La futura boca de cobranza en el sector de Licencias de Conducir comienza a cobrar forma.

Desde este lunes la empresa Pronto Pago S. A. envió a la contratista que se encarga de la remodelación de un sector del edificio de Mitre 1995, donde en pocos días más funcionará el nuevo sistema que posibilitará agilizar los trámites.

Los primeros movimientos consistieron en producir una abertura en el lugar, que es el espacio que ocupará un cajero automático. 

Pegado a éste se colocará una ventanilla para la cobranza de los tributos por el trámite relacionado a la obtención y/o renovación de la licencia de conducir, y que posiblemente se extienda a lo relacionado con Bromatología, multas de tránsito y tasas municipales.

De acuerdo a lo señalado por representantes de la empresa que realiza los trabajos, no más de una semana demandarán sus tareas.

Se agregará una rampa y un alero para proteger a la gente los días de lluvia, porque el pago se realizará desde el exterior del edificio.

El convenio entre la Municipalidad y Pronto Pago, incluye los impuestos nacionales y provinciales y los tributos municipales.

De esta manera, todo lo relacionado con el Municipio tendrá una nueva boca de cobranza, que en una primera etapa quedará habilitado en el horario administrativo municipal, para luego extenderlo en un futuro cercano hasta las 20.00. 

La empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA) seguirá al frente del cobro del derecho de publicidad y propaganda, como desde el año 2010, gracias a una nueva prórroga, que implica el séptimo año de continuidad en la actividad desde que venció el contrato original de la licitación.

La firma, que llegó a comienzos del interregno de Pablo Guacone como reemplazo de Mario Barbieri cuando fue electo diputado nacional, fue contratada para poner en vigencia la ordenanza que establece que todos los carteles publicitarios, sean de marcas multinacionales, nacionales o locales, deben pagar tributo por exponerse al espacio público.

Ese contrato venció en 2014 y desde entonces fue prorrogado sucesivas veces. La última fue el pasado 9 de marzo, con firma del intendente Cecilio Salazar, que prorrogó hasta el 31 de diciembre el vencimiento que había operado el 20 de febrero del año pasado.

En 2020, por la pandemia, el Gobierno dispuso que los comercios y empresa radicadas en San Pedro no paguen este tributo.

TIPSA cobra, además, el derecho de ocupaciòn y uso de espacio público y canon por estructura de soportes de antenas. Por la tarea, se lleva el 22 por ciento del total recaudado.

En 2017, cuando venció la prórroga que Guacone le había dado por casi tres años a la empresa, el Gobierno de Cecilio Salazar decidió firmar una nueva, hasta febrero de 2018, con el objetivo de revisar el contrato y llamar a una nueva licitación.

Mario Sánchez Negrete como secretario de Economía y Sergio Rosa como concejal habían planteado la posibilidad de que la Municipalidad se hiciera cargo de la tarea con personal propio. En 2018, el Gobierno reconoció que no podía con sus propios recursos implementar el servicio.

Rosa, como edil oficialista, había pedido “evaluar la tarea” de TIPSA para establecer “qué hizo y qué deho de hacer” pero sobre todo para “discutis si los valores que cobra son aceptables”.

En 2019 hubo una nueva prórroga, la cuarta, que venció el 28 de febrero de 2020. Desde entonces, la empresa estaba operando sin contrato vigente, aunque sólo para cobrarles a los contribuyentes sin asiento en San Pedro.

La nueva prórroga, la quinta que se firma con esta empresa, cuya situación “provisoria” ya duplica en años el contrato original, es por 22 meses: desde el 1 de marzo del año pasado hasta el 31 de diciembre del actual.

En el proyecto de ordenanza, el Gobierno reconoció que el Tribunal de Cuentas le llamó la atención por el tema, porque observó que los ingresos por este tributo no estaban siendo registrados en la cuenta de Recursos Ordinarios, como corresponde, en lugar de ir a la cuenta “de Terceros”, como hasta ahora.

En el oficialismo siempre estuvo la idea de cambiar la modalidad de este canon. Al menos entre quienes provenían del PRO que representaban Sergio Rosa y Sánchez Negrete o en la UCR de Pando, Donatti y Ferraro.

El año pasado, de hecho, habían planificado modificar el gravamen de manera tal que los comercios sampedrinos puedan poner sus marcas en vidrieras, carteles y paredes, siempre y cuando no crucen la línea municipal.