El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que se encuentran disponibles diversos sectores pertenecientes a la entidad para su ocupación mediante permisos de uso, en el marco de lo establecido por la Resolución CGPSP N° 139/12.

A partir de esta normativa —que aprueba el Reglamento de Concesiones y Permisos de Uso de los Espacios Portuarios—, el organismo formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la utilización de espacios que actualmente se encuentran libres dentro de su jurisdicción.

Desde el Consorcio aclararon que la convocatoria no reviste carácter de licitación, sino que tiene como objetivo dar a conocer los predios disponibles que podrían resultar de interés para operadores o proyectos vinculados a la actividad portuaria.

Entre los sectores incluidos se encuentra el predio donde funcionó el Club Pesca y Casting, así como el espacio lindante al edificio central donde operaba la firma Arenera del Litoral. También se contempla un área donde actualmente funciona una guardería náutica, que atraviesa un proceso judicial por desalojo y que en años anteriores estuvo concesionada al Sindicato de Luz y Fuerza.

Asimismo, se suma un predio ubicado en cercanías del segundo muelle, completando el conjunto de espacios que el Consorcio pone a disposición para su eventual ocupación.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Desde la oportunidad real de acceder a la vivienda propia hasta los riesgos ocultos de un fraccionamiento mal planificado, hay decisiones que se toman una sola vez y que conviene tomar bien informado.

Comprar un lote es, para muchas familias, la decisión económica más importante de su vida. Y sin embargo, pocas veces se toma con la información completa. Se confía en la palabra del vendedor, en el entusiasmo del momento, en el precio que parece razonable. Lo que no se ve —o no se explica— es el universo de condiciones técnicas, jurídicas y administrativas que determinan si ese lote es realmente lo que parece. Las consideraciones que siguen se enmarcan en la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires y están dirigidas a cualquier persona que esté evaluando una compra de tierra en nuestro territorio, con la claridad que merece quien está a punto de tomar una decisión que no tiene marcha atrás.

Imaginemos un grupo de vecinos, o los trabajadores de una empresa local, que se organizan para comprar entre todos un predio grande y luego subdividirlo en lotes para cada familia. La idea es razonable, el impulso es legítimo. Pero hay un problema que puede arruinarlo todo: no cualquier terreno puede subdividirse en la cantidad de parcelas que uno imagina.

Cada municipio de la Provincia tiene un Código Urbano —u Ordenanza de Zonificación— que determina qué puede hacerse con cada metro cuadrado del ejido. Esa norma clasifica los terrenos por zonas y fija, para cada una, la superficie mínima y el frente mínimo que debe tener cada lote resultante de una subdivisión. La normativa de fondo que encuadra a todos los municipios bonaerenses es el Decreto-Ley 8.912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que ningún distrito puede ignorar ni contradecir.

¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que, si un grupo de doce familias compra un predio de dos hectáreas en una zona donde el lote mínimo es de 2.000 m², solo podrán obtener diez parcelas como máximo —antes de descontar las superficies que quedan afectadas a calles internas. El sueño de los doce se convierte en un conflicto entre doce.

Riesgo concreto: adquirir en condominio un predio con la expectativa de subdividirlo en una cantidad de lotes que la normativa urbana no permite es uno de los errores más costosos y frecuentes en operaciones grupales. La consulta previa con un profesional evita ese problema. La falta de consulta puede significar la imposibilidad de escriturar a favor de todos los integrantes del grupo.

Un loteo irregular no es solo un problema de papeles: es la razón concreta por la que en ese barrio no llega la luz, no hay agua de red, no hay gas, no pasa el colectivo y no hay farola en la esquina. Para que cualquier prestador —eléctrico, sanitario, vial o de transporte— extienda su red, necesita que existan formalmente las calles, los espacios verdes y las áreas de equipamiento que la normativa exige ceder al municipio como condición del fraccionamiento. Esas cesiones solo se materializan con un plano de subdivisión debidamente aprobado por la Dirección de Geodesia y convalidado por el municipio. Sin ese documento, esas superficies no existen jurídicamente, y ningún organismo tiene obligación de prestar servicio sobre lo que el Estado no reconoce. A esto se suma que el Decreto-Ley 8.912/77 prohíbe aprobar loteos en zonas inundables: un lote por debajo de la cota mínima fijada por la Dirección Provincial de Hidráulica no puede ser habilitado, y si se vende igual, el contrato es susceptible de nulidad.

“Comprar en un loteo irregular no es solo arriesgarse a no escriturar. Es resignarse a vivir sin los servicios que el resto del municipio da por sentados”.

Muchos lotes se ofrecen y se venden con un croquis: un dibujo orientativo que muestra la ubicación aproximada, las medidas supuestas y los linderos generales del terreno. Ese croquis puede estar muy bien presentado, con logo de inmobiliaria, sello y todo. Y aun así, no vale nada como título de propiedad.

Un plano de mensura es un documento técnico elaborado por un agrimensor matriculado, sometido a visado y aprobación por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y con reflejo en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. Es el único instrumento que da existencia jurídica a una parcela. Sin él, no hay lote en sentido legal. Hay tierra, hay posesión, hay expectativa —pero no hay derecho real oponible a terceros.

Cuando la venta se realiza a través de una inmobiliaria, es fundamental comprender que actúa como intermediaria. No es la titular del bien ni asume la responsabilidad sobre la situación dominial del predio. La responsabilidad recae sobre el titular registral del inmueble o, en los casos más riesgosos, sobre un mero poseedor que vende algo sobre lo que no tiene dominio inscripto. Comprar a un poseedor que vende con un croquis y un boleto informal puede significar pagar por años algo que nunca podrá escriturar, o que será reclamado por el verdadero titular en cualquier momento.

La pregunta que todo comprador debería formular antes de firmar es simple: ¿quién figura como titular en el Registro de la Propiedad Inmueble y existe un plano de mensura aprobado? Si no hay respuesta clara a esas dos preguntas, hay que detenerse.

Frente a todos estos riesgos, existe una alternativa que combina organización colectiva con respaldo jurídico sólido: la cooperativa de vivienda. Puede constituirla un grupo de vecinos de un barrio, los empleados de una fábrica, los integrantes de un sindicato o los trabajadores de una empresa. Cualquier grupo con un objetivo habitacional común y la voluntad de organizarse correctamente.

La cooperativa, una vez constituida e inscripta conforme a la Ley 20.337 de Cooperativas y registrada ante el INAES, puede adquirir un predio, contratar los servicios técnicos necesarios —agrimensor, ingeniero, abogado—, gestionar el loteo ante los organismos provinciales y municipales bonaerenses, y finalmente adjudicar los lotes a sus asociados de manera ordenada y con respaldo legal en cada paso. No es magia: es organización con marco jurídico. La diferencia entre una compra grupal informal y una cooperativa bien constituida es exactamente la diferencia entre la expectativa y el derecho.

Quienes elijan este camino deben igualmente verificar la zonificación del predio antes de adquirirlo, confirmar que la cantidad de socios sea compatible con los lotes que la normativa permite generar, y asegurarse de que el proceso de subdivisión y aprobación de planos se complete antes de iniciar la construcción.

Mi experiencia en el área registral y en la Oficina de Regularización Dominial de la Municipalidad de San Pedro me muestra con frecuencia situaciones que podrían haberse evitado con una consulta oportuna. Grupos que compraron un predio sin verificar la zonificación. Familias que pagaron cuotas durante años por lotes que nunca se inscribieron. Vecinos que construyeron su casa y no pueden acceder a ninguno de los servicios esenciales porque el loteo donde viven nunca fue aprobado por la Provincia.

La consulta profesional antes de la operación no es un trámite de lujo ni una formalidad para grandes inversores. Es la herramienta que permite distinguir una oportunidad real de una promesa sin sustento. El abogado especialista en derecho registral no está ahí para complicar la operación: está para que la operación llegue a buen puerto y el comprador obtenga lo que pagó.

Antes de firmar un boleto, antes de sumarse a un grupo de compra, antes de entregar una seña: consulte. No es un gasto. Es la inversión más barata —y más segura— de toda la operación.

En el programa Sin Galera, Danisa Puntano dialogó por segunda vez en el transcurso de un año con Lili Berardi para exponer la crítica situación que atraviesa junto a su hija debido a la falta de un suministro adecuado de energía eléctrica en el lugar donde reside, un predio indiviso ubicado sobre la calle San Nicolás, en Gobernador Castro.

Al igual que lo que reportó a principios de 2025 se trata de los mismos terrenos que nunca fueron subdivididos legalmente: todos los ocupantes son copropietarios del predio, pero ninguno posee la titularidad individual de un lote. Esta situación impide que la Cooperativa de Servicios (CoopSer) instale medidores eléctricos, por lo que las familias se encuentran “enganchadas” a la red, con los riesgos que ello implica.

Danisa relató que desde hace años realiza gestiones ante la Cooperativa, el delegado y distintas áreas del Gobierno Municipal, sin obtener respuestas concretas. “Sigo en la misma situación. No tuve ningún tipo de respuesta ni de la Cooperativa ni del delegado Ernesto Luchesi. Siempre me dicen algo distinto, por ejemplo, que tengo que esperar que Obras Públicas haga la instalación de los postes”, expresó.

La mujer remarcó que el reclamo no es individual, sino que involucra a varios barrios en la misma condición, y explicó que su exposición pública responde a la situación de salud de su hija. “No es electrodependiente, pero necesita un bipedestador que se enchufa y un aspirador, porque produce moco constantemente y sufre broncoespasmos. Todos los días necesito aspirarla para que no termine con neumonía en el hospital”, señaló.

En ese marco, denunció un presunto trato desigual en la provisión de servicios. “A nosotros nos dicen que tenemos que esperar obras de cloaca, agua y luz, pero al hermano del delegado, que supuestamente pagó, le están haciendo una obra enorme, con instalación de cloacas y agua en dos cuadras”, sostuvo, y agregó que por ese sector “pasan caños solo para él”.

Danisa aseguró que las familias son “legítimas compradoras” del lugar, aunque reconoció que el vendedor —ya fallecido— no realizó la división de los terrenos ni entregó la documentación correspondiente. “Somos más de 30 familias. Tengo un poste a 12 metros de mi casa y no entiendo cuál es la traba. Hoy me pasa luz una vecina y le pago a ella; en otro lote hay un medidor y desde ahí se reparte al resto”, explicó.

También contó que mantuvo una reunión con el concejal Ariel Rey, quien se acercó a su vivienda para interiorizarse sobre el caso y comenzó a colaborar con las gestiones. “En un fin de semana largo no conseguía la medicación de mi hija y el delegado me dijo que le vaya a pedir a Rey. Después me mandaron una asistencia social”, relató. Respecto a los trámites legales, dijo están siendo llevados adelante por el concejal Joaquín González, que es abogado.

Por su parte, una vecina de otro predio, Rocío, confirmó que también realizó reclamos ante la Cooperativa Eléctrica. “Hace cinco años. Nos dijeron que lo único que se puede hacer es que Cecilio Salazar dé la orden para que tengamos luz y agua. Defensa del Consumidor me derivó al presidente de la CoopSer, Iván Groppo, y hasta hoy no tuvimos respuesta”, afirmó.

Rocío ratificó la denuncia por presuntos privilegios de allegados al delegado y describió la peligrosidad de la situación actual. “Estamos enganchados a la luz. Hace poco se prendió fuego todo el cablerío frente a la calle Mitre. ¿Están esperando que pase algo trágico para darnos una respuesta?”, cuestionó.

Finalmente, destacó el acompañamiento legal recibido y advirtió sobre un nuevo conflicto: la aparición de una persona que reclama la propiedad del terreno y exige 30 millones de pesos. “Sabemos que el dueño original, Servando Fanego, falleció. A nosotros nos vendió Lidia Benítez, que hace 35 años vive ahí como cuidadora”, concluyó.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Registral, Sucesorio y Regularización Dominial

En las últimas semanas, el conflicto que tiene a Luciano Castro y Griselda Siciliani como protagonistas ocupó portales nacionales por la disputa en torno a un inmueble y su aptitud legal. 

Pero detrás de la historia mediática hay un fenómeno que en San Pedro conocemos demasiado bien: familias que compran un lote con la ilusión de construir su vivienda y descubren que la legislación no se lo permite. 

Lejos de ser un problema de celebridades, es una situación común y creciente en diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires.

En muchos casos, los compradores adquieren terrenos en loteos que:

*   No están habilitados para uso urbano

*   No cumplen con los mínimos de superficie exigidos por ley

*   Están en zonas rurales o complementarias

*   No cuentan con aprobación provincial

*   Presentan restricciones ambientales o de servicios

El resultado es siempre el mismo: no se puede edificar, no importa cuántos vecinos hayan construido "de hecho" o cuántas veces el lote haya cambiado de manos.

Esto mismo es lo que quedó expuesto, de otro modo, en la situación Castro–Siciliani: un inmueble cuya situación legal no coincide con las expectativas de uso y permanencia.

Este es uno de los puntos más importantes para la comunidad:

Una ordenanza local puede autorizar una excepción urbanística..., pero NO tiene validez hasta que la Provincia la convalide. Y esa convalidación depende de organismos como:

*   Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial

*   Ministerio de Gobierno

*   Autoridad del Agua

*   Áreas ambientales provinciales

*   En algunos casos, Vialidad o ARBA

¿Cuánto demora? Años.

Y en muchos expedientes, jamás llega.

Es decir, aunque el Concejo Deliberante acompañe al vecino, sin convalidación provincial la excepción no existe jurídicamente.

En los últimos años, nuestra ciudad registró numerosos conflictos vinculados a:

* Loteos vendidos sin aprobación

* Terrenos rurales ofrecidos como “residenciales”

* Parcelas donde no se pueden presentar planos de obra

* Familias que invirtieron ahorros y hoy no pueden construir ni escriturar

* Sectores que necesitan excepciones que aún esperan la validación de Provincia

Es una postal que se repite y que genera angustia, pérdida económica y, en muchos casos, años de espera.

El caso de Castro–Siciliani sirve como recordatorio de que ningún conflicto inmobiliario es exclusivo de las grandes ciudades o de personas famosas.

La cuestión de fondo —la aptitud legal del inmueble— es exactamente la misma que enfrentan vecinos de San Pedro, Río Tala, Gobernador Castro, Santa Lucía y la zona rural.

Antes de comprar un lote, es fundamental verificar:

* La zonificación real

* Si el loteo está aprobado por Provincia

* Las dimensiones legales

* Las restricciones ambientales

* La factibilidad de servicios

* Si existe un expediente de excepción pendiente (y en qué etapa está)

El sueño de la vivienda propia merece seguridad jurídica.

Construir donde la norma no lo permite puede derivar en conflictos que lleven años, como ocurre en toda la provincia y ha quedado reflejado mediáticamente en el caso Castro–Siciliani.

Mi recomendación a los vecinos es directa:

ANTES DE COMPRAR, CONSULTAR. ANTES DE CONSTRUIR, VERIFICAR.

Porque lo que parece un simple trámite urbanístico puede transformarse en un obstáculo insalvable.

Los movimientos de materiales y de personas en un terreno ubicado en Colón y Noseda llamaron la atención de Cirilo Olaizola, un jubilado de 78 años que vive en el barrio y cuyo abuelo, León Neyra, era el dueño.

Al acercarse a las personas que estaban en el terreno propiedad de su familia, Cirilo recibió una respuesta que lo sorprendió aún más: le dijeron que habían comprado el lote y que se los vendió "un abogado", cuyo nombre no le revelaron.

Olaizola dijo que el diálogo con esas personas fue en buenos términos y que él les advirtió que esa esquina era propiedad de su familia. Tras ello, fue a la Comisaría con intenciones de radicar la denuncia.

"Me dijeron que ya habían ido dos o tres a hacer la misma denuncia y no me la tomaron", dijo Cirilo a La Opinión. Por eso, fue a Prefectura, luego a Fiscalía y más tarde al Juzgado de Paz, en procura de que alguien tome cartas en el asunto.

El terreno entró en sucesión hace muchos años, contó Olaizola, pero el trámite no se terminó. "Yo tengo la escritura de mi abuelo", sostuvo. En el lote, dijo, se ve movimiento "sólo los sábados".

La situación de las personas que compraron un terreno frente a la cancha de fútbol del club Independencia, en la zona de Mateo Sbert y General Pueyrredón, continúa siendo problemática al no tener una solución por las características de la operación inmobiliaria de la denominada “Cooperativa Independencia”.

En el programa Sin Galera, Santiago Baldovino, uno de los adquirentes de un lote de tan solo 5,50 metros de frente, dijo que ya no saben cómo hacer para que les autoricen las conexiones de la energía y dotar al barrio de otros servicios.

“Cuando compramos nos dijeron que podíamos acceder a todos los servicios, pero cuando fuimos a la Coopser nos dijeron que no podemos porque los planos no están aprobados”, comentó.

La realidad de esta problemática que padecen 50 familias es que les vendieron un predio sin subdividir. Por lo tanto, son dueños de “un todo”, pero no de una parcela individual.

“Al comprar nos dijeron que el plano estaba aprobado, supuestamente. Y cada vez que vamos a buscar los servicios nos dicen que no hay nada”, remarcó.

Los lotes, cuyas dimensiones son irregulares —el mínimo para lotear es de 10 metros de frente— fueron vendidos a pagar en siete años.

“Hubo una entrega de 700 mil pesos y la cuota es de 110 dólares por mes. Aún hoy siguen vendiéndose. Hace un año y medio que estoy acá, y hay gente que hace más de dos años que está pagando y no podemos avanzar. Tenemos todo comprado, los caños para el agua y las cloacas, y el Municipio no puede hacer la obra por falta de papeles”, dijo Baldovino.

En el predio, los vecinos no detienen la marcha. Mientras esperan una resolución “legal” sobre la normalización del predio que compraron, “la gente está construyendo como puede", dijo.

“Hay quienes piden o alquilan los generadores para poder construir”, detalló y aseguró: “Siguen vendiendo, vienen los vendedores y dicen que está todo bien”.

Los terrenos fueron adquiridos a través de la inmobiliaria del martillero público Juan Diego Basaldúa. "Ellos dicen que están los planos aprobados por el Municipio, pero no podemos hacer nada en las cuatro manzanas”, aseguró Baldovino.

Antes de que aparecieran la inmobiliaria Basaldúa y “un señor de apellido Gomila”, a quien un asesor de ventas en su momento señaló como el dueño del terreno en cuestión, ese predio había sido adquirido por una mujer que reside en España.

Marianela Albarracín, a quien Baldovino nombró en la nota el sábado, dijo a La Opinión que ella había comprado ese terreno a una familia y que estaba a nombre de la sucesión, pero que no llegó a escriturarlo.

Antes se fue a vivir a España y desde allí decidió venderlo. Indicó que lo hizo a la inmobiliaria Basaldúa “por un precio irrisorio”, teniendo en cuenta que tenían que ocuparse de saldar deudas de tasas e impuestos y tramitar la sucesión para proceder a la escrituración.

Tras ello, se olvidó de la situación y se sorprendió el sábado cuando su nombre apareció en la noticia, a pesar de que no tiene relación alguna con el proceso que derivó en la compra de “lotes” por parte de unas 50 familias.

La inmobiliaria Basaldúa refirió en su momento que el terreno tenía un propietario —el comerciante Víctor Gomila— y que cuando en 2022 la Municipalidad advirtió sobre el predio ya no lo tenían en su cartera de clientes, algo que sorprendió a los promotores de ventas que encabezaban las reuniones para captar clientes.

En aquel momento, La Opinión publicó que en los planos difundidos ofrecen terrenos de 6 metros por 25 o de 8 por 12, es decir, sin respetar la normativa vigente que prevé un mínimo de 10 metros de frente. 

El entonces secretario de Obras y Catastro, Javier Silva, advirtió que se trataba de “un intento de estafa” porque con esas dimensiones no podrían estar a la venta los lotes, puesto que no hay manera de subdividir.  Esa situación no varió hasta el momento.

“Gran oportunidad de llegar a tu terreno, a 5 minutos del centro de San Pedro. Solo con DNI y una entrega de 200 mil pesos ya podés empezar a construir y lo financiás en cuotas de 25 mil pesos. Lotes de 6x25”, decía una de las publicidades en las redes sociales, el lugar por donde promocionaron la comercialización.

En medio de una necesidad, decenas de interesados por contar con un terreno financiado y medianamente accesible compraron con la ansiedad de cumplir un sueño. Por otro lado, para el Municipio se trataba de una “propuesta falsa”, con una modalidad engañosa.

Baldovino y sus vecinos del barrio “Cooperativa Independencia” hoy tienen, como documentación, una cesión de una parte indivisa, que ni siquiera es un boleto de compraventa.

Parece una burla pero no lo es. A un mes de la ocupación del barrio que despertó las esperanzas de 84 familias de trabajo y sin techo, conformarse con “un bidet y una ventana” se transformó en la moneda que compra sus silencios.

“Hoy empezaron nuevamente a entregar las ventanas para las personas que tienen marcos”, dijo el protagonista de una de las 84 historias. Es el mismo hombre que aquella tarde del último día de Carnaval estaba sentado en una ventana mate en mano, mientras el resto de los preadjudicatarios escuchaban al secretario de Gobierno en un capítulo más del calvario al que fueron sometidos por una continuidad de “desaciertos” a los que en otros casos la Justicia podría denominar “estafa”. Eso es: la estafa que obliga al estafado a transformarse en estafador.

Durísimo es decirlo en esos términos, pero para quienes seguimos la historia que se desató justamente en el territorio donde Eduardo Depietri soñó una estación de ferrocarril para llevar cereales desde el centro de la provincia a la costa es bastante difícil distraerse del archivo que da cuentas del fracaso de una ciudad que se gestó en medio de las oportunidades y la abundancia y hoy parece una villa del conurbano abandonada a su suerte.

“Como todo, en la obra hay complicaciones: hay ventanas de 1,50 por 1,50 pero las aberturas de la ventana tienen 1,45; o achican la ventana o rompen las paredes”, una definición exacta de la sinrazón.

Desde el día en que la Fiscalía de María del Valle Viviani abrió una causa por “averiguación de ilícito”, quienes entraron al lugar “con su llave y un número de vivienda adjudicada, Franco pelea contra sí mismo. Observa lo que sucede cada día, cuida la que considera ”su casa" y piensa como será el día siguiente.

Qué vecino estará contento, cuál dará pelea y qué otros agacharán la cabeza con una canilla o un cable para tratar de saciar esa condición de esclavo que depende del amo para cada pequeño disfrute. Un latigazo menos puede ser un juego de grifería, un balde de pintura o una promesa de entrega “hasta que la Nación mande los fondos para pagar a la empresa”. Mentira. Todos saben que es mentira pero quieren que sea verdad.

“Entregaron los inodoros, pileta, bidét pero no entregaron los flexibles y en las tres casas que conectaron el agua que son vecinos míos, vecinos directos,  las tres tuvieron que romper inclusive la mía que voy a tener que romper la pared porque hay pérdidas de agua”, esa es la simpleza con la que se comporta el súbdito, porque el amo por ahora no paga consecuencias.

El amo lleva el nombre de Alfa, intendente interino, intendente en ejercicio, concejal, diputado, senador, presidente, gobernador o secretario. Qué otra cosa es aquél que por impericia, impotencia, desconocimiento o complicidad olvida cumplir con la obligación que tiene con sus representados. “La obra está certificada en un 96 %”, dijeron en diciembre de 2023 cuando ya habían pasado seis meses más de los comprometidos para entregar las casas. Mentira.

“Con esta lluvia se potencian las goteras y el malestar de la gente es cada vez peor así están las cosas, por ahora”, concluye el hombre que ahora busca el modo de mantener dos hogares: el que alquila y este que es el único techo posible.

Esta es sólo una de las tantas historias que hoy queremos contar. Hay otras 83 que algún día romperán el silencio. Sucederá cuando dejen de ver fantasmas donde no los hay. 

Cuando estén preparados para releer un frondoso archivo de publicaciones de La Opinión o reportajes en Sin Galera, en los que se advierte paso a paso lo que sucedió con los terrenos, los anuncios electorales de 2015, las advertencias judiciales para suspender el sorteo, las sesiones del Concejo Deliberante, las mentiras de la Secretaría de Obras Públicas, el movimiento de suelos que dejó fuera de nivel las calles internas, las paredes torcidas, los techos rajados, las cerámicas mal pegadas, la pintura que se vendía en las redes sociales, los trabajadores en negro obligados a socios/monotributistas, las cuadrillas especiales para simular la tarea, la protesta de la Uocra en nombre “de la dignidad de los compañeros”. 

En fin, aún hay muchos que especulan con la mansedumbre y la espera de algún favor que pueda llegar desde el cielo. ¿Por qué no creerlo? ¿Acaso no son merecedores? Hay docentes, enfermeras, comerciantes, empleados de fábrica, trabajadoras domésticas, discapacitados; todos con trabajo y pagando un alquiler o viviendo en un anexo de la casa de un familiar. ¿Quién podría reprocharles que no se han ganado el derecho al techo propio?.

“Lo único que hicieron fue, disculpándome por la expresión, se la midieron entre ellos a ver quién la tenía más larga, la oposición y el oficialismo. Pero en sí, para con nosotros, ninguno de los dos tuvo ni un acercamiento”, confiesa este vendedor ambulante que amasa cada jornada lo que vende a clientes que aprecian sus productos. 

En la jerga del poder, de esta y casi todas las gestiones, la situación se calcula con pericia electoral. Un acto de inauguración, fotito y video para el que tenga la suerte de que le agradezcan. 

Especulan, no van, no investigan ni denuncian. No hay abogado patrocinante ni investigación eficaz. Nunca demandaron a la empresa por la mala calidad del trabajo o la falta de materiales. Nunca.

“Cada vez más grande lo veo al negocio. Que los únicos que quedamos afuera fuimos nosotros. La primera casa, Lili, tiene siete manos de pintura de distintos colores. ¿Sabés por qué? Porque esas eran las fotos que mandaban a la Nación”, reflexiona con inteligencia el hombre que abre el camino al resto de las historias porque él no tiene nada que ocultar ni le debe favores a nadie. 

La historia que aquí se cuenta y por cierto, las conclusiones forman parte de aquello que la frialdad de la ley no puede palpar. ¿Cómo justificará este padre de familia que entró a una casa construida en un terreno que es de otro? Esa es una pregunta casi menor para alguien que leyó una convocatoria para un plan de viviendas, llenó su formulario, presentó los requisitos para demostrar que tiene capacidad de pago, adjuntó un contrato de alquiler, relató cómo está compuesto su núcleo familiar y además pasó por una selección que dejó en un listado a poco más de 700 personas sobre unas 2000 que se inscribieron. 

¿Cómo podrían decirle a los 84 que fueron sorteados ante los 700 que ese acto no tiene validez? Es más fácil ahora vociferar que el Gobierno nacional dejó de mandar plata o que Arcor los quiere echar. También es más fácil creer eso que buscar la verdad. Durísimo, injusto, cruel.

Claramente en la rosca política ahora también tienen a quien culpar. Puede ser un exsecretario, un arquitecto, un inspector, un funcionario que aún funciona, a Alfa, a Arcor e incluso al periodismo. “Si hablan va a ser mucho peor”, eso les dicen a los preadjudicatarios para cultivar la mansedumbre hasta que puedan entregarles un tramo de cañería de cloacas para mitigar la ansiedad. 

“Hace un año a mí me cambiaron la vida, me cumplieron un sueño. Estuvimos todo un año hablando con mi familia de lo que íbamos a hacer, con mis hijos, de cuánto íbamos a pagar, si iba a ser menor al alquiler o similar”, esa es la realidad de Franco.

De eso hablaron los 84 desde que fueron favorecidos por el sorteo. Tenían planificado mudarse en junio y algunos hasta compraron muebles. Hay un propietario que el día que supo cuál sería su casa plantó su primer árbol.

Una maestra relató cómo había diseñado una barra para usarla como mesa comedor y quería ir a tomar las medidas. Otra mujer que quería saber cómo haría con el gas porque quiere agregar un horno pizzero para poder seguir con su emprendimiento en el nuevo domicilio.

“Yo no entré ahí para que pase esto y, como se está diciendo por ahí, no pagar la casa. Yo quería pagar mi casa porque les quería mostrar a mis hijos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que el Estado presente está y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir de la misma forma que cumplieron ellos”, casi una confesión de alquien que soñaba con ese estado que garantiza derechos y oportunidades.

La injusticia suele hacer temblar las convicciones y el sentirse al margen de la ley no era costumbre para estas familias. Engancharse de la luz, apurar la fila para ser el primero en recibir un inodoro, especular con la primera conexión de agua, pretender prioridad en la entrega de materiales. 

“No puedo, no me puedo acostumbrar a estar acá”, indicó la preadjudicataria de una de las casas que menos avances registra. No tuvo la suerte ni de tener los marcos de las ventanas. Está detrás de unas chapas y se turna con sus hijos para cuidarla.

"Fuimos un número, solamente un número. Un número fácil de acomodar y de arreglar. Cumplimos un mes, un mes, y no tuvimos una visita real, ni de las autoridades competentes, ni de la oposición. Nos visitaron más veces ustedes y tus movileros que en la comuna. Las veces que fueron asistentes sociales y yo les pregunté para qué viniste, me dijo ‘la verdad que no sé, me vine porque me mandaron’. Fue a tomar asistencia con un papel". 

Este último párrafo merece una explicación que se intentó disfrazar de censo. Aquí la Justicia pidió saber cómo identificar a las personas que ocuparon las viviendas. Si es cierto que son las mismas que salieron sorteadas por si acaso pueden revertir el fallo que declaró inválido el acto que encabezó el intendente interino Ramón Salazar en compañía de sus funcionarios y en presencia de su padre, el actual intendente Cecilio Salazar. 

Las asistentes estaban colaborando con una tarea que se le había encomendado a la policía cuando en aquella tarde de Carnaval se abrieron las puertas del obrador “para charlar como lo hicimos tantas veces que nos reunimos”, dijo Martín Baraybar. 

Esa era la única oportunidad que tenía el Estado municipal de contarle la verdad a los vecinos. De decirles que el Municipio obligaría a la empresa a contar con seguridad para resguardar las casas y que no era conveniente ocuparlas porque las obras no estaban terminadas. 

Era el momento de ponerse del lado de las familias y contarles que el dinero no estaba, la empresa no había cumplido y que no podían condenarlos a vivir sin luz, sin cloacas y sin agua. Mintieron y prometieron otra vez. 

A menos que toda la maniobra haya sido orquestada desde el poder, nadie podrá comprender jamás por qué quien representa los intereses de la población la estimula a violar las normas y la expone a acusaciones que sobrevendrán irremediablemente. 

Cuando la empresa termine de entregar migajas en materiales que también se llevó de otro barrio, la culpa y la responsabilidad será de los preadjudicatarios. Salvo que también logren convencerlos sobre la posibilidad de encontrar atajos políticos para terminar el barrio y entregarles las escrituras. ¿Lo creen posible?. Tal vez.

“Hay desidia, hay abandono de parte del municipio. Eso es lo que hay. Y de parte mía hay un enojo particular, pero lo tengo que saber manejar nada más. Seguimos sin luz, seguimos con la luz de que nos pase el vecino, y no sé qué más contarte. Estoy un poco saturado”, dijo Franco. No es para menos.

La Opinión le había propuesto relatar en primera persona lo que vivió en estos 30 días tras aquel mate que compartió desde una de las únicas casas en las que no se insultó a los periodistas que tomaron las imágenes que mostraron que los vecinos no cometieron ningún delito. Es la única prueba que hoy tiene la Justicia para no acusarlos de usurpadores. Sí, la única prueba.

A quienes están allí 30 días después, también se los invita a contar su historia. Ninguno quiere ser señalado por los demás. A nadie le gusta que su honestidad sea puesta en duda y mucho menos cuando obedece a la necesidad de contar con el respaldo que hasta hoy no les han brindado. 

Solo familiares y amigos saben los verdaderos motivos por los que usan un baño químico estando acostumbrados a un baño propio o por qué el agua no sube a los tanques. El resto de la población presume que se trata de “otra usurpación que seguro van a vender las casas”. ¿A cuántos minutos estamos de que esa sea una buena idea?. ¿Cuánto falta para que un preadjudicatario se dé por vencido?. 

El último párrafo se lo dejamos a Franco, el vendedor de sabrosos churros que sostienen la vida de toda su familia: “Historia de vida, yo hoy lamentablemente soy un propietario de dos casas ¿Y por qué lamentablemente? Porque yo tengo que seguir alquilando hasta que mi condición económica me deje construir un garaje Y eso en esta economía puede pasar no sé cuándo".

"Porque yo soy el albañil, el electricista, yo soy el plomero, todo eso pero fui a averiguar precios para construir mi garaje, para ir a llevar mi fábrica de churros que es con lo que le doy de sustento a mi familia. Y guau, qué pobre que soy, me di cuenta que soy más pobre de lo que creía. ¿Una historia de vida?, una persona que tiene una casa propia y que tiene que seguir alquilando. Qué los ‘reputaparios’, perdón. Ese es mi nombre y sí, contar lo que estamos pasando, por lo menos una historia que represente a muchos. En este caso por lo menos a 84”.

Lo había adelantado el titular de la Comisión de Fomento del Barrio Arcor en Radio Cuarentena, pero nadie había accedido a la copia y al documento que hoy revela que efectivamente en septiembree de 2021 se le recordó a la municipalidad cuáles eran las familias inscriptas en el plan que comenzó a ejecutarse en tiempos en los que se donó “con cargo” la superficie para relocalizar en la zona de Depietri a todos los vecinos del Bajo Puerto que ocupaban las tierras de Indalar.

Por ahora el intendente y su secretario de Obras Públicas mantienen silencio en torno a la situación que se desató con la empresa que mediante la Ordenanza 5.422 dispuso que la cesión de “las fracciones de terrenos ofrecidas en donación se utilicen única y exclusivamente para la construcción de las viviendas, que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas actualmente en los terrenos de propiedad de la donante. Los terrenos desocupados serán destinados a la construcción de la terminal portuaria”.

La misma norma, sancionada el 8 de julio del año 2004 indica que “para el supuesto caso de incumplimiento de esas condiciones, INDALAR S.A., podrá revocar la donación y exigir la devolución de las fracciones de terreno…”. Las primeras ochenta casas se construyeron y entregaron a sus beneficiarios, pero la segunda parte nunca se ejecutó hasta que el exintendente Pablo Guacone le recordó al por entonces ministro Julio De Vido que “él era el único intendente que no había podido entregar ni una vivienda”. El funcionario le respondió que esa situación había sido generada por su antecesor Mario Barbieri cuando decidió sumarse a la protesta del campo en el año 2008. Sobre el final de la gestión de Fabio Giovanettoni -hoy también funcionario- con la validación del arquitecto Carlos Codern colocaron el cartel e hicieron el anuncio para un barrio de 88 viviendas.

El tiempo pasó y durante el verano de 2021 Cecilio Salazar vio la posibilidad de conseguir un plan de viviendas, consultó a uno de sus colaboradores sobre algunas manzanas para destinar a planes habitacionales y le respondieron que las de Depietri habían quedado inconclusas. En 2015, el único que recordó que había un listado de adjudicatarios fue el arquitecto Adolfo “Fito” Bennincasa, en 2021 nadie dijo, nadie pudo o todos olvidaron ese compromiso.

La nómina que hoy publica La Opinión contiene los nombres de las familias que esperaban desde 2007 y de las relevadas en 2015 cuando se abrió la posibilidad de construir. No es la única documentación. Arcor también remitió advertencias cuando supo que se programaba y licitaba la obra. El 22 de enero de 2022 hubo una notificación escrita y en febrero de 2023, la empresa también asegura haber enviado una carta documento al Concejo Deliberante.

La nota con las familias que deberían haber sido tenidas en cuenta como prioriadad antes del llamado a inscripción tiene fecha de ingreso por Mesa de Entradas el 28 de septiembre de 2021. Con letra manuscrita Ismael Martínez se dirigió a Cecilio Salazar para decirle que “le dará a conocer una situación que preocupa tanto a vecinos y comisión de fomento del Barrio Arcor”.

En esa carta exponen la situación de hacinamiento en la que quedaron varias familias numerosas y pidieron que una vez agotado el listado de los beneficiarios primarios se tengan en cuenta familiares y vecinos de Bajo Cementerio y Bajo Puerto.

En Octubre de 2021, los vecinos fueron por más y adjuntaron una serie de firmas para reclamar el cumplimiento de lo acordado con aquel plan de 160 casas que quedó inconcluso.

“Gran oportunidad de llegar a tu terreno, a 5 minutos del centro de San Pedro. Sólo con DNI y una entrega de 200.000 pesos ya podés empezar a construir y lo financiás en cuotas de 25 mil pesos. Lotes de 6×25”, dice una de las publicidades que todavía pueden verse en redes sociales para el denominado “barrio cooperativa Independencia”, sobre el que la Municipalidad lanzó una advertencia por “intento de estafa”.

El sábado, el móvil de Sin Galera recorrió el predio, ubicado en Mateo Sbert y General Pueyrredón, propiedad de una persona cuyo apellido reveló un asesor de ventas de nombre Víctor que atendió a dos mujeres interesadas en comprar un terreno y que se reunieron con él en una oficina del Paseo de los Naranjos.

En el lugar, situado frente a la cancha de Independencia y al lado de la de fútbol infantil del mismo club, no entran 54 lotes, que es la cantidad que anuncian en las publicidades en redes sociales, si se mide según las dimensiones obligatorias que manda la normativa vigente, que prevé un mínimo de 10 metros de frente en general y de 12 para esa zona en particular.

En el predio hay mojones que delimitan los lotes que pretendían vender y sobre los que nadie podría escriturar, razón por la que el Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Obras y Catastro que conduce Javier Silva, advirtió la situación públicamente y pidió “no realizar ningún pago, reserva u operación que implique la entrega de datos personales y económicos”.

Al menos dos asesores de ventas a los que consultó La Opinión señalaron a una inmobiliaria cuyo titular aseguró que no tiene nada que ver con el tema y que si bien en algún momento tuvo ese terreno entre su cartera de clientes ya no lo tenía. A los vendedores les sorprendió la respuesta.

Según pudo saber este medio, hay al menos una persona que habría entregado 200 mil pesos como primer desembolso para empezar a construir y pagar las cuotas subsiguientes a quien le aseguraron que recuperaría el dinero tras la difusión de lo que Silva consideró “un engaño”.