Este 17 de septiembre se cumplen 25 años de la denominada “Masacre de Ramallo”, tras el frustrado asalto a la sucursal del Banco Nación. Un cuarto de siglo después persisten las dudas sobre las políticas de seguridad de aquel momento y el verdadero entretejido de una organización que, sin dudas, no estaba preparada para ese golpe.

Después de varias horas de un hecho que comenzó con el ingreso de un empleado de la empresa OCA a la sucursal Ramallo, uno de ellos sorprendido por tres delincuentes, el desenlace se produjo durante la madrugada del día siguiente, el 17 de septiembre de 1999 en lo que el gabinete de seguridad denominó como “una salida consensuada para la liberación de los rehenes” que contó con ribetes insólitos y negociadores que incluyeron a reconocidos periodistas.

Pese a la presencia policial durante toda la jornada, con el Grupo Especial de Operaciones (GEO) alistado para actuar en cualquier momento, algunos de los malhechores cobraron notoriedad a nivel nacional con Chiche Gelblung como “mediddor” por una emisora de Capital Federal. La definición se dilató y la tensión aumentó con el correr de las horasel país por lo que podría deparar un rudimentario plan de un improvisado “golpe comando”.

Adentro del banco ubicado en Villa Ramallo permanecieron el gerente, el contador, un empleado y hasta un colaborador del canal de televisión local que en ese momento transitaba por el lugar.

¿Qué motivó a Martín “Tito” Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez para asaltar el banco? Supuestamente tenían el dato de que allí había unos 30 mil pesos en las cajas, de fácil acceso, y otros 100 mil en el tesoro. 

Los planes fracasaron y el mediador designado por el ministerio de seguridad tampoco pudo con los delincuentes. Estaban aguardando la noche para tomar una definición, que ante la repercusión y el blindaje operativo de la policía en varias cuadras a la redonda, tenían dos opciones: deponer la actitud o fugarse en la oscuridad.

Lo que ocurrió cerca de las 4 de la madrugada lo describió La Opinión, que desde el primer momento se ubicó en la cobertura junto a otros medios de la zona:

“Los delincuentes intentaron escapar en un auto VW Polo verde con el contador Carlos Santillán, el gerente del banco Carlos Chávez y la esposa de éste, Flora Lacave, como rehenes, pero el coche fue atacado a balazos por la Policía desde varios ángulos. 

Los miembros de la fuerza de seguridad abrieron fuego —48 disparos en 37 segundos— contra el automóvil pese a que Chávez iba al volante. Al lado de él estaba Santillán, sentado en las rodillas de uno de los ladrones, que lo usó como escudo, y en el asiento trasero, en medio de otros dos delincuentes, estaba la esposa del gerente.

Además de Santillán y Chávez, murió uno de los delincuentes, Javier Hernández, mientras que la esposa del gerente, Flora Lacave, y el asaltante Carlos Martínez sufrieron heridas. Otro delincuente, Martín Saldaña, resultó ileso, pero sospechosamente murió ahorcado en la comisaría segunda de Ramallo.

Nunca se pudo saber con certeza quién dio la orden de disparar. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo negó haberlo hecho y el gobernador del momento, Eduardo Duhalde, decidió disolver el GEO de la policía provincial y relevar a los jefes del operativo”.

Tampoco se conocieron los detalles que sólo los medios locales lograron constatar. Desde patrulleros que oficiaban de custodia sin batería al préstamo de celulares para que la policía lograra comunicarse. La conjetura más plausible para quienes fueron testigos de la tragedia la torpeza tuvo un lugar preponderante: hizo falta un ruido para que la balacera se desatara contra las víctimas de un asalto que ofició de bisagra en la historia de “la bonaerense”.

Lo último se supo en febrero de 2011. En un accidente de tránsito en San Nicolás falleció el último de los malvivientes de aquella masacre: Martínez. En 2002, los jueces Laura Cosidoy, Santiago Harte y Omar Paolucci, del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, lo habían condenado a 24 años de prisión. Sin embargo, mucho antes logró la libertad.

“Por suerte Oscar está bien, un poco shockeado por lo que pasó”, dijo esta tarde a La Opinión el responsable de La Santina, el establecimiento donde se emplaza la casa del reconocido empresario postal Oscar Andreani.

El hecho que sacude nuevamente a la zona rural del partido ocurrió anoche cuando la familia se encontraba en la vivienda a la que suele llegar para descansar.

Al menos siete sujetos participaron del atraco que mantuvo como rehén al propietario que ya recibió a la Fiscal María del Valle Viviani para aportar detalles que puedan servir para la investigación.

“Estoy acá en la casa tomando declaraciones”, dijo la titular de la unidad fiscal especializada en delitos rurales que a las 15.00 aún se encontraba en el lugar para tratar de establecer el modo en que los delincuentes llegaron al lugar al que sólo se accede por la colectora de Ruta 9.

Según se puedo reconstruir, poco antes de la medianoche del domingo, y de acuerdo a los primeros testimonios, llegaron siete sujetos encapuchados, quienes de inmediato y tras reducir a la familia comenzaron con el saqueo. Dinero, celulares y otras pertenencias tanto de la familia como de los moradores y colaboradores que trabajan en el lugar fueron parte del botín que se llevaron.

Cuando este medio logró establecer contacto con las víctimas se indicó que la casa que otrora era utilizada por el empresario para descansar ahora es una finca reservada al turismo y que la pretensión es mantener a resguardo otros detalles hasta que se avance en la reconstrucción del lugar por el que escapó la banda.

“Estamos en plena investigación, por suerte él está bien, ningún problema”, indicaron respecto a la salud de Oscar Andreani. “Realmente es terrible lo que está pasando, entiendo que en la zona están pasando estas cosas y ahora lo tocó a él, nos tocó a nosotros. Pero estamos tranquilos, investigando con la gente de Fiscalía y la DDI”, indicaron en relación a la ola de robos y asaltos que sufre el partido de San Pedro.

En esta misma jornada, vecinos autoconvocados fueron recibidos por el intendente por la creciente inseguridad a la que están sometidos.