El Gobierno municipal informó en conferencia de prensa los pasos a seguir luego de la medida cautelar que resolvió la jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri y que “invalidó”, así lo dice el fallo, el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri.

Los secretarios de Gobierno, Martín Baraybar; de Obras, Javier Silva; y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, fueron los encargados de los anuncios y de responder las consultas de periodistas en el Palacio municipal.

Baraybar anunció que cuando la Justicia los notifique formalmente —la notificación virtual ya fue cursada—, el área de Asesoría Letrada se encargará de la apelación correspondiente para que la Cámara resuelva si mantiene el fallo que suspendió los efectos del listado de participantes del sorteo y el proceso de preadjudicación que se puso en marcha luego.

“Tenemos claro que las cuestiones legales han sido cubiertas por parte de la municipalidad por lo cual sabemos que esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”, sostuvo el secretario de Gobierno.

Además de apelar el fallo judicial, el Gobierno volverá a abrir un canal de diálogo con la empresa Arcor, que fue a la Justicia para plantear que los terrenos que donó y donde se construyen las viviendas eran para relocalizar vecinos que ocupan tierras de su propiedad en el barrio Bajo Puerto.

La falta de entendimiento previo al sorteo provocó que Arcor fuera a la Justicia y que la jueza dictara la resolución que reveló La Opinión este miércoles. De todas maneras, Baraybar ratificó la posición inicial del Gobierno: “Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”.

Tras la conferencia de prensa, Desarrollo Humano envió un mensaje a los preadjudicatarios que resultaron sorteados para informarles que el lunes, a las 10.30 en el club Independencia, habrá una reunión “para brindarles información directa y responder todas las inquietudes”. Al encuentro fueron convocados los beneficiarios titulares y los suplentes.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Gobierno reconoció que el decreto con el listado no fue publicado en tiempo y forma, tal como planteó la jueza en su resolución, pero aseguró que el procedimiento para el sorteo no forma parte del programa de viviendas sino que fue “una decisión política” del Ejecutivo.

“Nosotros entendemos que la cuestión de fondo no se resuelve en la publicación o no de un decreto de personas que van a ir a un sorteo”, dijo Baraybar y reafirmó la posición del Municipio: “Sabemos que la razón nos asiste en todo el procedimiento”.

“Estamos absolutamente convencidos de que apenas las viviendas se terminen y se cumplan los seguimientos administrativos que corresponden para la adjudicación vamos a poder adjudicar las casas”, dijo el funcionario para dar cuenta de que confían en que la resolución judicial será favorabl y llegará antes del plazo previsto para la entrega de las viviendas, es decir antes de las elecciones.

El secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento Javier Silva, quien participó de las reuniones con Arcor y hasta les dijo a los concejales oficialistas que él se les “paró de manos” y que la empresa se iba a “llevar un susto”, contó que esos encuentros fueron “en buenos términos” y que no hubo entendimiento porque las partes tienen posiciones encontradas respecto de la cuestión de fondo.

La empresa reclama que esas tierras que donó a través de una ordenanza de 2004 están destinadas a la segunda etapade relocalización de vecinos del Bajo Puerto, tras la primera, de 2007, con la costrucción del denominado “barrio Arcor”, y que el Gobierno no podría haber confeccionado otro listado ni sortear esas unidades habitacionales.

Sostiene que esa donación con cargo sigue vigente en todos los términos de la ordenanza, que hasta dice que la firma multinacional tiene la potestad de reclamar la devolución de las tierras en caso de incumplimiento.

“Estábamos bastante de acuerdo”, dijo Silva y agregó: “No nos poníamos de acuerdo en el cumplimiento del cargo de la donación, que el Municipio entiende que ya lo tenía cumplido y Arcor dice que no, que hay cumplimiento parcial”.

El sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri generó un conflicto entre la Municipalidad y la empresa Arcor, que advirtió que esas casas están erigidas sobre terrenos donados por esa compañía para la relocalización de familias del Bajo Puerto que residen en terrenos de su propiedad.

El secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, fue al Concejo Deliberante este lunes para reunirse con los nueve ediles del bloque oficialista Frente de Todos, que preside Juan Cruz González y responde a Ramón Salazar, para explicarles la situación.

Silva, que no respondió consultas de La Opinión al respecto en múltiples oportunidades en las últimas semanas, leyó ante los concejales oficialistas la ordenanza de donación de las tierras, que tiene una serie de requisitos que el Estado local debe cumplir.

Los terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacerse cargo de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”, dice la ordenanza.

Silva les aseguró a los concejales que el Gobierno considera que la relocalización de la que habla la ordenanza ya se cumplió, a pesar de que en el listado original había más de 160 familias y las reubicadas en el barrio Arcor son 80, la mitad, puesto que, como bien señalan todas las crónicas de la época de su construcción, era “la primera etapa” de la reubicación.

La reunión estaba prevista para las 9.30 aunque comenzó un poco más tarde. Por un lado, porque Silva estaba al aire en una radio. Por el otro, porque la concejala Candelaria Cuscuela no llegaba y sin la exintegrante de La Cámpora no se podía empezar. Era importante que estuvieran todos. Por eso estuvo hasta Tamara Vlaeminck, poco habitué de los pasillos del HCD porque además es titular de Anses.

“Yo me les paré de mano y les dije: el cargo ya está cumplido, muchachos”, les relató Silva y aludió a una reunión mantenida con representantes de Arcor. “Para mí, el cargo está cumplido. Esto ya lo hablé con la Escribanía General de Gobierno”, sostuvo.

Se refirió al listado original, confeccionado para la entrega de las viviendas en 2007. “Nada de qué preocuparse”, les dijo. Hasta les aseveró que Arcor se va a llevar “algún susto con todo esto”. Fue luego de que Rita Leguizamón señalara que se podría discutir el origen de la propiedad de la empresa sobre los terrenos costeros, algo que tuvo su debate en la década del 2000, en medio del proyecto del puerto de Arcor

Mucho giró alrededor de quienes difundieron la noticia, es decir La Opinión & Sin Galera. Entre chistes y sobrenombres a los periodistas —”Está como loca la Lagartija”, en alusión a la directora de este medio— , con guiños y gestos socarrones de quien se siente “en absoluta confianza”.

La mayoría de los ediles quedó conforme y hasta “aliviado” con las explicaciones de Silva. Otros y otras, entre ellos quienes dicen que el abogado pero no escribano que supo ser secretario de Gobierno de Guacone no es “santo de su devoción”, no tanto.

Para varios de los presentes en esa reunión se trata de un conflicto cuyas aristas escapan a su total entendimiento. Incluso quienes no confían del todo en Silva consideran que ven resolución a la problemática, sobre todo si logran probar, como sostiene el Ejecutivo, que el Estado ya cumplió con la relocalización pactada.

Ediles y edilas consultadas para esta nota —que prefirieron el off the record porque la reunión fue “privada”— coincidieron en señalar que hubiese sido mejor alcanzar un acuerdo previo, pero que ante la realidad imperante, habrá que buscar un consenso o esperar que la empresa vaya a la Justicia.

Saben que un litigio de estas características será un dolor de cabeza pero también que los tiempos del Poder Judicial en casos como estos son largos, muy largos. Total, dicen, las viviendas fueron sorteadas, van a ser entregadas a los adjudicatarios y las escrituras están a nombre del Municipio, que podrá comenzar el proceso de traslado de dominio a los titulares, que pagarán por su casa.

“La gente va a pagar cuando ya esté adentro de la vivienda. Si hay un conflicto judicial, eso no va a cambiar. Después se verá qué resuelve la Justicia”, se tranquilizan algunos, encogidos de hombros. “Si quieren acuerdo, habrá; y si no, que vayan al Contencioso”, dijo uno que por lo menos sabe en qué fuero se dirimirá el litigio.

En el bloque oficialista y en el Gobierno sostienen que Arcor “presionó antes del sorteo” con la ordenanza de donación de los terrenos “por el tema de la arenera” que el empresario Santiago Lawson, quien asegura haber alquilado el predio costero de Indalar quiere instalar allí, un proyecto que tiene oposición de los vecinos.

Lawson presentó un bosquejo de su proyecto pero nunca más volvió. Entre los aspectos fundamentales que debe cumplir para solicitar los pasos necesarios para la habilitación de la arenera están el estudio de impacto ambiental y la proyección de instalación de silos de acopio del mineral extraído del río.

Mientras tanto, la oposición está en alerta porque entienden que “si no hubo acuerdo con Arcor estamos ante una situación legal muy compleja“, como advirtió el concejal de Juntos (UCR) Alejandro Donatti, exfuncionario de Barbieri en la época en la que la empresa cedió esas tierras.

En el Gobierno hay al menos tres personas que participaron en 2015 del proceso de cotejo de los listados cuando Presidencia de la Nación anunció un plan de 88 viviendas para esos terrenos, que finalmente no se concretó, aunque los que cumplen funciones políticas llegaron después de la decisión de sortear las casas entre familias que alquilan y pueden pagarlas.

Son el exconcejal a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, Fabio Giovanettoni; su secretario de Gobierno de entonces y actual de Ramón Salazar, Martín Baraybar; y el arquitecto de Obras Públicas Adolfo “Fito” Benincasa, en ese momento director de Viviendas.

El intendente interino dijo que abrió un canal de diálogo con la empresa en procura de alcanzar un acuerdo que evite un litigio, pero no hubo novedades en los últimos días respecto de esas gestiones.

Mientras tanto, en Bajo Puerto y Bajo Cementerio, quienes tienen comodato con Arcor se preguntan si acaso no eran ellos los que deberían haber sido beneficiarios de las viviendas.

Durante lunes y martes, el Gobierno se comunicó vía telefónica con cada uno de los preadjudicatarios de las 84 viviendas sorteadas el sábado en el club Independencia para informarles cómo serán los pasos para la convalidación de la documentación, proceso que los confirmará como beneficiarios de las unidades habitacionales que se construyen en el barrio Villa Depietri.

El intendente interino Ramón Salazar recibirá en los próximos días a las familias que no estuvieron presentes durante el acto del sábado, puesto que la mayoría se comunicó con Desarrollo Humano y expresó su deseo de recibir el certificado de preadjudicación, aun cuando les explicaron que tiene caracter simbólico.

El área que conduce Walter Sánchez ya remitió a la Secretaría de Obras, Infraestructura y Planeamiento el listado de los 84 preadjudicados para que inicie el proceso de consulta en el Registro de la Propiedad para confirmar que ninguno de ellos es titular de un inmueble.

Desarrollo Humano coordinará con los preadjudicados visitas de trabajadoras sociales que tendrán a su cargo los estudios socioambientales correspondientes, confirmar que residen en los domicilios declarados, validar la declaración jurada de ingresos, etc.

Además, habrá una reunión informativa, probablemente la semana que viene, con todos los preadjudicatarios. Primero será con los 76 de las viviendas regulares y luego con los ocho de las adpaptadas para personas con movilidad reducida.

Los suplentes también pasarán por el proceso de validación de la documentación, de manera tal que si hay alguna situación que implique el reemplazo de algún titular ese paso ya esté cumplido.

Luego de que el intendente interino Ramón Salazar informara a La Opinión que hay un canal de diálogo abierto con la empresa Arcor por la problemática de los terrenos en los que se construyen las 84 viviendas sorteadas el sábado, vecinos de la zona confirmaron que hay un listado de beneficiarios confeccionado en 2015, cuando surgió la posibilidad de terminar la relocalización de familias que habita en el Bajo Puerto.

La empresa donó en 2004 esos terrenos con ese fin. De las 160 viviendas proyectadas, se construyó la mitad en lo que hoy se conoce como “barrio Arcor”. En 2015, cuando el Gobierno interino de Giovanettoni gestionó en Nación la posibilidad de construir en ese terreno, surgió el tema del listado original y la necesidad de depurarlo.

Ismael Martínez, presidente de la comisión de fomento del barrio Arcor, contó este lunes en Radio Cuarentena que en ese momento hizo un relevamiento en Bajo Puerto cuyo listado de familias a relocalizar fue entregado en Desarrollo Humano. Además, reveló, Arcor también envió personal a censar la zona.

“Yo tengo el listado de familias de abajo, del puerto, que quedaron afuera del otro listado, toda la demás gente de abajo que completan las 84 casas. Yo entregué todo en la Casa del Niño, cuando se iba a iniciar el tema del barrio. Yo les dejé todo a las chicas de Desarrollo Humano. Villarruel, de Arcor, había mandado a censar y él tiene un listado también”, explicó.

Ahora, dijo, esa misma persona de la empresa lo llamó y le dijo que Arcor “quiere llegar a un arreglo con la Municipalidad, aunque sea por la mitad” de las viviendas en construcción. La firma donante advirtió que esos terrenos fueron cedidos “con cargo”, es decir con la condición de que allí se construyan viviendas para relocalizar a familias que habitan en el Bajo Puerto en tierras propiedad de la compañía.

“Les dije que la tierra son de ellos, que se tienen que poner las pilas. Yo vi que iban a sortear y dije bueno, no es el caso así”, señaló Martínez, quien tras conocer la situación por los medios, intentó comunicarse con autoridades gubernamentales, sin éxito.

“Yo fui a querer hablar con el intendente, con Ramón, pedí una audiencia, pero no me atendieron, nunca pude tener contacto con él. Fui hace dos meses, más o menos. Hice una nota por Mesa de Entrada, todo, y no me atendieron”, contó.

El artículo 2 de la ordenanza 5422 del año 2004 mediante el que Indalar / Arcor donó esas tierras al Municipio es el que puso las condiciones: los terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacer cago de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”.

El concejal de Juntos (UCR) Alejandro Donatti, que era funcionaio del Gobierno de Barbieri cuando se acordó la donación del terreno y se sancionó la ordenanza vigente, consideró que si no hubo acuerdo con Arcor estamos ante una situación legal compleja”.

El intendente interio Ramón Salazar aseguró que habló “con una persona que indicó el dueño de Arcor”, por telefonó, y que lo invitó “a venir a al Municipio a charlar” para “ver de qué manera podemos hacer lo mejor tanto para el Municipio como para Arcor”.

Las 84 viviendas que se construyen detrás del caserío de Depietri fueron sorteadas el sábado. Las familias preadjudicadas se inscribieron cuando el Gobierno anunció la posibilidad y los requisitos.

Las 84 viviendas que el Gobierno local sorteó este sábado en el club Independencia forman parte de un programa de construcción financiado por el Estado nacional en terrenos que la empresa Arcor donó a la Municipalidad “con cargo” específico, es decir con una finalidad que, advirtió la empresa, no es la que le dio ahora el Ejecutivo local.

La compañía advirtió al Gobierno que conduce el intendente interino Ramón Salazar que hay una ordenanza vigente que establece que esa tierra debe utilizarse para construir viviendas para relocalizar a vecinos del Bajo Puerto que viven en terrenos de Arcor, en el marco de una segunda etapa de la erradicación de familias que comenzó con la edificación del barrio que hoy se denomina como la firma que tiene su fábrica en ruta 191 y las vías.

Consultado sobre esta situación, que podría implicar no sólo un litigio entre Arcor y el Municipio sino además alguna situación para las familias que resultaron adjudicatarias de las viviendas en construcción, el intendente interino Ramón Salazar confirmó a La Opinión que hay un canal de diálogo en procura de alcanzar un acuerdo.

“Me enteré de eso, estuve llamando a través de un amigo, pedí que le hablen al dueño de Arcor para ver con quién tenemos que hablar para ver cómo resolvemos algún planteo que sé que ha hecho, alguna diferencia respecto del terreno, un cargo que habría”, dijo el concejal a cargo del Poder Ejecutivo desde la licencia del intendente electo, Cecilio Salazar.

“Yo lo que le propuse a la gente de Arcor es que vengan a charlar en buenos términos, mi idea no es tener ningún conflicto con Arcor, por el contrario, el Municipio tiene que apoyar a todas las empresas, como el Estado nacional y provincial”, aseguró.

Ramón Salazar dijo que habló “con una persona que indicó el dueño de Arcor”, por telefonó, y que lo invitó “a venir a al Municipio a charlar” para “ver de qué manera podemos hacer lo mejor tanto para el Municipio como para Arcor”.

El artículo 2 de la ordenanza 5422 del año 2004 mediante el que Indalar / Arcor donó esas tierras al Municipio es el que puso las condiciones: lo terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacer cago de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”.

El concejal de Juntos (UCR) Alejandro Donatti, que era funcionaio del Gobierno de Barbieri cuando se acordó la donación del terreno y se sancionó la ordenanza vigente, consideró que si no hubo acuerdo con Arcor estamos ante una situación legal compleja”.

Sorteo de viviendas: estos son los 76 ganadores

01 – Nº 300 González, Yessica02 – Nº 179 De Leo, Juan03 – Nº 208 Enriquez, Micaela04 – Nº 101 Cabrera, Juan05 – Nº 415 Monzalvo, Patricia06 – Nº 246 Franco, Oscar07 – Nº 462 Pacillo, Ivana08 – Nº 452 Olivera, Elba09 – Nº 001 Acevedo, Adriana10 – Nº 319 Hernández, Noelia11 – Nº 149 Churruarín, María12 – Nº 181 Dellagiovanna, Antonella13 – Nº 064 Bastía, Mariano14 – Nº 417 Monzón, Micaela15 – Nº 283 Gómez, María16 – Nº 164 Coviella, María17 – Nº 151 Conti, Facundo18 – Nº 377 Martí, Eliana19 – Nº 038 Ascua, Diego20 – Nº 135 Carrizo, Damián21 – Nº 616 Tula, Genesis22 – Nº 250 Gamarra, Marcelo23 – Nº 558 Rosello, Mauricio24 – Nº 584 Schiros, Claudia25 – Nº 148 Chaves, Yessica26 – Nº 082 Bouny, Franco27 – Nº 125 Cannata, Nancy28 – Nº 592 Silva, Celeste29 – Nº 313 Guevara, Juliana30 – Nº 352 Lobo, Cristian31 – Nº 647 Vlaeminck, Priscila32 – Nº 213 Estrada, María33 – Nº 443 Obrador, Carla34 – Nº 531 Robles, Lorena35 – Nº 603 Tabbita, Ana36 – Nº 338 Laserna, Gustavo37 – Nº 031 Araldi, David38 – Nº 510 Ramírez, Nanci39 – Nº 092 Burini, Julieta40 – Nº 605 Tettamanti, Sebastián41 – Nº 408 Molina, Micaela42 – Nº 084 Branchini, Ricardo35 – Nº 653 Zalazar, Lucía44 – Nº 659 Zubieta, Daiana45 – Nº 218 Fernández, Alejandro46 – Nº 393 Medina, Natalia47 – Nº 607 Tolentino, Alicia48 – Nº 225 Fernández, Roberto49 – Nº 261 Gelabert, Enzo50 – Nº 463 Padilla Marcelo51 – Nº 163 Correa, Victoria52 – Nº 116 Camacho, Adriana53 – Nº 216 Fantile, Camila54 – Nº 403 Molina, Cecilia55 – Nº 511 Ramos, Iris56 – Nº 192 Dincau, Daiana57 – Nº 143 Cejas, Juan58 – Nº 658 Zarza, Gabriel59 – Nº 389 Mattos, Hugo60 – Nº 401 Modestti, Mariana61 – Nº 188 Díaz, María62 – Nº 567 Sánchez, Alejandra63 – Nº 449 Ojeda, Karina64 – Nº 474 Pereyra, Micaela65 – Nº 053 Báez Juárez, Alan66 – Nº 522 Reynoso, Patricia67 – Nº 430 Muñoz, Verónica68 – Nº 263 Gerez Yesica69 – Nº 055 Báez, Nancy70 – Nº 238 Flores, Luciano71 – Nº 586 Scioscia, Pablo72 – Nº 371 Manicler, Melisa73 – Nº 157 Correa, Belén74 – Nº 003 Acevedo, Tamara75 – Nº 121 Camarasa, Damián76 – Nº 227 Ferreyra, Isaías

Suplentes01 – Nº 481 Pérez, Santiago02 – Nº 303 Gorbarán, Romina03 – Nº 370 Maneiro, Valeria04 – Nº 597 Soto, Cristina05 – Nº 498 Prado, Federico06 – Nº 363 Macelli, Valeria07 – Nº 089 Bueno, Cecilia08 – Nº 033 Aranzabe Sciolla, Alexandra09 – Nº 623 Vega, Gerardo10 – Nº 492 Poggi, Gabriela11 – Nº 024 Álvarez Basoalto, Ludmila12 – Nº 601 Suárez Maribel

A pocas horas de que se desarrolle el sorteo de las 84 viviendas que el Gobierno construye con fondos nacionales en Villa Depietri surgió una polémica relacionada con el destino que tienen las tierras donde se erigen esas casas, de acuerdo a la ordenanza mediante la que el Municipio aceptó la donación por parte de la empresa Arcor.

La escribana Cecilia Dubini informó a La Opinión que ella no supervisaría el sorteo tras recibir una carta documento por parte de Arcor en la que la empresa recuerda que la donación fue “con cargo” para el traslado de familias, algo que, indicaron desde Arcor, notificaron también al Gobierno.

Este viernes, en Radio Cuarentena, el concejal que preside el bloque Juntos, Alejandro Donatti, se refirió al tema desde el punto de vista legal, puesto que además de edil es abogado y era funcionario del Gobierno de Barbieri cuando Arcor cedió esas tierras al Estado local.

Donatti dijo que suponían que el Gobierno de Salazar habría “acordado con la empresa” la modificación de los términos del acuerdo inicial, aunque como rige por ordenanza debería hacerse por el mismo medio. “Si no es así, estaríamos ante una situación irregular enorme”, advirtió el concejal.

El artículo 2 de la ordenanza 5422 del año 2004 mediante el que Indalar / Arcor donó esas tierras al Municipio es el que puso las condiciones: lo terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacer cago de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”.

“Podrían haber conversado con la empresa y acordado eso, con expediente, harían un decreto y luego lo convalidan en el Concejo. Uno entiende que convalidaron con la empresa que el terreno ha sido donado y podría ser utilizado para que los beneficiarios de las viviendas no fueran personas que vivieran en la zona, pero también el cargo se estableció”, explicó el edil.

“Habrán acordado otro destino para los destinatarios finales de las viviendas, es decir habrán dicho ‘bueno no podemos relocalizar esto, busquemos otro lugar para esta gente’; si ese acuerdo no se hizo, estamos ante una situación legal compleja, muy compleja te diría”, advirtió el concejal de Juntos.

Donatti consultó con el presidente del bloque Frente de Todos que responde a Salazar, Juan Cruz González, sobre la carta documento que Arcor asegura haber enviado al Municipio y al Concejo. El edil le informó que desconcía nota alguna. Lo mismo dijo a La Opinión la presidenta interina del HCD, Rita Leguizamón.

La Dra. Cecilia Dubini confirmó anoche a La Opinión que no será quien supervise el sorteo organizado para esta tarde en el Estadio Municipal. Recibió una carta documento cuyo contenido este medio desconoce pero coincide con el mandamiento de una ordenanza de 1997 y otra de 2007 que estipulan las condiciones en las que la Municipalidad podía disponer de los terrenos de propiedad de la empresa Indalar, ahora Arcor, para la relocalización de 160 familias que ocupaban la zona baja de las barrancas en la que se proyectaba la operatoria de un puerto privado.

Hay 655 familias que aguardan su oportunidad para ser beneficiarias y sus nombres y apellidos fueron dados a conocer ayer. Hubo silencio entre las autoridades y molestia en la última conferencia de prensa cuando llegó una ronda de preguntas que el periodista Rafael Flaiman formuló en torno a las contrataciones de la empresa Grupo Alfa, con un empleado al que consideraba socio de su cooperativa y había sido despedido.

Ahora se sabe que la única pregunta que ni Javier Silva ni Ramón Salazar -ambos abogados- querían responder porque varias veces durante el transcurso de la construcción del plan fueron advertidos por la empresa. Es la primera vez en más de dos décadas que se adopta un mecanismo transparente para adjudicar viviendas a personas que alquilan o viven en propiedades con contrato de comodato y pueden pagar las cuotas.

El Concejo Deliberante también hizo oídos sordos o al menos se distrajo puesto que ante la falta de respuestas Arcos decidió intimar al cuerpo el pasado 6 de Febrero. Con la presidenta, Mónica Otero de licencia, resulta difícil cotejar la correspondencia entrada pero en la página oficial no consta que habrá una batalla legal que se desatará a corto plazo para que sean las familias que debían ser reubicadas las adjudicatarias.

El Dr. Javier Silva que también es escribano y hasta ayer garantizaba que el acto de adjudicación se mantiene sin cambios.

El archivo de La Opinión muestra claramente que al menos un funcionario de larga trayectoria en su área sabía perfectamente que la inscripción de postulantes violaba disposiciones expresas para la utilización de esos terrenos.

El Gobierno municipal comenzó a notificar a las familias que el viernes próximo, a las 18.00, participarán del sorteo de las 84 viviendas que construye el Estado con fondos que provienen del Ministerio de Hábitat de la Nación.

Son más de 870 las familias que participarán de las dos instancias de sorteo: primero, las 216 de entre las que saldrán ocho beneficiarios y cuatro suplentes para las unidades habitacionales preparadas para personas con movilidad reducida.

Luego harán lo propio con las 655 que buscan un lugar entre las 76 viviendas disponibles para quienes se inscribieron y cumplieron los requisitos, que además de no tener casa propia implicaban estar en situación de alquiler o comodato y demostrar ingresos con los que hacer frente a la cuota.

Las casas estarán listas para fines de junio, informó el Gobierno, siempre y cuando el tiempo acompañe y no demore el proceso de construcción que lleva adelante en el barrio Villa Depietri la cooperativa Alfa, radicada en la ciudad bonaerense de Quilmes, que ganó la licitación pública para la obra.

El Gobierno anunció el viernes que el 24 de febrero próximo, en el Estadio, será el sorteo de las 84 viviendas que se construyen con fondos nacionales en el barrio Villa Depietri.

Hay 216 participantes por las ocho casas adaptadas para personas con movilidad reducida y más de 600 para las otras 76. La cantidad de confirmados creció luego de que algunos notificados por no cumplir con los requisitos pudieran acercar la documentación que les faltaba.

El sábado, en Sin Galera, una de las inscriptas que recibió el llamado para informarle que no calificaba porque le faltaban papeles contó su experiencia, ya que intentó acercarse para explicar que había cumplido con todo lo que le pedían pero no obtuvo respuesta y ahora no sabe si participará del sorteo o no.

“Yo llevé todos los papeles cuando hice la inscripción”, contó Vanina y refirió que en aquel momento le explicaron que debía contar con contrato de alquiler o comodato que certificara su condición.

“Hice un comodato, porque mi suegro me presta donde estoy hoy. Me hicieron hacer ese papel, gasté 2500 pesos para hacer eso, para corroborar que mi suegro me estaba prestando”, detalló.

“Hice eso, llevé mi docuementación, la de los nenes, los pagos de Monotributo, todo. Había quedado inscripta pero me llamaron el martes”, indicó. Cuando fue a Desarrollo Humano, le dijeron que no etaba en la lista.

“Me dijero que tenía que llevar los papeles, hice fotocopia de todo, los llevé y ni los miraron, me dijeron que lo mío estaba todo archivado”, dijo, sorprendida. “Para esta lista hay que estar alquilando”, contó que le refirió la persona que la atendió en la oficina municipal.

La convocatoria al registro para aspirantes a una de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Depietri comenzó el 17 de octubre de 2021, a pocos días de las elecciones. Un mes antes habían llamado a licitación y tras la confirmación de fondos, cientos de personas comenzaron a verificar requisitos para postular a una unidad habitacional que les permita dejar de ser inquilinos o convivir con alguien de la familia que les presta una habitación.

Para ser inscripto debían cumplir con ser mayor de 18 años, tener un grupo familiar a cargo y demostrar ingresos que les permiteran abonar una cuota siempre y cuando tuvieran residencia en San Pedro. También debían demostrar que no eran propietario de otro inmueble.

El registro quedó abierto durante varios meses y hubo siete casas que fueron reservadas para personas con movilidad recudida y que forman parte de otro listado.

Las consultas fueron una constante durante todo el año y como hay sectores que tienen la construcción más avanzadas el titular de Desarrollo Humano ya aventuró una fecha probable para adjudicarlas. En principio podría ser entre el 15 y el 24 de febrero si es que la empresa logra certificar el avance de la primer etapa.

“El sorteo se va a realizar entre el 15 y 24 de febrero cuando vuelva Ramón de vacaciones. Pusimos esta fecha porque necesitábamos que el adelanto esté en un 75 u 80 %. El secretario de Obras, Javier Silva, nos informó que para esa feche va a estar en ese porcentaje de construcción”, confirmó Walter Sánchez en Sin Galera este sábado.

De este modo y ante los serios problemas en la renovación de alquileres serán 84 las familias que puedan ir planificando su futuro en base a la posibilidad cierta de acceder a alguna de esas casas que están compuestas por dos dormitorios, una cocina comedor, baño y lavadero en la parte externa.

Además, Sánchez explicó que se hará el sorteo en un lugar amplio “para que todas las familias puedan participar”, certificado con escribano público.