La Sociedad Rural de San Pedro expresó su acuerdo con el planteo de rechazo que un grupo de vecinos hizo ante la posibilidad de que para saldar la deuda con Ashira el convenio incluya inmuebles municipales como parte de pago.

El Gobierno municipal firmó un convenio para pagar los 3600 millones de pesos que arrastra como deuda con la empresa de recolección de residuos e higiene urbana, que prevé pagarse en 90 cuotas, lo que implica la actual gestión y las dos siguientes.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, dijo en más de una oportunidad que San Pedro deberá evaluar la posibilidad de que para hacer frente a esa deuda pueda cederse en parte de pago algún inmueble municipal, lo que desató la polémica, porque el convenio todavía no llegó al Concejo.

La entidad ruralista que preside Lisandro Gordó expresó su rechazo a esa posibilidad, en consonancia con el planteo que hizo un grupo de vecinos, que juntan firmas para manifestarle su desacuerdo al Gobierno.

"Consideramos que el patrimonio público constituye un activo estratégico de toda la comunidad y que cualquier decisión que implique su desprendimiento debe ser analizada con la máxima responsabilidad", señalaron en un comunicado.

Además, pidieron al intendente y a los concejales que "arbitren las alternativas necesarias para resolver la situación financiera existente sin recurrir a la enajenación de bienes municipales, preservando así el patrimonio de todos los sampedrinos". 

La Sociedad Rural de San Pedro fue sede de un encuentro regional encabezado por el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, quien mantuvo una reunión de trabajo con dirigentes y representantes de entidades rurales de distintos distritos para analizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector agropecuario.

Durante la jornada se abordó una amplia agenda de temas vinculados a la producción, la representación gremial y el marco regulatorio que afecta a la actividad. Entre los asuntos centrales figuraron la situación institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismos considerados estratégicos para el desarrollo y el control de la producción agropecuaria.

Asimismo, los participantes intercambiaron opiniones sobre la presión impositiva que afronta el sector, la problemática de la seguridad rural y el avance de las negociaciones vinculadas a la Ley de Semillas, uno de los proyectos que genera mayor expectativa dentro de la actividad.

La agenda también incluyó el análisis de las aplicaciones periurbanas y los debates en torno a una futura Ley de Agroquímicos, cuestiones que mantienen un fuerte impacto sobre la producción y que continúan siendo objeto de discusión entre productores, entidades y organismos gubernamentales.

Los dirigentes coincidieron, además, en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre las entidades rurales y sus asociados, con el objetivo de brindar información práctica, actualizada y accesible sobre temas que adquieren una creciente complejidad técnica y normativa.

La visita de Castagnani se inscribe en una serie de recorridas que CRA viene realizando en diferentes puntos del país con el propósito de mantener un contacto directo con las entidades de base, recoger las inquietudes de los productores y fortalecer la representación gremial del campo argentino.

La problemática de la inseguridad en el campo fue visibilizada esta semana desde la Sociedad Rural, que emitió un comunicado en el que advierte "indiferencia" por parte de las autoridades políticas y judiciales.

Este sábado, el presidente de la entidad, Lisandro Gordó, contó en Sin Galera que cada semana, en la zona, se reportan entre cinco y siete denuncias por robos de todo tipo: abigeato, producción, alambrados, etc.

En ese marco, anunció que presentaron un proyecto al Banco Nación para solicitar financiamiento para la instalación de cámaras de seguridad. Si bien muchos productores tienen, el plan es que haya una red colaborativa.

"Hemos pedido al Municipio poner bajo los puentes, pero nos dicen que no es jurisdicción, así que instamos a los productores a cuidarnos entre nosotros e intentar ayudar a las fuerzas a que esto salga adelante", señaló.

En ese sentido, indicó que la Sociedad Rural colabora habitualmente con la policía del Comando de Patrulla Rural para la reparación de móviles, adquisición de baterías o cubiertas, etc.

"El Municipio atraviesa problemas que no hace falta describir, están en todos lados, así que tratamos de gestionar lo nuestro, creemos que no podemos tener a la Patrulla Rural sin los medios necesarios, estamos colaborando como hemos hecho en otras gestiones", explicó.

"Estamos atravesando un momento, en el último mes y medio, de fuerte incremento del delito rural. El mensaje es tranqueras afuera y tranqueras adentro. Estamos poniendo el problema arriba de la mesa, atajando el problema más que lo normal", dijo respecto de las acciones emprendidas.

La Sociedad Rural está confeccionando un "mapa del delito" y tiene a un abogado que "está siguiendo las causas" relacionadas con delitos cometidos en el ámbito rural.

Si bien Gordó destacó que tener una Fiscalía tematizada en delitos rurales fue un logro, consideró que en la situación actual de carencia de recursos materiales y humanos complica la situación. "Está desbordada", señaló.

Respecto del "mapa del delito", informó que "el área caliente" es un cuadrante que va desde San Pedro a Río Tala, La Celina y ruta 191 hasta Pueblo Doyle.

La Sociedad Rural de San Pedro cuestionó la "profunda indiferencia política y judicial" ante los hechos de inseguridad que afectan al sector en la zona.

Aunque aseguraron "valorar" la labor del Comando de Prevención Rural, policía especializada que depende del Ministerio de Segutidad, pero cargaron contra quienes tienen "la responsabilidad de garantizar seguridad y justicia", es decir contra el Gobierno provincial y el Poder Judicial, lo que incluye a fiscales y jueces.

"La creciente vinculación entre el delito rural y el narcotráfico constituye una amenaza cada vez más preocupante para nuestra comunidad", señalaron en un comunicado difundido este viernes.

Consideraron que "negar esta realidad o disimularla detrás de anuncios y discursos" no hace más que "profundizar el deterioro".

En ese marco, pidieron "decisiones, compromiso y acciones concretas" para abordar la problemática y destacaron el "esfuerzo" y el "compromiso" de productores rurales "para acompañar y sostener acciones".

La inseguridad en los campos fue tema predominante en la reunión realizada en la Sociedad Rural entre autoridades del Comando de Patrulla Rural, miembros del Foro de Seguridad Rural Argentino y directivos de la entidad anfitriona.

Los casos ocurridos en las últimas semanas generaron, una vez más, la preocupación en el sector ganadero.

El cruce de información y un análisis de la realidad, aparentemente abarcativo a todo el norte de la provincia de Buenos Aires, derivó en la coincidencia de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar las tareas de prevención y, con ello, mejorar la capacidad de respuesta y respaldar las acciones del Comando de Patrulla Rural. La finalidad es acompañar a los productores y vecinos de la región, que saben que son propensos a ser víctima del delito.

Para la Sociedad Rural la validez del encuentro estuvo dado en la respuesta, que ahora debe trasladarse a los hechos, además de agradecer la presencia del comisario mayor Ariel Aníbal Álvarez, director operativo Norte del Comando de Patrulla Rural, y el comisario inspector Sebastián Medina, coordinador zonal del mismo organismo con sede en Pergamino.

Este miércoles, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estará en San Pedro para una de sus habituales "conferencias de verano", que incluye una reunión con referentes de los sectores productivos de la región.

En ese marco, la Sociedad Rural de San Pedro informó que no participará y que "tras una evaluación interna" sus integrantes resolvieron rechazar la invitación, que les llegó a través del gerente del Banco Provincia local.

Consideraron que el contexto actual "demanda ámbitos de diálogo" para "avances concretos" y no "meras instancias formales", como calificaron a este tipo de encuentros.

Además, la entidad que preside Lisandro Gordó cuestionó a Kicillof por "responsable de decisiones históricas que derivaron en la situación actual" y aseguró que "no se presenta como un interlocutor confiable para encarar soluciones de fondo".

La Sociedad Rural expresó en un comunicado que como entidad están preocupados por "la incertidumbre económica, productiva y social" y por las "dificultades que atraviesan los sectores productivos, comerciales y de servicios".

En se sentido, señalaron que hay un "deterioro en las condiciones de seguridad", lo que, consideraron, impacta "en la vida cotidiana de los vecinos y en el desarrollo regional".

Agradecieron la invitación del Banco Provincia y destacaron su rol institucional, así como su "histórico vínculo con la región". En ese marco, dijeron que están a disposición para "participar en espacios de trabajo serios y orientados a resultados efectivos".

El proyecto de ordenanza impositiva que los concejales tratan este viernes en sesión extraordinaria prevé un aumento del 100 por ciento de las tasas de contraprestación directa, lo que provocó cuestionamientos de la Sociedad Rural, puesto que una de ellas es la de mantenimiento de la red vial.

En un comunicado, la entidad ruralista —cuyo secretario Martín Palazón se inscribió como mayor contribuyente— expresó "profunda preocupación" y se declaró en "estado de alerta" por los aumentos propuestos.

Además del incremento de la tasa de red vial, señalaron el 100 por ciento de aumento sobre el ABL y el 50 por ciento sobre control de marcas, lo que, consideraron "configura un escenario de fuerte presión fiscal que no encuentra justificación".

El aumento, sostiene la Sociedad Rural, "vuelve a recaer con fuerza sobre los contribuyentes y el sector productivo, sin que ello se traduzca en mejoras concretas en servicios o infraestructura".

Sobre la red vial, aseguraron "alarmante" que con los caminos "en un estado deplorable y sin el mantenimiento adecuado" se haya proyectado un incremento del 100 por ciento, a lo que se sumarán ajustes por inflación según lo que informe el Indec y de manera bimestral, como ocurrió en 2025.

“La ciudad muestra signos evidentes de deterioro, producto de años de falta de planificación y gestión. No solo el sector productivo se ve castigado: es toda la comunidad la que sufre las consecuencias”, dijeron.

"Sin embargo, una vez más, son quienes producen y generan trabajo quienes terminan absorbiendo los mayores costos, 'pagando la fiesta' y cubriendo la ineficiencia del Estado local", cuestionaron los ruralistas.

"Esperamos que las autoridades recientemente asumidas no se conviertan en socias de esta decadencia, sino que impulsen un cambio real en la forma de administrar los recursos públicos, priorizando la eficiencia, la transparencia y el acompañamiento al sector productivo", señalaron en el comunicado.

Pidieron "gestión responsable, servicios acordes a lo que se cobra" y "una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía local", porque "el desarrollo de la ciudad no puede construirse sobre aumentos desmedidos y permanentes".

Productores del sector isleño del Delta se convocaron en la ciudad de Ramallo, donde mantuvieron una reunión con autoridades policiales de la provincia de Entre Ríos. 

Entre los presentes estuvieron el jefe de Delitos Rurales, el inspector Marcelo Della Giustina; el jefe de Brigada de Abigeato, inspector Leandro Peralta; y varios ganaderos de la zonas insular.

La convocatoria, encabezada por el exfuncionario sampedrino Fernando Coronel, surgió ante los reiterados ilícitos en la jurisdicción de la Comisaría 3ª de Islas de Entre Ríos, que abarca aproximadamente 150 kilómetros en línea recta desde Arroyo Seco hasta San Pedro, sobre las Islas Lechiguanas.

En la mesa de diálogo, de la que también participó Raúl Victores por la Sociedad Rural de San Pedro, los productores denunciaron un preocupante incremento de casos de abigeato, robos, asaltos y actos de vandalismo, realizados en muchas ocasiones bajo una logística organizada con cruces fluviales nocturnos.

A su vez presentaron un petitorio dirigido al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, solicitando la creación de un destacamento policial permanente en el sector conocido como “Boca del Cavado”, altura del arroyo Ramallo, en la Boya 342 del río Paraná, frente a la planta de Ternium, considerado un punto estratégico que funciona como puerta de entrada y salida para bandas delictivas.

Según los isleños, esa ubicación es clave debido a su cercanía con zonas críticas del Delta, como las islas Las Lechiguanas (Paraná Inferior), donde se concentra gran parte de la actividad ganadera y pesquera.

El reclamo ganó urgencia tras un reciente episodio violento: durante un operativo, un bote patrullero de la Policía Rural fue atacado a balazos por delincuentes que intentaban cruzar hacia las islas con fines delictivos. El patrullero resultó averiado, lo que generó alarma por la vulnerabilidad en la zona.

Ante la demanda, los funcionarios policiales se comprometieron a estudiar la solicitud y gestionar “a la brevedad” la instalación del destacamento, aunque advirtieron que debe contar con la aprobación de las autoridades provinciales. Mientras tanto, productores, isleños y agrupaciones rurales anunciaron que seguirán movilizados hasta conseguir presencia permanente.

La problemática de la inseguridad rural tiene en el abigeato o robo de ganado uno de los puntos más sensibles. Tanto en el campo como en la zona de islas, es un delito habitual que tiene varias aristas.

El productor ganadero Leonardo Demolis, oriundo de Arrecifes, cría vacas en la isla y es representante de la reconocida consigantaria Colombo y Magliano, ha sufrido en varias oportunidades ese tipo de delitos.

Este sábado, en Sin Galera, analizó la situación y, convencido de que hay un verdadero negocio millonario detrás del abigeato en volumen, aseguró que hay "un circuito para darle legalidad al ganado robado".

Demolis señaló que cuando el robo implica muchos animales, ya no entra en juego la sospecha respecto de que podrían ir a parar al mercado a través de carnicerías o comercios similares o acaso para comer entre familiares.

Entra un juego una maquinaria mucho más aceitada y que involucra a varios actores que están íntimamente relacionados con la producción ganadera, tanto desde el punto de vista privado como público.

"La media en la Argentina es que cada 100 vacas tenemos 65 terneros", dijo Demolis y explicó que tras la parición aparecen veterinarios para la vacunación y el registro de esos animales.

"Lo que puede hacer el vacunador es, si usted tiene 30 terneros, ponerle que tiene 50. A lo mejor en esos 50, él no se percata que no son de la misma tropa", precisó.

"El veterinario vacunador lo que tiene que hacer es asegurarse de que ese ternero sea de esa vaca, y actualmente se puede dar cuenta. Porque esa acta va a Senasa y usted puede hacer pasar ese ternero, que a lo mejor usted lo compró de forma ilegal", detalló.

Demolis señaló que el mecanismo de "blanqueo" de vacas robadas se produce antes de que esos animales vayan a la ruta camino al mercado o otro campo. Los veterinarios que tienen la responsabilidad del control, indicó "son dependientes de Senasa o contratados por la Sociedad Rural".

"Las sociedades rurales de cada distrito son las que coordinan la sanidad con el productor. Por eso es tan importante que cuando carga esa acta de vacunación, se haga a conciencia. En algunos lugares no sucede eso y se le da legalidad a lo ilegal", agregó.

En una asamblea general ordinaria los socios de la Sociedad Rural de San Pedro designaron como nuevo presidente de la entidad a Lisandro Gordó.

La renovación de la comisión directiva optó por la lista que encabezaba el reconocido emprendedor y productor, de activa participación en la Rural en defensa de los derechos del sector desde hace varios años.

La asamblea contó con la participación de socios y productores, quienes analizaron los temas inherentes a la institución y los relacionados al sector. Esto, a su vez, posibilitó determinar la continuidad del trabajo realizado hasta el momento.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente, Lisandro Gordó; vcepresidente, Agustín Billoch; secretario, Martín Palazón; prosecretario, Edgardo Salmoiraghi; tesorero, Raúl Víctores; protesorero, Leonardo Cajide. 

Vocales Titulares: Tomás Palazón, Gerardo Diamante, Graciela Namen, Carlos Obligado, Federico Ávila y Santiago Castillo. Vocales Suplentes: José Luis Birador, Ignacio Barbieri, Karina Kissling y Reynaldo Bianchini. Revisores de Cuentas Titulares: Alexis Küttel y Francisco Sánchez. Revisor de Cuentas Suplente: Ariel Paparini.

El consultor y analista económico Salvador Di Stefano será el protagonista del encuentro organizado por la Sociedad Rural de San Pedro, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 19.30, en el Salón de Eventos Clove, ubicado sobre la Ruta 191, kilómetro 6,5.

La jornada, que marcará el cierre del año institucional de la entidad, estará orientada a analizar la actualidad económica nacional, las perspectivas para los próximos meses y los escenarios posibles para los distintos sectores productivos, con un enfoque especial en la actividad agropecuaria y el desarrollo regional.

Con más de tres décadas de trayectoria, Di Stefano es un referente en el análisis macroeconómico y la consultoría empresarial. Desde su firma con sede en Rosario, asesora a empresas, instituciones y productores de todo el país, brindando estrategias de negocios y planificación financiera.

Además, dirige Agroeducación, una plataforma de formación y capacitación agropecuaria de gran alcance. Sus newsletters llegan a más de medio millón de lectores, y sus informes privados son consultados semanalmente por firmas de diversos rubros.

Di Stefano colabora regularmente con medios nacionales como Clarín, El Cronista, Ámbito Financiero, La Capital, Perfil, Iprofesional y Revista Fortuna, y participa en canales televisivos como La Nación+, TN y A24.

Autor del libro “Cómo hacer negocios en tiempos de crisis” (2017), recientemente publicó “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, donde analiza los desafíos que enfrentan las empresas, los productores y los inversores en el nuevo contexto económico.

La entrada será libre y gratuita, y se espera la participación de productores, empresarios y público interesado en conocer las tendencias y perspectivas del escenario económico actual.

Un encendido reclamo de la Sociedad Rural de San Pedro provocó la proyección para escuelas secundarias locales de la película El agrónomo, dirigida por Martín Turnes y que tiene como protagonista a la actriz sampedrina Ángeles Zapata.

El film relata la problemática de un pueblo rural donde aparecen enfermedades vinculadas a la aplicación de agroquímicos en los cultivos, algo que ocurre efectivamente en muchos lugares del país, con causas penales en trámite e incluso condenas y límites precisos respecto de la fumigación.

La Sociedad Rural de San Pedro consideró que la proyección de la película constituye "adoctrinamiento" y aseguraron que la obra se exhibe "sin ofrecer la posibilidad de debatir otras perspectivas".

"Este tipo de contenidos, presentados como actividades formativas, constituyen una acción de adoctrinamiento dirigida a los estudiantes, ya que ofrecen una visión parcial, sesgada sobre la actividad agropecuaria", señalaron.

El agrónomo obtuvo el voto del público y mención especial en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Martín Turnes fue premiado en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires como mejor director por la película.

El film generó polémica incluso antes de su estreno. Cuando se difundió el trailer, aparecieron voces contrarias al uso del concepto "agrotóxicos" y hubo intenso debate. 

Así como recibieron cuestionamientos, también aparecieron apoyos de profesionales vinculados al sector e institucionales, como de la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados.

Las funciones de El agrónomo en San Pedro fueron programadas en el marco del mes de la Agroecología. Fueron tres exhibiciones para estudiantes de las escuelas secundarias 17, 7, 12, Normal, Industrial y Agraria, más una para el público en general.

Estuvieron presentes el director, Martín Turnes; el productor, Fernando Romanazzo; y la actriz sampedrina Ángeles Zapata, formada en la Universidad de las Artes y además hija de dos ingenieros agrónomos, Raúl Zapata y Silvana Babbit (exdirectora del Instituto Nacional de Semillas, Inase).

Las docentes que impulsaron la conexión con los responsables de la película destacaron la posibilidad de proyectarla en San Pedro.

Este 15 de octubre, Día de la Trabajadora Rural, un grupo de mujeres de Río Tala, celebra en el campo, entre naranjos, limoneros y durazneros.

El equipo es parte de una cuadrilla que, a diario, se reparte entre la cosecha de naranja y la descarga del durazno.

"Somos un grupo grande, pero hoy sólo nos sacamos la foto nosotras”, contaron. La capataz es Gladys Vázquez, y junto a ella trabajan Nancy, Stella, Carmen, Silvina, Lucía, Leonela, Adela y Marisol. 

“Carmen Vázquez no salió en la foto porque tuvo que irse por un asunto familiar”, aclararon.

"Como todo, lo hacemos por necesidad, porque muchas opciones no hay", resumieron, con la sencillez de quienes sostienen con su esfuerzo buena parte del trabajo rural.

Desde la Sociedad Rural destacaron que "en cada surco, en cada amanecer, hay mujeres que siembran esfuerzo, compromiso y futuro" y resaltaron: "Reconocemos su papel esencial en la producción, la familia y la vida del campo argentino". 

La Sociedad Rural de San Pedro expresó su preocupación por la presencia de caballos sueltos en los accesos a la ciudad, y lo hizo a través de un comunicado.

La entidad tituló con dureza la nota donde cuestiona la aparición de los equinos: “¿Incapaces o socios?”, refiriéndose a las autoridades municipales, quienes, según su criterio, “eligen mirar para otro lado”.

En el documento manifiestan su preocupación “por la situación que desde hace tiempo se repite en los accesos a nuestra ciudad: la presencia de caballos sueltos que destruyen cultivos, viveros, alambrados y todo lo que encuentran a su paso, generando además un grave riesgo para la seguridad vial”.

La entidad considera que estos animales, “convertidos en verdaderas armas para quienes circulan por los ingresos a San Pedro, también son utilizados en hechos delictivos". 

"A ello se suma la problemática sanitaria, ya que muchos de estos caballos en condiciones dudosas son faenados y su carne distribuida en la población, lo cual constituye un serio peligro para la salud pública”, indicaron.

En otro párrafo destacaron el esfuerzo de la Policía local y el Comando de la Policía Rural, “que hacen lo posible con recursos limitados”, y consideraron que si los problemas persisten es “debido a la falta de respuestas concretas de las autoridades municipales”.

Es por ello que interpretan que las autoridades gubernamentales “conocen esta situación desde hace años, pero eligen mirar para otro lado”, y deducen que en el medio “surge una pregunta inevitable: ¿son incapaces o socios de esta práctica casi criminal? Porque es cuestión de tiempo que tengamos que lamentar un accidente fatal”.

La Sociedad Rural, finalmente, reclamó respeto por el trabajo de los productores, quienes “no pueden seguir siendo desatendidos”. Por lo tanto, exigieron “soluciones urgentes y efectivas” ante la problemática que plantea.

El texto que dio a conocer hoy la Sociedad Rural de San Pedro para dar cuentas del malestar que provoca el prolongado corte de ruta 9 y su deterioro constante, no deja dudas.

“Desde la Sociedad Rural de San Pedro queremos expresar nuestra más profunda preocupación ante la alarmante situación generada por el corte de la Ruta Nacional Nº 9, tras el temporal ocurrido el pasado 16 de mayo, y la inaceptable respuesta (lenta, descoordinada y desprolija) de las autoridades responsables”, indican respecto a los sucedido tras el temporal de lluvia.“A pesar de que han transcurrido varios días desde el evento climático que afectó seriamente al noreste de la provincia de Buenos Aires, el carril Rosario-Buenos Aires de una de las arterias viales más importantes del país continúa inhabilitado, generando enormes contratiempos y exponiendo a millas de personas a un peligro cotidiano inadmisible”.

“La alternativa obligada, la Ruta Provincial Nº 41, ya era una trampa mortal en condiciones normales y hoy, convertida en la única vía posible, se encuentra colapsada, sin mantenimiento adecuado, con señalización insuficiente y sin controles efectivos que garantizan la seguridad de quienes la transitan”, describen respecto a la sutuación obligada del tránsito en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires.“Lo más grave es que quienes recorren la zona afectada advierten, con indignación, la casi total ausencia de trabajos reales en el lugar del corte. Hay poco personal, mirando sus celulares, maquinaria mínima en operación y la señalización es lamentable”, agregaron.Luego describen las responsabilidades: “No existe información oficial concreta sobre plazos de reparación, ni un nivel mínimo de exigencia hacia los concesionarios y gobiernos (nacional o provincial) que deberían estar dando respuestas inmediatas”."Mientras tanto, todos quienes deben transitar por el lugar padecen una situación que pone en riesgo sus vidas todos los días. Esta combinación de desidia, ausencia del Estado y desprecio por la vida y el trabajo de los ciudadanos no es más que una expresión concreta del "terrorismo vial" y la decadencia estructural que denunciamos".Por último recuerdan: “Pretender operativos urgentes, coordinados y eficaces, como los que se observan ante catástrofes en otros países, parece ser en la Argentina de hoy mucho más que una utopía: es una ficción” y cierran con una frase “No hay más tiempo. No podemos seguir naturalizando lo inaceptable”.

La Sociedad Rural de San Pedro expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Luis Prémoli, integrante de nuestra comisión directiva, productor y miembro de una familia estrechamente vinculada con nuestra entidad.

Los acompañamos junto a sus seres queridos en este difícil momento, con nuestras más sinceras condolencias.

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El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de economía Martín Lousteau, durante la presidencia Cristina Kirchner, anunció la mentada Resolución 125.

Esto provocó un cimbronazo histórico entre el sector ruralista y el Gobierno nacional, que duró algo más de cuatro meses, hasta que el vicepresidente Julio Cobos decidió que su voto era “no positivo” cuando la medida fue tratada en el Senado.

La decisión de Lousteau promovía una reforma sobre las retenciones agropecuarias. Su decisión era elevarlas conforme al nivel de producción de cada productor.

La Sociedad Rural de San Pedro, en su momento encumbrada como el principal piquete del país, situado en la Ruta 9, sobre el acceso a Río Tala, recordó aquel momento:

“En este nuevo aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los productores y la defensa de sus derechos. Estuvimos en la primera línea desde el primer día, enfrentando medidas que amenazaban la producción y el desarrollo del sector agropecuario”, comenzó indicando.

“Lo hicimos con convicción, con esfuerzo y con el acompañamiento de toda una comunidad que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una medida económica”, agregó la Rural, que a su vez recordó a aquellos dirigentes “que incluso fueron detenidos por defender al campo y a quienes ya no están, pero dejaron su legado de lucha y compromiso”.

Para la entidad, “su valentía nos impulsa a seguir atentos en este momento trascendental, en el que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Las lecciones que dejó aquel conflicto nos enseñaron que el país necesita políticas que promuevan la producción, el trabajo y la inversión, en lugar de medidas que asfixien a quienes todos los días apuestan a la tierra con esfuerzo y dedicación”.

Finalmente, la dirigencia sampedrina ratificó mantenerse “firmes en la defensa del campo, del interior productivo y del futuro de nuestro país”.

El lunes, tras asumir como nuevo secretario de Seguridad, Carlos Farré encabezó, junto al subsecretario Gabriel Cabral, reuniones de presentación con diversos sectores relacionados con la problemática.

Ese día fue el primero de Alfredo Carrasco como intendente interino tras la licencia por vacaciones de Cecilio Salazar. En la primera reunión, con productores rurales, no estaba la Sociedad Rural. "No nos llamaron", reveló el presidente de la entidad, Edgardo Salmoiraghi.

El productor participó de la multitudinaria marcha por inseguridad de este miércoles, la segunda en lo que va del año, y en ese marco dialogó con La Opinión.

Consultado sobre la reunión del lunes, reveló que la Sociedad Rural no fue convocada, por lo que no participaron, como sí hicieron productores de la Cámara de Viveristas y de Caproem.

"Se manejan así esta gente. Sabemos que tenemos un personaje de afuera que nos está gobernando. Yo creo que los sampedrinos no nos merecemos esto", se quejó el presidente de la entidad ruralista.

"Tienen que sentarse con todos para mejorar San Pedro, les gusten o no las caras, todos tiramos para un San Pedro mejor. Bueno, a nosotros no nos llamaron", señaló.

El día que asumieron, Farré y Cabral anunciaron que se reunirían con todos los sectores para tener un panorama de la situación. “Lo primordial es escuchar al vecino”, aseguraron en su primer diálogo con los medios locales.

Un nuevo capítulo aumenta ahora la tensión en las relaciones dentro del propio espacio que de Cecilio Salazar en el justicialismo. Tras la queja de la Sociedad Rural, el Intendente había respondido acusando al sector por sus constantes embates a su gestión y la del Gobernador Axel Kicillof.

Desde Militancia para La Victoria publicaron en redes sociales un comunicado que apunta al corazón de un problema que empieza a ser visible en las relaciones del peronismo local, donde no perdonan la presencia de Alfredo Carrasco como Jefe de Gabinete y mentor de una nueva línea de comunicación en el gobierno comunal.

En su publicación, la agrupación señala: “Lejos estamos de ponernos en defensa de la Sociedad Rural, nuestra historia así lo demuestra, lejos estamos de compartir ideológicamente lo que piensan y proponen los sectores del campo que representan, y lejos estamos del proceder antidemocrático y hasta golpista que los ha carecterizado desde el regreso de la democracia en el año 1983”.

De allí en más, apelan a la memoria reciente y a un pasado político que une a quienes parecen enfrentados. 

“Queremos hacerles recordar al Sr. Carrasco y el intendente Salazar que la SRA es la misma desde siempre, tan igual a la que ustedes apoyaron años atrás, tan igual a la defendieron con la 125, tan igual a la que festejó el aniversario en la ruta 191 con discursos y amenazas (algunas proclamadas por el intendente, en ese entonces del PRO. Sr Salazar), tan igual a la que seguramente va a seguir apoyando gobiernos autoritarios, reaccionarios y endeudadores”.

Luego señalan que “no son ajenos al enojo expresado por la Sociedad Rural los otrora socios políticos (desconocemos si lo serán en un futuro) reclaman a quienes compartían lucha en años anteriores” en clara referencia a la participación en la protesta del campo en el año 2008 y el acto del que participó Salazar 10 años después para conmemorar la gesta en el que pronunción la frase que hoy le vale el reproche: …"que desaprezca el kirchnerismo de la faz de la tierra"…

Habrá nuevas batallas de cara a las elecciones legislativas de 2025, hay varios referentes que intentarán que el armado de listas se prepare con integrantes de todos los espacios e incluso, quienes entienden como muy probable participar de las eleecciones primarias con su propia nómina para competir.

El duro comunicado de la Sociedad Rural contra el aumento de la tasa de Red Vial provocó una respuesta aún más dura por parte del intendente Cecilio Salazar y el Gobierno municipal, que no escatimó calificativos para los integrantes de la organización ruralista.

Los productores consideraron un "saqueo" el aumento de tasas, se quejaron de la falta de servicio y cuestionaron el revalúo provincial por "confiscatorio", al tiempo que destacaron el aporte impositivo que la producción local implica al país.

En un pasaje también aludieron al jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, sin nombrarlo, al señalar que la ciudad está "manejada por personas ajenas a nuestro pueblo" y hasta consideraron que el Gobierno de Salazar llevó a San Pedro "al abandono y al deterioro en cada rincón".

Desde la Intendencia, la respuesta no se hizo esperar. En un extenso comunicado difundido este viernes por la mañana, el intendente y sus funcionarios se despacharon contra los ruralistas en severos términos.

A la idea de "silencio cómplice" que esgrimieron desde la Sociedad Rural, el Gobierno respondió para acusarlos de focalizar las críticas en el intendente y en el gobernador, pero sin hablar del presidente Javier Milei.

Expusieron datos de un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que señala que "a diciembre del presente año, el 94,7 % de la carga impositiva del sector agrícola son impuestos nacionales", con escaso porcentaje coparticipable. "El Estado (nacional) se queda con $ 64,30 de cada $ 100 de renta agrícola", citaron del informe.

El Municipio consideró a la cúpula de la Sociedad Rural "rápidos de lengua" y los acusó de tener una "visión localista, por no decir sectaria y xenófoba" al cuestionar el "lugar de nacimiento" del jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, oriundo de Hurlingham, donde fue concejal.

Además, el intendente puso de relieve su condición de "electo por el pueblo" —él o los candidatos que promovió ganaron las últimas cinco elecciones— y les preguntó: "¿Ustedes están seguros de representar a todos los sampedrinos que encuentran en la labor de la tierra hacernos grandes? ¿Podrían mostrar el escrutinio de cuántos los han votado para emitir anatemas de decadencia, de reclamar a los elegidos en comicios de participación popular".

En ese sentido, recordaron que hay elecciones cada dos años y que en ese momento los votantes "son soberanos de premiar y castigar", mientras que ellos, en la Sociedad Rural, "están presos de las logias, las mesas de café y las tertulias tempraneras, mientras que los que agachan el lomo y transpiran son otros".

El Gobierno municipal no perdió oportunidad de hacer lo que tanto le critican a Javier Milei desde las filas opositoras y personalizó el entuerto. En el comunicado hizo referencia a "algún encumbrado representante" de la Sociedad Rural que "se puede poner 'colorado' de pedir exenciones de tributos municipales como 'populista' pero reclama el incremento como 'oligarca'".

Respecto del "aporte de 70 millones de dólares" que esgrimió la organización ruralista, el Municipio informó que "de esa brutal suma han pagado en concepto de tasa de Red Vial USD 173.355, casi una bicoca" y pidió que "hagan un esfuercito en volver al histórico 85 % de cobrabilidad, ya que en lo que va del año escasamente superamos el 60 por ciento".

Con los "70 millones de dólares" como dato, señalaron que los productores "a lo mejor deberían afinar las declaraciones juradas" porque "el Ministerio de Economía de la provincia no verifica ese volumen" y pidieron: "Declaren o mientan menos".

"No desconocemos que aportan a la economía local, pero señalamos que si tuvieran un campo y produjeran en Baradero, por ejemplo, pagarían el doble por hectárea anualmente y deberían aportar para mantener la mitad de kilómetros de red vial que tiene nuestro partido", indicaron en el comunicado desde el Gobierno.

Además, advirtieron que "el Municipio no puede mantener las conexiones secundarias rurales con dos litros de gasoil al año por hectárea" y que el aumento no es "desmedido" puesto que, por ejemplo, "estamos un 40 % por debajo de los partidos vecinos".

"El odio no construye, no siembra. Tienen la misma obligación que cualquier vecino del barrio más humilde de nuestro partido", dijo el intendente su respuesta a la Sociedad Rural y agregó: "No es un ataque al esfuerzo que realizan; es progresividad de esfuerzo para contribuir al bien común".