Entidades empresarias nacionales expresaron su posición tras el fallo que absolvió al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución tras el bloqueo de la planta en febrero de 2021 en el marco de reclamos salariales que derivaron en denuncias por presunta extorsión.

La Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio emitieron comunicados en los que cuestionaron la resolución judicial que consideró que el bloqueo estuvo amparado en el legítimo derecho a huelga.

La UIA calificó el fallo como un retroceso para la seguridad jurídica y pidió que las instancias judiciales revisen sus alcances.

Camarco, por su parte, sostuvo que el derecho a huelga debe respetarse, pero que no debería justificar impedir el funcionamiento de una empresa ni vulnerar el derecho al trabajo.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó "honda consternación" y cuestionó al juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás.

El magistrado consideró que lo que ocurrió en febrero de 2021 en la sede de la empresa Rey Distribución no son hechos que puedan enmarcarse en la tipificación penal de "turbación de la posesión", como planteó Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados de la empresa apelarán el fallo ante la Cámara de Casación, instancia encargada de revisar las resoluciones de primera instancia.

Ante el juicio realizado contra Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros, y el fallo absolutorio del juez Alejandro López conocido esta semana, la organización que reúne a los funcionarios del Poder Judicial emitió un comunicado donde advierte que los mecanismos de remoción no deben utilizarse como herramientas de presión o represalia por decisiones judiciales.

El mismo reza:

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ante los agravios dirigidos a un juez del Departamento Judicial de San Nicolás y el anuncio de un pedido de juicio político en su contra, considera necesario pronunciarse sobre el respeto a la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones judiciales.

El sistema de justicia contempla el desacuerdo con las decisiones judiciales y establece procedimientos para cuestionarlas y, cuando corresponde, obtener su revisión. Esos mecanismos constituyen las vías institucionales previstas para resolver las controversias sobre las decisiones de las y los magistrados.

La independencia judicial es una garantía constitucional indispensable para la protección de los derechos de todas las personas. El juicio político es un mecanismo legítimo de responsabilidad de las y los magistrados, pero no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción. De lo contrario, quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático podrían condicionar las decisiones judiciales, en perjuicio de quienes carecen de esos recursos para defender sus derechos. Lo que está en juego, en definitiva, es la igualdad ante la ley.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresa su respaldo al Colegio Departamental de San Nicolás y se pone a su disposición para colaborar en todas las acciones institucionales destinadas a preservar la independencia judicial”.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal dio a conocer el veredicto en el que absuelve a todos los involucrados en el juicio a Camioneros.

Los jueces consideraron que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y los exempleados de Rey Distribución Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El sindicalista sampedrino Fernando Espíndola, por otro lado, no participó del debate, ya que eligió el juicio abreviado. 

Este jueves, en la sede de su empresa, los hermanos Gustavo y Ariel Rey convocaron a los medios para brindar su palabra tras el fallo de la Justicia. 

Ariel Rey encabezó solo la reunión y destacó que su hermano no pudo estar presente por motivos personales.  

“Es un fallo que nos sorprende, es una piedra en el camino. Sabemos que es una mafia poderosa y tenemos los elementos contundentes para sostener lo que venimos diciendo. Hablamos de la verdad que venimos sosteniendo”, dijo. 

“El mismo juez, en el fallo, reconoció los delitos que nosotros probamos. Nunca dijo que no hubo bloqueo ni coacción, pero lo justificó con una medida gremial. Este juez garantiza la mafia sindical”, expresó. 

“Este fallo es absolutamente cuestionable desde donde lo miremos. El juez reconoce el delito, esto es un cheque en blanco a la mafia sindical”, recalcó. 

Rey cuestionó los argumentos del fallo y planteó: “¿La huelga justifica bloquear? Estoy a favor de la huelga, del sindicato y de la representación de los trabajadores, pero eso no avala el delito. El derecho a huelga, según este juez, justifica el delito. ¿Para qué estamos en un Estado de derecho con normas?”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de la resolución judicial: “¿Qué pasa si viene de nuevo con el motorhome? ¿Qué hago yo? La Justicia dice que está cometiendo el delito, pero él puede, Moyano puede”.

“Esto desincentiva el trabajo y la inversión. Considero que tenemos que luchar por una Argentina en la que pueda haber inversiones”, agregó.

El empresario sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones y anticipó que continuará con el proceso judicial.

“No tengo mea culpa para hacer porque vamos con la verdad. Nosotros vamos a ir a Casación, a sostener cada una de las acusaciones y, si es necesario, a la Corte”, dijo. 

“En este juicio hay una instancia para recurrir. Sabemos que no es fácil luchar contra esta mafia, mucho más cuando hay una mafia política, pero sabemos que vamos con la verdad”, indicó. 

También destacó el trabajo de los fiscales: “Tenemos fiscales como Viviani, que bajó al barro y vio los delitos, pese a jueces que les dan la razón, pero los justifican con la huelga”.

“Hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, recordó. 

Al recordar lo sucedido durante el conflicto, Rey aseguró que los hechos quedaron expuestos durante el juicio y el debate.

“Fuimos viviendo lo que fue el juicio y el debate. Ocurrieron esos hechos, hubo gomas prendidas en un galpón, hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, dijo. 

Y explicó las consecuencias que, según sostuvo, tuvo el bloqueo: “En ese momento, cada escuela recibía 200 cajas. Todas esas familias no comieron ese día; eso no se pudo hacer por las gomas prendidas en los depósitos”.

Además, remarcó que la empresa cuenta con “más de 30 empleados que trabajan en blanco, en el gremio que les corresponde”.

Aunque aclaró que no busca politizar el conflicto, Rey también apuntó contra el accionar de funcionarios durante los hechos denunciados.

“No quiero politizar, pero no podemos mirar para otro lado. Acá hubo un intendente que llamó al comisario para decirle: ‘Acá no pasó nada’”.

Asimismo, afirmó que “el contador mintió ante el juez”, aunque señaló que avanzará paso a paso en el proceso.

Por último, hizo referencia a una frase de su esposa y a un supuesto pedido de dinero: “Una palabra de mi señora que dijo ‘aporte’. ¿Piensan que voy a grabar un video mientras me piden un cheque, 500 mil pesos?”.

Rey concluyó que continuará con la disputa judicial y vinculó su reclamo con la defensa de la propiedad privada y la memoria de su padre: “Tenemos los elementos para luchar, por la lucha por la propiedad privada, por la memoria de mi viejo”.

El mismo miércoles, también ante los medios, el sindicalista nicoleño Maximiliano Cabaleyro, tachó a los hermanos Rey de “mitómanos” y aseguró que nunca impidieron que la firme trabaje. 

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró. 

“Fui injustamente privado de mi libertad”, dijo el sindicalista Maximiliano Cabaleyro, acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, que habló por primera vez ante los medios en una rueda de prensa tras ser absuelto este miércoles.

“Llegamos después de cuatro años y medio a este dictamen. Sirvió para que el concejal Ariel Rey y la senadora Arietto hagan su campaña. No me queda otra cosa que pensar que fue un armado político, todos terminaron siendo candidatos y teniendo cargos”,  expresó Maximiliano Cabaleyro a la prensa. 

“El fallo dice que Gustavo Rey miente en sus declaraciones. Los hechos son irrefutables. Es insostenible lo que querían sostener”, afirmó. Además, calificó de “mitómanos” a los hermanos Rey.

“Cuando uno está tranquilo por lo que hizo, no tiene más dudas de seguir con la frente en alto y mirando hacia adelante. La verdad en algún momento llega”, sostuvo.

“Si reclamar la plata que le corresponde a los trabajadores es cobrar coimas, seré un coimero. Todo fue en base a reclamos realizados legítimamente”, manifestó al referirse a las acusaciones en su contra.

“Por suerte, los trabajadores estuvieron firmes y expectantes. Tocaron timbre para hablar porquerías de los trabajadores, pero por suerte hay gente que los tiene trabajando y los valora”, señaló.

También destacó el rol de su abogado: “Siempre me dijo la realidad”.

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró.

“No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”, expresó.

“Yo tenía la representación de once trabajadores. Jamás el Sindicato de Comercio fue a reclamar por sus trabajadores”, cuestionó.

“Quedó a las claras que siempre vamos a bancar la que se venga para defender a los trabajadores”, agregó.

En cuanto a las consecuencias personales que le dejó el proceso, señaló: “Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”. 

“No sé qué puedo decir a nivel nacional, pero hay mucha gente que desinforma. Pasa en todos lados”, indicó.

Al recordar cómo actuó cuando recibió la orden de detención, relató: “Cuando me llegó la orden de detención, me vine desde La Plata a San Pedro. Era el cumpleaños de mi sobrina y ese día me entregué en la DDI. No me fugué, no huí, me entregué. Me subí, acaté la orden de la Justicia y me fui a la Unidad Penal”.

“Hasta el día de hoy cumplí con todos los mandatos que me dio la Justicia. Le dije al juez que, aunque no me gustara su fallo, lo iba a acatar”, remarcó.

Cabaleyro también cuestionó al edil Ariel Rey: “Gracias a esta movida hoy es concejal. Escuchar a esa persona decir que un juez no iba a mandar en su empresa da un poco de bronca. Bárbaro, Cabaleyro, el coimero, acató todas las órdenes; el concejal Rey, que legisla leyes, no”.

“Se hizo justicia. Hay gente que no va a estar conforme, pero hay que leer el fallo un poquito y ver”, sostuvo.

“A mí me sacaron el cargo como concejal de San Nicolás. Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”, recordó.

Sobre la acusación por coimas, insistió: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal”.

“No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”, aseguró.

Finalmente, envió un mensaje a las empresas y anticipó que continuará con la actividad sindical: “Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Quédense tranquilos, que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

También se refirió a la situación en Rey Distribución y afirmó que “el clima cambió porque no pagaron lo que tenían que pagar”.

“Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás absolvió al sincalista y al resto de los imputados por la denominada causa camioneros y ordenó su inmediata libertad. 

Junto a él, fueron absueltos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Todos compartían la imputación por "turbación de la posesión", acusados de haber bloqueado la planta e impedido las operaciones de la empresa durante los días de protesta. 

Cabe mencionar que el octavo acusado, Fernando Espíndola, se había acogido al juicio abreviado y no formó parte de este veredicto.

El Tribunal consideró que en el debate oral no se acreditaron los hechos endilgados en ninguno de los casos. 

Durante las audiencias del debate oral, gran parte del material fotográfico y audiovisual exhibido como prueba documental para analizar los hechos acontecidos durante las jornadas de protesta fue registrado originalmente por la cobertura periodística de La Opinión.

En la antesala de la conferencia, el abogado Gugger manifestó estar conforme con el trabajo realizado, destacó la jerarquía constitucional del derecho a huelga e indicó que evaluarán presentar denuncias por "falso testimonio", argumentando que "hubo una persona cuatro años y medio detenida". 

Por su parte, el extrabajador absuelto Edgardo Di Mayo declaró a La Opinión: “Se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley”.

Desde la parte denunciante, Gustavo Rey, confirmó que apelarán el fallo del juez López; desde la firma llamaron a una conferencia de prensa para este jueves por la mañana. 

"No era lo que esperábamos, pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar. Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más", señaló. 

Tras el veredicto que ordenó absolver a todos los imputados en la causa Camioneros, la firma Rey Distribución anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves por la mañana en sus instalaciones, ubicadas en Bonorino 175.

Desde el momento en que el Juez Alejandro López consideró que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y seis exemplados de la empresa sampedrina comenzaron a circular los cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al magistrado a considerar que la firma no sufrió impedimentos para llevar a cabo su operatoria.

La única que queda es comprarse un arma para defender tu propiedad privada. Este juez que absolvió a este mafioso mando a la casa a un violador que un jurado popular había condenado. Alejandro López se llama el juez, kuka.

Los hermanos Ariel y Gustavo Rey expondrán sobre las implicancias de este fallo en lo que denominan “la defensa del derecho a trabajar en paz” y tomarán como base las primeras declaraciones de su abogada defensora, la senadora bonaerense Florencia Arietto.

Es que la abogada cuestionó duramente el fallo, adelantó que apelarán la medida y ahora el foco apunta a los antecedentes del juez Alejandro López, ya que en las últimas horas se han dado a conocer varios fallos en los que se le han cuestionado decisiones proclives a las garantías de los victimarios y no a las de las víctimas. 

Uno de los casos más resonantes fue el que tuvo lugar en 2023 cuando tras un fallo por jurados que condenó al profesor Pablo Javier Gordillo por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor. La acusación y la escala penal habilitaban 20 años de prisión para ese delito, fijó una condena de 5 años y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

También se lo recuerda por la condena contra el efectivo policial Iván Polo a quien sancionó con 17 años de prisión, por la persecución y muerte de dos jóvenes que circulaban en moto en el barrio San Jorge de San Nicolás.  Esa vez consideró que se trataba de un homicidio simple. 

El magistrado tuvo a su cargo también el juicio al sacerdote Tulio Mattiussi, que fue condenado por cometer abusos en el Jardín Belén de gran repercusión en San Pedro.

En exclusiva para Lo Que Importa, Gustavo Rey, dueño de la empresa, anticipó que apelarán el fallo en la Justicia. 

La Justicia absolvió al sindicalista de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y a los extrabajadores de la empresa Rey Distribución de todos los cargos de los que fueron acusados tras los hechos desatados en el marco de un reclamo laboral que tuvo lugar en 2021 en la planta de esa firma sampedrina.

Tras conocer el fallo aboslutorio, Edgardo Di Mayo, uno de los seis exempleados que fueron llevados a juicio por el caso, celebró el veredicto y aseguró que “se hizo justicia”.

“Estamos todos los trabajadores acá reunidos y la verdad muy emocionados, muy contentos porque se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada, que hicimos todo lo correcto como manda la ley”, aseguró.

“No infringimos ninguna ley, solamente reclamamos en forma pacífica como nosotros entendíamos que tendríamos que reclamarlo. Tardó, pero se hizo justicia”, destacó Di Mayo. 

Consultado sobre el momento en que se dio lectura a la absolución, el extrabajador comentó sus sensaciones tras más de cinco años desde que comenzó el conflicto.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza desde hace cinco años: temas personales, todas las cosas que pasamos, por cómo nos trataron, cómo nos injuriaron, cómo nos hicieron quedar”, señalo´.

"Los Rey salieron por todos lados, por cadena nacional, diciendo barbaridades de los trabajadores, pero la gente común no sabe lo que nos pasó ahí los cinco años, la tortura que fue trabajar en esa empresa", sostuvo Di Mayo.

El fallo, además, dispuso la inmediata libertad de Maximiliano Cabaleyro, que estaba detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario desde hace cuatro años y medio.

La familia Rey anunció que apelará el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2, que consideró que los hechos denunciados no estaban debidamente acreditados por Fiscalía.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto del juicio a Camioneros que juzgó al sindicaslista Maximiliiano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución: absolución para todos.

Los jueces consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados.

Maximiliano Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez fueron absueltos de todos los cargos.

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad.

En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

Junto con el resto, y con Fernando Espíndola, que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión” es decir de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta.

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Edgardo Di Mayo a La Opinión tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”.

El Tribunal dio a conocer el veredicto, pero todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

“Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció Gugger en Lo  Que Importa.

“Tenemos la fe total en que esto se revierta”, dijo Gustavo Rey.

“No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, dijo, por su parte, Gustavo Rey, que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. 

“Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

El juicio por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y Distribuidora Rey por el bloqueo de la planta y extorsión a la empresa, comenzó esta semana con cinco extensas jornadas en los tribunales de San Nicolás.

Este sábado en Sin Galera, la periodista de El Norte, Silvia D’Angelo, quien cubrió las audiencias, contó todos los detalles del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey, ya que Fernando Espíndola, que cumple prisión domiciliaria, quedó afuera del debate oral tras optar por un juicio abreviado. 

La periodista repasó los momentos claves de cada audiencia, que tras esta semana se encamina a la etapa de los alegatos y la definición. 

La primera jornada estuvo centrada en la declaración de Gustavo Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, que declaró durante más de cinco horas. “Fue el único testimonio del día”, comentó D'Angelo. 

La periodista de judiciales, relató que Gustavo sostuvo que los reclamos del sindicato comenzaron aproximadamente en 2017 y que, desde entonces la empresa comenzó a recibir pedidos de dinero equivalentes a un sueldo mensual. Además, mencionó que desde el Sindicato les exigían dinero adicional durante épocas electorales. 

“Cansados de los aprietes, fue lo que él dijo, decidieron dejar de pagar y ahí fue donde comenzaron los reclamos más fuertes y el famoso bloqueo”, relató D' Angelo.

En la segunda audiencia declararon los contadores de la empresa, donde la contadora de la empresa, Patricia Butti, declaró que las pérdidas por el bloqueo de la planta fueron de alrededor de $ 13.500.000, a valores de 2021.   

También habló el contador de la empresa, Víctor Grabovieski, reconocido por ser quien entregó la famosa caja de Chocolino con el dinero, cuya declaración, según D' Angelo no fue tan precisa. “Él dice que él no vio el contenido del dinero”, señaló. 

El abogado de la empresa, el Dr. Daniel Spirópulos también se presentó para dar su testimonio. En su declaración señaló que se actuó bajo presión debido a que los reclamos de Camioneros no eran lícitos. 

Durante la tercera jornada declaró Ariel Rey, cuyo testimonio estuvo cargado de emoción y además, se refirió a las pérdidas por el bloqueo que al día de hoy serían de 370 millones de pesos. 

 "Ariel Rey se quebró, lloró en varios momentos. Él fue justamente quien dijo que elSindicato le pedía plata, que específicamente Fernando Espíndola le pedía plata para el kiosquito de Cabaleyro", conto Silvia. 

En el cuarto día, la periodista de El Norte contó que hubo dos testimonios que se perdió, pero lo más relevante fue la declaración del proveedor de servicios de mantenimiento, que contó que en dos oportunidades fue testigo de la entrega de sobres con dinero para el Sindicato de Camioneros. 

Finalmente, D'Angelo relató cómo se vivió la quinta audiencia que contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar. 

En su declaración, el jefe comunal indicó que su rol en el conflicto fue sólo el de hacer de mediador y contactar a Camioneros y la Firma Rey para que dialoguen. Además, afirmó que desconocía el bloqueo de la planta durante el 22 al 26 de febrero, pese a las imágenes y videos públicos que mostraban la situación. 

Silvia contó que durante su testimonio se reprodujeron audios de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, en los que se escuchaba a Salazar mantener conversaciones vinculadas al conflicto.

Finalmente, respecto a los seis exempleados de Distribuidora Rey, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez, acusados por su participación en los bloqueos de la planta, la periodista comentó:

“Mi sensación es que van a quedar, digamos que los van a declarar absueltos, los van a absolver porque prácticamente no se habló de ellos”. 

Mientras tanto el juicio a Camioneros por la extorsión y bloqueo a la firma Rey continuará durante los próximos días en los tribunales de San Nicolás, con los últimos testimonios y camino a la etapa de alegatos y posteriormente la definición de la Justicia. 

El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

Los Tribunales de San Nicolás fueron sede este martes de la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

En el inicio de la audiencia, la contadora de la firma Rey Distribución brindó un detallado informe sobre el perjuicio económico sufrido por la compañía durante el piquete y medida de fuerza llevado adelante por la organización gremial a la vez que según indicó el abogado de los trabajadores, Gabriel Ruiz reconoció que los empleados estaban declarados dentro del marco de empleados de comercio y que sus recibos de sueldo eran por media jornada ya que no eran literalmente choferes. De allí surgen las diferencias que se reclaman en favor de los seis trabajadores.

La contadora Patricia Butti sostuvo que se constató una pérdida de unos $ 13.500.000, a valores de febrero de 2021, que traducidos al valor dólar de entonces, significaron más de 140 mil dólares. Todo motivado por el bloqueo que paralizó las actividades de la firma sampedrina a lo largo de cinco días consecutivos, entre el 22 y el 26 de ese mes.

Después del testimonio que posibilitó darle relevancia a las implicancias de la medida adoptada por el gremio, llegó el turno de la declaración de la perita de la Asesoría Pericial, cuyo rol en la audiencia fue la examinar “la validez de los montos exigidos por el gremio y posteriormente abonados por los titulares de la distribuidora”. Tal como informó La Opinión, la pericia es concluyente si se toma como base lo que estipula el convenio del gremio Camioneros y no el de Comercio.

En este caso, lo actuado por la profesional tuvo como finalidad precisar si la deuda reclamada por los representantes sindicales se encuadraba dentro de las normativas existentes o si fue una extorsión contra los empresarios, que sustenta las bases de este juicio.

En la primera jornada, durante más de cinco horas, se pudo escuchar a Gustavo Rey, quien aparece a cargo de la empresa local. En la segunda, además de los contadores comenzó la declaración de Ariel Rey que continuó en la mañana de hoy. Para las próximas jornadas se esperan los testimonios de las partes citadas por los abogados y estiman que no habrá conclusiones hasta la semana próxima.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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Este lunes 15 de diciembre se celebrará el Día del Camionero y, pese a la conmemoración, el servicio de recolección de residuos se desarrollará con total normalidad en la ciudad y en las distintas localidades del partido. Así lo confirmaron desde la empresa Ashira S. A., concesionaria del servicio.

Desde la firma indicaron que, como ocurre cada año, se aplicará un esquema especial de trabajo que permite sostener la prestación habitual sin interrupciones.

En ese marco, el personal que cumpla funciones durante la jornada percibirá un adicional, en reconocimiento a la fecha y al compromiso laboral.

De esta manera, Ashira garantiza la continuidad de una tarea esencial para la comunidad, asegurando la higiene urbana y el normal funcionamiento del servicio, tanto en el casco urbano como en los barrios y localidades del distrito.

Asimismo, se recordó a los vecinos respetar los horarios habituales para la disposición de los residuos, a fin de colaborar con el normal desarrollo del operativo durante la jornada conmemorativa.

El Gobierno Nacional ratificó la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), más conocida como “Registro Moyano”.

La medida había sido anunciada el año pasado y ahora fue ratificada ante la reforma de algunos puntos de la Ley Tránsito, que incluye la simplificación de la obtención de las licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había determinado darle continuidad hasta que se implemente una nueva normativa, que en pocos días estará vigente.

El LiNTI era un paso obligatorio que los choferes de camiones, de determinadas cargas, debían efectuar para obtener la licencia que los habilite para el transporte interjurisdiccional de cargas, o de pasajeros en el territorio nacional.

A su vez, reconocido por ser un trámite ante el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo costo era elevado para el conductor, además de demandar varios días para su aprobación. Si un chofer no aprobaba este curso, quedaba inhabilitado para la conducción del transporte de cargas, en las categorías C, D y E (todo relacionado con transporte de cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros).

El valor se aproxima a los $ 500.000 cuando se la gestiona por primera vez, y renovarla es de $ 250.000, examen psicofísico que en nuestra zona se otorgaba en la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás.

El LiNTI fue impuesto por el Sindicato de Camioneros desde hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia, un paso fastidioso para los choferes.