En pleno mes de enero, los concejales opositores que juraron en diciembre y a los que a diario reprenden los históricos porque este mes y el que viene “no se trabaja”, decidieron reunirse y comenzar a elaborar una estrategia para plantear temas en los que al no contar con experiencia previa en el poder legislativo resultan de interés para la población.

Los retos en la sesión en la que se aprobó el presupuesto y el aumento de tasas terminaron con un pedido de licencia sin fecha de retorno para Mónica Otero y un alejamiento de Alfredo Carrasco que volvió a sus funciones en el Ejecutivo. Sin ellos es muy poco lo que pueden hacer los radicales por un lado y los oficialistas por el otro ya que cuentan con una mayoría que les permite manejar el recinto porque suman a la edil Vanina Cappelletti en casos de “necesidad y urgencia”.

Esta mañana, una gacetilla que lleva los nombres y la foto Martín Rivas, Diego Lafalce, Viviana Riquelme y Mauro De Rosa fue la primer señal que permite incursionar en un tema sumamente delicado para la gestión Salazar: las tierras que Arcor cedió para la relocalización de familias que habitan en la zona de Bajo Puerto y que fueron utilizadas para un plan que adjudicó por sorteo 84 casas sin que mediara comunicación ni cancelación de las disposiciones. La justicia declaró inválido ese sorteo y en Febrero, la empresa ampliará la demanda para recuperar esas manzanas o bien para ser indemnizada a valor de mercado.

Los concejales opositores comenzaron entonces con un pedido de informes cuya autoría le corresponde a Rivas: 

“En el día de hoy presenté un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la situación del juicio elevado por la empresa ARCOR S.A, donante de los terrenos de su propiedad con cargo de cumplimiento, aceptada por la Ordenanza N° 5422 del 12/07/2004 y escritura pública respectiva”.

Los vecinos de la comisión de fomento Barrios Unidos, en la que confluyen habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, insisten ante las autoridades municipales para la expropiación del terreno costero de la empresa Arcor ubicado frente a sus viviendas.

Este viernes entregaron por Mesa de Entrada de la Municipalidad y en el Concejo Deliberante un expediente que contiene un proyecto de ordenanza para declarar de utilidad pública sujeto a expropiación el predio, de manera tal que luego la Legislatura bonaerense pueda proceder con la ley necesaria para avanzar en la propuesta.

Los vecinos piden que esa tierra sea expropiada a la empresa Arcor y convertida en un “paseo costanero con feria de venta y comercialización de frutas de la tierra del río y espacio verde”, según detallan en el proyecto presentado.

“El uso del predio por parte de la población vecina se remonta a más de 100 años, debido al estrecho vínculo entre éstos, sus labores y el río”, señalaron en el extenso texto de considerandos de la propuesta.

Además, señalan que el terreno “resulta un lugar de esparcimiento, disfrute y desarrollo de todos los sampedrinos” y que “forma parte del patrimonio natural y cultural de San Pedro”, por lo que “su puesta en valor fortalecerá la memoria viva de la comunidad y el reconocimiento de las prácticas sociales que son sustento de la vida”.