Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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Este lunes 15 de diciembre se celebrará el Día del Camionero y, pese a la conmemoración, el servicio de recolección de residuos se desarrollará con total normalidad en la ciudad y en las distintas localidades del partido. Así lo confirmaron desde la empresa Ashira S. A., concesionaria del servicio.

Desde la firma indicaron que, como ocurre cada año, se aplicará un esquema especial de trabajo que permite sostener la prestación habitual sin interrupciones.

En ese marco, el personal que cumpla funciones durante la jornada percibirá un adicional, en reconocimiento a la fecha y al compromiso laboral.

De esta manera, Ashira garantiza la continuidad de una tarea esencial para la comunidad, asegurando la higiene urbana y el normal funcionamiento del servicio, tanto en el casco urbano como en los barrios y localidades del distrito.

Asimismo, se recordó a los vecinos respetar los horarios habituales para la disposición de los residuos, a fin de colaborar con el normal desarrollo del operativo durante la jornada conmemorativa.

El Gobierno Nacional ratificó la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), más conocida como “Registro Moyano”.

La medida había sido anunciada el año pasado y ahora fue ratificada ante la reforma de algunos puntos de la Ley Tránsito, que incluye la simplificación de la obtención de las licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había determinado darle continuidad hasta que se implemente una nueva normativa, que en pocos días estará vigente.

El LiNTI era un paso obligatorio que los choferes de camiones, de determinadas cargas, debían efectuar para obtener la licencia que los habilite para el transporte interjurisdiccional de cargas, o de pasajeros en el territorio nacional.

A su vez, reconocido por ser un trámite ante el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo costo era elevado para el conductor, además de demandar varios días para su aprobación. Si un chofer no aprobaba este curso, quedaba inhabilitado para la conducción del transporte de cargas, en las categorías C, D y E (todo relacionado con transporte de cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros).

El valor se aproxima a los $ 500.000 cuando se la gestiona por primera vez, y renovarla es de $ 250.000, examen psicofísico que en nuestra zona se otorgaba en la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás.

El LiNTI fue impuesto por el Sindicato de Camioneros desde hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia, un paso fastidioso para los choferes.

La acusación contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola sobre abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando convivían juntos hace varias décadas todavía sigue en pie: el Tribunal de Casación admitió la revisión del fallo que había desestimado que vaya a Juicio por la Verdad.

El diario El Norte reveló esta semana que Casación será responsable de emitir dictamen respecto de si corresponde o no someter a Espíndola a ese tipo de proceso, que si bien no tiene consecuencias punitivas —no podría ir preso en caso de ser hallado culpable— sí implica conocer la verdad y endilgar responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

El delito prescribió por haber sido cometido hace más de tres décadas, cuando Cintia Espíndola —una de las denunciantes y quien lleva la voz cantante de la causa, cosa que asumió públicamente— y otros sobrinos del sindicalista de Camioneros habrían sido abusados.

Fernando Espíndola también era menor de edad para la fecha en que las denuncias sindican como momentos en que comenzaron los sometimientos, que además habrían seguido cuando él ya había cumplido la mayoría de edad.

Ante la prescripción, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró en su fallo que estaban dadas las condiciones para llevarlo a Juicio de la Verdad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dijo que no.

Los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que "no obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad".

Ello, a pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

Lo extraño de la novedad judicial es que la Cámara de Apelaciones que sugirió a las víctimas iniciar el trámite para el Juicio por la Verdad declaró ahora su incompetencia. Al menos Casación admitió el recurso y lo analizará.

Fernando Espíndola permanece detenido con arresto domiciliario por la causa en la que está acusado de cobrar coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar, caso en el que también está detenido con domiciliaria el líder de Camioneros en la región y concejal de San Nicolás en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

Los camioneros ya no deberán acudir al Sindicato de Choferes de Camiones por la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para obtener el registro que los habilite para la conducción del transporte de cargas.

De esta manera, concluye uno de los trámites que el Sindicato de Camioneros había logrado imponer hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia. 

Con esto, los profesionales del volante ya no perderán varios de días de trabajo, porque además del psicofísico y la capacitación, existía la demora para su aprobación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó la decisión en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto que modifica la Ley Nº 24.653, cuya finalidad es “reducir la carga burocrática y eliminar barreras en el sector”, tema tedioso para los choferes y que abonaban de su bolsillo.

De acuerdo a lo que reza la disposición, la medida entrará en vigencia dentro de 60 días. Desde entonces, se hará efectivo el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que será gratuito y sin necesidad de presencialidad. La inscripción será digital. 

Ahora, “ninguna autoridad provincial o municipal podrá imponer requisitos adicionales a los transportistas que se encuentren bajo este régimen”, informaron.

Otro dato saliente es a partir de qué kilaje se considera transporte automotor de cargas. Lo que antes eran 700 kilogramos, ahora serán desde los 3.500 kilogramos (por lo tanto, los utilitarios quedan exceptuados), y en cuanto a los acoplados o remolques, a partir de 750 kilogramos. Las casas rodantes, remolcadas o autopropulsadas, no tendrán límite de peso.

La LiNTI era el único documento que habilitaba realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. Contaba con tres categorías: Cargas generales, Mercancías peligrosas y Transporte de pasajeros. 

Para la licencia de conducir implicaba las categorías B, C, E (Cargas generales y/o mercancías peligrosas) y la D (Transporte de pasajeros).

Previamente, los requisitos indicaban que el chofer debía realizar el examen psicofísico (en nuestra zona acudían a la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás), que una vez aprobado se incorporaba al sistema provincial de emisión de licencias de conducir, para luego recién proceder al resto del trámite en las oficinas del Municipio, de calle Mitre 1995.

Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

Falleció este lunes por la mañana Ricardo Rey, reconocido empresario sampedrino que durante años se constituyó en uno de los destacados emprendedores mayoristas de comestibles, cuyo comercio siempre presentó, orgullosamente, como “un emprendimiento familiar”.

Sus inicios fueron desde su hogar en compañía de su esposa, quien trabajó a la par de él con el reparto inicial de quesos y fiambres. Los años posteriores, sobre la base del esfuerzo, le permitieron crecer y darle un empuje mayor a partir de la intervención de sus hijos. 

Mientras tanto, en paralelo, diversificó la iniciativa con la venta de sándwiches de miga que se convirtieron en un verdadero símbolo de San Pedro, hasta alcanzar la dimensión zonal que tiene hoy su principal negocio.

También cobró notoriedad en los últimos años cuando enfrentó al sindicalismo camionero. Fue quien con lágrimas expresó el fastidio e impotencia por los aprietes padecidos, con bloqueos de su centro de distribución.

El hecho llegó a la Justicia y por la denuncia de "pedidos de coima para dejarlos trabajar" están detenidos con prisión domiciliaria los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, a la espera del juicio.

La vida de Ricardo Rey se apagó este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba internado desde hace unos días. El 4 de septiembre pasado había cumplido 73 años. El velatorio será en las salas de Coopser.

Ariel, uno de los hijos que continuó en el negocio familiar y hoy abocado a la política tras ser el segundo candidato a intendente más votado en las últimas elecciones, lo despidió con sentidas palabras en redes sociales.

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“Voy a recordarte con una sonrisa, esa que siempre encontrabas incluso en los días más difíciles. Fuiste y serás un grande, un ejemplo de vida que nunca voy a olvidar", posteó con una foto en la que se los ve a ambos compartiendo una de sus pasiones, la pesca deportiva.

"En cada paso que dé, voy a llevar conmigo tu sabiduría, tu fuerza y ese amor incondicional que siempre me diste. Gracias, viejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado que dejás. Te amo para siempre papá”, fue la despedida de si hijo en redes sociales.

Luego de que La Opinión revelara la orden de detención emitida por la Justicia para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa penal por “pedido de coimas” que comenzó con la denuncia de la empresa Rey Distribución, el Centro de Comercio volvió a respaldar a la firma comercial local y celebró la decisión de la Justicia.

“Más allá de las consecuencias definitivas que este fallo pueda generar, creemos que la valentía de los empresarios para visibilizar la violenta presión de la que fueron víctimas se ve recompensada parcialmente con la exposición de un modo de accionar que claramente es inadmisible”, señalaron desde la entidad que preside Raúl Cheyllada.

Cuando Camioneros bloqueó la planta de la empresa Rey Distribución, antes y después de la denuncia por extorsión, el Centro de Comercio se había expresado en defensa de la familia comerciante y hasta propició una reunión entre empresarios del sector con funcionarios del Gobierno y concejales.

“Nuestra entidad acompañó y acompañará siempre a las empresas que apuesten al trabajo, a la inversión y al desarrollo, respetando todas las leyes vigentes pero no admitiendo, bajo ninguna circunstancia, la extorsión y la violencia como una modalidad de reclamo”, señalaron.

La Justicia libró orden de detención contra los sindiacalistas del gremio de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, en el marco de la causa que comenzó en febrero del año pasado cuando la empresa Rey Distribución los denunció por “pedido de coimas” y el bloqueo de la planta.

El Juzgado interviniente ordenó detenerlos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” pero para que se efectivice la medida habrá que esperar la resolución de Cámara, puesto que la medida fue apelada.

En febrero de 2021, la empresa denunció a Cabaleyro, a Espíndola y a empleados de la firma que forman parte del Sindicato de Camioneros por “pedido de coimas”: los acusaron de solicitarles dinero a cambio de que los dejen “trabajar tranquilos”.

En ese momento se viralizaron audios del propio Cabaleyro en un tenso intercambio con el abogado de la empresa, Daniel Spirópulos. Luego tomó intervención en el caso el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y la abogada Florencia Arietto asumió la representación de la familia.

Desde enero del año pasado la empresa sufrió varios bloqueos en su planta y en febrero, en el marco de ese conflicto, decidieron radicar la denunca penal para que la Justicia intervenga ante lo que consideraron delitos de extorsión, además de los de “turbación de la posesión” relacionados con la imposibilidad de que salieran los camiones a trabajar.

“La denuncia tiene sustento”, había dicho en medio de la instrucción la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa penal en la Justicia.

“El sindicato viene y te dice ‘si vos querés trabajar, tenés que poner algo para trabajar tranquilo’, si no, no te dejan trabajar”, habían revelado a La Opinión desde la empresa.

Desde que denunciaron la situación en la Justicia, empresa y sindicato vivieron en “tensa calma”, con algunos conflictos menores y otros que tramitan en el fuero laboral, puesto que decidieron despedir al delegado del sindicato que aparece involucrado en la causa por extorsión.

El lunes pasado, las oficinas de la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás fue escenario de un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución por “extorsión” y “pedido de coimas” por parte de los referentes de ese gremio.

El concejal del Frente de Todos de San Nicolás y líder de Camioneros en la región, Maximilano Cabaleyro —hijo de Julio, histórico dirigente de Moyano en la zona—; el referente local, Fernando Espíndola; y otros dirigentes sampedrinos son los señalados en la causa.

Este martes, Gustavo Rey relató en Radio Cuarentena cómo fue que tomaron la decisión de denunciar lo que ocurría en la relación entre la empresa y el sindicato. En ese marco, reveló una modalidad de intervención sindical que otros sufrieron pero no muchos se animan a contar.

“Maximiliano Cabaleyro y Espíndola venían y le decían a la gente: ‘¿Cuánto hace que te tiene en negro este hijo de puta?’. También se metían, revisaban los altillos, pero nosotros no entendíamos nada. Pensábamos que era normal lo que hacían. Hoy que estoy mas informado me doy cuenta de la locura que tiene esta gente”, relató.

Gustavo Rey destacó la labora de la fiscala María del Valle Viviani , que tiene a su cargo la causa, y contó que la primera vez que lo llamó le dijo que no quería salir adelante: “En ese momento estaba en el patio de mi casa, con el negocio bloqueado y toda la familia mal. Yo decía: ‘ya fue, si todo está perdido'”.

“Si esta causa está vigente es gracias a su compromiso”, dijo Rey sobre Viviani.

En un principio “no sabía qué hacer, porque cuando hablaba con Cabaleyro me decía que le importa tres bledos las denuncias porque lo hacía con varias empresas y que hasta me acompañaba a hacerla”. Por so, acaso, la respuesta de muchos colegas: “Todos nos decían que no nos podíamos pelear con estos tipos”.

También relató como se manejaban frente a los paros existentes: “Pedían de todo un poco. Ellos venían y te decían tal puso la cerveza, el otro la gaseosa y precisamos que vos pongas, por ejemplo, los fiambres”, contó Gustavo Rey.

A raíz de esta problemática, se sumaron al Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que nuclea a varias empresas de todo el país que pasaron o están pasando por esta problemática con diversos sindicatos, lo que permitió además contar con el patrocinio letrado de la reconocida abogada Florencia Arietto.

“Nosotros lo hemos comprobado con el grupo, porque una vez que estás mirando cómo funciona todo y no te dejás avasallar, es más fácil. Pero el tema es que vamos entrando de a poco todos y cuando nos queremos acordar, estamos cocinados”, analizó.

“Que no nos corten, costó 800 mil pesos. Uno hace balance de su salud y prefiere darles la plata”, afirmó Rey.

El dinero fue negociado por el contador que hacía de nexo entre ambas partes, dijo. “Aunque tengas las cosas en regla, el mismo miedo te lleva a tirarles unos mangos para que no te jodan. Lo que no hay que hacer es dar ese pasito, porque cuando no te das cuenta, después estás en el horno”, señaló

“Las cuotas era de 20 o 30 mil pesos o algún Día del Niño que había, que por ahí nos pedían masitas para darle a los chicos”, reveló.

“Espindola es el que maneja todo y también está denunciado Franco”.

Respecto a los despidos que se efectuaron, Rey contó que el Ministerio de Trabajo dará primero lugar a que se resuelva la cuestión penal, “porque es como traer a un agresor contra el agredido en el mismo lugar”.

“La única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos están unidos y nosotros no. Por eso este grupo va a salir a revelar cuáles son nuestros derechos, porque no es que no queremos reconocer los de los trabajadores. Incluso hay gente que estaba trabajando mientras estaba bloqueado”, explicó Gustavo Rey.