El Gobierno municipal intimará a deudores de la tasa por conservación de la red vial que deben al Estado local alrededor de 400 millones de pesos de los períodos que todavía no prescribieron.

Las deudas corresponden a propietarios de inmuebles rurales que son contribuyentes de la tasa de red vial y que deben desde 2019 a 2025.

Los 400 millones de deuda representan alrededor del 25 por ciento del total emitido en esos períodos, que suma unos 1497 millones. Ello da cuenta de una cobrabilidad del orden del 75 por ciento en los últimos seis años.

Entre los deudores hay montos que van de los 800 mil pesos a los 93 millones. La mayoría está entre 1,5 y 6,5 millones de deuda.

En el Gobierno aseguran que será prioridad cobrarles a grandes deudores, no sólo de tasa de red vial sino también de Servicios Sanitarios y ABL.

En muchos casos, los contribuyentes ya fueron notificados e intimados, por lo que Rentas está en condiciones de iniciar las acciones judiciales de apremio correspondientes.

Hasta este viernes la Municipalidad tendrá vigente el plazo para acceder a los beneficios anunciados para los tributos que pueden abonarse para todo el año con descuentos.

La gran afluencia de contribuyentes de la semana anterior y los primeros días de esta ha demostrado el interés generado en las bonificaciones ofrecidas.

Para atender a las personas que llegaron hasta el Palacio Municipal, se dispuso sumar más personal para una mayor y mejor atención.

Aún hay tiempo para hacerse de la propuesta. Este viernes será el último día para efectuar los trámites de manera personalizada:

*Tasas municipales 15%: para los contribuyentes que no registren deuda alguna con el Municipio y se encuentren rempadronados. Incluye a Servicios Sanitarios; Alumbrado, Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública; y Red Vial (ya viene descontado en las facturas).

*Contribuyentes con Certificado PyME entre 10 y 15%: para contribuyentes de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, que podrán acceder a bonificaciones siempre que se encuentren al día y rempadronados: 15% para aquellos que posean el Certificado PyME vigente emitido por ARCA; 10% para quienes no cuenten con dicho certificado.

*Patentes de Rodados 10%: por pago de contado anual de la totalidad antes del vencimiento de la primera cuota. Además, si acreditan la contratación del seguro de responsabilidad civil y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), recibirán un 50% de descuento en el monto correspondiente al pago anual.

*Habilitación de comercios 100%: para los que inicien el trámite sin haber recibido intimación por parte del Municipio. En caso de intimación previa, la bonificación no será aplicable y el contribuyente podría enfrentar multas.

La adhesión a la Boleta digital, que tendrá un descuento del 5%, será anunciada una vez que estén disponibles las herramientas digitales.

La Municipalidad decidió prorrogar el vencimiento de los tributos hasta el 24 de enero, ante la gran afluencia de contribuyentes que están realizando trámites por las bonificaciones ofrecidas.

La asignación de más personal para atender las gestiones fue una señal del interés que despertó la propuesta.

Además, la proposición original de la opción mediante una línea de WhatsApp no pudo concretarse. Se debió a que los trámites se personalizaron.

Lo anunciado por el Municipio fue lo siguiente:

*Tasas municipales 15%: para los contribuyentes que no registren deuda alguna con el Municipio y se encuentren rempadronados. Incluye a Servicios Sanitarios; Alumbrado, Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública; y Red Vial (ya viene descontado en las facturas).

*Contribuyentes con Certificado PyME entre 10 y 15%: para contribuyentes de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, que podrán acceder a bonificaciones siempre que se encuentren al día y rempadronados: 15% para aquellos que posean el Certificado PyME vigente emitido por ARCA; 10% para quienes no cuenten con dicho certificado.

*Patentes de Rodados 10%: por pago de contado anual de la totalidad antes del vencimiento de la primera cuota. Además, si acreditan la contratación del seguro de responsabilidad civil y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), recibirán un 50% de descuento en el monto correspondiente al pago anual.

*Habilitación de comercios 100%: para los que inicien el trámite sin haber recibido intimación por parte del Municipio. En caso de intimación previa, la bonificación no será aplicable y el contribuyente podría enfrentar multas.

En cuanto a la adhesión a la Boleta digital, que tendrá un descuento del 5%, por el momento ha sido postergada. Se aplicará una vez que estén disponibles las herramientas digitales necesarias para implementar esta modalidad.

Asimismo, se informó que, de mantenerse las condiciones climáticas de esta semana, el personal de la Dirección de Rentas continuará priorizando la atención de adultos mayores, mujeres embarazadas y contribuyentes que acudan con niños.

La ordenanza impositiva que Mayores Contribuyentes aprobó el 30 de diciembre tiene modificaciones en el capítulo dedicado a los derechos de construcción.

Con el objetivo de fomentar la presentación voluntaria de quienes tengan construcciones sin declarar, el Gobierno redujo el recargo para esa declaración del 200 al 50 por ciento.

Es decir que a partir del año que viene, quien se presente por sus propios medios ante Obras Públicas para asentar construcciones que no hayan sido declaradas desde 1998 a la fecha, pagarán el monto establecido más la mitad como penalización.

El bloque de la UCR destacó la medida en la última sesión, puesto que consideraron que de esta manera se tiende a favorecer la voluntad de regularización, que hasta ahora tenía un recargo del 200 por ciento, lo que, indicaron, atentaban contra la posibilidad.

En el caso de que haya intimación por parte de la Municipalidad, el contribuyente deberá abonar un 100 por ciento de recargo sobre el monto de derecho de construcción. Si tras ser intimado no se presenta en el  plazo establecido, la penalización será del 200 por ciento.

La inspección de obra obligatoria será trimestral, según la ordenanza impositiva. Cada visita implicará el pago de un 4 por ciento del valor correspondiente a los derechos de construcción.

Desde el año que viene "no se aprobará ningún plano o se emitirá final de obra hasta tanto no exista constancia emitida por al Dirección de Servicios Sanitarios que certifique que la propiedad cuenta con medidor de consumo de agua", advierte el expediente.

"Con la estructura que hay, salir a controlar es muy complicado", les dijeron funcionarios municipales a los concejales en una reunión de comisión relacionada con la verificación de cumplimiento del pago de la tasa de camiones. 

Hay más ejemplos de esas “complicaciones”: a la Colombófila le quisieron cobrar varios años de canon por una antena que retiraron en 2019.

La Asociación Colombófila La Viajera Sampedrina tuvo que interponer un reclamo administrativo para que la Municipalidad revea la deuda que que le había cargado por falta de pago del tributo de inspección anual de estructura de antenas y equipos complementarios.

Es que se les liquidó el canon de los años 2020, 2021 y 2023 sobre una antena que había sido retirada en el año 2019 y que se supone el Municipio debía "inspeccionar" y "controlar" cada año.

El Gobierno, a través de las áreas intervinientes, no tuvo otro remedio que hacer lugar al reclamo de la Colombófila y dar de baja la deuda relacionada con el tributo por "inspección anual de estructuras de antenas" que, después de todo, no habían inspeccionado.

eBasados en los "principios de solidaridad tributaria y capacidad contributiva", el Gobierno de Cecilio Salazar decidió modificar el régimen de beneficios del que gozan los empleados municipales y envió un proyecto al Concejo Deliberante para que empiecen a pagar tasas, derechos y otras contribuciones del Estado local.

Hasta ahora, los trabajadores planta permanente, temporarios, jornalizados y los jubilados gozan de una serie de beneficios que los exime de pagar tasas municipales si tienen una sola vivienda o alquilan, los gravámenes relacionados con servicios varios, derecho de cementerio, licencia de conducir, entre otros.

La propuesta del Ejecutivo, que el Concejo ya tiene para su análisis y que en la última reunión paritaria provocó reclamos de los sindicatos, implica una escala que deriva en que quienes hoy ganen más de 800 mil pesos comenzarán a pagar las tasas.

“La modificación favorece a los de menores ingresos”, dijo a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

Aunque el Gobierno señaló en el proyecto que "no debe perderse de vista que las tasas municipales son retributivas de servicios cuyo costo el Municipio debe afrontar", el plan es mantener el beneficio para quienes cobren entre 800 mil y 1 millón de pesos, pero por la mitad.

La medida de la escala es tres sueldos mínimos vitales y móviles (SMVyM), que a octubre de 2024 es oficialmente de $ 271.571,22. Así, quienes cobren hasta $ 814.713,66 de "haber mensual neto, incluyendo todos los beneficios y bonificaciones", es decir "de bolsillo", no pagarán tasas.

Pero quienes superen esa suma comenzarán a abonar. La escala dispuesta indica que los que perciban entre tres y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, es decir entre $ 814.713,66 y 1.086.284,88 (se moverá de acuerdo a lo que suceda con el SMVyM) pagarán el 50 por ciento de tasas, derechos y contribuciones.

De acuerdo a como quedó redactado el proyecto de ordenanza, que no dice nada respecto de qué sucede con los que ganan más de 1 millón de pesos, quienes superen los cuatro salarios mínimos, vitales y móviles de sueldo neto pagarán como cualquier contribuyente.

"A los sindicatos les explicamos que no podemos pedir esfuerzo a los contribuyentes y que todos los empleados no paguen tasas", señaló Borgo.

El expediente elevado por el Ejecutivo indica expresamente que quienes sean empleados municipales pero ocupen cargos políticos o sean profesionales con título habilitante y ejerzan su actividad por fuera de la Municipalidad no serán contemplados en la escala de beneficios y deberán pagar las tasas.

La Mesa de Relaciones Laborales vuelve a reunirse este viernes en el marco de la discusión paritaria, luego de que los representantes del intendente informaran que no podían hacer frente a un 25 a 30 por ciento que pidieron los gremios.

El plan es ofrecer un incremento de un porcentaje para el mes de noviembre y cerrar la paritaria 2023 en febrero, como hicieron este año. La inflación acumulada de 2024 lleva al 30 de septiembre 101,6 % y lo sueldos municipales, 68 por ciento. 

Además, el Gobierno pidió prórroga hasta el 30 de noviembre para elevar el paquete de ordenanzas del Presupuesto 2025, que implicará un aumento de tasas para el año que viene, que se verá reflejado en las ordenanzas fiscal e impositiva.

Antes de enviar esos proyectos, el Ejecutivo presentó ante el Concejo Delliberante una propuesta para aumentar las tasas de ABL y Servicios Sanitarios un 80 y un 50 por ciento, respectivamente, para el último bimestre del año en curso.

En medio de ese debate, también ingresó al Concejo un proyecto del concejal opositor Martín Rivas para que funcionarios y concejales hagan un aporte de sus sueldos para refaccionar el Salón Dorado de la Municipalidad.

La firma de un convenio entre el Gobierno municipal y la Universidad de la Plata para que esa casa de altos estudios asesore en la modificación integral de las ordenanzas fiscal e impositiva provocó un pedido de informes de la oposición, que quiere saber detalles.

Los ediles Martín Rivas, Diego Lafalce y Mauro de Rosa elevaron el proyecto, en el que piden al intendente que explique "por qué motivos ha contratado el asesoramiento" la UNLP, cuáles son los alcances del convenio y el costo final comprometido.

Además, quieren que el Gobierno responda por qué no convocaron al Concejo, a los Mayores Contribuyentes, empresarios, entidades representativas del quehacer  sampedrino "para recurrir a la genuina fuente de la generación de recursos".

No sin chicana, piden que el intendente responda si "considera inhábiles a los funcionarios" de las áreas municipales y “demás colaboradores rentados por el pueblo con sus tributos” y "qué modificaciones y cambios considera pertinentes a los efectos de ejercer un responsable mandato".

En los considerandos, los concejales opositores dicen que "elementales normas de respeto institucional democrático suponen el debido informe y comunicación" del Ejecutivo con el Concejo "con carácter previo", algo que no es obligatorio en tareas que le son propias a uno de los poderes del Estado.

Para Rivas, Lafalce y De Rosa, el convenio "evidencia incapacidad tanto para planificar como para el eficaz ejercicio del gobierno" y que "resultaría apropiado que se produzca el reemplazo de la totalidad de los funcionarios que, debiendo hacerlo, no funcionan".

El convenio firmado por el Gobierno con la UNLP es para "un análisis de la totalidad de la nómina de las tasas y derechos vigentes" con el objetivo de "evaluar la conveniencia" de modificar lo que sea necesario para "eficientizar la generación de los recursos municipales".

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesora al Gobierno de Cecilio Salazar para la planificación del Presupuesto 2025. Profesionales de esa casa de altos estudios tienen a su cargo el análisis de todos los tributos que se pagan en San Pedro.

A fin de mes, la UNLP elevará el informe final encomendado, para lo que la Municipalidad firmó un convenio, por 6 millones de pesos pagaderos en tres cuotas iguales, el 26 de julio pasado.

El acuerdo con la Universidad que tiene sede en la capital provincial es para el "asesoramiento para la modificación y redacción" de las ordenanzas fiscal e impositiva para el año que viene, normas que establecen qué se cobra, cómo y cuánto en materia tributaria local.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, había adelantado a La Opinión que el Presupuesto 2025 contendría modificaciones relevantes en esa materia. Por un lado, porque ya era hora de encararlas. Por el otro, porque la realidad económica del país obliga a afinar el lápiz.

La UNLP fue contratada para "un análisis de la totalidad de la nómina de las tasas y derechos vigentes" con el objetivo de "evaluar la conveniencia" de modificar lo que sea necesario para "eficientizar la generación de los recursos municipales".

El informe incluye un diagnóstico de la estructura tributaria municipal para evaluar si hay que actualizarla, en relación a la prestación de los servicios, sobre la que ya hay algunas definiciones relevantes.

"Veíamos una desincronización de parte de la fiscal e impositiva. Si bien había algunos factores de corrección, seguimos viendo incongruencias en cuanto a la estructuración que tiene desde el ordenamiento y la definición de los tributos", explicó Borgo en diálogo con La Opinión respecto de la tarea que comenzaron con el director de Rentas, Christian Rial.

"Venimos trabajando en una reestructuración que creemos que es necesaria por cómo estamos para atrás", señaló el funcionario. El análisis es que "hay tasas que, si bien están definidas y parecen que forman parte de la idiosincrasia de aprobación de tributos, después nos damos cuenta, por ejemplo, que en realidad no tienen ningún efecto, porque no tienen recaudación y complican a los contribuyentes".

Un ejemplo, señaló, fue el decreto que modificó las modalidades de habilitación comercial para facilitar la inscripción de comercios. 

El primer informe, que ya obra en poder de Borgo, repasó cómo se desarrollaron las modificaciones tributarias en San Pedro en los últimos años para evaluar el abordaje.

"Estamos trabajando en ver cómo fueron las modificaciones, cómo se articulan", señaló el secretario de Economía. El foco, dijo, está puesto en "alcanzar a las  las actividades que más generan para no castigar a las que realmente están en crecimiento o propender a desarrollar actividades económicas"

El último informe publicado por La Opinión sobre la recaudación de tasas señala que la cobrabilidad bajó en el primer semestre del año y que Seguridad e Higiene se transformó en la tasa que más aporta al erario.

Una de las mayores preocupaciones que surgen de ese análisis es que la recaudación de las dos principales tasas, ABL y Servicios Sanitarios, está por debajo del 50 por ciento de la emisión, por lo que con lo percibido se hace difícil cumplir con los servicios como corresponde.

Del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, que ya tienen para su revisión los concejales, se desprende que la cobrabilidad de tasas y derechos del año pasado fue del 70,9 por ciento, lo que implica 8,5 puntos más que durante 2022.

A pesar del contexto inflacionario, la performance de Cecilio Salazar y Alfredo Carrasco como intendente y secretario de Economía fue mejor que la de Ramón Salazar y Fabián Rodríguez en el mismo cargo el año anterior, moratoria de por  medio.

Ello fue gracias al cumplimiento de los contribuyentes en materia de tasas, que pasó del 68,7 al 74 por ciento, lo que incluye el pago al día de la moratoria.

Respecto de los derechos, sin embargo, hubo una caída importante: pasó del 62,4 de 2022 a 46 por ciento en 2023, aunque la cobrabilidad creció en algunos derechos en particular.

Alumbrado, barrido y limpieza (ABL) tuvo un cumplimiento del 65 por ciento, 10,5 puntos más que el año anterior. Es una de las que mayor costo tiene en materia de servicios. Lo devengado fue 450.314.593,94; lo percibido, 293.336,940,06.

Servicios Sanitarios también creció más de 10 puntos: la cobrabilidad pasó del 57 al 68 por ciento. Devengaron 360.599.290,15 y percibieron 245.385.643,50.

La tasa por conservación de la Red Vial mantuvo, como es habitual, su porcentaje. 

Los contribuyentes rurales que pagan parecen ser siempre los mismo y se mantienen invariantes: la cobrabilidad fue del 74 por ciento y la recaudación de 89.630.477,70 pesos sobre 120.821.009,81 devengados.

De la misma manera, Seguridad e Higiene mantuvo el porcentaje de empadronados que cumplieron con sus obligaciones y fue, una vez más, la tasa de mayor cobrabilidad, con 84,67 por ciento. La recaudación fue de 380.454.555,14 sobre 449.295.981,47 por cobrar.

Las tasas sumaron un 74 por ciento en total, con una recaudación de 1.060.862.035,26 pesos sobre $ 1.433.086.294,23 devengados, según la Rendición de Cuentas.

En materia de derechos, Cementerio se mantuvo en los porcentajes habituales de cobrabilidad, con el 51,2 % y una recaudación de $ 10.851.122,67 sobre un total devengado de 21.192.954,29.

Una vez más, el derecho de Publicidad y Propaganda fue el tributo con peor cumplimiento, aunque creció del 10 % de 2022 al 33,5 por ciento. Se recaudaron 8.596.769,71 de 25.660.062,96 por cobrar.

Patente de motos comparte el podio del derecho con menor cumplimiento por parte de los contribuyentes, con el 34 por ciento de cobrabilidad, aunque fue 10 puntos mayor que el año anterior, y una recaudación de 13.066.831,35 sobre 38.017.602,46 devengados.

Por derechos de construcción devengaron 24.617.646,75 pesos y cobraron efectivamente $ 18.947.600,15, por lo que la cobrabilidad fue del 77 por ciento.

En total, de 178.458.211,44 pesos devengados en concepto de derechos del ejercicio 2023, el Gobierno recaudó 82.060.978,10, lo que representa, como se dijo, una cobrabilidad de apenas el 46 por ciento, más de 15 puntos menos que en 2022.

En la memoria descriptiva del ejercicio 2023, el Gobierno advirtió que hubo incrementos en los servicios que afectaron de manera notable, sobre todo el último trimestre, las finanzas municipales. 

Ashira, por ejemplo, aumentó en el año un 400 por ciento, lo que provocó deudas con la empresa y hasta un reclamo por la vía judicial que luego no avanzó. 

El servicio que brinda esa compañía tiene una tasa deficitaria desde su emisión, es decir que aun con el 100 % de cumplimiento no alcanzaría para pagarlo.

En el último trimestre, señalaron, "la economía de los contribuyentes resintió el cumplimiento de las obligaciones fiscales", lo que redundó en una caída de la cobrabilidad respecto del resto del año. 

Desde que se aprobó el plan de facilidades con perdón de intereses y financiación para la puesta al día de deudas por tasas y contribuciones, los pasos legales para el contribuyente común sortearon varias etapas. El texto de la disposición que autoriza la quita de penalidades o su reducción para los deudores establece plazos en los que los beneficios se ajustan.

Por ejemplo, quienes pagan al contado durante los primeros sesenta días son eximidos en un 100% de intereses; los que accedan en los primeros 90 días el 80 y así sucesivamente. En el caso de optar por las cuotas —la modalidad que más necesitan los pequeños deudores para pagar en simultáneo lo atrasado con lo que vence— es la que genera consultas permanentes. Hasta el jueves se habían recaudado 6.800.000 pesos de los 1700 millones que estimó el Director de Rentas como deuda consolidada de todos los contribuyentes sampedrinos.

No es lo mismo para quien especuló con no pagar y es titular de muchas propiedades o loteos que para quien posee una sola vivienda o canon por uso de cementerio. En el caso de grandes deudores, abogados, contadores e inmobiliarias suelen ser los gestores que reúnen la información para luego invitar a sus clientes a la firma, pero para los particulares, por ahora la única opción es presencial. No quedó claro cuál es el día que se toma como el primero de la vigencia de la Ordenanza puesto que la publicación en el Boletín Oficial se produjo con demoras.

Tampoco lograron cumplir con el anuncio del trámite digital con una sección especial en la pestaña “Gobierno Digital” de la página web municipal. Se había hablado incluso de un “botón de pago” para lograr que el contribuyente resuelva su trámite online, pero por ahora solo aparece un renglón que dice “Moratoria 2022”, que solo muestra una página en construcción.

El único trámite que se puede adelantar por esa vía es el de reempadronamiento para el que hay que enviar todos los datos y registrarse. Una vez cumplido ese proceso se recibe un mail con una clave de acceso, pero como se dijo: para la moratoria hay que ir a la Municipalidad y esperar.

Hasta el jueves 5 se habían firmado 293 convenio de los cuales 135 son por deudas de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), 128 de Servicios Sanitarios (SS) y sólo 18 de Red Vial. Para la tasa de Seguridad e Higiene se presentaron 11 trámites y 1 de Publicidad y Propaganda. El dato saliente es que 94% de los convenios se resolvió en una sola cuota, es decir no pagó un solo peso de recargo por intereses.