Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

El anuncio del Gobierno municipal acerca de que este mes, una vez más, pagará los sueldos de los trabajadores fuera de término provocó una medida de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

"Hemos tomado la decisión de ir al paro de actividades para el día viernes", informaron a los afiliados. La decisión fue tomada porque el Municipio anunció que los sueldos se verán reflejados en las cuentas de los empleados el sábado, dos días después del plazo de ley,  que vence este jueves.

"Otro mes que pagan fuera de término sin importarles el daño que le hacen a cada trabajadoras y trabajadores con los intereses que generan el pago fuera de término", cuestionó Acosta.

Para el pago de los salarios el Gobierno solicitó autorización a Provincia para una asistencia financiera que funciona como un descubierto bancario que luego se cubre con los recursos que llegan de coparticipación.

La medida de fuerza convocada por el STM no obtuvo hasta el momento adhesión por parte de ATE, el sindicato mayoritario entre los municipales, ni de UPCN.

Tras la intimación cursada en diciembre por parte del Gobierno al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Juan Cruz “Mono” Acosta, y a la secretaria de Finanzas del gremio, su esposa, Luciana Pavón Duarte, para que vuelvan a sus puestos de trabajo, ante la falta de cumplimiento el Municipio dejó de pagarles los sueldos.

Ambos sindicalistas fueron al Juzgado Laboral 3 para reclamar por la situación, aunque el Tribunal, mientras resuelve la cuestión de fondo, rechazó una medida cautelar urgente, por lo que seguirán sin percibir sus salarios.

En medio del conflicto entre la Municipalidad y el STM por el cierre de la paritaria 2025 por decreto, el Gobierno intimó a Acosta a volver al Corralón y a Pavón Duarte a hacer lo propio como trabajadora social de Desarrollo Humano.

Sin embargo, ninguno de los dos retomó sus tareas, bajo el argumento de que tienen "licencia gremial con goce de haberes", lo que el Municipio cuestiona abiertamente.

En la Justicia, ambos plantearon que el Gobierno hace "persecución" contra ellos por su rol de sindicalistas y que no pagarles los sueldos desde hace diciembre comporta "un hecho de extrema gravedad".

Ello se complica aún más teniendo en cuenta que están unidos en matrimonio, por lo que conforman un núcleo familiar, lo que implica que la falta de pago de sus sueldos, que tienen "naturaleza alimentaria", afecta su subsistencia, al tiempo que comporta un importante recargo de intereses sobre sus deudas.

Sin embargo, el juez Walter Rubén Quadranti decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que mientras se resuelve la cuestión de fondo Acosta y Pavón Duarte siguen sin percibir sus haberes.

Los sindicalistas advirtieron en su demanda que la decisión del Gobierno es persecutoria en tanto se produce en medio de un conflicto gremial, a pesar de que durante todo el tiempo anterior a esa fecha el Municipio les mantuvo la licencia con goce de haberes sin problemas.

La Mesa de Relaciones Laborales mantuvo su primera reunión para debatir las posibilidades de incremento salarial para los trabajadores municipales.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, había adelantado a La Opinión que escucharían las pretensiones de los sindicatos, teniendo en cuenta que consideran que es el salario de los trabajadores lo que mueve la economía real, pero que el contexto era muy complicado para otorgar aumento.

En la reunión de este martes, los representantes gremiales dejaron asentado el porcentaje que cada uno de los sindicatos pretende como ajuste de salarios para el primer cuatrimestre de 2026.

UPCN, el gremio más afín al Gobierno de Cecilio Salazar, pidió una recomposición que acompañe el proceso inflacionario según lo que midió INDEC hasta el momento. El IPC acumulado suma 9,4 por ciento.

ATE, que es el gremio con mayor representatividad en la Municipalidad y por eso tiene más representantes en la Mesa de Relaciones Laborales, pidió un 14 por ciento.

El STM, que tiene varios conflictos abiertos con el Gobierno que dejaron atrás las épocas de convivencia amistosa, solicitó un aumento del 30 por ciento.

"Sabemos que el índice del INDEC es una mentira, por eso el STM se tomó el trabajo de ver los índices reales de aumento, y por esto solicitamos un 30 por ciento", informó Juan Cruz "Mono" Acosta a sus afiliados.

La Mesa de Relaciones Laborales pasó a un cuarto intermedio y las partes volverán a reunirse el lunes próximo al mediodía, donde se espera que el Gobierno lleve alguna propuesta tras analizar las solicitudes de los gremios.

El Municipio tiene serias dificultades para pagar los salarios. Borgo reveló que el volumen de la masa salarial supera el monto de coparticipación mensual que reciben de Provincia.

Además, por cuarto mes consecutivo pagaron fuera del plazo límite de ley y gracias a un mecanismo de asistencia financiera por parte del Banco Provincia que oficia como "descubierto" que luego se cubre con el "goteo" de la coparticipación.

Pasados los 30 días desde que a fines de febrero el Gobierno intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta a restituir el edificio de San Martín 580, sede histórica del gremio, todo indica que la disputa se dirimirá en la Justicia.

El Sindicato respondió la carta documento y sostuvo que la sede es "la casa de los trabajadores" y que la construyeron" con sus "propias manos", por lo que la van a "defender" ante el embate del intendente.

Si el Gobierno insiste con que ese edificio es del Estado municipal y lo quiere utilizar para otra cosa, deberá avanzar en la Justicia con un juicio de desalojo, porque el gremio no está dispuesto a irse así como así.

"Ni con el Ejército me sacan de la sede que es de los y las trabajadoras", aseguró Acosta.

"No tienen nada, la sede le pertenece al sindicato", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta ante La Opinión y aseguró que están preparados para, eventualmente afrontar la situación en sede judicial.

El plazo de la carta documento pasó. Ahora, si el Gobierno quiere recuperar el inmueble  para "destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal", como dijo en la carta documento, deberá ir a la Justicia.

En una larga sesión, el Gobierno de Javier Milei logró en Senado de la Nación  media sanción al proyecto de reforma laboral, en medio de una manifestación frente al Congreso que incluyó incidentes con los manifestantes y represión policial.

En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar expresó su adhesión al rechazo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió antes de la tensa jornada en Buenos Aires.

El Sindicato de  Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, que había convocado a un paro contra el proyecto de Milei, le salió al cruce y lo trató de "caradura".

"Este proyecto no es más que un intento por precarizar las condiciones de vida de las y los trabajadores", dijo Salazar en un posteo en redes sociales en los que compartió el posicionamiento del Gobierno bonaerense ante la reforma laboral. "Sin embargo, hay un pueblo organizado que peleará por sus derechos", agregó el intendente.

"La hipocresía no tiene límites. Cuando ya creía haber visto todo, leí un posteo de un político que dice ser peronista en contra la reforma laboral y la precarización de los trabajadores, siendo que su gobierno se caracteriza por un incumplimiento sistemático de los derechos", cuestionó Juan Cruz "Mono" Acosta.

"Salarios de hambre, trabajadores en negro cobrando 150.000 mil pesos por mes en una absoluta precarización y flexibilización laboral, como también quitando derechos adquiridos y mucho mas", enumeró el sindicalista y disparó: "¿Se puede ser tan caradura?".

Acosta recordó que "desde hace años que se viene solicitando el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, de los pases a planta permanente,  bonificaciones adeudadas, entrega de ropa, y más, muchos más derechos incumplidos".

En el marco de la protesta que este miércoles se desarrollará frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei, en San Pedro los sindicatos municipales convocaron a un paro de actividades.

Aunque la CGT llamó a movilizar sin huelga, otros gremios, especialmente aquellos que forman parte de un frente opositor con posiciones más duras (UOM, ATE, las CTA, Aceiteros, entre otros), anunciaron un paro, en el marco de un plan de lucha alternativo al de la conducción cegetista.

"Buen día compañeros y compañeras, mañana convocamos a paro de actividades en rechazo a la reforma laboral perversa que impulsa el gobierno nacional", informó Juan Cruz Acosta, del STM, a sus afiliados.

"No permitiremos que se vulneren nuestros derechos laborales y se precarice el trabajo", aseguró el dirigente gremial que representa al sindicato con mayor cantidad de afiliados en el Municipio de San Pedro.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que en la ciudad conduce Gustavo Gauna, también llamó al paro de actividades bajo la consigna "no a la reforma laboral de Milei".

ATE ya informó a la Secretaría de Trabajo de la Nación el "paro total de actividades en toda la administración pública nacional, provinciales y municipales" para este miércoles.

Habrá movilización para "manifestar el profundo rechazo a la reforma laboral regresiva y esclavista que se discute en el Senado de la Nación y que el Gobierno de Javier Milei pretende implementar".

El Gobierno y los sindicatos municipales volvieron a reunirse y, tal como adelantó La Opinión tras entrevistar al secretario de Economía, Roberto Borgo, en el encuentro el Municipio reiteró que no puede hacer una oferta salarial distinta a la del aumento del 10 por ciento que selló por decreto.

Los representantes del Ejecutivo informaron a los sindicatos que para diciembre "no hay modificación" porque "no hay proyección para incrementar" salarios más allá del 10 por ciento.

"Mantenemos equiparar pauta anual a IPC, por lo que se deberá espera el cierre de diciembre", dijo Borgo a La Opinión. Ello implica que el Gobierno podría analizar incremento salarial en enero, cuando se conozca e último informe del Indec.

Pero como el Mlnicipio se mantiene en la postura de empatar la inflación, si el Índice de Precios al Consumidor no supera el 31,6 por ciento anual, porcentaje acumulado de los aumentos salariales del año, no habría nuevos incrementos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz Acosta informó a sus afiliados que "el Ejecutivo ha analizado otra propuesta salarial para el mes de enero, aparte del 10  %, y nos pidió 48 horas para ello poder charlarlo con el intendente y ver qué otra propuesta salarial le pueden llevar a los trabajadores municipales".

Agregó que "no obstante eso, después de estas 48 horas, seguramente nos vamos a juntar otra vez con el Ministerio de Provincia y, bueno, a firmar las datas correspondientes, si es que se llegó a un acuerdo o no".

"Nosotros vamos a transmitir lo conversado al intendente", confirmó Borgo. La situación de conflicto podría así distenderse al menos hasta pasadas las Fiestas, en un Municipio donde ya está claro que la deuda flotante será alta porque muchos compromisos con proveedores serán trasladados para el ejercicio 2026.

El Gobierno municipal depositó este viernes, quinto día hábil del mes, los salarios del personal de planta y los anticipos jubilatorios.

Un día más tarde de lo que estipula la ley, con un paro de municipales por 72 horas de acatamiento dispar y antes del fin de semana largo, Economía hizo efectivas las transferencias.

Los haberes se verán registrados en las cuentas sueldo de los trabajadores de planta permanente y temporaria en el transcurso del día, a más tardar mañana por la mañana.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que estiman reunir recursos suficientes, inyección de coparticipación mediante, para pagar la semana que viene a personal de carrera médico hospitalaria, funcionarios del gabinete y concejales.

La Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal  del Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Macarena Kunkel, convocó al Gobierno local y a los sindicatos para este jueves a una audiencia virtual para intermediar en el conflicto por el cierre de la paritaria por decreto.

Provincia había pedido al Ejecutivo los expedientes administrativos generados durante la negociación paritaria y decidió tomar intervención, también a partir de un pedido que habría elevado uno de los sindicatos, el STM que conduce Juan Cruz Acosta.

La audiencia se desarrolla en medio del segundo día del paro por 72 horas que convocaron el STM y ATE, una medida de fuerza que tuvo acatamiento dispar y que en algunos casos en lugar de "paro" tuvo "retención de tareas" en ciertas áreas, aunque en muchas otras las jornadas laborales se cumplían de manera normal.

En la audiencia, el intento de acercar las partes que pueda hacer Provincia se encontrará con el escollo de que para el Gobierno local la paritaria 2025 está cerrada y para los sindicatos el 10 por ciento otorgado es insuficiente.

Juan Cruz Acosta llamó a los afiliados a continuar con el paro o la retención de tareas, retención que él mismo hizo desde que el miércoles se presentó en el Corralón. 

Se lo había exigido el Ejecutivo, que informó que se había presentado a trabajar, aunque Acosta aseguró que fue “a acompañar a los trabajadores” en el marco de la medida de fuerza y que sigue “en comisión de servicio” para el Sindicato.

Los funcionarios del gabinete recibieron un instructivo con el procedimiento a implementar para controlar el acatamiento al paro "para resguardo administrativo y legal del Municipio". 

En el marco del conflicto sindical desatado tras la decisión del Gobierno municipal de otorgar 10 por ciento de aumento por decreto para cerrar la paritaria 2025, autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales encabezaron una conferencia de prensa.

Juan Cruz Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, son secretario general y tesorera, respectivamente, del gremio. Ambos son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos y apropiación indebida de bienes del sindicato, denuncia que aseguraron "es política".

Respecto de esa causa, informaron que no fueron notificados por la Justicia y que cuando así suceda van "a demostrar" que las acusaciones no son fundadas. Uno de los puntos de la denuncia está relacionada con la compra de un vehículo que fue inscripto a nombre de Acosta y por el que se entregó en parte de pago otro rodado del gremio.

El sindicalista explicó que en ese momento hicieron esa inscripción a su nombre para salvaguardar los bienes de la organización, porque tenían un juicio laboral en marcha. 

"Está en las actas de comisión directiva que lo íbamos a hacer así y después se puso a nombre del sindicato", aseguró, con la cédula verde del Vento a nombre del gremio que lo ratifica.

Además, Acosta y Pavón Duarte se refirieron a la intimación del Gobierno para que se presenten a trabajar y aseguraron que están "en comisión de servicios" para el sindicato, avalados por el convenio colectivo de trabajo. "Lo firmó el intendente y está vigente", aseguraron.

También respondieron preguntas relacionadas con la exigencia del Ejecutivo para que presenten declaraciones juradas de las tasas de interés sobre las operaciones crediticias, que afiliados aseguran tienen "tasas usurarias", por encima de lo que establece la normativa, que indica que no deben superar las del Banco Nación.

Acosta y Pavón Duarte sostuvieron que el sindicato sólo oficia de "intermediario" con una mutual con la que tienen convenios para los préstamos en efectivo y la compra de electrodomésticos, con tasas que define esa organización de acuerdo a su posición en el mercado.

"Nosotros sólo somos agentes de retención", dijo y confirmó que el dinero que la Municipalidad retiene a los afiliados es transferido al sindicato para que pague a la mutual. En ese marco, señaló que el Gobierno "está atrasado" respecto de los pagos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales ratificó el paro por 72 horas que se desarrollará durante miércoles, jueves y viernes en reclamo de reapertura de la negociación paritaria. "Lo decidieron los trabajadores y trabajadoras, que no llegan a fin de mes", señalaron.

En ese marco, pidieron al Gobierno de Cecilio Salazar "que no sea libertario", en alusión a Milei y cuestionaron: "Estamos peleando contra la reforma laboral y la empiezan a aplicar ellos en el Municipio".

"Nos interesa aclarar todo para que se vea el juego sucio que está haciendo el Gobierno. Sacan todo justo ahora, justo en el conflicto", dijo Acosta. "Intentan desestimar el reclamo", sostuvo Pavón Duarte. 

"Cuando nos atacan a nosotros, no atacan sólo al Mono y a Luciana, atacan a los más de 300 afiliados del sindicato", aseguró Pavón Duarte durante la extensa conferencia de prensa en la que respondieron las preguntas de la prensa.

El Gobierno municipal exigió formalmente a los tres sindicatos municipales (ATE, STM y UPCN) que presenten la declaración jurada sobre tasas de interés aplicadas a sus afiliados a través de los códigos de descuento que los autoriza a operar prácticamente como una financiera.

Los sindicatos pueden ofrecer beneficios a sus afiliados como préstamos en efectivo, venta de electrodomésticos, viajes, alimentos, entre otros, que los trabajadores pagan a través de sus sueldos, generalmente en cuotas, y que se descuentan directamente de los haberes.

Para esos beneficios, se aplican tasas de interés que de acuerdo a la normativa no podrían superar las que establece el Banco Nación para operatorias similares, aunque entre los afiliados todos coinciden en señalar que los préstamos "son usurarios, pero es la única posibilidad que tenés".

El Gobierno exigió a los tres sindicatos que se ajusten a la normativa local que establece no sólo eso sino también la obligatoriedad de presentar semestralmente la declaración jurada con la tasa de interés aplicada.

ATE, STM y UPCN deben presentar las declaraciones juradas ante la Dirección de Personal que conduce Sofía Fucci para su control y las deben entregar por Mesa de Entradas, de forma personal en el área o bien vía correo electrónico certificado.

En la notificación, el Gobierno reconoció que a pesar de haber establecido el régimen de declaración jurada a comienzos de 2016, nunca lo implementó como corresponde. 

No lo dice en el texto, pero tiene una razón: lo habían acordado con los sindicatos, a quienes ahora les exige la presentación en medio de un conflicto sindical por el cierre de la paritaria 2025 vía decreto.

Por eso, el Municipio anunció a los sindicatos que establecerá un "régimen transitorio de regularización" para que ATE, STM y UPCN presenten las declaraciones juradas correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además del de 2025.

Los gremios deben acreditar con documentación cuáles son las tasas de interés que aplican en la actualidad en las operaciones crediticias con los afiliados, lo que podría revelar lo que es un secreto a voces: no estarían cumpliendo con lo que dice la norma y las tasas serían ampliamente superiores a las del Banco Nación.

El Municipio advirtió que considerará "incumplimiento grave" la aplicación de tasas que superen en más del 50 por ciento las previstas, el ocultamiento de información o la falsedad en las declaraciones juradas y la negativa manifiesta a cumplir con el régimen.

Las sanciones implicarían la revocación definitiva de la autorización para operar con descuentos sobre los haberes, lo que dejaría a los sindicatos sin una de sus principales fuentes de ingreso.

Pero no sólo eso: además, como el Gobierno transfiere con demoras los recursos que se descuentan y los afiliados siguen solicitando préstamos,  los sindicatos tienen deudas con las empresas que financian su actividad crediticia.

El Gobierno sostiene que su intención es proteger el salario de los trabajadores municipales frente a tasas usurarias o abusivas, sobre las que hizo vista gorda durante años, y garantizar la transparencia en las operaciones.

Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, tesorera del gremio, son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos de los afiliados, lo que incluye acusaciones de falsificación de firmas y hasta de apropiación indebida de bienes.

Acosta informó a La Opinión que en la conferencia de prensa se referirán a ese tema y a la intimación que el Gobierno hizo para ambos respecto de que se presenten en sus puestos de trabajo.

La hora de la conferencia de prensa indica que los sindicalistas harán caso omiso a la notificación, puesto que según el Gobierno en ese momento deberían estar él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

"Estoy tranquilo, hay una investigación, sí, pero tenemos todo para demostrar que eso no es así", dijo Acosta sobre la denuncia penal sobre el presunto desvío de fondos. "Mañana vamos a explicar todo, porque podemos demostrarlo legalmente, para que todo quede en claro", aseguró.

Sobre las notificaciones que cursó el Gobierno, el sindicalista dijo que sucede "como la otra vez", en alusión a otro conflicto laboral. "Cuando uno hace medidas de fuerza y pelea por los derechos de los trabajadores, se enojan y mandan notificaciones", señaló.

"Quieren contrarrestar las medidas de fuerza, que fueron un éxito y es lamentable porque cuando eso sucede es porque el trabajador y la trabajadora la están pasando mal. Entonces no les gusta y tratan de desviar el conflicto", consideró Acosta.

En comunicación con sus afiliados, el sindicalista dijo que "el Municipio quiere desvirtuar las medidas de fuerza que venimos haciendo para obtener un salario mejor, siguen sin entender la necesidad que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, que no llegan a fin de mes".

"Estamos tranquilos, porque sabemos de dónde venimos y quiénes somos, así que sigan en pie de lucha", dijo Acosta y ratificó ante sus afiliados el paro convocado para miércoles, jueves y viernes.

En medio del conflicto con los sindicatos municipales, que convocaron a un paro por 72 horas en rechazo del cierre de la paritaria por decreto, el Gobierno municipal intimó a sindicalistas para que cumplan su jornada b.

Aunque ya lo había hecho en 2016 y luego avaló que no trabaje en el Corralón, donde revista, el Municipio envió la notificación a Juan Cruz Acosta, secretario general del STM, para que se presente este martes a las 8.00 en su puesto de trabajo que depende de la Secretaría de Servicios Públicos.

De la misma manera, enviaron intimación a su pareja, la trabajadora social Luciana Pavón Duarte, tesorera del STM que también está de licencia gremial, cobra su salario municipal de carrera médico hospitalaria como personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y no trabaja para el Estado local.

En las intimaciones, el Gobierno les informó que si no se presentan en día y horario asignados, la falta será considerada "sin causa justificada" y como "abandono de cargo", lo que podría comportar sanciones.

Juan Cruz Acosta es empleado municipal categoría 20, agrupamiento técnico, con régimen de 48 horas semanales y percibe un sueldo bruto de alrededor de 1.700.000 pesos.

Luciana Pavón Duarte es categoría s/f asistente de carrera médico hospitalaria, también con 48 horas semanales, y su sueldo bruto asciende a alrededor de 1.600.000 pesos.

Ambos no concurren a sus puestos de trabajo porque tienen licencia gremial. A pesar de que la legislación establece que en los casos de "comisión de servicio" a disposición del sindicato es la organización gremial la que debe pagarles el sueldo, la Municipalidad siempre les abonó el salario.

Ahora, en medio del conflicto y transitando el décimo año de mandato, Salazar decidió que ambos sindicalistas se presenten a trabajar. 

En el Gobierno tienen una herramienta legal válida: si no se presentan a trabajar, no tienen por qué pagarles el sueldo.

Ambos sindicalistas del STM no cumplen con su jornada laboral como sí hacen los integrantes de la comisión directiva de los otros dos gremios municipales, ATE y UPCN.

Acosta y Pavón Duarte, además, son investigados en la Justicia en el marco de una causa penal que busca establecer si son responsables del presunto desvío de fondos del sindicato que incluiría falsificación de firmas y apropiación indebida de bienes.

Fiscalía avanza en la investigación de una causa penal que procura establecer si Juan Cruz Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, cometieron delitos como secretario general y tesorera, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Una denuncia radicada en sede fiscal analiza diversas gestiones que encabezaron ambos como referentes del STM que podrían estar relacionados con la comisión de delitos vinculados al desmanejo de fondos de los afiliados.

“El mono” Acosta es empleado municipal del Corralón, pero hace años que no trabaja porque está al frente del sindicato. 

Pavón Duarte, por su parte, es una trabajadora social que fue incluida en carrera médico hospitalaria sin concurso y cuando estaba de licencia psiquiátrica, tiempo que aprovechó para recibirse de abogada.

Tras la denuncia, la fiscala María del Valle Viviani dispuso una serie de diligencias que implicaron el secuestro de documentación relacionada con las finanzas del Sindicato, cuya sede tiene lugar de operaciones en San Martín 580.

La Justicia procura establecer si Acosta y Pavón Duarte como autoridades del gremio, produjeron maniobras relacionadas con presuntas falsificaciones de firmas y adquisición de bienes a nombre del sindicato que terminaron en el patrimonio de ellos.

Los hechos denunciados habrían comenzado cuando falleció el reconocido miembro del sindicato Cristian "el rengo" Culicinio. Desde entonces, habrían ocurrido una serie de episodios que, presuntamente manejados por Acosta y Pavón Duarte, habrían implicado desvío de fondos del gremio.

Uno de los hechos denunciados señala que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) compró un vehículo Volkswagen Suran que habría sido adquirido a la hija de Culicinio y que estaba a nombre del sindicato, pero que fue utilizado como parte de pago para comprar un Vento que está a nombre de Juan Cruz Acosta.

Las presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del STM incluirían desvío de fondos, pagos no autorizados y otras acciones relacionadas con el manejo irregular de las chequeras del sindicato, lo que implicaría la falsificación de firmas.

El Gobierno municipal otorgó el 10 por ciento de aumento por decreto a los trabajadores municipales y el intendente destacó ante La Opinión la decisión de funcionarios y concejales de no percibir el porcentaje, como un "gesto político" en el contexto económico actual.

En ese marco, Cecilio Salazar dijo a este medio que "sería bueno también que los sindicalistas no percibieran este aumento" y les pidió que se sumen al  gesto", ya que "cobran muy buenos sueldos".

"Me parece que sería un gesto muy importante para todos los trabajadores municipales que los dirigentes, que tienen muy buen sueldo también, tampoco perciban el aumento, como una muestra de ser verdaderamente representativos de sus trabajadores, a los cuales dicen defender", dijo Salazar.

Los sindicatos municipales convocaron este martes a un paro y retención de tareas para miércoles y jueves, tras el fracaso de las distintas instancias de negociación paritaria.

El STM de Juan Cruz Acosta rechazó el 10 por ciento de aumento para el sueldo de diciembre y pidió 150 mil pesos al básico a pagar en tres cuotas iguales.

Por su parte, ATE pidió un 15 por ciento de aumento en dos cuotas, la primera del 10 % en diciembre y la segunda del 5 % en enero. 

Los gremios que representan a los trabajadores municipales convocaron a un paro y retención de tareas para miércoles y jueves de esta semana en el marco del conflicto por el cierre de la paritaria 2025.

El Gobierno no se movió de su última propuesta, de 10 por ciento para los sueldos de diciembre, que repercuten en el aguinaldo y entienden empatará la inflación del año, y los sindicatos mantienen su postura de rechazo.

"Vamos a seguir con la lucha por nuestro salarios, seguimos con nuestra postura de 150 mil al básico y seguimos sin ninguna propuesta a lo que nuestro sindicato está pidiendo", dijo Juan Cruz Acosrta, del STM, a sus afiliados.

"Miércoles y jueves, paro y retención de tareas en todas las áreas municipales", anunció y señaló que "es importante la unidad de todas y todos los trabajadores para demostrar el desacuerdo que tenemos con lo que vienen ofreciendo".

Desde ATE informaron a los afiliados que vuelven a hacer paro porque "quedó todo edn la nada y la Municipalidad sigue igual" tras una reunión que mantuvieron el viernes, día no laborable para la administración pública.

ATE y UPCN coincidieron en solicitar un 15 por ciento de aumento, 10 % en diciembre y 5 % en enero.

En medio de la segunda jornada de medidas de fuerza convocada por los sindicatos municipales, la audiencia en el Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo respecto de aumento de sueldo para la última parte del año.

El Gobierno se mantuvo en su propuesta del 10 por ciento para los salarios básicos de diciembre, que impacta en el aguinaldo y se cobra en enero, y los gremios volvieron a rechazarla.

"Seguimos, a pesar del esfuerzo de la delegada y los gremios, sin llegar a un acuerdo salarial", comunicaron los sindicatos a sus afiliados.

Ahora, la instancia de negociación paritaria quedó abierta ante la delegación local del Ministerio por dos semanas.

"Nos toca a nosotros decidir entre todos bcontinuamos con la lucha la semana que viene", señalaron desde ATE a sus representados. 

La última reunión de la Mesa de Relaciones Laborales terminó sin acuerdo entre el Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores en el marco del debate por aumento de sueldo para los últimos meses del año.

Los representantes del Ejecutivo ofrecieron un incremento del 8 por ciento al básico para diciembre, es decir a cobrar en enero pero con impacto en el aguinaldo, y volver a reunirse en febrero para cerrar la paritaria 2025.

Los sindicatos rechazaron la propuesta y ratificaron sus planteos. ATE y UPCN se mantuvieron en la solicitud de 15 por ciento a pagar el 10 con el sueldo de noviembre y el 5 restante con el de diciembre. Por su parte, el STM volvió a pedir una suma fija de 150 mil pesos al básico en 3 cuotas de $ 50 mil cada una.

El Gobierno se comprometió a continuar evaluando las posibilidades y volverán a reunirse el lunes al mediodía, informaron los sindicatos a sus afiliados.

La decisión del intendente de solicitar la renuncia a todo el gabinete para definir el futuro de su Gobierno tras la derrota en las elecciones tiene paralizadas muchas áreas donde las decisiones quedaron a la espera de las  novedades.

La situación es un secreto a voces en el Municipio: muchos no firman expedientes y hasta se encogen de hombros a la hora de definir algunos aspectos, incluso los relacionados con cuestiones operativas y urgentes.

La audiencia que convocó la delegación local del Ministerio de Trabajo con los sindicatos municipales reveló formalmente la situación: hubo que pasar a un cuarto intermedio porque nadie se siente autorizado para establecer acuerdos en nombre del jefe comunal.

Así de insólita fue la reunión que tuvo  lugar este miércoles en la sede del organismo bonaerense, ubicada en 25 de Mayo y Dávila, convocada tras la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

El dirigente informó a sus afiliados tras el encuentro que la reunión "pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 03" de octubre, porque "debido a la reestructuración del gabinete nadie puede tomar decisiones", según le expresaron los funcionarios presentes.

La audiencia fue citada porque Acosta denunció que el Gobierno incumplió el compromiso asumido antes de las elecciones, cuando acordaron el último aumento, de reunirse el 10 de septiembre.

En el acta habían establecido convocar a la Mesa de Relaciones Laborales para debatir recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas que reclaman los gremios.