Tras los anuncios por parte del Gobierno nacional, los usuarios del transporte público se vieron en la encrucijada de registrar la tarjeta SUBE para seguir percibiendo el subsidio de la tarifa social.

Debido a la fuerte demanda y al colapso de los puntos de registro presenciales, se anunció que plazo se extenderá hasta el 1 de abril.

Luego de esa fecha, aquellas tarjetas que no estén nominalizadas pagarán una tarifa actualizada y no podrán acceder a los descuentos. 

La opción más práctica para hacerlo es mediante el asistente virtual SUBi al cual se puede acceder a través de WhatsApp agendando el número 11 66777823 y siguiendo unos simples pasos. 

Por Lilí Berardi

La casta sigue de fiesta y la mayor parte de la población no advierte entre Navidad y Año Nuevo los efectos que tienen las ideas geniales de quienes este año aspiran a manejar 17 mil millones de los cuales sólo 2400 de los de libre disponibilidad son propios. ¿Se puede gobernar así?

En la balanza para las areneras que funcionó desde que la gestión Salazar alquiló el predio y destinó personal para los controles la recaudación fue un misterio. Tickets sospechosos por “compra anticipada” y otros menesteres que incluyeron el robo de una mochila con dinero en efectivo que transportaba una empleada municipal que era guardada en su domicilio los fines de semana “porque no está abierta la tesorería municipal”. 

No era la única recaudación con sistemas arcaicos y con pocas posibilidades de control estricto. En algunos lugares, las decenas de publicaciones y denuncias publicadas en este medio dieron lugar a la posibilidad del pago digital, aunque aún no está todo dicho. 

En el Tiro Federal, por ejemplo, anotaban en una planilla lo que se le cobraba a los huéspedes o acampantes en efectivo y luego pasaba un empleado a buscar el dinero. 

Vamos al tema que nos compete en esta columna.

Siempre se reclaman ideas nuevas, creativas y soluciones para un Municipio que depende de dinero ajeno a sus recursos propios para mantenerse. 

También se promete generar puestos de trabajo en cada campaña, un parque industrial y hasta se atreven a obras en el puerto cuyos fondos no se ejecutan y, por ende, se devalúan.

Pues bien, esos pequeños ejemplos que incluyen gastar el dinero ahorrado junto a Coopser en la factura de luz, en la inconclusa obra de plaza Constitución que demandó entre 60 y 70 millones de pesos y que pondrían con los pelos de punta a cualquier maxikiosco, en San Pedro no asombra o indigna.

Tampoco se analizan las consecuencias de una de las tasas más absurdas y sin contraprestación alguna. Crear un gravamen a cada camión o colectivo que llega a la ciudad para suplir lo que pagan las areneras es un error de dimensiones incalculables. 

¿Ustedes imaginan a Flecha Bus, Chevallier, Costera Criolla o transporte “Carlitos” tomándose el trabajo de ser agente de retención de un importe de 10.500 mil pesos por cada micro que llega con turistas a nuestra ya asombrosa Terminal de ómnibus?.

¿Sabrán que el transporte cerealero se maneja de manera estacional y de acuerdo a los quintales por hectárea y que por ende sería imposible “calcular de antemano” como lo exige esta ordenanza la declaración semanal de 1250 pesos por cada unidad?

¿Habrán estimado que cuando llega un barco hay que llenarlo lo más rápido posible para que bajen sus costos operativos?. ¿Cómo harán este trámite los choferes de camiones particulares?.

¿Imaginan a una automotriz decidiendo su radicación en San Pedro y obligando a las empresas de camiones mosquito a pagar la nueva tasa?.

 ¿Acaso no sirvió el impacto de los peajes de Zárate y General Lagos para que importantes industrias y puertos privados evaluaran las ciudades donde instalarse?.

Hay más preguntas: algún integrante del equipo que inventó este recurso, ¿se tomó el trabajo de multiplicar 10.500 mil por 365 días por cantidad de frecuencias de una empresa y recalcular los refuerzos para Semana Santa o el Festival de Country?

¿Y los camiones cisterna? ¿Y los que traen comestibles o salen con comestibles? Podemos seguir con otras ideas brillantes como tener que armar una estructura para facturar, contratar, gestionar y controlar ese ingreso.

¿Sabrán los prestadores turísticos que tienen convenios y reciben contingentes que llegan a gastar dinero en los parajes o en los restaurantes que deben tributar este dinero y avisar primero a la Municipalidad? 

Es increíble plantearlo en estos términos y saber que apenitas si hubo oposición en el Concejo Deliberante al aumento del cien por cien de las tasas ya existentes y que cobran por cloacas, sin planta depuradora; por agua, sin tanque copa (la empresa también se fugó); red vial por caminos rurales sin mantenimiento y así podemos seguir.

En este caso es aún peor, porque se le cobra al transporte de carga, a los ómnibus y micros de cuarenta pasajeros para transitas “por los accesos”. Dos vías donde la muerte se juega en cada metro: 191 y 1001, sin iluminación ni mantenimiento. ¿No es increíble?

San Pedro necesita urgentes inversiones, un sistema de recaudación eficiente y más inteligente que el evasor. 

No hay modo de continuar en un camino que solo reedita fórmulas que no funcionan ni corrigen el rumbo de estas y anteriores administraciones.

Una pregunta más: ¿la balanza de pesaje que se anunció en el acceso a Río Tala y cuyo arco luce y oficia como límite de altura nunca va a funcionar?

Porque multar al que se excede con el peso y rompe rutas no es lo mismo que castigar a todos los que entran y salen de la ciudad con la carga correcta.

Tras el último aumento de salarios para los choferes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la empresa Vercelli Hermanos, que tiene a su cargo el servicio de transporte público en San Pedro, volvió a pedir aumento de boleto, a dos meses del incremento tarifario acordado en el 50 por ciento y aprobado en el Concejo Deliberante.

El acuerdo salarial implicó aumentos de sueldo, lo que impacta directamente en el boleto, puesto que es uno de los ítems a tener en cuenta en la fórmula polinómica que desde el pliego de bases y condiciones del contrato se utiliza para calcular la tarifa.

El problema es que la comunidad de usuarios, que ya recibió con poco beneplácito el último incremento, podría encontrarse ahora con otro incremento del boleto, puesto que la empresa elevó el cálculo al Concejo, que desde la sesión pasada tiene conocimiento del expediente, que llegará formalmente para su tratamiento en la comisión de Servicios Públicos cuando el Ejecutivo lo envíe.

La empresa reclama al Gobierno nacional el depósito en tiempo y forma de los subsidios correspondientes y un incremento en esas transferencias que permitan hacer frente a los compromisos. Mientras eso se discute, no abonaron la totalidad del aumento de sueldo para el personal, que quedó a la espera del saldo a cuenta.

La titular de la compañía, Lorena Vercelli, explicó al Concejo Deliberante en la nota elevada para pedir un 47 por ciento de aumento del boleto que “el estado de situación nos está conduciendo a un conflicto que todos responsablemente queremos evitar con el fin de sostener la paz social ante los próximos vencimientos de los plazos establecidos en el acuerdo” salarial de mayo.

La empresa sostiene que hay una “distorsión e iniquidad” en los últimos años en la “redistribución de los subsidios”, lo que “afecta gravosamente a los habitantes del interior del país”.

Tras explicar que los aportes en concepto de subsidio no alcanzarán para cubrir el dinero que deberán desembolsar para hacer frente a los aumentos de sueldos de trabajadores y trabajadoras, la empresa pidió que se analice un nuevo ajuste en las tarifas para los usuarios, que habían aumentado 50 por ciento hace dos meses.

Con el cálculo de la fórmula, el boleto más caro, el que se paga para viajar desde y hacia Santa Lucía y Gobernador Castro, pasaría de casi 150 a casi 220 pesos; el de Río Tala de alrededor de 125 a 182; y el de Vuelta de Obligado de 135 a 200 pesos. El incremento propuesto es del 47,88 por ciento sobre la tarifa actual.

Cuando se aumentó el boleto en abril, la empresa había elevado el cálculo de la fórmula polinómica que arrojaba un 197 por ciento de aumento. El acuerdo con el Gobierno fue de ajustar en el 50 por ciento y así se aprobó, aunque sólo con los votos del oficialismo, puesto que en la oposición no hubo acompañamiento, incluido el concejal Gerardo Pelletier (él y Cappelletti se abstuvieron), que durante el tiempo que fue oficialista y presidente de la comisión de Servicios Públicos defendió a capa y espada cada aumento con el argumento de que la fórmula así lo establecía.

Para el nuevo aumento del 47,28 por ciento que pide la empresa todavía no hay diálogo abierto. En el Concejo Deliberante, los concejales del oficialismo, entre los que se cuenta al nuevo presidente de la comisión de Servicios Públicos, Gastón Casco, esperan que el Ejecutivo mueva sus piezas en el ajedrez de las conversaciones con Vercelli.

Está claro que nadie quiere pagar el costo político de un nuevo aumento a dos meses de incrementar las tarifas. Los usuarios, que desde abril pagan un 50 por ciento más caro el boleto, no verán con buenos ojos otro ajuste. Después de todo, más allá de lo que diga la fórmula polinómica, el precio de los pasajes lo dispone el Concejo Deliberante con el voto de la mayoría. Por lo pronto, todo es compás de espera.