Hay expectativa por la conducta de quienes están viviendo en la casa que fue preadjudicada a David Castañares, uno de los sorteados dentro del grupo que presentó certificado de discapacidad.

La vivienda que no está adaptada para personas con movilidad reducida es la que esta´en el extremo de cale 58 y Obligado, la N° 8 de acuerdo al plano que muestra los apellidos de los sorteados. Resitió tres meses, hizo todas las gestiones pero no pudo continuar en el lugar.

Desde hace varios dias se habían observado movimientos y una camioneta que estaciona en ese lugar. Ahí, donde también se había levantado un tapial que en distintas ocasiones La Opinión pudo fotografiar a modo de poder documentar todo aquello que se ocultó cuando la Cooperativa ALFA y el gobierno municipal habilitaron la ocupación pacífica del barrio que se construía con fondos del estado nacional, durante la tarde del último día de carnaval 2024.

“Hay mucha gente con chicos acá y no queremos que lleguen más problemas, ya demasiado pasamos como para que venga gente que no es sorteada a generar problemas en un futuro por unaa casa que nunca puede ir a nombre de  ellos”, dijo la vecina que alertó a La Opinión sobre la situación.

Claramente se refería a un hombre que dijo ser oriundo de la provincia de Santa Fe y que había estado trabajando como albañil en “las 25 viviendas de Río Tala”, otra de las obras que quedó inconclusa y en la que las tareas estaban a cargo de gente que manejaban las cooperativas en las que participaba Fabián Veneziano. 

“Yo te aviso para que saquen la nota y la gente no sea tonta en comprar algo que no pueden tener porque estas casas no se pueden vender por que aun no las pagamos”, aclara una de las preadjudicatarias del barrio que también señala que hay otra casa que nunca se ocupó pero que ya fue vendida.

Hasta el momento no hay denuncia ni tampoco quien la formule. En términos legales es la empresa constructora la responsable del predio que le cedió la Municipalidad y que en la justicia reclama Arcor. Tampoco el gobierno puede intervenir oficialmente puesto que hacerlo implica volver a cometer otro delito similar al que ya pesa sobre varios funcionarios que son los que facilitaron la ocupación. Un verdadero dilema. La justicia había ordenado durante los primeros tiempos una consigna policial que por cierto hoy no existe y que sería imposible cumplir ya que hay escasos patrulleros y efectivos para poder permanecer en la zona.

Por último, cabe recordar que existen suplentes para todas las unidades habitacionales y que en caso que Castañares renuncie debe reemplazarlo uno de los que figuran en el listado del sorteo de preadjudicatarios.

La tarde más lluviosa del mes trajo a La Opinión la voz de Isaías. Fue el último sorteado en aquella memorable jornada en Independencia. Él y Noelia se pusieron de novio cuando apenas tenían 17 años.

Son los de la fila de casas que está sobre la calle 58, las más atrasadas, las que no tienen ni marcos para las ventanas.

“Estoy esquivando las gotas que van cayendo, porque literal, les gota con el mismo óxido del hierro que tiene, mancha la ropa; te mancha el piso, por ejemplo, ya está manchado en los lugares particulares donde cae la gota siempre, ya está manchado”, esas palabras llegaron a La Opinión & Sin Galera el miércoles 13 de Marzo.

Claramente, los de “la última fila” reclamaban porque el móvil había estado en una casa de la primera. La casa de Franco, el hombre que por haber sido alumno de la escuela Industrial pudo armarse su propio tablero de luz con disyuntor aunque la Coopser insista con su negativa a respetar que quieren un medidor legalmente para pagar la energía que consumen.

Tres días después, el móvil de Sin Galera llegó a la casa de Isaías, allí esperaba Noelia porque se turnan. El trabaja como empleado en un comercio y ella lo reemplaza en ese inmueble en el que se ve un colchón en el piso, una reposera, una silla y algunos elementos que permiten sobrellevar el tiempo.

La historia comenzó el día en que se enteraron que había una convocatoria para anotarse en un plan de viviendas. Cumplían los requisitos, aguardaron el tiempo necesario para las observaciones y cuando ya habían comenzado a construirse las casas volvieron a soñar. La edad que tienen hoy es mucho menor a los tiempos de Depietri, Indalar, el proyecto del puerto privado, los reclamos de Arcor. Nunca habían oído nada al respecto.

Cuando se vieron en el listado de los más de 700 seleccionados, ya tenían a sus hijos en la escuela. El día del sorteo ya estaban desahuciados cuando el locutor le entregó a la escribana el último apellido. Eran ellos.

“Todos los tiros que dieron cosas siempre arrancaban por la primera manzana y ya ahí había rumores de que no había para todos. Por ejemplo, cuando empezaron a entregar las cosas al baño arrancaron por la primera manzana con el rumor que de algún lado salió de que no había para todas las casas. Entonces todo lo de la última y la anteúltima iban corriendo a querer recibir algo porque 'por lo menos voy y me agarro un inodoro, por lo menos voy y me agarro una ganilla, una platita menos”, no?", así dijo que razonaban y que era preocupante que además de todas las mentiras de las que fueron víctimas se pretenda enfrentar a los vecinos.

Esa es una de las grandes preocupaciones: la convivencia. Por eso Noelia aclara que “nos ayudamos entre todos” y que sabe que los responsables son los que cobraron y no hicieron las obras. 

“A nosotros no nos va a hacer la diferencia que nos den unas hojas porque no tenemos marco de ventanas, no tenemos nada. Pero por lo menos sí psicológicamente nos explicaran estaríamos más tranquilos”.

Noelia está sorprendida porque desde hace muchos días no llega nadie del municipio ni tienen noticias oficiales sobre quienes se harán responsables de todo lo que falta. Cuenta que invertir en terminar es una de sus posibilidades pero que también teme que algún día le reclamen algo. 

Uno de los detalles más importantes y que la justicia debería tener en cuenta es cómo le entregaron las llaves de su casa. Vale la pena escucharla.

Parece una burla pero no lo es. A un mes de la ocupación del barrio que despertó las esperanzas de 84 familias de trabajo y sin techo, conformarse con “un bidet y una ventana” se transformó en la moneda que compra sus silencios.

“Hoy empezaron nuevamente a entregar las ventanas para las personas que tienen marcos”, dijo el protagonista de una de las 84 historias. Es el mismo hombre que aquella tarde del último día de Carnaval estaba sentado en una ventana mate en mano, mientras el resto de los preadjudicatarios escuchaban al secretario de Gobierno en un capítulo más del calvario al que fueron sometidos por una continuidad de “desaciertos” a los que en otros casos la Justicia podría denominar “estafa”. Eso es: la estafa que obliga al estafado a transformarse en estafador.

Durísimo es decirlo en esos términos, pero para quienes seguimos la historia que se desató justamente en el territorio donde Eduardo Depietri soñó una estación de ferrocarril para llevar cereales desde el centro de la provincia a la costa es bastante difícil distraerse del archivo que da cuentas del fracaso de una ciudad que se gestó en medio de las oportunidades y la abundancia y hoy parece una villa del conurbano abandonada a su suerte.

“Como todo, en la obra hay complicaciones: hay ventanas de 1,50 por 1,50 pero las aberturas de la ventana tienen 1,45; o achican la ventana o rompen las paredes”, una definición exacta de la sinrazón.

Desde el día en que la Fiscalía de María del Valle Viviani abrió una causa por “averiguación de ilícito”, quienes entraron al lugar “con su llave y un número de vivienda adjudicada, Franco pelea contra sí mismo. Observa lo que sucede cada día, cuida la que considera ”su casa" y piensa como será el día siguiente.

Qué vecino estará contento, cuál dará pelea y qué otros agacharán la cabeza con una canilla o un cable para tratar de saciar esa condición de esclavo que depende del amo para cada pequeño disfrute. Un latigazo menos puede ser un juego de grifería, un balde de pintura o una promesa de entrega “hasta que la Nación mande los fondos para pagar a la empresa”. Mentira. Todos saben que es mentira pero quieren que sea verdad.

“Entregaron los inodoros, pileta, bidét pero no entregaron los flexibles y en las tres casas que conectaron el agua que son vecinos míos, vecinos directos,  las tres tuvieron que romper inclusive la mía que voy a tener que romper la pared porque hay pérdidas de agua”, esa es la simpleza con la que se comporta el súbdito, porque el amo por ahora no paga consecuencias.

El amo lleva el nombre de Alfa, intendente interino, intendente en ejercicio, concejal, diputado, senador, presidente, gobernador o secretario. Qué otra cosa es aquél que por impericia, impotencia, desconocimiento o complicidad olvida cumplir con la obligación que tiene con sus representados. “La obra está certificada en un 96 %”, dijeron en diciembre de 2023 cuando ya habían pasado seis meses más de los comprometidos para entregar las casas. Mentira.

“Con esta lluvia se potencian las goteras y el malestar de la gente es cada vez peor así están las cosas, por ahora”, concluye el hombre que ahora busca el modo de mantener dos hogares: el que alquila y este que es el único techo posible.

Esta es sólo una de las tantas historias que hoy queremos contar. Hay otras 83 que algún día romperán el silencio. Sucederá cuando dejen de ver fantasmas donde no los hay. 

Cuando estén preparados para releer un frondoso archivo de publicaciones de La Opinión o reportajes en Sin Galera, en los que se advierte paso a paso lo que sucedió con los terrenos, los anuncios electorales de 2015, las advertencias judiciales para suspender el sorteo, las sesiones del Concejo Deliberante, las mentiras de la Secretaría de Obras Públicas, el movimiento de suelos que dejó fuera de nivel las calles internas, las paredes torcidas, los techos rajados, las cerámicas mal pegadas, la pintura que se vendía en las redes sociales, los trabajadores en negro obligados a socios/monotributistas, las cuadrillas especiales para simular la tarea, la protesta de la Uocra en nombre “de la dignidad de los compañeros”. 

En fin, aún hay muchos que especulan con la mansedumbre y la espera de algún favor que pueda llegar desde el cielo. ¿Por qué no creerlo? ¿Acaso no son merecedores? Hay docentes, enfermeras, comerciantes, empleados de fábrica, trabajadoras domésticas, discapacitados; todos con trabajo y pagando un alquiler o viviendo en un anexo de la casa de un familiar. ¿Quién podría reprocharles que no se han ganado el derecho al techo propio?.

“Lo único que hicieron fue, disculpándome por la expresión, se la midieron entre ellos a ver quién la tenía más larga, la oposición y el oficialismo. Pero en sí, para con nosotros, ninguno de los dos tuvo ni un acercamiento”, confiesa este vendedor ambulante que amasa cada jornada lo que vende a clientes que aprecian sus productos. 

En la jerga del poder, de esta y casi todas las gestiones, la situación se calcula con pericia electoral. Un acto de inauguración, fotito y video para el que tenga la suerte de que le agradezcan. 

Especulan, no van, no investigan ni denuncian. No hay abogado patrocinante ni investigación eficaz. Nunca demandaron a la empresa por la mala calidad del trabajo o la falta de materiales. Nunca.

“Cada vez más grande lo veo al negocio. Que los únicos que quedamos afuera fuimos nosotros. La primera casa, Lili, tiene siete manos de pintura de distintos colores. ¿Sabés por qué? Porque esas eran las fotos que mandaban a la Nación”, reflexiona con inteligencia el hombre que abre el camino al resto de las historias porque él no tiene nada que ocultar ni le debe favores a nadie. 

La historia que aquí se cuenta y por cierto, las conclusiones forman parte de aquello que la frialdad de la ley no puede palpar. ¿Cómo justificará este padre de familia que entró a una casa construida en un terreno que es de otro? Esa es una pregunta casi menor para alguien que leyó una convocatoria para un plan de viviendas, llenó su formulario, presentó los requisitos para demostrar que tiene capacidad de pago, adjuntó un contrato de alquiler, relató cómo está compuesto su núcleo familiar y además pasó por una selección que dejó en un listado a poco más de 700 personas sobre unas 2000 que se inscribieron. 

¿Cómo podrían decirle a los 84 que fueron sorteados ante los 700 que ese acto no tiene validez? Es más fácil ahora vociferar que el Gobierno nacional dejó de mandar plata o que Arcor los quiere echar. También es más fácil creer eso que buscar la verdad. Durísimo, injusto, cruel.

Claramente en la rosca política ahora también tienen a quien culpar. Puede ser un exsecretario, un arquitecto, un inspector, un funcionario que aún funciona, a Alfa, a Arcor e incluso al periodismo. “Si hablan va a ser mucho peor”, eso les dicen a los preadjudicatarios para cultivar la mansedumbre hasta que puedan entregarles un tramo de cañería de cloacas para mitigar la ansiedad. 

“Hace un año a mí me cambiaron la vida, me cumplieron un sueño. Estuvimos todo un año hablando con mi familia de lo que íbamos a hacer, con mis hijos, de cuánto íbamos a pagar, si iba a ser menor al alquiler o similar”, esa es la realidad de Franco.

De eso hablaron los 84 desde que fueron favorecidos por el sorteo. Tenían planificado mudarse en junio y algunos hasta compraron muebles. Hay un propietario que el día que supo cuál sería su casa plantó su primer árbol.

Una maestra relató cómo había diseñado una barra para usarla como mesa comedor y quería ir a tomar las medidas. Otra mujer que quería saber cómo haría con el gas porque quiere agregar un horno pizzero para poder seguir con su emprendimiento en el nuevo domicilio.

“Yo no entré ahí para que pase esto y, como se está diciendo por ahí, no pagar la casa. Yo quería pagar mi casa porque les quería mostrar a mis hijos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que el Estado presente está y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir de la misma forma que cumplieron ellos”, casi una confesión de alquien que soñaba con ese estado que garantiza derechos y oportunidades.

La injusticia suele hacer temblar las convicciones y el sentirse al margen de la ley no era costumbre para estas familias. Engancharse de la luz, apurar la fila para ser el primero en recibir un inodoro, especular con la primera conexión de agua, pretender prioridad en la entrega de materiales. 

“No puedo, no me puedo acostumbrar a estar acá”, indicó la preadjudicataria de una de las casas que menos avances registra. No tuvo la suerte ni de tener los marcos de las ventanas. Está detrás de unas chapas y se turna con sus hijos para cuidarla.

"Fuimos un número, solamente un número. Un número fácil de acomodar y de arreglar. Cumplimos un mes, un mes, y no tuvimos una visita real, ni de las autoridades competentes, ni de la oposición. Nos visitaron más veces ustedes y tus movileros que en la comuna. Las veces que fueron asistentes sociales y yo les pregunté para qué viniste, me dijo ‘la verdad que no sé, me vine porque me mandaron’. Fue a tomar asistencia con un papel". 

Este último párrafo merece una explicación que se intentó disfrazar de censo. Aquí la Justicia pidió saber cómo identificar a las personas que ocuparon las viviendas. Si es cierto que son las mismas que salieron sorteadas por si acaso pueden revertir el fallo que declaró inválido el acto que encabezó el intendente interino Ramón Salazar en compañía de sus funcionarios y en presencia de su padre, el actual intendente Cecilio Salazar. 

Las asistentes estaban colaborando con una tarea que se le había encomendado a la policía cuando en aquella tarde de Carnaval se abrieron las puertas del obrador “para charlar como lo hicimos tantas veces que nos reunimos”, dijo Martín Baraybar. 

Esa era la única oportunidad que tenía el Estado municipal de contarle la verdad a los vecinos. De decirles que el Municipio obligaría a la empresa a contar con seguridad para resguardar las casas y que no era conveniente ocuparlas porque las obras no estaban terminadas. 

Era el momento de ponerse del lado de las familias y contarles que el dinero no estaba, la empresa no había cumplido y que no podían condenarlos a vivir sin luz, sin cloacas y sin agua. Mintieron y prometieron otra vez. 

A menos que toda la maniobra haya sido orquestada desde el poder, nadie podrá comprender jamás por qué quien representa los intereses de la población la estimula a violar las normas y la expone a acusaciones que sobrevendrán irremediablemente. 

Cuando la empresa termine de entregar migajas en materiales que también se llevó de otro barrio, la culpa y la responsabilidad será de los preadjudicatarios. Salvo que también logren convencerlos sobre la posibilidad de encontrar atajos políticos para terminar el barrio y entregarles las escrituras. ¿Lo creen posible?. Tal vez.

“Hay desidia, hay abandono de parte del municipio. Eso es lo que hay. Y de parte mía hay un enojo particular, pero lo tengo que saber manejar nada más. Seguimos sin luz, seguimos con la luz de que nos pase el vecino, y no sé qué más contarte. Estoy un poco saturado”, dijo Franco. No es para menos.

La Opinión le había propuesto relatar en primera persona lo que vivió en estos 30 días tras aquel mate que compartió desde una de las únicas casas en las que no se insultó a los periodistas que tomaron las imágenes que mostraron que los vecinos no cometieron ningún delito. Es la única prueba que hoy tiene la Justicia para no acusarlos de usurpadores. Sí, la única prueba.

A quienes están allí 30 días después, también se los invita a contar su historia. Ninguno quiere ser señalado por los demás. A nadie le gusta que su honestidad sea puesta en duda y mucho menos cuando obedece a la necesidad de contar con el respaldo que hasta hoy no les han brindado. 

Solo familiares y amigos saben los verdaderos motivos por los que usan un baño químico estando acostumbrados a un baño propio o por qué el agua no sube a los tanques. El resto de la población presume que se trata de “otra usurpación que seguro van a vender las casas”. ¿A cuántos minutos estamos de que esa sea una buena idea?. ¿Cuánto falta para que un preadjudicatario se dé por vencido?. 

El último párrafo se lo dejamos a Franco, el vendedor de sabrosos churros que sostienen la vida de toda su familia: “Historia de vida, yo hoy lamentablemente soy un propietario de dos casas ¿Y por qué lamentablemente? Porque yo tengo que seguir alquilando hasta que mi condición económica me deje construir un garaje Y eso en esta economía puede pasar no sé cuándo".

"Porque yo soy el albañil, el electricista, yo soy el plomero, todo eso pero fui a averiguar precios para construir mi garaje, para ir a llevar mi fábrica de churros que es con lo que le doy de sustento a mi familia. Y guau, qué pobre que soy, me di cuenta que soy más pobre de lo que creía. ¿Una historia de vida?, una persona que tiene una casa propia y que tiene que seguir alquilando. Qué los ‘reputaparios’, perdón. Ese es mi nombre y sí, contar lo que estamos pasando, por lo menos una historia que represente a muchos. En este caso por lo menos a 84”.

El Gobierno municipal contrató al abogado Daniel Spirópulos como apoderado para intervenir en el litigio con la empresa Arcor por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas del barrio Villa Depietri.

El abogado anunció en Sin Galera que solicitó a la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulghieri, que revea la medida cautelar que anuló el sorteo y obligó al Gobierno a no dar ningún paso administrativo respecto de los preadjudicatarios.

Spiópulos señaló que lo ocurrido desde el 13 de febrero pasado, cuando las familias tomaron posesión de las viviendas para evitar robos y ante riesgos de usurpación, debería ser tenido en cuenta por la Justicia, al menos en el marco de la medida cautelar vigente y confirmada por la Cámara de Apelaciones.

"Hay que destrabar esa medida cautelar. A mi criterio es muy gravosa", dijo el abogado y consideró "abusiva e injusta" la decisión judicial de no innovar, porque puso en suspenso lo que desde el Gobierno defienden como "un derecho adquirido" de los preadjudicatarios.

"La gente tiene derecho a quedarse", dijo Spirópulos.

"Es un derecho adquirido que lo tenemos que defender. ¿Cómo lo defiendo?: ocupando la vivienda aunque no esté terminada", dijo el abogado en dialógo con Lilí Berardi este sábado en Sin Galera.

Consideró pertinente que los preadjudicatarios presenten un amparo colectivo en ese sentido, para pedir "que la Justicia interceda y obligue tnato a la empresa como a la Municipalidad, a la Provincia (en realidad a Nación, de quien depende la obra) a que se les terminen las viviendas. Tienen derecho a hacerlo".

El abogado pidió "usar el sentido común" y consideró que los funcionarios del Gobierno municipal no tienen responsabilidad penal respecto de la entrega anticipada de las viviendas. "Al contrario, la habrían tenido si no actuaban en consecuencia" ante el riesgo de usurpación, sostuvo.

Este lunes hubo sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para tratar el pedido de informe sobre las 84 viviendas que elevaron los concejales opositores Martín Rivas y Mauro de Rosa.

Como acordaron el oficialismo, los radicales y Vanina Cappelletti, el proyecto no fue tratado sobre tablas, por lo que el intendente no deberá, por lo pronto, responder los requerimientos de la oposición sobre el tema.

El expediente fue girado a la comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos, a la que serán citados funcionarios del gabinete para responder consultar relacionadas con la situación del barrio.

Durante la sesión extraordinaria tomaron la palabra los ediles Martín Rivas y Diego Lafalce, quienes a su turno señalaron la relevancia que tiene el tema para el Municipio y la necesidad de que el Gobierno dé respuestas al respecto.

Al finalizar, Rivas dijo a La Opinión que espera que haya celeridad en la comisión para que se cite a los funcionarios y que pedirá que, como es habitual, esas reuniones sean públicas.

De Rosa, por su parte, sostuvo que el primero de los funcionarios que deberán citar es el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien ocupaba el mismo cargo al momento en que se produjo el sorteo, cuando Ramón Salazar estaba a cargo del Ejecutivo.

Consultado sobre su rol en ese momento, puesto que era chofer, secretario y hombre de confianza de Ramón, De Rosa aseguró que no estuvo en "la mesa chica" en la que se resolvió avanzar con el sorteo a pesar de los planteos de Arcor y que la decisión fue "del intendente y de su gabinete".

Juan Cruz González, presidente del bloque oficialista que responde a Cecilio Salazar, dijo a La Opinión que consideraron pertinente enviar el expediente a comisión para que los ediles puedan dialogar con los funcionarios del Gobierno. 

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La presentación judicial que hizo el lunes la empresa Arcor para que la fiscala María del Valle Viviani investigue la posible comisión de delitos por parte del intendente Cecilio Salazar y los funcionarios del Gobierno que intervinieron en lo ocurrido en las 84 viviendas sumó polémica al caso.

Es que el abogado de la compañía, José Benito Aldazábal, planteó a la Justicia que los integrantes del Gobierno municipal son pasibles de ser acusados de al menos tres delitos tipificados en el Código Penal (CP), que además podrían tener consecuencias políticas.

Para Arcor, la "entrega" de las viviendas a los preadjudicatarios, a través de la distribución de las llaves, y la facilitación de la "toma de posesión" del martes 13 implica responsabilidades penales.

Uno de los delitos que la empresa considera que cometieron los funcionarios del Gobierno es el de "desobedencia" (artículo 329 del CP), que prevé una pena de 15 días a un año de prisión para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Ello porque el intendente y los miebros de su gabinete involucrados en el tema hicieron caso omiso a la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri, cuya medida cautelar que anuló el sorteo del 25 de febrero del año pasado y obligó a suspender toda acción administrativa vinculada fue ratificada por Cámara.

También acusan al Municipio de los delitos de  abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del CP), que prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo a quienes sean hallados responsables de ese tipo de ilícito.

El artículo pena a todo "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Por último, Arcor pide a Viviani que impute a los funcionarios por el delito de malversación de caudales públicos (artículo 260 del CP), porque entiende que la entrega de las llaves encuadra en dar a "los caudales o efectos" que administra "una aplicación diferente a aquella a que estuvieran destinados".

Este jueves, personal municipal de Obras Sanitarias comenzó la instalación de los caños para llevar agua y cloacas a las 84 viviendas cuya obra inconclusa tiene a cargo la empresa cooperativa Grupo Alfa y en las que los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero del año pasado permanecen tras “tomar posesión” el martes 13.

El miércoles por la tarde hubo una reunión con un representante de la cooperativa Grupo Alfa, luego de la polémica suscitada luego de que personal del obrador insinuara que faltaban rejas y apuntara contra las familias que están en las viviendas, quienes se ofuscaron por la acusación.

Además, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, estuvo reunido con los preadjudicatarios luego de que el fin de semana se comprometiera a que el Municipio instalaría el agua y las cloacas, puesto que la mayoría de las unidades habitacionales, sin terminar, están habitadas.

El lunes, personal de Obras Sanitarias recorrió el barrio pero no tenían información precisa respecto de cómo era la instalación interna para conectar a la red, por lo que necesitaban planos que la empresa, en principio, no parecía dispuesta a entregar.

Finalmente, este jueves comenzaron a cavar los pozos para disponer esa cañería y que el agua llegue al barrio, al menos en canillas ubicadas en el exterior de las viviendas.

La obra para la instalación de la red cloacal y de agua corriente fue adjudicada en junio del año pasado y de manera directa a la misma empresa responsable de la construcción de las 84 viviendas, con recursos del Ministerio de Infraestructura provincial, con un presupuesto de más de 34 millones de pesos.

La empresa Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas en el marco de la toma de posesión de las 84 viviendas por parte de los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero.

El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscala María del Valle Viviani para que en la causa, que tiene como carátula "averiguación de ilícito" se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.

Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Cecilio Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.

"Si bien ,como dijo la fiscal, no es una usurpación porque se les abrió la puerta y se les entregó la llave, entendemos que hay delitos más graves, en los que están involucrados funcionarios públicos al hacer entrega", sostuvo en diálogo con La Opinión el abogado José Benito Aldazábal.

El representante legal de Arcor en la causa consideró que "se desobedeció la manda judicial de la cautelar, que ordenó no innovar; hubo abuso o incumplimiento de los deberes de funcionario público; y hubo hasta malversación, porque se entragaron bienes del Estado que no se podían entregar".

Explicó que el Gobierno no podría haber hecho entrega de las llaves ni autorizado la toma de posesión de los preadjudicatarios porque se trata de bienes del Estado que están involucrados en una causa en el fuero Contencioso Administrativo con medida de no innovar.

"El sorteo se anuló y la cámara dijo que hasta que no se resuelve el juicio, esa medida cautelar está vigente", recordó Aldazábal.

"La llave no se la dieron en el sorteo y el sorteo fue anulado. La llave se la dieron después y de manera clandestina, irregular", señaló el abogado y advirtió que en la Justicia "ni siquiera está la escritura del sorteo".

"La Justicia les pide los antecedentes y eso no está, no está la escritura pública con escribana que dice que esos son los sorteados. Tampoco hay expediente administrativo, todo eso lo pidió la Justicia y no está", aseguró.

Respecto de la situación de los preadjudicatarios, recordó que "hay un principio que dice que la ley se presume conocida por todos".

Dstacó que "los primeros que deberían saberlo son los funcionarios", por lo que "la gente podría decir que fue inducida, pero son parte de una maniobra irregular y resultan beneficiarias de casi un delito, yo pienso que lo hicieron de buena fe, pero en parte se sabía lo que estaba ocurriendo".

"Tendrán un derecho subjetivo de ir contra los funcionarios que crearon una falsa expectativa. Hay responsabilidad de los funcionarios que fueron contra algo que estaba normado y ellos sabían", señaló Aldazábal.

En la causa en el fuero Contencioso, Arcor pidió a la Justicia que la Municipalidad cumpla el cargo de la ordenanza, que etablecía que esos terrenos fueron donados para relocalizar habitantes del Bajo Puerto que ocupan tierras de la empresa. El Gobierno, por su parte, considera que ese cargo ya fue cumplido. Esa es la cuestión de fondo.

Arcor pide que se relocalice a la gente que está en sus terrenos o bien que le devuelvan la tierra. Teniendo en cuenta que allí se construyeron 84 viviendas, va por el pago de esa manzana a valor de mercado. Esa causa todavía está en trámite.

"Hay una incertidumbre total y una irregularidad total, no puede ocurrir que la administración pública se maneje de esa manera, pudiendo hacer las cosas bien no sé por qué las hace mal, de manera negligente, diría de manera dolosa, con intención", sostuvo Aldazabal.

El abogado consideró que los preadjudicatarios "deberían esperar a que se termine el juicio" y, en cualquier caso, “reclamar el incumplimiento que cometieron los funcionarios, que les hicieron comprar un problema”. 

"No se puede hacer lo que hicieron, jugar así con la esperanza de la gente", analizó Aldazábal.

Respecto de las responsabilidades penales que podrían endilgarles, informó que "Fiscalía y el juez analizarán si la gente es cómplice porque son beneficiarios de una maniobra irregular y podrán defenderse si es que no tienen culpa".

Aseguró que Arcor quiere "defender el derecho de propiedad", sobre todo de los terrenos linderos al puerto que los vecinos de la zona pretenden sea expropiado para transformarlo en un espacio público.

"Sobre ese terreno hay y hubo en su momento un proyecto para crear un puerto, el proyecto está, no sé en qué momento la empresa considerará hacerlo, pero siempre estuvo ese proyecto. El tema de la arenera es temporario, para mantener el derecho de propiedad sobre el terreno", indicó.

Además, cuestionó que durante la campaña electoral el Gobierno, en busca de la reelección de Salazar, "por un lado lo defendía y por el otro decía que lo iba a expropiar, una cosa insólita, antes de las elecciones, dándole a ambas partes el gusto, por decirlo de alguna manera".

Además de la presentación en la causa penal que tramita en la Fiscalía de Viviani, Arcor irá al Contencioso Administrativo a reclamar por el incumplimiento de la medida cautelar vigente. 

"Tenemos en mente ver si se puede imponer una sanción conminatoria para que la medida se cumpla y no se viole, y si se persiste, se imponga una multa diaria al funcionario o a la Municipalidad, mientras se incumpla la orden dictada", explicó. 

Este sábado, la fiscal María del Valle Viviani que tiene a su cargo la investigación sobre la situación que investiga la ocupación de las casas de los preadjudicatarios de las 84 Viviendas, habló con Lilí Berardi para informar cómo continúa la causa.

Caratulada como “Averiguación de ilícito”, la funcionaria admitió que la acción no puede ser catalogada como usurpación porque no hubo un medio comisivo violento, por lo que en un principio sólo ordenó que se identificara a todas las personas y además cursó un oficio a la Municipalidad para que le informe quienes eran los preadjudicatarios de las viviendas. 

“Esto es lo que hay por el momento”, afirmó y agregó: “Después si hay otras consecuencias derivadas de los pasos que se siguieron por parte de la Municipalidad que ha entregado o han adjudicado a estos preadjudicatarios. Eso se dilucidará en la cuestión civil si tiene o no consecuencias penales”. 

“Si hay algún delito que determine que tenga que intervenir la Justicia Penal, se tomarán las medidas correspondientes”. 

Esto último está relacionado con la información que solicitará al fuero Civil en el que se tramita la demanda de Arcor contra el Municipio por haber dispuesto de terrenos cuyo destino era la reubicación de familias que residen en el Bajo Puerto y cuyos datos están registrados en otro listado. Se trata de personas que quedaron al margen de la primer tanda del Barrio Arcor que se construyó durante el mandato de Mario Barbieri. 

En esa misma línea, Viviani tomará nota de la manda judicial que declaró la nulidad del sorteo que organizó la gestión de Ramón Salazar pese a las advertencias que se le habían notificado con anticipación.

Al momento de responder sobre si las familias están o no acusadas de algún delito, Viviani dijo que no se puede hablar de una usurpación ya que las personas que se encuentran en las casas no ingresaron utilizando la fuerza ni ningún medio violento.  

“Por eso a mi la Ley no me habilita a pedir un desalojo, no en este momento porque no se dan los elementos intrusivos del delito”, indicó. 

Por otro lado, debido a que las casas se encuentran en condiciones deplorables, ya que la obra a cargo de cooperativa Alfa quedó parada, muchos fueron los que con cortinas, aberturas y diversos muebles protegieron sus viviendas. Respecto a si eso agrava la situación, la fiscala aconsejó a las familias consultar con la Municipalidad. 

Si los preadjudicatarios deberán o no declarar, la fiscala expresó que debe aguardar a que se le informe la resolución de la justicia civil sobre el estado del conflicto entre Arcor y la Municipalidad por los terrenos. A partir de allí determinará qué hacer y qué medidas tomar.  

Los preadjudicatarios de las 84 viviendas que se construyen en Villa Depietri que este martes decidieron "tomar posesión" y pasar la noche para evitar robos e intentos de usurpación seguirán pernoctando en el predio. Así lo decidieron tras una asamblea.

Algunos se fueron de madrugada y otros entrada la mañana, la mayoría a trabajar. En algunos casos se turnaron con sus parejas, familiares o amigos para la custodia, que implicó la desactivación de más de un intento de ingreso de desconocidos al barrio.

La policía mantuvo la custodia permanente tanto de patrulleros fijos como de rondas para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a las familias, que aseguraron estar "cansados de esperar" que se resuelvan las problemáticas que los mantienen sin certezas respecto de su condición de futuros propietarios de esas viviendas.

El intendente Cecilio Salazar viajará este jueves a Buenos Aires para mantener una reunión con funcionarios de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Allí solicitará la reactivación de la obra, que está paralizada porque la empresa cooperativa Grupo Alfa no cobra certificaciones desde el cambio de gobierno.

En Palacio saben que hay más posibilidades de que sea un viaje infructuoso a que el jefe comunal regrese con buenas nuevas de esa reunión. En todo el país y en la provincia de Buenos Aires —ya se los advirtió el exministro de Obras Públicas de la Nación y actual de Infreaestructura provincial, Gabriel Katopodis— las obras paralizadas es el denominador común.

En el barrio no supieron nada más de las autoridades municipales y aguardan los resultados de esa reunión. Mientras tanto, las repercusiones de lo ocurrido el martes en el predio podrían llegar a la Justicia más allá de la identificación de quienes ingresaron a la obra que ordenó hacer la fiscala Viviani.

“Mañana un grupo de trabajadores vamos a retomar nuestro trabajo en la empresa Alfa del barrio Depietri a partir de las 6 de la mañana”, ese fue el mensaje que uno de los operarios que pretende recuperar su trabajo envió a La Opinión & Sin Galera para recordar que había un compromiso por parte de la empresa Alfa que funciona como cooperativa, aún no cumplió.

Estas personas que fueron desplazadas de sus lugares de trabajo entre el 20 y el 22 de diciembre aguardaban el paso de los 15 días que le pidieron los empresarios oriundos de Quilmes para retornar. De hecho en noviembre el gobierno municipal anunció que el gobierno nacional pagaría todo antes de diciembre y el Secretario de Obras Públicas aseguró que el avance había sido certificado en un 96%. 

“Por los problemas que hubo con Milei y todas esas cosas, todas esas cosas de políticas, nos dijeron que el 15, mañana es 15 de enero”, dijo el hombre que pidió ayuda a todos los medios y autoridades para que se los reincorpore en una obra que debió haber sido finalizada en junio de 2023, tal como le anunciaron a los preadjudicatarios sorteados que además de las demoras tienen el problema que se dirime en la justicia respecto al reclamo de Arcor sobre los terrenos que fueron utilizados por la municipalidad para la construcción de este complejo de viviendas. 

“Ahora nos están pasando la información, el encargado, de que no se va a retomar nuevamente hasta el 31. Somos más de 60 personas. Éramos 100 en el mes de diciembre, más o menos”, explicó este empleado/socio y agregó que ya entre el 10 y el 15 de diciembre habían despedido a 40 personas. 

“Después que asumió Milei, echaron a 40, más o menos 40 o 50 personas y ahora nosotros somos 60. No nos dieron nada, nos dijeron que iban a esperar unos días para ver qué pasaba.  Ahora nos están estirando hasta el 31”, indicó en línea con lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país con la obra pública que no se ha pagado o que se ha pagado y no se ha ejecutado. En San Pedro, por ejemplo, se le adelantó una suma millonaria a la empresa Indhal que está en proceso de convocatoria como adelanto para la construcción de una escuela y lo único que se sabe es que se les envió una intimación. Hay varias en esa situación y Alfa es la responsable de la falta de cumplimiento en otras adjudicaciones. Otra que sigue siendo noticia pero a la que se le pagó con dinero de los sampedrinos es la que tenía a su cargo la reparación del tanque copa. La lista continúa con la que tenía adjudicada la Ruta 1001 y con Eleprint que ejecutaba la 191. Todas ellas en duda desde mucho antes de las elecciones generales. 

El pedido de ayuda para que la prensa se haga eco de la situación recuerda que “la gente va a retomar sus tareas laborales a partir de las 6 de la mañana. Porque hay un grupo de gente que todavía sigue laburando y sigue cobrando como corresponde. Y a nosotros nos dejaron colgados, sin trabajo, sin ninguna respuesta”, la aclaración vale porque hay personas que no son de San Pedro a cargo del cuidado del obrador. De hecho el sábado a la mañana hubo algunos movimientos en el lugar. 

“Nosotros lo que queremos es trabajar. Y también hay gente como yo y como todos que hacen más de un año y dos años. Porque una vez por año, las cooperativas de trabajo como esta Alfa, que es de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, se reparte una equis cantidad de plata a los compañeros como nosotros que somos socios y dueños de la cooperativa. Y bueno, la gente va a ir mañana a reclamar”. 

Respecto de contar con la representación sindical de la UOCRA, respondieron que no; que no tienen relación con el sindicato que el próximo 24 de enero se sumará al paro decretado por la CGT.

Pasadas las elecciones de octubre, el problema con el predio que Arcor cedió al Municipio para relocalizar a las familias que viven en los terrenos de Bajo Puerto sigue siendo una preocupación para los preadjudicatarios que, tal como les prometieron, esperaban en julio de 2023 acceder al techo propio.

La Cooperativa Alfa, constructora del complejo habitacional, ya no opera en la ciudad y pese a que sólo faltan detalles de terminación la Justicia ha resuelto invalidar los sorteos y hacer lugar a la ampliación de la demanda que elevaron los abogados de la empresa, que además tienen previsto ir al fuero Civil contra el Estado local.

El texto que fue presentado el pasado 12 de diciembre solicita que “se ordene cumplir a la demandada con la Ordenanza 5422-04, y se adjudiquen las viviendas a las personas para las cuales fueron destinadas, relocalizando las mismas que se encuentren en los predios de mi representada”.

La solicitud es clara y hay dos consideraciones muy importantes que deberá evaluar la jueza interviniente: se perdieron expedientes y el listado de los sorteados es una prueba documental que acredita que el Gobierno incumplió el mandato inicial.

"Se ordene la revocación de la donación, la restitución y desalojo del inmueble a mi representada", dice el apartado tercero de la ampliación de la demanda de Arcor contra el Municipio.

Los abogados no sólo se apoyan en la falta de cumplimiento de la cesión sino que en caso de no acceder a la restitución de las manzanas cedidas en el Barrio Depietri, litigarán para recuperar su valor inmobiliario ya sea a cargo de la comuna o de los funcionarios responsables.

“Para el eventual supuesto de no poderse revocar la donación y/o restituirse la propiedad a mi representada libre de ocupantes, se resuelva la presente acción como de daños y perjuicios, condenando a la demandada al pago del valor de mercado del inmueble a valores actuales, más sus intereses y daños por la indisposición”, indica el expediente que ya está en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de  María Isabel Fulgheri.

Respecto de la oportunidad que tuvo el Municipio de demostrar que no había transgredido el acuerdo celebrado en 2004, el material es escaso. La abogada de la Dirección de Asesoría Letrada reconoce que no puede responder la manda judicial ya que, dice, “le hago saber que es de imposible cumplimiento remitirle el expediente” porque “se ha extraviado”. En el siguiente párrafo indica que “luego de una búsqueda intensa” en los archivos “no ha sido localizado”.

A esa respuesta le sumaron la lista con los nombres de los sorteados titulares y suplentes. Una situación que obligará a encontrar alguna salida a un problema que lamentablemente terminará enfrentando a los vecinos porque la mayoría siguen pagando su alquiler o viviendo en lugares a préstamo. 

Cabe aclarar que junto a esa documentación, no existe acreditación de la actuación notarial que contó con la presencia de una escribana que envió el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Municipalidad sufrió otro revés en la Justicia en relación a las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri: la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la apelación y ratificó el fallo de la jueza Fulghieri que declaró “inválido” el sorteo del 25 de febrero y, por ende, el proceso de adjudicación.

Los abogados del Estado local habían ido al Tribunal de alzada para pedir que deje sin efecto ese fallo, pero no lo consiguió. Ahora, resta que el Poder Judicial se expida sobre la cuestión de fondo planteada por Arcor, que sostiene que en esos terrenos debían construirse viviendas destinadas a la relocalización de familias que ocupan tierras de su propiedad en la zona de Bajo Puerto.

En la apelación, la secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa, y el director de Asesoría Letrada, Ricardo Uguet, se explayaron sobre las razones que entienden asisten al Municipio para considerar “cumplido” el cargo de la ordenanza que estableció lo que reclama Arcor. Sin embargo, la Cámara hizo caso omiso a esos planteos, puesto que, señalaron, no correspondía en esta etapa su análisis.

“Se formulan alegaciones que exceden el relato de los hechos”, dice el fallo de Cámara, que consideró el escrito de Costa y Uguet como una “contestafción de demanda” que “no corresponde” a lo que ese Tribunal debía poner en debate, puesto que sólo tenía que referirse a la pertinencia de la cautelar favorable a Arcor que resolvió Fulgheri.

Así, la Cámara respaldó la decisión de la jueza de primera instancia al considerar que “tuvo por configurado el recaudo de la verosimilitud” respecto dela “ausencia de la debida publicación del decreto” que incluyó a las familias que iban a participar del sorteo.

“No fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial al tiempo de su aplicación”, subrayó el Tribunal, que destacó que el Municipio no sólo no impugnó ese aspecto sino que hasta “reconoce expresamente que el decreto indicado no fue debidamente publicado”.

Aunque aclaran que el marco de su apreciación es “acotado” y que no necesariamente implica emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, los jueces de la Cámara dejaron asentado que el cargo del que habla la ordenanza de 2004 parece, prima facie, “no cumplimentado en forma acabada por la Comuna, a tenor de la inexistencia de acto administrativo alguno emanado del Municipio que así lo declare”.

Ello no es otra cosa que lo que sostuvo Arcor en su demanda: si el Municipio hubiese considerado cumplido el cargo, como sostiene ahora el Gobierno de Salazar, debería haberlo escrito y dejado asentado a través de algún tipo de instrumento administrativo para tal fin, un decreto, una resolución.

Estas circunstancias, dice la Cámara, “apuntalan y acrecientan la verosimilitud en el derecho invocada por la sociedad accionante”, es decir por Arcor, que reclamó en su demanda que el Estado local actuó “por las vías de hecho”, por lo que pidió que las viviendas se destinen a lo que dice la ordenanza o, de lo contrario, se les devuelvan las tierras o, como última opción, se le pague los terrenos a precio de mercado actual.

En contra del riesgo de afectación del interés público que supuso el Gobierno en su apelación, la Cámara consideró que la medida cautelar vigente “tiende a preservar el patrimonio municipal, frente a la eventual posibilidad de la revocación de la donación de los inmuebles cedidos por la sociedad demandante al Municipio”.

A más de tres meses del sorteo de las 84 viviendas y a 40 días desde que la Justicia lo declaró inválido a través de una medida cautelar solicitada por la empresa Arcor, la construcción continúa en el barrio Villa Depietri y se esperan definiciones en el ámbito judicial, mientras continúan los intentos de acercamiento por fuera.

El Gobierno apeló la medida cautelar y aguarda que la Cámara en lo Contencioso Administrativo analice esa apelación, cuyo expediente “todavía no llegó” a ese Tribunal Superior.

“Estamos a la espera de esa resolución, más que eso no te puedo decir”, señaló en Sin Galera el abogado de Arcor en San Pedro, José Benito Aldazabal, quien además de la cautelar hizo la presentación de la cuestión de fondo, en la que la empresa exige que se tenga en cuenta la relocalización de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que se le devuelva el terreno o que se le pague su valor de mercado como indemnización.

Aunque el debate en la instancia judicial está instalado y sigue por las vías correspondientes, Aldazabal aseguró que “hay diálogo entre la empresa y los funcionarios para ver de qué manera se puede resolver extrajudicialmente el problema que se generó”.

El abogado consideró que “tal vez” antes de que se expida la Justicia sobre la cautelar o sobre la cuestión de fondo “se pueda llegar a un entendimiento” entre las partes en conflicto.

Mientras tanto, la construcción de las 84 viviendas continúa a cargo de la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Gobierno avanza en el proceso de validación de la documentación de las familias que resultaron sorteadas el 25 de febrero en el club Independencia.

La jueza María Isabel Fulgheri, que dictó una medida cautelar que anuló el sorteo de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri, tiene en su poder el planteo de fondo de la empresa Arcor, que pide que esas casas sean destinadas a relocalizar habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio o bien que se le devuelva el terreno o, en última instancia, se la indemnice a valor de mercado de esa tierra.

En el escrito que presentó la firma multinacional para pedirle a la Justicia que haga cumplir el cargo tal como lo establece la ordenanza mediante la que donó esos terrenos y que la Municipalidad sostiene haber cumplido, aparece el relevamiento que La Opinión informó cuando personal de una consultora iba casa por casa en la zona de calle Vapor Nacional Correo Argentino, paralela al riacho, en el bajo.

Arcor señala que “por razones de la urgencia y seguridad” su relevamiento se circunscribió a un sector de los terrenos costeros de su propiedad, donde hay “personas que se encuentran en el inmueble”, pero que “existen además muchas personas sobre el sector B del croquis que aparece en la escritura”.

“También se encuentran ocupado esta última parcela identificada y también deben ser reubicados en las viviendas que fueron indebidamente sorteadas otras personas, que no son las que por norma legal debían ser”, señalaron los abogoad de la empresa en el escrito judicial.

Por ello, pide a la Justicia que “se ordene mandamiento de constatación judicial, con todas las autorizaciones y medidas de seguridad para asegurar la integridad física del oficial de justicia y demás personas a cargo del diligenciamiento” para relevar Bajo Puerto y Bajo Cementerio con el objetivo de establecer la presencia de familias que deberían, según su criterio, ser relocalizadas, de acuerdo a lo que plantea la ordenanza, en los terrenos donde se construyen las 84 viviendas.

En la apelación a la medida cautelar, la Municipalidad hace hincapié en la palabra “actualmente” que dice la ordenanza, del año 2004, para referirse a las personas alojadas en los terrenos de Arcor y que eran las que iban a ser relocalizadas.

Si con posterioridad a la entrega de esas viviendas los terrenos de Arcor fueron ocupados nuevamente, “ese hecho se habría producido por culpa y responsabilidad” de la propia empresa, “que debía cuidar los terrenos como dueño”, planteó el Gobierno a través de sus asesores letrados.

El “principio de entendimiento entre las partes” que surgió de la última reunión entre Arcor y el Gobierno por el conflicto de las 84 viviendas no prosperó y la empresa fue a la Justicia para que resuelva la cuestión de fondo, tras la medida cautelar que anuló el sorteo, relacionada con el cumplimiento de la ordenanza que establece que esos terrenos fueron donados por la firma multinacional para la relocalización de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio.

Aunque en la reunión se había hablado de “una posibilidad concreta de dejar sin efecto la medida cautelar”, según dijo el abogado Daniel Spirópulos, quien ofició de mediador por ser “amigo” de ambas partes, la empresa consideró que “no se pudo llegar a un entendimiento” e instruyó a sus abogados a proseguir por la vía judicial el reclamo inicial.

Arcor le pidió a la jueza en lo Contencioso Admnistrativo María Isabel Fulgheri que, tal como hizo en la cautelar —que es una medida precautoria y por tanto, provisoria—, anule el decreto con el listado para el sorteo, el propio sorteo y todo los actos administrativos posteriores, “por ilegítimos”.

La empresa le reclama al Gobierno que cumpla con el cargo de la ordenanza, que dice que esos terrenos fueron donados pare relocalizar a quienes ocupan su predio costero, y sostiene que el cumplimiento que aduce el Municipio no es tal.

Pero además, pide que si no pudiera cumplirse el cargo, “se ordene la revocación de la donación”, es decir se devuelva a la empresa el terreno, tal como establece la propia ordenanza, que deja abierta la posibilida de que Arcor retome la propiedad.

Subsidiariamente, ante el supuesto de que el desalojo no pudiera hacerse efectivo, la empresa solicita que, en última instancia, se le pague en concepto de daños y perjuicios una indemnización a valor de mercado del inmueble, que tenga en cuenta la posibilidad de loteo, etc.

Arcor sostiene que el decreto y el sorteo, cuyos efectos quedaron suspendidos por la cautelar, son nulos puesto que ese instrumento, como dice el fallo, no fue publicado oportunamente en el Boletín Oficial. Pero además, lo consideran “ilegítimo” por ser parte de lo que los abogados acusan de “vías administrativa de hecho” al no haber generado instrumento administrativo alguno que sostenga lo que el Gobierno aduce respecto del cumplimiento del cargo.

“Jamás fue notificada mi representada de una resolución fundada en un expediente administrativo por la cual se haya decidido no cumplir con la ordenanza y el cargo”, dicen los abogados de Arcor. Si, como sostiene el Municipio, nada le debe el Estado local a la empresa, debería constar en alguna resolución o decreto.

Esto, dicen los representantes legales de la empresa, constituye una “clara violación del ordenamiento jurídico” puesto que no hay fundamentos, expediente administrativo, notificación de resolución fundada o sentencia judicial que “los autorice a violar la ordenanza y/o dar por decaído el cargo”.

El Gobierno apeló en tiempo y forma el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo que declaró “inválido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, tras el planteo de la empresa Arcor ante la Justicia.

La secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa, y el director de Asesoría Letrada, Ricardo Uguet, presentaron un escrito en el que repasan las cuestiones que llevaron al planteo de Arcor y devinieron en la medida cautelar a la que hizo lugar la jueza María Isabel Fulgheri.

Allí argumentaron, como sostuvo el Gobierno públicamente, que el cargo de la ordenanza mediante la que Arcor donó los terrenos para la construcción de viviendas “está cumplido” y que la empresa ya no tiene qué reclamar.

La ordenanza, advierte la apelación, dice que esos terrenos fueron donados para construiri viviendas que “serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas actualmente en los terrenos propiedad de la donante”. Hace hincapié en “actualmente”, que refiere a 2004.

En ese sentido, los abogados de la Municipalidad indicaron que para reubicar familias hicieron un relevamiento con personal profesional cuyo resultado fue un listado de 95 grupos familiares. Entre ellos, detallaron, había “situaciones irregulares” y gente que no aceptó irse del lugar. Quedaron 80, los que fueron ubicados en el barrio Arcor, cuyas unidades habitacionales se entregaron en 2007.

En ese marco, la Municipalidad sostiene que si con posterioridad a la entrega de esas viviendas los terrenos de Arcor fueron ocupados nuevamente, “ese hecho se habría producido por culpa y responsabilidad” de la propia empresa, “que debía cuidar los terrenos como dueño”.

Otro de los argumentos planteados por el Estado local es de la falta de acciones, en los últimos 19 años, por parte de “los potenciales beneficiarios del cargo” ni por parte de la empresa Arcor, puesto que hasta que no se anunció el sorteo nunca hubo planteo alguno.

Además, la Municipalidad se refirió al relevamiento que hizo Arcor el 10 de marzo pasado en el Bajo Puerto. Golpearon en 40 viviendas y fueron recibidos en 31. El Gobierno advierte, de la lectura de ese censo, que “19 eran menores de edad al 2004 y de los 12 adultos, solo cinco aceptarían ser reubicados” y que ninguno de ellos residía en la zona en esa época, por lo que no podrían ser beneficiarios del cargo.

Para el Gobierno, la medida cautelar dictada por la Justicia afecta “gravemente el interés público” porque pone en juego la necesidad habitacional de la población y pone en riesgo de usurpación las viviendas en construcción.

“¿Cómo hará la Municipalidad de San Pedro para cuidar esas viviendas hasta que se resuelva la cuestión de fondo? ¿Esas viviendas quedarán desocupadas por años con la necesidad habitacional que existe?”, se preguntaron los asesores legales del Estado local.

El conflicto entre Arcor y el Gobierno local por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas, que derivó en un fallo judicial que invalidó el sorteo, tuvo este miércoles un “principio de entendimiento entre las partes” durante una reunión que tuvo lugar en el Palacio municipal.

El intendente Cecilio Salazar recibió al gerente de la planta local de Arcor y a un referente enviado desde Buenos Aires para intentar acercar posiciones. El abogado Daniel Spirópulos ofició como mediador y fue vocero tras el encuentro, en diálogo exclusivo con La Opinión.

Spirópulos aseguró que fue una reunión “muy fructífera” camino a “un acuerdo definitivo” entr Arcor y el Municipio. “Se establecieron los caminos” de entendimiento, dijo el abogado tras el encuentro.

“Inclusive se habló de una posibilidad concreta de dejar sin efecto la medida cautelar” que invaldó el sorteo, anunció Spirópulos. Recordó que el fallo es “una medida provisoria” y que Arcor “la va a levantar en la medida en que vea un principio de satisfacción de sus derechos”.

“Vamos a trabajar de manera inmediata, expedita y objetiva, y lo que vamos a lograr es el levantamiento de la medida cautelar”, dijo Spirópulos y señaló que “se van a lograr entender”.

Mientras se espera la apelación al fallo de la Justicia que declaró la nulidad del sorteo de la 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, el miércoles habrá una reunión entre representantes de Arcor y el Gobierno municipal.

La empresa logró una medida cautelar mientras la jueza Fulgheri analiza la cuestión de fondo, que es el planteo de Arcor respecto de lo que entiende como un incumplimiento a la ordenanza mediante la que donó esas tierras, destinadas a la relocalización de vecinos del Bajo Puerto.

Cuando el Gobierno anunció que iba a sortear esas viviendas, Arcor envió una carta documento al entonces intendente interino, Ramón Salazar. Eso fue en enero de 2022. Allí le advertía que si sorteaba las casas, estaría incumpliendo el cargo dispuesto en la ordenanza.

Un año más tarde, el 6 de febrero, a 20 días del sorteo anunciado, Arcor volvió a enviar cartas documento con el mismo texto que en 2022. Fueron dos, ambas remitidas a Pellegrini 150, una dirigida al intendente y otra al “Consejo Deliberante”, un error —el poder deliberativo es “Concejo”, con C— en el que muchos incurren, hasta la propia presidenta interina Rita Leguizamón, que lo escribió así en su último pedido de licencia.

En el HCD nadie se enteró de la carta documento. En el Ejecutivo, sí. De hecho, respondieron a la última. Fue el 28 de febrero, varios días después de haber hecho el sorteo y preadjudicado a 84 familias titulares y algunas suplentes las viviendas en construcción.

La respuesta, firmada por el entonces director de Asesoría Letrada, Ricardo Uguet, es cuanto menos llamativa. No sólo niega que el Estado local deba cumplir con cargo alguna sino que hasta sostiene que las 84 viviendas no se contruyen en el terreno donado por Arcor.

El Gobierno loca acusó recibo de las cartas documento y en la respuesta por la misma vía las rechaza “por improcedentes e infundadas”, algo que se redacta por estilo habitualmente en esos intercambios.

“Niego que la Municipalidadde San Pedro hubiera incumplido cargo alguo y/o que las viviendas del barrio Depietri se hayan construido sobre la parcela que usdetes invocan”, dice Uguet, en su carácter de apoderado del Estado local.

Niega, también, que la Municipalidad “hubiera incumplido cargo alguo repecto de la donación con cargo realizada por Indalar S. A.” y rechaza la intimación de Arcor al tiempo que exhorta a que “se asbtengan de continuar realizando intimaciones improcedentes”.