La tasa por conservación de la red vial, que pagan los contribuyentes con propiedades en la zona rural por el mantenimento de los caminos, tuvo en 2025 una recaudación que apenas alcanzó para cubrir el 28 por ciento del costo que implicó la prestación del servicio.

Históricamente, red vial fue uno de los gravámenes con mayor cobrabilidad. En el último año, cayó al 66,5 por ciento, según se desprende de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 y del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía municipal. 

Entre 2019y 2023 se mantuvo entre el 88 y el 80 por ciento. La caída fue del orden del 32 por ciento en los últimos años. En febrero, La Opinión reveló que el Gobierno preparaba intimaciones para cobrar alrededor de 400 millones de pesos adeudados por propietarios de inmuebles rurales. 

La prestación del servicio de conservación de la red vial insumió, según informó el Gobierno, 164,8 millones de pesos, promedio mensual. La recaudación fue de 46,2 millones, promedio  mensual.

El resultado arroja un rojo de 118,5 millones promedio por mes, es decir un 72 % negativo.

El costo sobre la emisión también fue muy superior: de los 164,8 millones que insumió el servicio, el total emitido fue de 69,5 millones. Es decir que aún si todos pagaran habría un resultado negativo, ya que alcanzaría para cubrir el 42 por ciento.

En materia de costos, el Gobierno informó que el promedio mensual de 164,8 millones de pesos se distribuyó de la siguiente manera: 38 millones en personal; 109,8 millones en combustibles, reparaciones y materiales; 9,2 millones en servicios no personales; 3,5 millones en bienes de uso; 4 millones en gestión administrativa.

Los productores rurales, especialmente los nucleados en la Sociedad Rural de San Pedro, son muy críticos del Gobierno municipal en relación al mantenimiento de los caminos.

Derecho de Cementerio es uno de los tributos que peor registro de recaudación tuvo en 2025, según la Rendición de Cuentas que el Concejo aprobó a fines de mayo.

Del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo se desprende que la recaudación alcanzó para cubrir poco más del 15 por ciento de lo que vale mantener el servicio.

El costo total fue de casi 209 millones. La recaudación, de apenas 32,6 millones. El déficit es del 84,39 por ciento,  176,3 millones de pesos que hay que pagar y que no ingresan.

La cobrabilidad quedó en el 43,3 por ciento, puesto que esos 32,6 millones representan ese porcentaje sobre los 75,3 millones de emisión anual del derecho de Cementerio. El valor promedio por cuenta, informó la Municipalidad, es de alrededor de  14.500 pesos anuales.

La diferencie entre costo y emisión implica que aun si pagaran todos los contribuyentes que corresponden, el déficit seguiría enorme y bajaría del 84,4 al 64 por ciento. Todavía faltarían 133,5 millones de pesos.

El costo mayor del mantenimiento de la necrópolis municipal es el personal: el gasto anual en sueldos fue en 2025 de 193,8 millones, más del 92 por ciento del total.

El resto de los gastos son 4,4 millones en bienes de consumo; 6 millones en servicios no personales; 452 mil pesos en bienes de uso; y 4,2 millones en administración tributaria.

El año pasado el Cementerio municipal se quedó sin servicio de seguridad privada tras el retiro de la empresa a cargo por falta de pago. Los reclamos por lo que ocurre en la necrópolis se incrementaron.

La recaudación registrada en 2025 para la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) de la Municipalidad de San Pedro alcanza apenas para el 25 por ciento del costo del servicio. 

Así se desprende del análisis de la Rendición de Cuentas del año pasado y del informe de costos de prestación elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

En 2025, el costo total de ABL fue de más de 5.260 millones de pesos, mientras que la recaudación anual fue de apenas 1313 millones.

El déficit es de 3.947 millones, lo que implica un 75 % negativo sobre lo recaudado.

Los datos revelan que el problema no es sólo la baja recaudación por la caída de la cobrabilidad. Si todos los contribuyentes hubiesen pagado, tampoco alcanzaría.

La cobrabilidad fue del 53,8 por ciento. Esos 1313 millones de pesos recaudados representan ese porcentaje de los poco más de 2460 millones establecidos en la emisión, de acuerdo al aumento del 100 % autorizado por el Concejo y los porcentajes de incremento aplicados, relacionados con el índice de precios.

El desglose del costo indica que 906 millones se pagaron por energía eléctrica de alumbrado público y 85,5 millones por mantenimiento y reposición de lámparas a Coopser.

Ashira costó 1972 millones por recolección de residuos en la ciudad cabecera; 1000 millones por barrido manual; y casi 250 millones por la recolección en las delegaciones, que el Municipio no pudo asumir por su cuenta, como planeaba.

Además fueron devengados 533,7 millones de pesos en personal; casi 180 millones en combustibles y materiales; 48,5 millones en servicios no personales; 90,7 millones en mantenimiento del basural; 43 millones para el sistema de reciclado; 26,6 millones en bienes de uso; y 103 millones en "apropiación gastos administración tributaria".

Al cierre del primer semestre, cuando La Opinión publicó el mapa de cobrabilidad de ABL, la recaudación representaba el 21 por ciento del costo del servicio, por lo que no hubo cambios significativos para el final del ejercicio..

*Por  Javier Silva especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Los municipios enfrentan un desafío permanente: cómo recuperar la mayor cantidad de deuda de tasas con los menores recursos posibles. Un contribuyente que adeuda varios años de tasas municipales representa un quebranto en las arcas locales. Pero también representa una oportunidad: si ese contribuyente no puede pagar en dinero, ¿puede pagar con un bien inmueble que posee? ¿Hay un mecanismo que permita al Municipio recuperar ese bien y agregarlo a su patrimonio para destinar a vivienda, equipamiento o regularización?

Sí. Existen dos herramientas muy distintas para lograr esto. Una es negociada (dación en pago) y otra es forzada (ejecución judicial). La efectividad de ambas determina la eficiencia fiscal del municipio y su capacidad para agrandar el patrimonio.

La dación en pago es un acuerdo donde el contribuyente deudor entrega un bien inmueble al Municipio en cancelación de su deuda de tasas. No hay dinero de por medio. Es un intercambio: bien por deuda.

¿Cuáles son las ventajas municipales de este mecanismo?

1-. Velocidad: Se resuelve rápidamente, sin necesidad de juicio.

2-. Certidumbre: No hay riesgo de que el deudor presente apelaciones o defensas.

3-. Ahorro presupuestario: No gasta recursos en litigios, peritos judiciales, edictos, martilleros.

4-. Ampliación patrimonial: El municipio adquiere un inmueble para su patrimonio.

¿Cómo funciona operativamente?

El contribuyente presenta una propuesta al Municipio:

“Debo $150.000 de tasas. Tengo una parcela en [barrio]. ¿La aceptan como pago?”

El Municipio evalúa:

- ¿Cuál es el valor de mercado de esa parcela?

- ¿Cubre el valor del inmueble la deuda?

- ¿Hay interés municipal en agregarlo al patrimonio?

Si la respuesta es sí, se procede a tasación. Según las normas municipales (que varían según cada jurisdicción), la valuación se hace a precio de mercado, típicamente certificada por:

- Banco de la Provincia de Buenos Aires

- Una Comisión de Justiprecio municipal

- Un perito valuador independiente

Una vez valuado el bien, se redacta un acuerdo de dación en pago que especifica: (a) la deuda que se cancela; (b) el bien que se entrega; (c) la valuación del bien. El acuerdo debe ser refrendado por el Departamento Ejecutivo del Municipio (intendente o su delegado). Luego, el Municipio inscribe el bien en el Registro de Propiedades a su nombre y lo incorpora al patrimonio.

¿Qué sucede si hay diferencia entre el valor del bien y la deuda? Si el bien vale más que la deuda, el municipio acepta la diferencia como ganancia patrimonial. Si vale menos, típicamente se rechaza la propuesta, a menos que el Municipio tenga interés estratégico en ese terreno para planes de vivienda o equipamiento.

Cuando no hay acuerdo posible, o cuando el contribuyente no responde a ofrecimientos, el Municipio acciona vía judicial. Presenta un juicio ejecutivo para cobrar la deuda de tasas. Este procedimiento es más costoso en tiempo y dinero, pero garantiza al Municipio la posibilidad de recuperar el bien.

Las etapas son:

1.- Presentación de demanda ejecutiva: el Municipio alega deuda, adjunta comprobantes.

2.- Sentencia condenatoria: si el tribunal valida la deuda, ordena al deudor pagar en 30 días.

3.- Embargo: si no paga, se procede a congelar bienes del deudor.

4.- Tasación del inmueble: el tribunal designa perito o usa valuación fiscal.

5.- Remate judicial: se vende en subasta pública (hoy, electrónica).

6.- Liquidación: del producto de la venta, se cobra el Municipio (con privilegio).

Aquí surge un problema operativo para el Municipio. Cuando un inmueble llega a remate judicial, la base (precio inicial) se fija como dos tercios (2/3) de la valuación fiscal actualizada. Pero la valuación fiscal es típicamente significativamente inferior al precio real de mercado.

Ejemplo: un terreno vale en mercado $ 600.000. Pero su valuación fiscal (catastral) es $ 250.000. Dos tercios de eso es $ 166.667. Esa es la base del remate. Resultado: el inmueble se vende por mucho menos de lo que vale, y el municipio se cobra su deuda, pero se pierde valor patrimonial.

¿Hay solución? Sí. El Código Procesal permite que cuando no exista valuación fiscal, el juez designe un perito valuador independiente. Y más importante: el juez puede apartarse de la tasación si considera que generaría malventa. Puede fijar una base mayor, incluso un precio de reserva (mínimo por debajo del cual no se adjudica). Esto protege al Municipio de rematar bienes a precio depreciado.

Sí. El Municipio puede participar como comprador en la subasta, pujando como cualquier otro postor. Si nadie ofrece más, el Municipio se adjudica el bien a su valor de base. Esto permite al Municipio crecer su patrimonio sin gasto de dinero: simplemente, se compensa el valor del bien contra la deuda de tasas.

Alternativamente, el bien puede ser vendido a terceros. En ese caso, del producto de la venta (que será mayor si participan múltiples postores), el Municipio cobra con privilegio: extrae primero lo que le deben de tasas, y el resto se distribuye entre otros acreedores.

Para que un municipio entienda cuándo usar cada herramienta:

Dación en pago:

- Usa cuando: el contribuyente ofrece un bien específico

- Velocidad: 2 a 4 meses

- Costo: mínimo (tasación, acuerdo administrativo)

- Riesgo: bajo. Control total de valuación

- Resultado: el Municipio agrega un bien específico al patrimonio

Ejecución judicial:

- Usa cuando: no hay acuerdo o el Municipio quiere recuperar bienes específicos del deudor

- Velocidad: 8 a 18 meses

- Costo: mayor (abogados, peritos, publicaciones, martillero)

- Riesgo: medio-alto. Puede haber malventa si la valuación fiscal es baja

- Resultado: el Municipio se cobra y potencialmente agrega un bien al patrimonio

Desde la perspectiva municipal, el procedimiento ejecutivo requiere:

1-. Cartera actualizada de deudores: saber exactamente quién debe, desde cuándo y cuánto.

2-. Intentos de cobro administrativo: notificaciones, recordatorios, antes de litigar.

3-. Demanda ejecutiva fundamentada: con documentación que acredite la deuda (boletas, certificaciones, notificaciones previas).

4-. Monitoreo del proceso: estar presente en cada etapa para proteger los intereses municipales.

5-. Solicitud de mayor base de remate: si la valuación fiscal es baja, el municipio (como acreedor ejecutante) puede pedir al juez que aumente la base para evitar malventa.

6-. Participación en la subasta: decidir si pujar como comprador o permitir que terceros adquieran.

7-. Liquidación y cobranza: asegurar que el municipio cobre su deuda del producto del remate.

A pesar de que estas herramientas existen desde hace décadas, muchos municipios no las aplican sistemáticamente. ¿Por qué? Las razones son operativas:

- Falta de presupuesto dedicado a gestión de cobranza y litigios

- Recursos humanos limitados en áreas de Rentas y Legales

- Prioridades políticas que cambian con cada administración

- Resistencia política: ejecutar a contribuyentes genera conflicto

- Incertidumbre legal: la jurisprudencia varía según jurisdicción

Sin embargo, municipios como Malvinas Argentinas, La Matanza y San Martín han demostrado que es posible ejecutar programas sistemáticos de recuperación de bienes por deuda de tasas. El resultado es evidente: ampliación patrimonial, lotes disponibles para vivienda social y mejor gestión fiscal.

Los municipios cuentan con dos herramientas poderosas para recuperar lo que se les debe y agrandar su patrimonio: la dación en pago (rápida, de bajo costo y efectiva) y la ejecución judicial (más lenta, más cara, pero exhaustiva). Ambas son legales, están reguladas y otros municipios las usan.

La pregunta para cada administración municipal es: ¿cuánto patrimonio estamos dejando sin recuperar por falta de gestión? ¿Cuántos bienes que podrían destinarse a vivienda o espacios públicos permanecen en manos de deudores insolventes?

Una política de cobranza sistemática no es solo justicia fiscal: es desarrollo municipal.

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás obligó al Municipio de Baradero a informar en detalle el destino de los fondos recaudados por la Tasa de Red Vial, que ascienden a unos $ 1.000 millones, tras un reclamo impulsado por productores rurales.

La decisión judicial se originó a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Sociedad Rural local, que no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

La negativa oficial llevó a que la entidad recurra a la Justicia, que finalmente ordenó a la administración encabezada por Esteban Sanzio a brindar datos precisos sobre el manejo de esos recursos.

Según el fallo, el Municipio deberá entregar documentación clave como el listado de cheques emitidos, transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para determinar la Tasa.

Los jueces remarcaron que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que el Estado está obligado a garantizarlo de manera completa y verificable.

El reclamo de los productores se da en un contexto de fuerte deterioro de los caminos rurales, que afecta directamente la actividad agropecuaria. 

Denuncian que gran parte de la red vial se encuentra en condiciones críticas, lo que dificulta el transporte de la producción y el acceso a establecimientos educativos y servicios básicos.

Además, cuestionan que no es coincidente lo recaudado y con las obras realizadas. Y remarcan que la Tasa de Red Vial implica “una contraprestación directa en mantenimiento y mejora de caminos que -según la Rural- no se cumple”.

No es el primer fallo con características similare. Ya hubo uno en Daireaux, donde la Justicia de Trenque Lauquen determinó que “no se puede cobrar si los caminos rurales están en mal estado”.

El Banco Nación tiene vigente una línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, que se destaca por contar con un proceso de gestión completamente digital. 

La propuesta contempla financiamiento de hasta el 90 % del valor de la propiedad para adquisición y hasta el 75 % en los casos de construcción o refacción, bajo la modalidad UVA.

El plazo máximo de devolución es de 30 años y la cuota mensual no puede superar el 25 % de los ingresos netos del solicitante.

 Además, quienes perciban su salario a través de la entidad acceden a tasas más bajas y condiciones preferenciales.

Los préstamos están destinados a la compra, cambio, construcción, ampliación o refacción de vivienda única y permanente, aunque también pueden utilizarse para una segunda vivienda, con variaciones en la tasa de interés según el destino.

Para el caso de vivienda única, la línea ofrece una tasa fija del 6 % anual más la actualización por UVA. A su vez, el banco incorporó la opción de aplicar el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que permite limitar el incremento de la cuota si la inflación supera la evolución de los salarios. 

Este beneficio implica el pago de una prima adicional del 1,5 % anual y está disponible únicamente para quienes acrediten sus haberes en el Banco Nación.

En los proyectos de construcción, el plazo de obra es de hasta 18 meses y el desembolso del crédito se realiza en tres tramos.

Requisitos:

*Pueden acceder empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, trabajadores autónomos y monotributistas.

*La edad máxima para cancelar el préstamo es de 85 años inclusive.

*La documentación requerida —DNI, recibos de sueldo o comprobantes de ingresos— se carga de manera online en la plataforma del programa.

Simulación:

Para un crédito de 105 millones de pesos, equivalente al 75 % de una vivienda para construcción valuada en 140 millones (aproximadamente 100 mil dólares), la simulación arroja:

*Cuota en UVA: 648,49

*Monto inicial en UVA: 58.810,02

*Ingresos netos necesarios (titulares y codeudores): $ 4.631.296

*Ingreso mínimo del titular: $ 2.315.648

*Cuota estimada: $ 1.157.824

*En caso de acreditar el sueldo en el Banco Nación, el ahorro mensual en la cuota puede alcanzar los $ 495.128.

La línea se presenta como una de las principales herramientas de financiamiento para el acceso a la vivienda en el actual contexto, con condiciones que buscan adaptarse a los potenciales beneficiarios mediante la gestión digital, los plazos y las tasas aplicadas.

El Gobierno municipal intimará a deudores de la tasa por conservación de la red vial que deben al Estado local alrededor de 400 millones de pesos de los períodos que todavía no prescribieron.

Las deudas corresponden a propietarios de inmuebles rurales que son contribuyentes de la tasa de red vial y que deben desde 2019 a 2025.

Los 400 millones de deuda representan alrededor del 25 por ciento del total emitido en esos períodos, que suma unos 1497 millones. Ello da cuenta de una cobrabilidad del orden del 75 por ciento en los últimos seis años.

Entre los deudores hay montos que van de los 800 mil pesos a los 93 millones. La mayoría está entre 1,5 y 6,5 millones de deuda.

En el Gobierno aseguran que será prioridad cobrarles a grandes deudores, no sólo de tasa de red vial sino también de Servicios Sanitarios y ABL.

En muchos casos, los contribuyentes ya fueron notificados e intimados, por lo que Rentas está en condiciones de iniciar las acciones judiciales de apremio correspondientes.

El decreto que establece el régimen de bonificaciones para 2026 está en vigencia tras la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva por el Concejo Deliberante con los aumentos de entre el 50 y el 100 por ciento, según la tasa.

El Gobierno dispuso un 15 por ciento de descuento para Servicios Sanitarios, ABL y Red Vial para los contribuyentes que no registren deudas y se encuentren reempadronados.

Además, hay un 5 por ciento extra para quienes constituyan domicilio fiscal electrónico, de manera tal que no sea necesario enviarle factura en papel y adhieran a la recepción de la boleta en formato digital, siempre y cuando estén al día.

Comercios y empresas que paguen tasa de seguridad e higiene tienen un régimen de bonificaciones en particular. Quienes tengan certificado Pyme de AFIP recibirán un descuento del 20 por ciento; quienes no posean ese certificado, el 15 por ciento.

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deben estar al día, reempadronados y haber constituido domicilio fiscal.

Los vecinos que pagan patente automotor y abonen el año completo de contado obtendrán un 10 por ciento de descuento, dice el decreto firmado por el intendente. Además, si tiene al día VTV y seguro, obtendrán un 50 por ciento.

El beneficio rige también para quienes estén al día, no tengan deuda de otras tasas o derechos, se hayan reempadronado y tengan domicilio fiscal constituido ante la Municipalidad.

El decreto dispone que los comerciantes que vayan a iniciar el trámite de habilitación sin haber recibido intimación previa no pagarán la tasa correspondiente.

Los convenios de pago para regularizar deudas tendrán una tasa de interés de financiación del 2 por ciento mensual y del 2,5 por ciento resarcitorio para las que no hayan sido abonadas con anterioridad al vencimiento fijado.

La ordenanza impositiva aprobada mantiene las bonificaciones del 50 por ciento para jubilados, pensionados, empleados municipales, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios de Procrear.

En la página web del Municipio hay un espacio destinado a la renovación de los beneficios que estaban vigentes en el período anterior, para lo que se puede llenar un formulario online sin necesidad de ir a las oficinas. 

El Gobierno está facultado a suspender la aplicación parcial o total de los beneficios "cuando dichas medidas respondan a cuestiones económicas que puedan afectar los ingresos municipales de modo tal que hagan peligrar la prestación de los servicios".

Tras el aumento de tasas que fue aprobado durante la asamblea de Mayores Contribuyentes, las primeras boletas con los nuevos importes comenzaron a llegar y el rechazo al aumento fue inmediato.

Alejandra propuso directamente no pagar como forma de protesta: “Ninguno debería pagar. Van a ver cómo empiezan a surgir descuentos y moratorias. Necesitan recaudar para su bolsillo, no para el bien del ciudadano. ¿O acaso mejoró algo después de cada aumento?”.

En la misma línea, Adriel y Juan coincidieron en el llamado al no pago. “No paguen nada”, escribió uno. “No hay que pagar”, reforzó otro.

“Creo que estamos en manos de intereses de la mayoría de los concejales: si suben las tasas, suben sus sueldos”, opinó Juan Carlos.

Elba contó que la factura de servicios sanitarios le llegó “más del doble” y cuestionó que sea para sostener “los altos sueldos de los ejecutivos”.++

Lidia relató con angustia: “Recién me llegó la boleta de servicios sanitarios por 36.512,60 pesos. No sé cómo voy a hacer, siento impotencia”.

Stella señaló que los montos varían según la zona, pero advirtió que incluso así el aumento resulta excesivo.

Violeta lo resumió en pocas palabras: “Terrible aumento”. Andrea fue más directa: “Choreo total”.

El malestar también se vinculó a la falta de mejoras en los servicios. Walter ironizó: “Destapen las cloacas mejor”.

Humberto describió un escenario crítico con tarifas más caras que la luz, baja presión de agua y cloacas desbordadas. “Los concejales de todos los colores son cómplices”, acusó.

Diego advirtió que “la mitad va a seguir sin pagar, pero usando todos los servicios públicos”, mientras Susana se preguntó quién terminará pagando y pronosticó que en pocos meses el nivel de morosidad será muy alto.

Bruno propuso ir a reclamarle directamente a los concejales que votaron a favor.

Hugo apuntó contra la gestión municipal y recordó el rol de sectores de la oposición en la aprobación del presupuesto. “El 2027 llega rápido, acordémonos en las urnas”, advirtió. Julio ironizó: “¿Estos eran los cambios que prometían?”.

Betty escribió: “Sin palabras". Raúl habló de vergüenza. Guillermo calificó a los responsables como “ladrones de guantes blancos” y cuestionó el destino de los fondos.

María y José apuntaron al descreimiento generalizado sobre el uso de lo recaudado, mientras Barbi planteó una mirada distinta y preguntó si los aumentos no responden también a deudas acumuladas.

"Ah, pero cuando se votaron los aumentos, no fue nadie y me incluyo. Nos hacen lo que quieren estos personajes. Cien por ciento de aumento y cada vez peor todos los servicios. Hay que pagar todos los puestos políticos y arreglos. Es una tomada de pelos para los b#l#dos que estamos al día con los impuestos", concluyó Marcos. 

El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Roberto Borgo, explicó los motivos que llevaron al Gobierno local a disponer un aumento del 80 % en las tasas municipales, una cifra que supera ampliamente la inflación proyectada para 2025, estimada en torno al 30 %.

En diálogo con Rafael Flaiman en el programa Sin Galera, el funcionario sostuvo que el incremento responde a un “importante retraso” en los valores actuales de las tasas, la baja cobrabilidad y el desfasaje existente entre los ingresos municipales y el costo real de los servicios que se prestan.

“El Municipio está aumentando significativamente las tasas debido a un notable atraso y al fuerte incremento de los costos, especialmente en servicios esenciales como la electricidad y la gestión de residuos”, explicó Borgo. En ese marco, mencionó la situación de Ashira S.A., la empresa encargada de la recolección y gestión de residuos, a la que el Municipio adeuda una suma considerable tras la renovación de la concesión.

Según detalló, durante años se operó con tasas que no lograron acompañar el aumento sostenido de los costos. “Se ha estado trabajando con un significativo retraso en las tasas, lo que no permitió seguir el ritmo de los gastos”, indicó, al tiempo que mencionó las dificultades cotidianas para brindar servicios en barrios con infraestructuras insuficientes.

Borgo también planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para afrontar los desafíos financieros de largo plazo. En ese sentido, remarcó que el área de salud representa el 57 % del gasto total del presupuesto municipal, debido al crecimiento de la demanda y a la incorporación de nuevos servicios, entre ellos los vinculados a la salud mental.

Otro de los puntos señalados fue el elevado costo del funcionamiento de las bombas de agua y del alumbrado público, particularmente por el incremento en el valor de la energía eléctrica. “El costo del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) casi se ha triplicado tras la finalización de un acuerdo con Ashira, lo que impacta directamente en la capacidad del Municipio para cubrir esos gastos”, afirmó.

Finalmente, el secretario retomó un debate recurrente en torno al presupuesto municipal: la necesidad de generar nuevos recursos, mejorar los niveles de recaudación y abordar los problemas vinculados al desarrollo territorial del distrito. “También necesitamos una política económica nacional que acompañe a las economías locales y promueva la producción nacional”, sostuvo, y llamó a fortalecer la colaboración entre el Departamento Ejecutivo, los trabajadores municipales y la comunidad para encontrar soluciones a los desafíos futuros.

El Gobierno municipal exigió formalmente a los tres sindicatos municipales (ATE, STM y UPCN) que presenten la declaración jurada sobre tasas de interés aplicadas a sus afiliados a través de los códigos de descuento que los autoriza a operar prácticamente como una financiera.

Los sindicatos pueden ofrecer beneficios a sus afiliados como préstamos en efectivo, venta de electrodomésticos, viajes, alimentos, entre otros, que los trabajadores pagan a través de sus sueldos, generalmente en cuotas, y que se descuentan directamente de los haberes.

Para esos beneficios, se aplican tasas de interés que de acuerdo a la normativa no podrían superar las que establece el Banco Nación para operatorias similares, aunque entre los afiliados todos coinciden en señalar que los préstamos "son usurarios, pero es la única posibilidad que tenés".

El Gobierno exigió a los tres sindicatos que se ajusten a la normativa local que establece no sólo eso sino también la obligatoriedad de presentar semestralmente la declaración jurada con la tasa de interés aplicada.

ATE, STM y UPCN deben presentar las declaraciones juradas ante la Dirección de Personal que conduce Sofía Fucci para su control y las deben entregar por Mesa de Entradas, de forma personal en el área o bien vía correo electrónico certificado.

En la notificación, el Gobierno reconoció que a pesar de haber establecido el régimen de declaración jurada a comienzos de 2016, nunca lo implementó como corresponde. 

No lo dice en el texto, pero tiene una razón: lo habían acordado con los sindicatos, a quienes ahora les exige la presentación en medio de un conflicto sindical por el cierre de la paritaria 2025 vía decreto.

Por eso, el Municipio anunció a los sindicatos que establecerá un "régimen transitorio de regularización" para que ATE, STM y UPCN presenten las declaraciones juradas correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además del de 2025.

Los gremios deben acreditar con documentación cuáles son las tasas de interés que aplican en la actualidad en las operaciones crediticias con los afiliados, lo que podría revelar lo que es un secreto a voces: no estarían cumpliendo con lo que dice la norma y las tasas serían ampliamente superiores a las del Banco Nación.

El Municipio advirtió que considerará "incumplimiento grave" la aplicación de tasas que superen en más del 50 por ciento las previstas, el ocultamiento de información o la falsedad en las declaraciones juradas y la negativa manifiesta a cumplir con el régimen.

Las sanciones implicarían la revocación definitiva de la autorización para operar con descuentos sobre los haberes, lo que dejaría a los sindicatos sin una de sus principales fuentes de ingreso.

Pero no sólo eso: además, como el Gobierno transfiere con demoras los recursos que se descuentan y los afiliados siguen solicitando préstamos,  los sindicatos tienen deudas con las empresas que financian su actividad crediticia.

El Gobierno sostiene que su intención es proteger el salario de los trabajadores municipales frente a tasas usurarias o abusivas, sobre las que hizo vista gorda durante años, y garantizar la transparencia en las operaciones.

El Gobierno municipal avanzó otro paso respecto del plan de disponer canales digitales para el pago de tasas. La semana pasada empezaron a imprimir facturas con códigos QR.

Desde la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo informaron a La Opinión que las boletas de Servicios Sanitarios de comercios, es decir con medidor, llegarán para pagar con el correspondiente código.

De esa manera, el contribuyente podrá escanear el QR con una billetera virtual y abonar la tasa sin necesidad de concurrir a una caja, sea de la Municipalidad, banco o servicio de pagos.

Además, indicaron que el servidor está prácticamente operativo y que resta migrar Rafam de manera tal que tenga capacidad para las aplicaciones correspondientes.

La modalidad sigue siendo parte de los testeos que pusieron en marcha a fines del año pasado, de manera tal que se pueda comprobar la emisión y la carga de cobranzas en el sistema de la Dirección de Rentas.

Por otro lado, Borgo confirmó que están "testeando el sistema de mails masivos" para avanzar en un proceso que tiene como horizonte ponerle fin a la emisión de facturas en papel.

De la misma manera, testearán envíos masivos vía WhatsApp para contribuyentes adheridos, lo que agilizará la recepción de la factura y, con el código QR, su correspondiente pago.

Los automóviles con más de 10 años de antigüedad registrados en la provincia de Buenos Aire, no tributan ante la Agencia de Recaudación Arba sino que pasan a ser municipalizados y abonan la patente en sus comunas.

Es decir, para 2025 todo vehículo modelo 2014 hasta 2004 debería abonar en los Municipios. Pero no será así. Se mantendrá el mismo régimen que el año pasado: 2003 a 2013.

La medida tiene una explicación. El Presupuesto de la Provincia no fue aprobado en la Legislatura, por lo tanto el gobernador Axel Kicillof dispondrá de la misma Ley Impositiva que aplicó en 2024. Allí figura que las patentes municipalizadas serán las de los años 2003 a 2013.

Quienes poseen un vehículo 2014 aguardaron el beneficio que ofreció el Municipio de abonar el 50 % del tributo si presentaba el seguro de responsabilidad civil —como mínimo— y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, y abonaba todo el año. Pero al llegar a la ventanilla no pudieron lograrlo.

Ahora deberán esperar hasta el 26 marzo, fecha en que vence el Impuesto Automotor bonaerense, boleta que emitirá Arba.

Los contribuyentes podrán acceder a descuentos, de acuerdo a la modalidad implementada por la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad.

Los beneficiados serán quienes estén al día con sus obligaciones y también para aquellos que adhieran a la boleta digital, patentes de rodados, los emprendimientos con certificados PyME y quienes habiliten sus negocios, sin tener intimaciones.

Los requisitos a cumplir expresan que deberán estar al día con el pago de tasas y tributos municipales, y haber realizado el rempadronamiento obligatorio establecido por los Decretos 144/2014 y 1330/22.

“La finalidad es fomentar el compromiso ciudadano”, se indicó oficialmente. Y detrás de esta premisa, los siguientes descuentos:

*Tasas municipales 15 %: para los contribuyentes que no registren deuda alguna con el Municipio y se encuentren rempadronados. Incluye a Servicios Sanitarios; Alumbrado, Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública; y Red Vial.

*Boleta digital 5 %: para aquellos contribuyentes que constituyan un domicilio fiscal electrónico para recibir la boleta digital de las tasas Servicios Sanitarios; Alumbrado, Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública; y Red Vial. Se aplicará una vez que estén disponibles las herramientas digitales necesarias para implementar esta modalidad.

*Contribuyentes con Certificado PyME entre 10 y 15 %: para la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, cuyos titulares podrán acceder a bonificaciones siempre que se encuentren al día y rempadronados. El 15% para aquellos que posean el Certificado PyME vigente emitido por ARCA y 10% para quienes no cuenten con dicho certificado.

*Patentes de Rodados 10 %: por pago de contado anual de la totalidad antes del vencimiento de la primera cuota. Además, si acreditan la contratación del seguro de responsabilidad civil y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), recibirán un 50 % de descuento en el monto correspondiente al pago anual.

*Habilitación de comercios 100 %: para los que inicien el trámite sin haber recibido intimación por parte del Municipio. En caso de intimación previa, la bonificación no será aplicable y el contribuyente podría enfrentar multas.

Los interesados podrán dirigirse a la Dirección de Rentas, en el Palacio Municipal de Pellegrini 150, por correo electrónico: atencionalcontribuyente@sanpedro.gob.ar, o por WhatsApp (solo para mensajes) 3329-641517.

La futura boca de cobranza en el sector de Licencias de Conducir comienza a cobrar forma.

Desde este lunes la empresa Pronto Pago S. A. envió a la contratista que se encarga de la remodelación de un sector del edificio de Mitre 1995, donde en pocos días más funcionará el nuevo sistema que posibilitará agilizar los trámites.

Los primeros movimientos consistieron en producir una abertura en el lugar, que es el espacio que ocupará un cajero automático. 

Pegado a éste se colocará una ventanilla para la cobranza de los tributos por el trámite relacionado a la obtención y/o renovación de la licencia de conducir, y que posiblemente se extienda a lo relacionado con Bromatología, multas de tránsito y tasas municipales.

De acuerdo a lo señalado por representantes de la empresa que realiza los trabajos, no más de una semana demandarán sus tareas.

Se agregará una rampa y un alero para proteger a la gente los días de lluvia, porque el pago se realizará desde el exterior del edificio.

El convenio entre la Municipalidad y Pronto Pago, incluye los impuestos nacionales y provinciales y los tributos municipales.

De esta manera, todo lo relacionado con el Municipio tendrá una nueva boca de cobranza, que en una primera etapa quedará habilitado en el horario administrativo municipal, para luego extenderlo en un futuro cercano hasta las 20.00. 

Tras la aprobación de la ordenanza preparatoria para aumentar las tasas de ABL y Servicio Sanitarios antes de los incrementos que vendrán en el Presupuesto 2025, el Concejo oficializó el listado de Mayores Contribuyentes.

Son 18 los vecinos que en la semana del 25 de noviembre participarán de la Asamblea para convalidar o no los incrementos que el oficialismo logró aprobar con sus votos más los de Cappelletti, Lafalce y Riqueleme, y con los radicales y Rivas en contra.

La Asamblea de Mayores Contribuyentes deberá tratar dos temas: la convalidación del aumento del 80 por ciento para la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) y del 50 por ciento para Servicios Sanitarios, y el endeudamiento para la compra, vía contrato de leasing, del camión recolector de residuos que se utilizará en las localidades.

En el listado de vecinos sin deudas de tributos municipales que figuran para tratar ambos expedientes hay apenas tres que se inscribieron de manera voluntaria. No figuran allí algunos que lo hicieron en varias oportunidades en los últimos años, como Juan Gutiérrez, Carlos Collaretti o Liliana Montero.

Los voluntarios son Miguel Ángel Raviola, José Adolfo Casagrande y Eric Laurence Aguilar Gartner, este último miembro del equipo de trabajo del concejal opositor Martín Rivas (Juntos por el Cambio), con autorización formal para acceder a las oficinas en el Concejo.

El resto fueron propuestos por el Ejecutivo. Algunos de ellos ya participaron en otras oportunidades. Otros tiene vinculación política. En el listado hay, además, exfuncionarios, exconcejales y hasta la esposa de un integrante del Gobierno de Cecilio Salazar.

Son Noemí Edith Spessotti; el referente kirchnerista Valentín Mastrángelo; el expresidente de Agricultores Gerardo De Vincenzi; Iván Gonzalbo; el exdelegado de Santa Lucía Domingo Mallol; la reconocida vecina de Vuelta de Obligado Susana Ciucci.

El talense Eduardo Birador; María Luján Ruso; Nancy Juliá, esposa del delegado de La Tosquera, Carlos García; el exconcejal Juan Alberto Maroli; el empresario Pablo Reynes.

Alejandro Daniel Caso; Santiago Azzoni, hijo del presidente del PJ y líder de la Uocra, Horacio Azzoni; Mauricio Preiti, exconcejal y ladero de Azzoni en el sindicato; Armando Roberto Constantín; y Nélida Isabel Pereira.

La advertencia que el Gobierno municipal hizo cuando se aprobó el Presupuesto 2024 respecto de que habría un segundo aumento de tasas se hizo realidad: enviaron al Concejo la propuesta para incrementar 80 por ciento la de ABL y 50 por ciento la de Servicios Sanitarios.

El expediente entrará formalmente este jueves en sesión y tendrá poco tiempo de tratamiento: al período ordinario de sesiones le quedan dos encuentros más y al año, dos meses.

El proyecto señala que tras un análisis de los costos desde diciembre a la actualidad, el déficit promedio de ambas tasas es cercano al 66 por ciento.

"Esta situación es la resultante del incremento en los precios para la prestación de los servicios, el gasto interno y el retraso en la actualización del monto de las tasas, entre otras variables", indicaron.

Ya lo había advertido La Opinión en más de una oportunidad con los datos que la Secretaría de Economía publica en la web y que permiten adelantar el análisis de la Rendición de Cuentas en ese sentido.

La recaudación cayó, pero en algunos casos aun si todos los contribuyentes pagaran no alcanzaría para cubrir el costo de los servicios.

El Gobierno consideró que la situación “se traduce en un impedimento para brindar un adecuado servicio a los contribuyentes y/o realizar inversiones para mejorarlos”.

Por ello, señalaron, decidieron enviar este aumento de tasas antes de plantear el incremento para el año que viene en el paquete de ordenanzas del Presupuesto 2025.

Los aumentos del 80 por ciento para ABL y del 50 por ciento para Servicios Sanitarios se aplicarán de inmediato cuando se apruebe la ordenanza. Quienes hayan hecho el pago anual a principio de año deberán abonar la diferencia que surja para los últimos meses.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, dijo a La Opinión que para la ordenanza impositiva 2025 "hay un trabajo de modificación de las tasas", relacionado con el convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

"Va a haber una corrección que tiene que ver con una progresividad que lamentablemente hoy esas tasas no tienen", señaló el funcionario.

"Necesitamos equiparar mínimamente el costo de prestación de los servicios", indicó Borgo en diálogo con La Opinión y advirtió que en la actualidad la recaudación del Municipio está "por debajo del nivel de prestación".

Para aprobar el aumento, de acuerdo a lo que establece la Constitución provincial, además del tratamiento por parte de los concejales el expediente deberá ser votado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

El plan del Gobierno municipal de avanzar en canales digitales para el pago de tasas ya tiene las primeras pruebas para testear en algunas cuentas el funcionamiento del sistema de código QR.

Tres cuentas impositivas llegaron con el código, como casos testigo, para chequear que el protocolo se cumple en su totalidad, con todos los pasos involucrados.

Aunque en julio tenían prevista la incorporación de QR en las tasas, recién ahora aparecen en estas tres cuentas para confirmar el proceso y, si todo sale bien, el mes que viene podrían implementarlo.

En el proceso, verifican las empresas que cobran por canales electrónicos y que el sistema de Tesorería y Rentas impute correctamente, informó el secretario de Economía, Roberto Borgo, a La Opinión.

Además, Borgo confirmó que para el presupuesto 2025 habrá "bonificación especial por el uso de pagos electrónicos", lo que será incluido en la ordenanza impositiva para el año que viene.

Hacia finales del mes de junio el Gobierno Municipal instaló e inauguró en el cruce de Ruta 1001 y la ex Ruta 9, la posta de fiscalización que hace cumplir la ordenanza local del pago de una tasa que se aplica a vehículos de transporte de carga y de pasajeros con más de 40 asientos.

Con un modesto acto oficial el Jefe de Gabinete Alfredo Carrasco e impulsor de esta nueva modalidad oficializó el funcionamiento de esta oficina montada en un container ploteado con la nueva estética del municipio de San Pedro en el cruce de la ex ruta 9 y la 1001, donde además se encuentra el control policial.

Quienes van y vienen  diariamente por esta vía de ingreso a la ciudad manifestaron que siempre se encuentra solo demaecada con conos y que los vehículos que deberían abonar la nueva tasa no son detenidos ni informados de esta modalidad.

Si bien se anticipó que por el momento se informará sobre la nueva medida y que el control será aleatorio, no se ha visto demasiado movimiento en la flamante oficina container y la pregunta de los sampedrinos que a diario pasan por ese sector consultan sobre la eficacia. 

En tiempos de receso de invierno y con la ruta en plena repavimentación, el trabajo de los responsables de la posta para el cobro de la nueva tasa será un poco más complicado.

El concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas elevó un proyecto de ordenanza que propone derogar la denominada "tasa por conservación de las vías de acceso" creada por el Gobieerno en la última ordenanza fiscal, cuyo monto exigible fue aprobado por el oficialismo y los mayores contribuyentes en la Impositiva, en diciembre pasado.

Rivas, en consonancia con planteos que se han hecho a lo largo del país contra gravámenes similares, consideró que la tasa es "inconstitucional" y que "configura la pretensión del establecimiento de una verdadera aduana, además de restringir la libertad de circulación y el libre ejercicio del comercio o industrias lícitas".

Cuestionó que el Gobierno "se empecine desconociendo los principios básicos tributarios" al sancionar "tasas que en realidad son impuestos", al tiempo que advirtió que ese tipo de tributos debe tener correspondencia con "una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio".

Rivas señaló que las vías de acceso pavimentadas, las rutas 1001 y 191, son caminos provinciales, por lo que es a esa administración a la que le corresponde "su control, mantenimiento, conservación y reconstrucción".

Consideró que este tipo de "disposiciones equivocadas, onerosas e inexplicables, son atentatorias de la posibilidad del desarrollo de San Pedro, la creación de nuevas fuentes de trabajo genuino y aportan a la consolidación del atraso material y espiritual en que se halla sumida esta comunidad".

La tasa por conservación de las vías de acceso fue creada para reemplazar la de pesaje, vigente hasta el ejercicio pasado, y grava con 1250 pesos el ingreso y egreso de vehículos de transporte de carga que superen los 25 mil kilos y con $ 10.500 por cada micro de mediana y larga distancia que supere la capacidad de 40 pasajeros.

La contraprestación que figura en la ordenanza fiscal vigente indica: "Servicios de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de ingreso y egreso de la ciudad afectadas por la circulación de vehículos pesados".

La tasa, para el período 2024, está eximida para quienes tengan domicilio en San Pedro, por lo que la pagan transportes de cargas y pasajeros cuya razón social o propiedad estén registrados en otra jurisdicción.

Esta semana, tras demoras en la implementación, el Gobierno instaló una "posta de fiscalización" en la intersección de ruta 1001 y exruta 9, en Río Tala, para controlar el cumplimiento por parte de los transportistas.

Rivas deberá reunir 10 votos para derogar la tasa, por lo que tendrá, además de convencer a los otros ocho opositores, que contar con al menos uno de la bancada oficialista. El planteo de “inconstitucionalidad” de la ordenanza es materia que corresponde a la Justicia.