La Justicia ratificó el traslado de un enfermero del Hospital que había sido sumariado por excederse en sus funciones y tomar decisiones sin consultar al médico, razón que motivó que pasara a trabajar en un centro de salud.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo consideró que el sumario fue correcto y rechazó el planteo cautelar del empleado municipal, que con el patrocinio de la abogada Luciana Pavón Duarte, del Sindicato de Trabajadores Municipales, pretendía que dejaran sin efecto el traslado.

El enfermero tuvo al menos dos situaciones que derivaron en sumario administrativo con suspensión sin goce de haberes por incumplir protocolos de atención con pacientes, por lo que lo trasladaron a Río Tala.

Ante la Justicia, pidió una medida cautelar para que lo devuelvan al Hospital, lo que inicialmente le fue concedido hasta que concluyó el proceso de sumario administrativo que confirmó su mal desempeño.

En el sumario quedó probado que el enfermero no requirió la presencia del médico de guardia y se condujo en la atención de un paciente según su criterio personal, excediéndose así en las funciones propias de su condición de auxiliar.

El Gobierno lo trasladó del Hospital al centro de salud de Río Tala bajo el argumento de "pérdida de confianza" en su rol, al no haber actuado como correspondía ante el caso en investigación.

Aunque el propio sumariado propuso testigos del mismo servicio de Enfermería del Hospital, esos testimonios no le jugaron a favor. 

Todos coincidieron en señalar que si bien es un excelente profesional, suele conducirse sin consultar a los médicos o haciendo caso omiso a sus órdenes, incluso tomando decisiones que exceden sus facultades.

Para la jueza Isabel Fulgheri quedó comprobado que el enfermero en cuestión "se excedió en el ejercicio de su servicio", por lo que la decisión del traslado "no aparece arbitraria" sino que atiende a razones comprobadas.

Así, quedó confirmado el traslado del enfermero a Río Tala, aunque el Municipio deberá pagarle el viaje desde su casa al centro de salud y viceversa, lo que deberá acreditar fehacientemente.

La Municipalidad inició sumario administrativo al empleado municipal involucrado en la estafa que denunció un vecino de Zárate, quien intercambió una camioneta Chevrolet por una moto que resultó con documentación falsificada.

Identificado como Nicolás Vargas, trabajador del área de Servicios Sanitarios en la Secretaría de Servicios Públicos, está señalado en la causa como el responsable principal de la situación.

Franco Esteban y su esposa denunciaron que al intentar transferir la moto Honda Twister por la que habían intercambiado su camioneta detectaron que la documentación que les entregaron era apócrifa.

El negocio lo hicieron con una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en la localidad de El Paraíso. Todo era falso, confirmaron después. Una investigación propia les permitió establecer que esa persona era Nicolás Vargas.

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta inició el sumario administrativo de oficio al tomar conocimiento de la situación a través de las publicaciones de La Opinión, tras lo que se contactó con los denunciantes y accedió a la causa penal en trámite.

Ahora, mientras la Justicia investiga los delitos en los que Vargas podría haber incurrido en el caso, la Municipalidad instruye su propia pesquisa, lo que le podría costar el puesto de trabajo al involucrado.

Por su parte, Franco Esteban aguarda que la Justicia le restituya la camioneta, que está secuestrada en el destacamento de Gobernador Castro, donde fue trasladada desde Vuelta de Obligado.

Allí llegó luego de que La Opinión la detectó estacionada en la zona de Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, donde una camioneta Nissan roja la había llevado de tiro para luego trasladarla  al paraje histórico.

Dos casos de empleados municipales que el Gobierno decidió despedir por sus conductas reprochables serán definidos por la Justicia Laboral de San Nicolás, puesto que ambos tienen tutela sindical o fueros gremiales.

En cada caso, los trabajadores incurrieron en actos que son pasibles de sumario con dictamen de despido, pero son delegados sindicales, una de ATE y otro del STM, por lo que no se los puede dejar cesante sin que antes pierdan la inmunidad gremial.

El más avanzado es el de la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica por una fascitis plantar y mientras no concurría al sistema sanitario público se la vio cumpliendo tareas en el Hospital privado Sadiv.

Su caso ya está en el Tribunal Laboral n.° 2 para que los jueces definan la exclusión de su tutela sindical, de manera tal que se pueda proceder al despido por "inconducta notoria" y "falta grave que perjudica materialmente a la administración pública municipal".

La enfermera tenía licencia por fascitis plantar por 10 días otorgada bajo certificado médico firmado por un traumatólogo el 18 de diciembre del año pasado. 

Dos días después, la vieron en el Hospital privado Sadiv, cuyas autoridades confirmaron que había cumplido tareas desde la misma fecha en la que entró de licencia.

En el caso del empleado del Estadio que en 2022, cuando tenía 50 años, fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años, la condena impuesta por la Justicia —tres años de ejecución condicional— habilita al Gobierno a despedirlo.

El expediente está en proceso para que el presumario administrativo se convierta en sumario y se dictamine la decisión de dejarlo cesante, ante la inconducta manifiesta que implica haber sido condenado por abusar de una chica que practicaba deportes en su lugar de trabajo.

Con el dictamen, el área de Legales de la Municipalidad deberá ir a la Justicia Laboral para pedir, al igual que en el caso de la enfermera, la exclusión de la tutela sindical, puesto que formó parte de la última nómina de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, electa recientemente.

Como con la delegada de ATE, serán los jueces del fuero Laboral quienes resuelvan si corresponde quitarle la inmunidad sindical de la que goza para que el Estado local pueda despedirlo, teniendo en cuenta que la inconducta no guarda relación con actividades gremiales, que son las que buscan proteger los fueros para evitar arbitrariedades.

El sumario administrativo contra la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica y fue descubierta trabajando en el hospital privado Sadiv tiene como destino el despido de la empleada municipal, aunque por ahora no pueden proceder.

Es que la enfermera tiene fueros gremiales, puesto que forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales en San Pedro.

Aunque el dictamen aconseja su despido por haber solicitado licencia médica para cumplir reposo por una fascitis plantar y estar al mismo tiempo trabajando en otro lado, el Gobierno no puede dejarla cesante, porque lo impide la ley al proteger a quienes tienen fueros gremiales.

Ahora, el Municipio debe solicitar formalmente a ATE el desafuero de la empleada para así, una vez quitada la inmunidad sindical por parte del propio gremio, proceder al despido.

Esa es la medida disciplinaria a la que arribó el sumario, que consideró lo ocurrido como una falta grave que causó perjuicio a la administración pública.

La empleada había entrado de licencia médica el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. En febrero, la Subsecretaría Legal y Técnica aconsejó el inicio del sumario administrativo con suspensión preventiva sin goce de haberes.

El Gobierno suspendió por 30 días sin goce de haberes mientras se sustancia el sumario en su contra a una empleada municipal que tenía licencia médica pero estaba trabajando en otro lugar.

La trabajadora es enfermera del Hospital y se desempeña en el Servicio de Emergencias Médicas de la Guardia general. Estaba con certificado médico, pero la vieron desempeñándose en otro lado.

A raíz de una fascitis plantar, le habían otorgado licencia por enfermedad por 10 días. Sin embargo, mientras tenía que estar de reposo porque no podía trabajar, se la vio atendiendo en el Hospital privado Sadiv, trabajando como enfermera.

La licencia había entrado el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. Rápidamente, se instruyó el presumario, se citaron testigos y comenzó el proceso.

Ahora, a principios de febrero, la Secretaría de Salud firmó el decreto tras el dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica que aconseja el inicio del sumario con suspensión preventiva.

Así, la empleada municipal fue suspendida por 30 días sin goce de haberes y todo indica que al final de ese período, cuando haya que establecer la sanción que le corresponda, sea despedida por considerarse lo ocurrido como una falta grave.

La imputación es por "inconducta notoria" y por perjudicar materialmente a la Administración Pública municipal, puesto que los trabajadores "deben cumplir estricta e ineludiblemente" las obligaciones de "prestar los servicios en forma regular y continua dentro del horario general especial o extraordinario que se determine, con toda su capacidad, dedicación y contracción al trabajo".

La médica que operó a Yael Rodríguez en el Hospital días antes de su fallecimiento tras una septicemia fue suspendida preventivamente de sus labores en el sistema público de salud.

Clara Bilbao afronta un sumario administrativo mediante el que el Gobierno buscará atribuir o deslindar responsabilidades en relación al caso, mientras la Justicia investiga si hubo mala praxis.Además, está sumariado el médico que la atendió el día que Yael llegó desde el Centro de Salud Las Canaletas con una orden urgente de ecografía, estudios que no le practicaron.

La suspensión de la médica es por 60 días y sin goce de haberes, posibilidad que prevé la ley de carrera médico hospitalaria. El Gobierno, además, podrá extender la medida si así lo considera pertinente.

Yael Rodríguez fue internada el martes 21 de enero para una operación de ligamento trompas de Falopio y se fue del Hospital el jueves 23. El viernes 24 llegó con la orden urgente tras pasar por el Centro de Salud y la mandaron a su casa tras unos análisis.

El domingo 26 hubo que internarla para operarla de urgencia. "El médico que la operó me dijo que le sacaron dos litros de pus y que tenía perforado el intestino", reveló Maximiliano, esposo de Yael.

Dos de los médicos que tuvieron intervención en el caso de Yael Rodríguez, la mujer de 37 años que murió en el Hospital tras una operación de ligamento de trompas de Falopio, afrontarán sumario disciplinario administrativo.

Se trata de la médica a cargo de la intervención quirúrgica inicial y del médico que la vio días después, cuando la paciente llegó con una orden de estudios urgentes que no le practicaron.

Las actuaciones internas comenzaron tras el deceso de Yael, que derivó además en una causa penal por mala praxis. La Subsecretaría Legal y Técnica dictaminó para la instrucción del sumario disciplinario, que podría acarrear suspensiones de hasta 60 días para los médicos, mientras se desarrolla la investigación.

Los elementos obrantes en la causa penal, la historia clínica y las constancias hospitalarias indican que la médica operó a Yael el miércoles 21 de enero a las 11.32 de la mañana y que la paciente se fue del nosocomio el jueves 22 a las 13.40.

El Gobierno confirmó con el médico del centro de salud Las Canaletas que la atendió el viernes la prescripción con carácter de urgente de una serie de estudios, entre ellos una ecografía.

El médico que la atendió en la Guardia de Ginecología también fue sumariado porque se le practicó placa radiográfica de tórax y análisis de laboratorio, para luego darle el alta con indicación de interconsulta en Clínica Médica más ecografía abdominal y transvaginal.

Es decir que no le practicó la ecografía que con carácter de urgente había ordenado el médico que la atendió en el centro de salud Las Canaletas 24 horas después de que Yael volviera a su casa tras la operación.

El sumario disciplinario procurará establecer o deslindar responsabilidades a los médicos, mientras en la Justicia avanza la causa penal correspondiente que investiga la presunta mala praxis tras confirmar que Yael murió por una septicemia.

Las sanciones podrían ser apercibimiento o suspensión por dos meses o cesantía y exoneración. De manera preventiva, el Gobierno puede suspender por 60 días a los involucrados, mientras se sustancia el sumario en su contra.

La comunicación llegó a su domicilio y anuncia el comienzo de un sumario adminsitrativo que puede terminar en despido. El caso del exconcejal y exdelegado de Santa Lucía Luciano Juhant comenzó a agravarse tras su decisión de acompañar a Ramón Salazar en su campaña. Primero fue relevado del cargo, luego destinado a manejar una ambulancia y, por último, a cumplir tareas en el Corralón.

“Continúa la persecución política hacia mi persona. Mi iniciaron un sumario administrativo y me suspenden por un mes sin goce de haberes”, dijo esta mañana quien supo desempeñarse en distintas áreas tras haber ingresado a la función pública durante la gestión de Mario Barbieri.

El texto es claro: está acusado de la comisión de dos faltas que se encuadran dentro de las facultades que tiene su empleador, que en este caso son todos los ciudadanos sampedrinos puesto que el Jefe Comunal es un representante electo para defender los intereses del conjunto.

La resolución dice: “Suspéndase preventivamente y sin goce de haberes al Agente Municipal Sr. Luciano Arturo Juhant”.

La comunicación oficial que lleva la firma de Luisa García, abogada que se desempeña como auxiliar letrada de la Municipalidad de San Pedro, lo acusa de: “Falta de respeto a los superiores, iguales o al público, debidamente acreditado”, y/o Art 107 . inc. 3. “Inconducta notoria” y/o – inc. 6 “Incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas”.

También del “quebrantamiento de las obligaciones impuestas al Agente Municipal en el Art. 103 de la ley 14.656 inc. c)” que al respecto determina: “Sin perjuicio de lo que particularmente impongan leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones … c) Cuidar los bienes Municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia, utilización y examen” y/o aquella inconducta o irregularidad que pudiere determinarse por parte de la administración pública, ello un todo de conformidad con los antecedentes obrantes en el Expediente Administrativo N° 04107-03491/23 Art 2°”.

La decisión hace ruido y genera temor en quienes forman parte del personal ya que muchos han sido desplazados sin motivo durante las distintas gestiones de Cecilio Salazar.

Hay agentes municipales acusados de fraudes, otros por robo, otros por malversación de fondos e incluso algunos denunciados penalmente por la comisión de delitos que no han sido separados de sus cargos.

Aún no se conocen mayores detalles sobre la situación de “desobediencia” más que algunos audios que cruzaron Cecilio Salazar y el propio Juhant al calor de la campaña electoral.