El Concejo Deliberante trabaja en las comisiones sobre un proyecto del Gobierno que apunta a frenar una problemática cada vez más visible: la circulación de motos y vehículos con caños de escape adulterados y la realización de maniobras peligrosas en la vía pública.

La iniciativa busca mejorar la convivencia urbana, poniendo el foco en la contaminación sonora y los riesgos para la seguridad vial. En ese sentido, se plantea la prohibición de circular con vehículos que no cuenten con sistemas de escape originales o homologados, así como aquellos que hayan sido modificados, perforados o carezcan de silenciador.

Si bien la medida se adecua a la realidad que impera desde hace muchos años, corre a la par de lo que ya está dispuesto en la ley nacional 24.449 e incluso en la ordenanza 5.818, que establecen pautas respecto a los caños de escapes y la emanación de otros sonidos provenientes de vehículos en la vía pública.

La iniciativa prohíbe expresamente la utilización de dispositivos conocidos como “cortes” o “explosivos”, diseñados para amplificar el ruido del motor, una práctica que genera constantes quejas entre vecinos.

El proyecto se apoya en normativa vigente como la ley nacional y la ley provincial 13.927, que ya establecen la obligación de contar con sistemas que eviten ruidos molestos y emisiones contaminantes.

Pero el alcance va más allá del ruido. La ordenanza también apunta a conductas consideradas temerarias, como circular en una sola rueda, realizar derrapes intencionales, acelerar bruscamente sin desplazarse o participar en picadas y exhibiciones no autorizadas (también figuran en la ley). Estas prácticas, advierten, representan un riesgo directo tanto para quienes las realizan como para terceros.

Las sanciones previstas son severas. Las infracciones podrían implicar multas de entre 300 y 2.500 unidades fijas, con posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia. También se contempla la retención del vehículo, la inhabilitación para conducir y el decomiso de los elementos antirreglamentarios, que serán destruidos.

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la posibilidad de que el Juzgado de Faltas “ordene allanamientos para secuestrar vehículos involucrados en estas conductas, incluso con intervención de la fuerza pública, en casos debidamente justificados”.

El texto también incorpora un capítulo específico para regular la actividad comercial. “Se prohíbe la venta e instalación de escapes no homologados y se establecen sanciones para talleres y comercios que incumplan la normativa, que pueden llegar incluso a la pérdida de la habilitación”.

La intención asoma como contundente en la respuesta ante una demanda creciente de la comunidad, que ha llegado al hartazgo. Los ruidos excesivos, especialmente en horarios nocturnos, afectan la calidad de vida de los vecinos, con mayor impacto en adultos mayores, niños y personas con hipersensibilidad auditiva.

El proyecto también prevé campañas de concientización y la creación de un registro de infractores, en un intento de abordar el problema no solo desde la sanción, sino también desde la prevención.

Más allá del extenso alcance del proyecto, lo importante será darle aplicación a la normativa. Existen leyes y varias de estas propuestas podrían ser aplicables actualmente.

Un operativo de área de Fiscalización a cargo de la secretaría de Seguridad del Municipio, la dirección de Tránsito y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía tuvo como resultado la clausura de dos locales.

Uno de ellos se encuentra en Boulevard Moreno al 600, dedicado a la reparación de motos y venta de repuestos, que en el frente del local también se dedicaba al expendio de combustible.

“Ponen en la vereda un tambor de 200 litros que dice ser para aceite, pero tiene nafta, y la venden con el sol de frente en días donde la temperatura ha rozado los 40 grados de calor”, indicaron los responsables del operativo.

El recipiente estaba identificado como un contenedor de lubricantes, pero en realidad poseía nafta, cuando las normativas impiden que estos locales lo realicen.

Durante décadas fue práctica habitual el expendio de la mezcla de nafta con aceite para los entonces ciclomotores, con motores de dos tiempos. Pero, con los años surgieron los scooters y luego las motos de 110 cc que solo necesitan el carburante.

Además, la decisión mantiene relación con la resolución adoptada por el Departamento Ejecutivo, de que para acceder al suministro es obligatorio que las estaciones de servicio exijan la portación del casco. Y aquí no ocurría por ser una plataforma diferentes a la de los estacioneros.

El artículo 48 de la Ley 13927, de la provincia de Buenos Aires, expresa que “queda prohibido el suministro de combustible para vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos, cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario y el chaleco reflectante”.

“Sabemos que vendían nafta, pero metieron el tanque adentro antes de llegáramos”, indicaron.

En cuanto al restante local, el mismo se encuentra en Avenida 11 de Septiembre y Lavalle, que está habilitado para la venta de motos. El motivo del cierre preventivo está vinculado con la venta autos, para lo cual no está inscripto.

Personal policial procedió el sábado a la clausura de un taller mecánico dedicado a la reparación de motocicletas que carecía de autorización para funcionar como tal.

El comercio, denominado “Taller de motos El Chanta” y ubicado en Alvear al 800, fue clausurado puesto que carecía de habilitación municipal e incumplía el resto de la normativa que rige el rubro.

Tras el procedimiento policial se dispuso la faja de clausura correspondiente y se dio intervención al Juzgado de Paz Letrado local, a cuya jurisdicción corresponde la infracción.