*Por Javier Silva, abogado, especialista en Derecho Registral y Sucesorio

En San Pedro, como en muchas ciudades del interior bonaerense, la usurpación dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema recurrente. Lo muestran los hechos publicados recientemente en La Opinión Semanario: intentos de toma, desalojos policiales y detenidos por ingresar a viviendas ajenas. Detrás de cada episodio hay un patrón común: el usurpador siempre termina peor de lo que empezó.

Este artículo no intenta explicar la usurpación desde el punto de vista de la víctima —eso ya fue desarrollado en trabajos previos— sino desde la óptica del autor del delito, porque es allí donde aparece la dimensión menos mencionada: la usurpación no solo fracasa, sino que deja consecuencias penales gravísimas y permanentes.

Los casos reales de San Pedro muestran que siempre hay detenidos.

– Un conflicto por la posesión de una vivienda terminó con dos aprehendidos.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/un-conflicto-por-la-posesion-de-una-vivienda-termino-con-dos-aprehendidos-y-un-hombre-lesionado

– Intento de usurpación en Selada al 1700.

https://www.facebook.com/share/p/1C4BcaoEaq/

– Intentaron tomar un terreno en el Callejón Arcor.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/etiqueta/usurpacion

– Gobernador Castro: desalojaron la casa que habían usurpado a dos hermanos.

https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/gobernador-castro-desalojaron-la-casa-que-usurparon-a-dos-hermanos-que-estan-internados-en-sadiv

En todos estos casos, la constante es la misma: la Policía actúa y deja constancia, el usurpador queda identificado, se inicia causa penal y se suma antecedente, incluso cuando no hay prisión efectiva. No existe “usurpación exitosa”. Existe delito, causa penal y antecedentes.

Muchos creen que usurpar “no pasa de una contravención” o que “si logro entrar, después arreglo”. Es falso.

Consecuencias directas para el usurpador:

– Detención o aprehensión inmediata si hay flagrancia.

– Apertura de causa penal con intervención de fiscalía.

– Antecedentes penales, aun si la causa termina archivada.

– Imposibilidad de acceder a empleos, licencias, concursos y programas estatales.

– Riesgo de agravantes (violación de domicilio, daños, amenazas, lesiones, resistencia a la autoridad).

– Posible condena efectiva en caso de reincidencia.

Dicho en términos sencillos: usurpar arruina la vida del usurpador mucho antes de beneficiarlo.

En San Pedro, gran parte de las usurpaciones se dan en:

– Terrenos heredados sin sucesión.

– Propiedades cuyos dueños fallecieron.

– Inmuebles con posesiones informales.

– Ventas hechas de palabra.

– Casas abandonadas o mal cuidadas.

Cuando un inmueble no está correctamente documentado:

– Aumenta la probabilidad de intrusiones.

– Aumenta la demora judicial para recuperarlo.

– Se debilita la posición del propietario frente al juez.

– Se abre la puerta a reclamos de “buena fe” o “posesión antigua”.

Por eso es fundamental:

– Iniciar la sucesión sin demora,

– Inscribir declaratoria en el Registro de la Propiedad,

– Revisar dominio antes de comprar,

– Evitar boletos informales,

– Escriturar siempre que sea posible,

– Mantener ocupación, limpieza o custodia del inmueble.

La tierra vacía es un imán de problemas.

La tierra en regla es un blindaje jurídico.

Usurpar no genera derechos, no otorga prioridad, no consolida dominio y no inicia automáticamente una usucapión, ya que el origen de la ocupación es ilegal.

La usucapión requiere 20 años de posesión pública, pacífica y continua, con demanda judicial, prueba, testigos y notificación a los titulares. Nada tiene que ver con “entrar y quedarse”.

Es más simple:

– El usurpador siempre pierde.

– La víctima siempre recupera la propiedad.

– Y la Justicia siempre deja huella penal del intruso.

La usurpación es un delito y los hechos de San Pedro lo confirman: todos los intentos terminan con intervención policial, desalojos o detenciones. El usurpador nunca obtiene derechos, pero sí obtiene antecedentes.

En cambio, quien tiene su documentación en regla, sucesión finalizada y dominio correctamente inscripto, está protegido.

La mejor defensa contra una usurpación no es la violencia, sino la legalidad, la prevención registral y el asesoramiento profesional temprano.

*Por Javier Hernán Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

A lo largo de mi ejercicio profesional he visto repetirse una escena con una frecuencia inquietante. Personas que pagaron un inmueble, que viven allí desde hace años y que, sin embargo, descubren recién cuando intentan vender, heredar o regularizar su situación que jurídicamente no son propietarias. No se trata de casos excepcionales ni de errores aislados: es una consecuencia directa de compras inmobiliarias mal hechas desde el punto de vista legal.

Comprar un inmueble sigue siendo, para la mayoría de las personas, una de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida. Sin embargo, cuando los conflictos aparecen —y aparecen con frecuencia— casi nunca tienen que ver con el precio. El problema suele ser otro: la falsa creencia de que la voluntad de las partes, el pago del precio o el paso del tiempo alcanzan para consolidar un derecho.

En la Argentina persiste la idea de que alcanzar un acuerdo, pagar y ocupar una vivienda equivale a “ser dueño”. Desde el derecho, esa percepción es equivocada. El régimen inmobiliario no se apoya en la confianza ni en la buena fe subjetiva, sino en reglas claras que buscan prevenir conflictos futuros y brindar seguridad jurídica, tanto a quienes compran como a terceros.

Desde mi experiencia, la diferencia entre una operación segura y un problema que estalla años después no está en la urgencia ni en el monto involucrado, sino en la documentación que se exige y se analiza antes de firmar. Ver la propiedad, recorrerla o confiar en la palabra del vendedor no alcanza. El derecho inmobiliario funciona sobre títulos, registros y antecedentes; ignorarlos es asumir un riesgo innecesario.

Toda compraventa responsable debe comenzar por el título de propiedad, verificando su legitimidad, continuidad y coherencia con la realidad del inmueble. A ello se suma el informe de dominio, que permite conocer si el bien se encuentra afectado por embargos, hipotecas u otras restricciones, y el informe de inhibiciones, imprescindible para saber si quien vende está legalmente habilitado para disponer. No son recaudos formales ni obstáculos burocráticos: de su análisis depende que la operación sea jurídicamente viable.

Ese control debe completarse con el estado parcelario o plano de mensura, que asegura que el inmueble existe jurídicamente tal como se lo pretende transmitir, y con la revisión de la situación fiscal, evitando que deudas impositivas o tasas municipales terminen trasladándose al comprador. En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el reglamento y el estado de expensas son igualmente determinantes.

Nada de esto es suficiente si no se verifica, además, la situación posesorio-ocupacional del inmueble. Saber quién lo ocupa, en qué carácter y desde cuándo es tan relevante como conocer quién figura como titular registral. Muchas operaciones fracasan no por un problema de papeles, sino porque la realidad posesoria fue ignorada.

Este enfoque preventivo no es una opinión personal, sino la consecuencia directa del sistema legal vigente. El Código Civil y Comercial de la Nación es claro cuando exige, en su artículo 1017, que la transmisión del dominio de un inmueble se realice por escritura pública. No se trata de un formalismo vacío, sino del instrumento que permite controlar la legalidad del acto, verificar la capacidad de las partes y asegurar la correcta identificación del bien. Sin escritura, el dominio no se transmite; lo que existe es, en el mejor de los casos, una obligación personal.

También es habitual que las operaciones comiencen con un boleto de compraventa. El Código reconoce esa realidad y le otorga cierta protección jurídica. Pero como abogado, debo ser claro: el boleto no convierte al comprador en propietario. No transmite dominio ni reemplaza la escritura. Genera una expectativa protegida, no un derecho real, y esa diferencia, aunque técnica, es decisiva.

Lo veo a diario. El comprador que solo tiene boleto queda expuesto a embargos, inhibiciones, sucesiones o problemas financieros del vendedor. Con el paso del tiempo, esa fragilidad no se corrige; se profundiza. El boleto no vence automáticamente, pero la posibilidad de exigir judicialmente la escrituración no es indefinida. El tiempo, lejos de consolidar el derecho, suele jugar en contra.

Aún la escritura, por sí sola, no agota el proceso. El sistema jurídico exige un paso adicional: la inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin ella, el derecho existe, pero es vulnerable. La publicidad registral no es un trámite administrativo, sino la garantía que vuelve oponible el dominio frente a terceros y cierra definitivamente la operación.

Por eso sostengo que una compraventa bien hecha comienza mucho antes de firmar. Implica análisis, control y asesoramiento profesional. Estos recaudos no encarecen la operación ni la vuelven más lenta; evitan conflictos que, cuando aparecen, suelen ser largos, costosos y emocionalmente desgastantes.

En materia inmobiliaria, comprar sin asesoramiento no es una apuesta: es un riesgo. Y desde el derecho, puedo afirmarlo con convicción: el verdadero peligro no es comprar caro, sino comprar mal.

Obtener o renovar la licencia de conducir tendrá nuevos valores durante 2026, a partir de la aprobación de la ordenanza impositiva y la actualización de los montos fijados por los gobiernos nacional y provincial.

Para la renovación de una licencia por cinco años para auto y moto, el valor total del trámite asciende a $ 41.017. En el caso de una licencia por cinco años solo para moto, el costo es de $ 26.757.

Estos importes incluyen el canon municipal, la atención médica obligatoria, y los impuestos nacional CENAT y provincial CEPAT.

Justamente, el CENAT y el CEPAT son los primeros pagos que se efectúan al iniciar el trámite. En esas instancias pueden detectarse multas registradas en la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, entre otras jurisdicciones, las cuales deben ser abonadas para poder continuar. De no regularizarse la situación, el sistema bloquea el avance del trámite.

En detalles, los nuevos valores indican:

Moto:

1 año, $ 19.041; 2 años, $ 20.970; 3 años, $ 22.899; 4 años, $ 24.828; 5 años, $ 26.757.

Auto y moto:

1 año, $ 21.893; 2 años, $ 26.674; 3 años, $ 31.292; 4 años, $ 36.236; 5 años, $ 41.017.

En el plano municipal, continúa vigente la ordenanza que establece beneficios para contribuyentes titulares de inmuebles que tributen ABL, Servicios Sanitarios o Red Vial, así como los titulares de habilitaciones comerciales que abonen la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene.

Podrán solicitar la exención del pago de la tasa de la Licencia Nacional de Conducir, siempre que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales y no hayan solicitado planes de pago en los últimos cinco años. Este beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años.

A modo de referencia, el canon municipal para una licencia de auto y moto por cinco años es de $ 23.905.

La Oficina de Licencias de Conducir atiende de lunes a viernes, de 8.00 a 1300 y dispone de una boca de cobranza en el lugar, lo que permite completar todo el trámite en la sede ubicada en Mitre 1995.

El área de Licencias de Conducir fue cuestionada por un vecino que se presentó a renovar el carnet y fue testigo de peripecias insólitas que revelaron falta de insumos fundamentales para el desarrollo de la tarea normal del personal municipal.

“Les comento. Estoy desde las 8.00 para el trámite de renovación de licencia de conducir. Más de 50 personas y los pobres empleados diciendo que no funciona la impresora”,reportó el seguidor de La Opinión & Sin Galera.

La persona envió el mensaje para contar lo vivido durante la mañana de este jueves 11, en la sede ubicada en la esquina de Mitre y Bozzano.

“Fui y vine tres veces. Tienen que entender que algunos salimos con permiso especial de nuestros trabajos. No se puede pedir todos los días”, se quejó Juan Carlos.

El vecino destacó el aporte del personal, pero cuestionó a los responsables de que los trabajadores y trabajadoras cuenten con los recursos necesarios para atender al público como corrresponde.

 “Muy amablemente, cuando el público comenzó a retirarse, la señorita que saca la foto (donde también funciona solo una computadora) me imprimió para poder abonar", contó.

Agregó que fuen ese momento cuando se enteró de que de algunas cuestiones que le llamaron mucho la atención: "No es que la impresora se rompió, sino que no tienen tóner y que el proveedor no quiere fiarles más porque les adeudan sumas importantes”, contó Juan Carlos, quien tal vez no notó el estado pésimo del edificio por las filtraciones del techo.

Reconoció que los empleados del lugar “son la cara visible y quienes soportan las quejas de quienes van a renovar y gestionar una licencia de conducir, pero lo que sucede es inadmisible”.

Finalmente, enfatizó que “vergüenza debería tener el intendente. No funcionan los aires acondicionados, alguien que llegó les dijo que no gasten papel, más todo lo que les conté. ¿Dónde van a parar las tasas de abonamos? ¿Qué hacen con el dinero que recaudan por cada licencia? ¿No se reinvierte en esta oficina? Increíble cómo estamos”.

Por Javier Silva, abogado, especialista en Derecho Sucesorio y Registral.

En casi todas las familias llega ese momento en el que hay que tomar decisiones sobre una propiedad heredada. Para ello es necesario iniciar un juicio sucesorio y, dentro de este, se tramitará el destino de los bienes .

Lo ideal sería acordar, vender y repartir… pero la realidad muchas veces es distinta.

El caso más común: tres o cuatro herederos que quieren vender y uno que se opone, ya sea porque vive en el inmueble, porque pretende un valor imposible o simplemente porque no quiere desprenderse del lugar.

Como abogado especializado en derecho registral y sucesiones, este es uno de los conflictos más frecuentes que atiendo. Y lo fundamental es saber que la ley prevé soluciones para estos bloqueos.

La respuesta es no.

Ningún heredero tiene más derechos que los demás. Cada uno tiene una parte alícuota del bien, y las decisiones importantes —como vender— requieren acuerdo… pero si no hay acuerdo, la ley da caminos para destrabar la situación.

Muchos creen que por vivir en la propiedad están “protegidos” o tienen algún derecho superior. Permítanme decirles que no es así.

Pueden darse dos escenarios:

a) El heredero vive en el inmueble sin pagar nada

En este caso, debe compensar a los demás, porque está usando él solo un bien que pertenece a todos.

Puede reclamarse alquileres retroactivos o una compensación equivalente.

b) El heredero vive y dice que quiere comprar la parte de los otros

Perfecto. Pero debe hacerlo a precio real, no a un valor simbólico.

Si no hay acuerdo en el precio, será necesario recurrir a tasaciones oficiales o judiciales.

A veces la negativa no es por vivir en la casa, sino porque un heredero pretende vender a un precio muy por encima del mercado, y eso frena todo.

En estos casos, la solución es clara:

• Tasación por un profesional matriculado,

• Si continúa la negativa, se debe partir el acervo hereditario judicialmente.

Cuando los herederos no se ponen de acuerdo, cualquiera de ellos puede pedir la división judicial del bien.

La regla es simple:

“Lo que no puede dividirse físicamente, se vende”.

Y si no se puede vender en forma privada porque alguien lo impide, entonces:

• Interviene un juez,

• Se designa un martillero oficial,

• El inmueble se vende en subasta judicial.

Luego, se reparte el dinero según las partes de cada heredero.

Es la solución final que garantiza que ningún heredero quede atrapado en un conflicto eterno. Como contrapartida resulta ser un proceso extenso en el tiempo y muy caro. Hay que pagar honorarios por tasaciones, partición y comisiones por subasta.

Siempre es mejor acordar antes: vender, comprar la parte de los otros o fijar compensaciones.

Pero cuando no hay acuerdo, la partición judicial es necesaria y suele ser la única vía para terminar con años de discusiones.

Si estás atravesando una situación así, lo más importante es:

• Ordenar la documentación,

• Iniciar o avanzar el sucesorio,

• Buscar diálogos, pero sin quedar impotente frente a la negativa de un heredero.

La ley protege tu derecho a disponer de tu parte, y existen caminos concretos para lograr la venta, aun cuando uno de los coherederos se oponga.

Por último, mi consejo:

Nadie quiere conflictos familiares, pero tampoco es justo quedar detenido porque uno solo de los herederos dice “no”.

Si estás en esta situación, es importante el acompañamiento profesional para ordenar el proceso, negociar soluciones y, si es necesario, impulsar las acciones judiciales que permitan destrabar el caso y proteger tu patrimonio.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Perder a un ser querido nunca es fácil. A la tristeza se suma, muchas veces, un cúmulo de trámites legales que nadie quiere enfrentar. Entre ellos, el juicio sucesorio, un procedimiento indispensable para poder disponer de los bienes que dejó la persona fallecida. Aunque pueda sonar complejo o distante, lo cierto es que entender su funcionamiento te ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Mi idea con este artículo es mostrarte qué es, cómo funciona y por qué es clave contar con asesoramiento especializado, en un lenguaje accesible, humano y directo. Porque cuando se trata de tu patrimonio y tu familia, la claridad es poder.

El juicio sucesorio es el proceso legal mediante el cual se determina quiénes son los herederos, qué bienes integran la herencia y cómo deben distribuirse.

No se trata de un simple trámite: sin sucesión no se pueden vender propiedades, transferir autos, cobrar saldos bancarios ni regularizar nada a nombre de los herederos.

El expediente se inicia ante el juez del último domicilio del fallecido (el que figura en su documento), y puede ser:

• Intestado (cuando no hay testamento)

• Testamentario (cuando sí existe un testamento válido)

Ambos tienen pasos similares y el mismo objetivo: ordenar la transmisión del patrimonio.

Aunque cada sucesión es distinta, todas atraviesan una estructura común. Imaginemos el proceso como un camino:

1-. Identificación de los herederos y bienes

Se presenta la documentación que acredita quiénes son los herederos y qué bienes dejó el causante (el fallecido).  Esto se hace con actas, títulos, informes registrales y demás documentos.

2-. Inventario y valuación

El patrimonio se detalla y valúa: inmuebles, vehículos, cuentas, créditos, deudas, todo.

Esta etapa evita conflictos y garantiza transparencia.

3-. Declaratoria de herederos o aprobación del testamento

Es la resolución judicial que “blanquea” legalmente quiénes heredan. Sin esto, no se puede avanzar.

4. Partición

Finalmente, se adjudican los bienes. Si todos están de acuerdo, es muy sencillo. Si no, interviene el juez mediante una Partición Judicial.

Si existió matrimonio válido, el cónyuge supérstite tiene derecho a continuar viviendo en el último hogar conyugal. El beneficio es de carácter vitalicio.

Este derecho es vital y muchas veces desconocido.

Un testamento permite organizar la herencia, pero no podés disponer libremente del 100 por ciento de tu patrimonio.

Los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge) siempre tienen una porción legítima que debe respetarse. La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva para los herederos forzosos (descendientes, ascendientes y cónyuge), de la cual el testador no puede disponer libremente. Esto significa que, aunque una persona pueda hacer un testamento, debe respetar una parte mínima para sus familiares más cercanos, garantizando así que reciban una cuota de los bienes que la ley reserva para ellos.

En materia sucesoria, la diferencia entre un trámite ordenado y un conflicto interminable suele estar en la calidad del acompañamiento profesional. Un abogado realmente especializado no sólo conoce el Código Civil y Comercial: maneja los tiempos, prevé escenarios y cuida el patrimonio familiar con estrategia y precisión.

Una sucesión mal llevada no solo demora años: cuesta dinero, desgasta vínculos y complica operaciones inmobiliarias.

El juicio sucesorio no es un problema si está bien encaminado desde el primer paso.

El secreto es simple: organización, asesoramiento profesional y decisiones informadas. Cuidar tu herencia es cuidar tu familia.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Registral y Sucesorio

En el mundo del Derecho Real existe una figura poco conocida, pero muy importante: la usucapión, también llamada prescripción adquisitiva o vulgarmente conocida como posesión veinteañal.

En palabras simples, es la posibilidad de convertirse en dueño de un bien por el paso del tiempo, siempre que se lo haya poseído de manera pública, continua y pacífica, actuando como verdadero propietario.

La ley argentina, a través del Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce este derecho a quien demuestra interés y cuidado por un bien, y al mismo tiempo sanciona al dueño que lo abandona durante muchos años. 

El Artículo 1.897 del Código establece que “la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”.

Esto significa que si alguien vive o trabaja un terreno, lo mantiene, paga los impuestos y lo hace a la vista de todos, puede transformarse legalmente en su propietario. 

Existen dos tipos de prescripción adquisitiva, según las condiciones y el tiempo de posesión:

a) Prescripción breve (10 años)

Se aplica cuando el poseedor tiene un justo título, por ejemplo, boleto de compraventa y actúa de buena fe, creyendo que el bien le corresponde. Ese negocio plasmado en un boleto de compra venta no llego a finalizarse, es decir las partes no terminaron de escriturar a nombre del comprador por diferentes factores.

Luego de 10 años de posesión pacífica e ininterrumpida, puede pedir al juez el reconocimiento del dominio.

b) Prescripción larga o veinteañal (20 años)

Si no hay justo título, pero la persona vive, usa y mantiene el inmueble como dueño durante 20 años o más, la ley también le permite ser reconocida como propietaria.

Lo fundamental es que la posesión sea pública, continua y sin interrupciones.

Pagar impuestos no alcanza. Un error muy común es creer que con pagar los impuestos de un terreno o casa basta para hacerse dueño. Eso no es así.

El pago de tasas o servicios no sustituye a la posesión real ni crea derechos de propiedad por sí solo.

Para que la usucapión sea posible, la persona debe ocupar el inmueble de manera efectiva, ejercer actos de dueño (cercar, construir, mantener, habitar, etc.) y hacerlo de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo legal.

Si la ocupación no es visible o se realiza de manera clandestina, no genera derecho alguno a usucapir. 

Todo bien que esté dentro del comercio: terrenos, casas, lotes urbanos o rurales, incluso algunos bienes muebles.

No pueden usucapirse los bienes públicos ni los derechos personales o intransferibles (como el nombre, el estado civil o una pensión). 

La usucapión no se obtiene automáticamente, sino mediante un proceso judicial.

El juez analiza la documentación, los testimonios, los pagos y la conducta del poseedor, y finalmente dicta una sentencia que declara el dominio a favor del interesado. Esa sentencia se inscribe luego en el Registro de la Propiedad.

Ejemplo práctico: una persona vive desde hace 25 años en un terreno, lo mantiene, paga impuestos y nadie le reclama nada.

En ese caso puede iniciar una acción de prescripción adquisitiva larga (veinteañal) y, si el juez confirma la posesión pública y pacífica, obtener el título de propiedad.

Por el contrario, quien solo paga impuestos sin vivir ni ejercer actos de dueño sobre el inmueble no puede usucapirlo, por más años que transcurran. 

La usucapión es una herramienta legal que busca regularizar situaciones antiguas, dar seguridad jurídica y reconocer derechos a quienes viven, cuidan y ejercen posesión como dueños durante años y han convertido un terreno o vivienda en su verdadero hogar.

*Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Registral y Sucesorio

La vivienda es mucho más que un inmueble: es el resultado del esfuerzo, el espacio donde se forma la familia y el lugar donde cada persona construye su historia.

Conscientes de esa importancia, las leyes argentinas establecen una figura destinada a resguardar ese bien esencial: la afectación de la vivienda (antes conocida como “Bien de Familia”).

La afectación es un trámite sencillo y gratuito que se realiza ante el Registro de la Propiedad Inmueble, mediante el cual el titular de un inmueble declara que su vivienda queda protegida contra la ejecución por determinadas deudas.

Desde ese momento, el bien no puede ser embargado ni rematado por obligaciones posteriores a la inscripción, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.

Pueden afectarse:

• Casas, departamentos o terrenos con vivienda destinados a la residencia permanente del titular o de su familia.

• Inmuebles rurales, siempre que constituyan la vivienda familiar o el lugar donde el grupo conviviente habita efectivamente. Es decir, una chacra, quinta o casa de campo puede afectarse si allí vive el titular; pero no si se trata de un establecimiento rural con fines exclusivamente productivos o comerciales.

No pueden afectarse locales, galpones o inmuebles que no estén destinados al uso habitacional del titular o su grupo familiar. El propósito de la ley es proteger el hogar, no el patrimonio empresarial o de inversión.

Si bien la afectación otorga una fuerte protección frente a acreedores, no cubre todas las deudas.

La vivienda afectada puede ser ejecutada en los siguientes casos:

• Deudas hipotecarias: si el propietario constituyó una hipoteca sobre el mismo inmueble.

• Deudas por impuestos, tasas o contribuciones que graven directamente la propiedad (por ejemplo, impuesto inmobiliario, tasas municipales o de servicios, y contribuciones por mejoras derivadas de obras públicas como pavimentación, cloacas o alumbrado).

• Obligaciones alimentarias: cuando se trata del cumplimiento de cuotas alimentarias o indemnizaciones por daños ocasionados desde el inmueble.

Esto significa que la protección es amplia, pero no ilimitada: el Estado y los acreedores con derecho real previo (como el banco hipotecario) mantienen sus acciones sobre la vivienda.

El propietario puede designar como beneficiarios de la afectación a su cónyuge, conviviente, hijos, padres u otras personas con las que mantenga un vínculo familiar estable.

Mientras el titular viva, estos beneficiarios gozan de la protección indirecta: la vivienda no puede ser ejecutada en perjuicio de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la protección continúa en favor de los beneficiarios inscriptos, garantizando que puedan seguir viviendo en el inmueble y mantener la afectación.

Sin embargo, es importante aclarar que la afectación de la vivienda no reemplaza la sucesión. El trámite sucesorio sigue siendo necesario para transferir la propiedad a los herederos y regularizar la titularidad del bien.

La afectación de la vivienda es una herramienta de prevención y protección patrimonial. No tiene costo estatal, puede realizarse en cualquier momento y brinda seguridad jurídica frente a situaciones imprevistas.

Permite proteger el esfuerzo de toda una vida y garantizar que el hogar familiar quede a salvo de deudas personales o conflictos económicos.

Con un adecuado asesoramiento profesional, es posible realizar el trámite de manera segura, prever la correcta designación de beneficiarios y analizar cada caso en particular, especialmente cuando existen otros bienes o compromisos patrimoniales.

Estadísticas de la Dirección de Rentas de la Municipalidad indican que hasta septiembre fueron habilitados 49 nuevos comercios en San Pedro, de distintos rubros.

Como explicó La Opinión cuando candidatos de La Libertad Avanza propusieron en campaña "eliminar" el pago por habilitación, ese trámite es gratuito para quienes declaren su actividad ante el Estado local.

Así, de las 49 habilitaciones tramitadas hubo 35 cuyos titulares no tuvieron que abonar la tasa correspondiente, tal como lo estableció el decreto reglamentario de la ordenanza impositiva vigente.

Ese decreto, publicado en enero por el Gobierno municipal, dispuso una serie de beneficios tendientes a simplificar los procesos de habilitación de comercios para incentivar la regularización de actividades.

Las otras 14 habilitaciones tramitadas sí pagaron la tasa porque fueron detectados en infracción por inspectores del área de Fiscalización de la Municipalidad, que depende de la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

El decreto establece que no pagarán aquellos que se presenten de manera voluntaria, pero sí lo deberán hacer quienes sean intimados por estar en funcionamiento sin haber hecho el trámite.

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció que a partir de septiembre estará normalizada la entrega de las chapas patente de los automotores, que desde hacer varios meses se presenta irregular en algunos distritos.

En San Pedro se dio una situación similar a la de gran parte del país, llevando a que el Gobierno nacional dispusiera extender la validez de las patentes provisorias.

La falta de insumos, que llevó varios años, paralizó la confección de las patentes. El cierre de las importaciones y el cepo al dólar, fue el comienzo del problema. Después se trasladó hacia las oficinas del Registro del Automotor, con las amenazas de los cierres de varias de estas dependencias, lo cual en parte se concretó.

Además, se produjo el cierre de la Casa de la Moneda, la encargada de imprimir las patentes, entre otras funciones. Y hubo casos donde algunos titulares de los Registros enfrentaron al Gobierno, dejando de adquirir las chapas o demorando la entrega de las pocas que existían.

Ahora el Ministro de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, prometió que el inconveniente se resolverá desde el lunes 1º de septiembre. Para ello emitió un comunicado:

"El Ministerio de Justicia informa que a partir del 1° de septiembre se normaliza por completo el sistema de entrega de chapas patentes. Por primera vez en años, habrá stock asegurado en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos”, reza el parte.

“Esta gestión resolvió el problema con una reforma estructural: habilitamos proveedores privados por medio de licitaciones públicas, reforzamos la logística y desarrollamos un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento”, agregó.

También se informó que desde el pasado 28 de julio los registros deben informar en un plazo máximo de 48 horas el momento en que están disponibles las patentes, y los ciudadanos podrán consultar el estado de su chapa en la web oficial https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/

¿Cuál es la situación en San Pedro, principalmente en el Registro 1 de calle Pellegrini 1026, con los cambios acaecidos? En este lugar, a cargo del personal histórico que ahora responde a la Dirección Nacional, el escenario se ha normalizado hace varias semanas.

Esto sucede con las chapas destinadas a los vehículos 0 Km, solo existiendo alguna demora para las que fueron requeridas para su renovación por daño o extravío. Asimismo, se supo que se dan los casos en que el propietario del rodado las solicita, pero olvida retirarlas.

El Registro de la Propiedad del Automotor de calle Pellegrini 1026 reabrió la atención al público y lentamente va normalizando el funcionamiento, después del cierre establecido por el titular anterior, Roberto Taurizano.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se dispuso que los empleados que operaban en el denominado “Registro 1” continúen en funciones, ahora bajo la titularidad de Laura Galván, quien posee la mayor experiencia.

Que una oficina de estas características permanezca cerrada un día implica un trastorno para todo el espectro que conforma la actividad, incluyendo gestores y los dueños de los rodados. 

Por lo tanto, varios días sin actividad complicaron el andamiaje, que desde el martes de esta semana tiende a la normalización. Ante ello, pidieron “comprensión” frente a posibles demoras.

La situación que derivó en la decisión de Taurizano de dejar el Registro sucedió en momentos que existe una gran actividad, fácilmente perceptible donde se verifican los automotores.

Mientras tanto, en los últimos días la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio que comanda Mariano Cúneo Libarona, informó que se ejecutarán una serie de medidas. Por ejemplo:

*Se cerrará el 40 % de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

*Se reducirá el 30 % del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

*Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100 % de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

*Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

*Se eliminó la "cédula azul", por lo que cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

*Se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes".

*Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

*Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70 % del costo total de una transferencia.

*Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

*Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

*Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

*Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Una de las incógnitas que se plantean, de acuerdo a la propuesta del Gobierno Nacional, es cómo se desenvolverán quienes deben ejecutar un trámite digital.

Como explicó Taurizano en el programa Sin Galera, el Registro Único Virtual será el que contendrá todos los datos de los autos y motos, donde el particular podrá ingresar y llevar a cabo el trámite que necesite.

Mientras tanto, en el “Registro 1” se pueden tramitar inscripciones y transferencias de automóviles con domicilios impares, motos y maquinarias agrícolas.

Dificultades en el sistema de gestión impide la entrega de licencias de conducir porque los trámites no se pueden finalizar como corresponde ante inconvenientes en la emisión de facturas para pagar.

La Oficina de Licencias de Conducir informó que “desde el jueves pasado se están experimentando inconvenientes en la emisión de las boletas Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), un requisito indispensable para tramitar licencias de conducir”.

Destacaron que el problema “no se origina en el sistema local ni provincial, sino que es consecuencia de una falla en el sistema nacional, específicamente en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el organismo responsable de la generación de las boletas CENAT”.

A pesar de los reiterados reclamos y gestiones realizadas, informaron, “aún no se ha recibido una solución concreta por parte del organismo nacional” y que esta situación “impide finalizar los trámites iniciados por muchos vecinos y vecinas que se han acercado a la oficina en estos días”.

Cuando se inicia el trámite por renovación de una licencia de conducir, o la obtención por primera vez, los primeros tributos que se abonan con el CENAT y el Certificado Provincial de Antecedentes (CEPAT), y que deben pagarse para darle continuidad a la gestión. 

El CENAT tiene un costo de $ 6.800 y el CEPAT $ 2.080,50, que se abonan en la ventanilla de Pronto Pago, que funciona en el mismo edificio de Mitre 1995.

En los últimos días los cortes del sistema fueron tan reiterados como prolongados, lo que impidió que decenas de personas pudieran concretar el trámite.

Por esto, el Municipio advirtió la situación y lamentó “profundamente los inconvenientes que esta situación está generando”.

A su vez, desde el Gobierno agradecieron “la comprensión de todos” y aseguraron que continuarán gestionando “para que el servicio se restablezca a la brevedad”.

Durante la mañana de este sábado, el móvil de Sin Galera ingresó por primera vez al Registro del Automotor denominado como "San Pedro 1" y entrevistó a su encargado, Roberto Taurizano tras conocerse que la entidad cerraba sus puertas hasta nuevo aviso.

El abogado apuntó contra las medidas del Gobierno de la Nación y dijo que el modelo que se utiliza para registrar a los vehículos en el país es "un ejemplo de seguridad".

Refirió que el Presidente Javier Milei "cumplió" con su palabra, ya que al asumir dijo que "no iba a echar a los encargados del Registro del Automotor, pero que se iban a ir solos porque los iba a fundir".

"Esta nueva política argentina dijo que iba a terminar con los Registros como si fuese terminar con un comercio y es una función pública que de ninguna manera se puede eliminar y dejar así nomás", expresó Taurizano.

Indicó que, debido a los impuestos, las entidades "pierden" más de lo que ganan y que tras realizar un trámite "no queda un centavo" y no se obtiene "ninguna remuneración al respecto".

"Son 37 años trabajando y nunca tuve absolutamente ningún inconveniente. Y por supuesto que fue remunerativo porque un profesional no va a dejar la actividad profesional, pero no todo lo que ingresa en el Registro es para el encargado", explicó el abogado.

Taurizano explicó que manejaban un presupuesto que quedó fijo desde el año 2023 y que parte de los ingresos se iba en un impuesto "de sellos del 3,5 %" dispuesto por la provincia.

Apuntó contra la modalidad virtual y dijo que, a pesar de no "estar en contra", no la consideraba una alternativa, ya que "la gente no sabe ni siquiera sacar un turno virtualmente, mucho menos cargar un trámite".

"Si existe la posibilidad de que haya un registro virtual y la gente lo quiere utilizar, me parece perfecto, pero igualmente alguien tiene que hacer el trámite. ¿Quién te va a hacer el título, la cédula y llevar el registro de ese automotor?", consultó Taurizano.

Explicó que, en la mayoría de los casos, no era necesario contratar un gestor porque los trámites eran realizados por el personal del Registro.

"Muchos por comodidad venían con un gestor. La denuncia de venta capaz que le cuesta 40.000 pesos y el que viene particular le cuesta 3.500", acotó el entrevistado.

El abogado hizo hincapié en que la actividad que realiza el Registro "es deficitaria" y reclamó: "Una cosa es no ganar y otra cosa es tener que poner dinero para que se la lleve el Estado".

Taurizano indicó que las puertas del Registro del Automotor de calle Pellegrini continuarán cerradas y que quienes hayan comenzado un trámite deberán aguardar su reapertura.

Confirmó que la Dirección Nación, dependiente del Ministerio de Justicia "designará una empleada" que permitirá que la entidad continúe desempeñando sus servicios. 

Tras casi 40 años, cerró el Registro de la Propiedad del Automotor ubicado en Pellegrini 1026, denominado “San Pedro 1”.

En la mañana de este viernes se apreciaba un movimiento poco habitual, puesto que no había trámites nuevos sino sólo el retiro de documentación sobre inscripciones o transferencias que hayan estado concluidas.

Para quienes operan con este Registro, a cargo de Roberto Raúl Taurizano, era una decisión que no se descartaba a partir de modificaciones implementadas por parte del Gobierno Nacional que facilitaron todo tipo de trámites a través de un sistema digital.

En este caso, los trabajadores fueron anoticiados e indemnizados. 

Mientras tanto, se espera una reapertura para dentro de dos semanas. Se estima que la Dirección Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, dispondrá un encargado que la dará continuidad a la tarea que se viene llevando a cabo.

En tanto, se desconoce si operará hasta concluir toda la tramitación iniciada en este lugar o si le dará continuidad por más tiempo.

Mientras tanto, quedó en funcionamiento el Registro “San Pedro 2”, de Ignacio Cottini, ubicado en calle Mitre 1450.

Por el momento, aquí solo se realizan trámites por automóviles 0 KM y transferencias de vehículo que terminan con “patente par”. Los “impares” y las motos deberán esperar hasta que reabra el “San Pedro 1”.

Además, toda gestión iniciada en el “San Pedro 1” que no esté concluida, deberá aguardar la reapertura para darle continuidad.

Finalmente, el trámite para obtener la Licencia de Conducir puede realizarse totalmente en las oficinas de Mitre 1995.

Esto significa que los pagos correspondientes a los impuestos nacionales correspondientes a los Certificados de Antecedentes del Tránsito, Nacional (CENAT) y Provincial (CEPAT), y a los tributos municipales, se abonan en este lugar.

La llegada de la empresa Pronto Pago, tras un convenio con el Municipio, ha permitido darle agilidad al trámite. Anteriormente, los impuestos se pagaban en el Centro de Comercio e Industria, luego se sumó una gestoría del automotor, mientras que los derechos municipales se saldaban en la ventanilla de Tesorería, en Pellegrini 150.

De esta manera, la misión está cumplida. Quienes accedan a las oficinas situadas frente a la comisaría, en el Polo de Seguridad, no tendrán necesidad de trasladarse hacia otros lugares.

En el lugar se otorgan entre 600 y 700 unidades mensualmente. Aquí se toman los exámenes teóricos, los prácticos, los médicos y la digitalización de los datos, que incluye la firma, huella y foto digital.

Para los residentes en las localidades se otorga la facilidad de contar con un instructor que viaja una vez por semana a Santa Lucía, Gobernador Castro y Río Tala, y cada quince días a Vuelta de Obligado.

Para quienes residen en San Pedro, el trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 8 a 13.

Los pasos a seguir son los siguientes:

*Realizar los Cursos de Capacitación Teórico Obligatorio (Moto, Auto, Género y Estrellas Amarillas) entrando a la página: https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/ Imprimir los certificados de cada uno.

*Solicitar turno para rendir examen teórico en Sala de Capacitación.

*Rendir examen práctico de conducción. Turno por orden de llegada, lunes a viernes, de 8 a 9,30hs. No se realizan los días de lluvia, niebla o calzada resbaladiza por razones de seguridad.

*Examen de aptitud física (estudio psicotécnico).

*Retirar en mesa de entrada el formulario para la solicitar el Libre de Deuda de Infracciones de Tránsito en el Tribunal de Faltas (Tiene validez por 30 días).

*Efectuar los pagos de la boleta Provincial (CEPAT) y Nacional (CENAT), que son entregadas en mesa de entrada.

*Digitalizar datos personales: foto, registro de huella y firma.

*Realizar el pago del tributo municipal.

*Entregar el expediente completo en mesa de entrada

*Cumplido estos trámites se recibirá la licencia de conducir en 24 horas.

Cada aspirante a la licencia debe presentar el DNI con domicilio en el partido de San Pedro y ser mayor de 18 años de edad. Si es menor puede solicitar la licencia a partir de los 16 años presentando autorización de manejo suscripta por ambos padres ante escribano público.

En caso de renovación de la Licencia hasta 70 años de edad, se debe concurrir con el DNI con domicilio en el partido de San Pedro, la Licencia de conducir vigente, fotocopia de DNI y Licencia, ambas caras.

Los mayores de 71 años le sumarán el examen de aptitud física (estudio psicotécnico).

La vigencia para quien la realiza por primera vez, a los 16 y 17 años es de 1 año; 18 años, 5; después de los 66 años, 3; más de 71 años, 1.

Los valores por una Licencia para moto, auto y tractor son los siguientes:

1 año $ 12.067,50; 2 años $ 15.254,50; 3 años $ 18.333,50; 4 años $ 21.628,50; 5 años $ 24.778,50.

Para moto únicamente: 1 año $ 10.166,50; 2 años $ 11.452,50; 3 años $ 12.738,50; 4 años $ 14.024,50; 5 años $ 15.310,50.

En caso de un examen médico, se debe sumar $ 1.683.

La Municipalidad dispondrá la digitalización de los expedientes de Licencias de Conducir, que se encuentran en papel desde el año 2016.

La necesidad de este procedimiento está relacionada con la liberación de espacio físico de una las salas del edificio de Mitre 1995. El volumen es importante, calculado en 100.000 trámites emprendidos en el lugar, y cada uno de unas 23 fojas.

Nada de esto debe destruirse porque es elemento de consulta: judicial, personal y toda gestión vinculada con los antecedentes de cada persona que obtiene la licencia.

Posteriormente, logrado el archivo, los papeles pueden destruirse.

El Municipio considera que existen elementos legales para emprender con esta tarea que no será sencilla. Desde lo que señala la Asesoría General de Gobierno hasta lo que establece el Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo que controla el desarrollo administrativo de los municipios bonaerenses.

El órgano de asesoramiento jurídico sostiene que todos los documentos deben ser archivados por diez años, en tanto la Ley Orgánica de las Municipalidades sostiene que “todos los documentos, libros y publicaciones municipales serán conservados en archivos organizados” y que “pasados los diez años podrán ser destruidos los que no revistan interés histórico, bibliográfico o estadístico, y los que no sean necesarios conservar para amparar derechos del Estado o de terceros”.

Además de un avance importante que se dará con los archivos históricos del cementerio, con FamilySearch, también le llegará turno a Licencia de Conducir, pero bajo un sistema aún no determinado que conlleve a la eficiencia administrativa.

“Hice todos los servicios de un loteo, presentando planos en La Plata (Dirección de Geodesia) y ya llevo 17 años haciendo trámites si tener una definición”, dijo Roberto Grimoldi en Sin Galera, quien viene luchando por la subdivisión de un terreno en proximidades a Celupaper.

“El último trámite en ARBA lo demoran, lo cajonean y la gente que tiene uno de esos lotes se queja, dicen que soy un estafador”, explicó Grimoldi, agotado de la burocracia administrativa.

Cada vez que le solicitaban un papel, lo presentaba. Contrató un agrimensor para llevar adelante la tarea engorrosa y cumplió con las normativas vigentes, como todo predio que desee lotearse, que debe tener determinados servicios: “Pagué alumbrado público a razón de 5 mil dólares por parcela actuales, y también llevé el agua. Las cloacas no eran obligatorias, pero una parte está hecha. Todo resultó muy oneroso”.

Además, del predio situado en Av. 3 de Febrero 3300, mantuvo los impuestos provinciales (ARBA por Impuesto Inmobiliario costó 5 millones de pesos el año) y las tasas municipales al día.

“En estos momentos falta que me aprueben el legajo en La Plata para habilitar las escrituras. Lleva como dos meses cajoneado”, acotó Grimoldi, y narró la experiencia de haber tenido que soportar uno de los rechazos porque una casa construida tiene dos baños y no se decía cuál era el principal.

No se sabe cuándo recibirá la noticia grata, de que lo emprendido no murió en el intento. Pero, algo tiene claro: “Quien quiera hacer todo legal, sin coimas, tarda décadas. No es que el dueño no quiera hacer las cosas bien, sino que no lo dejan”, concluyó.

Su enojo reside en la inmensa cantidad de loteos que sin contar con servicios se han desarrollado en toda la ciudad y sobre los que nadie reclama ni exige lo mismo que se le pidió a este vecino para empezar la tarea que hoy contiene a una gran cantidad de familias en sus terrenos.

“Si quieren repercusión la van a tener, porque no voy a parar hasta que me metan preso, si es necesario”, contó en Sin Galera el vecino Eduardo Génova, presidente del Aeroclub San Pedro, quien desde octubre del año pasado no puede obtener la patente de la motocicleta que adquirió.

Eduardo es un conocido piloto de aviones que ha tratado de tener el vehículo que compró en condiciones legales. Es poseedor de toda la documentación, excepto del registro de la moto Keller 110 cc, que intentó patentar en cinco ocasiones.

“Es más fácil traer un avión desde los Estados Unidos que comprar una moto en la Argentina”, sostuvo, cansado de ir por un trámite que debería ser sencillo y se resuelve en minutos.

Para cumplir con las normativas, fue al Registro de la Propiedad del Automotor de calle Pellegrini. Pagó el turno para hacer el trámite, pero no pudo completarlo porque este Registro no tenía patentes. 

“Uno acude a la oficina, deja de trabajar y cuando llega mi turno me dicen que no me pueden tomar el trámite porque no tienen patentes. Les dije tómenlo igual y a la patente me la dan cuando la tengan. Y me responden que no pueden hacerlo”, relató.

Dijo haber regresado dos veces y nunca logró su objetivo: contar con la chapa de dominio. Pese a todo, circuló en su moto y una noche fue interceptado en un operativo. 

"Me rodearon cinco patrulleros, con una inspectora que se sintió maltratada porque le dije que tengo todo, hasta la factura, DNI, seguro, licencia, casco y me faltaba la patente, que me la tiene que dar el empleador suyo, que es el Estado”, señaló respecto a un episodio que tuvo ribetes de escándalo.

Aquella noche logró hablar con el intendente, el secretario de Gobierno y el director de Tránsito, que llegó hasta el operativo. Igualmente le secuestraron la moto, que luego recuperó, y al día siguiente volvió a la carga: retomó el trámite con un turno que volvió a pagar. 

“Nuevamente, no me lo tomaron por falta de patentes. Entonces, les pedí una constancia que indique que yo me presenté, porque en un mail que recibí dice que tengo que ir a tal lugar y que me tienen que recibir la documentación. Pero me respondieron que no podían darme nada”, manifestó. Como si fuese poco, tras la primera incursión le figuró que el trámite estaba finalizado.

El nuevo capítulo de esta historia, aún inconclusa, fue optar por lo que muchos sampedrinos hicieron al principio: recurrir al Registro de Baradero. “Me dijeron que igualmente lo tuvieron que haber tomado en San Pedro, por más que no tengan placas”, continuó Eduardo.

Pasaron cinco meses de lo que realmente se ha convertido en una odisea, que posiblemente padezcan muchos otros. Su ejemplo es lo que refleja lo que también padecen miles de argentinos que no han obtenido la chapa patente, que llevó a que el Gobierno Nacional prorrogue la vigencia de las provisorias y ahora la determinación contundente de que todo automóvil 0 km salga de la concesionaria con toda la documentación, incluyendo la chapa dominio.

“No se sabe si esto es a propósito, que quieren hacer mal las cosas para que los intervengan, y si lo intervienen no le tienen que pagar la indemnización a los empleados. No será cosa que me estén usando, porque saben que no me voy a callar, y si quieren repercusión la van a tener porque no voy a parar hasta que me metan preso si es necesario. Voy a seguir andando sin patente, pero con toda la documentación que corresponde”, advirtió el protagonista de la semana de la Oficina de Quejas de Sin Galera.

“Por esto estamos como estamos, arrastrando los problemas que son como una calesita: siempre están dando vuelta”, rubricó Eduardo Génova.

El episodio ocurrido en diciembre durante un operativo de control de tránsito, donde al presidente del Aero Club, Eduardo Génova, se le incautó una moto 0 km sin la chapa patente, dejó abierto el interrogante sobre el conocimiento que debe existir respecto a las últimas disposiciones que atienden a este tema.

Génova, en el momento de ser interceptado, tenía toda la documentación reglamentaria, más el casco. Pero su moto carecía del dominio, que nunca le llegó. A cambio, la agencia que le vendió el rodado le otorgó una autorización temporaria.

¿Es válido? La Ley de Tránsito 24.449 indica que es requisito obligatorio para circular que los vehículos cuenten con las placas de identificación de dominio “con las características y en los lugares indicados, legibles y sin ningún tipo de aditamentos”. De no contar con ellas, se considera una “falta grave”.

Pero, en las últimas semanas, en la Argentina se acrecienta la escasez de las chapas porque ya no son fabricadas por la Casa de la Moneda, y no existe, por el momento, ninguna empresa que la remplace.

En su lugar, se adoptaron disposiciones. El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor ya había otorgado un plazo para circular con los “permisos de circulación provisorios” para motovehículos, y ahora lo extendió a través de la Disposición 178/2024.

“Hasta tanto se regularice la provisión de los elementos registrales ‘Nuevo modelo de Placas Metálicas de Identificación de Motovehículos’ y ‘Placas de identificación alternativa para motovehículos’, los Permisos de Circulación para motovehículos tendrán una vigencia de 30 días corridos a partir de su emisión”, reza la disposición.

Estos permisos temporarios son “otorgados por los comerciantes con el objeto de evitar la entrega de motovehículos sin inscribir a los compradores”, y de esta manera permitir que la autorización de 7 días corridos pase a 30 días.

¿Qué pasa con la fabricación de las patentes? No existe y, por lo tanto, no se puede cumplir con la obligación antes de que venza el plazo del permiso provisorio. "Hasta tanto se proceda a la implementación del nuevo procedimiento de adquisición de esos elementos registrales, se entiende necesario adoptar medidas paliativas tendientes a minimizar los efectos generados por el eventual desabastecimiento de ese elemento registral”, expresa la disposición.

Posiblemente a mediados de enero próximo, renovar la licencia de conducir será más sencillo.

Quien gestione una renovación, ampliación o simplemente la obtenga por primera vez, podrá realizar el trámite sin necesidad de salir de las oficinas de Mitre 1995.

A partir del convenio que la Municipalidad suscribió con la empresa Pronto Pago Sociedad Anónima, tanto los impuestos nacionales y provinciales como el tributo municipal podrán abonarse en una caja que será habilitada en ese edificio.

Con esto se dará un paso importante hacia la simplificación. Hasta ahora, las boletas del CENAT y CEPAT, que se entregan al comienzo del proceso, se abonan en dos sitios de la ciudad, donde el impacto del pago es automático sobre el sistema. 

Esto hace que la gestión quede habilitada inmediatamente para la continuidad y concluir con lo restante: foto, huella y firma digital.

Como se anticipó por parte de las autoridades, la empresa de cobranzas ocupará un espacio en el edificio frente a la Comisaría, que tendrá una puerta independiente sobre calle Mitre.

Además, aquí también se podrán pagar las multas de tránsito, que actualmente se abonan en el Banco Provincia o a través de una transferencia hacia la cuenta del Municipio.

Para quedar habilitado, Pronto Pago será la encargada de la obra, para la cual ya se realizaron mediciones que derivarán en la remodelación del sector, posiblemente a partir del lunes 6 de enero.

Desde esta fecha, una semana después estaría en condiciones de operar, y que la gente realice el trámite en cuestión en pocas horas.

Como se adelantó, por el momento quedará habilitado para cobranzas de servicios en el horario administrativo municipal, pero la intención es extenderlo en un futuro cercano hasta las 20.00.