La Libertad Avanza no demoró en responder el comunicado del intendente municipal, Cecilio Salazar, quien cuestionó la habilitación del portal nacional Transparencia Tributaria Municipal.

La decisión del gobierno de Javier Milei tiene como finalidad denunciar las alícuotas que los contribuyentes consideren abusivas en las tasas y contribuciones o fondos especiales municipales, en los distritos del interior del país.

Salazar había difundido su postura bajo el título “La autonomía municipal no se negocia”. Desde la representación local de La Libertad Avanza replicaron con el documento “Autonomía con responsabilidad y transparencia”.

“Creemos firmemente que la autonomía municipal es un principio que debe ser defendido. Los municipios deben tener herramientas para financiar los servicios que prestan y sostener el funcionamiento de la ciudad. Pero la autonomía no puede desligarse de la responsabilidad”, señalaron en el inicio.

El espacio sostuvo que “cuando el Estado local le pide esfuerzo al vecino, ese esfuerzo debe estar acompañado por transparencia absoluta, eficiencia en el gasto y rendición permanente de cuentas. La verdadera discusión no es si se pueden o no cobrar tasas. La discusión de fondo es si el Estado municipal está utilizando cada peso de manera eficiente, si administra con criterios modernos y si demuestra que los recursos llegan efectivamente a los servicios que se prometen”.

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Para La Libertad Avanza San Pedro, “San Pedro necesita abrir una nueva etapa institucional basada en tres principios fundamentales:

1. Transparencia total

Publicación online y mensual de la ejecución presupuestaria, detalle de proveedores, licitaciones abiertas y nómina completa de cargos y funciones. La información no debe ser un privilegio, sino un derecho del contribuyente.

2. Control moderno y auditoría de gestión

Al margen de la tarea específica que realiza el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, creemos que un municipio moderno debe avanzar hacia mecanismos adicionales de auditoría de gestión, evaluación de resultados y control cruzado interno, que permitan detectar desvíos antes de que se consoliden y asegurar que cada peso se traduzca en mejores servicios para los vecinos.

3. Eficiencia y modernización del Estado

Revisión integral de estructuras administrativas, contratos y programas para eliminar superposiciones, gastos innecesarios y prácticas obsoletas. El Estado no puede pedir más recursos si antes no demuestra que utiliza bien los que ya tiene”.

Finalmente, y tras marcar una postura respecto la administración municipal, desde La Libertad Avanza dijeron saber que “en la Argentina gran parte de las crisis fiscales tienen origen en ineficiencias estructurales, falta de planificación y prácticas poco transparentes. San Pedro debe ser ejemplo de lo contrario”, y que “la autonomía municipal se defiende con resultados, no con consignas. Se defiende mostrando cuentas claras, servicios de calidad y un Estado que funciona”.

En el cierre, La Libertad Avanza afirmó: “San Pedro merece un Estado que administre mejor”.

El Gobierno nacional dio a conocer la habilitación de un portal con la finalidad de que cada ciudadano pueda ejercer el control sobre la carga impositiva en los municipios. Para ello, ofrece el camino para denunciar los valores de las tasas locales.

Esto provocó la reacción del intendente municipal, Cecilio Salazar, quien salió a cuestionar la postura de la administración de Javier Milei, que creó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, para que los contribuyentes informen sobre alícuotas que consideren abusivas o marginales a lo normado.

Bajo el título “La autonomía municipal no se negocia”, el intendente señaló que “en las últimas horas, el Gobierno Nacional volvió a poner en discusión las tasas municipales, intentando instalar que el problema del bolsillo de los argentinos está en los municipios. No es cierto. Es una forma de correr el foco: mientras se señalan tasas que financian servicios concretos, Nación concentra la mayor parte de la recaudación y recorta transferencias, obras y programas que impactan directamente en la vida cotidiana de cada ciudad”.

Para la óptica de Salazar, “no se trata de un debate técnico: es un ataque político directo a los municipios, buscando debilitarlos, enfrentarlos con los vecinos y responsabilizarlos del ajuste”, y consideró que cuando se desacredita a los gobiernos locales, “se está atacando al primer mostrador del Estado, el que da respuestas todos los días”.

Posteriormente, el comunicado prosigue: “Primero, la autonomía municipal está garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional, en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Los municipios no “inventamos” cargas: cobramos tasas para sostener servicios que se prestan cada día. Segundo, si de verdad se quiere hablar de ‘costo argentino’, hay que discutir el esquema completo. En bienes de consumo masivo como los combustibles, por ejemplo, la mayor parte de la carga es nacional. Entonces, el problema no se resuelve con campañas contra los municipios: se resuelve con un Estado nacional que deje de ajustar sobre las provincias y las ciudades.

Y lo más importante: la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires un total de 15,6 billones de pesos, y la pérdida total de recursos asciende a $ 22 billones desde 2024, entre obligaciones impagas y la caída de la recaudación. Lo que recae en menos obras y menos respuestas en cada ciudad.

La provincia de Buenos Aires viene reclamando esta deuda multimillonaria, porque cuando Nación frena y no transfiere, no ‘castiga’ a un gobernador, ‘castiga’ a los vecinos, porque se traducen en menos infraestructura, menos salud, menos educación, menos seguridad vial y menos desarrollo”.

En los párrafos finales, el intendente municipal aseveró “poner claridad” sobre el tema: “Defendemos la autonomía municipal y el derecho de nuestras ciudades a financiar servicios esenciales. Continuamos exigiendo al Gobierno nacional que restituya recursos, regularice deudas y reactive obras y programas paralizados”.

Y lanzó la convocatoria “a todos los sectores que representan nuestra comunidad, a acompañar este reclamo sin especulación: que gestionen donde corresponde, en Nación, lo que le corresponde a la Provincia y, fundamentalmente, a los municipios”.

Por último, envió un mensaje para la Nación: “Dejen de gobernar con marketing y buscando chivos expiatorios. Se gobierna cumpliendo obligaciones, devolviendo lo que corresponde y garantizando que los recursos vuelvan a donde se generan: en obras y servicios para la gente”.

San Pedro alcanzó los primeros puestos en el índice de transparencia pública de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y pasó del grupo de los peores al de los mejores distritos en un año.

En noviembre del año pasado, el Municipio estaba entre las 17 comunas que tenían calificación cero o de nula transparencia. Al final del primer semestre alcanzó los 40 puntos y ahora, al cierre del tercero, obtuvo 100, el puntaje más alto del ranking por "alto y estricto cumplimiento".

¿Qué califica ASAP?: el presupuesto y la ordenanza fiscal constituyen la base de la puntuación. Los que lo publican obtienen por ese solo requisito 20 puntos.

El resto se suma con el grado de facilidad con la que se accede a las cuentas como información pública, la deuda pública municipal, el detalle de gastos por bonificación y función y todos los ítems que ponderan los detalles de la ejecución de fondos públicos. 

Mejorar esos indicadores era uno de los objetivos que se propuso el secretario de Economía, Roberto Borgo, al asumir el cargo para el tercer mandato de Salazar, que tuvo el año pasado al actual jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, como titular de Hacienda.

Además de la publicación de los decretos y de los sueldos del personal político, algo que Salazar comenzó en su primer mandato porque así lo había reclamado en años anteriores el entonces secretario de Economía Mario Sánchez Negrete, este año Borgo se propuso profundizar los procesos de transparencia.

Así, comenzó en abril a publicar en la web municipal extractos de rendición de cuentas trimestral, de manera tal que lo que se analiza cada semestre o a fin de año se pudiera hacer cada tres meses.

Los datos que se publican están relacionados con la situación económico financiera; la ejecución presupuestaria tanto de recursos como de gastos; la ejecución por finalidad y función; el estado de la deuda pública, tanto de la consolidada como de la flotante.

Llamativamente, la oposición que suele cuestionar los números del Gobierno y las decisiones políticas, económicas y financiera fue poco afecta a leer esos  datos. 

En algunos casos, incluso, tomaron conocimiento de ciertos indicadores recién en reuniones de comisión a las que asistieron Borgo y el director de Rentas, Christian Rial, quienes informaron que San Pedro hasta entre los 15 peores municipios de la provincia en materia de recursos genuinos propios.

También hay que decir que La Opinión elevó en abril una nota formal con un pedido de información pública relacionado con publicaciones oficiales, licitaciones, contratos de obras públicas, ejecución de partidas, entre otros puntos que habrá que esperar a que los concejales tengan acceso a Rafam para obtener respuestas.

Año a año la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, entrega un informe que califica a los municipios de acuerdo a su índice de transparencia pública. En el primer trimestre de 2024 hay 17 comunas con calificación cero o de nula transparencia. En ese grupo estaba San Pedro hasta 2023.

Este año logró “aprobar” con 40 puntos que, si bien no alcanzan, le resultan suficientes porque la gestión de Cecilio Salazar no ha logrado en casi nueve años brindar servicios a través de una página web. Ahora, Roberto Borgo afronta el desafío de ajustar los datos que se solicitan para lograr un índice más elevado.

El trabajo que reúne los datos de las administraciones comunales tiene cinco categorías:

1.- los de alto y estricto cumplimiento de cuentas públicas (100 puntos)2- los de alta visibilidad de cuentas públicas (75 a <100 puntos)3.- los de rango medio de exposición (40 a <75 puntos)4.- los de bajo o regular cumplimiento (>5, <40 puntos)5.- los de nula exposición de datos (de 0 a 5 puntos). 

Con esos 40 puntos queda en el límite de los que tienen rango de bajo o regular cumplimiento y el de rango medio de exposición que arranca justamente en las cuatro decenas. 

Los peores son: Adolfo Gonzáles Chaves, Brandsen, Cañuelas, Castelli, Coronel Rosales, Esteban Echeverría, La Costa, Leandro Alem, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, Morón, Pila, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, San Miguel y Taplaqué.

¿Qué califica ASAP?: el presupuesto y la ordenanza fiscal constituyen la base de la puntuación. Los que lo publican obtienen por ese solo requisito 20 puntos. El resto se suma con el grado de facilidad con la que se accede a las cuentas como información pública, la deuda pública municipal, el detalle de gastos por bonificación y función y todos los ítems que ponderan los detalles de la ejecución de fondos públicos.

Hay 40 ciudades que están en el tope de los mejores son las consideradas de “Estricto Cumplimiento”:  Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Berisso, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General Pueyrredón, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Mercedes, Moreno, Rauch, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, Tandil, Trenque Lauquen Tres Arroyos y Tres de Febrero.

San Pedro apenas “arañó ” el último puesto del “Grupo 4” que comprende 17 ciudades:  San Antonio de Areco con 65 puntos, Villarino, Berazategui, Bragado, Carmen de Areco, Pellegrini, Olavarría, Alberti con 55, Arrecifes, Avellaneda, Baradero con 50, General Alvear, Quilmes, Rivadavia, Salto con 43 y luego Hipólito Yrigoyen y San Pedro con 40.

El que encabeza el grupo siguiente como de “bajo cumplimiento” es Las Flores con 36 puntos, en esa tanda hay 52 gestiones de gobierno. Por ejemplo, Pergamino y San Nicolás tienen 30 y el último entre los que tienen 5 es Zárate que comparte el lugar con Vicente López. 

El proyecto de ordenanza para reglamentar la manera en la que el Ejcutivo podría disponer el acceso permanente al Rafam para los concejales que prevé una resolución vigente del Tribunal de Cuentas fue rechazado por el bloque oficialista que responde al intendente Cecilio Salazar, que gracias al voto doble del presidente, Pablo Vlaeminck, bloqueó esa posibilidad.

Fue el primer expediente tratado en la sesión de este jueves, con la presencia de estudiantes de la secundaria 17, que asistieron a un debate relacionado con la transparencia de la gestión pública y la administración de los recursos, cuya votación terminó 9 a 9.

El argumento del oficialismo para no acompañar la iniciativa tanto en el dictamen de comisión, que salió en minoría, como en el recinto, expuesto por la concejala Candelaria Cuscuela, fue que la resolución es provincial, puesto que es del Tribunal de Cuentas, y que los concejos deliberantes "no tienen facultades" para reglamentar este tipo de temas.

Aunque dijo que quería ser didáctico y "bajar al llano" por la presencia de los estudiantes, el concejal Creus se enmarañó en explicaciones sobre la pirámide de Kelsen y la categorización de las normas, a lo que Rivas le respondió que "hay municipios que lo tiene regulado por ordenanza, no hay contraposición".

El edil opositor recordó que el actual secretario de Gobierno, Martín Baraybar, hizo un reclamo similar cuando era concejal del bloque que estaba enfrentado con el intendente Cecilio Salazar y del que formaba parte la ahora oficialista Soledad Llull, que votó en contra del proyecto.

"Creo que les juega en contra que retaceen el acceso a la información pública", señaló Rivas.

La concejala de la UCR, Paola Basso, destacó que la iniciativa era una propuesta intermedia que permitiría avanza en el cumplimiento de la resolución del Tribunal de Cuentas sin llegar a, como hicieron en otros municipios, instancias judiciales para que sea la Justicia la que obligue al Ejecutivo a permitir el acceso, tal como establece la normativa.

El tema, como bien lo dijo Creus en sesión, se debate en muchos municipios, desde que, como advirtió Lafalce, la resolución está vigente, es decir desde agosto de 2016. 

Desde entonces, a pesar de que el texto dice que los concejales de todos los municipios deben tener asignado usuario y clave para el acceso a Rafam "de forma permanente para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la información contenida en él", hay debate alrededor del asunto.

Son varios los distritos que ya reglamentaron elacceso a Rafam con ordenanzas.

En Coronel Rosales, por ejemplo, la ordenanza vigente desde 2023 asigna a cada concejal al momento de asumir un usuario y clave de acceso a Rafam para "que consulten toda la información contenida" en el sistema.

En Morón, una ordenanza similar rige desde 2018, y su redacción dejaba específicamente asentado que se aprobaba para reglamentar en el ámbito municipal de ese distrito la normativa del Tribunal de Cuentas.

En Olavarría, un decreto votado por los concejales estableció la habilitación de acceso a Rafam "de manera irrestricta en todos sus módulos y aplicaciones" para los 20 ediles de esa ciudad.

En 25 de Mayo rige desde 2017, y con arreglo a la resolución del Tribunal de Cuentas, una ordenanza que establece la reglamentación para el acceso al sistema por parte de los concejales.

Son algunos ejemplos. En ninguno de esos casos hubo nada similar a la "nulidad absoluta" sobre la que hizo énfasis el concejal Creus ni hubo disputa por la "competencia" o  las "facultades" para que los cuerpos deliberativos locales dictaran normativa específica.

Otra cosa es, como en diversos casos, la negativa de los gobiernos municipales a cumplir la normativa y la búsqueda de obturar el derecho de los concejales a acceder a esa información, que no es otro que el derecho de la comunidad, en ellos representados.

También es cierto que a pesar de este reclamo, hasta el momento no hubo alusión alguna en la oposición acerca de la información económico financiera que está disponible en la web municipal, donde el Gobierno comenzó a publicar, a mediados de mayo, una gran cantidad de datos.

Además, tampoco hubo hasta ahora ningún análisis o planteo relacionado con el cierre del primer semestre del ejercicio 2024, publicado por La Opinión y, también, disponible en la página oficial del Estado local.

La Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos fue premiada doblemente y destacada como líder en la planificación urbana y vivienda y por su transformación en los servicios digitales.

La selección surgió de la evaluación de sus acciones entre más de 400 ciudades y 1.000 representantes del sector público y privado.

Con la intendencia a cargo de Santiago Passaglia, la ciudad costera del Paraná viene avanzando sin pausa en crecimiento, obras públicas y posicionamiento turístico, durante los últimos años. 

Con un autódromo que será escenario del programa El Garage TV, un estadio que permite disputar encuentros de fútbol de primera división, un nuevo hospital municipal de atención primaria que permite la agilización de la asistencia de los nicoleños y proyectos de turismo que van avanzando, el municipio se va convirtiendo en un modelo a seguir.

Quizá suceda que con todos sus errores de gestión, los reclamos de los vecinos por cuestiones puntuales y la situación de crisis en la que se encuentra el país, la vecina ciudad sigue siendo cuasi de primer mundo comparando el estado calamitoso en el que se encuentra San Pedro y mientras otros crecen, nos quedamos sin ideas para avanzar. El sàbado, en Sin Galera, tambièn se hablò de Chivilcoy, la ciudad que gobierna Guillermo Britos.

Tras recibir los premios el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia dijo: “Tenemos que ir evolucionando la gestión a la par de todos los cambios tecnológicos y utilizar las herramientas para que San Nicolás sea la mejor ciudad de la Argentina”.

El sàbado, en el programa Sin Galera tambièn se hablò de Chivilcoy que logrò firmar su nuevo Còdigo de Planeamiento Urbano junto al gobernador de la Provincia y participar ahora por su calificaciòn en transparencia participar de la compra de maquinarias y camiones compactadores para la recolecciòn de basura. El Intendente Guillermo Britos logrò dèficit cero y gestiona con personal municipal la totalidad de los servicios.

El viernes, los candidatos a intendente y a primer concejal aceptaron las preguntas de Lilí Berardi. Hubo tres ejes temáticos que se repitieron: salud mental, transparencia y datos abiertos y desginaciones de personal por concurso y antecedentes.

Cecilio Salazar, Damián Mosquera y Ramón Salazar respondieron respecto a la obligación que tiene el estado municipal de dar a conocer todos los actos administrativos, la recaudación, el manejo presupuestario y la posibilidad de consultas on line que aún no está disponible pese a que dos de ellos ya ocuparon el cargo de intendente. En el caso de Ariel Rey se sabe que no asistió porque no tuvo tiempo de consultar “al equipo de Santilli” y una vez más eludió las preguntas de Sin Galera al igual que su primer candidato a concejal que tampoco se presentó en las entrevistas en las que disponían de 30 minutos para explayarse.

Tras reclamar de manera presencial, en entrevistas que fueron públicas y recorrer despachos de los funcionarios responsables La Opinión remitió el 17 de Marzo una nota dirigida a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante para reclamar sencillos mecanismos de acceso a la información pública.

Los datos solicitados apuntan a varias áreas. El más sensible y preocupante apunta a los análisis del agua que consumen los sampedrinos y que es obligatorio publicar periódicamente sobre todo ante el riesgo sanitario que implica la escasa presión en la red que se registró durante todo el verano.

El 11 de Mayo de 2020 fue el último análisis que lleva la firma del ya fallecido bioquímico Horacio Varela. Desde entonces los ciudadanos no saben nada sobre la calidad del aguar que consumen y no evaluarla constituye una grave violación a las normas. Una oyente de Sin Galera fue la que alertó sobre esa situación cuando observó que en su zona la presencia de nitritos era más elevada que la permitida.

El resto de la información requerida por este medio, apunta a varias de las dudas que surgieron en torno a la administración de dineros públicos, sobre todo en los lugares donde los pagos se hacen en efectivo y se guardan en una bolsa para luego ser trasladados a la tesorería municipal porque no se cuenta con sistemas electrónicos.

Otros llevan por objeto conocer las condiciones en las que se contratan obras y se verifica su cumplimiento e incluso la preservación del valor de fondos que pertenecen a todos los ciudadanos como el que la comuna administra con Coopser. La última vez que se pudo observar en un balance el Fondo de Obras Públicas Comunitarias tenías más de 170 millones de pesos y 50 mil dólares. Eso fue a mediados de 2022 y tampoco hubo respuestas sobre su devaluación.

A continuación, el texto completo al que invitamos a lectores y oyentes que quieran formular otros requerimientos utilizando nuestro botón de whapp:

La presente tiene por objeto plasmar por escrito la petición que oportunamente formuláramos pública y personalmente tanto a Usted como a miembros del Gobierno en distintas oportunidades.

Hoy venimos a requerir información oficial sobre los siguientes ítems:

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta reiteramos como desde hace más de tres décadas nuestra vocación de continuar con la labor periodística de informar, investigar y publicar toda cuestión que comprenda el interés público.