La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.

La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.

En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.

Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.

A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN

Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".

Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas. 

Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.

Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".

La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.

Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.

"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.

Desde este lunes, profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad comenzaron un paro de 72 horas en todo el país en reclamos de honorarios atrasados.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no giró el dinero a las obras sociales para que abonene las prestaciones facturadas en junio, por lo que no cobraron. Hasta el momento, la respuesta oficial que recibieron es que por las “proyecciones de recaudación y del incremento en los montos” recién “dentro de la primera quincena de septiembre” podrían tener novedades.

El paro tiene adhesión en todo el país e incluso en San Pedro, donde alrededor de 100 profesionales se nuclearon para reclamar en conjunto y este lunes, entre las 16.00 y las 19.00, se reunirán en la plaza Constitución para visibilizar la problemática que los afecta.

Profesionales de terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, musicoterapia, psicomotricidad, maestras integradoras, enfermeras de internaciones domiciliarias, personal de transporte, etc. se ven afectados por la situación.

“Todas las personas con discapacidad en general tienen un cúmulo de terapias y prestaciones que requieren del pago por medio de la obra social que en realidad lo paga el Estado nacional y es enviado a las obras sociales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud”, explicó en Radio Cuarentena Viviana Motero, terapista ocupacional.

Esto incluye terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, todas las más conocidas pero también maestros de apoyo, transporte a cada terapia.

“Lo más preocupante es que esto es a nivel nacional”, dijo la profesional y explicó que el valor de una prestación reconocida por la SSS en su caso es de 1800 pesos al mes de junio por cada sesión..

“Esta es un situación que nos compete a todos”, dijo y agregó: “Todas estas irregularidades que se dan a nivel masivo y nacional se han dado con obras sociales de manera aleatoria”.

“Esto es grave porque la superintendencia no entrega la plata. Yo sé cuánto facturo, pero no sé cuánto voy a cobrar”, señaló la profesional y convocó a la comunidad a acompañarlos en el reclamo.