Comenzó este miércoles el juicio por jurados contra los cinco acusados del asesinato de Alfonso Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en Molina y Gardel, en el barrio Villa Igoillo.

En la primera jornada, tras la validación del jurado ciudadano que deberá decidir si los imputados son culpables o no, prestaron declaración en la sala de audiencias los cinco detenidos.

Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez llegaron a juicio acusados de "homicidio agravado por promesa remuneratoria”, lo que comúnmente de conoce como "asesinato por encargo" o "sicariato".

Antes que ellos, testificaron vecinos y la mujer que residía con Vallejos en otra dependencia de la casa. Lo más relevante, sin embargo, fue la declaración de los acusados.

Ontivero y Martínez apuntaron, una vez más, a Tesey como quien se trenzó en lucha con Vallejos, quien recibió un mazazo en la cabeza y una herida de arma blanca en el cuello, por lo que todo indica que fue más de uno quien lo atacó.

Tesey, por su parte, dijo que él lo quiso asistir a Vallejos y le endilgó las responsabilidades materiales del asesinato a Martínez. Esos desencuentros generaron la necesidad del careo, previsto para este jueves.

La audiencia terminó a las 20.00 y el juicio se retomó por la mañana de hoy. Además del careo, estaba previsto que testifique el personal policial que intervino en el hecho tras la muerte de Vallejos.

Si todo va por los carriles normales, luego serían los alegatos y podría conocerse la decisión del jurado, que debe expedirse respecto de si los cinco acusados son culpables o inocentes del asesinato.

Luego, el Tribunal deberá dictar la sentencia con la pena correspondiente. Para el delito del que están acusados Ontivero y compañía, la única condena posible es a prisión perpetua.

La acusación inicial sostiene que Ricardo Ontivero contrató a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

Mientras, otra vez, "Rosario sangra" en medio de crímenes vinculados al narcotráfico y al sicariato, en San Pedro se espera con atención el devenir procesal de la causa que vincula a la ciudad con la contratación de jóvenes entrenados para asesinar en el marco de las disputas de dealers de drogas: el homicidio del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del sindicalista Pablo Ansaloni, cometido en Colón a fines de noviembre de 2022.

La fiscala Magdalena Brandt cerró la instrucción de la causa al considerar que los elementos probatorios para acusar a los organizadores y a los autores materiales del asesinato son suficientes. Resta, eso sí, esclarecer las responsabilidades intelectuales: quién mandó a matar a Ansaloni cuando balearon a su chofer y por qué.

La sospecha de la investigación siempre sostuvo que el blanco no era Cordara sino Ansaloni, que habitulamente llegaba los viernes en su coche a su casa de Colón junto a sus hijos. El día de la balacera, el que bajó del automóvil era el chofer. Recibió nueve balazos a quemarropa.

En septiembre del año pasado la policía de Rosario detuvo en esa ciudad al último profugo del caso. Agustín Alfredo “Calamar” Almirón, de 22 años, sicario a sueldo e hijo  de un policía condenado por su colaboración con Los Monos, uno de los clanes narcos de Rosario.

Antes habían detenido a Julián Nicolás Marcelo Gómez, un exconvicto que cumplía condena por robo calificado cuando mataron a Mauricio Cordara. La instrucción de la causa logró establecer que desde la propia cárcel se habría ocupado de contratar a los sicarios.

Calamar Almirón llegó a Colón desde Rosario en un Fiat Palio rojo junto a Iván Alonso, de 19 años, detenido a fines de enero del año pasado. Alonso está imputado como "coautor", ya que el que se ve en las cámaras, arma en mano, es Calamar.

El resto de los detenidos en la causa están acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasladar a los sicarios. 

Ángel Ochoa estaba preso cuando lo acusaron de vender el automóvil para “hacer un laburo” que no era otro que matar a Cordara. Jonatan Blas Sosa es quin tenía el Palio en una cochera. Fernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos.

Ramón “Monchi” Vallejos, padre del conocido líder de una organización vinculada al narcotráfico Hernan “Lichi” Romero, manejaba el auto tres días después del asesinato y es el único acusado de “encubrimiento.

Ese automóvil había sido robado en agosto de 2022 en La Tablada, partido de La Matanza, y le colocaron la patente de otro coche robado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, para trasladarlo a Rosario y luego usarlo para el crimen.

Agustín Alfredo “Calamar” Almirón, último detenido por el asesinato del sampedrino chofer de Pablo Ansaloni, Mauricio Cordara, se negó a declarar en la audiencia virtual para su indagatoria celebrada este martes ante la fiscala de Colón Magdalena Brandt, responsable de la investigación del caso.

Calamar, de 22 años e hijo de un policía condenado por su colaboración con el grupo narco conocido como Los Monos, hizo uso de su derecho a permanecer en silencio en la declaración indagatoria, primera instancia de defensa que tiene como acusado del crimen.

El joven decidió no hablar, por lo que por lo pronto no aportó nada respecto de lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato del sampedrino en Colón. Calamar fue quien le disparó a quemarropa en la puerta de la casa de Pablo Ansaloni, cuando el chofer dejaba a los hijos del dirigente gremial de Uatre/Osprera y exdiputado nacional, hoy candidato al Congreso en la lista de Javier Milei.

Almirón es considerado un sicario a sueldo y no sólo en este caso. Su detención se produjo en el marco de la investigación por el asesinato de un policiía identidicado como César Carmona, ultimado a balazos cuando llegaba a una de las sedes de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario.

Además de Calamar Almirón, por el caso están detenidos el que se ocupó de contatar a los sicarios, los que trabajaron en la preparación del automóvil robado con el que fueron desde Rosario a Colón a cometer el crimen y uno de los dos ocupantes del Palio, Iván Alonso, de 19 años.

La hipótesis sobre la que trabaja la fiscala Brandt señala que el blanco de los sicarios era Pablo Ansaloni y no su chofer, el sampedrino Mauricio Cordara, a quien asesinaron. Con Calamar se cierra el círculo sobre los autores materiales y los que aportaron la logística. Pero todos ellos fueron contratados por autores intelectuales todavía desconocidos para la Justicia.

La Policía de Rosario detuvo en esa ciudad al responsable de haber contratado a los sicarios que asesinaron a Mauricio Cordara, el chofer sampedrino del dirigente de Uatre / Osprera y exdiputado nacional Pablo Ansaloni, ultimado a balazos el 18 de noviembre pasado en la puerta de la casa de su jefe, en Colón.

El detenido es de apellido Gómez y está sindicado como quien contrató a Alfredo Nicolás Almirón, alias “El Calamar”, buscado como el autor de los disparos que mataron a Cordara, luego de que cámaras de seguridad registraran el momento del crimen y la investigación permitiera individualizarlo, y a Iván Alonso, de 19, detenido a fines de enero.

El apresado quedó a disposición de la Justicia de Rosario, que interviene a través del fiscal Matías Edery, quien colabora con la fiscala de Colón Magdalena Brandt, a cargo de la instrucción que investiga el asesinato. Por lo pronto, “se desconoce el móvil” del crimen, indicaron fuentes judiciales.

“El Calamar” Almirón está acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Cordara. A fines de enero habían detenido a Iván Alonso, de 19 años, imputado como “coautor” puesto que está certificado que estaba en el Fiat Palio utilizado para viajar desde Rosario a Colón para cometer el crimen.

El resto de los detenidos en la causa, acusados de ser partícipes secundarios por estar relacionados con la preparación del automóvil utilizado para trasladar a los sicarios, permanecen alojados en Rosario porque tienen otras causas en su contra que tramitan en la Justicia santafesina.

A más de dos meses del asesinato de Mauricio Cordara, el chofer sampedrino del dirigente de Uatre/Osprera oriundo de Colón, Pablo Ansaloni, la Fiscalía interviniente avanza en la investigación en procura de establecer la autoría material e intelectual de un crimen de características mafiosas.

Magdalena Brandt, fiscala a cargo del caso, explicó el sábado en Sin Galera los detalles de la causa. Con cuatro detenidos y varias hipótesis sobre el móvil del asesinato, la titular de la UFI descentralizada de Colón aguarda los resultados de las pericias sobre el teléfono de la víctima que fue entregado el jueves 19 de enero para su peritaje.

Brandt confirmó la detención en Rosario de cuatro personas vinculadas al Fiat Palio rojo robado que fue utilizado para trasladar al sicario desde esa ciudad santafesina hasta Colón para cometer el crimen y llevarlo de regreso.

Ese coche fue preparado para el homicidio. El diario La Capital de Rosario reveló que fue vendido por un detenido que, todo indica, hace ese “trabajo” desde su celda. Le habían pedido un auto para “hacer un laburo”.

Ángel Ochoa es el preso sindicado como vendedor del auto; Jonatan Blas Sosa es quien guardaba el Palio en una cochera; Fernando Burgos está señalado como el comprador que les facilitó el Fiat a los asesinos; Ramón Vallejos manejaba el auto tres días después y es el único acusado de “encubrimiento. Los otros son considerados “partícipes”. Además, hay un prófugo.

El único que accedió a declarar dijo que es inocente y la fiscal lo mantiene dentro de la causa acusado de “encubrimiento. El resto hizo uso de su derecho a no prestar testimonio en la indagatoria.

“No hemos parado nunca, en ningún momento”, dijo la fiscala sobre la investigación que encabeza. Para Brandt, la pesquisa en Colón estaría agotada. “No creo que nadie haya visto más”, dijo en relación a los testimonios que ya recogió y que señalaron dónde y en qué momento vieron al Fiat Palio rojo utilizado por los sicarios. “Es una investigación que lleva tiempo, que es muy complicada porque se produjo acá en Colón pero la preparación fue en otro lado”, una afirmación que apunta a “un crimen por encargo”.

“No están descartadas ninguna de las hipótesis. Yo puedo estar alrededor de los ejecutores y la autoría material, pero me falta subir otro escalón en la autoría intelectual”, reveló la fiscala.

En ese sentido, consultada sobre versiones periodísticas que indicaban que una de las hipótesis relacionaba el asesinato con mensajes de Cordara con una mujer con quien mantendría una relación sentimental cuyo esposo sería miembro de Fuerzas de Seguridad y podría estar involucrado en el asesinato, Brandt dijo que es una línea de investigación “que tiene menos fuerza” que otras, como la que relaciona el crimen con la interna de la Uatre, por ejemplo.

Esas versiones periodísticas estaban sostenidas, desde mediados de diciembre del año pasado, en presuntos mensajes descubiertos en el celular de Cordara. “Todavía no llegó el resultado”, dijo sobre ese teléfono, que recién fue abierto para su análisis el jueves pasado.

Durante los allanamientos que permitieron en Rosario detener a los cuatro acusados de participar en la preparación del auto secuestraron varios teléfonos celulares que también serán analizados en busca de elementos probatorios.