación por robo automotor, puesto que habían sustraído un coche en San Nicolás el día anterior.

Kiko Cáceres, de 44 años, era reconocido por su rol como dirigente de Uatre, gremio del que supo ser secretario general en Zárate. Luego fue condenado por piratería del asfalto y por robo a mano armada.

Sus cómplices también tienen antecedentes penales por el mismo delito. Carlos Javier Fernández, de 43 años, y Diego Armando Ruiz, de 50, cumplieron condenas de más de cinco años y salieron en libertad en septiembre pasado.

El otro detenido, José Luis Auce, de 50 años y también oriundo de San  Nicolás, tiene causas penales en trámite por diversos delitos cometidos en esa ciudad.

El domingo, un día antes del frustrado robo en San Pedro, habían robado un Chevrolet Prisma en San Nicolás. Ese coche estaba estacionado frente a la vivienda a la que llegaron para cometer el asalto.

Fueron detenidos alrededor de las 9.00 de la mañana, cuando la policía llegó alertada por vecinos y rodeó la manzana. Los delincuentes habían ingresado a la vivienda, donde sólo había albañiles a quienes redujeron, y escaparon por el fondo, patios linderos y los techos ante la presencia policial, que finalmente los apresó.

Fiscalía tomaba declaración indagatoria a los cuatro delincuentes detenidos este lunes por la mañana en la zona de Obligado y Gomendio, quienes ingresaron armados con fines de robo a una vivienda y fueron apresados tras un operativo policial.

Están imputados por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, circulaban en un automóvil Chevrolet Onix que fue robado el domingo en la ciudad de San Nicolás.

Los delincuentes prestaban declaración indagatoria ante la Fiscalía en turno tras ser detenidos y fueron identificados en la causa. Tres son nicoleños y uno es sampedrino, pero con domicilio legal en Zárate.

El sampedrino tiene pasado delictivo pero también gremial: es un reconocido exdirigente de Uatre.

El detenido oriundo de San Pedro con domicilio en Zárate es José Luis Cáceres, conocido como "Kiko", quien purgó condena por piratería del asfalto hace unos años, luego de desempeñarse como secretario general de Uatre en la ciudad donde residía. 

Además, había sido denunciado por la organización La Alameda por intento de coimas relacionados a causas por explotación laboral infantil y trabajo esclavo.

Los nicoleños fueron identificados como Carlos Javier Fernández, de 43 años y con antecedentes por robo a mano armada con cumplimiento de pena reciente de 5 años y seis meses.

Diego Armando Ruiz, de 50, quien cumplió condena de 5 años y medio por el mismo robo que el otro —ambos salieron en libertad en septiembre pasado— ; y José Luis Auce, también de 50, quien tiene causas penales en trámite.

Todos fueron detenidos este lunes alrededor de las 9.00 de la mañana, cuando intentaban huir por los techos linderos a una vivienda de Obligado al 400 donde habían ingresado con fines de robo.

La alerta de vecinos provocó un rápido accionar de la policía, que rodeó la manzana y detuvo a los delincuentes. Entraron a la vivienda y redujeron a unos albañiles que trabajaban en refacciones en el interior. Al percatarse de la presencia policial, huyeron por los fondos. Finalmente, los apresaron.

En el Día del Trabajador Rural, el intendente Cecilio Salazar, sindicalista de Uatre y extrabajador en el campo, presentó junto al Grupo Conservacionista un documento histórico que revela el primer registro de peones de San Pedro.

José Luis Aguilar, del Museo Paleontológico, recordó que la institución que dirige es depositaria de todos los documentos históricos del Juzgado de Paz, por disposición de la Corte bonaerense.

El documento es el primer listado de trabajadores rurales de San Pedro. Como el de la bolsa de Uatre, pero de 1857. Contiene nombres de peones pero también de chacareros que los contrataban.

En conferencia de prensa, el intendente hizo un repaso por la historia del trabajo rural y las luchas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

En ese marco, destacó la tarea que llevaron adelante desde Uatre y Osprera junto a Gerónimo "Momo" Venegas y cuestionó a las autoridades actuales, ante los problemas que tienen los trabajadores y afiliados a la obra social.

El registro de trabajadores rurales contiene un listado consignado entre septiembre de 1857 y noviembre de 1858, con 152 nombres de peones de campo y 90 propietarios de los sitios donde cumplían tareas. 

Hay distinción entre peones y capataces, con fecha de contrato y extensión, la mayoría por seis meses.

Melo, Garay, Rodríguez, Acosta, Peralta, Falcón, Cardozo, Beltrán, Coronel, Olivero, Jaime, Sequeira, Sayago, Gorosito, Quiroga, Cabral, Castro, Díaz, Sosa, Parra, Barboza, Figueroa, Saavedra, Chacón, Aguirre, Aquino, Galbán, Giménez, Bustos, Núñez, Cuenca, Cayetano, Zárate, Chávez y Bélis son algunos de los apellidos, informaron.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día del Trabajador Rural por la fecha en la que se promulgó el Estatuto del Peón Rural en 1944, cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.

La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.

En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.

Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.

A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN

Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".

Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas. 

Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.

Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".

La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.

Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.

"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.

Agustín Alfredo “Calamar” Almirón, último detenido por el asesinato del sampedrino chofer de Pablo Ansaloni, Mauricio Cordara, se negó a declarar en la audiencia virtual para su indagatoria celebrada este martes ante la fiscala de Colón Magdalena Brandt, responsable de la investigación del caso.

Calamar, de 22 años e hijo de un policía condenado por su colaboración con el grupo narco conocido como Los Monos, hizo uso de su derecho a permanecer en silencio en la declaración indagatoria, primera instancia de defensa que tiene como acusado del crimen.

El joven decidió no hablar, por lo que por lo pronto no aportó nada respecto de lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato del sampedrino en Colón. Calamar fue quien le disparó a quemarropa en la puerta de la casa de Pablo Ansaloni, cuando el chofer dejaba a los hijos del dirigente gremial de Uatre/Osprera y exdiputado nacional, hoy candidato al Congreso en la lista de Javier Milei.

Almirón es considerado un sicario a sueldo y no sólo en este caso. Su detención se produjo en el marco de la investigación por el asesinato de un policiía identidicado como César Carmona, ultimado a balazos cuando llegaba a una de las sedes de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario.

Además de Calamar Almirón, por el caso están detenidos el que se ocupó de contatar a los sicarios, los que trabajaron en la preparación del automóvil robado con el que fueron desde Rosario a Colón a cometer el crimen y uno de los dos ocupantes del Palio, Iván Alonso, de 19 años.

La hipótesis sobre la que trabaja la fiscala Brandt señala que el blanco de los sicarios era Pablo Ansaloni y no su chofer, el sampedrino Mauricio Cordara, a quien asesinaron. Con Calamar se cierra el círculo sobre los autores materiales y los que aportaron la logística. Pero todos ellos fueron contratados por autores intelectuales todavía desconocidos para la Justicia.

El próximo 7 de octubre habrá elecciones en la seccional Río Tala de la Uatre, con dos listas que disputan la conducción del sindicato en la localidad, una que responde al oficialismo de la seccional y aseguran estar “alineados directamente con la conducción de José Voytenco” —aunque se sabe que eran cercanos a Pablo Ansaloni— y otra, opositora, que cuenta con el respaldo del intendente Cecilio Salazar y también dice responder “absolutamente a Voytenco”.

En medio de la campaña camino a esos comicios internos del sindicato de los trabajadores rurales en Río Tala, desde una lista denunciaron a integrantes de la otra por agresión física y amenazas, causa penal que tramita en la Fiscalía 11.

Juan Ángel Giménez, candidato a secretario adjunto en la lista oficialista que encabeza Rodolfo Balenzuela, quien busca retener la conducción del gremio en la localidad, denunció haber sido golpeado en el rostro por un miembro de la lista opositora, la celeste y blanca que encabeza Ricardo Gustavo Vera como candidato a secretario general.

En la denuncia, Giménez expuso que estaba en la casa de su hija, en un cumpleaños, y que el otro muchacho llegó y comenzaron a conversar sobre las elecciones, hasta que la charla subió de tono y el otro le propinó un golpe en el rostro que lo dejó de rodillas.

Según difundió en sus redes sociales Giménez, producto de la agresión quedó con un ojo negro y con dientes flojos. En la denuncia solicitó una medida de exclusión perimetral para evitar episodios similares, sobre todo teniendo en cuenta que falta menos de un mes para las elecciones en la Uatre.

“Estoy compartiendo este espacio porque vengo a combatir a la mafia sindical, los que fueron a buscar mi vida”, dijo Pablo Ansaloni apenas arribó a San Pedro para participar de la visita de Javier Milei, a quien acompaña como precandidato a diputado nacional. Sus palabras resonaron en el despacho del intendente Cecilio Salazar, que quiso responder.

“En cuestiones políticas yo no le contesto a nadie, pero estas cosas no las puedo dejar pasar”, dijo el jefe comunal e histórico dirigente de Uatre/Osprera en diálogo con La Opinión. “Le quiero contestar porque la obra social nos llevó 30 años con Venegas, Ayala y tantos dirigentes construir, y este muchacho en un año y dos o tres meses hizo una gestión desastrosa”, señaló.

En ese sentido, recordó que tras “muchas denuncias de beneficiarios y prestadores”, la Justicia decidió intervenir Osprera para auditar las cuentas. Sólo en San Pedro, reveló Sadiv aguarda el pago de una deuda de más de 60 millones de pesos. En la ciudad, indicó, perdieron más de 2 mil afiliados.

“Este muchacho dejó 13 mil millones de pesos de deuda en la obra social, casi cuatro recaudaciones. Y no daba prestaciones. Dónde fue esa plata, no sé, por eso la Justicia lo está investigando. Hasta el fondo de contingencia desapareció”, dijo Salazar.

“Ojalá que la Justicia determine rápidamente”, dijo Salazar sobre el crimen de Mauricio Cordara y señaló: “Hay mucha gente que tiene claro y no puede decirlo, pero se saben las vinculaciones con el delito que tiene este personaje nefasto y neonazi”.

Sobre la disputa por el partido Fe, indicó que aguardan una resolución judicial que permita resolver democráticamente en elecciones internas la conducción del espacio político. “En todos los distritos estamos con Unión por la Patria”, dijo Salazar. El partido nacional, que conduce Ansaloni, selló acuerdo con Milei y La Libertad Avanza. “Para hacerlo, intervino todos los distritos del país, nadie estaba de acuerdo”, aseguró Salazar.

“Casi quiebra la obra social en un año y pico y él es un potentado”, disparó Cecilio Salazar y agregó: “Le contesto porque quiero mucho a mi gremio, tengo sentimientos encontrados, soy del trabajo rural y me duele mucho lo que pasó por culpa de este personaje nefasto, por eso me siento impulsado a responderle, no lo puedo dejar pasar. Él va a ser procesado y se quiere salvar siendo diputado nacional teniendo fueros”.

Mientras aguardaban el arribo del precandidato a presidente Javier Milei en el local de Ramón Salazar y La Libertad Avanza, a medida que pasaban los minutos se acercaban los diversos dirigentes que forman parte del espacio. Entre ellos, Pablo Ansaloni, el sindicalista de Uatre oriundo de Colón que preside el partido Fe nacional.

Enfrentado con Cecilio Salazar y José Voytenco en una dispusta que provocó la primera elección de la Uatre con más de una lista, Ansaloni se diferenció de ellos, que acordaron respaldo a los candidatos oficialistas de Unión por la Patria, y selló alianza desde el Fe nacional con La Libertad Avanza.

Ansaloni es quinto precandidato a diputado nacional en la lista de Milei y fue el artífice del desembarco de Ramón Salazar en ese espacio como precandidato a intendente. “Vengo a acompañar a un gran amigo que me dio la vida”, dijo sobre el hijo de Cecilio Salazar.

“Estoy muy contento de volver a San Pedro. Saben que quien se olvida de donde viene no sabe adónde va, y yo soy un trabajador rural que nunca me olvido de dónde vengo”, señaló Ansaloni.

Consultado por La Opinión, el exdiputado habló por primera vez en San Pedro sobre el asesinato de su chofer, el sampedrino Mauricio Cordara, quien fue atacado a balazos por sicarios en Colón, afuera de la casa de Ansaloni, en un atentado que, sostiene la investigación, habría tenido como destino al propio dirigente de Uatre/Osprera.

“Me pongo medio nostálgico porque Mauricio era un hermano para mí, así como son todas las familias de cada uno de ellos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y por eso hoy estamos enfrentando esto con muchísima fuerza y con fe, porque somos gente de fe”, señaló.

“Estoy compartiendo este espacio porque vengo a combatir a la mafia sindical, los que fueron a buscar mi vida”, dijo sobre su integración a La Libertad Avanza. “Por eso lo acompaño a Javier Milei y a Ramón Salazar, que es el que está en contra de todas las mafias sindicales”, agregó.

Ansaloni dijo que tiene “mucha expectativa con Ramón” porque “ha sabido conducir los destinos de la ciudad de San Pedro y seguramente es el futuro que va a llevar adelante a todos los sampedrinos hacia donde quiere poner a su localidad que tanto ama”.

“Estoy contento porque está mi amigo Ramón Salazar y un dirigente sindical que quiero mucho, que pertenece a la Unión Ferroviaria, y el sindicalismo argentino requiere de personas como él para salir adelante”, dijo en relación a Fernando Negrete, tercer precandidato a concejal en la lista de Ramón Salazar y ex subsecretario de Desarrollo Humano de Cecilio.

Consultado sobre la situación del partido Fe, que preside a nivel nacional, destacó que el presidente del Fe provincial es Luis Borlegui, aunque indicó que hay una situación judicial que resolver en ese ámbito. Además, vaticinó que “seguramente el partido Fe en San Pedro va a quedar bajo la conducción de mi amigo Ramón Salazar, porque muy pronto se tendrán que renovar las autoridades”.

La semana pasada se cumplieron siete meses del asesinato del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del exreferente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, quien en estas elecciones buscará volver a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, esta vez en la boleta de La Libertad Avanza, junto a Javier Milei.

La causa por el crimen está a cargo de la fiscala de Colón Magdalena Brandt, quien logró detener a uno de los coautores, al que contrató a lo sicarios para cometer el asesinato y a varias personas sindicadas como partícipes secundarias. Pero aún resta uno de los responsables, el autor del disparo.

Se llama Alfredo Nicolás “El Calamar” Almirón y la investigación lo tiene como el que utilizó el arma de fuego con la que se efectuaron nueve disparos en la puerta de la casa de Ansaloni, luego de que Cordara llegar con los hijos del dirigente sindical y político.

Declarado prófugo, la Justicia lo busca sin éxito desde que pudieron confirmaron su participación. A la orden de detención librada en su contra y distribuida en todo el país, la familia de la víctima quiere proponer que se sume una recompensa que permita obtener datos sobre su paradero.

El último detenido por el caso fue Julián Nicolás Marcelo Gómez, un exconvicto que cumplía condena por robo calificado cuando mataron a Mauricio Cordara. La instrucción de la causa logró establecer que desde la propia cárcel se habría ocupado de contratar a los sicarios, aunque todavía no está a claro quién fue el que lo contrató a él para organizar el asesinato.

Los sicarios que llegaron desde Rosario en un Fiat Palio rojo eran Iván Alonso, de 19 años y detenido a fines de enero, y “El Calamar” Almirón, que es a quien las cámaras de seguridad registraron de remera azul, jen y gorra negra, empuñando la 9 milímetros con la que mataron al sampedrino. Alonso está imputado como “coautor”.

El resto de los detenidos en la causa están acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasladar a los sicarios. Están alojados en Rosario, donde tramitan otras causas en su contra.

Todos los involucrados tienen prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías, donde recurrieron la decisión de primera instancia de que sigan presos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio.

Ángel Ochoa estaba preso cuando lo acusaron de vender el automóvil para “hacer un laburo” que no era otro que matar a Cordara. Jonatan Blas Sosa es quin tenía el Palio en una cochera. ernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos.

Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, manejaba el auto tres días después del asesinato y es el único acusado de “encubrimiento.

Ese automóvil había sido robado en agosto pasado en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el crimen.

El domingo por la noche y en horario central del programa de noticias que se emite por A24 y América, Rolando Graña sentó por primera vez a Pablo Ansaloni, el dirigente de Uatre/Osprera al que, según la investigación, estaban destinadas las nueve balas que terminaron con la vida del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del exdiputado, en la ciudad de Colón, un viernes en las puertas de su domicilio particular.

Ansaloni consideró que sufre “persecución” y que esa situación, vigente al momento del crimen, persiste. “La sigo teniendo hoy. Al finalizar las elecciones en Bahía Blanca, se publicaron tickets y fotos mías que tenés que estar persiguiendo como para tener esos elementos en la mano”, señaló en la nota.

“Así dice la Justicia”, respondió ante la consulta acerca de si los disparos eran para él. “Quiero agradecerle a Magdadalena Brandt, a los secretarios de Colón, que con una humilde fiscalía llegaron a esto. Estoy muy agradecido con ellos. Cuando yo lo dije, como estábamos en una interna sindical, muchos descreyeron. Hoy lo dice la Justicia”, agregó.“Lo dice la Justicia y el tiempo va a ser testigo”, sostuvo al señalar que el hecho podría estar relacionado con su candidatura en la Uatre. “Perdimos la elección en diciembre por tres votos, está impugnado ese hecho ante el Ministerio de Trabajo, acabamos de presentar un ejecutivo para la ministra Kelly Olmos”, informó y advirtió: “Pero nada se detiene con nuestra persecución, si no que intervienen nuestra obra social el 28 de febrero, por el Juez Baric”.

Consultado sobre si hubo amenazas previas, reveló que lo han seguido y que incluso lo llamaban para decirle que su hijos habían entrado a algún lugar, como para dar cuenta de que lo vigilaban, tanto él como a su familia. Nunca denunció, dijo. “No creí que fueran tan capaz de llegar a este tipo de situación”, señaló.

“Somos un gremio del interior del país, con trabajadores rurales, no estamos acostumbrados a esto. Estos que están conduciendo los destinos de nuestras instituciones tienen que ver con las mafias, no con los trabajadores rurales”, cuestionó y aseveró que seguirá participando en la Uatre. “. Por eso le agradezco a Cecilia que siga luchando, quiero luchar a la par de ella para seguir protegiendo a los que vienen. “Con Pablo Ansaloni afuera de esta lucha sindical, les queda todo servido en la mano. Ellos ganaron, pero nosotros tenemos el 50 por ciento del país”, advirtió.

Desde el 25 de noviembre, Pablo Ansaloni tiene custodia. “Quiero agradecer el gesto que han tenido las autoridades nacionales para mí y con mi familia. Ha cambiado mi vida, pero se lo decía a Cecilia, sin miedo, porque se lo prometí a Gerónimo Venegas, porque somos los que tenemos que liberar a las instituciones de todas estas mafias que rodean al sindicalismo y a la política”, sostuvo.

¿Qué dice el gobierno? Somos escuchados, vamos y estamos terminando el trámite administrativo qeu corresponde. Somos el 50% del país que no queremos las mafias del sindicato.

¿Tenés contacto con la familia de Cordara? Sí, son los que me piden que no afloje, que luche, el 21 de diciembre a la noche después del resultado me llamaron y me dijeron que tenían miedo de vivir en la ciudad donde viven, en San Pedro y que por favor hiciera algo por ellos, que no dejara de luchar no sólo por Mauricio Cordara que era mi amigo, mi compañero, sino por todos aquelllos humildes que hoy necesitan de gente como Cecila para que vayan al frente y que alguien lucha por ellos.

¿Qué pasa con tus hijos? Hoy los tenemos con psiquiatra y psicólogo, vivimos en un conglomerado donde estamos t odos juntos, no nos queremos separar, nos cambió, nos transformó la vida, pero no dejamos de ir a Colón, que mi pueblo, y yo tengo un dicho: que el se olvida de donde viene, no sabe para dónde va, pero cerca de ellos. Gino está por cumplir 18 años y sabe ir a tomar algo con los amigos y bueno, estamos continuamente acompañándolo y desesperados por ellos. Gino dice hace pocos días que una de esas balas le marcó en el cuerpo, eso fue muy triste y muy doloroso, lo rozó.Podrían haber matado a tu hijo No alcanzaron a hacer eso, tengo la costumbre de levantar el portón y tal vez se hubiese metido esta lacra que estamos viendo esta imagen, no la había visto nunca, y hubiese sido… me pone mal porque lo llamé a la mañana a Mauri para que fuera a llevar a mi hijo, yo había perdido el avión a Misiones.Se me hacía tarde, inaugurábamos la sede partidaria con mi amigo Ricardo W?, que nos acompañó allá y pierdo el vuelo y decidimos volver el viernes y no el sábado, lo llamo a Mauri si me hacía el favor, nunca volvía el viernes, hacía el mismo recorrido.Tenían el dato preciso, habían hecho inteligencia…Así es, así nos dice la Justicia. Es un amigo el que me falta, era amigo de la familia, lo extrañamos, si estaba él con mi familia hacé de cuenta que estaba yo, sabía que iban a estar… es un pibe muy humilde que dejó 4 pibes solos en San Pedro. Un día Dios nos tiene que ayudar a saber quién contrató a todos estos mafiosos para ejecutar a Mauricio como lo ejecutaron

¿En tu fuero íntimo sabés quién fue quien mandó a matarte? El 20 de octubre fue despedido de la obra social y me querían borrar de la institución… En plena pandemia. Después la justicia me puso en ese lugar nuevamente, fuimos formando nuestra agrupación, es la primera vez en la historia que hay una elección con dos listas.

¿Hubo muestras de solidaridad de tus adversarios? No, nadie. Está conformado el cuerpo nuestro por 5 miembros, 4 de ellos sí, estuvieron siempre y siguen estando a la par de Pablo y todos los compañeros. Después no, nuestros adversarios ninguno de ellos.

El viernes pasado la Agencia de Investigaciones Criminales de la policía de Rosario detuvo a un joven de 19 años, identificado como Iván Alonso, sobre quien pesaba orden de captura por estar acusado de tener participación directa en el asesinato de Mauricio Cordara, el sampedrino chofer del dirigente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, baleado por sicarios en Colón el 18 de noviembre pasado.

La fiscala Magdlanea Brand, que instruye la causa, explicó en Radio Cuarentena este lunes la relevancia que tiene para el caso la detención de Alonso y precisó que el joven está imputado como coautor del homicidio.

Confirmó que Iván Alonso “venía en el Palio rojo”, es decir que es una de las personas que participó de manera directa en el asesinato. La Justica procurará establecer cuál fue su rol, luego de que trascendidos periodísticos que citan fuentes policiales señalaran que sería el conductor del coche y no el que disparó contra Cordara.

“No me han llegado las actuaciones de Rosario, está en proceso de extradición”, dijo al respecto Brandt. El detenido permance alojado en esa ciudad santafesina pero será extraditado a Colón para que la fiscala le tome declaración indagatoria.

“Este detenido está acusado de coautor del homicidio, qué papel cumplió no lo sabemos todavía. Pero vino acá, es coautor del homicidio”, dijo la fiscala Magdalena Brandt en Radio Cuarentena.

“Lo van a poner a disposición de nosotros porque está detenido por un pedido mío, por orden del Juzgado de Garantías, tenía pedido de captura”, explicó. La vivienda de Alonso había sido allanada cuando se produjeron las otras detenciones, pero él no estaba, por lo que pesaba sobre él la orden de detención.

“Hay otros datos que tenemos que no puedo dar a conocer, otras pericias, otrsa cosas para hacer”, dijo Brandt y confirmó que todavía no le llegaron los resultados de las pericias sobre el teléfono de Cordara, que fue abierto hace alrededor de 10 días.

El resto de los detenidos en la causa, acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasaladar a los sicarios, permanecen alojados en Rosario porque tienen otras causas en su contra que tramitan en la Justicia santafesina.

Iván Alonso, en cambio, no está acusado de otros delitos, por lo que será trasladado a Colón para la indagatoria y quedará detenido en territorio bonaerense a disposición de la Justicia.

La policía de Rosario detuvo en esa ciudad a un hombre identificado como Ibán Luis Alonso, quien tenía orden de captura por estar acusado de ser partícipe directo del asesinato del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del dirigente de Uatre/Osprera Pablo Ansaloni, quien fue baleado en la puerta de la cas del exdiputado en Colón el 18 de noviembre pasado.

La detención se produjo en una estación de servicio de la zona oeste, donde la policía dio con uno de los acusados de estar en el Fiat Palio que fue de Rosario a Colón y viceveresa el día que mataron a Cordara, con los sicarios a bordo, entre ellos el que disparó el arma con el que ultimaron al sampedrino.

La investigación de la fiscala Magdalena Brandt había permitido identificar a Alonso como uno de los tres que estaban en el automóvil, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente dictó la orden de detención, acusado de coautor del crimen.

La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el fiscal rosarino Matías Edery colaboran en la ciudad santafesina con la investigación y tuvieron a su cargo las tareas de campo.

Persoal del Departamento de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) seguía los pasos de Alonso y logró detenerlo en una estación de servicio ubicada en la intersección de la calles Mendoza y Cullen, en el barrio Belgrano de Rosario.

Iván Luis Alonso es el quinto detenido en la causa que investiga el asesinato de Cordara y el primero en ser acusado como coautor del crimen, puesto que es el único, hasta el momento, identificado como ocupantes del vehículo en el que se movilizaban los sicarios.

Se espera que este lunes Alonso sea puesto a disposición de la Justicia bonaerense para que la fiscala Brandt le tome declaración indagatoria y avance en el expediente de la causa.

Por el caso están detenidos los rosarinos Fernando Burgos, Blas Sosa y Ángel Ochoa (ya estaba en la cárcel), los tres acusados de partícipes secundarios por estar relacionado con la preparación del coche para el asesinato.

Además, detuvieron a Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, quien quedó acusado de encubrimiento y fue el único que declaró, para decir que no tiene nada que ver con el asesinato.

Vallejos fue apresado cuando conducía el Fiat Palio rojo utilizado para cometer el crimen. Ese automóvil había sido robado en agosto pasado en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el asesinato.

A más de dos meses del asesinato de Mauricio Cordara, el chofer sampedrino del dirigente de Uatre/Osprera oriundo de Colón, Pablo Ansaloni, la Fiscalía interviniente avanza en la investigación en procura de establecer la autoría material e intelectual de un crimen de características mafiosas.

Magdalena Brandt, fiscala a cargo del caso, explicó el sábado en Sin Galera los detalles de la causa. Con cuatro detenidos y varias hipótesis sobre el móvil del asesinato, la titular de la UFI descentralizada de Colón aguarda los resultados de las pericias sobre el teléfono de la víctima que fue entregado el jueves 19 de enero para su peritaje.

Brandt confirmó la detención en Rosario de cuatro personas vinculadas al Fiat Palio rojo robado que fue utilizado para trasladar al sicario desde esa ciudad santafesina hasta Colón para cometer el crimen y llevarlo de regreso.

Ese coche fue preparado para el homicidio. El diario La Capital de Rosario reveló que fue vendido por un detenido que, todo indica, hace ese “trabajo” desde su celda. Le habían pedido un auto para “hacer un laburo”.

Ángel Ochoa es el preso sindicado como vendedor del auto; Jonatan Blas Sosa es quien guardaba el Palio en una cochera; Fernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos; Ramón Vallejos manejaba el auto tres días después y es el único acusado de “encubrimiento. Los otros son considerados “partícipes”. Además, hay un prófugo.

El único que accedió a declarar dijo que es inocente y la fiscal lo mantiene dentro de la causa acusado de “encubrimiento. El resto hizo uso de su derecho a no prestar testimonio en la indagatoria.

“No hemos parado nunca, en ningún momento”, dijo la fiscala sobre la investigación que encabeza. Para Brandt, la pesquisa en Colón estaría agotada. “No creo que nadie haya visto más”, dijo en relación a los testimonios que ya recogió y que señalaron dónde y en qué momento vieron al Fiat Palio rojo utilizado por los sicarios. “Es una investigación que lleva tiempo, que es muy complicada porque se produjo acá en Colón pero la preparación fue en otro lado”, una afirmación que apunta a “un crimen por encargo”.

“No están descartadas ninguna de las hipótesis. Yo puedo estar alrededor de los ejecutores y la autoría material, pero me falta subir otro escalón en la autoría intelectual”, reveló la fiscala.

En ese sentido, consultada sobre versiones periodísticas que indicaban que una de las hipótesis relacionaba el asesinato con mensajes de Cordara con una mujer con quien mantendría una relación sentimental cuyo esposo sería miembro de Fuerzas de Seguridad y podría estar involucrado en el asesinato, Brandt dijo que es una línea de investigación “que tiene menos fuerza” que otras, como la que relaciona el crimen con la interna de la Uatre, por ejemplo.

Esas versiones periodísticas estaban sostenidas, desde mediados de diciembre del año pasado, en presuntos mensajes descubiertos en el celular de Cordara. “Todavía no llegó el resultado”, dijo sobre ese teléfono, que recién fue abierto para su análisis el jueves pasado.

Durante los allanamientos que permitieron en Rosario detener a los cuatro acusados de participar en la preparación del auto secuestraron varios teléfonos celulares que también serán analizados en busca de elementos probatorios.