La amenaza de creciente del río Paraná comienza a generar preocupación entre los productores ganaderos que mantienen sus animales en las islas. 

Estiman que alrededor de 9.500 cabezas de ganado deberían ser trasladadas a tierra firme si se confirma el aumento del nivel del río que anticipan los especialistas, como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas en las cuencas superiores y las previstas para los próximos meses.

El principal inconveniente es logístico: no existe actualmente una cantidad suficiente de barcazas para concretar una evacuación de semejante magnitud, una dificultad que podría agravarse si el crecimiento del río obliga a retirar miles de animales en un período reducido.

La operación requiere una coordinación de los traslados. Además, el tiempo disponible para realizar esas cargas dependerá de la velocidad con la que avance la creciente hacia el delta.

En San Pedro se avanzó en la organización de los puntos donde podrán desembarcar los animales procedentes de las islas. Los cinco lugares acordados son el Puerto San Pedro, Arenera del Litoral, San Pedro Arenas, Arenera Costa Río Tala y Papel Prensa.

La definición de estos espacios constituye un paso importante para organizar el movimiento de hacienda, aunque no resuelve el problema central del transporte fluvial.

Por su parte, la Sociedad Rural de San Pedro volvió a advertir sobre el incremento de los caudales: “Alertamos sobre la evolución del nivel del río Paraná, cuyo aumento en las últimas horas genera una creciente preocupación. Los niveles actuales y los factores que podrían agravar el escenario comprometen la permanencia en los campos de isla y exigen máxima atención por parte de los productores”.

A esas advertencias se sumaron las previsiones del especialista en hidrología Juan Borus, quien anticipó un escenario de aumento progresivo de los niveles del Paraná y remarcó la necesidad de mantener una vigilancia especial sobre el comportamiento del Delta.

De acuerdo con las proyecciones difundidas, la creciente podría intensificarse durante el último tramo del año, alcanzar uno de sus momentos más comprometidos en diciembre y mantener sus efectos hasta unos meses después.

Los registros de los últimos meses muestran incrementos considerables en distintos cursos de agua que alimentan al Paraná. El río Iguazú experimentó un aumento de caudal del 200 %, mientras que, en el Paraná a la altura de Itaipú, el incremento señalado fue del 178 %. En el Alto Paraná se informó una suba del 154 %.

Estos porcentajes reflejan la magnitud de las variaciones registradas aguas arriba, aunque no significan que el nivel del río vaya a aumentar en esas mismas proporciones frente a San Pedro.

En ese contexto, tanto Itaipú como Yacyretá debieron realizar aperturas de compuertas para administrar los volúmenes de agua acumulados en sus respectivos embalses.

La combinación de precipitaciones abundantes, mayores aportes de los afluentes y condiciones asociadas a El Niño configura un escenario que obliga a mantener la atención sobre la evolución del río.

Para los productores de las islas, la preocupación no se limita solo a que el agua avance. El verdadero desafío de estos días consiste en retirar a tiempo miles de animales antes de que los sectores bajos queden anegados o se dificulten las operaciones de embarque. Una evacuación tardía podría provocar importantes pérdidas económicas.

Por eso, la disponibilidad de barcazas aparece como una de las cuestiones más urgentes y están abocados a esto. Con unas 9.500 cabezas de ganado y pronósticos que mantienen la posibilidad de una creciente, las próximas semanas serán decisivas para tener un panorama sobre qué ocurrirá más adelante: si los traslados se realizarán gradualmente o si será necesario acelerar una evacuación masiva, con las dificultades que ello implica.

Con perspectiva de creciente por el fenómeno climático El Niño, la Sociedad Rural lanzó un comunicado en el que expresan su preocupación ante las posibles consecuencias. 

“Los niveles actuales y los factores que podrían agravar el escenario comprometen la permanencia en los campos de isla y requieren especial atención por parte de los productores”, indicaron desde la entidad. 

Además afirmaron: “Nuestra misión es alertar e informar. Lo que hace pocas horas era una situación de seguimiento se ha transformado en un escenario delicado que requiere atención inmediata, prudencia y un monitoreo permanente”. 

Respecto de la última medición realizada por Prefectura Naval en nuestra ciudad, la altura del río este miércoles es de 1,93 m en creciente. 

En San Pedro, la marca de alerta es de 3,40 m y la de evacuación, 3,60, según los registros oficiales del Instituto Nacional del Agua.

La Sociedad Rural de San Pedro emitió un comunicado para advertir sobre el incremento del caudal del río Paraná en distintos puntos de la zona norte y pidió mantener un seguimiento permanente de los niveles de agua, ante la posibilidad de que la situación evolucione durante las próximas semanas.

Según informó la entidad, durante las últimas 48 horas se registraron aumentos en sectores que utiliza como referencia para monitorear el comportamiento del río. 

La situación motivó un llamado de atención dirigido especialmente a los productores que desarrollan actividades en las zonas de islas y en áreas ribereñas.

"Los niveles observados en las últimas horas justifican mantener una atención permanente y un seguimiento diario de la evolución del río", señaló la Sociedad Rural en el comunicado. 

El objetivo, explicaron, es que cada productor “pueda adoptar con anticipación las medidas que considere necesarias ante un eventual agravamiento del escenario”.

Uno de los puntos centrales del comunicado está relacionado con el tiempo que podría transcurrir entre los aumentos registrados en el norte de la cuenca y sus efectos en el tramo inferior del Paraná. 

"Siempre que no se presenten condiciones meteorológicas adversas que modifiquen esta evolución, los niveles registrados en la zona norte podrían reflejarse aproximadamente entre 25 y 30 días más tarde en la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata", indicó la entidad.

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Esta referencia temporal plantea la necesidad de observar por las posibles consecuencias sobre las actividades productivas en las zonas bajas. De todos modos, la Sociedad Rural pidió mantener la prudencia y evitar conclusiones anticipadas sobre la magnitud que podría alcanzar una eventual crecida.

"Consideramos fundamental anticiparse, monitorear y estar preparados, sin generar alarma, pero tampoco subestimando una evolución que merece especial atención", expresó la institución.

La entidad también aseguró que comunicará cualquier modificación significativa que se registre . A su vez recordó los sitios establecidos para recibir hacienda proveniente de la zona de islas en caso de que los productores necesiten trasladar animales ante una eventual complicación de las condiciones hidrológicas.

Los lugares acordados son:

*Puerto San Pedro.

*Arenera del Litoral.

*San Pedro Arenas.

*Arenera Costa Río Tala S.R.L.

*Papel Prensa S.A.

La entidad compartió este listado como referencia para los productores y aclaró que corresponde a lo acordado entre las partes involucradas.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, propuso a la Asociación Rural de esa ciudad sumarse a la gestión municipal para que sean los propios productores ruralistas los que tomen decisiones sobre el mantenimiento de la red vial.

Convocó a la entidad agraria para que designe a un representante para ocupar el cargo de director dentro del organigrama municipal, de manera tal que tengan representación activa.

Britos hizo el ofrecimiento durante la inauguración de la Expo Rural de Chivilcoy, acto que contó con la participación de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

"Les damos la posibilidad de que designen un director que, con el 70 % del presupuesto de la tasa de red vial, reparen y decidan cuáles son las prioridades, qué camino hay que arreglar primero y qué hay que limpiar", indicó Britos.

En Chivilcoy, detalló el jefe comunal, el área de cobertura abarca 15 kilómetros de caminos rurales que conectan a las diez localidades del partido, por fuera del sector delimitado por las rutas 5, 30 y 51.

La persona que los productores rurales elijan para representarlos será un funcionario más del gabinete y percibirá un salario por el trabajo que desempeñe, explicó Britos.

"Va a cobrar como un director municipal más, va a ser parte de mi equipo sin necesidad de hacer política. No le vamos a pedir que vaya a un acto, pero sí que trabaje", precisó. 

Tal como sucede en San Pedro, donde la polémica por el mantenimiento de los caminos rurales persiste en idas y vueltas entre el Gobierno y la Sociedad Rural, en Chivilcoy hay cuestiones relacionadas con el cobro de la tasa.

“Para esto es fundamental algo: se tiene que pagar la tasa. En Chivilcoy tenemos una cobrabilidad del 75 %”, señaló Britos.

La Asociación Rural de Chivilcoy no designó a su representante, todavía. “Hasta ahora no fueron a ofrecer a nadie. Están evaluándolo, yo espero que lo acepten”, dijo el intenente

"Ya que muestran que no están conformes con el trabajo, bueno, háganlo ustedes. Acá están los recursos, acá están las máquinas y el director lo ponés vos, y se terminó el verso", sentenció Britos.

El secretario de Economía municipal Roberto Borgo apuntó contra la Sociedad Rural por el bajo nivel de cobrabilidad de la tasa de red vial y aseguró que la entidad fomenta de manera activa el incumplimiento del tributo entre los productores de San Pedro.

Consultado por La Opinión a raíz del último comunicado de los ruralistas, en el que lo cuestionaron personalmente tras reclamar que recibieron un informe incompleto tras solicitar datos de la tasa, el funcionario no ocultó su descontento.

"Desde el año pasado la Sociedad Rural está promocionando que los productores rurales no paguen la tasa", disparó Borgo y relató situaciones con contribuyentes que se acercaron a regularizar su situación en cuotas y que expusieron la postura de la entidad.

“Cuando vos conversás con esa gente, que por lo menos tiene algo de honor, te dicen: 'Sí, pero viste que nosotros cuando fuimos a plantear a la Sociedad Rural qué te dicen: no, no paguen, esto es todo un desastre que no hay que pagar, nosotros vamos a quejarnos y nos van a condonar'”, reveló.

Borgo defendió la respuesta oficial entregada a la institución agraria ante sus recientes reclamos y cuestionó su reacción: "Ahora se enojan porque le contamos con datos y demostramos que ha sido una maniobra, que acá lo que ha habido es una campaña para el no pago de la tasa".

El representante del Ejecutivo contextualizó la situación económica del sector agrario a nivel nacional para remarcar la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales locales.

 “En la Argentina de Milei, el agro es uno de los sectores que ha crecido un 20 % en un año. Le ha ido muy bien a la gente y me parece muy bien que le vaya, para eso trabajan, pero por otro lado tienen que pagar la tasa para que los caminos estén más o menos arreglados”, disparó.

Finalmente, el secretario de Economía reclamó un debate serio sobre la ordenanza impositiva y aseguró que los montos que pagan los contribuyentes de la tasa de red vial son accesibles frente a otros municipios vecinos. 

Sostuvo que a la tasa “hay que reconvertirla con un valor lógico" y aseguró: "Nosotros no los estamos asaltando a los productores rurales, el valor que tenemos es bajísimo por hectárea".

Además, adelantó que “en el próximo informe” revelarán “cuánto paga cada uno de los municipios de la Segunda Sección” para que la comunidad conozca esa comparación.

La Sociedad Rural salió nuevamente al cruce de declaraciones de un funcionario municipal, en este caso de Roberto Borgo, secretario de Economía y Hacienda, respecto a la Tasa de Red Vial.

Ante declaraciones públicas de Borgo, la entidad emitió un comunicado, donde resalta que el integrante del Departamento Ejecutivo “volvió a elegir el camino más cómodo: hablar mucho para no responder nada. Sus declaraciones muestran un preocupante desconocimiento de los hechos y pretenden desviar el eje de una cuestión elemental: nuestra entidad solicitó información concreta y seguimos esperando respuestas concretas”.

Párrafo siguiente efectuó una descripción sobre el concepto que mantiene sobre la traza: “Conviene aclararlo: los caminos rurales no son patrimonio exclusivo de los productores. Son utilizados diariamente por productores, comerciantes, transportistas, trabajadores, prestadores de servicios, docentes, alumnos y vecinos. Son vías fundamentales para la actividad económica y para la vida cotidiana de nuestras comunidades rurales”.

Más adelante agrega: “Los funcionarios públicos no están para hacer de voceros de ocasión, improvisar explicaciones ni maquillar problemas con sarcasmo. Tienen el deber de brindar la información que corresponda y responder por sus actos”.

“Nuestra institución sostiene este reclamo porque entendemos que no se trata solamente de una cuestión que nos afecta particularmente", señalaron.

"Las solicitudes que venimos realizando están sentando un precedente para otras ciudades e instituciones, porque es un deber de los Estados municipales responder a las entidades que, dentro del marco de sus derechos, solicitan información y explicaciones sobre cuestiones que hacen al interés de toda la comunidad”,  agregaron.

Advirtieron, además, que “si no lo hacen, deberán asumir las consecuencias que correspondan. La evasión o negativa injustificada podría generar responsabilidades por eventual mal desempeño de la función pública”.

Finalmente, la Sociedad Rural manifestó: “Por eso, menos relato, menos maquillaje y menos sarcasmo desde el atril. Respondan lo solicitado”.

En medio de la polémica por el mantenimiento de los caminos rurales, el costo de la prestación, la recaudación de la tasa de Red Vial y los cuestionamientos de la Sociedad Rural al Gobierno municipal, un informe elaborado en el gabinete de Cecilio Salazar aporta datos relevantes para abordar la problemática.

Si en 2025, según la Rendición de Cuentas y el informe de la Secretaría de Economía y la Dirección de Rentas, la recaudación alcanzó para apenas el 28 por ciento del costo del servicio, la situación no cambió demasiado en 2026.

Aunque la Sociedad Rural consideró primero "falsos" los datos difundidos por el Gobierno municipal y luego "insuficientes" los informes que le elevaron, las cuentas no cierran.

En el distrito hay 6800 cuentas de contribuyentes de la tasa por conservación y mantenimiento de los más de 1800 kilómetros que tiene la red vial. 

Al cierre del primer semestre, el 61,5 por ciento tenía algún tipo de deuda. Es decir que al día sólo está el 38,5 por ciento de los dueños de propiedades en la zona rural. La deuda implica más de 622 millones de pesos.

El análisis que hacen puertas adentro de Palacio indica que hay una insuficiencia financiera que tienen al menos dos aristas relevantes: la morosidad (la cobrabilidad cae todos los años y también bajó del segundo al primer trimestre de 2026) y las dificultades para hacer frente a los costos del servicio aun si pagaran todos.

La brecha estructural entre costo y emisión es del orden de los 90 millones por mes. Si pagaran todos, sólo alcanzaría para el 60 por ciento de lo que cuesta prestar el servicio.

El déficit no se detuvo en el primer semestre de 2026 en relación al año pasado. La recaudación de alrededor de 512,6 millones representa un 62 por ciento de cobrabilidad sobre los 822,6 millones de emisión de la tasa.

Pero prestar el servicio costó más de 1363 millones. Si la recaudación ascendió a más de 512,6 millones, la diferencia, el rojo, es de 850.5 millones.

En el Gobierno advierten que hay una importante "brecha entre el costo de conservación de la infraestructura rural y el financiamiento obtenido directamente mediante la tasa".

El desequilibrio estructural implica dificultades para "alcanzar un umbral razonable de contraprestación" que demandan los contribuyentes rurales, considera el informe del Gobierno.

"El análisis de la prestación no puede limitarse exclusivamente a la gestión operativa municipal, sino que debe considerar conjuntamente la suficiencia de la tasa, su nivel de cobrabilidad y el costo real del mantenimiento de la red vial rural", finaliza el informe.

La Sociedad Rural expresó su posición tras recibir el informe del Gobierno en relación a los planteos que había hecho primero por nota y luego públicamente, ante la falta de respuestas sobre cuestiones relacionadas con los caminos rurales.

Allí el Ejecutivo detalló la estructura de costos de la tasa de red vial y la situación de cobrabilidad, aunque indicó que algunos aspectos no correspondía remitirlos, como el detalle de facturas y proveedores, entre otros.

La entidad consideró "insuficiente" el informe y señaló que "persisten interrogantes relevantes", por lo que insistieron en la necesidad de "contar con información más precisa, detallada y respaldada por documentación".

"Se trata de poder conocer, con transparencia y precisión, cómo se utilizan los recursos públicos y cuáles son los resultados concretos que se obtienen a partir de ellos", indicaron.

Consideraron el informe recibido como "un paso" adelante en sus planteos, pero "no el cierre de la cuestión". En ese marco, aseguraron que seguirán solicitando la información que consideren necesaria.

El Gobierno municipal remitió a la Sociedad Rural de San Pedro un informe en el que responde una serie de cuestiones que la entidad había solicitado conocer en febrero pasado y que reclamaron tras la difusión oficial de datos sobre la prestación del servicio, la cobrabilidad y los costos.

La publicación de La Opinión sobre el informe que la Municipalidad había difundido, con datos de la Rendición de Cuentas 2025, despertó una queja airada por parte de la entidad ruralista, que calificó de “falsos” los datos que el Ejecutivo puso a disposición sobre la tasa de conservación de la tasa de red vial.

Los caminos rurales dentro del partido de San Pedro tienen 1800 kilómetros de extensión, de los que 1100 son de jurisdicción municipal y 700, provincial. Son 350 km en Gobernador Castro; 400 km en la zona de Santa Lucía; 300 km en Río Tala; y 750 km en el resto del distrito.

El Municipio informó a la Sociedad Rural que sus tareas de mantenimiento comprenden "perfilado y conformación de la calzada, reconformación de cunetas y limpieza de desagües, aporte y distribución de material, compactación y nivelación, mantenimiento de alcantarillas y obras de drenaje, corte de maleza, mantenimiento de banquinas y atención de emergencias climáticas".

El informe contiene diez intervenciones señaladas como las últimas acciones de mantenimiento ejecutadas en el marco del Programa de Conservación y Mantenimiento de la Red Vial.

Son: ruta 1001, tramo Gobernador Castro - Lucio Mansilla, con levantamiento y reconformación de calzada; camino Gobernador Castro - Villa Leandra; camino a Vuelta de Obligado.

También el sector La Bolsa - camino La Bellaca; camino Las Flores; camino a El Descanso; sector San Patricio-Beladrich - camino Moneta, La Celina, La Colorada.

Por último, camino a la Facultad, tramo Los Salmoiraghi-Puente de Fierro y mantenimiento de calles de tierra en las localidades y centros poblados.

En el informe el Gobierno detalló el costo mensual de prestación del servicio 2025 que La Opinión publicó en su momento, que asciende a u promedio de casi 165 millones de pesos.

Además, detallaron el promedio de emisión y el de recaudación, ambos deficitarios en relación al costo de prestación, por lo que el Municipio "descarta cualquier hipótesis de desproporción o exceso en la fijación del tributo respecto del costo del servicio que retribuye".

También consignó el Gobierno que la tasa de red vial en San Pedro es de entre el 25 y el 40 por ciento más baja que otros distritos "de perfil productivo similar", como Chivilcoy, Colón, Necochea, Mercedes, Rojas, Salto, Carlos Tehedor o Trenque Lauquen.

Advirtieron, además, una "tendencia sostenida y pronunciada de deterioro en el índice de cobrabilidad", que pasó del 88,7 por ciento en 2020, al 62 por ciento en el primer semestre de 2026.

"El resultado deficitario de la prestación no obedece a una fijación excesiva del tributo, sino, en lo sustancial, al incremento sostenido del incumplimiento en el pago por parte de los contribuyentes", consideró la Municipalidad.

En el último tramo de la respuesta a la solicitud de la Sociedad Rural, el Gobierno señaló que una serie de planteos que obran en el pedido de información que elevó la entidad no pueden ser respondidos porque "exceden el objeto" de la pretensión.

Entre ellos, cuestiones relacionadas con detalle de cheques y transferencias cuya divulgación "expondría la situación patrimonial y fiscal individual de contribuyentes y proveedores".

La Sociedad Rural de San Pedro se expresó públicamente tras la difusión que hizo La Opinión de un informe elaborado por el Gobierno municipal sobre la situación de la tasa por mantenimiento de la red vial que revela que la recaudación de 2025 sólo alcanzó para el 30 por ciento del costo de prestación.

La entidad que preside Lisandro Gordó manifestó "preocupación y profundo malestar por la falta de respuesta" a solicitudes de información presentados en diciembre y febrero pasados, relacionados con "distintos aspectos vinculados a la administración de la Red Vial Rural".

Aseguraron que los porcentajes que el Gobierno publicó a fines de junio y que La Opinión difundió esta semana "no reflejan la realidad y omiten un aspecto central: se trata de una tasa que debe responder a una contraprestación efectiva, la cual hoy, y desde hace años claramente no se está brindando".

Difundieron un comunicado que titularon “Datos falsos, realidad preocupante y reclamo de respuestas y acción”

Sostuvieron que mucho productores titulares de inmuebles que están incluidos en la tasa de mantenimiento de los caminos rurales decidieron dejar de pagar no por "falta de compromiso" sino por "falta de prestación del servicio, situación que profundiza el deterioro de la red vial".

"Si el mantenimiento de los caminos rurales fuera el adecuado, la inmensa mayoría de los contribuyentes cumpliría con gusto con esa obligación", aseguraron desde la Sociedad Rural.

Aseguraron que es "indispensable analizar la verdadera situación de la cobrabilidad de esta tasa y el destino de los fondos recaudados", puesto que, señalaron, tienen "serias dudas respecto de que una parte de esos recursos sea utilizada para fines distintos".

Destacaron, además, que hay municipios en la región que tienen niveles de cobrabilidad similares a San Pedro —el informe municipal señala que bajó del 88 al 66 en los últimos años— y que "logran mantener en condiciones su red vial mediante una administración más eficiente y mecanismos de gestión adecuados".

"Frente a un parque de maquinarias deteriorado, con equipos fuera de servicio, algunos abandonados en el campo y otros en talleres a la espera de reparación, y ante una administración que no logra dar respuestas concretas, reiteramos nuestro pedido de información pública y solicitamos al Municipio una urgente atención de este tema, en beneficio de todos los productores y de la comunidad rural que moviliza la actividad de San Pedro", finalizaron.

En febrero pasado, La Opinión había revelado que el Gobierno preparaba intimaciones para deudores de la tasa por mantenimiento de la red vial por alrededor de 400 millones de pesos.

Entre ellos había propietarios que deben desde 2019 a 2025, con montos que desde los 800 mil a los 93 millones de pesos.

La Sociedad Rural de San Pedro expresó su acuerdo con el planteo de rechazo que un grupo de vecinos hizo ante la posibilidad de que para saldar la deuda con Ashira el convenio incluya inmuebles municipales como parte de pago.

El Gobierno municipal firmó un convenio para pagar los 3600 millones de pesos que arrastra como deuda con la empresa de recolección de residuos e higiene urbana, que prevé pagarse en 90 cuotas, lo que implica la actual gestión y las dos siguientes.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, dijo en más de una oportunidad que San Pedro deberá evaluar la posibilidad de que para hacer frente a esa deuda pueda cederse en parte de pago algún inmueble municipal, lo que desató la polémica, porque el convenio todavía no llegó al Concejo.

La entidad ruralista que preside Lisandro Gordó expresó su rechazo a esa posibilidad, en consonancia con el planteo que hizo un grupo de vecinos, que juntan firmas para manifestarle su desacuerdo al Gobierno.

"Consideramos que el patrimonio público constituye un activo estratégico de toda la comunidad y que cualquier decisión que implique su desprendimiento debe ser analizada con la máxima responsabilidad", señalaron en un comunicado.

Además, pidieron al intendente y a los concejales que "arbitren las alternativas necesarias para resolver la situación financiera existente sin recurrir a la enajenación de bienes municipales, preservando así el patrimonio de todos los sampedrinos". 

La Sociedad Rural de San Pedro fue sede de un encuentro regional encabezado por el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, quien mantuvo una reunión de trabajo con dirigentes y representantes de entidades rurales de distintos distritos para analizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector agropecuario.

Durante la jornada se abordó una amplia agenda de temas vinculados a la producción, la representación gremial y el marco regulatorio que afecta a la actividad. Entre los asuntos centrales figuraron la situación institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismos considerados estratégicos para el desarrollo y el control de la producción agropecuaria.

Asimismo, los participantes intercambiaron opiniones sobre la presión impositiva que afronta el sector, la problemática de la seguridad rural y el avance de las negociaciones vinculadas a la Ley de Semillas, uno de los proyectos que genera mayor expectativa dentro de la actividad.

La agenda también incluyó el análisis de las aplicaciones periurbanas y los debates en torno a una futura Ley de Agroquímicos, cuestiones que mantienen un fuerte impacto sobre la producción y que continúan siendo objeto de discusión entre productores, entidades y organismos gubernamentales.

Los dirigentes coincidieron, además, en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre las entidades rurales y sus asociados, con el objetivo de brindar información práctica, actualizada y accesible sobre temas que adquieren una creciente complejidad técnica y normativa.

La visita de Castagnani se inscribe en una serie de recorridas que CRA viene realizando en diferentes puntos del país con el propósito de mantener un contacto directo con las entidades de base, recoger las inquietudes de los productores y fortalecer la representación gremial del campo argentino.

La problemática de la inseguridad en el campo fue visibilizada esta semana desde la Sociedad Rural, que emitió un comunicado en el que advierte "indiferencia" por parte de las autoridades políticas y judiciales.

Este sábado, el presidente de la entidad, Lisandro Gordó, contó en Sin Galera que cada semana, en la zona, se reportan entre cinco y siete denuncias por robos de todo tipo: abigeato, producción, alambrados, etc.

En ese marco, anunció que presentaron un proyecto al Banco Nación para solicitar financiamiento para la instalación de cámaras de seguridad. Si bien muchos productores tienen, el plan es que haya una red colaborativa.

"Hemos pedido al Municipio poner bajo los puentes, pero nos dicen que no es jurisdicción, así que instamos a los productores a cuidarnos entre nosotros e intentar ayudar a las fuerzas a que esto salga adelante", señaló.

En ese sentido, indicó que la Sociedad Rural colabora habitualmente con la policía del Comando de Patrulla Rural para la reparación de móviles, adquisición de baterías o cubiertas, etc.

"El Municipio atraviesa problemas que no hace falta describir, están en todos lados, así que tratamos de gestionar lo nuestro, creemos que no podemos tener a la Patrulla Rural sin los medios necesarios, estamos colaborando como hemos hecho en otras gestiones", explicó.

"Estamos atravesando un momento, en el último mes y medio, de fuerte incremento del delito rural. El mensaje es tranqueras afuera y tranqueras adentro. Estamos poniendo el problema arriba de la mesa, atajando el problema más que lo normal", dijo respecto de las acciones emprendidas.

La Sociedad Rural está confeccionando un "mapa del delito" y tiene a un abogado que "está siguiendo las causas" relacionadas con delitos cometidos en el ámbito rural.

Si bien Gordó destacó que tener una Fiscalía tematizada en delitos rurales fue un logro, consideró que en la situación actual de carencia de recursos materiales y humanos complica la situación. "Está desbordada", señaló.

Respecto del "mapa del delito", informó que "el área caliente" es un cuadrante que va desde San Pedro a Río Tala, La Celina y ruta 191 hasta Pueblo Doyle.

La Sociedad Rural de San Pedro cuestionó la "profunda indiferencia política y judicial" ante los hechos de inseguridad que afectan al sector en la zona.

Aunque aseguraron "valorar" la labor del Comando de Prevención Rural, policía especializada que depende del Ministerio de Segutidad, pero cargaron contra quienes tienen "la responsabilidad de garantizar seguridad y justicia", es decir contra el Gobierno provincial y el Poder Judicial, lo que incluye a fiscales y jueces.

"La creciente vinculación entre el delito rural y el narcotráfico constituye una amenaza cada vez más preocupante para nuestra comunidad", señalaron en un comunicado difundido este viernes.

Consideraron que "negar esta realidad o disimularla detrás de anuncios y discursos" no hace más que "profundizar el deterioro".

En ese marco, pidieron "decisiones, compromiso y acciones concretas" para abordar la problemática y destacaron el "esfuerzo" y el "compromiso" de productores rurales "para acompañar y sostener acciones".

La inseguridad en los campos fue tema predominante en la reunión realizada en la Sociedad Rural entre autoridades del Comando de Patrulla Rural, miembros del Foro de Seguridad Rural Argentino y directivos de la entidad anfitriona.

Los casos ocurridos en las últimas semanas generaron, una vez más, la preocupación en el sector ganadero.

El cruce de información y un análisis de la realidad, aparentemente abarcativo a todo el norte de la provincia de Buenos Aires, derivó en la coincidencia de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar las tareas de prevención y, con ello, mejorar la capacidad de respuesta y respaldar las acciones del Comando de Patrulla Rural. La finalidad es acompañar a los productores y vecinos de la región, que saben que son propensos a ser víctima del delito.

Para la Sociedad Rural la validez del encuentro estuvo dado en la respuesta, que ahora debe trasladarse a los hechos, además de agradecer la presencia del comisario mayor Ariel Aníbal Álvarez, director operativo Norte del Comando de Patrulla Rural, y el comisario inspector Sebastián Medina, coordinador zonal del mismo organismo con sede en Pergamino.

Este miércoles, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estará en San Pedro para una de sus habituales "conferencias de verano", que incluye una reunión con referentes de los sectores productivos de la región.

En ese marco, la Sociedad Rural de San Pedro informó que no participará y que "tras una evaluación interna" sus integrantes resolvieron rechazar la invitación, que les llegó a través del gerente del Banco Provincia local.

Consideraron que el contexto actual "demanda ámbitos de diálogo" para "avances concretos" y no "meras instancias formales", como calificaron a este tipo de encuentros.

Además, la entidad que preside Lisandro Gordó cuestionó a Kicillof por "responsable de decisiones históricas que derivaron en la situación actual" y aseguró que "no se presenta como un interlocutor confiable para encarar soluciones de fondo".

La Sociedad Rural expresó en un comunicado que como entidad están preocupados por "la incertidumbre económica, productiva y social" y por las "dificultades que atraviesan los sectores productivos, comerciales y de servicios".

En se sentido, señalaron que hay un "deterioro en las condiciones de seguridad", lo que, consideraron, impacta "en la vida cotidiana de los vecinos y en el desarrollo regional".

Agradecieron la invitación del Banco Provincia y destacaron su rol institucional, así como su "histórico vínculo con la región". En ese marco, dijeron que están a disposición para "participar en espacios de trabajo serios y orientados a resultados efectivos".

El proyecto de ordenanza impositiva que los concejales tratan este viernes en sesión extraordinaria prevé un aumento del 100 por ciento de las tasas de contraprestación directa, lo que provocó cuestionamientos de la Sociedad Rural, puesto que una de ellas es la de mantenimiento de la red vial.

En un comunicado, la entidad ruralista —cuyo secretario Martín Palazón se inscribió como mayor contribuyente— expresó "profunda preocupación" y se declaró en "estado de alerta" por los aumentos propuestos.

Además del incremento de la tasa de red vial, señalaron el 100 por ciento de aumento sobre el ABL y el 50 por ciento sobre control de marcas, lo que, consideraron "configura un escenario de fuerte presión fiscal que no encuentra justificación".

El aumento, sostiene la Sociedad Rural, "vuelve a recaer con fuerza sobre los contribuyentes y el sector productivo, sin que ello se traduzca en mejoras concretas en servicios o infraestructura".

Sobre la red vial, aseguraron "alarmante" que con los caminos "en un estado deplorable y sin el mantenimiento adecuado" se haya proyectado un incremento del 100 por ciento, a lo que se sumarán ajustes por inflación según lo que informe el Indec y de manera bimestral, como ocurrió en 2025.

“La ciudad muestra signos evidentes de deterioro, producto de años de falta de planificación y gestión. No solo el sector productivo se ve castigado: es toda la comunidad la que sufre las consecuencias”, dijeron.

"Sin embargo, una vez más, son quienes producen y generan trabajo quienes terminan absorbiendo los mayores costos, 'pagando la fiesta' y cubriendo la ineficiencia del Estado local", cuestionaron los ruralistas.

"Esperamos que las autoridades recientemente asumidas no se conviertan en socias de esta decadencia, sino que impulsen un cambio real en la forma de administrar los recursos públicos, priorizando la eficiencia, la transparencia y el acompañamiento al sector productivo", señalaron en el comunicado.

Pidieron "gestión responsable, servicios acordes a lo que se cobra" y "una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía local", porque "el desarrollo de la ciudad no puede construirse sobre aumentos desmedidos y permanentes".

Productores del sector isleño del Delta se convocaron en la ciudad de Ramallo, donde mantuvieron una reunión con autoridades policiales de la provincia de Entre Ríos. 

Entre los presentes estuvieron el jefe de Delitos Rurales, el inspector Marcelo Della Giustina; el jefe de Brigada de Abigeato, inspector Leandro Peralta; y varios ganaderos de la zonas insular.

La convocatoria, encabezada por el exfuncionario sampedrino Fernando Coronel, surgió ante los reiterados ilícitos en la jurisdicción de la Comisaría 3ª de Islas de Entre Ríos, que abarca aproximadamente 150 kilómetros en línea recta desde Arroyo Seco hasta San Pedro, sobre las Islas Lechiguanas.

En la mesa de diálogo, de la que también participó Raúl Victores por la Sociedad Rural de San Pedro, los productores denunciaron un preocupante incremento de casos de abigeato, robos, asaltos y actos de vandalismo, realizados en muchas ocasiones bajo una logística organizada con cruces fluviales nocturnos.

A su vez presentaron un petitorio dirigido al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, solicitando la creación de un destacamento policial permanente en el sector conocido como “Boca del Cavado”, altura del arroyo Ramallo, en la Boya 342 del río Paraná, frente a la planta de Ternium, considerado un punto estratégico que funciona como puerta de entrada y salida para bandas delictivas.

Según los isleños, esa ubicación es clave debido a su cercanía con zonas críticas del Delta, como las islas Las Lechiguanas (Paraná Inferior), donde se concentra gran parte de la actividad ganadera y pesquera.

El reclamo ganó urgencia tras un reciente episodio violento: durante un operativo, un bote patrullero de la Policía Rural fue atacado a balazos por delincuentes que intentaban cruzar hacia las islas con fines delictivos. El patrullero resultó averiado, lo que generó alarma por la vulnerabilidad en la zona.

Ante la demanda, los funcionarios policiales se comprometieron a estudiar la solicitud y gestionar “a la brevedad” la instalación del destacamento, aunque advirtieron que debe contar con la aprobación de las autoridades provinciales. Mientras tanto, productores, isleños y agrupaciones rurales anunciaron que seguirán movilizados hasta conseguir presencia permanente.

La problemática de la inseguridad rural tiene en el abigeato o robo de ganado uno de los puntos más sensibles. Tanto en el campo como en la zona de islas, es un delito habitual que tiene varias aristas.

El productor ganadero Leonardo Demolis, oriundo de Arrecifes, cría vacas en la isla y es representante de la reconocida consigantaria Colombo y Magliano, ha sufrido en varias oportunidades ese tipo de delitos.

Este sábado, en Sin Galera, analizó la situación y, convencido de que hay un verdadero negocio millonario detrás del abigeato en volumen, aseguró que hay "un circuito para darle legalidad al ganado robado".

Demolis señaló que cuando el robo implica muchos animales, ya no entra en juego la sospecha respecto de que podrían ir a parar al mercado a través de carnicerías o comercios similares o acaso para comer entre familiares.

Entra un juego una maquinaria mucho más aceitada y que involucra a varios actores que están íntimamente relacionados con la producción ganadera, tanto desde el punto de vista privado como público.

"La media en la Argentina es que cada 100 vacas tenemos 65 terneros", dijo Demolis y explicó que tras la parición aparecen veterinarios para la vacunación y el registro de esos animales.

"Lo que puede hacer el vacunador es, si usted tiene 30 terneros, ponerle que tiene 50. A lo mejor en esos 50, él no se percata que no son de la misma tropa", precisó.

"El veterinario vacunador lo que tiene que hacer es asegurarse de que ese ternero sea de esa vaca, y actualmente se puede dar cuenta. Porque esa acta va a Senasa y usted puede hacer pasar ese ternero, que a lo mejor usted lo compró de forma ilegal", detalló.

Demolis señaló que el mecanismo de "blanqueo" de vacas robadas se produce antes de que esos animales vayan a la ruta camino al mercado o otro campo. Los veterinarios que tienen la responsabilidad del control, indicó "son dependientes de Senasa o contratados por la Sociedad Rural".

"Las sociedades rurales de cada distrito son las que coordinan la sanidad con el productor. Por eso es tan importante que cuando carga esa acta de vacunación, se haga a conciencia. En algunos lugares no sucede eso y se le da legalidad a lo ilegal", agregó.

En una asamblea general ordinaria los socios de la Sociedad Rural de San Pedro designaron como nuevo presidente de la entidad a Lisandro Gordó.

La renovación de la comisión directiva optó por la lista que encabezaba el reconocido emprendedor y productor, de activa participación en la Rural en defensa de los derechos del sector desde hace varios años.

La asamblea contó con la participación de socios y productores, quienes analizaron los temas inherentes a la institución y los relacionados al sector. Esto, a su vez, posibilitó determinar la continuidad del trabajo realizado hasta el momento.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente, Lisandro Gordó; vcepresidente, Agustín Billoch; secretario, Martín Palazón; prosecretario, Edgardo Salmoiraghi; tesorero, Raúl Víctores; protesorero, Leonardo Cajide. 

Vocales Titulares: Tomás Palazón, Gerardo Diamante, Graciela Namen, Carlos Obligado, Federico Ávila y Santiago Castillo. Vocales Suplentes: José Luis Birador, Ignacio Barbieri, Karina Kissling y Reynaldo Bianchini. Revisores de Cuentas Titulares: Alexis Küttel y Francisco Sánchez. Revisor de Cuentas Suplente: Ariel Paparini.