La controversia generada por el fallo judicial del juez Alejandro Gabriel López, relacionado con Maximiliano Cabaleyro, secretario general del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, sumó un nuevo capítulo con un contundente pronunciamiento del Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que fue respaldado por la Sociedad Rural de San Pedro.

El comunicado se conoció en medio de las posiciones enfrentadas que provocó la decisión judicial. Mientras algunos sectores impulsan pedidos de juicio político contra el magistrado que intervino en el caso, otros respaldan su determinación. A ese escenario se agregó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que busca investigar el desempeño de la fiscal María del Valle Viviani, que tuvo el rol acusatorio contra Cabaleyro en la causa contra Rey Distribución.

Frente a esa situación, FOSERA manifestó su "enérgico repudio" a la decisión del máximo tribunal provincial y expresó un respaldo categórico a la funcionaria judicial, cuya actuación consideró determinante para avanzar en la investigación de hechos que afectaron a una comunidad comercial y su actividad económica.

"Resulta inadmisible que quien enfrenta el delito termine bajo investigación, mientras quienes atropellan derechos pretenden convertir sus acciones en moneda corriente", sostuvo la organización.

El documento, que lleva como título "FOSERA respalda a la fiscal María del Valle Viviani y repudia el avance del garantismo extremo", plantea una fuerte crítica al rumbo que, según la entidad, está tomando la Justicia bonaerense.

"El garantismo extremo, cuando pierde de vista a las víctimas y desprotege a quienes cumplen la ley, deja de ser una garantía y se convierte en una amenaza para la sociedad", señala uno de los párrafos centrales.

La organización advirtió, “estas señales profundizan la desconfianza en la Justicia y alimentan el avance de una anomia que amenaza con llevar a la Provincia a crear una jurisprudencia errónea donde el Estado retrocede y la ley pierde autoridad”.

"No aceptamos una Justicia que intimide a quienes actúan y termine favoreciendo, en los hechos, a quienes atropellan la ley", expresó FOSERA, que también cuestionó lo que considera una situación de impunidad y privilegios. “La sociedad está cansada de ser rehén de la impunidad, de los privilegios y de un garantismo feroz que parece ignorar a las víctimas”, completó.

El pronunciamiento concluye con la consideración de que “La Justicia debe proteger a los ciudadanos, no desarmar al Estado frente a la ilegalidad”, y advierte sobre las consecuencias institucionales de la controversia: "Cuando hacer cumplir la ley se convierte en motivo de sospecha, el problema ya no es solamente judicial: es institucional y republicano".