Persiste el reclamo de trabajadores municipales frente al Palacio, a horas de una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Un grupo de empleados concentró este martes por la mañana en las puertas de la Municipalidad para continuar con el reclamo por el descuento en sus haberes. 

"Esperamos que nos paguen, que nos devuelvan lo que tienen que devolver", explicó una de las afectadas a La Opinión y también dijo: “Tocaron sueldos de compañeros que no hicieron paro, a una compañera que está en silla de ruedas le descontaron también, es una vergüenza”.  

Por su parte, consultada por este medio mientras llegaba al Concejo Deliberante, la edil de Fuerza Patria Soledad Llull indicó que, si bien el HDC no tiene facultades para intervenir en este caso, están al tanto de los reclamos. 

"Sé que desde el Ejecutivo se había citado a los gremios, espero y deseo que puedan sentarse y dialogar, que haya flexibilidad para llegar a un acuerdo", indicó Llull. 

Desde las agrupaciones gremiales informaron que la medida de fuerza continúa y hay expectativa por la posible presencia de representantes de Fesimugo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, anunciada por Juan Cruz “Mono” Acosta a sus agremiados. 

Las medidas de fuerza persisten desde el jueves y el promedio del descuento salarial por días de paro fue de 48 millones sobre 231 empleados. 

El humo y las cubiertas prendidas fueron el escenario para la protesta organizada por dos de los gremios municipales. Desde la mañana temprano la presencia policial se incrementó y la participación de Juan Carlos Agüero para garantizar el normal funcionamiento del Municipio fue la única cara visible del gobierno.

El miércoles por la noche, tras el impacto en las liquidaciones de los haberes correspondientes a septiembre acreditaros en los bancos, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) fue el primero en convocar a una concentración sobre calle Pellegrini para repudiar la decisión que había sido anunciada durante la última medida de fuerza.

La cifra que desató la protesta asciende a 48 millones de pesos que el Gobierno de Cecilio Salazar decidió no liquidar, afectando a un total de 231 empleados que se plegaron a las medidas de fuerza del mes pasado.

Juan Cruz Acosta fue uno de los principales voceros y el que llegó para cuestionar la fuerte presencia de fuerzas de seguiridad que sofocaban el fuego con extintores sobre el cúmulo de cubiertas que habían llevado para encender sobre la calle.  

“Vamos compañeros despierten, mañana todos a la muni a las 9 horas”, había arengado Acosta y advirtió  “Los ladrones descontaron días de paro por reclamar los derechos que ellos deben”.

Durante la manifestación, los empleados rompieron el silencio y describieron cuánto implica en sus haberes un descuento de la magnitud aplicada. También cuestionaron la legalidad y legitimidad de la sanción amparados en el derecho a huelga que garantiza la Constitución Nacional.

Las jornadas de protesta dispuestas por el STM, ATE y UPCN ante el Municipio y el Ministerio de Trabajo se cumplieron los días 17 y 18 de septiembre, y posteriormente el 24 y 25 y ya en esa fecha se había anunciado que se aplicarían los descuentos.

Consultada por La Opinión & Sin Galera, la secretaria de Gobierno, confirmó que la decisión adoptada es legal y se ampara en el convenio que rige la actividad laboral municipal. Para ello, Candelaria Cuscuela remitió el texto del artículo 103 que responde al capítulo “De la remuneración de los trabajadores”.

“A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél”.

Pese a los avisos legales y las presentaciones ministeriales de los gremios, el Ejecutivo sostuvo la postura de no abonar las jornadas no trabajadas, computándolas como inasistencias injustificadas. Con los 48 millones de pesos retenidos y con las reuniones partitarias que hasta el momento no han dado resultados todo indica que el conflicto salarial municipal escalará en medio de una semana que estuvo marcada por la posición del intendente como ex dirigente gremial en el conflicto entre Camioneros y la Distribuidora Rey.

El grado de endeudamiento de la comuna, las cuentas a proveedores paralizadas y el escaso margen de maniobra financiera de la que disponen para resolver un aumento de sueldos sigue en duda.

El Ejecutivo municipal y los representantes gremiales mantuvieron este martes la primera reunión  para encaminar la negociación salarial del segundo semestre. El encuentro concluyó sin acta firmada ni porcentaje cerrado sobre la mesa, con el compromiso de retomar el diálogo el próximo martes con una propuesta concreta elaborada por el área económica comunal. Es el primer encuentro tras el levantamiento de la última medida de fuerza.

El secretario de Hacienda, Roberto Borgo, explicó a La Opinión los alcances del cuadro de situación expuesto ante los sindicatos: "En realidad, la primera reunión fue un poco de consulta con los gremios. Se pactó una nueva reunión para el martes donde seguramente va a haber alguna propuesta".

El funcionario recordó que en la mesa anterior la administración comunal había presentado un incremento que fue rechazado por las representaciones gremiales. Frente a ese escenario, la pauta que analiza el Ejecutivo busca empalmar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con lo expuesto por Borgo, el margen presupuestario oficial apunta a compensar la inflación acumulada al mes de agosto y seguir la pauta técnica hasta el cierre de año,  dividida en dos etapas.

 "Seguramente se puede elaborar en una propuesta de dos tramos: una en el mes de octubre y otra en el mes de noviembre", precisó el titular de la cartera económica.

Respecto a diciembre, Borgo se mostró escéptico porque no habrá margen para aplicar subas salariales en ese período que es el mismo que corre para los aguinaldos.

"Por las cuestiones de liquidación es imposible ya que el aguinaldo hay que liquidarlo antes de la liquidación del mes; no hay posibilidades técnicas".

Durante la reunión, Hacienda expuso a los secretarios generales el estado financiero de las arcas municipales y el peso que tuvieron los compromisos asumidos en las últimas semanas. Entre ellos, la actualización de la Carrera Médico Hospitalaria, un convenio que arrastraba más de un año y cuatro meses de demora.

"La situación financiera es muy compleja. Se les explicó que el mes pasado Carrera Médica tuvo una actualización de convenio que estaba demorada más de un año y cuatro meses prácticamente; los trabajadores cobraron el aguinaldo antes y todavía ahora en los primeros días de octubre recién termina de cobrar el último tramo y algunos de planta política, que se tuvo que hacer con un cronograma por los de menores ingresos", indicó Borgo.

Por su parte, los sindicatos plantearon sus estimaciones sobre la necesidad de recomposición del básico municipal e incorporaron puntos sectoriales que serán elevados a consideración del intendente Cecilio Salazar. La discusión continuará formalmente el martes próximo en el despacho de Hacienda.

ATE y UPCN solicitaron un incremento del 20 %. Por su parte, el STM mantuvo un reclamo del 30 %, una cifra que amplió la distancia entre las posiciones. En lo que va de 2026, los empleados municipales percibieron un aumento del 10 % en abril y otro del 5 % en junio. En paralelo, la inflación acumulada hasta agosto alcanzó el 21,35 %.

El conflicto salarial entre el Municipio y los trabajadores comunales sumó un nuevo y tensionante capítulo este miércoles con el inicio de una serie de días de paro convocados por dos de las tres conducciones gremiales. 

Sin embargo, el dato central que marca un giro respecto de las protestas anteriores radica en la decisión adoptada por el Gobierno de Cecilio Salazar: esta vez no habrá concesiones y se descontará la jornada a los empleados que se sumen a la medida de fuerza.

A lo largo del año, las autoridades comunales respetaron el derecho a huelga sin aplicar reducciones en las liquidaciones salariales, pero en esta oportunidad la bajada de línea fue concreta. 

A través de una comunicación interna que llegó a las secretarías y a las direcciones de las áreas, la orden transmitida fue categórica: “Acordate que a la gente que adhirió al paro, en la planilla de asistencia hay que ponerle falta ese día, no paro gremial”.

La filtración de esta directiva encendió de inmediato las alarmas y el malestar entre las dirigencias sindicales, que interpretan la orden formal como un mecanismo explícito para desconocer la medida de fuerza. Esto haría que el descuento impacte de lleno en el bolsillo de los trabajadores.

El esquema de reclamos comenzó este miércoles con la huelga por 72 horas que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por Juan Cruz "Mono" Acosta. 

A este plan de acción se le suma a partir este jueves la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), bajo la conducción de Gustavo Gauna, cuyos afiliados paralizarán sus tareas durante 48 horas, incluyendo el viernes.

El nudo central de la disputa reside en la falta de avances en las negociaciones paritarias. Los sindicatos exigen a la gestión de Cecilio Salazar la convocatoria inmediata a la Mesa de Relaciones Laborales para discutir un reajuste urgente.

 La última oferta formal del Ejecutivo —un 5 por ciento de incremento para septiembre— fue rechazada de plano por insuficiente hace varias semanas y, desde entonces, el diálogo quedó completamente interrumpido.

Con los sueldos congelados desde mayo, la brecha frente al ritmo inflacionario se ensanchó, en un escenario atravesado, además, por la compleja realidad financiera que atraviesa el Municipio.

La obra de Espacio Delta avanza en el predio de la ex Terminal de Ómnibus, donde se proyectan locales gastronómicos, comercios, un gimnasio y la recuperación de los espacios exteriores. 

Sin embargo, durante un recorrido realizado durante el programa Sin Galera, que conduce Lilí Berardi, surgió un tema que genera consultas entre los vecinos: ¿la reja que actualmente rodea el predio quedará de manera definitiva?

La explicación brindada durante el móvil es que el vallado responde a una necesidad propia de cualquier obra en construcción y funciona actualmente como cerco perimetral de seguridad. No está definido si permanecerá una vez finalizados los trabajos ni, en ese caso, qué sectores quedarían cerrados.

La cuestión adquiere especial relevancia porque la obra comprende también la superficie de la Plaza de los Inmigrantes y la Plaza de la Madre. De acuerdo con los planos correspondientes a la licitación que fueron consultados por el programa, la superficie completa de la Plaza de la Inmigrantes (la de Terminal) fue incluida dentro de la concesión por 30 años, pero manteniendo su carácter de espacio público.

El proyecto contempla en ese sector una plaza abierta, con canteros, forestación y un anfiteatro, destinada al uso de los vecinos y visitantes. Es decir, la inclusión de la plaza dentro del área adjudicada no implica que haya dejado de ser pública.

El principal inconveniente aparece en un sector ubicado junto al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Cuando comenzaron los trabajos para colocar el vallado, desde la entidad plantearon que una parte de ese terreno les correspondería.

Desde el sindicato se mencionó que existe documentación para sostener el reclamo, e incluso se habría planteado el alquiler de ese espacio a los responsables de Espacio Delta. Sin embargo, los planos de la licitación consultados por Sin Galera incluyen la superficie completa de la plaza dentro del área destinada al proyecto.

Por ahora, no se ha podido acceder a la documentación que invoca el gremio, por lo que la situación no está definitivamente resuelta. La cuestión deberá ser analizada y definida por las partes involucradas, particularmente por el Municipio.

Mientras esta discusión permanece abierta, los trabajos continúan en distintos sectores del predio. En el área donde funcionaban las antiguas dársenas se construye la estructura destinada a un bar, mientras que en otra esquina se levantan las columnas correspondientes al futuro gimnasio.

El proyecto también contempla locales comerciales y gastronómicos en planta baja y alta, además de un espacio de coworking.

En los sectores exteriores ya se removió parte de la tierra y algunos árboles, aunque se indicó que permanecen los ejemplares más grandes y antiguos ubicados sobre calle Uruguay.

Otro dato señalado durante el recorrido del móvil es que, desde el comienzo de las obras, dejaron de registrarse reclamos por hechos de inseguridad y vandalismo en el predio, una problemática que durante años había afectado al lugar cuando permanecía abandonado.

La transformación de la ex Terminal avanza entre obras visibles y algunas cuestiones todavía pendientes de definición. Entre ellas, qué ocurrirá finalmente con el vallado y cómo se resolverá el conflicto por el pequeño sector lindero a la Plaza de la Madre.

Tras el episodio que protagonizaron el concejal Martín Rivas y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta, acompañado de otros dirigentes gremiales, el edil de Consolidación Argentina anunció que fue a la Justicia y difundió un video del momento.

Rivas solicitó, y obtuvo, las imágenes de cámaras de seguridad del Palacio municipal que registraron la situación en la que hubo un intento de agresión física por parte de un trabajador municipal que luego fue identificado como "Gallina" Leiva, integrante de la comisión directiva del gremio que conduce Acosta.

"Las imágenes hablan por sí solas y la verdad no necesita exageraciones", dijo Rivas, que difundió el video en un editado que subió a sus redes sociales en el que se refiere al tema.

En el video se ve cuando el concejal ya está dentro de Palacio, camino al Salón Dorado, y Leiva se dirige hacia él y le arroja un golpe con la mano abierta que él esquiva.

Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado y que esa "provocación" fue la que derivó en el altercado.  Las imágenes difundidas por Rivas no tienen audio.

En el video se ve, más cerca de la puerta, al propio secretario general del STM y a otro sindicalista, ambos retenidos por un tercero para que no avancen sobre el concejal.

"Fui amenazado, agredido e insultado por un grupo de personas que decían defender los derechos de los trabajadores y que están muy bien identificados políticamente", dijo.

La alusión es a la  militancia activa de "Gallina" Leiva en San Pedro Puede, espacio que lidera el edil y aspirante a la intendencia Ariel Rey. En ese marco, relacionó el intento de agresión del que fue víctima con otros hechos.

"Entre amenazas, falsas denuncias y demás", dijo Rivas en clara alusión a los altercados que protagonizó primero con asesores de Rey, que lo denunciaron por agresiones físicas, y por el propio concejal de San Pedro Puede, que también denunció en la Justicia haber sido golpeado en el rostro por Rivas delante de varios testigos, concejales y funcionarios del gabinete.

"No nos amedrentan, no vamos a responder violencia con más violencia", dijo Rivas y anunció: "Dejaremos que la Justicia actúe".

Además, se refirió a las palabras de Acosta, que lo calificó de "falopero" y dijo que va "muy drogado" al Concejo.

En ese sentido, señaló: "Utiliza como insultos referencias a problemas de salud mental y de consumo problemático, me parece grave porque hay miles de familias que transitan por esa problemática y dan la pelea".

"Seguiré haciendo exactamente lo mismo que me comprometí a hacer desde el primer día: controlar cuando corresponda, proponer soluciones, construir consensos y trabajar para que San Pedro sea una ciudad con más diálogo, más respeto y menos violencia", posteró y aseguró: "La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz".

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta, se refirió este sábado en Sin Galera a la disputa que su gremio mantiene con el Gobierno de Cecilio Salazar desde el año pasado, cuando tras una serie de medidas de fuerza hubo resoluciones que terminaron en la Justicia.

Acosta y su esposa, Luciana Pavón Duarte, que comparte la conducción del sindicato con él, habían sido notificados para presentarse en su puesto de trabajo, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

Como no lo hicieron, el Gobierno dejó de pagarles los sueldos. Acosta aclaró que él comenzó a cobrar tras la retención de los salarios de diciembre y enero, pero ella "sigue sin cobrar".

La situación derivó en una causa que tramita en el fuero laboral y que se suma a los planteos que el sindicato hizo en la Justicia penal ante la falta de transferencia de las retenciones a afiliados y contra el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta.

"Nosotros denunciamos falsificación de documento y lo caratularon por incumplimiento de funcionario público", dijo sobre esa causa. A Porta lo acusan de "modificar" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para no reconocer la licencia gremial mediante la que Acosta y Pavón Duarte no cumplen horario en el Municipio.

El Gobierno sostiene que ese convenio colectivo "nunca fue homologado por el Ministerio de Trabajo ni figura en el registro" correspondiente, por lo que entienden que no es de aplicación efectiva, a pesar de que el propio intendente encabezó el acto de firma, en 2016.

"El conflicto comienza cuando hicimos una medida de fuerza porque queríamos un poco más del 10 por ciento para fin de año para los trabajadores", dijo Acosta en relación a la disputa.

En ese marco, agregó: "El intendente se enojó por eso y nos pidió que volvamos a trabajar". Señaló que él no cumple horario en la Municipalidad desde 2009, fecha desde la que lidera el gremio, porque tiene "licencia gremial a cargo del Municipio".

"Nosotros estamos haciendo todos los reclamos", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta en Sin Galera.

Uno de los planteos está relacionado con la falta de pago de las retenciones a los afiliados de la cuota sindical. Aunque los descuentos figuran en el recibo de sueldo, el gremio no recibe las transferencias.

Por ello, señaló Acosta, denunciaron "malversación de fondos" y cuestionó: "El año pasado al partido Fe le pagaron todo, todos los meses. A los trabajadores, no".

"No nos pagan las retenciones del sindicato, nos quiere sacar la casa de los trabajadores, el intendente tiene una postura de patrón de estancia", cuestionó Acosta.

"Nosotros fuimos a la justicia. Nosotros no somos esclavos del gobierno de turno. Tenemos derechos. Cuando los intendentes no cumplen, tenemos que hacer medidas de fuerza y si no, ir a la Justicia", señaló el sindicalista.

"Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. La estamos pasando mal, pero no vamos a dar el brazo a torcer", dijo sobre la falta de pago del sueldo de su pareja.

"Si el gobierno cumpliera con la ley como corresponde, nosotros no estaríamos haciendo todo esto. La nueva ley nos permite firmar convenios colectivos de trabajo, y todavía así no nos cumplen, no sólo en San Pedro, sino en toda la provincia", señaló.

Tras la intimación cursada en diciembre por parte del Gobierno al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Juan Cruz “Mono” Acosta, y a la secretaria de Finanzas del gremio, su esposa, Luciana Pavón Duarte, para que vuelvan a sus puestos de trabajo, ante la falta de cumplimiento el Municipio dejó de pagarles los sueldos.

Ambos sindicalistas fueron al Juzgado Laboral 3 para reclamar por la situación, aunque el Tribunal, mientras resuelve la cuestión de fondo, rechazó una medida cautelar urgente, por lo que seguirán sin percibir sus salarios.

En medio del conflicto entre la Municipalidad y el STM por el cierre de la paritaria 2025 por decreto, el Gobierno intimó a Acosta a volver al Corralón y a Pavón Duarte a hacer lo propio como trabajadora social de Desarrollo Humano.

Sin embargo, ninguno de los dos retomó sus tareas, bajo el argumento de que tienen "licencia gremial con goce de haberes", lo que el Municipio cuestiona abiertamente.

En la Justicia, ambos plantearon que el Gobierno hace "persecución" contra ellos por su rol de sindicalistas y que no pagarles los sueldos desde hace diciembre comporta "un hecho de extrema gravedad".

Ello se complica aún más teniendo en cuenta que están unidos en matrimonio, por lo que conforman un núcleo familiar, lo que implica que la falta de pago de sus sueldos, que tienen "naturaleza alimentaria", afecta su subsistencia, al tiempo que comporta un importante recargo de intereses sobre sus deudas.

Sin embargo, el juez Walter Rubén Quadranti decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que mientras se resuelve la cuestión de fondo Acosta y Pavón Duarte siguen sin percibir sus haberes.

Los sindicalistas advirtieron en su demanda que la decisión del Gobierno es persecutoria en tanto se produce en medio de un conflicto gremial, a pesar de que durante todo el tiempo anterior a esa fecha el Municipio les mantuvo la licencia con goce de haberes sin problemas.

Pasados los 30 días desde que a fines de febrero el Gobierno intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta a restituir el edificio de San Martín 580, sede histórica del gremio, todo indica que la disputa se dirimirá en la Justicia.

El Sindicato respondió la carta documento y sostuvo que la sede es "la casa de los trabajadores" y que la construyeron" con sus "propias manos", por lo que la van a "defender" ante el embate del intendente.

Si el Gobierno insiste con que ese edificio es del Estado municipal y lo quiere utilizar para otra cosa, deberá avanzar en la Justicia con un juicio de desalojo, porque el gremio no está dispuesto a irse así como así.

"Ni con el Ejército me sacan de la sede que es de los y las trabajadoras", aseguró Acosta.

"No tienen nada, la sede le pertenece al sindicato", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta ante La Opinión y aseguró que están preparados para, eventualmente afrontar la situación en sede judicial.

El plazo de la carta documento pasó. Ahora, si el Gobierno quiere recuperar el inmueble  para "destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal", como dijo en la carta documento, deberá ir a la Justicia.

El Gobierno de Cecilio Salazar canceló una parte de la deuda que mantiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que informó a sus afiliados que retoman algunos de los beneficios que habían sido cortados a raíz de la demora en el pago por parte de la Municipalidad.

El gremio comunicó a sus afiliados que "a partir de mañana, 31 de marzo se reanudan con los convenios" con un reconocido comercio del rubro alimenticio que tiene sucursales en los barrios.

Esos convenios permiten a los empleados municipales comprar en esos comercios y pagar recién al mes siguiente, cuando la Municipalidad les descuenta, de acuerdo al código del Sindicato, el monto.

Ese dinero que el Municipio retiene luego lo transfiere al gremio, que es el que tiene el acuerdo con el comercio para ofrecer ese beneficio a los afiliados. Como el Gobierno no depositaba, habían cortado el beneficio, que ahora repusieron.

Desde el Ejecutivo informaron a La Opinión que cancelaron "una parte" y que están "intentando" hacer lo propio con todas las deudas con proveedores que mantiene el Estado local para su funcionamiento cotidiano.

Desde el Sindicato de Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta informó que lo cancelado asciende al "25 por ciento de la deuda" y que este pago no implica que el gremio ceda en los reclamos que mantiene.

"No cumplen con los derechos, ni a paritarias llaman y ya hicimos presentaciones en la Municipalidad y el  Ministerio de Trabajo", cuestionó Acosta.

En el marco del conflicto que mantienen el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno de Cecilio Salazar por deudas que el Municipio tiene con el gremio en concepto de retenciones sindicales, el sindicalista Juan Cruz Acosta lanzó una sugestiva advertencia a horas del acto de apertura de sesiones del Concejo, donde el intendente brindará su mensaje anual.

"Adivinen cuántos micros vienen para las 19.00. Hoy está para alquilar balcones", dijo "el Mono" en un posteo en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los trabajadores municipales. 

Esa es la hora en la que hablará Salazar en el Salón Dorado y el posteo no puede hacer referencia a otra cosa que a una movilización hacia la Municipalidad.

Además, en un posteo previo, también referido al mensaje anual del intendente, Acosta señaló: "¿Se hablará hoy de la plata que se están robando?", en clara alusión a los más de 180 millones de pesos que el Municipio no transfirió a su sindicato.

"Esperemos que sí", se respondió el gremialista y agregó: "Ahí vamos a estar para hacerle recordar" al mandatario comunal respecto de esa deuda, que provocó el corte de servicios y beneficios que tenían los afiliados.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato", había dicho Acosta en el programa Lo Que Importa, que Sandra Dombrecht conduce de lunes a viernes a las 9.30 por el canal de YouTube Sin Galera TV.

Luego de sus declaraciones, el Gobierno envió una carta documento al Sindicato que conduce Acosta para intimarlo a que restituya al Municipio el inmueble donde funcionó históricamente el gremio, en San Martín 580, propiedad del Estado local.

La tensión entre el Gobierno de Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó a escalar a punto tal que tras la amenaza de una demanda penal, el municipio resolvió intimar mediante carta documento al gremio para que abandone el edificio de calle San Martín y Uruguay.  

En una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, se intima al “inmediato desalojo y reintegro del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle San Martín entre calles Uruguay y María A. de Gomendio”

La gestión Salazar sostiene que el sindicato carece de un título válido o instrumento legal que autorice la ocupación actual, calificando la situación como una “ocupación sin causa jurídica que justifique la tenencia del inmueble”

El plazo otorgado para integral la sede sindical fue fijado en treinta días corridos desde la recepción de la intimación para que el gremio desocupe totalmente las instalaciones. 

En caso de negativa, la Municipalidad advirtió que iniciará acciones judiciales por desalojo y reclamará daños y perjuicios, incluyendo el cobro de un “canon locativo retroactivo por el uso indebido del inmueble”.

También el texto refiere que la comuna pretende recuperar el inmueble para  “destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal”.

En otro párrafo aclara que en el plazo previsto el sindicato debe “restituir el bien en perfectas condiciones de uso, hacer entrega de llaves, documentación y cualquier elemento perteneciente al Municipio y dejar el inmueble libre de personas y cosas”. El conflicto está desatado y escribirá nuevos capítulos a partir del viernes, cuando se decida si finalmente se arremete con una demanda penal para el recupero de los fondos que se reclama en nombre de los trabajadores.

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Tras la difusión de decenas de rumores que confirman la ruptura de relaciones entre Cecilio Salazar y el dirigente de uno de los gremios municipales, Juan Cruz Acosta, atraviesa horas decisivas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó que radicará una denuncia penal porque el municipio retiene los aportes que se descuentan de los recibos de sueldo de los trabajadores y no los deposita en las cuentas de la organización desde hace cuatro meses.

Aducen que el ejecutivo municipal mantiene una deuda de aproximadamente 180 millones de pesos con la institución. 

Según indicó Acosta en declaraciones al programa “Lo Que Importa” son cerca de 350 afiliados del gremio, quienes han sufrido el corte de servicios y beneficios en comercios locales, incluyendo supermercados y librerías. El dirigente dijo además que debido a la falta de estos recursos, el sindicato no pudo realizar la entrega anual de guardapolvos para los hijos de los trabajadores ante el inicio de las clases.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato".

Agregó que frente al silencio de la administración municipal a los sucesivos reclamos realizados, la Federación de sindicatos municipales ha tomado nota y evalúan una denuncia penal contra el Intendente por el presunto delito de malversación de fondos. Asimismo confirmó que se han realizado presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas y se han enviado notificaciones legales a las áreas de Hacienda y Contaduría del municipio.

"Te dicen que no hay plata en la municipalidad, pero sí tenés plata para gastar más de 200 millones de pesos en eventos que han hecho".

En otro tramo de la entrevista realizada por Sandra Dombretch en el canal de You Tube Sin Galera, cuestionó que la comuna invierta más de lo que les debe para espectáculos al mismo tiempo en que suspendieron los pagos. Las consecuencias se verán a corto plazo porque hay proveedores que quieren cobrar al sindicato que tendrá que acreditar los motivos por los cuales no pueden afronar los pagos.

En una larga sesión, el Gobierno de Javier Milei logró en Senado de la Nación  media sanción al proyecto de reforma laboral, en medio de una manifestación frente al Congreso que incluyó incidentes con los manifestantes y represión policial.

En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar expresó su adhesión al rechazo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió antes de la tensa jornada en Buenos Aires.

El Sindicato de  Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, que había convocado a un paro contra el proyecto de Milei, le salió al cruce y lo trató de "caradura".

"Este proyecto no es más que un intento por precarizar las condiciones de vida de las y los trabajadores", dijo Salazar en un posteo en redes sociales en los que compartió el posicionamiento del Gobierno bonaerense ante la reforma laboral. "Sin embargo, hay un pueblo organizado que peleará por sus derechos", agregó el intendente.

"La hipocresía no tiene límites. Cuando ya creía haber visto todo, leí un posteo de un político que dice ser peronista en contra la reforma laboral y la precarización de los trabajadores, siendo que su gobierno se caracteriza por un incumplimiento sistemático de los derechos", cuestionó Juan Cruz "Mono" Acosta.

"Salarios de hambre, trabajadores en negro cobrando 150.000 mil pesos por mes en una absoluta precarización y flexibilización laboral, como también quitando derechos adquiridos y mucho mas", enumeró el sindicalista y disparó: "¿Se puede ser tan caradura?".

Acosta recordó que "desde hace años que se viene solicitando el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, de los pases a planta permanente,  bonificaciones adeudadas, entrega de ropa, y más, muchos más derechos incumplidos".

Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, tesorera del gremio, son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos de los afiliados, lo que incluye acusaciones de falsificación de firmas y hasta de apropiación indebida de bienes.

Acosta informó a La Opinión que en la conferencia de prensa se referirán a ese tema y a la intimación que el Gobierno hizo para ambos respecto de que se presenten en sus puestos de trabajo.

La hora de la conferencia de prensa indica que los sindicalistas harán caso omiso a la notificación, puesto que según el Gobierno en ese momento deberían estar él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

"Estoy tranquilo, hay una investigación, sí, pero tenemos todo para demostrar que eso no es así", dijo Acosta sobre la denuncia penal sobre el presunto desvío de fondos. "Mañana vamos a explicar todo, porque podemos demostrarlo legalmente, para que todo quede en claro", aseguró.

Sobre las notificaciones que cursó el Gobierno, el sindicalista dijo que sucede "como la otra vez", en alusión a otro conflicto laboral. "Cuando uno hace medidas de fuerza y pelea por los derechos de los trabajadores, se enojan y mandan notificaciones", señaló.

"Quieren contrarrestar las medidas de fuerza, que fueron un éxito y es lamentable porque cuando eso sucede es porque el trabajador y la trabajadora la están pasando mal. Entonces no les gusta y tratan de desviar el conflicto", consideró Acosta.

En comunicación con sus afiliados, el sindicalista dijo que "el Municipio quiere desvirtuar las medidas de fuerza que venimos haciendo para obtener un salario mejor, siguen sin entender la necesidad que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, que no llegan a fin de mes".

"Estamos tranquilos, porque sabemos de dónde venimos y quiénes somos, así que sigan en pie de lucha", dijo Acosta y ratificó ante sus afiliados el paro convocado para miércoles, jueves y viernes.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) pidió al Ministerio de Trabajo bonaerense que intervenga ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno municipal de la convocatoria acordada a una reunión para debatir puntos de interés para los empleados del Estado local.

El gremio que conduce Juan Cruz Acosta se presentó en la delegación local de la cartera laboral para pedir a la delegada, Sofía Rotundo, que convoque a una audiencia ante el silencio del Ejecutivo municipal respecto del encuentro pautado de la Mesa de Relaciones Laborales.

Cuando firmaron el último aumento, antes de las elecciones, los sindicatos y el Municipio habían acordado volver a reunirse el 10 de septiembre para, según les había informado Acosta a sus afiliados, "ir definiendo y cumpliendo con recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas".

Todos esos puntos son parte de lo que los sindicatos habían llevado a la discusión paritaria, además del porcentaje de aumento para los sueldos de los trabajadores municipales.

"Hemos tomado la decisión de hacer la denuncia en la delegación del Ministerio de Trabajo para que nos convoque para regularizar nuestros derechos", informó Acosta a los afiliados al STM.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) adherido a la Fesimubo tuvieron elecciones este martes, con la lista única de Juan Cruz "Mono" Acosta, que renovó mandato.

El STM informó que el "70 por ciento de los votos" fueron para la lista del secretario general, que ocupa ese cargo desde que el sindicato existe en San Pedro, hace más de una década.

"Algo estaremos haciendo bien. Gracias por seguir confiando, gracias por su voto. Continuaremos trabajando con el mismo compromiso y dedicación", dijo Acosta tras la jornada electoral en el gremio.

Las urnas se dispusieron en las diversas áreas donde el STM tiene representación y el resultado arrojó que el 70 por ciento de los que votó acompañó la lista única y el 30 por ciento restante, no.

Entre los trabajadores, además del gremio que conduce Acosta hay otras dos organizaciones sindicales con representación: ATE y UPCN.

En las últimas semanas, el STM tuvo una polémica interna protagonizada por el secretario general Juan Cruz "Mono" Acosta y el hasta ahora secretario adjunto Raúl "Chipi" Benítez.

Las diferencias entre ambos —sobre las que hay muchas versiones— implica la ruptura de una relación de amistad que hunde sus raíces en la juventud de ambos, cuando recién ingresaron como trabajadores municipales.

Por primera vez desde que existe el sindicato, Benítez no estará en la comisión directiva. Cerca del "Mono" dicen que tiene que ver con que es "coordinador" en Servicios Sanitarios; en el entorno del "Chipi" aseguran que las diferencias son más profundas  y “de gestión”. Entre los municipales señalaron “problemas personales”.

Durante de la madrugada de este martes, dos hombres fueron detenidos en la intersección de Uruguay y Oliveira Cézar tras ser vistos por la vía púbilca con un aire acondicionado y algunos cortes de caños de bronce.

Identificados como ‘’reincidentes delicuentes'', se supo que ambos sujetos estaban en situación de calle y que  sustrajeron los elementos del Sindicato de Trabajadores Municipales ubicado en San Martín al 500. 

Hace 15 días atrás, el edificio ya había sufrido un episodio de características similares, donde delincuentes también sustrajeron un aire acondicionado.

En el caso interviene la Fiscalía local y se espera testimonio de la parte damnificada para avanzar.

El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta fue condenado por el Tribunal Laboral N° 3 de San Nicolás a pagar más de 5 millones de pesos a una empleada que figuraba como monotributista y a quien despidieron tras más de 10 años de relación contractual.

En la demanda, la empleada señaló que entre 2010 y 2022 trabajó en el sindicato como administrativa, a cargo de tareas como la atención de afiliados, cobranza y seguimiento de créditos, ejecución de convenios con empresas, entre otras.

Tanto ella como una compañera que hacía el mismo trabajo seis horas al día de lunes a viernes, fueron “obligadas”, según dice el veredicto, a emitir facturas como condición para el pago de su sueldo, es decir a inscribirse como monotributistas.

El sindicato reconoció en su alegato que ambas empleadas —la otra tiene juicio en marcha— fueron contratadas para la atención de la proveeduría sindical “de modo independiente, facturación mediante”.

Para el Tribunal Laboral, la demandante “trabajó en relación de dependencia, subordinada y permanente” para el Sindicato de Trabajadores Municipales, “en una relación de linbaje laboral y por tiempo indeterminado”.

En la demanda se planteó que el sueldo se pagaba “totalmente en negro” sin categoría convencional aplicable. Aunque la empleada emitía facturas como monotributista, el Tribunal consideró probada una relación laboral encubierta por ese contrato de servicios.

La relación laboral se terminó cuando la demandante reclamó que la pagaban de modo irregular, sin registro y por debajo del salario mínimo y dos de los integrantes de la comisión directiva le informaron que prescindirían de sus servicios. En ese momento, decidió enviar telegrama para considerarse despedida y reclamar resarcimiento.

La negativa derivó en este juicio, en el que el Tribunal conformado por los jueces Aparisi, Quadranti y Toraf condenaron al gremio a pagar indemnización por despido, omisión de preaviso, aguinaldos adeudados, vacaciones no gozaadas y otros ítems por un total de 5.156.946, con una tasa de interés igual a la que paga el Banco Provincia en sus plazos fijos a 30 días.