El Gobierno municipal informó a los sindicatos que, tal como sucede todos los meses, no podrá pagar los sueldos en tiempo y forma ni tampoco podrá hacerlo con recursos propios provenientes del tesoro local.

"Estamos completando la información necesaria para la autorización del Ministerio de Economía. Mañana se presenta el pedido al Directorio del Banco Provincia para autorización del descubierto", informaron desde el Gobierno a los gremios este martes por la mañana.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, confirmó a La Opinión que pasado el mediodía recibieron el visto bueno por parte del Gobierno provincial y que resta ahora el tratamiento del directorio, lo que ocurriría recién mañana.

Así, de acuerdo a los plazos que tienen los trámites para aprobar la asistencia financiera que opera como una especie de descubierto bancario o de adelanto de coparticipación, el dinero estaría disponible para el fin de semana.

De esa manera, el Municipio podría el viernes proceder a las acreditaciones para que el sábado el dinero esté disponible en las cuentas de los trabajadores municipales.

Los haberes corresponden a los del mes de abril y llegan con un 10 por ciento de aumento otorgado por el Estado local en el marco de la paritaria acordada con los sindicatos. El mes que viene cobrarán otro 5 por ciento.

Los concejales que representan al Gobierno nacional de Javier Milei en San Pedro proponen prohibir al Municipio la contratación de trabajadores de cualquier tipo por cuatro años.

Los ediles Joaquín González y Melina Panatteri, del bloque Alianza La Libertad Avanza, elevaron el expediente para que sea debatido en las comisiones pertinentes cuando le den ingreso formal, lo que podría ocurrir en alguna sesión extraordinaria durante el verano o bien después del 1 de marzo.

El plan es establecer la prohibición de incorporar personal permanente, temporario, jornalizado o contratado a través de locación de servicios o programas especiales, con excepción de profesionales de la salud "cuando resulten estrictamente necesarios".

Aun así, el proyecto de ordenanza tiene un artículo que, así como está redactado, habilitaría al Ejecutivo a contratar de todas maneras cualquier tipo de trabajador, aunque podrá mejorarse la técnica legislativa para que quede claro que acaso se refiere al artículo anterior, que se extiende sobre los médicos, exceptuados de la prohibición. Bastaría con un “las excepciones a las que refiere el artículo 2”.

El apartado habla de la posibilidad de “excepciones” que estén "debidamente fundadas, con informe previo y expreso de impacto presupuestario, suscripto por el área competente" del Ejecutivo, lo que coincide con la modalidad habitual que tienen los expedientes de contratación.

Toda incorporación de personal se produce con un expediente que justifica la necesidad de contratación y proviene desde el área correspondiente. Otra opción de mejora de la redacción del proyecto podría ser aclarar en el artículo que esa "excepción" que dejan abierta debería pasar por el Concejo, para que ese cuerpo sea el que controle el cumplimiento de la ordenanza en todos sus términos.

En el proyecto señalan que la propuesta "no afectará derechos adquiridos", lo que implica ni más ni menos que respetar la legislación vigente en la materia, una aclaración que puede ser pertinente en los considerandos pero que también aparece en el articulado.

Además, indican que el Gobierno deberá remitir anualmente un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal, el ahorro generado por la ordenanza y el cumplimiento de objetivos de equilibrio fiscal y austeridad, lo que, después de todo, se hace cada año en la Rendición de Cuentas, aunque nunca está de más el detalle.

Uno de los artículos dice que el Gobierno deberá "priorizar la optimización del personal existente, la reorganización de funciones, la modernización administrativa y la mejora en la eficiencia del gasto" para llevar adelante la gestión sin incorporar personal, una obligación que en los 10 años que lleva Cecilio Salazar como intendente se cumplió en mayor o menor medida y cada tanto, según la coyuntura.

La propuesta de no sumar agentes por cuatro años afectaría no sólo a la administración Salazar sino a la que lo suceda, puesto que, de aprobarse, abarcaría los dos últimos años del actual Gobierno y los dos primeros del siguiente, lo que implica dificultades para el abordaje de una planficación integral.

Además, al no permitir el ingreso a planta permanente pondría en situación de riesgo a los más de 160 temporarios que, según establece la ley, deben ser cesados o estabilizados al año, aunque no siempre el Municipio cumple con ello.

González y Panatteri consideraron "una  obligación política y moral" del Concejo "poner límites claros al crecimiento del Estado". Aseguraron que contratar personal "genera compromisos de gasto permanente que trascienden los mandatos" y pone en riesgo "futuras gestiones municipales".

"Gobernar con responsabilidad implica priorizar el orden de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario y la asignación racional de los recursos antes que el uso del empleo público como herramienta coyuntural y política", consideraron.

En ese marco, señalaron que "la libertad económica, el desarrollo local y la generación de empleo genuino se producen en el sector privado y no en la expansión ilimitada de la estructura estatal".

"Los vecinos de San Pedro merecen una gestión austera, eficiente y transparente", sostuvieron Joaquín González y Melina Panatteri en el proyecto de ordenanza, el primero que presentan desde que asumieron como concejales.

La masa salarial municipal actual, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, alcanza los 1728 millones de pesos, según reveló La Opinión este martes, cuando el Gobierno confirmó que logró obtener los recursos para pagar.

En el Presupuesto 2026 están consignados 1006 trabajadores de planta permanente, 164 temporarios, 58 médicos de reemplazo y ocho guardavidas. En total son 1236 empleados municipales.

Además, hay que tener en cuenta al personal que trabaja vía contrato de locación de servicios y a los que están por "decreto de ayuda social con contraprestación de tareas", que cobran con fondos provinciales específicos.

El cálculo de recursos y gastos da cuentas de la problemática relacionada con la masa salarial sobre la que de alguna manera apunta el proyecto de los concejales libertarios: la mayoría de las áreas municipales sólo tiene asignación de recursos para pagar sueldos.

Como bien señalan Panatteri y González en el expediente, la problemática del personal municipal "no es nueva ni coyuntural" sino "estructural". En ese marco, el proyecto pone el tema nuevamente en debate. 

Si en la comisión hay voluntad, puede servir para un análisis serio entre Ejecutivo y Concejo para abordar una situación que, aun cuando este proyecto sea de difícil concreción, amerita un sinceramiento.

El miércoles el Gobierno y los sindicatos municipales volverán a encontrarse tras la audiencia virtual convocada por la Dirección de Coordinación de Negociaciones Colectivas Municipales del Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto desatado por la decisión del Municipio de otorgar el 10 por ciento de aumento por decreto.

En diálogo con La Opinión, el secretario de Economía, Roberto Borgo, analizó la situación y sostuvo que no hay posibilidad alguna de que el Ejecutivo mejore esa oferta salarial, porque el contexto económico financiero lo impide.

En ese marco, pidió "responsabilidad" a los sindicatos y consideró que deberían haber planteado a sus afiliados desde el principio las dificultades que atraviesa el Municipio y evitar así expectativas que no se podrían cumplir.

El secretario de Economía cuestionó a los dirigentes sindicales por extremar posiciones en redes sociales y en mensajes internos a los afiliados. "Dicen 'ahora vamos más fuerte con la lucha', pero los que solicitaron la instancia en el Ministerio de Trabajo fueron los sindicatos", señaló.

"Ellos saben bien cuál es la situación económica del Municipio. No les mentimos, desde el primer día les dijimos que teníamos dificultades para pagar horas extras, que hace cuatro meses que nos cuesta llegar a la masa laboral y que lo hacemos con asistencia de Provincia", planteó el funcionario.

Borgo sostuvo que en la reunión que mantendrán el miércoles no habrá modificaciones respecto de la posición del Ejecutivo en materia de porcentajes de aumento de sueldo. La paritaria 2025 cerró con el 10 por ciento que otorgaron por decreto y no hay mucho más por hablar, consideran en el Gobierno.

"ATE planteó que ahora Provincia tiene el endeudamiento y qué tenemos para ofrecer. En realidad, el Municipio no tiene una apreciación real de los recursos. Vamos a tener un fin de año traumático", advirtió.

Borgo señaló que si hay posibilidades de ampliación presupuestaria por parte de Provincia, los recursos llegarán para darle continuidad a obras públicas que o están paralizadas por la falta de fondos nacionales o quedaron en carpeta.

"No todo puede ser para salarios. Hay obras que hemos tenido que frenar o graduar, lamentablemente, porque eran con recursos propios y la situación es delicada", dijo el funcionario y reconoció: "Además, hay proveedores que sufren casi tanto o más que los trabajadores estas dificultades de flujo de fondos que atravesamos".

En el Gobierno consideran que es relevante que los sindicatos comprendan que no se trata de "una lucha con los gremios" ni de "torcer brazos". En se sentido, Borgo aseguró: "Los gremios tendrán que hacerse responsables de algunas expresiones".

En ese marco, cuestionó que los sindicatos hayan planteado en la audiencia una serie de reclamos que si bien forman parte de las conversaciones habituales y “reflotan ahora cuando hacemos las reuniones”.

En la delegación local del Ministerio de Trabajo, autoridades municipales y sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local firmaron un acta que contiene el listado de los primeros 12 empleados temporarios que pasarán a planta permanente tras el compromiso del Gobierno.

Son 12 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en diversas áreas, la mayoría en el Hospital Emilio Ruffa, y que ingresaron como temporarios entre 2017 y 2022.

Algunos de ellos, incluso, antes de ser temporarios fueron contratados a través de decretos de ayuda social con contraprestación de tareas, una modalidad de colaboración con familias en vulnerabilidad que en San Pedro y en otros municipios se convirtió en un primer paso para el empleo municipal.

El listado contiene los nombres de Braian Augusto González, que ingresó en marzo de 2017, y Mario Antonio Giuliani, de alta en mayo de 2021, ambos dependientes del área de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos.

Laura Noemí Pérez, de junio 2020, que trabaja en el jardín Frutillitas; Rita Ayelén Machado (marzo 2022), de la Dirección de Turismo; y Marcia Noelia Deleglise (mayo 2022), de la Dirección de Personal.

También está Vanesa Magalí Sierra, que ingresó como empleada de planta temporaria en octubre de 2020 como primera trabajadora municipal contratada por el cupo trans, quien se desempeña en Centros de Salud.

Los del Hospital son Laura Suana Larrea (agosto 2020); Antonella Claribel González (abril 2021); Braian Emanuel Romero (mayo 2021); Rosalía Jezabel Alanis (mayo 2021); Valeria Alarcón (mayo 2021).

Por último, y también por el Hospital, aparece Andrea Chacón, una trabajadora que fue contratada vía decreto de ayuda social y luchó contra el cáncer y contra la burocracia para lograr que el 1 de enero de 2022 la pasaran a planta temporaria y que ahora será trabajadora permanente de la Municipalidad.

Según el presupuesto 2025, hay 142 trabajadores en planta temporaria. El Gobierno se comprometió a analizar listados para el pase gradual a planta permanente, de la que esta es la primera tanda.

El Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local mantuvieron una reunión el lunes en Palacio y otra este miércoles en la Delegación del Ministerio de Trabajo para avanzar en las demandas planteadas por las organizaciones gremiales.

Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales, difundió un video entre sus afiliados en el que informó que "el Municipio se comprometió a pasar a todos los trabajadores que están en planta temporaria o jornalizada, que hayan cumplido el período de prueba de un año, a la estabilidad laboral, como corresponde".

Agregó que "el Ejecutivo viene atrasado con este derecho" y que "hoy se comprometió con nuestra entidad sindical a que todos los trabajadores que estén en esta situación pasen a planta permanente", además de continuar el análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo por recategorizaciones, bonificaciones y el encuadre de los trabajadores.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que el pase a planta permanente de personal temporario que haya cumplido el año forma parte de los temas sobre los que están "avanzando" y que habrá "un esquema gradual" para el cumplimiento del compromiso.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, que participó en representación del Gobierno tanto en la reunión del lunes como en la audiencia de este miércoles, explicó los alcances del acuerdo.

"Estamos definiendo el listado en conjunto con la representación sindical, considerando la fecha de ingreso de cada uno, para conformar un cronograma de acá a fin de año, con fecha de ejecución a partir de octubre", detalló.

En el acta del Ministerio de Trabajo quedó plasmado que en la reunión de la mesa técnica del lunes, que habían acordado cuando firmaron el último acuerdo paritario, la Municipalidad se comprometió a "efectivizar, antes de fin de año, todos los pases pendientes a planta permanente".

Según el Presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante, en la Municipalidad hay 142 trabajadores de planta temporaria. El análisis para el pase a planta permanente será gradual y contemplará caso por caso.

En la Municipalidad, desde hace tiempo, incluso desde antes de la asunción de Salazar en 2015, hay empleados de planta temporaria que nunca fueron, como dice la ley, contemplados para la continuidad laboral estable.

El trabajador temporario tiene un sueldo de bolsillo por encima del permanente, por cuestiones de estabilidad. Una de las dificultades que plantean los propios trabajadores es la imposibilidad de percibir bonificaciones al no formar parte de la planta permanente, aun cuando corresponderían por el tipo de labor que desempeñan.

El Gobierno depositó el aguinaldo de los trabajadores municipales, que este viernes verán reflejado en sus cuentas el dinero correspondiente.

A última hora administrativa se hizo efectiva la transferencia a la denominada "cuenta puente", de manera tal que en el transcurso de la tarde se verán las acreditaciones en proceso, informó el secretario de Economía, Roberto Borgo.

Para hacer frente al compromiso, el intendente Cecilio Salazar había solicitado asistencia financiera a Provincia. Aunque se esperaba que llegar en forma de aporte del tesoro (ATP), que tiene carácter no reintegrable, la ayuda llegó en forma de "préstamo".

Provincia hizo un adelanto de coparticipación de 200 millones de pesos que el Municipio deberá devolver en cuotas de aquí a diciembre. 

Además, el Ministerio de Economía provincial liberó fondos por otros 200 millones relacionados con convenios de obras pendientes de pago, que en algunos casos había sido soportado por las finanzas locales.

Para alcanzar los más de 600 millones de pesos que implica el pago del aguinaldo de todo el personal municipal —lo que incluye a médicos, concejales y funcionarios—, el Gobierno utilizó además recursos ordinarios y fondos afectados, es decir dinero que tiene un fin específico y que deberá devolver de acuerdo a los plazos establecidos por ley.

"Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aguinaldo depositado", fue el escueto mensaje que recibieron pasadas las 15.00 los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta.

ATE informó a sus afiliados la suspensión de una asamblea que tenía prevista para este viernes en el Hospital, puesto que estaba relacionada con el "estado de alerta y movilización" que anunciaron ante la demora del pago del aguinaldo.

El Gobierno municipal necesitará asistencia financiera de Provincia para hacer frente al medio aguinaldo que debe pagar antes del 30 de junio o con plazo límite de extensión al 4 de julio, que cae viernes.

El intendente Cecilio Salazar inició gestiones antes el Ministerio de Economía bonaerense en procura de un alivio para las complicadas cuentas locales que permita pagar en tiempo y forma la primera parte del sueldo anual complementario (SAC) obligatorio por ley.

En el Gobierno local aguardan la inyección de la última parte de la coparticipación correspondiente al mes en curso para tener la liquidez suficiente como para pagar el sueldo, lo que esperan hacer los primeros días de la semana que viene.

Así, todo indica que el pago de los haberes de junio y aguinaldo será por separado para los empleados municipales de San Pedro. En Palacio saben que los trabajadores están expectantes por el SAC, aunque entienden que habrá comprensión por la coyuntura económica, al menos por unos días.

El año pasado, el Municipio pagó los aguinaldos con recursos propios, tanto en junio como en diciembre, gracias al ahorro de los fondos que llegaron en el marco del denominado Fondo de Fortalecimiento que dispuso provincia para todos los distritos.

En diciembre, el pago del medio sueldo anual complementario insumió 540 millones de pesos entre empleados, profesionales de la salud y sus satélites, funcionarios, concejales y adelantos de IPS.

A ese monto habrá que sumarle el cálculo correspondiente a la última paritaria acordada con los municipales, que fue del 8,6 por ciento, y los incrementos a médicos homologados por el Ministerio de Trabajo provincial.

eBasados en los "principios de solidaridad tributaria y capacidad contributiva", el Gobierno de Cecilio Salazar decidió modificar el régimen de beneficios del que gozan los empleados municipales y envió un proyecto al Concejo Deliberante para que empiecen a pagar tasas, derechos y otras contribuciones del Estado local.

Hasta ahora, los trabajadores planta permanente, temporarios, jornalizados y los jubilados gozan de una serie de beneficios que los exime de pagar tasas municipales si tienen una sola vivienda o alquilan, los gravámenes relacionados con servicios varios, derecho de cementerio, licencia de conducir, entre otros.

La propuesta del Ejecutivo, que el Concejo ya tiene para su análisis y que en la última reunión paritaria provocó reclamos de los sindicatos, implica una escala que deriva en que quienes hoy ganen más de 800 mil pesos comenzarán a pagar las tasas.

“La modificación favorece a los de menores ingresos”, dijo a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

Aunque el Gobierno señaló en el proyecto que "no debe perderse de vista que las tasas municipales son retributivas de servicios cuyo costo el Municipio debe afrontar", el plan es mantener el beneficio para quienes cobren entre 800 mil y 1 millón de pesos, pero por la mitad.

La medida de la escala es tres sueldos mínimos vitales y móviles (SMVyM), que a octubre de 2024 es oficialmente de $ 271.571,22. Así, quienes cobren hasta $ 814.713,66 de "haber mensual neto, incluyendo todos los beneficios y bonificaciones", es decir "de bolsillo", no pagarán tasas.

Pero quienes superen esa suma comenzarán a abonar. La escala dispuesta indica que los que perciban entre tres y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, es decir entre $ 814.713,66 y 1.086.284,88 (se moverá de acuerdo a lo que suceda con el SMVyM) pagarán el 50 por ciento de tasas, derechos y contribuciones.

De acuerdo a como quedó redactado el proyecto de ordenanza, que no dice nada respecto de qué sucede con los que ganan más de 1 millón de pesos, quienes superen los cuatro salarios mínimos, vitales y móviles de sueldo neto pagarán como cualquier contribuyente.

"A los sindicatos les explicamos que no podemos pedir esfuerzo a los contribuyentes y que todos los empleados no paguen tasas", señaló Borgo.

El expediente elevado por el Ejecutivo indica expresamente que quienes sean empleados municipales pero ocupen cargos políticos o sean profesionales con título habilitante y ejerzan su actividad por fuera de la Municipalidad no serán contemplados en la escala de beneficios y deberán pagar las tasas.

La Mesa de Relaciones Laborales vuelve a reunirse este viernes en el marco de la discusión paritaria, luego de que los representantes del intendente informaran que no podían hacer frente a un 25 a 30 por ciento que pidieron los gremios.

El plan es ofrecer un incremento de un porcentaje para el mes de noviembre y cerrar la paritaria 2023 en febrero, como hicieron este año. La inflación acumulada de 2024 lleva al 30 de septiembre 101,6 % y lo sueldos municipales, 68 por ciento. 

Además, el Gobierno pidió prórroga hasta el 30 de noviembre para elevar el paquete de ordenanzas del Presupuesto 2025, que implicará un aumento de tasas para el año que viene, que se verá reflejado en las ordenanzas fiscal e impositiva.

Antes de enviar esos proyectos, el Ejecutivo presentó ante el Concejo Delliberante una propuesta para aumentar las tasas de ABL y Servicios Sanitarios un 80 y un 50 por ciento, respectivamente, para el último bimestre del año en curso.

En medio de ese debate, también ingresó al Concejo un proyecto del concejal opositor Martín Rivas para que funcionarios y concejales hagan un aporte de sus sueldos para refaccionar el Salón Dorado de la Municipalidad.

Los trabajadores municipales recibirán dos aumentos, en julio y septiembre, acordaron los sindicatos con los representantes del Gobierno este viernes en el marco de la reunión de la Mesa de Relaciones Laborales.

El acuerdo implica un 10 por ciento de aumento que se cobrará en agosto con los haberes de julio y otro 15 por ciento que incrementará los sueldos en la liquidación de septiembre, que los trabajadores perciben en octubre.

Así, al 44 por ciento acumulado a junio se suma un 38,16 % que lleva el incremento total del año, hasta septiembre, a poco más del 82 por ciento. Los sindicatos lograron el objetivo de percibir aumento antes de las elecciones de octubre, como habían planteado.

Las partes acordaron volver a reunirse durante la primera semana de noviembre para analizar la posibilidad de recomposición salarial antes de que termine 2023. Allí, los gremios buscarán otro incremento que impacte en el medio aguinaldo de diciembre.

El aumento otorgado por el Gobierno en la reunión de este viernes fue aceptado de manera unánime por los tres sindicatos que representan a los empleados del Estado local, ATE, UPCN y STM.

Los trabajadores municipales deberán esperar a la convocatoria formal a la Mesa de Relaciones Laborales 2023 para saber cómo será la discusión paritaria para el año en curso, puesto que como “le ganaron a la inflación” en 2022 no se activó la cláusula gatillo prevista para febrero con el sueldo de enero.

En los recibos de haberes, todos los empleados recibieron un papel con un mensaje firmado por la Dirección de Personal que conduce Sofía Fuccia en la órbita de la Secretaría de Gobierno de Martín Baraybar en el que el Ejecutivo les informa respecto de la diferencia a favor entre el aumento percibido y el índice inflacionario.

En el mensaje, el Gobierno recuerda que el porcentaje anual de inflación registrada por el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2022 fue del 94,8 por ciento, por debajo del 96,19 que sumaron, acumulados, los incrementos parciales que se otorgaron durante el año pasado.

“Es por este motivo que no se ha aplicado la cláusula de ajusta pactada para el caso de que la inflación superase el aumento otorgado por el Municipio”, dice el mensaje, que fue abrochado en cada uno de los recibos de sueldo para que llegue todo el personal municipal.

El Gobierno no incluyó en el Presupuesto 2023 incremeto salarial para los trabajadores municipales, como en cada cálculo de recursos y gastos que el Concejo Deliberante —para este año el oficialismo más Florencia Sánchez— aprueba sin que aparezcan planteos respecto de la falta de previsión de un recurso que necesariamente será erogado.

Es que aunque no figure, no hay dudas respecto de que sindicatos y Ejecutivo se reunirán en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales para debatir incremento en los sueldos para 2023. Todavía se desconocen las pretensiones sindicales y la propuesta que hará el Estado local para alcanzar un acuerdo.

Este martes, los sindicatos que representan a trabajadores municipales mantuvieron una reunión con representantes del Gobierno luego de ATE y el STM elevaran nota para reclamar por la actualización de las escalas de asignaciones familiares.

Ante la liquidación del último aumento de sueldo, muchos trabajadores se encontraron con que el incremento los cambió de categoría en la escala, por lo que cobraron menos dinero de asignación familiar.

Los sindicatos señalaron que el Municipio no actualizó la escala de acuerdo a lo estblecido por Nación y Provincia, por lo que ello generó el impacto en el bolsillo de los empleados.

“El ejecutivo accedió a actualizar los valores según lo especificado por ANSES, lo que implica una recuperación en los sueldos de muchos compañeras y compañeros”, informaron desde ATE tras una reunión que tuvo lugar en Palacio.

El STM había adelantado antes de la reunión que “luego de un dialogo con el intendente nuestro pedido fue escuchado con el compromiso de brindar una solución a esta problemática que afecta gravemente a los hijos de la familia municipal.

Este martes, en Radio Cuarentena, el secretario general de ATE, Gustavo Gauna, explicó cómo surgió la problemática y de qué manera afectó a los trabajadores del Estado local.

Sindicatos que representan a los trabajadores municipales solicitaron al Gobierno la posibilidad de reabrir la paritaria para obtener un porcentaje de aumento por encima de lo pactado y antes de la última cuota prevista, del 15 por ciento para octubre, lo que implicaba un total anual, acumulado, del 41,05 por ciento.

Tanto el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz Acosta como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que coordina Gustavo Gauna mantuvieron reuniones para analizar aspectos relacionados con los puntos que se trata en la Mesa de Relaciones Laborales y tocaron el tema de la necesidad de un nuevo aumento ante la situación inflacionaria que atraviesa el país.

Desde el STM informaron que tras una reunión con el intendente interino Ramón Salazar surgió un compromiso de redactar “un acta acuerdo” para el pase a planta permanente de trabajadores temporarios, de acuerdo a la antigüedad y que comenzarían a entregar la vestimenta comprometida para este año.

Sobre el aumento de sueldo, informaron que “en la semana del 18 de julio nos reuniremos con el objetivo de tratar otro porcentaje” de incremento salarial “acorde al contexto actual” para sumar a lo acordado en la útlima paritaria.

Por su parte, desde ATE informaron a sus afiliados que durante una reunion con el secretario de Gobierno, Alfredo Carrasco, y el de Coordinacion, Luciano Arias, “se trataron temas como el pase a planta permanente, las recategorizaciones y el pago de bonificaciones” con “buena predisposicion para solucionar la mayoríaa de los reclamos” planteados.

Además, señalaron desde ATE, abordaron “informalmente” la cuestión salarial. “La paritaria se va abrir despues de cobrar el aguinaldo, va a ser un reajuste de paritaria, lo que significa que se agregará un porcentaje de aumento mas al que ya está pactado, casi con seguridad sera para el mes de agosto”, indicaron.

ATE informó a sus afiliados que en esa reunión los representantes del Gobierno plantearon la posibilidad de que el aumento sea sobre el presentismo y que desde el sindicato señalaron la importancia de que las sumas vayan al básico para que impacten en jubilaciones, horas extras y bonificaciones. “Estamos solicitando un aumento del 15 % para agosto”, agregaron.

ATE había elevado al intendente interino Ramón Salazar un pedido formal de reapertura de la discusión salarial. “Necesitamos un reajuste de paritaria que nos permita no seguir perdiendo poder adquisitivo a manos de la inflación”, señalaron en la nota presentada a principios de mes.

El Gobierno de Cecilio Salazar afina el lápiz para hacer frente desde el mes que viene a la primera cuota de las cuatro en las que acordó el aumento de salario para los empleados municipales, que a noviembre sumará un total, acumulado, de 33,4 por ciento.

La situación económico financiera de San Pedro no es la mejor y el intendente lo dijo en varias oportunidades. Tras el año de pandemia y con un panorama complicado por delante por el riesgo de la denominada “segunda ola”, los recursos serán escasos.

En la Secretaría de Economía que conduce Fabián Rodríguez ya trabajan para abordar el pago de los salarios con el aumento. Dinero llegará, pero para obras públicas previstas, es decir serán recursos afectados. Habrá que dialogar con Provincia, por las dudas, para que si hace falta asistencia para cumplir con las obligaciones salariales no haya dificultades.

Como siempre, el Presupuesto 2021 previó un alto porcentaje de los recursos de libre disponibilidad destinado a pagar los sueldos, que incluye a los trabajadores de planta permanente y temporaria, personal de carrera médico hospitalaria, funcionarios del gabinete y concejales.

Con los salarios de diciembre y enero, el Gobierno pagó aumento de la paritaria 2020: 10 y 7,5 por ciento, respectivamente, acordado a fin de año luego de que durante todo el ejercicio no hubiera incremento y sólo abonaran un bono no remunerativo de 12 mil pesos en cuatro cuotas.

En la última liquidación, el monto de la masa salarial ascendió a alrededor de 56 millones de pesos, sin contar guardias del personal de salud, médicos de reemplazo y horas extras.

Los salarios del personal de carrera médico hospitalaria, cuya paritaria se discute a nivel provincial, obtuvieron en enero un aumento del 9 por ciento al básico más una mejora del 15 por ciento en tres bonificaciones no remunerativas.

Sin contar a los profesionales de la salud —y de Desarrollo Humano, porque también figuran bajo la carrera médico hospitalaria—, el Gobierno debe reunir para pagar los sueldos a fin de marzo los recursos suficientes para hacer frente a la primera de las cuotas del incremento pautado, que asciende al 10 por ciento.

El acta de acuerdo indica que la segunda cuota del aumento, del 5 por ciento, será abonada con los sueldos de junio. Luego habrá otro 5 % en agosto y otro 10 en octubre.

El aumento otorgado impactará además en los sueldos del intendente, los funcionarios del gabinete y en las dietas de los concejales y funcionarios del Concejo Deliberante.