*Por  Javier Silva especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Los municipios enfrentan un desafío permanente: cómo recuperar la mayor cantidad de deuda de tasas con los menores recursos posibles. Un contribuyente que adeuda varios años de tasas municipales representa un quebranto en las arcas locales. Pero también representa una oportunidad: si ese contribuyente no puede pagar en dinero, ¿puede pagar con un bien inmueble que posee? ¿Hay un mecanismo que permita al Municipio recuperar ese bien y agregarlo a su patrimonio para destinar a vivienda, equipamiento o regularización?

Sí. Existen dos herramientas muy distintas para lograr esto. Una es negociada (dación en pago) y otra es forzada (ejecución judicial). La efectividad de ambas determina la eficiencia fiscal del municipio y su capacidad para agrandar el patrimonio.

La dación en pago es un acuerdo donde el contribuyente deudor entrega un bien inmueble al Municipio en cancelación de su deuda de tasas. No hay dinero de por medio. Es un intercambio: bien por deuda.

¿Cuáles son las ventajas municipales de este mecanismo?

1-. Velocidad: Se resuelve rápidamente, sin necesidad de juicio.

2-. Certidumbre: No hay riesgo de que el deudor presente apelaciones o defensas.

3-. Ahorro presupuestario: No gasta recursos en litigios, peritos judiciales, edictos, martilleros.

4-. Ampliación patrimonial: El municipio adquiere un inmueble para su patrimonio.

¿Cómo funciona operativamente?

El contribuyente presenta una propuesta al Municipio:

“Debo $150.000 de tasas. Tengo una parcela en [barrio]. ¿La aceptan como pago?”

El Municipio evalúa:

- ¿Cuál es el valor de mercado de esa parcela?

- ¿Cubre el valor del inmueble la deuda?

- ¿Hay interés municipal en agregarlo al patrimonio?

Si la respuesta es sí, se procede a tasación. Según las normas municipales (que varían según cada jurisdicción), la valuación se hace a precio de mercado, típicamente certificada por:

- Banco de la Provincia de Buenos Aires

- Una Comisión de Justiprecio municipal

- Un perito valuador independiente

Una vez valuado el bien, se redacta un acuerdo de dación en pago que especifica: (a) la deuda que se cancela; (b) el bien que se entrega; (c) la valuación del bien. El acuerdo debe ser refrendado por el Departamento Ejecutivo del Municipio (intendente o su delegado). Luego, el Municipio inscribe el bien en el Registro de Propiedades a su nombre y lo incorpora al patrimonio.

¿Qué sucede si hay diferencia entre el valor del bien y la deuda? Si el bien vale más que la deuda, el municipio acepta la diferencia como ganancia patrimonial. Si vale menos, típicamente se rechaza la propuesta, a menos que el Municipio tenga interés estratégico en ese terreno para planes de vivienda o equipamiento.

Cuando no hay acuerdo posible, o cuando el contribuyente no responde a ofrecimientos, el Municipio acciona vía judicial. Presenta un juicio ejecutivo para cobrar la deuda de tasas. Este procedimiento es más costoso en tiempo y dinero, pero garantiza al Municipio la posibilidad de recuperar el bien.

Las etapas son:

1.- Presentación de demanda ejecutiva: el Municipio alega deuda, adjunta comprobantes.

2.- Sentencia condenatoria: si el tribunal valida la deuda, ordena al deudor pagar en 30 días.

3.- Embargo: si no paga, se procede a congelar bienes del deudor.

4.- Tasación del inmueble: el tribunal designa perito o usa valuación fiscal.

5.- Remate judicial: se vende en subasta pública (hoy, electrónica).

6.- Liquidación: del producto de la venta, se cobra el Municipio (con privilegio).

Aquí surge un problema operativo para el Municipio. Cuando un inmueble llega a remate judicial, la base (precio inicial) se fija como dos tercios (2/3) de la valuación fiscal actualizada. Pero la valuación fiscal es típicamente significativamente inferior al precio real de mercado.

Ejemplo: un terreno vale en mercado $ 600.000. Pero su valuación fiscal (catastral) es $ 250.000. Dos tercios de eso es $ 166.667. Esa es la base del remate. Resultado: el inmueble se vende por mucho menos de lo que vale, y el municipio se cobra su deuda, pero se pierde valor patrimonial.

¿Hay solución? Sí. El Código Procesal permite que cuando no exista valuación fiscal, el juez designe un perito valuador independiente. Y más importante: el juez puede apartarse de la tasación si considera que generaría malventa. Puede fijar una base mayor, incluso un precio de reserva (mínimo por debajo del cual no se adjudica). Esto protege al Municipio de rematar bienes a precio depreciado.

Sí. El Municipio puede participar como comprador en la subasta, pujando como cualquier otro postor. Si nadie ofrece más, el Municipio se adjudica el bien a su valor de base. Esto permite al Municipio crecer su patrimonio sin gasto de dinero: simplemente, se compensa el valor del bien contra la deuda de tasas.

Alternativamente, el bien puede ser vendido a terceros. En ese caso, del producto de la venta (que será mayor si participan múltiples postores), el Municipio cobra con privilegio: extrae primero lo que le deben de tasas, y el resto se distribuye entre otros acreedores.

Para que un municipio entienda cuándo usar cada herramienta:

Dación en pago:

- Usa cuando: el contribuyente ofrece un bien específico

- Velocidad: 2 a 4 meses

- Costo: mínimo (tasación, acuerdo administrativo)

- Riesgo: bajo. Control total de valuación

- Resultado: el Municipio agrega un bien específico al patrimonio

Ejecución judicial:

- Usa cuando: no hay acuerdo o el Municipio quiere recuperar bienes específicos del deudor

- Velocidad: 8 a 18 meses

- Costo: mayor (abogados, peritos, publicaciones, martillero)

- Riesgo: medio-alto. Puede haber malventa si la valuación fiscal es baja

- Resultado: el Municipio se cobra y potencialmente agrega un bien al patrimonio

Desde la perspectiva municipal, el procedimiento ejecutivo requiere:

1-. Cartera actualizada de deudores: saber exactamente quién debe, desde cuándo y cuánto.

2-. Intentos de cobro administrativo: notificaciones, recordatorios, antes de litigar.

3-. Demanda ejecutiva fundamentada: con documentación que acredite la deuda (boletas, certificaciones, notificaciones previas).

4-. Monitoreo del proceso: estar presente en cada etapa para proteger los intereses municipales.

5-. Solicitud de mayor base de remate: si la valuación fiscal es baja, el municipio (como acreedor ejecutante) puede pedir al juez que aumente la base para evitar malventa.

6-. Participación en la subasta: decidir si pujar como comprador o permitir que terceros adquieran.

7-. Liquidación y cobranza: asegurar que el municipio cobre su deuda del producto del remate.

A pesar de que estas herramientas existen desde hace décadas, muchos municipios no las aplican sistemáticamente. ¿Por qué? Las razones son operativas:

- Falta de presupuesto dedicado a gestión de cobranza y litigios

- Recursos humanos limitados en áreas de Rentas y Legales

- Prioridades políticas que cambian con cada administración

- Resistencia política: ejecutar a contribuyentes genera conflicto

- Incertidumbre legal: la jurisprudencia varía según jurisdicción

Sin embargo, municipios como Malvinas Argentinas, La Matanza y San Martín han demostrado que es posible ejecutar programas sistemáticos de recuperación de bienes por deuda de tasas. El resultado es evidente: ampliación patrimonial, lotes disponibles para vivienda social y mejor gestión fiscal.

Los municipios cuentan con dos herramientas poderosas para recuperar lo que se les debe y agrandar su patrimonio: la dación en pago (rápida, de bajo costo y efectiva) y la ejecución judicial (más lenta, más cara, pero exhaustiva). Ambas son legales, están reguladas y otros municipios las usan.

La pregunta para cada administración municipal es: ¿cuánto patrimonio estamos dejando sin recuperar por falta de gestión? ¿Cuántos bienes que podrían destinarse a vivienda o espacios públicos permanecen en manos de deudores insolventes?

Una política de cobranza sistemática no es solo justicia fiscal: es desarrollo municipal.

La Libertad Avanza no demoró en responder el comunicado del intendente municipal, Cecilio Salazar, quien cuestionó la habilitación del portal nacional Transparencia Tributaria Municipal.

La decisión del gobierno de Javier Milei tiene como finalidad denunciar las alícuotas que los contribuyentes consideren abusivas en las tasas y contribuciones o fondos especiales municipales, en los distritos del interior del país.

Salazar había difundido su postura bajo el título “La autonomía municipal no se negocia”. Desde la representación local de La Libertad Avanza replicaron con el documento “Autonomía con responsabilidad y transparencia”.

“Creemos firmemente que la autonomía municipal es un principio que debe ser defendido. Los municipios deben tener herramientas para financiar los servicios que prestan y sostener el funcionamiento de la ciudad. Pero la autonomía no puede desligarse de la responsabilidad”, señalaron en el inicio.

El espacio sostuvo que “cuando el Estado local le pide esfuerzo al vecino, ese esfuerzo debe estar acompañado por transparencia absoluta, eficiencia en el gasto y rendición permanente de cuentas. La verdadera discusión no es si se pueden o no cobrar tasas. La discusión de fondo es si el Estado municipal está utilizando cada peso de manera eficiente, si administra con criterios modernos y si demuestra que los recursos llegan efectivamente a los servicios que se prometen”.

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Para La Libertad Avanza San Pedro, “San Pedro necesita abrir una nueva etapa institucional basada en tres principios fundamentales:

1. Transparencia total

Publicación online y mensual de la ejecución presupuestaria, detalle de proveedores, licitaciones abiertas y nómina completa de cargos y funciones. La información no debe ser un privilegio, sino un derecho del contribuyente.

2. Control moderno y auditoría de gestión

Al margen de la tarea específica que realiza el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, creemos que un municipio moderno debe avanzar hacia mecanismos adicionales de auditoría de gestión, evaluación de resultados y control cruzado interno, que permitan detectar desvíos antes de que se consoliden y asegurar que cada peso se traduzca en mejores servicios para los vecinos.

3. Eficiencia y modernización del Estado

Revisión integral de estructuras administrativas, contratos y programas para eliminar superposiciones, gastos innecesarios y prácticas obsoletas. El Estado no puede pedir más recursos si antes no demuestra que utiliza bien los que ya tiene”.

Finalmente, y tras marcar una postura respecto la administración municipal, desde La Libertad Avanza dijeron saber que “en la Argentina gran parte de las crisis fiscales tienen origen en ineficiencias estructurales, falta de planificación y prácticas poco transparentes. San Pedro debe ser ejemplo de lo contrario”, y que “la autonomía municipal se defiende con resultados, no con consignas. Se defiende mostrando cuentas claras, servicios de calidad y un Estado que funciona”.

En el cierre, La Libertad Avanza afirmó: “San Pedro merece un Estado que administre mejor”.

El Gobierno nacional dio a conocer la habilitación de un portal con la finalidad de que cada ciudadano pueda ejercer el control sobre la carga impositiva en los municipios. Para ello, ofrece el camino para denunciar los valores de las tasas locales.

Esto provocó la reacción del intendente municipal, Cecilio Salazar, quien salió a cuestionar la postura de la administración de Javier Milei, que creó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, para que los contribuyentes informen sobre alícuotas que consideren abusivas o marginales a lo normado.

Bajo el título “La autonomía municipal no se negocia”, el intendente señaló que “en las últimas horas, el Gobierno Nacional volvió a poner en discusión las tasas municipales, intentando instalar que el problema del bolsillo de los argentinos está en los municipios. No es cierto. Es una forma de correr el foco: mientras se señalan tasas que financian servicios concretos, Nación concentra la mayor parte de la recaudación y recorta transferencias, obras y programas que impactan directamente en la vida cotidiana de cada ciudad”.

Para la óptica de Salazar, “no se trata de un debate técnico: es un ataque político directo a los municipios, buscando debilitarlos, enfrentarlos con los vecinos y responsabilizarlos del ajuste”, y consideró que cuando se desacredita a los gobiernos locales, “se está atacando al primer mostrador del Estado, el que da respuestas todos los días”.

Posteriormente, el comunicado prosigue: “Primero, la autonomía municipal está garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional, en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Los municipios no “inventamos” cargas: cobramos tasas para sostener servicios que se prestan cada día. Segundo, si de verdad se quiere hablar de ‘costo argentino’, hay que discutir el esquema completo. En bienes de consumo masivo como los combustibles, por ejemplo, la mayor parte de la carga es nacional. Entonces, el problema no se resuelve con campañas contra los municipios: se resuelve con un Estado nacional que deje de ajustar sobre las provincias y las ciudades.

Y lo más importante: la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires un total de 15,6 billones de pesos, y la pérdida total de recursos asciende a $ 22 billones desde 2024, entre obligaciones impagas y la caída de la recaudación. Lo que recae en menos obras y menos respuestas en cada ciudad.

La provincia de Buenos Aires viene reclamando esta deuda multimillonaria, porque cuando Nación frena y no transfiere, no ‘castiga’ a un gobernador, ‘castiga’ a los vecinos, porque se traducen en menos infraestructura, menos salud, menos educación, menos seguridad vial y menos desarrollo”.

En los párrafos finales, el intendente municipal aseveró “poner claridad” sobre el tema: “Defendemos la autonomía municipal y el derecho de nuestras ciudades a financiar servicios esenciales. Continuamos exigiendo al Gobierno nacional que restituya recursos, regularice deudas y reactive obras y programas paralizados”.

Y lanzó la convocatoria “a todos los sectores que representan nuestra comunidad, a acompañar este reclamo sin especulación: que gestionen donde corresponde, en Nación, lo que le corresponde a la Provincia y, fundamentalmente, a los municipios”.

Por último, envió un mensaje para la Nación: “Dejen de gobernar con marketing y buscando chivos expiatorios. Se gobierna cumpliendo obligaciones, devolviendo lo que corresponde y garantizando que los recursos vuelvan a donde se generan: en obras y servicios para la gente”.

*Por Javier Silva, abogado especialista en derecho registral y sucesorio

Durante décadas se enseñó en las facultades de derecho que el dominio era la cúspide del sistema de derechos reales: el más amplio, el más completo, el más protegido, casi inmune a las contingencias jurídicas.

Sin embargo, la práctica profesional demuestra que esa fortaleza tiene varias fisuras decisivas.

Un inmueble puede estar perfectamente escriturado, inscripto en el Registro, con mensura, valuación y plano aprobados. Todo en orden documental. 

Pero la acumulación silenciosa de impuestos inmobiliarios o tasas municipales impagas convierte ese derecho —en apariencia sólido— en un dominio vulnerable, condicionado y jurídicamente expuesto. No por capricho del Estado, sino por una razón estrictamente legal.

Aquí aparece una diferencia clave entre el crédito privado y el crédito público.El acreedor privado persigue al deudor como persona. Si el bien sale de su patrimonio, la deuda lo sigue a él, no a la cosa. El crédito público funciona al revés.

El Estado —y el Municipio en particular— ejerce la rei persecutoriedad: la deuda sigue al inmueble, con independencia de quién sea su titular. 

Cambian los nombres, se firman escrituras, circulan boletos, pero la obligación permanece adherida a la cosa como una marca silenciosa. Esa marca pesa. Limita. Vulnera el dominio.

La deuda fiscal no conduce necesariamente al remate judicial. Ese es el camino extremo y, muchas veces, ineficiente.

Con frecuencia, la vulnerabilidad del dominio abre una salida más razonable: la dación en pago.

No es una rendición del propietario ni una imposición estatal. Es un acuerdo: el deudor ofrece y el Municipio acepta un bien —total o parcialmente— para extinguir la deuda. El inmueble deja de ser un problema y se convierte en solución.

1. El lote ociosoUn baldío urbano sin uso, con tasas acumuladas durante años. La deuda supera la capacidad de pago y el remate carece de atractivo. 

La dación en pago extingue el crédito y convierte un pasivo urbano en activo público.

2. La dación parcialEn inmuebles de gran superficie, la deuda puede cancelarse con la cesión de una fracción del terreno. El propietario conserva el resto saneado.

No hay castigo ni expropiación encubierta: hay reordenamiento patrimonial consensuado.

3. El inmueble irrecuperableTerrenos con restricciones severas o valor de mercado inferior a la deuda. La ejecución judicial es puro desgaste.

La dación evita litigios inútiles y permite una solución inmediata y racional.

Desde la óptica municipal, la dación en pago no es indulgencia: es estrategia. Permite sanear créditos incobrables, fortalecer el patrimonio, ordenar el territorio y transformar deuda improductiva en bienes con destino público. 

No es confiscación. Es negociación jurídica eficiente.

El derecho de propiedad no se debilita por la intervención estatal, sino por el incumplimiento de sus cargas. Frente a la deuda fiscal, el inmueble tiene tres caminos: paga, se ejecuta o se entrega en dación. Muchas veces, esta última es la salida más justa y ordenada.

Porque la propiedad no vive aislada: se beneficia de la ciudad y participa de su valorización. Y cuando no puede sostener ese costo, encuentra otra forma de integrarse al interés común.

El dominio se extingue para un titular, pero no desaparece: se transforma. Y en esa transformación, cumple mejor su función social que cuando permanecía ocioso.

En el derecho patrimonial municipal, eso no es poco: es una solución civilizada, jurídicamente sólida y socialmente razonable.

El Gobierno municipal intimará a deudores de la tasa por conservación de la red vial que deben al Estado local alrededor de 400 millones de pesos de los períodos que todavía no prescribieron.

Las deudas corresponden a propietarios de inmuebles rurales que son contribuyentes de la tasa de red vial y que deben desde 2019 a 2025.

Los 400 millones de deuda representan alrededor del 25 por ciento del total emitido en esos períodos, que suma unos 1497 millones. Ello da cuenta de una cobrabilidad del orden del 75 por ciento en los últimos seis años.

Entre los deudores hay montos que van de los 800 mil pesos a los 93 millones. La mayoría está entre 1,5 y 6,5 millones de deuda.

En el Gobierno aseguran que será prioridad cobrarles a grandes deudores, no sólo de tasa de red vial sino también de Servicios Sanitarios y ABL.

En muchos casos, los contribuyentes ya fueron notificados e intimados, por lo que Rentas está en condiciones de iniciar las acciones judiciales de apremio correspondientes.

El decreto que establece el régimen de bonificaciones para 2026 está en vigencia tras la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva por el Concejo Deliberante con los aumentos de entre el 50 y el 100 por ciento, según la tasa.

El Gobierno dispuso un 15 por ciento de descuento para Servicios Sanitarios, ABL y Red Vial para los contribuyentes que no registren deudas y se encuentren reempadronados.

Además, hay un 5 por ciento extra para quienes constituyan domicilio fiscal electrónico, de manera tal que no sea necesario enviarle factura en papel y adhieran a la recepción de la boleta en formato digital, siempre y cuando estén al día.

Comercios y empresas que paguen tasa de seguridad e higiene tienen un régimen de bonificaciones en particular. Quienes tengan certificado Pyme de AFIP recibirán un descuento del 20 por ciento; quienes no posean ese certificado, el 15 por ciento.

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deben estar al día, reempadronados y haber constituido domicilio fiscal.

Los vecinos que pagan patente automotor y abonen el año completo de contado obtendrán un 10 por ciento de descuento, dice el decreto firmado por el intendente. Además, si tiene al día VTV y seguro, obtendrán un 50 por ciento.

El beneficio rige también para quienes estén al día, no tengan deuda de otras tasas o derechos, se hayan reempadronado y tengan domicilio fiscal constituido ante la Municipalidad.

El decreto dispone que los comerciantes que vayan a iniciar el trámite de habilitación sin haber recibido intimación previa no pagarán la tasa correspondiente.

Los convenios de pago para regularizar deudas tendrán una tasa de interés de financiación del 2 por ciento mensual y del 2,5 por ciento resarcitorio para las que no hayan sido abonadas con anterioridad al vencimiento fijado.

La ordenanza impositiva aprobada mantiene las bonificaciones del 50 por ciento para jubilados, pensionados, empleados municipales, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios de Procrear.

En la página web del Municipio hay un espacio destinado a la renovación de los beneficios que estaban vigentes en el período anterior, para lo que se puede llenar un formulario online sin necesidad de ir a las oficinas. 

El Gobierno está facultado a suspender la aplicación parcial o total de los beneficios "cuando dichas medidas respondan a cuestiones económicas que puedan afectar los ingresos municipales de modo tal que hagan peligrar la prestación de los servicios".

Héctor reportó: "Atropello total del Municipio de San Pedro. $ 52 000 de sanitarios. Desastre total del gremialista de UATRE en el Municipio. Debería irse o que la gente lo saque a patadas de allí. Esto es una salvajada ciudadana a los ciudadanos sampedrinos. Choreo total del Municipio de San Pedro. Despiadados estos ignorantes del Municipio con el ciudadano de San Pedro. Salvajismo puro de gente ignorante". 

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El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de "conservación de las vías de acceso", que se mantiene.

Esto implica que para este año hay dos tipos de gravámenes relacionados con los vehículos de gran porte, aunque diferenciadas. Mientras los de pasajeros pagarán la de "vías de acceso", los de carga harán lo propio con la de pesaje.

El servicio será prestado en balanzas municipales, aunque no está claro dónde ni cómo. La tasa la pagarán todos los vehículos de carga que circulen por San Pedro, con el objetivo de verificar el cumplimiento del pesaje máximo permitido.

La tasa tiene un costo de 10 módulos, es decir 10 litros de gasoil premium de YPF, lo que implica en la actualidad alrededor de 20 mil pesos.

La multa por circular con peso superior al permitido será de mil litros del mismo combustible, lo que equivale hoy a alrededor de 2 millones de pesos. Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará.

El Gobierno reglamentará zonas de circulación, excepciones o exenciones y, como en la de vías de conservación, quedó facultado a "prorrogar la exigibilidad" hasta tanto se disponga "la estructura e instrumentos necesarios para garantizar su control".

El Municipio tiene una nueva tasa para cobrar por el pesaje, pero no dispone aún de espacio ni de balanza para tal fin. El último lugar fue el predio de la ex Coplac, alquilado, y con una balanza que también era de un privado.

La tasa de pesaje tal como se conocía estaba especialmente dirigida al control de los camiones areneros que salen cargados de San Pedro.

El Gobierno mantuvo en las ordenanzas fiscal e impositiva el tributo denominado "servicio de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de acceso".

A partir de ahora, y puesto que repusieron la tasa de pesaje para camiones, sólo pagarán este gravamen los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos.

Serán sujetos contribuyentes de esta tasa los propietarios de vehículos, las agencias de turismo y las instituciones organizadoras de viajes regulares o tipo contingentes.

Pagarán todos los transportes de pasajeros que ingresen a San Pedro o egresen de la ciudad, y deberán abonar la tasa al momento de arribar o antes de emprender el viaje.

El costo de la tasa es de seis módulos, es decir seis litros de gasoil premium de YPF, es decir alrededor de 12 mil pesos, en la actualidad.

Quienes sean infraccionados por no cumplir con el pago, deberán hacer frente a una multa de 500 litros del mismo combustible. La sanción se duplicará para el reincidente.

En la ordenanza fiscal el Gobierno tomó la precaución de quedar facultado para "suspender temporalmente" el cobro de la tasa hasta concluir "las obras de señalización de las vías de ingreso" que permitan “controlar el cumplimiento del pago”.

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro sentó posición sobre el aumento de tasas que propuso el Ejecutivo y aprobó el Concejo Deliberante, que el 29 de diciembre próximo será tratado por la asamblea de Mayores Contribuyentes.

"Entendemos que todas las variables de la economía se han visto modificadas y que el Municipio debe hacerse cargo de una gran cantidad de servicios que, lamentablemente, no logran ser financiados en su totalidad con el aporte de todos los contribuyentes", señalaron desde la entidad que preside Daniel Churruarín.

En ese marco, expresaron preocupación por los porcentajes de aumento, que en las principales tasas es del 60 al 80 por ciento, y por la autorización para ajustes bimestrales por inflación, con un mínimo del 20 % y un máximo atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuestionaron "la escasa participación de entidades intermedias" en el análisis previo y señalaron que sería importante que haya un vínculo institucional mayor para este tipo de definiciones, "más aún teniendo en cuenta la celeridad con la que este tema será tratado en un contexto económico y social particularmente sensible".

Consideraron "imprescindible optimizar la igualdad de condiciones entre todos los contribuyentes" y pidieron políticas que tiendan a aumentar la cobrabilidad, de manera tal que se evite "que los mayores esfuerzos recaigan, una vez más, sobre quienes cumplen regularmente, en un escenario donde el año 2026 se proyecta aún como económicamente complejo".

"Valoramos el esfuerzo que se realiza para sostener el sistema de salud pública, al que cada vez más vecinos deben recurrir producto de la situación general. Al mismo tiempo, consideramos necesario un replanteo profundo sobre cómo y cuánto se gasta", indicaron.

Destacaron que el objetivo debe ser "administrar de manera eficiente los recursos de los sampedrinos y destinar una parte del presupuesto a estimular a quienes generan, proponen y desarrollan actividades productivas, comerciales y turísticas que permitan revertir la situación económica y generar mayores recursos genuinos para la ciudad".

El proyecto de ordenanza impositiva que los concejales tratan este viernes en sesión extraordinaria prevé un aumento del 100 por ciento de las tasas de contraprestación directa, lo que provocó cuestionamientos de la Sociedad Rural, puesto que una de ellas es la de mantenimiento de la red vial.

En un comunicado, la entidad ruralista —cuyo secretario Martín Palazón se inscribió como mayor contribuyente— expresó "profunda preocupación" y se declaró en "estado de alerta" por los aumentos propuestos.

Además del incremento de la tasa de red vial, señalaron el 100 por ciento de aumento sobre el ABL y el 50 por ciento sobre control de marcas, lo que, consideraron "configura un escenario de fuerte presión fiscal que no encuentra justificación".

El aumento, sostiene la Sociedad Rural, "vuelve a recaer con fuerza sobre los contribuyentes y el sector productivo, sin que ello se traduzca en mejoras concretas en servicios o infraestructura".

Sobre la red vial, aseguraron "alarmante" que con los caminos "en un estado deplorable y sin el mantenimiento adecuado" se haya proyectado un incremento del 100 por ciento, a lo que se sumarán ajustes por inflación según lo que informe el Indec y de manera bimestral, como ocurrió en 2025.

“La ciudad muestra signos evidentes de deterioro, producto de años de falta de planificación y gestión. No solo el sector productivo se ve castigado: es toda la comunidad la que sufre las consecuencias”, dijeron.

"Sin embargo, una vez más, son quienes producen y generan trabajo quienes terminan absorbiendo los mayores costos, 'pagando la fiesta' y cubriendo la ineficiencia del Estado local", cuestionaron los ruralistas.

"Esperamos que las autoridades recientemente asumidas no se conviertan en socias de esta decadencia, sino que impulsen un cambio real en la forma de administrar los recursos públicos, priorizando la eficiencia, la transparencia y el acompañamiento al sector productivo", señalaron en el comunicado.

Pidieron "gestión responsable, servicios acordes a lo que se cobra" y "una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía local", porque "el desarrollo de la ciudad no puede construirse sobre aumentos desmedidos y permanentes".

El Concejo Deliberante dará un tratamiento exprés al aumento de tasas del 100 por ciento más ajustes bimestrales por inflación que propuso el Gobierno municipal para el año que viene.

Los expedientes fueron elevados por el Ejecutivo el lunes, ingresados formalmente en sesión extraordinaria el martes y serán votados este viernes para que estén listos para el tratamiento en asamblea de Mayores Contribuyentes antes de fin de año.

Son 71 páginas del proyecto de ordenanza impositiva y 63 de la ordenanza fiscal, que  contienen la política tributaria del Gobierno de Cecilio Salazar para su decimoprimer año de gestión.

Los ediles tuvieron, así, apenas 72 horas para analizar si acompañan o no el aumento de tasas del 100 por ciento para ABL, Servicios Sanitarios y Red Vial que propuso el Gobierno para 2026, más la autorización para ajuste por inflación.

Todos los tributos podrán ser actualizados bimestralmente en un porcentaje mínimo del 20 % y en un máximo de lo que resulte de aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec, dice el proyecto.

El intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía, Roberto Borgo, plantearon en el proyecto que esas tasas de contraprestación directa tienen un "fuerte impacto deficitario por el incremento de sus costos de determinación".

Ello, señalaron, se vio profundizado por la baja de la cobrabilidad, puesto que en el contexto económico actual muchos contribuyentes optaron por dejar de pagar las tasas como parte de los recortes presupuestarios hogareños.

Como analizó La Opinión en el transcurso del año, la recaudación no alcanzó a cubrir los costos y eso hacía prever que el Gobierno debería planificar una política tributaria acorde para el ejercicio siguiente.

La decisión fue incrementar esas tasas de contraprestación directa un 100 por ciento., con ajuste por IPC.

Para 2025, esas tasas aumentaron entre el 100 y el 150 por ciento, con ajustes bimestrales según inflación del Indec, planteo que se mantiene.

La tasa de seguridad e higiene, que es la de mayor recaudación en San Pedro, aumentará un 35 por ciento para todos los casos, mientras que Servicios Especiales de Limpieza subirá un 50 %, al igual que servicios varios, control de marcas, derechos de construcción, derechos de oficina y publicidad y propaganda.

Derecho de Cementerio es uno de los ítems que mayor aumento sufrirá, con un 140 por ciento. Derechos de ocupación o uso del espacio público, por su parte, subirá un 50 %.

Mismo porcentaje aumentarán las patentes de motos, mientras que las de automotores subirá un 24 por ciento. El canon por antenas tendrá aumento del 30 por ciento.

"Para el año 2026 se continuará con la misma política, procurando optimizarcada día más el nivel de recaudación y ampliar la base tributaria mediante fiscalizaciones permanentes y la aplicación de los convenios vigentes", indicaron en el expediente.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, y el director de Rentas, Christian Rial estuvieron en el Concejo.

En la reunión con los ediles que conforma la comisión de Presupuesto, los funcionarios explicaron que este incremento de tasas es fundamental para garantizar la prestación de los servicios en el contexto actual.  

El oficialismo tiene los votos para aprobar los expedientes, porque además de los siete de su bancada cuenta con los del “interbloque de la gobernabilidad” de Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete —habrá que ver qué hace Diego Lafalce—  que garantizará la aprobación del aumento de tasas.

Entienden que, más allá de las consideraciones sobre la administración Salazar, tener los recursos disponibles es necesario para que la Municipalidad funcione el año que viene, y así lo hicieron saber en la reunión de comisión.

Como hay cosas en las que expresaron desacuerdo y este jueves se tomaban la tarde en el campo para profundizar el análisis, se estima que el bloque de Rivas, De Rosa y Negrete podría proponer algunas modificaciones, que el oficialismo debería aceptar si quiere aprobar los proyectos.

Una interpretación es que ello, acaso, les permitiría justificar el cambio radical de mirada respecto de cómo votaron en los últimos años proyectos que, como dicen los propios expedientes, mantienen “la misma política” tributaria.

La otra, la que prefieren en el bloque, es que a partir de la nueva composición del Concejo buscarán encarnar una “oposición responsable” —así le llaman— para diferenciarse de Rey, LLA y Nuevos Aires. La sesión comienza a las 9.00.

El Concejo Deliberante tratará en la próxima sesión una solicitud del Gobierno para ampliar su potestad de utilizar recursos de fondos afectados para gastos corrientes de manera transitoria, ante la situación económica que atraviesa y camino al pago de los aguinaldos.

Mientras intentan contener los conflictos con los sindicatos municipales y los médicos, en la Secretaría de Economía advirtieron que necesitarán, como ya hicieron durante el año en diversas oportunidades, echar mano a fondos que están afectados para un fin específico y utilizarlos para gastos corrientes, en especial para pagar sueldos.

El Gobierno puede utilizar fondos afectados siempre y cuando los devuelva en el plazo previsto por ley. Lo que le pide al Concejo Deliberante es que amplíe la capacidad que le otorgó cuando aprobó el Presupuesto 2025.

En esa ordenanza, el Ejecutivo quedó habilitado para disponer el uso transitorio de fondos para gastos corrientes ante "la falta de coincidencia" entre recaudación y gastos o por "retraso" de los ingresos ordinarios previstos.

En el expediente que ingresó fuera del orden del día en la última sesión solicitan modificar ese artículo, que autorizaba hasta 1200 millones de pesos, y ampliar la suma hasta un 15 por ciento del presupuesto aprobado, es decir hasta alrededor de 6215 millones, unas cinco veces más.

En los argumentos para pedir al Concejo que apruebe esa autorización, el Gobierno trazó un panorama desolador respecto de la situación económico financiera de la Municipalidad de San Pedro para el ejercicio en curso.

Allí refieren coparticipación anclada a enero con fluctuaciones intermensuales de -23 por ciento; una caída significativa de la cobrabilidad de tasas; y como reveló La Opinión hace unos meses, déficits mensuales respecto de la recaudación en relación a la contraprestación: lo que entra no alcanza para cubrir el servicio que debe prestarse.

Esos déficits mensuales ascienden al 75,24 por ciento en la tasa de Red Vial, con 198 millones de pesos en rojo; al 80 por ciento en ABL, 455 millones abajo; 64 por ciento en Servicios Sanitarios, 169 millones. La diferencia resulta de comparar ingresos percibidos efectivamente por cada tasa y los gastos directos de prestación.

En los considerandos, el intendente no dejó de señalar "las dificultades económicas generadas por las políticas del Gobierno nacional" y puso de relieve la particular situación que atraviesa el sistema de salud, que "verifica un colapso permanente".

Es "en ese contexto de flujo de fondos deficitarios" que el Ejecutivo le pide al Concejo que amplíe su capacidad de utilizar fondos afectados y herramientas financieras para "mantener las necesidades críticas de funcionamiento y masa salarial", sobre todo con el aguinaldo por delante.

 El reclamo de un vecino en el que expresaba su malestar respecto del aumento de las tasas municipales desató la polémica en las redes sociales.

"No hay que pagar más tasas municipales ni provinciales", opinó Diego, mientras que Beto sostuvo que "los que deberían bajarse los sueldos son los funcionarios y concejales, porque ganan demasiado para lo que hacen".

"Lo malo van a ser los próximos dos meses, con el control de medidores barrio por barrio. A los que tienen alguna irregularidad les ponen un punto rojo y luego llega una multa que puede superar el millón de pesos", advirtió Mariano.

"Estoy de acuerdo con lo que dice Néstor, voy a dejar de pagar", escribió Zulma, mientras que Lidia propuso: "Si dos meses no pagamos los municipales, saben cómo se acomodan".

"Nunca voy a entender por qué hay que pagar algo que no se hace. Es como pagar el colectivo y no subirte", expresó Germán, y Margarita lamentó que "uno se entera cuando llega la factura de pago".

"Los impuestos hay que pagarlos, pero todos, no un 40 %. El municipio debería cobrar a toda la comuna y no castigar siempre al que está al día", planteó Humberto, mientras Hugo agregó que "si todos pagáramos, los impuestos serían más accesibles".

También hubo comentarios más duros: "Es lo que votaron, así que ahora aguántenselas", dijo Mónica, y Juan apuntó: "Pasaron las elecciones, ahora hay que pagar todo lo que gastaron en remis y votos".

Marina, en tanto, dejó una pregunta: “¿Por qué un terreno baldío tiene que pagar alumbrado, barrido y limpieza, cloaca y agua, si no tiene ninguno de esos servicios?”.

"Están aumentando mucho más que la inflación mensual, hasta un 10 % por mes. ¿Hasta cuándo?", sentenció Susana. 

Estadísticas de la Dirección de Rentas de la Municipalidad indican que hasta septiembre fueron habilitados 49 nuevos comercios en San Pedro, de distintos rubros.

Como explicó La Opinión cuando candidatos de La Libertad Avanza propusieron en campaña "eliminar" el pago por habilitación, ese trámite es gratuito para quienes declaren su actividad ante el Estado local.

Así, de las 49 habilitaciones tramitadas hubo 35 cuyos titulares no tuvieron que abonar la tasa correspondiente, tal como lo estableció el decreto reglamentario de la ordenanza impositiva vigente.

Ese decreto, publicado en enero por el Gobierno municipal, dispuso una serie de beneficios tendientes a simplificar los procesos de habilitación de comercios para incentivar la regularización de actividades.

Las otras 14 habilitaciones tramitadas sí pagaron la tasa porque fueron detectados en infracción por inspectores del área de Fiscalización de la Municipalidad, que depende de la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

El decreto establece que no pagarán aquellos que se presenten de manera voluntaria, pero sí lo deberán hacer quienes sean intimados por estar en funcionamiento sin haber hecho el trámite.

La Libertad Avanza, alianza que tiene como primer candidato a concejal a Ariel Rey, difundió un spot de campaña en el que anuncian que si son electos van a impulsar la eliminación de tasas y derechos, pero nombran gravámenes que en la actualidad ya no se cobran.

El video fue difundido en redes sociales. Allí aparecen los candidatos Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercero de la lista de Rey, y emulan la campaña de Milei, cuando decía que iba a eliminar ministerios y arrancaba cartelitos con el grito "afuera, afuera" como mensaje.

En el video nombran cuatro gravámenes, de los cuales uno es tasa y tres son derechos. 

De los cuatro, sólo está vigente uno: el derecho de construcción, que se paga para el visado de planos y otros trámites a la hora de declarar una obra.

Como publicó La Opinión en cada caso, los otros tres ya no se pagan:

Habilitación de comercios: rige sólo para quienes iniciaron actividad sin declararla, por lo que ante presentación espontánea la Municipalidad no cobra el tributo.

Colocación de mesas y sillas en las veredas: la última ordenanza fiscal eliminó la obligatoriedad de pago a comerciantes que instalen muebles o exhiban mercadería en la vía pública, por lo que no se cobra.

Colocación de carteles publicitarios: desde la última Fiscal/Impositiva los sampedrinos están exentos y  no se cobra por aquellos que no excedan la línea municipal.

"Hoy te traemos algunas de las propuestas que vamos a impulsar en el Concejo Deliberante para aliviar tu bolsillo", dice Joaquín González como introducción en el video.

"Que te cobren por habilitar tu comercio, afuera. Que te cobren por poner las mesitas afuera de tu bar, afuera. Que te cobren por poner un cartel adentro de tu negocio, derecho de Propaganda y Publicada, propiedad privada, afuera; derecho de construcción, ir a la Muni a habilitar un plano, también, afuera", describe Melina Panatteri. 

"La eliminación de estas cuatro tasas municipales implican menos del 1 por ciento del presupuesto municipal", cierra, convencido, el tercer candidato a concejal de la lista de La Libertad Avanza que encabeza Ariel Rey y representa a Javier Milei.

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Luego de que La Opinión revelara cuántos son los contribuyentes que pagan el servicio de alumbrado, barrido y limpieza en el primer semestre del año, los comentarios estallaron en las redes sociales. 

Adriana inauguró la sección y explicó: "Todos al día y cuando dejás tres bolsas de residuos, los de Ashira llevan dos y te dejan una. Si es un poquito pesada, no la llevan nunca. Ni hablar de las ramas y hojas nadie las viene a juntar. Barrido, limpieza, ¿dónde están?"

"Impuestos al día, nunca vi un barrendero. Los focos son del siglo pasado y hay uno por cuadra, una vergüenza", dijo Juani.

Rosana expresó: "Tenemos impuestos al día. Cobraron durante años alumbrado público sobre calle Benito Urraco entre 700 y 800 y no hay una sola luz, al igual que barrido y limpieza. Hay tantos pozos que es intransitable. Vergonzoso, abandono total".

"En mi factura del ABL dice que el recolector pasa los domingos, martes y jueves por calle Mitre 2100. No es así: se lleva los residuos sólo los domingos. ¡Estamos pagando por tres días!", refirió Lidia.

Sergio ironizó: "En Irlanda y Chivilcoy te cobran el barrido en calle de tierra".

German contó: "Está bien, si no se brinda servicio no se debe pagar. Es como si pagás el colectivo y no lo usás. Si no hacen nada, nunca les va a alcanzar, cada vez hay más gente y ellos se aumentan el sueldo a su antojo".

"¿Para qué pagar? Para que se lo roben o se lo den a quien no tienen que darle, o para asfaltar manzana y manzana sin viviendas. O no reparar el camión desobstructor y tener las cloacas tapadas por todos lados. San Pedro, tierra de nadie. Basta de esto", consideró Pablo.

Rubén sentenció: "Los que apenas llegan a fin de mes son los que pagan: esa franja mediana y trabajadora. Los pobres nunca pagarán y los ricos, no pagan, como siempre. La burguesía sampedrina no paga ningún impuesto después piden seguridad y la mar en coche”.

Ana María indicó: "Tengo un baldío del cual me cobran recolección de residuos y no vive nadie".

"No se les cae una idea, desde hace años, para cobrar a todos o casi todos. Porque servicios todos necesitan. Alguna manera debería haber para que colaboren. Es responsabilidad de todos, no de unos pocos", explicó Susana.

Nancy dijo: "Si siguen aumentando, no vamos a pagar más" y Miguel respondió: "Con una jubilación mínima, contame cómo hacés para comer y pagar la luz y los impuestos".

Respecto de ello Daniel explicó: "Tal vez sea hora de que las autoridades piensen en servicios que podamos pagar y no en servicios que no podemos solventar".

María sostuvo: "Siempre digo que si todos se pusieran de acuerdo y no pagaran un peso, ayudaría a que no roben tanto".

Julio afirmó: "Cuenten también todas las trabas que pone la Municipalidad. Estuve 20 años peleando para que los envíen y aún tengo que ir todos los meses a buscar el impuesto".

Sebastián enunció: "No pagan ni siquiera el alumbrado público. Después piden limpieza de cloacas y servicios. Muchos vecinos pagan la limpieza de sus terrenos porque ni los limpian, y están cotizados en dólares".

"Se paga para pagar sueldos de los concejales y políticos. Total, ellos están resguardados, con vigilancia pagada también por el pueblo y en barrios privados donde viven en otro mundo", concluyó Mercedes. 

Tras la Rendición de Cuentas parcial del primer semestre del ejercicio 2025, que cerró con un déficit de 2600 millones de pesos, tal como publicó La Opinión, este medio solicitó una serie de datos relacionados con las tasas municipales para ayudar a comprender el contexto en el que se desarrolla la economía municipal.

La primera revelación fue el porcentaje que la recaudación por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) repersenta sobre el costo total de los servicios que implica esa tasa: apenas el 21 por ciento.

Son 93,5 millones de pesos promedio por mes de recaudación contra 445 millones de costo para la prestación.

Ahora, La Opinión presenta el mapa de la cobrabilidad de ABL, que muestra el plano de la ciudad dividido en zonas con el porcentaje de contribuyentes que paga la tasa.

La cobrabilidad de ABL bajó respecto del año pasado, cuando terminó en un 65 por ciento, y es al cierre del primer semestre del 49 %. En el Gobierno señalan que siempre, ante contextos de crisis económicas, el pago de tasas sufre reducciones.

La zona de mayor cobrabilidad es la del centro: entre 11 de Septiembre y Mitre, y entre Mitre y Sarmiento, desde 3 de Febrero hasta la barranca, los porcentajes son del 72,17 y del 69,89 por ciento, respectivamente.

Le siguen la zona este que abarca desde Sarmiento a Rómulo Naón y desde 3 de Febrero a la costa, con 63,2 por ciento; y la que va de 3 de Febrero a Caseros y de Mitre a Sarmiento, con 62,19 %.

La zona con menor porcentaje de cobrabilidad es la del oeste de la ciudad, que abarca los barrios sociales San Francisco, San Miguel, 291 Viviendas, Arco Iris, entre otros.

El porcentaje es de apenas el 19,81 por ciento y no contempla la cantidad de viviendas que están emplazadas en asentamientos precarios, puesto que no figuran como contribuyentes por lo que no sólo no pagan sino que no les llegan las facturas.

En segundo lugar, la zona de menor cobrabilidad es el norte, desde 11 de septiembre hacia Mateo Sbert y desde 3 de Febrero a la costa, con 33,52 por ciento.

Uno de los debates que se da cada vez que hay que aprobar aumentos de tasas está relacionado con que la carga tributaria “siempre recae sobre los mismos” porque “hay sectores que no pagan” y deberían generarse mecanismos para “recudar más y mejor”. 

El análisis del ejercicio económico financiero al final del primer semestre arrojó un déficit de alrededor de 2600 millones de pesos que en el Gobierno aseguran tiene explicación en las dificultades para hacer frente a los compromisos con los recursos con los que se dispone.

El repaso de los costos de las tasas contra la recaudación mes a mes da cuentas de que para cubrir la prestación el Municipio debe afectar recursos provenientes de otros fondos, porque no alcanza.

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es una de las más significativas en ese sentido, de acuerdo a la información a la que accedió La Opinión sobre su ejecución.

La recaudación de ABL alcanza para cubrir apenas el 21 por ciento del costo de la prestación.

En el desglose mensual promedio que la Secretaría de Economía expuso ante la consulta de La Opinión aparece que a junio, ABL tuvo una tasa de cobrabilidad del orden del 49 por ciento.

La emisión fue por más de 1142 millones de pesos y lo efectivamente percibido alcanzó los 560,5 millones. La cobrabilidad bajó respecto de 2024, cuando terminó en el 60 por ciento, un porcentaje ya muy bajo.

El promedio por cuenta tributaria de ABL es de poco más de 17 mil pesos por contribuyente. Algunos pagan más, otros menos, pero ese es el promedio.

Incluso si todos pagaran, no alcanzaría para cubrir el costo de la prestación: sólo se podría abonar el 53 por ciento del total.

En promedio, en el primer semestre, la emisión fue de 190,3 millones de pesos. La recaudación, $ 93,4 millones. El costo de la prestación alcanzó los 445 millones por mes, promedio.

Esos 93,4 millones de recaudación, que representan el 21 por ciento del costo total de la prestación del servicio, apenas alcanzaría para cubrir las facturas de Coopser por el servicio de alumbrado público.

Ese servicio implica el 20 por ciento del total de los costos (88,5 millones). La recolección de residuos insume el 35 por ciento (155,5 M); el barrido maunal,18 % (80,6 M); la recolección en localidades, 4 por ciento (18,7 M).

El resto se va en personal, 13 por ciento (56,3 M); Combustibles, 2 % (8,8 M); mantenimiento de alumbrado y reposición de lámparas, 2 % (8,3 millones por mes); mantenimiento del basural, 3 % (12,4 M); sistema de reciclado, 1 % (3,6 millones); bienes de uso, 2 % (8 millones); y servicios no personales, 1 por ciento (3,95 millones de pesos).

"Hace 10 años, el análisis arrojaba un resultado similar. Después de un tiempo considerable, no se pudo reconstituir la tasa", analizó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante La Opinión.

Para el funcionario, la situación tiene un trasfondo político: "En algún momento las tasas tienen que seguir la evolución de la economía", señaló. 

Es decir, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo deberán sincerarse respecto de qué incrementos se van a proponer a la ciudadanía.

"En la medida en que se sigan moviendo las variables que influyen en la prestación y no las podamos cubrir con el valor mensual de la tasa, vamos a seguir discutiendo déficit", aseguró Borgo.

El Gobierno municipal avanzó otro paso respecto del plan de disponer canales digitales para el pago de tasas. La semana pasada empezaron a imprimir facturas con códigos QR.

Desde la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo informaron a La Opinión que las boletas de Servicios Sanitarios de comercios, es decir con medidor, llegarán para pagar con el correspondiente código.

De esa manera, el contribuyente podrá escanear el QR con una billetera virtual y abonar la tasa sin necesidad de concurrir a una caja, sea de la Municipalidad, banco o servicio de pagos.

Además, indicaron que el servidor está prácticamente operativo y que resta migrar Rafam de manera tal que tenga capacidad para las aplicaciones correspondientes.

La modalidad sigue siendo parte de los testeos que pusieron en marcha a fines del año pasado, de manera tal que se pueda comprobar la emisión y la carga de cobranzas en el sistema de la Dirección de Rentas.

Por otro lado, Borgo confirmó que están "testeando el sistema de mails masivos" para avanzar en un proceso que tiene como horizonte ponerle fin a la emisión de facturas en papel.

De la misma manera, testearán envíos masivos vía WhatsApp para contribuyentes adheridos, lo que agilizará la recepción de la factura y, con el código QR, su correspondiente pago.