Con la mala costumbre de enviar los expedientes extemporáneos, el Gobierno pidió al Concejo Deliberante que apruebe una nueva prórroga con la empresa Tipsa, que tiene a su cargo el cobro el derecho de publicidad y propaganda y el canon de antenas.

El expediente ingresó formalmente el lunes y ese mismo día, en reunión de comisión, el secretario de Economía, Roberto Borgo, les dijo a los concejales que esta extensión es la última.

El intendente y el representantes de Tercerización de Ingresos Públicos S. A. firmaron en noviembre una prórroga del contrato vencido en diciembre del año pasado con plazo hasta el 31 de este mes. Las fechas fueron objeto de quejas, una vez más, de la oposición.

En comisión, Borgo les dijo que el retraso obedecía a gestiones relacionadas con el canon por soporte de antenas ante las empresas telefónicas, que tienen un retraso  de ejercicios anteriores.

El funcionario confirmó a La Opinión que esta prórroga será la última con Tipsa: "A partir del año que viene nosotros no vamos a hacer ningún convenio, así que seguramente vamos a determinar nosotros y la empresa habrá agotado su instancia".

Conocida como "tasa de cartelería", la tarea de Tipsa consiste en medir los carteles de publicidad que se exponen en la ciudad para cobrarles a las marcas por metro. Del total percibido, su comisión es del 22 por ciento.

Para 2025, el Gobierno decidió dejar de cobrarles ese derecho a los comerciantes locales, que podrán instalar los carteles con sus negocios y marcas sin necesidad de tener que abonar este gravamen.

Además, la ordenanza impositiva para el año que viene establece que se eliminarán diversos tipos de carteles de la nómina de alcanzados por el tributo, de manera tal que sólo paguen cuando excedan la línea municipal y ocupen espacio público.

El incremento de este derecho será del 100 por ciento para el ejercicio que viene, pero el Gobierno reconoce en los proyectos del Presupuesto 2025 las dificultades que comportó este sistema, que llegó a la ciudad en el año 2010.

Desde su implementación, tuvo dificultades. Sobre todo porque las grandes marcas tienden a interponer recursos administrativos y judiciales que dilatan el cobro del canon, lo que reduce significativamente el porcentaje de cumplimiento cada año.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces se firmaron sucesivas prórrogas que luego fueron convalidadas por el Concejo Deliberante, generalmente por las mayorías oficialistas y con cuestionamientos de la oposición, que plasmó en proyectos propios lo que ahora el Gobierno lleva a votación en las Fiscal e Impositiva 2025.

En el caso de los comercios locales, muchos sacaron los carteles para evitar que les cobren este gravamen. Ponerle fin al tributo puede contribuir, entonces, a mejorar el aspecto de la ciudad, que en muchos casos quedó desprolijo al tener las estructuras vacías.

Un comprador de autos colocó con alambres carteles con su ofrecimiento y número de teléfono no sólo en semáforos, postes de iluminación y caños de los carteles de señalización de calles sino que también se ocupó de instalarlos en la calle principal de Río Tala.

 “Más rápido que los nombres de las calles”, dijo Mauricio y envió sus fotos. ¿Pagarán la tasa de publicidad y cartelería?.

Un proyecto para modificar la ordenanza impositiva vigente propone revisar los términos de la tasa de publicidad y propaganda, que grava los carteles que se pueden ver desde la calle, de manera tal que ya no paguen aquellos que estén en vidrieras o paredes de comercios sino sólo los que excedan la línea municipal.

El expediente elevado por el bloque Juntos que integran los ediles de la UCR Alejandro Donatti, Paola Basso, Lucas Pisani y Yanina Batalla, ingresó a comisión y será analizado por el conjunto del cuerpo. Se trata de una propuesta que los radicales ya habían planteado cuando formaban parte del Gobierno de Salazar en Cambiemos, aunque recién ahora se formalizó.

La concejala Paola Basso explicó en Radio Cuarentena que la iniciativa surgió porque en su bloque entienden que “una tasa debe tener una contraprestación del Estado” que se cumple con los carteles que usan el espacio público y ameritan una inspección municipal en los soportes, pero que no está en aquellos que están dispuestos en vidrieras, paredes o incluso vehículos, que también se cobran.

“Desde nuestra óptica esto no implica un servicio del Estado”, señaló la abogada y agregó: “Las medianeras de un edificio colocan una publicidad pintada también les cobran, pero si el inmueble es privado y no hay ninguna cuestión que pueda perjudicar a terceros o necesite una inspección, no tiene razón de ser”.

De la misma manera, proponen eliminar el cobro para los folletos que se entregan en mano en la vía pública o en sitios como los cines, que deben pagar, y mantenerlo en aquellos casos en los que los volantes son arrojados por un avión, puesto que eso implica la limpieza por parte del servicio de barrido municipal.

“Mantuvimos lo de la publicidad sonora, porque nos parece que debe tener algún tipo de control”, señaló la concejala respecto del cobro de la tasa para quienes emiten mensajes publicitarios en la vía pública a través de sistemas de amplificación móviles.

“No creo que mueva demasiado la aguja en el Presupuesto del Estado pero sí se siente en los comercios”, dijo Basso.

Durante la pandemia, el Gobierno eximió a los contribuyentes sampedrinos del pago de la tasa de Publicidad y Propaganda. En 2021, según la Rendición de Cuentas, ese monto no cobrado ascendió a 1.250.000 pesos, un 0,04 del presupuesto vigente este año.

La propuesta de Juntos implicaría no sólo no cobrarle a los sampedrinos sino tampoco a las empresas cuyas marcas se exhiben desde las vidrieras o hacia la calle, como las calcomanías de tarjetas de crédito, los exhibidores de heladeras, etc., cuyas firmas deben abonar la tasa en la medida en que el cartel es percibido desde la vía pública.

Para la aprobación de la iniciativa hace falta que el oficialismo se sume a la propuesta, ya que Juntos (UCR) tiene cuatro votos propios y el otro bloque opositor, Juntos PRO, posee dos. Para modificar la ordenanza hacen falta al menos 10 votos.

“Tengo esperanza de que se puedan tratar los distintos proyectos, consensuarlos”, dijo la concejala de Juntos.

La tasa de Publicidad y Propaganda fue creada en 2010, durante el Gobierno de Pablo Guacone, que contrató a la empresa Tipsa, que desde entonces está a cargo de la gestión de la cobranza, aunque de los litigios que interponen quienes recurren administrativa o judicialmente debe ocuparse el Municipio a través de la Dirección de Rentas.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces lo prorrogaron varias veces, la última en diciembre del año pasado. Incluso hubo momentos en los que sin aprobación del Concejo respecto de la continuidad del contrato, esa firma siguió ocupándose del relevamiento y posterior cobro de la tasa.

Por el servicio que presta, la empresa Tipsa se lleva el 22 por ciento del total de la recaudación. A fin de año suele verse el personal contratado para el relevamiento que sirve de base para el cobro posterior. Además de publicidad y propaganda, la empresa cobra el canon por estructuras de soportes de antenas.