La Opinión Semanario fue autorizado a publicar edictos del Departamento Judicial San Nicolás luego de completar el proceso de registro correspondiente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció el máximo organismo mediante resolución del 19 de febrero de 2026, donde se dispone “la inscripción en el Registro de diarios autorizados para publicar edictos que lleva esta Suprema Corte, del periódico denominado ‘La Opinión Semanario S.R.L.’, con domicilio en calle Liniers 71 de la localidad de San Pedro, en el Departamento Judicial de San Nicolás”, que lleva la firma de la presidente Hilda Kogan.

A partir de esta disposición, los profesionales del derecho, martilleros y particulares de la región cuentan con una herramienta ágil y eficiente para la publicación de:

*Edictos judiciales (sucesorios, remates, posesiones veinteañales).

*Convocatorias de asambleas y licitaciones.

*Publicaciones legales y societarias de carácter oficial.

Los edictos son avisos legales cuya publicación es ordenada por los jueces cuando alguna de las partes involucradas en una causa no puede ser notificada de manera directa o cuando se busca dar a conocer públicamente el contenido de una resolución judicial.

Habitualmente, la autoridad judicial dispone que estos avisos se difundan tanto en el Boletín Oficial como en un medio de comunicación de la jurisdicción correspondiente. 

Son publicaciones que suelen utilizarse en casos de citaciones, emplazamientos, juicios sucesorios y remates, especialmente cuando se desconoce el domicilio de alguna de las personas involucradas.

A partir de esta habilitación, La Opinión deja establecida la sección “Edictos Judiciales”.

Este viernes, en horas de la tarde, personal de la Estación Policial Comunal San Pedro, en conjunto con efectivos de la UTOI de San Nicolás, llevaron adelante un procedimiento en la zona de Bajada de Chaves al 500, donde se procedió a la aprehensión de un individuo de 31 años.

Durante la identificación del sujeto, se constató que registraba dos pedidos de paradero activos, ambos del año 2015, a requerimiento del Tribunal Criminal de San Nicolás.

Tras cumplimentarse las diligencias correspondientes y una vez notificado de la situación legal, el individuo recuperó la libertad, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia absolutoria y declaró inocente a un hombre de 46 años que había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal por su expareja, una mujer que durante el proceso intentó desdecirse de la acusación.

En el debate, la fiscala Viviana Ramos había pedido con especial énfasis que se tuviera en cuenta la necesaria perspectiva de género que debe primar en este tipo de casos, sobre lo que el Tribunal se expidió específicamente.

Los jueces consideraron que no pudo sostenerse la acusación porque la causa tuvo "una actividad probatoria que se mostró ineficaz" por parte Ramos y "no puede tenerse por acreditado que los hechos ocurrieron" tal como fueron denunciados.

El Tribunal aseguró haber considerado especialmente las "potenciales vulnerabilidades" de la presunta víctima, que primero denunció sólo agresiones, luego agregó el abuso sexual y en medio del proceso quiso ir a "levantar la denuncia" porque "había mentido".

"La ausencia de pruebas no se subsana con la perspectiva de género a la hora de dictar sentencia", dice el fallo. "Lo que las pruebas no dan, la perspectiva no presta", señaló el Tribunal.

En su voto, el juez Alejandro López aseguró que "se ha analizado el caso extremando el cuidado de la valoración de la prueba, con perspectiva de género, como lo exigió la señora fiscal en su alegato final". 

Sin embargo, advirtió que si bastara sólo con la denuncia para condenar, no haría falta juicio alguno, que es precisamente la instancia en la que debe valorarse la prueba.

"Valorar con perspectiva de género no equivale a flexibilizar los estándares, a reducir la cantidad y calidad de prueba necesaria para arribar a una conclusión incriminatoria", dice el fallo del Tribunal.

Ramos había pedido seis años de prisión —el mínimo previsto para abusos sexuales con acceso carnal— y la defensa pública, a cargo de Joaquín Castro, la absolución que finalmente dictó la Justicia.

La causa comenzó en abril de 2023 cuando la denunciante se presentó en la Comisaría de la Mujer para dejar asentado que había discutido con su pareja y que él la había agredido físicamente ese día, alrededor de las 7.00 de la mañana.

Más tarde, volvió para denunciar que varias horas antes de ese hecho de violencia de género, él había abusado sexualmente de ella cuando llegó alcoholizada de una reunión con amigas y él dormía.

En su fallo, el Tribunal cuestionó la participación de la abogada Mónica Ortega, del equipo de contención a la víctima de la Subsecretaría de Género municipal, en la medida en que fue citada como "testigo experto" pero sólo habló del denominado "círculo de la violencia de género" en términos generales sin hacer hincapié en detalles del caso en particular.

En su declaración, Ortega —que estuvo en el juicio junto a Laura Monfasani para acompañar a la denunciante— dijo que no tenía mayor conocimiento sobre el caso que lo que obraba en la denuncia.

El Tribunal consideró que "en este caso no hicieron" el acompañamiento que describió Ortega como parte de la tarea habitual del equipo de la Subsecretaría de Género, puesto que la denunciante volvió con su pareja a las pocas semanas de radicar la denuncia. 

Incluso la abogada de Género dijo que la "felicitó" por haber salido "sola, sin acompañamiento profesional" de la situación de "círculo de la violencia".

Las pericias médicas practicadas el día de la violencia no constataron lesiones genitales, paragenitales o de defensa, más allá del golpe en el labio que la víctima señaló como producto de la pelea posterior.

El juez López consideró "próximo a la mala fe procesal" el momento en que Ramos le preguntó al acusado respecto de una denuncia previa por abuso, puesto que por su rol de fiscala tenía conocimiento pleno de que había sido sobreseído en esa causa, lo que implica que no había por qué llevarla a colación en el juicio.

Para el Tribunal, en la causa no había más elemento de acusación que la declaración de la víctima. Aunque advirtieron que muchas veces en este tipo de delitos sexuales sucede lo mismo, en este caso hubo "una serie de inconsistencias en el relato" que sólo aportaron "confusión".

"Estas inconsistencias no obedecen, como podrá ser en otros casos, al trauma o la vulnerabilidad sino que han evidenciado relatos sucesivos que improvisan en detalles y que revelan más bien una trama de mentiras", sostuvieron los jueces en el fallo.

Consideraron que si bien es cierto que muchas veces la retractación de la víctima puede obedecer a intimidaciones, "nada quita que en alguna minoría de casos se trate de una lisa y llana mentira".

Pasaron 25 años desde que sufrió abusos sexuales reiterados, 14 desde que se animó a contar lo ocurrido y denunciar, ocho desde que el abusador estaba prófugo porque no lo habían detenido antes del juicio: el lunes, Cintia, una víctima  que desde hace años comparte su experiencia para que otras den el paso y denuncien, al fin podrá ver a su abusador sentado en el banquillo ante el Tribunal.

Omar Corvalán, alias "Papelito", tiene 64 años y el lunes será sometido a juicio oral y público acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de guarda y corrupción de menores.

Tenía 39 cuando la pequeña Cintia, de 3, quedaba bajo su cuidado en la casa de la abuela de ella, pareja de él, y empezó a abusar sexualmente de la nena.

Lo hizo durante alrededor de cinco años, hasta que un episodio trágico familiar lo desalentó, aunque mantuvo siempre las amenazas para que ella no contara nada.

El 13 de junio pasado, Omar Corvalán fue detenido en Puerto Vilelas, una localidad portuaria de 8 mil habitantes en la provincia de Chaco, ubicada sobre el río Barranqueras, a 10 kilómetros de Resistencia.

Estaba prófugo desde agosto de 2017, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás lo había notificado para el juicio oral y público por los abusos.

Había llegado a esa instancia del proceso en libertad y al ser convocado al juicio, escapó. 

Pasaron ocho años hasta que la DDI logró establecer que se escondía en Chaco, a más de 850 kilómetros de San Pedro y en el medio del monte, en un establecimiento agropecuario del paraje El Soto.

Corvalán vivía  solo en Colonia Tacuarí, en la zona rural. Cuando estaba en Santa Lucía, también vivió en el campo, en Colegiales. Desde allí había trasladado, semanas antes de darse a la fuga, a su pareja de entonces, Nélida Delfina Marzán, al Hospital, con un escopetazo.

La mujer tenía una herida de arma de fuego en el muslo que primero le costó la pierna y luego la vida. Él dijo que se le "escapó" el tiro, que le estaba "enseñando la escopeta", que "fue sin querer".

Entre 1999 y 2004, fechas de los abusos reiterados que Cintia recién pudo empezar a contarle a terceros cuando cumplió 15 años, Omar Corvalán vivía con la abuela de la nena.

Los abusos fueron, como le contó ya adolescente a una tía, "totales". 

Le daba dinero y golosinas, y la amenazaba para que no contara. Le decía que jugaban "a mamá y papá" o a "la oveja y el corderito". Sucedió casi todos los días durante cinco años.

Cuando declaró, Corvalán dijo que era inocente, que nunca le había “faltado el respeto” y que todo estaba "armado" para que él "vaya preso" y se "quede sin nada". "Nunca la toqué", dijo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el juicio oral y público, se fugó.

La denuncia fue radicada en 2012, en el destacamento de Santa Lucía. Fue la madre la que denunció. A ella le contó de la situación una amiga que trabajaba en el Hospital, a quien la joven le había relatado lo ocurrido.

La denuncia llegó un año después de que Corvalán se separara de la abuela de la víctima. Su salida de esa casa permitió que Cintia se animara a contarlo todo. No sólo por ella: el abusador visitaba habitualmente a su prima de 8 años y temía que también le hiciera lo mismo.

La pericia psicológica sobre la joven no dejó lugar a dudas: su relato era coherente y verosímil, pero además con indicadores sintomatológicos de haber padecido abusos. 

De la misma manera, su declaración en cámara Gesell fue considerada absolutamente válida a los fines penales.

En 2018, Cintia decidió hablar en el pueblo. En la Semana de la Juventud, ese espacio de confluencia total entre todas las generaciones de Santa Lucía y que paraliza la localidad para celebrar el encuentro, encabezó una charla junto a organizaciones que trabajan para visibilizar las problemáticas de abuso.

Tenía 22 años y les dijo a todas las adolescentes que estaban frente a ella que no estaban solas, que si tenían que denunciar abusos que lo hicieran, que no duden, que siempre hay alguien que las va a acompañar, que al final del camino, aunque pase el tiempo, puede haber justicia.

Si no, lo que hay es impunidad y riesgo de que haya más víctimas.

En el expediente obra una declaración de una chica muy cercana al imputado que relató que alguna vez se lo tuvo que sacar de encima a los empujones. Además, ya están en marcha otras causas por otras denuncias por hechos similares a los que sufrió Cintia.

En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Manso, que había instruido la causa, había estimado una pena de 15 años de prisión efectiva para solicitar en el debate.

La condición de prófugo de la Justicia que mantuvo durante ocho años va a jugar en contra de Omar "Papelito" Corvalán, que el lunes deberá enfrentar, por fin, al Tribunal, a la víctima, al peso de la Justicia. Más de 25 años después de que empezó todo.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a Alejandro Mussin, el turista de 34 años oriundo de Tres de Febrero que el año pasado mató a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21, en un complejo de cabañas en Baradero.

En el juicio quedó acreditado que Mussin golpeó por todo el cuerpo a su pareja y que un fuerte golpe en el cráneo fue el que provocó la muerte de la joven cuando ambos estaban dentro del establecimiento turístico ubicado  en la zona de Colonia Suiza.

El Tribunal consideró que el estado de "inconsciencia" que Mussin presentaba cuando lo trasladaron al Hospital Lino Piñeiro fue "una simulación" y hasta se puso en duda los efectos del consumo de cocaína, que había comprado en Baradero tras llegar en moto desde Villa Bosch con la víctima.

Para cometer el crimen, Mussin utilizó al menos tres elementos distintos con los que produjo una gran cantidad de lesiones en el cuerpo de la víctima. Las heridas fueron de tipo cortantes, excoriaciones, fracturas de cráneo, entre otras.

La autopsia había constatado múltiples golpes en la cabeza. Uno de ellos provocó un hematoma subdural, lo que implica que las heridas llegaron hasta la zona del cerebro. El hematoma era tan generalizado que llamó la atención del mismísimo médico forense.

La pareja había arribado el 18 de abril de 2024, alrededor de las 2.00 de la madrugada. El sábado 20, el dueño del complejo vio que salía agua del interior del alojamiento donde estaban y golpeó. No lo atendían, por lo que llamó a la policía.

Cuando abrieron la puerta se encontraron con la macabra escena. El agua que corría arrastraba coágulos de sangre. La víctima estaba en el piso, sin vida. Adentro, todo estaba destrozado y había sangre por todos lados.

Sobre un colchón, tapado con una frazada, estaba Mussin, con una cuchilla en la mano. Lo esposaron porque se movía y se agarraba de la camilla. También movía los párpados y parecía escuchar todo lo que ocurría. Por eso consideraron que simuló el estado de inconsciencia.

La relación violenta de Mussin con la víctima fue acreditada por diversos testigos. El padre de Guadalupe aseguró que él le controlaba todos los movimientos y que ella estaba decidida a dejarlo por los episodios de violencia que habían vivido.

Mussin la había golpeado en la vía pública, provocándole lesiones en un ojo, en los labios y en las costillas. Ese hecho fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Villa Bosch y la Justicia impuso una medida de exclusión perimetral.

Cuando venció la restricción, ella decidió no renovarla y volvió a convivir con él. Nadie sospechaba de las adicciones de Mussin, pero todos notaban que él tenía una actitud posesiva sobre ella.

Los hechos de violencia fueron muchos. Incluso una vez amenazó con prender fuego el perro, mientras no la dejaba salir de la casa en la que convivían. Cuando se separaron por un tiempo, él seguía escribiéndole.

Las amigas de Guadalupe contaron que ella dejó de frecuentarlas, pero que alguna vez les dijo que tenía miedo porque él era violento y no sabía cómo manejarlo. Incluso les contó que él, además de consumir, vendía cocaína.

Las responsables del área de Género de la Municipalidad de Tres de Febrero relataron que hubo varias denuncias de violencia sexual, psicológica y física: golpes con un palo de escoba, ahorcamiento, golpes de puño.

Informaron que su área evaluó la situación como de "alto riesgo" y que además de la restricción perimetral ella tenía un botón antipánico. Había amenazas de muerte que incluían apuntarla con un arma de fuego.

El juez Alejandro Ares, que debutó en un juicio oral y tuvo a su cargo la expresión del voto, consideró que los elementos obrantes en la causa dieron cuenta de que Mussin tuvo "plena conciencia del hecho" que había cometido, por lo que no le aplican los atenuantes que planteó la defensa.

"Mussin presentaba autolesiones que no pueden explicarse sin consciencia de lo sucedido y que permiten dejar de lado el estado de inconsciencia y la ausencia de recuerdo", consideró Ares.

Mussin le dijo al médico forense que había consumido 20 gramos de cocaína. Cuando el profesional le destacó que era imposible semejante consumo, se corrigió, dudó, cambió el discurso. Las lesiones de defensa por parte de la víctima eran claras en el rostro del femicida.

Las pericias psicológicas concluyeron que Mussin comprendía la criminalidad de sus actos y que, aunque presentaba trastorno propios de un adicto a las drogas, el consumo de estupefacientes no afectaba los parámetros indicados. Su relato resultó inverosímil y simulado.

El psiquiatra que lo vio en el Hospital de Baradero relató que todo el tiempo preguntaba por Guadalupe, tras un estado de estupor que fue, a todas luces, una simulación: cuando le dijeron que si no hablaba iba a quedar asentado que no quería colaborar, comenzó a dar un discurso ordenado, repentinamente.

Alejandro Emanuel Mussin fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, lo que implica que la única pena posible para su condena es la de prisión perpetua.

Este miércoles al mediodía, en San Nicolás, prestó juramento ante los camaristas penales el nuevo juez del Tribunal en lo Criminal n.° 2, Alejandro Ares.

Así, el ex defensor oficial titular de la Defensoría n.° 1 de San Pedro asumió formalmente para el cargo para el que concursó y fue designado.

El Senado bonaerense había aprobado su pliego en junio pasado y luego el gobernador Axel Kicillof lo refrendó vía decreto.

Ares iba a jurar como juez del Tribunal cuando Sandra Bicetti hizo lo propio como titular de la Fiscalía General tras ocupar varios años el cargo de manera interina, pero una demora relacionada con su declaración jurada lo impidió.

Salvados los inconvenientes, desde ahora el exdefensor integra el TOC 2 junto a los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, por lo que se completa la terna.

La Defensoría Oficial n.° 1 de San Pedro quedó vacante y, hasta que se designe el reemplazo de Ares, las causas serán subsumidas por el titular de la 2, Joaquín Castro.

Finalizó en la sala de audiencias de los Tribunales de San Nicolás el juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada hace exactamente dos años, el 13 de agosto de 2023, jornada de las elecciones Primarias.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani pidió penas de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck, acusado de femicidio; 20 años de cárcel para su pareja, Daiana Franco, por homicidio simple; y seis años para Mario Franco, padre de Daiana, acusado de encubrimiento agravado.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal nicoleño se conocerá la semana que viene, todo indica que el miércoles al mediodía, momento en el que los jueces informarán si son culpables o no y la pena que les corresponde en caso de fallo condenatorio.

El juicio técnico —no por jurado ciudadano, que era una posibilidad— se desarrolló durante martes y miércoles en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, con decenas de testigos que declararon.

Este miércoles fue el turno de los acusados y en medio de la declaración de Francisco Vlaeminck los jueces desalojaron la sala luego de que en medio de su relato allegados a Naiara lo insultaran.

A la hora de los alegatos, Viviani puso de relieve que las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para acreditar que a Naiara la mataron de siete puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Vlaeminck y Franco, donde agonizó por alrededor de siete horas.

El testimonio de los peritos de Policía Científica y de la Policía Federal que ratificaron que la presencia de rastros de sangre sólo podía ser humana y de varios días posteriores a la jornada del levantamiento de las pruebas también fue puesto de relieve por Viviani.

De la misma manera, fue relevante el relato de un testigo que contó que el día antes de que el cuerpo de Naiara aparezca flotando en el río en un tambor de 200 litros había cruzado a la isla a Francisco Vlaeminck y una hora más tarde hizo lo propio hacia el continente.

El testimonio de la policía que analizó las cámaras de seguridad que detectaron la moto en la que circulaba Naiara cuando llega a la casa de Primera Junta y Bottaro sin que haya registros de que saliera, así como las grabaciones que muestran ese domingo ir y venir varias veces al auto de Mario Franco también fuerelevantes.

En su alegado de defensa, el abogado Adolfo Suárez Erdaire procuró, al igual que a lo largo de todo el juicio, atacar los elementos probatorios que reunió Viviani y llevar a los jueces hacia la duda respecto de la contundencia de las pruebas en contra de sus defendidos.

Ahora, los integrantes del Tribunal se tomarán el tiempo de ley que tienen previsto para analizar todo el material revelado durante el juicio para dar a conocer su veredicto y, en caso de fallo condenatorio, la pena que será impuesta a los acusados.

Este martes tuvo lugar en los Tribunales de San Nicolás la primera jornada del juicio oral y público contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, acusados del asesinato de Naiara Durán.

Unos 22 testigos, entre ellos los médicos que practicaron la autopsia el cuerpo de Naiara, pasaron por la sala de audiencias durante la primera jornada del debate, que comenzó alrededor de las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 16.00, con un cuarto intermedio al mediodía.

La primera en prestar declaración fue Elsa Romero, la abuela de Naiara, quien fue convocada para contar cómo había sido la vida de su nieta hasta el momento del crimen, los pormenores que conocía de la relación que mantenía con su expareja Francisco Vlaeminck, entre otros aspectos.

La familia de Naiara concurrió con remeras que tenían el rostro de la joven estampado y la cantidad de personas que llegó a Tribunales fue tal que no todas pudieron pasar a la sala de audiencias. 

Entre los presentes estaba la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, puesto que el caso está caratulado como femicidio.

Los acusados decidieron que el juicio no sea por jurados sino técnico, puesto que su abogado particular, Adolfo Suárez Erdaire, tiene como estrategia de defensa atacar desde el punto de vista formal las pruebas colectadas por la fiscala María del Valle Viviani durante la instrucción.

Así, la primera jornada tuvo muchas cuestiones técnicas que se ventilaron en el debate: desde los metros río adentro donde estaba el tambor, hasta los aspectos vinculados al mantel en el que estaba envuelto el cuerpo de Naiara o los pelos del perro que hallaron y que nunca pudieron cotejar porque el animal desapareció misteriosamente.

Los peritos de la Policía Federal ratificaron que los perros de esa fuerza detectaron sangre humana de más de 48 horas en la casa, ante los planteos del abogado defensor, que pretendía poner en duda esa prueba.

La segunda jornada será este miércoles, cuando se cumplen dos años desde aquel domingo de las elecciones Primarias 2023 en el que Naiara salió de su casa en moto y no se la vio más. 

Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, dentro de un tambor de 200 litros que fue divisado por un pescador en la zona de Cantando en el Río, flotando en el riacho.

Pasarán, entre los testigos, personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, que tuvo a su cargo la investigación, y de Policía Científica, que practicaron las pericias durante la instrucción de la causa.

Además, se espera que declaren Francisco Vlaeminck, Daiana Franco y Mario Franco, padre de ella, acusado de encubrimiento.

Viviani llevó a Francisco Vlaeminck y a Daiana Franco a juicio detenidos, acusados de haber matado a Naiara a puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Primera Junta y Bottaro donde ambos convivían.

Las pericias hallaron restos de sangre bajo una pintura reciente en las paredes de la casa y el mantel en el que estaba envuelto el cuerpo sin vida de la joven víctima coincide con uno que se ve en muchas fotos de redes sociales de la pareja acusada.

El personal policial que practicó pericias en la casa también ratificó la limpieza del cuarto donde encontraron las manchas de sangre respecto del resto de la casa.

Para Viviani, las pruebas son suficientes para lograr una condena, que en ambos casos sería de prisión perpetua porque la acusación es por homicidio agravado, que incluye la figura de femicidio en el caso de Vlaeminck.

Para el abogado Suárez Erdaire, las pruebas no son contundentes para condenar a sus pupilos. La decisión final la tendrán los jueces cuando una vez que termine el juicio este miércoles deliberen respecto de los elementos probatorios y los alegatos de las partes.

La semana que viene, en los Tribunales de San Nicolás, tendrá lugar el juicio oral y público por el crimen de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo apareció varios días después dentro de un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

Habrá alrededor de 50 testigos que fueron citados al juicio, entre ellos los profesionales que tomaron intervención en la autopsia y el levantamiento de pruebas.,

Los imputados, Francisco Vlaeminck, expareja de Naiara y padre de uno de sus hijos, y de Daiana Franco, pareja conviviente de Vlaeminck en ese momento, declararán ante los jueces durante el debate.

Él está acusado de femicidio y ella, de homicidio simple agravado. Para ambos, la única pena posible en caso de resultar declarados culpables es la prisión perpetua. Además, Mario Franco, padre de Daiana, será juzgado por encubrimiento.

El abogado defensor particular de los acusados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó en La Opinión & Sin Galera que buscará demostrar que las pruebas que obran en la causa “no son lo suficientemente contundentes” para condenar a Vlaeminck y Franco.

La fiscala María del Valle Viviani, por su parte, intentará convencer al Tribunal que los acusados son los responsables de asesinar a Naiara y de tirarla en el río dentro del tambor de 200 litros en el que hallaron su cuerpo, envuelto en un mantel y atado con cables.

Suárez Erdaire sostuvo que eligieron un juicio técnico en lugar de uno por jurado ciudadano porque la estrategia de defensa es atacar técnicamente la profundidad de la prueba colectada por Fiscalía.

Viviani, en tanto, consideró en la instrucción que los elementos probatorios reunidos son suficientes para establecer la culpabilidad y que el Tribunal condene a los acusados.

Elsa Romero, abuela de Naiara, dijo a La Opinión & Sin Galera que será la primera en testificar en el juicio el martes y que presenciará todo el debate, excepto cuando tengan que exponer las imágenes de cómo encontraron a su nieta asesinada.

Confirmó que familiares, amigos y allegados de la joven irán a San Nicolás con pancartas, banderas y carteles a la espera de que el resultado sea favorable y que el crimen no quede impune.

"Confío en la Justicia", dijo Elsa y aseguró que, al igual que Fiscalía, entiende que los elementos de prueba son suficientes para que haya condena contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, los acusados de matar a Naiara.

Dos casos de empleados municipales que el Gobierno decidió despedir por sus conductas reprochables serán definidos por la Justicia Laboral de San Nicolás, puesto que ambos tienen tutela sindical o fueros gremiales.

En cada caso, los trabajadores incurrieron en actos que son pasibles de sumario con dictamen de despido, pero son delegados sindicales, una de ATE y otro del STM, por lo que no se los puede dejar cesante sin que antes pierdan la inmunidad gremial.

El más avanzado es el de la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica por una fascitis plantar y mientras no concurría al sistema sanitario público se la vio cumpliendo tareas en el Hospital privado Sadiv.

Su caso ya está en el Tribunal Laboral n.° 2 para que los jueces definan la exclusión de su tutela sindical, de manera tal que se pueda proceder al despido por "inconducta notoria" y "falta grave que perjudica materialmente a la administración pública municipal".

La enfermera tenía licencia por fascitis plantar por 10 días otorgada bajo certificado médico firmado por un traumatólogo el 18 de diciembre del año pasado. 

Dos días después, la vieron en el Hospital privado Sadiv, cuyas autoridades confirmaron que había cumplido tareas desde la misma fecha en la que entró de licencia.

En el caso del empleado del Estadio que en 2022, cuando tenía 50 años, fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años, la condena impuesta por la Justicia —tres años de ejecución condicional— habilita al Gobierno a despedirlo.

El expediente está en proceso para que el presumario administrativo se convierta en sumario y se dictamine la decisión de dejarlo cesante, ante la inconducta manifiesta que implica haber sido condenado por abusar de una chica que practicaba deportes en su lugar de trabajo.

Con el dictamen, el área de Legales de la Municipalidad deberá ir a la Justicia Laboral para pedir, al igual que en el caso de la enfermera, la exclusión de la tutela sindical, puesto que formó parte de la última nómina de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, electa recientemente.

Como con la delegada de ATE, serán los jueces del fuero Laboral quienes resuelvan si corresponde quitarle la inmunidad sindical de la que goza para que el Estado local pueda despedirlo, teniendo en cuenta que la inconducta no guarda relación con actividades gremiales, que son las que buscan proteger los fueros para evitar arbitrariedades.

El Gobierno provincial remitió a la Legislatura una serie de pliegos para la designación de autoridades en la Justicia bonaerense, que incluye tres nombres vinculados al Departamento Judicial San Nicolás y a San Pedro.

Tras 131 designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales, elevaron otras 12 iniciativas entre las que aparecen la Fiscalía General, un juez para completar el Tribunal en lo Criminal n.° 2  y un defensor para los fueros Civil y Comercial y de Familia.

Una de las propuestas más relevantes es la de Sandra Bicetti para quedar oficialmente al frente de la Fiscalía General, cargo que ocupa de manera interina desde que se jubiló Héctor Tanús.

Para San Pedro, la más importante es la designación del actual titular de la Defensoría Oficial n° 1, Alejandro Ares, como juez del Tribunal Criminal 2 que integran Alejandro López y María Elena Baquedano.

Ello implica que, tras la designación, la Defensoría 1 quedará vacante y deberá subrogarla el titular de la 2, Joaquín Castro, mientras las tareas operativas las llevan adelante la secretaria, Catalina Mersé, y la auxiliar letrada, Nadia Obaid Codó.

Para el Departamento Judicial San Nicolás también fue elevado el pliego de Leonardo Bluhn para la Defensoría en los fueros Civil y Comercial y de Familia. En la actualidad, Bluhn es auxiliar letrado en el Juzgado Civil n.° 5.

En total son 12 los pliegos elevados por el Gobernador Axel Kicillof al Senado bonaerense y el Ministerio de Justicia espera que sean aprobados en sesión la semana que viene.

Además de las designaciones para el Departamento Judicial San Nicolás hay cargos a cubrir en La Plata, Zárate-Campana, Azul, Morón, San Isidro, Mercedes, La Matanza, San Martín y Merlo.

"Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni. 

De allí en más, las versiones sobre medidas contra la asociación que nuclea a las prepagas y en particular a su presidente y dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt se plasmaron en una resolución que impone a las empresas Osde, Medifé, Swiss Medical, Omint y a las Asociaciones que operan en el Hospital Italiano y el Hospital Alemán a ajustarse a las disposiciones aún en aquellos casos en los que se hayan tramitado recursos de amparo.

En el caso de los juzgados de San Nicolás a diferencia de lo dispuesto en el partido de San Martín o en Concepción del Uruguay, la justicia había respondido a quienes solicitaron la medida cautelar con dilaciones tales como considerar que las víctimas de los aumentos abusivos que tenían aportes de monotributo o podían acceder a Pami, en el caso de los afiliados adultos mayores, “no estaban desprotegidos”. 

En distintos estudios jurídicos se encontraron con respuestas diferentes por parte del mismo juzgado federal y en ningún caso había resoluciones favorables definitivas pese a las denuncias de cartelización que quedaron plasmadas en los escritos.

Esta tarde, el Dr. Daniel Spirópulos* confirmó a La Opinión que son varias las acciones a emprender para quienes quedaron atrapados en estas maniobras. Por un lado las que se sucedieron en la jurisdicción de San Nicolás y por otro en los derechos que hoy le asisten a cualquier afiliado para que le sea restituido el dinero que le cobraron demás.

“Ahora, los que tramitaron en amparo y no se los concedieron por algún motivo tienen que mandar una carta documento a la prepaga y pedir que le liquiden la cuota que corresponde si es que se vieron obligados a dejar de pagar o intimarlos para que devuelvan el dinero que percibieron demás”, señaló Spirópulos tras evaluar que las acciones a emprender podrán encaminarse tanto en el fuero Civil y Comercial como en alguna instancia penal -sobre todo en casos de pacientes cuya salud se haya puesto en riesgo- que apunte a la posición dominante de quienes “se pusieron de acuerdo para aumentar todos juntos”, detallló. Todo esto sin desestimar las acciones iniciadas y mediaciones que se hayan intentado desde las oficinas de Defensa de los Derechos del Consumidor.

ARTÍCULO 1°.- Ordénase, en los términos del Artículo 44 de la Ley N° 27.442, a GALENO ARGENTINA S.A., HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN CIVIL, HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL, MEDIFÉ ASOCIACIÓN CIVIL, SWISS MEDICAL S.A., OMINT S.A. DE SERVICIOS, OSDE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS, CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- y al señor Claudio Fernando BELOCOPITT, en su doble carácter de presidente de la empresa SWISS MEDICAL S.A. y de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS-, en lo que a cada uno le compete, que a partir del dictado de la presente medida: (i) los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: Cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 multiplicado por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), (ii) en el caso de clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste se deberá realizar teniendo como base un plan similar al contratado, (iii) cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- o cualquier otro, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial".

Este es el texto con la resolución adoptada por la Secretaría Industria y Comercio que además fija un plazo de seis meses en los que las cuotas no podrán sufrir otras modificaciones. 

La Resolucion Del Gobierno para que las prepagas bajen sus cuotas by LaNoticia1.com on Scribd

También la decisión incluye la obligación por parte de las empresas de publicar esta resolución en sus páginas web y remitir documentación y datos que el gobierno les solicita para seguir adelante con su operatoria. Entre otros, la facturación, la cantidad de afiliados, los planes y coberturas y otros detalles que puedan afectar a los ciudadanos que en su mayoría optan por alguna de estas coberturas y sufren aumentos aún mayores cuando superan los 65 años.

*Dr. Daniel Juan Spirópulos, Tomo IX, Folio  140 CPASM

Esta semana, en dos jornadas, se desarrolló en San Nicolás el juicio por intento de femicidio contra Fernando Palacio quien permanece detenido tras haber participado de un episodio que ocurrió en su vivienda y en el que una mujer de 29 años sufrió quemaduras, por lo que debió ser internada. 

En primera instancia, la víctima acusó a Palacio de haberla agredido pero luego ante la fiscala Viviana Ramos se contradijo. Pese a eso, dictaron la prisión preventiva y por lo que bajo la condición de detenido Palacios deberá esperar el veredicto que se conocerá este lunes. 

Maria, la influencer reconocida como La Chabona, hermana del único imputado sostuvo en el aire de Radio Cuarentena que Fernando es inocente y que “va a salir en libertad”. 

En ese sentido dijo que “ella (por su cuñada) se prendió fuego sola” porque su hermano “no queria estar mas con ella”.