La Justicia ratificó el traslado de un enfermero del Hospital que había sido sumariado por excederse en sus funciones y tomar decisiones sin consultar al médico, razón que motivó que pasara a trabajar en un centro de salud.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo consideró que el sumario fue correcto y rechazó el planteo cautelar del empleado municipal, que con el patrocinio de la abogada Luciana Pavón Duarte, del Sindicato de Trabajadores Municipales, pretendía que dejaran sin efecto el traslado.

El enfermero tuvo al menos dos situaciones que derivaron en sumario administrativo con suspensión sin goce de haberes por incumplir protocolos de atención con pacientes, por lo que lo trasladaron a Río Tala.

Ante la Justicia, pidió una medida cautelar para que lo devuelvan al Hospital, lo que inicialmente le fue concedido hasta que concluyó el proceso de sumario administrativo que confirmó su mal desempeño.

En el sumario quedó probado que el enfermero no requirió la presencia del médico de guardia y se condujo en la atención de un paciente según su criterio personal, excediéndose así en las funciones propias de su condición de auxiliar.

El Gobierno lo trasladó del Hospital al centro de salud de Río Tala bajo el argumento de "pérdida de confianza" en su rol, al no haber actuado como correspondía ante el caso en investigación.

Aunque el propio sumariado propuso testigos del mismo servicio de Enfermería del Hospital, esos testimonios no le jugaron a favor. 

Todos coincidieron en señalar que si bien es un excelente profesional, suele conducirse sin consultar a los médicos o haciendo caso omiso a sus órdenes, incluso tomando decisiones que exceden sus facultades.

Para la jueza Isabel Fulgheri quedó comprobado que el enfermero en cuestión "se excedió en el ejercicio de su servicio", por lo que la decisión del traslado "no aparece arbitraria" sino que atiende a razones comprobadas.

Así, quedó confirmado el traslado del enfermero a Río Tala, aunque el Municipio deberá pagarle el viaje desde su casa al centro de salud y viceversa, lo que deberá acreditar fehacientemente.

El conflicto desatado en el Hospital tras la decisión de un cirujano de tomarse vacaciones sin la autorización correspondiente por parte del área de Personal implicó una serie de dificultades para el servicio.

El profesional, que además es sindicalista de Cicop, había solicitado licencia y como no se las autorizaban decidió informar que se las tomaría, de todas maneras, entre el 5 y el 19 de enero.

La situación provocó un descalabro en la organización del servicio de cirugía, con pacientes que quedaron esperando la atención y otros que fueron atendidos porque el médico fue reemplazado por su jefe y por otro profesional que contrataron especialmente.

Su ausencia implicó dejar sin atender pacientes que tenían cirugías programadas, las guardias que le correspondían, el seguimiento de pacientes en sala y los que tenían turno en consultorio.

El incumplimiento y la afectación del servicio y de los pacientes que lo requerían serán parte del sumario administrativo que la Municipalidad deberá instruir contra el médico.

El sumario administrativo contra la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica y fue descubierta trabajando en el hospital privado Sadiv tiene como destino el despido de la empleada municipal, aunque por ahora no pueden proceder.

Es que la enfermera tiene fueros gremiales, puesto que forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales en San Pedro.

Aunque el dictamen aconseja su despido por haber solicitado licencia médica para cumplir reposo por una fascitis plantar y estar al mismo tiempo trabajando en otro lado, el Gobierno no puede dejarla cesante, porque lo impide la ley al proteger a quienes tienen fueros gremiales.

Ahora, el Municipio debe solicitar formalmente a ATE el desafuero de la empleada para así, una vez quitada la inmunidad sindical por parte del propio gremio, proceder al despido.

Esa es la medida disciplinaria a la que arribó el sumario, que consideró lo ocurrido como una falta grave que causó perjuicio a la administración pública.

La empleada había entrado de licencia médica el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. En febrero, la Subsecretaría Legal y Técnica aconsejó el inicio del sumario administrativo con suspensión preventiva sin goce de haberes.

La médica que operó a Yael Rodríguez en el Hospital días antes de su fallecimiento tras una septicemia fue suspendida preventivamente de sus labores en el sistema público de salud.

Clara Bilbao afronta un sumario administrativo mediante el que el Gobierno buscará atribuir o deslindar responsabilidades en relación al caso, mientras la Justicia investiga si hubo mala praxis.Además, está sumariado el médico que la atendió el día que Yael llegó desde el Centro de Salud Las Canaletas con una orden urgente de ecografía, estudios que no le practicaron.

La suspensión de la médica es por 60 días y sin goce de haberes, posibilidad que prevé la ley de carrera médico hospitalaria. El Gobierno, además, podrá extender la medida si así lo considera pertinente.

Yael Rodríguez fue internada el martes 21 de enero para una operación de ligamento trompas de Falopio y se fue del Hospital el jueves 23. El viernes 24 llegó con la orden urgente tras pasar por el Centro de Salud y la mandaron a su casa tras unos análisis.

El domingo 26 hubo que internarla para operarla de urgencia. "El médico que la operó me dijo que le sacaron dos litros de pus y que tenía perforado el intestino", reveló Maximiliano, esposo de Yael.

Familias relacionadas con las estudiantes que descubrieron a un docente de la escuela Técnica mirando "contenido no apto para menores" en una clase de taller advirtieron a La Opinión que el profesor "vuelve a la institución".

El docente, que había pedido licencia tras la denuncia que las alumnas hicieron ante las autoridades del colegio, retomará tareas por disposición de las autoridades de Inspección Educativa que tomaron intervención en el caso.

En la escuela, el equipo de conducción directiva labró un acta tras el relato de las estudiantes y convocó a las familias para informarles los pasos a seguir.

En la escuela habrá sanciones internas en procura de evitar que, al menos, el profesor dicte clases en los cursos de primer y segundo año donde las estudiantes estuvieron expuestas a la situación denunciada.

Dentro de la institución pretenden que el caso no pase desapercibido, más allá de las instancias sumariales que corresponden y de las que debe ocuparse Inspección Educativa.

Todo ocurrió cuando en medio de una clase, en una sala de taller, mientras los estudiantes trabajaban en la materia, el docente estaba con su computadora personal tipo notebook en el escritorio.

Un grupo de chicas se acercó y observaron en la pantalla que el profesor estaba reproduciendo un video de "contenido no apto para menores", según quedó asentado. Es decir pornografía.

Las chicas que vieron la situación dieron aviso a preceptores y directivos, que tomaron intervención rápidamente para exponer lo ocurrido en un acta y elevarlo a sus superiores para que tomen cartas en el asunto.

El docente se habría excusado con que estaba "mirando animé", es decir videos de animación japoneses, aunque las estudiantes que lo denunciaron ante los directivos sostienen que era otra cosa.

El profesor que fue sorprendido mirando contenido no apto para menores mientras daba clases en un aula de taller de la escuela Industrial está de licencia y las familias de las estudiantes que advirtieron la situación siguen de cerca el caso.

El reclamo de familiares de las alumnas es que "las autoridades actúen con firmeza" ante lo ocurrido, tras lo que el docente tomó licencia "para descomprimir" y evitar la presencia en la institución en medio de la polémica.

Aunque el planteo va desde las autoridades del colegio a la Jefatura Distrital de Educación, la escuela Industrial tiene como referente de inspección a un inspector regional de Educación Técnica, que es el que debería intervenir.

En la puerta de la escuela, cuando los estudiantes del turno tarde de la secundaria ingresaban, el abuelo de una nena de 12 años que vio la computadora del docente con las imágenes pornográficas relató a La Opinión lo ocurrido.

Señaló que la adolescente le contó al regreso de la escuela que "al profesor de caligrafía lo descubrimos que estaba mirando películas que no son para menores. Nosotros pasamos por atrás del escritorio de él y estaba mirando eso. Le dijimos a la preceptora y al jefe de taller".

El abuelo de la chica dijo que se enteró "que le dieron licencia" y expresó su descontento: "No estoy conforme. Le debe corresponder, pero no quisiera que termine así".

"Para mí, esto no puede terminar con una simple licencia. Se trata de menores. Yo a mi nieta la acompaño a todos lados, al club, a todos lados, tiene 12 años", señaló.

Las familias esperan que las autoridades respondan y actúen como corresponde ante lo que consideran un caso grave. De la misma manera, el abuelo consideró que "el gremio no tendría que defender a una persona así".

"Yo quiero que le prohíban actuar en otras escuelas. Estamos en una escuela, estaba al frente de una clase de menores", dijo el familiar de la estudiante.

El episodio ocurrió en una sala de taller durante una clase de primer año de la secundaria. Cuando las alumnas informaron a la preceptora, las autoridades de la escuela actuaron de inmediato.

La situación quedó expuesta en un acta, que fue elevada a los superiores para que avancen en el proceso que consideren, de acuerdo a lo que establece la normativa en el Estatuto del Docente.

El profesor se  habría excusado con que estaba "mirando animé", es decir videos de animación japoneses, aunque las estudiantes que lo denunciaron ante los directivos sostienen que era otra cosa.

La comunidad educativa de la escuela Industrial está consternada por un episodio ocurrido la semana pasada, cuando alumnas de no más de 12, 13 y 14 años le plantearon a las autoridades que un profesor estaría mirando pornografía en clases.

La situación implicó un reclamo de padres que a comienzos de esta semana fueron a pedir explicaciones y la decisión del docente de tomar licencia, a la espera de lo que pueda surgir del caso, que quedó plasmado en un acta.

Todo ocurrió cuando en medio de una clase de primer año de secundaria, en una sala de taller, mientras los estudiantes trabajaban en la materia, el docente estaba con su computadora personal tipo notebook en el escritorio.

Un grupo de chicas se acercó y observaron en la pantalla que el profesor estaba reproduciendo un video de "contenido no apto para menores", según quedó asentado. Es decir pornografía.

Las chicas que vieron la situación dieron aviso a preceptores y directivos, que tomaron intervención rápidamente para exponer lo ocurrido en un acta y elevarlo a sus superiores para que tomen cartas en el asunto.

El docente se habría excusado con que estaba "mirando animé", es decir videos de animación japoneses, aunque las estudiantes que lo denunciaron ante los directivos sostienen que era otra cosa.

Aunque el profesor pidió licencia para descomprimir la situación, el tema causó revuelo en la escuela, especialmente en el curso donde ocurrió el hecho, puesto que los estudiantes les contaron a otros docentes lo ocurrido.

Además, las familias están preocupadas y esperan que la Jefatura Distrital defina si corresponde iniciar algún tipo de actuación sumarial por lo ocurrido.

El profesor es el mismo que el día que hubo un incendio en la sala de taller de la escuela Técnica estaba con el libro "Sexo ATR", de la sexóloga Cecilia Ce, considerado "comprometedor" para llevarlo a la escuela, según directivos y colegas.

El director de Asesoría Letrada municipal, Ricardo Uguet, se refirió esta semana al escándalo desatado tras las denuncias ante el Estado local y ante la Justicia contra empleados del Cementerio, sobre todo con uno de ellos como acusado, a quien se lo señala de actuar en complicidad con su pareja.

El primer sumario es por el ofrecimiento de una reducción de restos sin pasar por los canales administrativos formales. A ello se sumaron en los últimos días otras acusaciones que ingresaron al Municipio y que serán subsumidas en un único expediente, adelantó Uguet.

El funcionario explicó que el procedimiento “lleva su tiempo” y anunció que esta semana serán citados a declarar los acusados, para que tengan su primera instancia de defensa respecto de los casos en los que están señalados.

Una vez que se produzca ese primer momento de defensa, el Gobierno podría tener elementos para analizar si amerita una separación preventiva para los empleados mencionados en las denuncias.

Mientras tanto, los casos siguen sumándose contra el empleado en cuestión y en cada uno coinciden en señalar que fueron “estafados” por él en complicidad con su pareja en relación a obras particulares en sepulcros, nichos y bóvedas.