La policía detuvo este miércoles a Francisco Palacio, hermano de la reconocida influencer La Chabona, por resistencia a la autoridad tras un desalojo en la zona de Bajo Cementerio.

La policía llegó para hacer cumplir la medida judicial en favor de la empresa Arcor y desmontar una precaria vivienda que había en el lugar. 

Tras un desalojo, detuvieron al hermano de La Chabona pic.twitter.com/AYEtjyoGbd

La Chabona dijo a La Opinion que su hermano Francisco "se le paró de manos a un cobani", en alusión a su intervención con el objetivo de evitar la manda judicial.

"Estaba todo baldío y abandonado, pero la policía, sin orden ni nada, vino y tiró todo", dijo la influencer, que además informó que al muchacho "le pegaron y le pisaron la cabeza". 

La influencer recordó con dolor que su hermano aún atraviesa “el duelo por la pérdida de su bebé”, que falleció hace pocos meses y que se encuentra luchando para salir adelante. 

“Los vecinos saltaron y le pidieron que no le pegaran, pero no les dieron cabida. Vinieron sin orden, sin nada y tiraron todo, no es así”, concluyó. 

Una comisión policial intervino este viernes en la zona del barrio Bajo Cementerio para exigir a los vecinos que desarmen los corrales de animales que están ubicados en los terrenos de Arcor, ubicados frente a las viviendas.

"La policía con gente de Arcor están haciendo desarmar los chiqueros de los animales. Qué vergüenza, pobre gente", reportaron vecinos de la zona a La Opinión.

Los efectivos policiales les informaron a quienes tienen animales en corrales y chiqueros que debían retirarlos. A pesar de la oposición de los vecinos, les explicaron que deberán hacer cumplir la orden.

"Dicen que tenemos que sacar todos los corrales y sacar los chanchos, porque van a venir con la topadora y van a tirar todo", aseguraron habitantes del Bajo Cementerio.

Semanas atrás, la policía se había presentado para impedir a los vecinos del Bajo Puerto colocar plantas en el predio en el que quieren que haya un espacio público y por el que pidieron al Gobierno municipal que promueva su expropiación.

En pleno mes de enero, los concejales opositores que juraron en diciembre y a los que a diario reprenden los históricos porque este mes y el que viene “no se trabaja”, decidieron reunirse y comenzar a elaborar una estrategia para plantear temas en los que al no contar con experiencia previa en el poder legislativo resultan de interés para la población.

Los retos en la sesión en la que se aprobó el presupuesto y el aumento de tasas terminaron con un pedido de licencia sin fecha de retorno para Mónica Otero y un alejamiento de Alfredo Carrasco que volvió a sus funciones en el Ejecutivo. Sin ellos es muy poco lo que pueden hacer los radicales por un lado y los oficialistas por el otro ya que cuentan con una mayoría que les permite manejar el recinto porque suman a la edil Vanina Cappelletti en casos de “necesidad y urgencia”.

Esta mañana, una gacetilla que lleva los nombres y la foto Martín Rivas, Diego Lafalce, Viviana Riquelme y Mauro De Rosa fue la primer señal que permite incursionar en un tema sumamente delicado para la gestión Salazar: las tierras que Arcor cedió para la relocalización de familias que habitan en la zona de Bajo Puerto y que fueron utilizadas para un plan que adjudicó por sorteo 84 casas sin que mediara comunicación ni cancelación de las disposiciones. La justicia declaró inválido ese sorteo y en Febrero, la empresa ampliará la demanda para recuperar esas manzanas o bien para ser indemnizada a valor de mercado.

Los concejales opositores comenzaron entonces con un pedido de informes cuya autoría le corresponde a Rivas: 

“En el día de hoy presenté un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la situación del juicio elevado por la empresa ARCOR S.A, donante de los terrenos de su propiedad con cargo de cumplimiento, aceptada por la Ordenanza N° 5422 del 12/07/2004 y escritura pública respectiva”.

Pasadas las elecciones de octubre, el problema con el predio que Arcor cedió al Municipio para relocalizar a las familias que viven en los terrenos de Bajo Puerto sigue siendo una preocupación para los preadjudicatarios que, tal como les prometieron, esperaban en julio de 2023 acceder al techo propio.

La Cooperativa Alfa, constructora del complejo habitacional, ya no opera en la ciudad y pese a que sólo faltan detalles de terminación la Justicia ha resuelto invalidar los sorteos y hacer lugar a la ampliación de la demanda que elevaron los abogados de la empresa, que además tienen previsto ir al fuero Civil contra el Estado local.

El texto que fue presentado el pasado 12 de diciembre solicita que “se ordene cumplir a la demandada con la Ordenanza 5422-04, y se adjudiquen las viviendas a las personas para las cuales fueron destinadas, relocalizando las mismas que se encuentren en los predios de mi representada”.

La solicitud es clara y hay dos consideraciones muy importantes que deberá evaluar la jueza interviniente: se perdieron expedientes y el listado de los sorteados es una prueba documental que acredita que el Gobierno incumplió el mandato inicial.

"Se ordene la revocación de la donación, la restitución y desalojo del inmueble a mi representada", dice el apartado tercero de la ampliación de la demanda de Arcor contra el Municipio.

Los abogados no sólo se apoyan en la falta de cumplimiento de la cesión sino que en caso de no acceder a la restitución de las manzanas cedidas en el Barrio Depietri, litigarán para recuperar su valor inmobiliario ya sea a cargo de la comuna o de los funcionarios responsables.

“Para el eventual supuesto de no poderse revocar la donación y/o restituirse la propiedad a mi representada libre de ocupantes, se resuelva la presente acción como de daños y perjuicios, condenando a la demandada al pago del valor de mercado del inmueble a valores actuales, más sus intereses y daños por la indisposición”, indica el expediente que ya está en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de  María Isabel Fulgheri.

Respecto de la oportunidad que tuvo el Municipio de demostrar que no había transgredido el acuerdo celebrado en 2004, el material es escaso. La abogada de la Dirección de Asesoría Letrada reconoce que no puede responder la manda judicial ya que, dice, “le hago saber que es de imposible cumplimiento remitirle el expediente” porque “se ha extraviado”. En el siguiente párrafo indica que “luego de una búsqueda intensa” en los archivos “no ha sido localizado”.

A esa respuesta le sumaron la lista con los nombres de los sorteados titulares y suplentes. Una situación que obligará a encontrar alguna salida a un problema que lamentablemente terminará enfrentando a los vecinos porque la mayoría siguen pagando su alquiler o viviendo en lugares a préstamo. 

Cabe aclarar que junto a esa documentación, no existe acreditación de la actuación notarial que contó con la presencia de una escribana que envió el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Los vecinos de la comisión de fomento Barrios Unidos, en la que confluyen habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, insisten ante las autoridades municipales para la expropiación del terreno costero de la empresa Arcor ubicado frente a sus viviendas.

Este viernes entregaron por Mesa de Entrada de la Municipalidad y en el Concejo Deliberante un expediente que contiene un proyecto de ordenanza para declarar de utilidad pública sujeto a expropiación el predio, de manera tal que luego la Legislatura bonaerense pueda proceder con la ley necesaria para avanzar en la propuesta.

Los vecinos piden que esa tierra sea expropiada a la empresa Arcor y convertida en un “paseo costanero con feria de venta y comercialización de frutas de la tierra del río y espacio verde”, según detallan en el proyecto presentado.

“El uso del predio por parte de la población vecina se remonta a más de 100 años, debido al estrecho vínculo entre éstos, sus labores y el río”, señalaron en el extenso texto de considerandos de la propuesta.

Además, señalan que el terreno “resulta un lugar de esparcimiento, disfrute y desarrollo de todos los sampedrinos” y que “forma parte del patrimonio natural y cultural de San Pedro”, por lo que “su puesta en valor fortalecerá la memoria viva de la comunidad y el reconocimiento de las prácticas sociales que son sustento de la vida”.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio quieren que los terrenos de Arcor ubicados en la c costa frente a sus viviendas se conviertan en espacio público. A fines de agosto, tras una reunión con el intendente, informaron que Salazar les dijo que “lo va a declarar de utilidad pública”, paso previo a una ley de expropiación.

Ello le valió críticas de la oposición —el candidato a intendente Ariel Rey expresó “gran preocupación” por el tema— y ahora del Centro de Comercio, que se expresó a través de una nota enviada al Gobierno y al Concejo Deliberante en la que señalan su “rechazo” a “la sola intención de pensar en una medida que atenta al desarrollo actual y futuro de nuestra ciudad”.

En el texto, la institución que conduce Raúl Cheyllada y de la que es socia la empresa Arcor, considera “una enorme contradicción” del Gobierno sus manifestaciones de “deseos de crecimiento, oportunidades de nuevas inversiones, radicación industrial, apoyar la búsqueda de puestos de trabajo, crear un parque industrial” con “la intención de expropiar propiedad privada”.

“Daña la confianza en nuevos emprendimientos, desalienta el desarrollo y, lo que es peor aún en el contexto actual, pone a riesgo que una de las empresas más importantes de la ciudad analice una potencial relocalización hacia una ciudad más amigable a la inversión.

El Centro de Comercio señaló que esa zona, próxima al puerto local, debería “orientarse al desarrollo económico como un facor estratégico” en lugar de verse “razonable para un barrio residencial o una plaza”.

Por ello, la entidad pidió en la nota dirigada al intendente y al Concejo que “la intención de expropiación de la propiedad privada pretendida por el Gobierno local quede desestimada”.