Finalmente, los trabajadores rurales podrán continuar percibiendo su jornal y la asignación del Estado, a través de algún plan social. Así lo expresa el Decreto 777/2025.

La medida de caducidad había sido dispuesta por el Gobierno nacional, por lo que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), llevaron a cabo diferentes tratativas para darle continuidad a una disposición que surgió hace cuatro años.

El plazo fue prorrogado por un año para el empleo registrado, respondiendo a un pedido presentado el 22 de agosto ante el Ministerio de Capital Humano. La explicación fue sostener el beneficio para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales que dependen de la mano de obra registrada.

Desde la UATRE, que conduce José Voytenco, se destacó que el Decreto 514/2021, ha sido fundamental para combatir la informalidad en el sector, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos formales sin perder sus prestaciones sociales. “La compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional”, indicaron desde el sector gremial.

Por entonces, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había respaldado el reclamo, sosteniendo que era necesario mantenerlo en un momento clave para las producciones regionales. La explicación es que trae alivio al sector, ya que varias cosechas están por comenzar y se necesita contar con disponibilidad de mano de obra.

CAME fue más allá de la prórroga del decreto. Manifestó el deseo de que esta política se convierta en ley, considerándola beneficiosa para productores, trabajadores y el Estado.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) manifestó su preocupación por la caducidad de del decreto que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales.

El decreto que permitía el cobro en simultáneo y que nada afecte a quienes perciben ambos beneficios dejó de regir en septiembre.

La medida, vigente durante cuatro años, “fue clave para garantizar la protección social de miles de familias, permitiéndoles acceder al empleo registrado sin perder el sustento que brindan las prestaciones sociales”, expresó el gremio en un comunicado.

“Desde Uatre  hemos solicitado formalmente el 22 de agosto de 2025, ante el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, la prórroga de este decreto", señalaron

 "Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes”, aseguraron desde la organización que conduce José Voytenco.

En su momento el decreto eliminó un impedimento que “desalentaba la registración laboral, al permitir que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al acceder a un empleo formal".

"Esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad en cosechas, logística y ciclos productivos”, dijeron desde Uatre.

El sindicato sostuvo que la falta de certidumbre que podría “afectar la producción agropecuaria y representar un retroceso en la lucha por la formalización laboral”.

Voytenco insistió en la necesidad de que el Estado restablezca la compatibilidad y destacó que esto no constituye un privilegio sino “una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen la producción nacional”.

Asimismo, adelantó que tanto Uatre como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) seguirán insistiendo ante las autoridades para garantizar este derecho.

El sindicato que representa a los trabajadores rurales, Uatre, reunió este viernes a representantes de las 24 seccionales de la delegación Pergamino, a la que pertenece San Pedro, tras dos días de inspecciones en la zona.

Junto a personal de Renatre y del Ministerio de Trabajo, labraron 44 actas con 332 trabajadores en situación irregular en establecimientos rurales de la jurisdicción de las seccionales San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro, informaron.

Recorrieron viveros, establecimientos avícolas, montes frutales, etc., indicaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el club Náutico, donde se reunieron los referentes de toda la zona con autoridades nacionales del sindicato.

La secretaria de Organización de la Uatre nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, informó que el plan es organizar operativos de fiscalización periódicos para regularizar las situaciones que detectan.

"Nos encontramos con más de 40 por ciento de trabajo no registrado, se labraron 44 actas, relevamos 332 trabajadores, con el 80 por ciento de incumplimiento de la ropa de trabajo, recibos de sueldo con los haberes mal liquidados, irregularidades de todo tipo", indicó.

La exdiputada sostuvo que es necesaria "mucha más presencia gremial, sobre todo ahora que vienen las actividades intensivas" y aseguró: "Vamos a reforzar la presencia del gremio y llamamos a los productores a que tengan a los trabajadores como corresponde, para que la producción y el trabajo vayan de la mano".

Ramón Espíndola, de la delegación Pergamino, informó: "Se hicieron 44 actas con 332 trabajadores en malas condiciones en dos días en San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro".

"El 90 por ciento de los trabajadores no recibe la ropa, hay una gran cantidad que está mal categorizado", señaló y aseguró: "No hay uno en San Pedro que esté con todas las condiciones que tiene que tener, hay una evasión por parte de los productores que es terrible".

Espíndola y Sánchez Jáuregui advirtieron que hay un grado muy importante de incumplimiento de una resolución que obliga a bancarizar a los trabajadores. "La necesidad los lleva a aceptar estas malas condiciones de trabajo", dijo el secretario de la delegación Pergamino.

La referente nacional de Uatre se refirió a la intervención de la obra social Osprera por parte del Gobierno nacional. "Eso es la salud de los trabajadores y el aporte que hacen con su esfuerzo mes a mes, y no están recibiendo la salud que necesitan, los tratamientos, los estudios, lo venimos denunciando", dijo.

"También nos quisieron intervenir el gremio, con el diputado Pablo Ansaloni, que es de Milei. Gracias a Dios todo está saliendo a la luz en la Justicia, pero pusieron en venta todo el patrimonio de Uatre y Osprera, pusieron telemedicina para lugares del campo en los que no hay señal ni capacitación", cuestionó.

Otro operativo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás generó polémica en la comunidad. Esta vez fue con trabajadores rurales que regresaban de sus tareas en el campo.

El episodio ocurrió en la localidad de Gobernador Castro el viernes, alrededor de las 17.30, cuando los trabajadores de la cosecha de batatas volvían a sus hogares tras la jornada laboral.

Un video difundido en redes sociales se ve cómo los integrantes de la UTOI abordan a un grupo de trabajadores en una zona próxima a la plaza dela localidad y los ponen contra la pared para revisarlos.

"Una vergüenza, a la gente que llega de trabajar la paran y mientras tanto los chorros cagándose de risa", se quejó una persona que difundió el video en Instagram.

La polémica se desató, como en otras intervenciones de la fuerza, y hubo muchas voces en contra, aunque algunas a favor del operativo, puesto que en la localidad, como en San Pedro, hay reclamos de la población por mayor presencia policial para combatir la inseguridad.

"Tierra del camote que traía la gente de laburar en el campo, eso encontraron. Son impresentables", se quejó un vecino que se sumó al debate.

Otro, reflexionó: "Si vos andás bien, no tenés de qué preocuparte", a lo que se sumó una voz similar: "La gente se queja del operativo, pero también se quejan cuando roban algo".

Una de las situaciones que provocó demoras y le dio al operativo un despliegue mayor fue que los datos de sistema de cada uno de los trabajadores cuyos documentos fueron requeridos para validar antecedentes no surgían de inmediato.

En el Día del Trabajador Rural, el intendente Cecilio Salazar, sindicalista de Uatre y extrabajador en el campo, presentó junto al Grupo Conservacionista un documento histórico que revela el primer registro de peones de San Pedro.

José Luis Aguilar, del Museo Paleontológico, recordó que la institución que dirige es depositaria de todos los documentos históricos del Juzgado de Paz, por disposición de la Corte bonaerense.

El documento es el primer listado de trabajadores rurales de San Pedro. Como el de la bolsa de Uatre, pero de 1857. Contiene nombres de peones pero también de chacareros que los contrataban.

En conferencia de prensa, el intendente hizo un repaso por la historia del trabajo rural y las luchas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

En ese marco, destacó la tarea que llevaron adelante desde Uatre y Osprera junto a Gerónimo "Momo" Venegas y cuestionó a las autoridades actuales, ante los problemas que tienen los trabajadores y afiliados a la obra social.

El registro de trabajadores rurales contiene un listado consignado entre septiembre de 1857 y noviembre de 1858, con 152 nombres de peones de campo y 90 propietarios de los sitios donde cumplían tareas. 

Hay distinción entre peones y capataces, con fecha de contrato y extensión, la mayoría por seis meses.

Melo, Garay, Rodríguez, Acosta, Peralta, Falcón, Cardozo, Beltrán, Coronel, Olivero, Jaime, Sequeira, Sayago, Gorosito, Quiroga, Cabral, Castro, Díaz, Sosa, Parra, Barboza, Figueroa, Saavedra, Chacón, Aguirre, Aquino, Galbán, Giménez, Bustos, Núñez, Cuenca, Cayetano, Zárate, Chávez y Bélis son algunos de los apellidos, informaron.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día del Trabajador Rural por la fecha en la que se promulgó el Estatuto del Peón Rural en 1944, cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.

La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.

En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.

Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.

A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN

Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".

Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas. 

Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.

Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".

La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.

Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.

"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.

Seis personas hospitalizadas fue el saldo de un accidente que ocurrió este viernes, antes de las 10.00 de la mañana, entre un micro y un tractor que chocaron en el camino que une el paraje El Espinillo con la localidad de Gobernador Castro.

El colectivo, contratado por la empresa Tom Jug, llevaba 36 trabajadores rurales a un campo de naranjas para tareas de recolección, informaron fuentes del caso.

Los heridos, en principio con lesiones que fueron caracterizadas como leves, fueron trasladados a San Pedro para ser asistidos en centros de emergencia médica.

"Hay gente hospitalizada en Gobernador Castro y gente que tiene que ser trasladada a San Pedro", dijo un testigo y agregó que había un paciente "con vidrios" en los ojos.

La policía tomó intervención para relevar las pericias de rigor que determinarán la mecánica del accidente.

De acuerdo a la información oficial que obra en el expediente en curso los lesionados son seis, con heridas leves, todos pasajeros del colectivo.

Vestir al personal, encontrar un uniforme, diseñar un estilo. Esas fueron las consignas que marcó Fedra cuando soñó con la apertura del local que hoy es la esquina de EFE Uniformes. Aquí una recorrida por las alternativas que ofrecen a sus clientes.

Calzado de seguridad en todos los modelos y números que aportan mayor agarre para diferentes tareas. 

Para la oficina, uniformes de diseño propio, y para el campo, la industria o el taller, pantalones, camisas, chalecos, cascos, arnés, guantes y todos los elementos que permiten trabajar con seguridad y tranquilidad.

El personal de salud también encuentra en EFE Uniformes un ambo o chaqueta que se adapte a cada gusto o necesidad.

El sector gastronómico tiene su oportunidad para elegir porque hay varios talles, colores y modelos para hombres y mujeres cocineros.

El local también dispone de una línea de ropa informal de su marca propia: “Pilchas del Paraná”, con estilo tradicional y sencillo.

EFE Uniformes está abierto de lunes a sábados en horario comercial y su WhatsApp es: 3329 400015. 

🤩¿Te gustó esta nota? ¿Querés que visitemos tu comercio o contarnos sobre tu emprendimiento en La Opinión & Sin Galera?

👉🏻 Comunicate con nosotros por WhatsApp 

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) aprobó con los votos de la Uatre y del Ministerio de Trabajo otorgar un bono de fin de año por un monto de 50 mil pesos para trabajadores y trabajadoras rurales.

La reunión tuvo lugar tras la reeleción de José Voytenco al frente del sindicato y durante su desarrollo las entidades ruralistas que conforman la Mesa de Enlace, en representación de los productores, se expresaron en contra y se retiraron antes de votar.

El bono de 50 mil pesos subsume el de 24 mil pesos que había dispusto el Gobierno nacional para trabjadores y trabajadoras en relación de dependencia, es decir que los contratados bajo el régimen de trabajo agrario percibirán $ 26 mil más.

El beneficio es para quienes ganen por debajo de 185.859 pesos y en el caso de que el personal preste servicios por debajo de la jornada legal o convencional percibirá un monto proporcional.

“La asignación extraordinaria comprende a la actividad en todo el país y será abonada en una cuota. A los permanentes discontinuos se les otorgará el proporcional”, explicaron desde el sindicato.

Desde Uatre informaron que continuarán con el reclamo ante la CNTA “para que se incluya a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran excluidos del beneficio” de este bono de fin de año.

El Gobierno provincial lanzó un programa de financiamiento destinado a la compra de motocicletas por parte de trabajadores rurales con un monto máximo de 300 mil pesos y a una tasa de interés especial.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense lo presentaron este jueves en San Pedro, durante una actividad que tuvo lugar en la sede la Uatre, sindicato que representa a los trabajadores del campo.

El plan está destinado a empleados en relación de dependencia, es decir que estén registrados en el establecimiento donde cumplen tareas, para la compra de motos nuevas o usadas de producción nacional por un monto de hasta 300 mil pesos en 36 cuotas con una tasa de interés del 30 por ciento.

Para obtener el crédito el Ministerio dispuso un formulario online que tiene una serie de requisitos y pasos que cumplir. De todas maneras, también hay un número de WhatsApp, el 221 42 0603, donde se pueden comunicar para avanzar en la solicitud del financiamiento.

Allí verificaran si el trabajador reúne las condiciones para postular y recibirá asesoramiento para completar el formulario que dispuso el Gobierno provincial para acceder al crédito.

El Gobierno local informó que los interesados pueden consultar en la Secretaría de Desarrollo Económico que conduce Martín Baraybar, ubicada en Mitre 275 y cuyo número de contacto es el 3329 64 8530.

Durante la jornada, además, hubo una charla de capacitación para trabajadores rurales relacionada con riesgos de trabajo y derechos, accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La situación de los alrededor de 10 mil afiliados a la obra social Osprera atraviesa momentos de tensión. Con las prestaciones cortadas y sin soluciones al corto plazo, muchos optan por cambiarse de prestadora pero otros no pueden. Así, a una buena porción de los afectados sólo les queda pagar o atenderse en el Hospital.

La semana pasada, el gerente general de Osprera nacional, Joaquín Paladino, dijo a La Opinión que la obra social “no tiene deudas” con el Círculo Médico de San Pedro y que el corte de servicio obedece a “un tema de valores por pretensiones económicas muy por encima de lo que es el valor de la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires (Femeba)”.

La asociación que nuclea a los profesionales de la salud local había expresado antes su posición respecto de la situación. En ese marco, señalaron que “los pacientes siguen sin cobertura y los médicos sin cobrar por su trabajo y sus prestaciones”.

Osprera cortada, para el Círculo Médico, implica “10.000 afiliados sin cobertura, salud pública recargada y deuda devaluada”, por lo que resumieron la situación con la frase: “Silencio e indignación”.

La obra social de trabajadores rurales de la Uatre tiene también una gran cantidad de afiliados que hicieron uso de la opción de cambio en su momento y la eligieron, así como a monotributistas de diversas categorías que optaron por sus servicios.

El Círculo Médico mantuvo durante algunos días, a principios de junio, suspendida la atención a los afiliados de SanCor Salud a raíz de “retrasos prolongados en los pagos”, lo que da cuenta de que la problemática aparece en diversas obras sociales y se resuelve a medida que los profesionales y esas organizaciones alcanzan acuerdos.

La sorpresa del feriado puente: íbamos a hablar de turismo y terminamos cubriendo un caso de trabajo esclavo. Cerca de setenta personas, en su mayoría oriundas de Santiago del Estero, fueron acarreadas por tandas en colectivos incluso en plena pandemia. El viernes hubo intervención del Renatre y eso hizo que los últimos que arribaron a San Pedro no pudiesen cobrar sus jornales para hacer frente a la comida y al alquiler. Hay 10 alquilando con un solo baño a 1500 pesos por semana y por persona; otros cuatro en una habitación de 25 metros cuadrados a 2000 pesos por semana y por persona; los que consiguieron mejor casa son cinco que abonan 40.000 pesos si se quedan el mes completo. El vocero de Finca Verde, Agustín Taurizano, dijo horas después que ninguno trabaja en negro.