Este jueves por la mañana, el Concejo Deliberante tendrá una sesión extraordinaria para tratar la licencia de Mauro de Rosa.

El edil, perteneciente al bloque Acuerdo Vecinal, ingresó el expediente por tiempo indeterminado, tras la polémica que se desató en el club Paraná, donde, bajo los efectos del alcohol, tuvo actitudes indecorosas con personas presentes, que derivaron en una denuncia ante la Justicia.

Asumirá el lugar de Mauro de Rosa, la fisicoculturista Paula Fernández, cuarta en la lista que tenía a Ramón Salazar como candidato a intendente y a Javier Milei como presidente.  

Fernández ya había reemplazado a de Rosa, en 2023, donde tomó su lugar durante la Asamblea de Mayores Contribuyentes y la votación por el Presupuesto 2024.  

El Concejo Deliberante tendrá este martes su segunda sesión extraordinaria de 2026. La primera fue el 16 de enero, para aprobar la licencia de la ahora secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, como único tema, y esta no será distinta, por lo que también será un encuentro exprés en la sala de reuniones.

La sesión extraordinaria convocada por el presidente del HCD, Martín Baraybar, es para darle ingreso formal a las notas que presentaron cada uno de los bloques para informar su representante en las comisiones externas del Concejo, que son las que fueron creadas por ordenanza y tratan temas en específico.

Las comisiones externas son 24. En los últimos años, algunas tuvieron poca actividad y otras, nula. 

Para 2026, el Ejecutivo pidió al Concejo que active rápidamente la conformación de cada una, puesto que todo indica que habrá expedientes remitidos desde el Gobierno.

Aunque desde que asumió en diciembre la nueva composición del cuerpo hubo varios proyectos elevados, ninguno fue tenido en cuenta para darle ingreso formal en esta sesión extraordinaria. Ni siquiera el pedido de licencia de Damián Mosquera, que rige entre el 21 y el 30 de enero.

Tampoco fueron tenidos en cuenta el proyecto de ordenanza de La Libertad Avanza para prohibir el ingreso de personal a la planta de empleados del Municipio ni su propuesta para eximir el 50 por ciento del pago de la tasa de seguridad e higiene a nuevos comercios.

De la misma manera, no tendrá todavía ingreso formal el pedido de informe que elevó San Pedro Puede, relacionado con el Hospital y el sistema de salud pública, ni el informe estadístico del Juzgado de Faltas sobre el ejercicio 2025.

Comité de Obras Públicas Comunitarias; Consejo Auditor de Coopser; Discapacidad; Ecología y Ambiente; Consejo municipal de Salud; Comité de seguimiento del programa municipal de lucha contra el Sida; Emtur.

Comisión de seguimiento del Club Sportivo América; Consejo del Arbolado Público; seguimiento de la concesión del camping Safari; Adjudicación de Viviendas; seguimiento y fiscalización de recursos hídricos; comité del Cáncer e Impacto Ambiental; comisión asesora del Consejo Escolar.

Comisión para la elaboración del nuevo pliego licitatorio de recolección de residuos; Junta municipal de Defensa Civil; consejo municipal de la Tercera Edad; comisión fiscalizadora de la prestación de servicios públicos de competencia municipal; Banco de Tierras.

Fondo municipal de promoción del Deporte; Fondo municipal de promoción cultural; Mesa local de prevención y atención de la violencia de género; seguimiento y promoción de la producción de cannabis medicinal; Fondo municipal de Obras Públicas Comunitarias.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves en sesión extraordinaria el envío del anteproyecto de su presupuesto 2025 que fue enviado al Ejecutivo, que lo sumará a su cálculo de recursos y gastos para el año que viene.

El presupuesto del HCD ingresó extemporáneo —debe elevarse al 1 de octubre de cada año— con prórroga aprobada. Asciende a 930.552.942,38 pesos.

Es decir que el funcionamiento del Concejo Deliberante tendrá en enero , sin tener en cuenta los aumentos de sueldo para el año que viene, que favorecen siempre a los ediles y al personal político, un costo inicial de 51,7 millones de pesos por cada uno de los 18 concejales, promedio para todo el año.

El grueso del presupuesto se va en las dietas, sueldos políticos y del poco personal que hay en el Concejo: son, en total, poco más de 915 millones de pesos. 

Los 15 millones restantes serán para el funcionamiento cotidiano del cuerpo, lo que implica que no habrá recursos para, por ejemplo, encarar una obra de restauración del Salón Dorado.

El presupuesto del HCD indica que planifican gastar 1.851.000 pesos en "productos químicos, combustibles y lubricantes"; casi 4 millones en bienes de consumo como elementos de limpieza, oficina, respuestos y accesorios.

Más de 2,6 millones se previeron para servicios de electricidad, gas y telefonía; 700 mil pesos para alquiler de equipamiento; 500 mil pesos para mantenimiento de equipos; y 311 mil pesos para servicios técnicos profesionales.

La oposición no tuvo tiempo de ver el detalle porque Presidencia y Secretaría Legislativa no enviaron el expediente cuando pasaron el orden del día. 

El tratamiento fue de apuro. Había que mandar el anteproyecto al Ejecutivo antes de que el Gobierno termine de confeccionar el propio, cuyo plazo de presentación vence el domingo.

Ello generó reclamos entre los opositores. Media hora antes de la sesión todavía no les habían entregado el anexo ni impreso ni digitalizado. 

Ni siquiera lo habían subido a la web, en claro incumplimiento del artículo 57 del reglamento interno, que así lo establece, mal que le pese al secretario legislativo Gerardo Pelletier, que se enojó con el cronista de La Opinión que se lo consultó.

En Labor Legislativa, la oposición lo planteó. El oficialismo, con acompañamiento de la UCR y de Vanina Cappelletti decidieron dar curso al expediente y lo votaron a favor. Rivas, Lafalce, De Rosa y Sancho, que reemplazó a Batalla, votaron en contra. La votación fue nominal.

En la sesión, el único que tomó la palabra fue el concejal Martín Rivas (Juntos por el Cambio), que consideró "anómalo" el tratamiento del expediente y se quejó porque el anexo con el detalle del presupuesto del Concejo "no fue entregado en tiempo y forma", por lo que no pudieron "hacer el análisis pertinente".

Además de las consideraciones formales que hizo la oposición, el tratamiento del presupuesto 2025 del Concejo Deliberante tuvo implicancias políticas pocas veces vistas. 

No sólo porque los concejales no pudieron ver lo que estaban votando como cálculo de recursos y gastos para el año que viene hasta minutos antes de la sesión—la excusa es "lo verán cuando se trate el Presupuesto general"—, sino porque Pablo Vlaeminck no le explicó nada a nadie.

Tampoco habló con La Opinión. Al finalizar la sesión, este medio se acercó el presidente del cuerpo para consultarlo sobre la aprobación del Presupuesto que deberá manejar el año que viene, el segundo que le toca pero el primero confeccionado por él. 

Sin embargo, dijo que no iba a dar declaraciones, que estaba "apurado" porque tenía "una reunión",  entró a su despacho y cerró la puerta tras de sí.

Cualquiera que haya recorrido los pasillos del Concejo sabe que lo que ocurrió fue, por lo menos, insólito. En principio, porque el Concejo envió su presupuesto al Ejecutivo con cuatro de 17 concejales en contra. Pero también porque a ese resultado llegaron por impericia política, más allá de que entre los ediles hay quienes están dispuestos a oponerse a casi todo.

Atrás quedaron los tiempos en que titulares del HCD como Mónica Otero convocaban a todos los ediles para explicarles cómo se había confeccionado el presupuesto, los planes para el año siguiente, las dificultades financieras, los proyectos de gastos.

La expresidenta guarda en su haber, por ejemplo, que se haya desdoblado la votación de la Rendición de Cuentas para que la oposición rechazara las del Ejecutivo pero aprobara por unanimidad las del Concejo. 

En el presupuesto del Concejo no hay mucho secreto y está a la vista en el detalle expuesto en esta nota, algo que año tras año se publica apenas el expediente es elevado: las dietas con sus respectivos aguinaldos, los sueldos del personal, los gastos de funcionamiento diario, el pago de servicios básicos.

Votar el anteproyecto de Presupuesto del HCD implica, cada vez, la definición de qué dieta piensan cobrar los concejales al año siguiente. Una vez más, será el máximo posible: 3,5 sueldos mínimos de un empleado municipal.

Para calcularlo, el HCD tiene dos posibilidades: el 2 por ciento del total del Presupuesto municipal o bien, si ese monto no alcanza, el total de las dietas más el 50 por ciento. 

Generalmente se utiliza la segunda, puesto que la primera es insuficiente. Si optaran por la opción uno, en este caso, el presupuesto general sería de 45 mil millones, aproximadamte. 

Si calcularan con la opción dos, el total de las dietas ascenderá a 620 millones, casi 34,5 millones por edil por año, 2,7 millones promedio por cada uno de los 13 sueldos, los 12 del año más el aguinaldo. El año pasado, el promedio era de 827 mil pesos por cada uno.

En Bahía Blanca, un municipio con tradición política de transparencia presupuestaria, el Concejo Deliberante aprobó hace dos semanas un decreto que establece que la Comisión de Presupuesto "tendrá intervención en el análisis y asignación de las partidas correspondientes" al cálculo de recursos y gastos del propio cuerpo, con facultad de hacer adecuaciones y reasignaciones. Un modelo distinto.

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 del Gobierno de Cecilio Salazar será tratada en sesión extraordinaria el jueves 30 de mayo, confirmó a La Opinión el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Cruz González.

El también titular de la bancada que responde al jefe comunal informó que este martes no hubo dictamen para el expediente y que el plan es firmarlo la semana que viene, antes de la extraordinaria.

Así, este jueves, en la sesión ordinaria, podrán tratar los temas que quedaron pendientes de la primera sesión del mes, cuando el oficialismo pegó el faltazo por el paro general de la CGT.

De ese día quedaron diversos expedientes que aguardaban tratamiento, por lo que se les dará curso esta semana para recién la próximo abordar las cuentas del año pasado.

La oposición volvió a pedirle al presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, que convoque a una reunión de Labor Legislativa para dar inicio al expediente solicitado para evaluar sanciones a los concejales que faltaron a la sesión pasada.

El reglamento establece que quienes falten a sesión son pasibles de multa de hasta el 50 por ciento de la dieta, aunque para ello deberían aprobar la sanción con mayoría calificada, es decir con 12 votos.

La necesidad de esa cantidad de manos levantadas implicaría que los ediles que sí estuvieron presentes no puedan aprobar solos la sanción, puesto que no alcanzan el número.

Así, los ocho oficialistas ausentes se verían impelidos a votar a favor o en contra de sí mismos, por lo que bien podrían abstenerse, lo que también dejaría a la sanción sin votos suficientes, porque no alcanzarían los 12.

La única opción para tratar una sanción y votarla sin caer en esa problemática es viable pero de difícil ocurrencia: si decidieran tratar una eventual multa, podrían en lugar de abstenerse pedir licencia los ocho y que sean sus suplentes los que voten.

Tras el feriado extralargo de Semana Santa que impidió el desarrollo de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Concejo Deliberante tendrá una extraordinaria este viernes a las 8.00 de la mañana para dar curso a algunas urgencias que tiene el Gobierno de Cecilio Salazar, que está de licencia por vacaciones.

Además de la urgencia que se entiende puede tener el ingreso de la Rendición de Cuentas elevada a última hora administrativa del miércoles pasado, íultimo día hábil antes del feriado, incluyeron dictámenes de comisión, que bien podrían ser tratados la semana que viene en sesión ordinaria.

Las comisiones dictaminaron tres expedientes que vienen atrasados en su tratamiento, sobre todo porque el Ejecutivo los envió muy tarde, y tienen que ver con convalidar convenios relacionados con servicios públicos y con una obra que no se va a hacer como estaba prevista.

Además, ingresarán formalmente los expedientes de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 —este martes por la mañana todavía no habían terminado de escanear los anexos para que comience el análisis— y el pedidio de convalidación de los "excesos presupuestarios" del año pasado.

El oficialismo tiene los votos necesarios para aprobar los tres expedientes dictaminados en comisión, de los cuales hay acuerdo con la oposición en uno, el de la rescisión de la obra del Laboratorio del Hospital, que la semana pasada explicó ante los ediles el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas.

Los otros dos son más "vidriosos" a los ojos de los ediles opositores: la nueva prórroga con Ashira y la extensión del contrato con Vercelli por el servicio de transporte público de pasajeros.

El contrato con Ashira tiene más de 10 años vencido y desde entonces se prorroga constantemente, tras la fracasada licitación de 2015 en la que no se presentó nadie, ni siquiera la empresa que presta el servicio.

La oposición se queja desde siempre sobre el asunto. Incluso quienes ahora celebran al intendente Cecilio Salazar tras haber sido acérrimos opositores supieron estar en contra de las sucesivas prórrogas.

Tiene esta nueva extensión del contrato la particularidad de que ya está vencida: era por tres meses, hasta el 31 de marzo. Lo peor es que el Gobierno firmó ese convenio el 4 de enero, ad referéndum del Concejo, pero recién lo mandó para su convalidación el 28 de marzo, tres días antes de que quede perimido.

Con la prórroga de Vercelli ocurre algo similar. El contrato venció el 9 de diciembre y el Gobierno decidió no llamar a licitación. Para ello, hará uso de la cláusula de extensión que aparece en el pliego original, que permite prorrogar por un tercio del total del contrato, es decir por tres años y cuatro meses.

En este caso, la decisión de demorar el tratamiento fue de los concejales del oficialismo, que dominan las comisiones. El expediente ingresó a fines de noviembre, cuando todavía no había asumido la actual composición del cuerpo. Sin embargo, ni siquiera le dieron ingreso formal.

Ello ocurrió recién en la primera sesión ordinaria del año, es decir hace tres semanas. Ese fue el tiempo, con feriado extralargo de por medio, para que los ediles lo analicen en la comisión de Servicios Públicos, que preside el concejal que conduce la bancada que responde al intendente Cecilio Salazar, Juan Cruz González.

Para aprobar ambas prórrogas, el oficialismo necesita mayoría absoluta, es decir 10 votos y los tiene, porque a los nueve propios se le suma siempre a favor la concejala del monobloque no autorizado Juntos-Pro, Vanina Cappelletti.

Este lunes hubo sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para tratar el pedido de informe sobre las 84 viviendas que elevaron los concejales opositores Martín Rivas y Mauro de Rosa.

Como acordaron el oficialismo, los radicales y Vanina Cappelletti, el proyecto no fue tratado sobre tablas, por lo que el intendente no deberá, por lo pronto, responder los requerimientos de la oposición sobre el tema.

El expediente fue girado a la comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos, a la que serán citados funcionarios del gabinete para responder consultar relacionadas con la situación del barrio.

Durante la sesión extraordinaria tomaron la palabra los ediles Martín Rivas y Diego Lafalce, quienes a su turno señalaron la relevancia que tiene el tema para el Municipio y la necesidad de que el Gobierno dé respuestas al respecto.

Al finalizar, Rivas dijo a La Opinión que espera que haya celeridad en la comisión para que se cite a los funcionarios y que pedirá que, como es habitual, esas reuniones sean públicas.

De Rosa, por su parte, sostuvo que el primero de los funcionarios que deberán citar es el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien ocupaba el mismo cargo al momento en que se produjo el sorteo, cuando Ramón Salazar estaba a cargo del Ejecutivo.

Consultado sobre su rol en ese momento, puesto que era chofer, secretario y hombre de confianza de Ramón, De Rosa aseguró que no estuvo en "la mesa chica" en la que se resolvió avanzar con el sorteo a pesar de los planteos de Arcor y que la decisión fue "del intendente y de su gabinete".

Juan Cruz González, presidente del bloque oficialista que responde a Cecilio Salazar, dijo a La Opinión que consideraron pertinente enviar el expediente a comisión para que los ediles puedan dialogar con los funcionarios del Gobierno. 

Seis concejales de la oposición solicitaron al presidente del Concejo Deliberante Pablo Vlaeminck que convoque a una sesión extraordinaria para el lunes para tratar un nuevo pedido de informe relacionado con la situación de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri.

Por el tema, los concejales Martín Rivas, Mauro de Rosa y Diego Lafalce habían elevado un pedido de informe a mediados de enero, para conocer la situación del litigio con la empresa Arcor. Ahora, los mismos ediles agregaron consultas relacionadas con los hechos de los últimos días y pidieron sesión extraordinaria acompañados de ediles del bloque de la UCR.

En el nuevo pedido de informe, los concejales opositores exigen saber por qué el secretario de Gobierno y Seguridad, Martín Baraybar, "se constituyó en el obrador" de las 84 viviendas "encabezando a un grupo de personas, qjuienes manifestaron su condición de beneficiarias del sorteo" del 25 de febrero pasado.

La pregunta del pedido de informe es por qué el Gobierno hizo tal cosa, "cuando existe un fallo" que "declaró nulo el sorteo". Más aún: quieren saber por qué, con la medida cautelar vigente que impide cualquier tipo de gestión relacionada con los preadjudicatarios de las viviendas, los presentes en el barrio afirmaron ante La Opinión que el Ejecutivo les entregó las llaves de las casas en construcción.

"Creo que los vecinos son víctimas de la mala práxis de estos funcionarios públicos, no podemos mirar para otro lado como concejales", dijo Rivas a La Opinión.

El resto del expediente es lo que ya contenía antes: por qué no se cumplió lo que establece la ordenanza de donación de los terrenos; si hay sumario administrativo respecto del presunto extravío de un expediente en la Municipalidad.

La situación contractual de la cooperativa Grupo Alfa, con costo de obra y estado de los pagos; y qué medidas de seguridad se implementaron para resguardar las viviendas antes de lo ocurrido el martes, cuando los preadjudicatarios y el propio Baraybar informaron acerca de robos e intentos de usurpación.

Por el conflicto con Arcor, la concejala Florencia Sánchez había presentado un pedido de informe en marzo del año pasado, alrededor de un mes después del sorteo. 

Sin embargo, a propuesta del oficialismo y con acuerdo del resto de los bloques de ese momento, el proyecto fue enviado a comisión, algo inusual para un pedido de informe. En ese marco, citaron al entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y a la entonces secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa.

Enero terminó sin sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante, a pesar de que hay temas planteados por la oposición y hasta necesidades del Ejecutivo del tratamiento de algunos expedientes que quedaron a la espera.

La oposición estuvo activa, sobre todo en la figura del concejal de Juntos Pro Martín Rivas, que elevó diversos proyectos de resolución y pedidos de informe, en muchos casos con las firmas de Lafalce y los ediles de La Libertad Avanza.

Al Gobierno de Cecilio Salazar le quedó en espera el ingreso formal para tratamiento comisión de una licitación que necesita la aprobación del Concejo porque hubo un solo oferente calificado. 

Se trata de la obra de refacción de veredas de la escuela Normal, que tiene un presuputesto de 7,8 millones de pesos que sufre los vaivenes de la economía del país.

Ese expediente iba a entrar en la extraordinaria de las ordenanzas fiscal e impositiva, pero la propia Mónica Otero lo frenó porque su inclusión fuera del orden del día no respetaba la modalidad que prevé la Ley Orgánica.

Para que un expediente vaya a sesión extraordinaria tiene que tener solicitud del intendente o de seis concejales con sus firmas, “siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija”.

Hasta el momento, tras la aprobación del Presupuesto a fines de diciembre, ninguna de las dos cosas sucedieron, por lo que no hubo sesión.

A Rivas, Lafalce y los dos ediles de La Libertad Avanza, que elevaron diversos proyectos, les hacen falta otras dos firmas para llegar a seis, que podrían lograr entre los radicales y Vanina Cappelletti o bien en acuerdo con el oficialismo.

Sin embargo, enero se va sin esa posibilidad y los expedientes ingresados no tuvieron tratamiento, aun cuando en algunos casos revisten actualidad y hasta acaso urgencia.

El último expediente de Rivas y La Libertad Avanza está relacionado con el Tanque Copa, que está fuera de servicio desde diciembre de 2021 y cuya obra fue adjudicada a la empresa Apco, que en octubre pasado detuvo las tareas porque "no llegaban los caños" y a fin de año fue intimada por el Municipio.

Hasta ahora, integrantes de la nueva oposición —Vanina Cappelletti y la UCR no elevó expediente alguno— presentaron pedidos de informe, proyectos de resolución y de ordenanza relacionados con diversos temas.

Los pedidos de informe son sobre la situación de deuda con Ashira, el juicio con Arcor por las 84 viviendas de Villa Depietri, los guardavidas que tiene a su cargo el Municipio, la situación de los complejos turísticos municipales y las políticas de seguridad.

Además, elevaron propuestas de ordenanzas como la modificación del reglamento interno del HCD para garantizar transparencia y la declaración de la emergencia en seguridad en el distrito.

Entre los proyectos de resolución aparecen la poda de los arbustos en la zona de barrancas, la limpieza de una vereda céntrica, el puente de madera del Nuevo Boulevard, la necesidad de inspecciones en comercios que expenden alimentos y la colocación de reductores de velocidad en el Paseo Público.

Entre el resto de los expedientes, están las notas elevadas por la empresa Vercelli Hermanos (EVHSA) para solicitar aumento de tarifas en los boletos de colectivos, para cuyo tratamiento se necesita remisión de proyecto de ordenanza por parte del Ejecutivo. 

Este miércoles al mediodía el Concejo Deliberante tendrá una sesión extraordinaria para tratar una serie de expedientes que ameritan la urgencia y que permitirá que los concejales que terminan su mandato el sábado, cuando asuman los nuevos, participen de una última actividad para votar en el recinto.

Cuatro dictámenes de comisión y un pedido de licencia forman parte del orden del día que tratarán los ediles, con Mónica Otero en la presidencia, puesto que retomó la banca la semana pasada, tras una licencia de un mes que no tenía fecha de regreso.

La licencia que van a votar es la de la concejala Paola Basso, que en lugar de renunciar a su banca de 2021 para asumir en la de 2023 decidió pediir licencia, en una (nueva) maniobra de la Unión Cívica Radical reñida con los valores partidarios históricos.

Entre los expedientes dictaminados figuran la prórroga con la empresa que cobra la tasa de publicidad y propaganda, Tipsa, firmado en noviembre y vigente hasta diciembre, lo que se espera comporte críticas de la oposición.

Además votarán el aumento del 100 por ciento en el boleto de colectivos. Se espera que el cuadro tarifario sea aprobado sin mayores problemas, puesto que la empresa Vercelli Hermanos pretendía un incremento del 175 por ciento.

Otro de los expedientes relevantes de la jornada es el de la concesión del espacio público donde funciona el club Tiro Federal, que regularizará la ocupación que desde hace más de una década mantienen los rugbiers de Los Biguá, luego de que fueran expulsados de la zona del Castillo por Roberto Calvet, quien no quiso entregar el predio cuando se venció su contrato.

Por último, será aprobado el listado de Mayores Contribuyentes que antes de fin de año deberá tratar, con la nueva composición del Concejo, el aumento de tasas para el Presupuesto 2024, primer año del tercer mandato de Cecilio Salazar al frente del Gobierno municipal.