El Gobierno municipal busca acordar un plan de pago para saldar la deuda de 114 millones de pesos que mantiene con el abogado Hugo Lima y que provocó una decisión judicial de embargo.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que hay un diálogo fluido y “avanzado” con el estudio jurídico del reconocido penalista nicoleño para alcanzar, cuando termine la feria judicial, un acuerdo que ponga fin al entuerto.

El abogado interpuso la demanda de cobro ejecutivo ante la falta de pago de los honorarios regulados en el juicio por desalojo que la Municipalidad perdió con Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos al pie de la barranca frente al club de Pescadores.

Los honorarios se fijaron en 64 millones de pesos por la representación legal que Lima ejerció del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón.

En la causa interpuesta para cobrar la deuda, se calcularon los intereses y otros ítems en 50 millones de pesos más, por eso la suma de la deuda alcanza los $ 114 millones, un monto que el Municipio no tiene disponible y que no podría abonar de otra manera que no sea a través de un plan de pago.

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la Municipalidad para cubrir los más de 114 millones de pesos que el Estado local le debe al abogado Hugo Lima (h) en concepto de honorarios por la denominada causa Calonge.

Lima fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca que el Municipio perdió y en cuyo marco, además, el Juzgado ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.

El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil n.° 1 ordenó el embargo hasta cubrir la suma de 114 millones, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de  noviembre de 2025.

Hugo Lima (h) fue abogado del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió.

El Municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones. El Estado local tuvo que pagarle en total casi 30 millones por el caso.

El revés judicial del Municipio de San Pedro en la causa por desalojo contra Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos del Estado al pie de barranca frente al club de Pescadores salió muy caro a los sampedrinos: además de perder los derechos sobre la tierra y pagarle 30 millones de pesos al abogado de Calonge, ahora hay que abonarle 64 millones de pesos al representate legal de los otros litigantes.

El juez interviniente fijó los honorarios para el abogado Hugo Lima (h), que asistió en la causa al concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; a Amelia María Suárez; Natalia Andrea Morán; a Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió en el fuero Civil y Comercial.

"Regulo los honorarios profesionales del Dr. Hugo Enrique Lima (patrocinante) en la suma de pesos sesenta y cuatro millones, sesenta mil novecientos ($ 64.060.900)", dice el fallo del juez Hernán Prats.

Además, la Municipalidad, como actora derrotada en el litigio, deberá abonar 4.313.865 pesos al martillero designado para intervenir en el caso y tasar los inmuebles objeto del juicio,  Daniel Benjamín Menéndez.

Así, además de perder la tierra, en total a los sampedrinos el juicio en el que el Municipio resultó vencido implica casi 100 millones de pesos en honorarios de los profesionales intervinientes, puesto que las costas corren por cuenta de la parte derrotada.

El litigio comenzó en 2004, cuando Raúl Calonge pidió el reconocimiento de su derecho de usucapión. La Municipalidad lo rechazó y comenzó un juicio por desalojo contra él y el resto de los ocupantes ubicados entre la ahora sede de Agrupación Mallorca y el ex Tiro Federal.

La Justicia consideró que la pretensión restitutiva del Estado local no corresponde y falló contra el desalojo.

 Además, Calonge ganó un juicio por usucapión para escriturar a su nombre, lo que abrió la puerta para que el resto de los litigantes haga lo mismo.

Uno de los puntos fundamentales para  la derrota del Municipio es la consideración de esa tierra como un bien de "dominio privado del Estado". 

Aunque los sucesivos asesores letrados oficiales desde el principio plantearon que esos eran terrenos aluvionales de "dominio público", inalienables e imprescriptibles. cuando en 2017 el Gobierno de Cecilio Salazar inscribió toda esa zona a nombre de la Municipalidad lo hizo como "dominio privado".

Así, como los ocupantes pudieron acreditar "seria y real posesión", la Justicia no hizo lugar al pedido de restitución vía desalojo y falló contra los intereses de los sampedrinos, que perdieron la tierra y son obligados a pagar las costas.

La Justicia ordenó transferir más de 30 millones de pesos al abogado Adrián Bengolea, con quien la Municipalidad de San Pedro tenía una deuda por la regulación de honorarios por su rol como representante legal de Raúl Calonge en el juicio que ese particular le ganó al Estado local para escriturar a su nombre una propiedad al pie de barranca.

El juez había regulado honorarios por 18 millones de pesos para Bengolea, pero la Municipalidad no le pagó. Eso provocó que el abogado pidiera la ejecución de honorarios, lo que derivó en el embargo de cuentas municipales.

Confirmado el embargo por 28,7 millones, la Justicia dispuso que se deposite esa suma embargada en una cuenta judicial y ahora, vencido el plazo fijo y a solicitud de Bengolea para que no lo renueven, ordenó que esa suma sea transferida al abogado para saldar la deuda.

Son, en total, $ 30.146.104,54, en concepto de honorarios ejecutados, adicional de ley, intereses, IVA y honorarios convenidos en la ejecución, con las deducciones correspondientes por aportes e ingresos brutos, señala la resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 1.

El Gobierno fue notificado este lunes sobre la confirmación del embargo de cuentas bancarias del Estado local para cubrir los 28,7 millones de pesos que no se le pagaron al abogado Adrián Bengolea por los juicios que Raúl Calonge le ganó a la Municipalidad.

"En autos se trabó embargo sobre las sumas que la demandada tenía depositada en el Banco de la Nación Argentina por la sumas de pesos $ 28.700.000", dice la cédula de notificación electrónica, firmada este lunes al mediodía.

El 5 de junio pasado, el juez en lo Civil y Comercial N° 1 Hernán Prat informó el número de cuenta judicial en el que debía hacerse efectivo el depósito de las sumas embargadas, cuenta abierta en la sucursal Tribunales de San Nicolás del Banco Provincia, que confirmó su apertura una semana antes.

La Municipalidad le debe al abogado nicoleño Adrián Bengolea los honorarios regulados en el fallo mediante el que el Estado de San Pedro perdió el juicio por desalojo contra Raúl Calonge, quien además ganó su planteo de usucapión por los terrenos costeros que ocupa al pie de barranca frente al club de Pescadores.

Los 28,7 millones surgen de sumar los 18,7 millones de honorarios más 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que consideró el juez Prat cuando Bengolea pidió el embargo ante la falta de pago.

La semana pasada, los votos del oficialismo obturaron la posibilidad de aprobar un pedido de informe presentado por el opositor Martín Rivas para que el intendente explicara a los ediles la situación de esa derrota judicial.

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El juez en lo Civil y Comercial Hernán Prat ordenó embargar las cuentas bancarias del Municipio de San Pedro tras la presentación del abogado de Raúl Calonge para cobrar sus honorarios en el juicio que le ganaron al Estado local por las tierras ubicadas en pie de barranca frente al club Pescadores.

El representante legal de Calonge, el abogado nicoleño Adrián Bengolea, solicitó el embargo ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno local tras la regulación de honorarios que dispuso la Justicia.

El embargo es hasta cubrir la suma de 28.700.000 pesos, que surge de los 18,7 millones de la regulación de honorarios más de 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que debe afrontar la Municipalidad, como parte derrotada en el litigio.

Bengolea solicitó el embargo de las cuentas que el Municipio posea en el Banco Nación, por lo que el juez libró la orden para esa entidad y citó al Estado municipal para que "oponga y pruebe excepciones que se considere con derecho", aunque no hubo movimiento, todavía, en el Juzgado correspondiente al respecto.

El juez libró oficio electrónico al banco "a fin de que proceda a la apertura de una cuenta a nombre de autos y orden del proveyente", es decir del abogado Adrián Bengolea, puesto que la suma debe ser depositada en la sucursal Tribunales del Banco Provincia en San Nicolás, a su nombre.

Raúl Calonge ganó dos juicios a la Municipalidad, con el patrocinio de Bengolea, relacionados con los terrenos que ocupa en la costanera. El primero lo inicio el Estado y era para desalojarlo; el segundo fue su solicitud para usucapir la tierra y escriturarla a su nombre.

La Justicia consideró probada la ocupación pacífica y sostenida de Calonge en ese terreno. La escrituración por parte del Gobierno de Cecilio Salazar, con Javier Silva como jefe de la Oficina de Escrituraciones a cargo de la tarea, de esa tierra como "dominio privado del Estado" favoreció al privado.

La nota que publicó La Opinión respecto de los honorarios millonarios que debe pagar el Municipio tras perder en la causa por los terrenos de avenida España al 600 desató una ola de comentarios por parte los sampedrinos. Si bien los pagos a los abogados que representaron al municipio ya fueron desestimados por la justicia, quedó el sabor amargo sobre la protección de los espacios públicos, los bienes de la población y el cuidado del patrimonio colectivo.

"Perdió. No sean caraduras. Los vendieron los políticos de turno, las inmobiliarias y los que estuvieron en planeamiento. Manga de delincuentes con complicidad de todos los que han ocupado una banca. Después se llevan preso a un tipo con cuatro paltas, dan risa", comenzó diciendo Ale.

Mauro continúo y propuso: "Lo que tienen que hacer es liberar toda la costa, la parte donde la gente pesca. Pasando la Bajada de Chaves está todo tomado, todo alambrado. Eso tiene que estar liberado y la gente tiene que tener acceso sin que nadie le tenga que dar permiso o que le quieran cobrar".

Otras personas se acordaron de las 84 viviendas, como Alejandra que dijo: "Y así les va a pasar con los terrenos de Arcor. Hicieron viviendas en terrenos que tenían dueño", Susana lo vio y le respondió: "Seguramente si van a juicio, el estado pierde y el pueblo paga".

"Y pensar que el hombre que ocupaba esos terrenos donde tenía su pequeño rancho y criaba chanchos fue y lo denunció varias veces a los concejales de ese momento y nadie hizo nada", expresó con pesar Luis.

Por último, Gastón compartió su opinión sobre la situación y dijo: "Hay que meter en presos a a los gobernantes que entregaron esos terrenos en manos de personas a las que no le interesa nada más que su propia ventaja y ganancia. Es fácil entregar lo que no sienten ni consideran que es de ellos (los gobernantes) y más fácil es para el resto de los parásitos (abogados) que están para sacar ventaja". 

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La Justicia dejó sin efecto parte de los honorarios en la causa de los terrenos de avenida España

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El Juzgado interviniente en la causa por los terrenos de avenida España que la Municipalidad perdió a manos del particular Raúl Calonge, autorizado a escriturar a su nombre el predio que ocupa al pie de barranca, dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que participaron del litigio en representación del Estado local.

La Justicia había ordenado abonar casi 18 millones de pesos al abogado de Calonge, el nicoleño Adrián Bengolea, y casi 30 millones más distribuidos entre los exdirectores de Asesoría Letrada municipal Paola Basso, Juan Benseny, José Macchia y Ricardo Uguet, más la fiscala de Estado, María Hiraldo.

Benseny, Macchia, Uguet e Hiraldo, a su turno, manifestaron expresamente ante la Justicia que no correspondía que se les regularan honorarios puesto que habían actuado como funcionarios públicos. La Municipalidad, a través de la actual directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, pidió que se revoque esa regulación.

"Se han desempeñado como agentes estables y que, en ejercicio de tal calidad, representaron a la Municipalidad de San Pedro, es decir que no actuaron en virtud de mandato, sino desempeñando una función pública", explicó la asesora letrada municipal.

El juez dejó sin efecto los honorarios regulados, puesto que "le asiste razón" a la Municipalidad respecto de los exdirectores de Asesoría Letrada, aunque el fallo dejó una perlita sobre la actuación de la actual responsable de legales del Estado local.

La abogada Viviana Costa interpuso un "recurso de revocatoria con apelación en subsidio" que el juez rechazó por considerarlo no pertinente. "La providencia atacada no es susceptible del recurso intentado", explicó el magistrado, Hernán Víctor Prats, aunque sin perjuicio de ello dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que actuaron como funcionarios públicos.

Luego de que La Opinión develara en una nota las sumas millonarias que debían pagarse a los abogados que defendieron los intereses de la Municipalidad en la causa que se inició en pos de recuperar la propiedad de los terrenos sobre Avenida España, el Dr. Juan Benseny aclaró su posición respecto a los montos que la justicia asignó a quienes actuaron en representación de los intereses sampedrinos.

"Mi actuación se limitó allá por el año 2010, yo fui durante 4 meses más o menos director de Asesoría Letrada", explicó Benseny que además aseguró que no tiene "derecho a cobrar" por la labor prestada, ya que durante ese tiempo percibía el sueldo que le correspondía por intervenir en "todos los juicios" en los que estuviera "involucrada la Municipalidad".

Tal es la obligación de los funcionarios de esa área, defender, vigilar y proteger la legalidad de los actos de gobierno y velar por el patrimonio público.

Consultado por su situación y los de los abogados Paola Basso, Ricardo Uguet y José Macchia, el letrado indicó que la Municipalidad puede notificarle al juez a qué abogado "no le corresponde el pago de honorarios". Esa es una obligación que no debe ser postergada a fin de que no se concreten los pagos o en el futuro puedan reclamarse. 

Benseny recordó además que tras su gestión, continuó en representación del municipio en juicios que tramitaban en Capital Federal por contar con una matrícula para desempeñarse en esa jurisdicción. Aclaró que cuando asumió el Dr. Ramón Salazar le informó sobre una decena de juicios que quedaron pendientes y que debían contar con seguimiento, ya que también él estaba radicado en CABA para poder ejercer como abogado.

Finalmente, explicó que él no pretende percibir lo estipulado y que considera que "la Municipalidad no va a pagar" las sumas dispuestas por la justicia. En su caso la justicia le reguló un importe de 1.746.360 pesos  como pago por la labor desempeñado. 

La disputa legal entre el Gobierno local y los habitantes de los terrenos comenzó en 2004 y la sentencia definitiva del juez Hernán Prats favoreció a quienes ocupan más de 100 metros desde la sede de Agrupación Mallorca hacia la zona del Tiro Federal.

El Dr. Juan Benseny no es el único, también la Fiscal de Estado, cuyos honorarios resultaron superiores a los 12 millones de pesos, desestimó la percepción por su actuación pública. 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revisará el fallo del juez de primera instancia que favoreció a habitantes del pie de barranca en la zona que va desde la sede de Agrupación Mallorca hacia el Tiro Federal, quienes lograron en la Justicia que se validen sus derechos a permanecer en esos terrenos públicos.

La secretaria Legal y Técnica del Gobierno local, Viviana Costa, presentó la formal apelación y, tras la interposición por parte de los abogados particulares de recursos para que no sea cursada, el juez confirmó la elevación al Tribunal de alzada para que resuelva.

El Municipio consideró que la sentencia dictada por Pratz “causa un gravamen irreparable” al Estado local. Ese fallo rechazó las pretensiones de restitución de los terrenos y además autorizó la usucapión a nombre de uno de los involucrados.

Así, Raúl Calonge quedó en condiciones de escriturar el espacio que ocupa en avenida España 605 y el fallo habilita a Maria Marta Hidalgo y Juan Cruz Gonzalez (España 601), Norma Di Napoli y Natalia Andrea Morán (España 705), Maria Graciela Calonge y Lucia Vellón (España 615) y Amelia María Suárez (España 707) a que puedan tramitar lo propio.

La apelación busca revertir esa sentencia, aunque quienes conocen el devenir del expediente, incluso dentro de la propia Municipalidad, consideran que será difícil que la Cámara se expida de manera contraria al fallo de primera instancia, teniedo en cuenta los antecedentes.

La sentencia rechazó la demanda interpuesta por la Municipalidad para lograr la restitución vía desalojo de esos terrenos y además, en el caso de Calonge, hace lugar a su solicitud de usucapión al declarar prescripto a su favor del dominio del lote que ocupa, lo que le permite inscribirlo a su nombre en el Registro de la Propiedad y habilita las acciones del resto de los ocupantes.

El fallo judicial que otorgó los derechos de propiedad a la familia litigante fue dado a conocer por La Opinión el 5 de Mayo. Desde entonces, el Municipio no se ha pronunciado al respecto y el Concejo Deliberante también guardó silencio.

No ha sido posible confirmar si habrá lugar para un recurso extraordinario ni reclamo a los funcionarios responsables de los “errores” en la tramitación que dejaron a quienes usurparon superficies mucho mayores a las que dieron lugar a sus reclamos.

Oyentes y lectores se expresaron en las redes sociales y apuntaron a otras situaciones irregulares que con el correr del tiempo otorgan derechos a quienes se apropian del patrimonio público sampedrino.

Mariano Wal Barny: “Será uno de los grandes motivos por los cuales el municipio no cuenta con terrenos fiscales hoy en día. Entre acciones políticamente amigables seguramente les han conseguido dueños, a todo lo que en algún momento fueron tierras fiscales”. 

Gloria Elisabet Castagnola: “Mariano Wal Barny, pregúntale al político que se quedó con gran parte de la costa de Las Canaletas, el radical, German López”. 

Elsa Rodriguez Gloria: “Nunca podrá ser dueño. Solo ocupante. No se pueden vender, son tierras provinciales con frente a río navegable, que el río es nacional luego provincial. Así es la ordenanza y seguirá así. Nadie puede comprar ahí, pero: ¿Quién se los saca?”.  

German Silva: “Al fondo del camino de la costa un señor abogado hizo un complejo y cerró el camino con una tranquera”.  

Nancy Belo: “Solamente a las personas que usurpan por necesidad desalojan, acá seguro recibieron una buena gratificación para que no los molesten”. 

Monica Grace Murgoitio: “El que roba es un ladrón. Hoy, ayer y mañana”. 

Mariana Aroca: “El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Ni así llega a lo básico a una casa digna. Política corrupta”. 

Diego Gutierrez: “Hay algunos que no hace 20 años que están. A esos si se los podría desalojar por vivos y usurpadores”. 

Diego Osvaldo Benseny: “El Municipio tiene que apelar el fallo porque el beneficiado además de ser un usurpador, tiene muchas propiedades heredadas y no las necesita. Imagino que la justicia lo beneficia porque debe haber dicho que no tiene propiedades. Igual acá todos sabemos quien es quien”.  

Lidia Noemi Reynaldo: “Salazar prometió pasar una topadora, como también haria desaparecer el Kirchnerismo de la faz de la tierra y ahora es Kirchnerista”. 

Ale De Antoni: “En San Pedro la diferencia entre “un negro usurpador o alguien que tomó tierras fiscales” es dependiendo la ropa que usa y los curritos que tiene y a quien conoce. Igual que la familia de Tala que se agarró una manzana del ferrocarril para vivero. Es más, siguen limpiando para agrandar el viverito gratis. Siga, siga dijo el árbitro”. 

Lola Mesa: “Cansada de ir a preguntar por terrenos que no tenían dueño o algunos ni pagaban y cuando empezás a moverte y averiguar, enseguida ves a alguno del Municipio que empezó a edificar o el cartel que se vende. Nunca una oportunidad al que se mata trabajando para poder tener algo”. 

Sandra Isabel Mari: “Decadencia legislativa. El presidente del bloque Frente de Todos ganó el litigio a los sampedranos debido a un error cometido por el Intendente Cecilio Salazar en 2017 al escriturar los terrenos costeros. Pero, ¿Quién debería cuidar los intereses del pueblo y controlar los errores del ejecutivo (entre otras cosas)?. Debería cuidar los intereses del pueblo y controlar los errores del ejecutivo. Se aprovecha de la situación y hace valer sus derechos. Concejal e Intendete del mismo espacio político. Esto si bien no es ilegal (creo) está lejos de ser ético. Ni piedad, ni olvido para los que destruyen el patrimonio del pueblo sampedrino”.  

Lidia Berón: “Nombres, den nombres, así sabemos con que lacras convivimos. El municipio perdió, pero a sabiendas de lo que pasaba. O sea, se hicieron los boludos”. 

Martín Páez: “En el fondo de Cantando en el Río hay un complejo de cabañas que se quedaron con toda la costa. El sampedrino ya no tiene costa donde ir a tirar unas líneas y pasar un buen momento”. 

Laura Marelli: “Vas por la calle San Lorenzo y por el Sueño del Tano, sobre la costa del río, está todo alambrado, con tranquera y adentro del corral, lleno de caballos. No se puede pescar en ningún lado. Y el camino Juan Ismael Giménez no figuraba abierto en geodesia de La Plata hasta dónde trabajé con tierras. Hay dueños que con títulos de propiedad de muchísimos años son propietarios. Hasta la margen del río todo escriturado de antes de que se cambiaran muchas cosas”.  

Pablo Ochoa: “Habría que preguntar a Cecilio Salazar si se le rompió la topadora. Que en campañas anteriores prometió limpiar y recuperar las barrancas de San Pedro”. 

Raul Canabal: “Ahora pregunto ¿Al concejal, nadie le va hacer nada? Uso la función pública para beneficio propio”. 

Juan Carlos Molina: “Todos hablan pero en San Pedro el peor problema que existe es la transa entre inmobiliarias. Políticos, abogados y jueces a sus servicio se quedan con todos los terrenos para aumentar su valor. Hoy en San Pedro es imposible comprar un terreno”. 

Juan Manuel: “Que basura toda esa “gente” y más los cómplices que miraron o cajonearon todo. Y pensar que andan por la ciudad como si no pasara nada. Caras de piedra estas ratas”. 

El sábado, Sin Galera reveló una decisión judicial que implicó un duro revés para el patrimonio municipal en un largo litigio en el que el Municipio intentó recuperar terrenos costeros ubicados bajo la barranca en avenida España, desde la rotonda del club Náutico hacia la escalera de Pescadores.

La sentencia definitiva del juez en lo Civil y Comercial Hernán Prats, llega tras casi 20 años de disputa legal que comenzó cuando uno de los ocupantes de esos terrenos fue a la Justicia para intentar demostrar la posesión veinteañal y escriturar a su nombre.

El fallo implica por un lado rechazar las pretensiones de restitución de esa tierra para el Estado local pero también el registro a nombre de Raúl Calonge, uno de los litigantes, lo que habilita al resto a entablar acciones para obtener lo mismo: la escritura que los hará propietarios del espacio que ocupan.

La disputa legal comenzó en 2004, cuando Calonge pidió el reconocimiento de su derecho de usucapión sobre una parcela cuyos derechos posesiorios habúa comprado en 1987 a Casimiro Ramón Caffieri y Justina Angela, quienes ocupaban ese lugar desde hacía más de 60 años.

En ese momento, la Municipalidad rechazó sus pretensiones. Para intentar proteger la propiedad estatal de esa zona, que en ese momento pertenecía aún al dominio provincial, el Gobierno de entonces envió al Concejo Deliberante la declaración de interés público de esa tierra, para que quede “sujeta a expropiación”, lo que fue aprobado por los ediles.

Calonge obtuvo —y desde entonces en el Municipio se preguntaron gracias a quién, sin respuesta— un plano que quiso visar en Obras Públicas. El expediente fue “pisado” hasta que se lo rechazaron en 2007. Luego, la Municipalidad fue a la Justicia para solicitar la restitución del inmueble. La causa incluyó a todos los ocupantes de avenida España entre el 601 y el 707.

Contra Raúl Eduardo Calonge y Mirta Foyo (España 605); Maria Marta Hidalgo y Juan Cruz Gonzalez (España 601), Norma Di Napoli y Natalia Andrea Morán (España 705), Maria Graciela Calonge y Lucia Vellón (España 615) y Amelia María Suárez (España 707) fue la Municipalidad en esa causa, que inició la por entonces directora de Asesoría Letrada, Paola Basso, por instrucción del intendente Mario Barbieri.

El intento de restitución municipal estaba relacionado con las obras del llamado Nuevo Boulevard en el marco del plan estratégico turístico del Gobierno de Barbieri, que servía de marco para sostener el planteo del Estado local respecto de la necesidad de recuperar esas tierras. Por eso la ordenanza que declaró “de utilidad pública” la zona en 2006, pero también por eso la ordenanza del año 2000 que inició el proceso de traspaso de la propiedad provincial a la municipal de esas tierras, lo que culminó con la escrituración en 2017.

Mientras tanto, la disputa legal continuaba con mayor o menor preocupación por parte de los gobiernos de turno y sus responsables del área legal. Después de Basso, en los gobiernos de Guacone, Giovanettoni y Salazar, los directores de Asesoría Letrada fueron Juan Benseny, Daniel Porta, José Macchia —atravesó varias gestiones y fue quien más duró en el cargo— y Ricardo Uguet.

El largo litigio tuvo idas y vueltas en Provincia, informes contradictorios por parte de organismos internos de la Autoridad del Agua, testimonios, prueba documental y otros elementos probatorios que llevaron al juez a la convicción de que no corresponde la pretensión restitutiva del Municipio y que, en el caso de Calonge, porque lo había iniciado ante la Justicia, tiene derecho a la prescripción en su favor, es decir a escriturar en su nombre vía usucapión.

Uno de los puntos fundamentales para fallar en este sentido es la consideración de esa tierra como un bien de “dominio privado del Estado”. Fue el centro de la disputa, porque si el Municipio hubiera logrado demostrar que se trataba de “dominio público” habría triunfado, puesto que ese tipo de biene, afectados al uso y goce de todos los ciudadanos, son “inalienables e imprescriptibles”. Los de “dominio privado”, en cambio, no se diferencian de otros bienes particulares, por lo que les corresponde aplicar “los mismos principios” que al resto.

La Fiscalía de Estado “no contaba con elementos cartográficos” para definir si esa zona debía ser considerada aluvional o no. La Gerencia de Servicios de Inmueble del Estado dijo que sí, puesto que eso es parte de la sedimentación natural del río contra la antigua barranca. La Autoridad del Agua dictaminó que “se debe considera al predio en cuestión como permanente” peusto que está “a considerable distabcia de los proceso aluvionales” que ocurren cerca del río.

El Departamento de Estudio y consistencia dominial de objetos Territoriales estableció que el bien en cuestión “no constituye terreno aluvional” y selló la suerte del caso. ARBA se había desentenddo, puesto que el tema no afectaba “intereses provinciales”, en la medida en que el terreno ya era de dominio municipal.

Aunque luego la Autoridad del Agua y la Dirección de Geodesia dictaminaron lo que en principio era obvio respecto del carácter aluvional de esos terrenos al señalar que “no existe posibilidad alguna de que el origen no se vincule con la dinámica fluvial”, la inscripción del inmueble a nombre de la Municipalidad que bra en el Registro de la Propiedad con fecha de febrero de 2017.

Allí, señala el juez Prats, quedó establecido que “los terrenos en cuestión no tienen naturaleza de aluvión como sostuvo el Municipio sino de permanente y, en segundo lugar, que pertenecen al dominio privado de la Municipalidadde San Pedro”.

El planteo municipal fue, básicamente, que esos predios habían sido usurpados y que correspondía su desalojo puesto que eran terrenos de dominio público. Sin embargo, al ser considerado de dominio privado, si los ocupantes pueden acreditar “seria y real posesión”, la pretensión no es atendible.

En el caso de Raúl Calonge, que fue el que interpuso la demanda de usucapión, la Justicia ponderó las pruebas a su favor para concluir que efectivamente lleva más de 20 años de posesión. Tanto su nombre como los de María Marta Hidalgo, María Graciela Calonge, Norma Di Nápoli y Amelia Suárez y las construcciones de cada uno aparecen en el “plano de mensura para primera inscripción presentado por laMunicipalidad de San Pedro en la Dirección de Geodesia el año 1998″.

Como se dijo, el fallo del juez Prats rechaza la demanda interpuesta por la Municipalidad para lograr la restitución vía desalojo de esos terrenos y además, en el caso de Calonge, hace lugar a su solicitud de usucapión al declarar prescripto a su favor del dominio del lote que ocupa, lo que le permite inscribirlo a su nombre en el Registro de la Propiedad y habilita las acciones del resto de los ocupantes.