El Ministerio de Transporte de la Provincia ahora intimó a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) a regularizar su situación registral en 30 días bajo apercibimiento de disponer su exclusión definitiva del registro, después de haberla dado de baja del registro de proveedores.

Ahora Cecaitra deberá dejar de lado la figura de una agrupación de empresas que se distribuyen los contratos de fotomultas con los municipios bonaerenses, para convertirse en una sociedad anónima.

De esta manera, Cecaitra pasará a pagar los impuestos que estaba exento (IVA, Ingresos Brutos y Ganancias), maniobra que para lograrlo utilizaba a las universidades como asesoras. La baja del registro de proveedores implica que la empresa no podrá seguir operando el sistema de radares ni percibiendo fondos hasta que se regularice su situación legal y administrativa.

La decisión del Ministerio de dar de baja a la firma Cecaitra del registro de proveedores estatales fue un cimbronazo y dejó un gran interrogante sobre el futuro del sistema de fotomultas, plagado de un entramada que por las irregularidades ha terminado en la Justicia.

La disposición fue comunicada a todos los intendentes que mantienen convenios vigentes con dicha entidad.

El accionar del Tribunal de Cuentas, que audita las administraciones municipales, permitió detectar inconsistencias en la operatoria vinculada al municipio de Pilar, donde Cecaitra era el prestador del servicio y en el medio figuraba la asistencia técnica de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO). Lo llamativo fue establecer que Cecaitra y UNSO compartían la misma cuenta bancaria para percibir los fondos provenientes de las infracciones de tránsito.

Para la Provincia este esquema de convenio no se ajustaba a las normas de contratación pública. A su vez, es cuestionada por la tecnología aplicada y la gestión de infracciones con cámaras no homologadas.

Cecaitra es Bernardino y Mariano García, padre e hijo. También crearon otras empresas, que son subsidiarias, y compraron otras. De esa manera, en diferentes municipios firman convenios con una de estas sociedades, pero en definitiva es Cecaitra.

Full Collect S.A., Exulta S.A., Detectra S.A., son algunas de firmas que se encuentran bajo el paraguas de Cecaitra. Algunas de ellas. tienen el mismo domicilio legal.

Las sospechas de corrupción por la relación con Jorge D’Onofrio, hizo que éste haya renunciado como ministro de Transporte de la Provincia y, a su vez, quede procesado. Y detrás, un enorme entramado de cobro de multas con descuentos, dinero que nunca ingresó a las arcas de la provincia de Buenos Aires y hasta inversiones en España de algunos de los protagonistas.

El concejal Martín Rivas, que preside el bloque denominado Juntos por el Cambio y que a mitad de mandato encabeza la lista de Acuerdo Ciudadano, presentó un pedido al Tribunal de Cuentas (HTC) ante lo que considera una serie de irregularidades en el Conindelta, el consejo intermunicipal que integran los distritos del delta del Paraná, desde San Nicolás a San Fernando.

Rivas pidió al HTC que "investigue a fondo el funcionamiento" del organismo y cuestionó que lleva más de una década presidido de forma ininterrumpida por el Municipio de San Nicolás, bajo la conducción de la familia Passaglia (Santiago y Manuel), algo que contradice la ley, que establece una presidencia rotativa anual entre intendentes".

En su solicitud al Tribunal de Cuentas, el edil pidió copia de los balances de los últimos dos años y de las actas con los aportes de los municipios y el destino de los fondos. Además, puso énfasis en el control de la arena extraída y en la recaudación de ese mineral.

"Pedí que se revisen las acciones concretas realizadas por el Conindelta en favor de la región, ya que la inacción es evidente", dijo Rivas tras la presentación y aseguró: "Este no es un reclamo político más: es una exigencia de transparencia, control, defensa de los intereses sampedrinos y uso correcto de los fondos públicos".

En su solicitud, el edil exigió al Tribunal de Cuentas que "se expida de forma urgente respecto del carácter irregular, ilegítimo y posiblemente ilícito" de la continuidad de San Nicolás al frente del organismo "sin rotación desde el año 2012.

Para Rivas, el Conindelta atraviesa una situación de "opacidad, presunta malversación, falta de rendición de cuentas clara y concentración irregular de recursos públicos".

“No lo plantea así la ordenanza”, dijeron en la conferencia de prensa respecto a la legalidad del articulo 4 de la ordenanza aprobada por concejales y Mayores Contribuyentes que estableció un incremento retroactivo en Alumbrado, Barrido y Limpieza y Servicios Sanitarios.

El anuncio para el que convocaron a la prensa fue precisamente a una facultad que posee el intendente y en caso necesario, a pedido de los concejales bonificar o premiar a los contribuyentes cumplidores. 

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar fue quien expresó las correcciones que podrían quedar a cargo de la decisión de Cecilio Salazar. Por su parte Roberto Borgo, aclaró que siempre ofrecieron explicaciones e indicó que al menos un concejal que formula cuestionamientos no asistió a esas reuniones. Se refiere a Martín Rivas, quien recurrió al Tribunal de Cuentas. 

La presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela, fue consultada por los periodistas y aseguró que todo estaba previsto y estudiado. También intentó explicar por qué la oposición no preguntó por los beneficios para cumplidores y su bloque hizo silencio de manera estratégica para arribar al objetivo de la aprobación.

“Si tenemos que prestar un servicio, necesitamos los recursos”, dijo el secretario de Economía Roberto Borgo y pidió a la oposición que ofrezca la misma comprensión que se le dio al gobierno de Milei con las tarifas.

A medida que transcurría la conferencia de prensa se diluían las posibilidades de admitir que se incurrió en un error o en un camino de subsanación de una imposición a los contribuyentes que están al día, aunque quienes pagaron por adelantado fueron bonificados para no abonar la diferencia que surge del aumento.

“Este año va a cerrar de una manera muy difícil”, dijo Borgo y pidió a la oposición que también se exprese sobre los aumentos siderales que aplicó el gobierno nacional en las tarifas de los servicios públicos esenciales que llegaron a un 600% en lo que va del año.

“Para estar al lado de la gente necesitamos tener los recursos y ser inteligentes para acompañar a la gente”, concluyó antes de detallar el nivel de cobrabilidad y adelantó que en 2025 trabajan para facilitar y simplificar los trámites para poder efectuarlos de manera electrónica. 

Tras la aprobación del aumento de tasas y la aplicación de un retroactivo para que los que abonaron el año por adelantado o están al día y así compensar el desequilibrio en las cuntas municipales de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Servicios Sanitarios (SS), el Concejal Rivas recurrió al Honorable Tribunal de Cuentas.

Así, llegó hasta la sede que el organismo tiene en Zárate para entregar un escrito al que adjuntó el trabajo que sus asesores jurídicos redactaron para objetar la legalidad del artículo cuarto de la ordenanza que aprobaron por mayoría los concejales y los Moyores Contribuyentes en la última sesión del año.

El debate que generó la reacción de los vecinos en torno al valor del aumento al que el Secretario de Economía calculó en el valor de las empanadas, será analizado ahora por el Tribunal de Cuentas.

El escrito que está dirigido a la Delegada del Tribunal de Cuentas con sede en Zárate ya fue girado a la ciudad de La Plata desde donde deberán responder a la inquietud de Rivas. 

"Como concejal municipal, presidente del bloque Juntos por el Cambio, vengo a poner en conocimiento y pedir vuestra urgente intervención ante el riesgo cierto e inminente que puede afectar el patrimonio del Municipio de San Pedro y por ende a la comunidad en su conjunto".

Luego adjunta "el informe que a mi pedido elaboró nuestro equipo jurídico sobre la inviabilidad del Artículo 4 de la Ordenanza 6675, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, en sesión con fecha 28 de noviembrede 2024, con la presencia de los Mayores Contribuyentes".

Qué sucederá y cómo se actuará es un tema que nadie quiere arriesgar. Por ahora el gobierno debe facturar el aumento aprobado y la retroactividad, liquidar las tasas con incremento y hacerlas llegar al contribuyente. La pregunta latente es: ¿Qué sucederá si el Tribunal de Cuentas dictamina que no corresponde. Tendrán que devolver el dinero o acreditarlo a favor de los vecinos.

El ejercicio económico del año 2014 fue uno de los peores de la historia de la Municipalidad de San Pedro. La gestión de Pablo Guacone arrastraba decisiones tomadas durante el período anterior, con Jorge Gil como secretario de Economía y Javier Silva en Gobierno, y entró en una crisis financiera que derivó en política y le costó la renuncia al jefe comunal, un año antes de cumplir el mandato.

La problemática económica, financiera y política, que tuvo su mayor consecuencia en las demoras en el pago a los municipales —tomaron la Municipalidad y forzaron la licencia de Guacone que terminó en renuncia—, tuvo además su contraparte administrativa en el Tribunal de Cuentas.

El organismo que audita las finanzas de los municipios bonaerenses había formulado diversos cargos al intendente Pablo Guacone, el secretario de Economía Roberto Borgo, el contador municipal Oscar Corleto, el secreterio de Gobierno Raúl Cheyllada y otros miembros del gabinete, con sentencia que los condenaba a pagar millones de pesos, según el caso.

En agosto pasado, la apelación de Guacone y el resto de los funcionarios resultó favorable y salvo excepciones de índole administrativa, fueron absueltos de todos los cargos y sanciones pecuniarias impuestas.

Las observaciones eran por una gran cantidad de situaciones que el Tribunal consideró, algunas de las cuales habían sido planteadas por la oposición en su momento, cuando en 2015 rechazó en una debatida sesión las cuentas de 2014.

Los únicos cargos que fueron confirmados implican el pago de 20 mil pesos por no tener actualizado el registro de decretos; de $ 28 mil por extralimitaciones presupuestarias no justificadas debidamente; y de $ 9.500 por una orden de pago de monto ínfimo sin documentación respaldatoria suficiente.

Así, el ejercicio 2014, que le costó la renuncia a Guacone por la situación institucional y política derivada de la económico financiera, sólo implicará 57.500 pesos que deberán abonar el intendente y otros funcionarios de su gabinete, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Cuentas.

La decisión de alejarse del partido en el que milita desde que nació, se produjo en la misma noche en que la legislatura bonaerense buscó el atajo para la reelección de los intendentes que una ley aprobada a iniciativa de María Eugenia Vial prohibía expresamente por más de dos períodos consecutivos.

Esa mañana, el ex concejal y diputado provincial llegó a la redacción de La Opinón con el texto de su dimisión. Días después reveló también que junto a su agrupación “Volver” efectuó una presentación ante el Tribunal de Cuentas para señalar que en el presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2022 se omitió la inclusión de la ordenanza que impone la inclusión de un porcentaje de dinero para el denominado “Presupuesto Participativo”, una modalidad que en muchos municipios permiten que sean los vecinos quienes deciden las prioridades de ejecución de esa partida de dinero.

En esa presentación que ya había sido remitida al municipio y al concejo deliberante, Polimante expone que la ordenanza N° 5967 fue sancionada en 2011 y nunca fue ejecutada. Hace pocos días en el recinto, la presidenta del cuerpo le respondió a una Mayor Contribuyente que si bien esa norma está vigente es responsabilidad del ejecutivo hacerla cumplir. Ante esa respuesta, el ex legislador dio los pasos previos para lo que pueda constituirse en una denuncia judicial si no recibe explicaciones o motivos por los cuales no se ha ejecutado esa partida presupuestaria.