Fines de mayo y antes de la Rendición de Cuentas, hubo sesión en el Concejo Deliberante. Con discusiones y chicanas, pocos proyectos y después de un lío a las piñas.

De los nueve expedientes que había para esta sexta sesión del año, cinco tuvieron tratamiento sobre tablas.

El primero fue el pedido de informe que La Libertad Avanza presentó luego de que La Opinión revelara que el Gobierno dijo que hacía una obra en el Estadio con donaciones de particulares sin haber pasado por el Concejo, algo que es obligatorio.

Ya lo habían pasado a comisión, porque el Concejo actual tiene la muy mala costumbre de evitar que los pedidos de informe se respondan como corresponde, por escrito y desde el Ejecutivo, y los mandan a comisión para que vayan los funcionarios a decir un montón de cosas que luego nadie transcribe en las actas.

Fue el secretario de Obras Públicas, dijo que él no tenía nada que ver, así que La Libertad Avanza dictaminó. Igual, el Gobierno no va a responder el pedido de informe. Lo volvieron a mandar a comisión.

Luego aprobaron una ordenanza que quitó un artículo de otra ordenanza que los propios concejales habían aprobado hace dos años.

Ahora provincia les dijo que estaba mal hecha. Era sobre Villa Jardín y una autorización para lotear que chocaba con la norma provincial.

Tal como hicieron con el pedido de La Libertad Avanza, enviaron a comisión un  pedido de informe de Paola Basso y Nuevos Aires relacionado con un edificio en construcción en el centro.

Es sobre un edificio de departamentos que se construye en Salta al 400. Entienden que "a simple vista supera la altura máxima" permitida en la zona.

Por último, hubo debate en relación a una proyecto para rechazar la propuesta de modificación de los subsidios al gas por zona fría que trata el Congreso nacional.

Antes de la sesión hubo lío: mientras estaban en la Secretaría de Economía mirando documentación relacionada con la Rendición de Cuentas, hubo un altercado entre Ariel Rey y Martín Rivas. El de Acuerdo Vecinal dijo que sólo discutieron y el de San Pedro Puede denunció que recibió una piña en la cara.

Mayo, mes del día del trabajador, y para honrarlo el Concejo Deliberante tuvo una sesión corta, muy corta y con apenas dos expedientes tratados sobre tablas.

La sesión tuvo la particularidad de ser la primera del año con la presencia de Mauro de Rosa, el concejal denunciado por delitos sexuales que había pedido licencia tras protagonizar un escándalo  cuando estaba alcoholizado en el club Paraná en febrero.

Aunque hubo rechazo de la gran mayoría de los concejales a su reincorporación y hasta anuncio de comisión investigadora, no hubo novedades y lo único que se dice puertas adentro es un escueto "estamos en eso".

La concejala Tamara Vlaeminck, que tiene vigente una restricción perimetral con De Rosa que les impide a ambos acercarse o tener contacto pero que no implica que no puedan asistir al Concejo, no estuvo presente en la sesión.

Tampoco fueron Diego Lafalce y Valentín Bravo, por lo que las bancas vacías fueron tres y el Concejo sesionó con quince ediles.

El orden del día tenía 12 expedientes. Cuatro proyectos de ordenanza que pasaron a comisión, cinco notas que se archivaron y tres proyectos de resolución, aunque sólo trataron sobre tablas dos, porque uno debería haber sido proyecto de ordenanza, así que también fue a parar a una comisión.

El primero de los expedientes tratados en el recinto fue la propuesta de La Libertad Avanza para respaldar el proyecto de la senadora Arietto que propone agilizar los desalojos ante usurpaciones. Joaquín González fue el vocero.

Sin argumentos de ninguno de los bloques, el proyecto fue rechazado por la bancada oficialista, la filooficialista Acuerdo Vecinal y la de Nuevos Aires.

Por último, trataron una propuesta de Damián Mosquera y Nuevos Aires para sugerir al Gobierno que ponga en marcha una casa del estudiante para quienes viajan a San Pedro desde las localidades.

El proyecto generó debate porque Rivas se opuso y propuso enviarlo a comisión, no sin chicanear a Mosquera.

Desde el oficialismo, Soledad Llull recogió el guante, respondió a Rivas y anunció no sólo el acompañamiento al expediente sino que además el intendente está de acuerdo y hay un plan en marcha para llevarlo adelante.

Rivas y su bloque finalmente acompañaron, aunque el concejal advirtió que el anuncio de Llull implica un compromiso del Ejecutivo.

Sin más temas que tratar, porque desde el 23 de abril hasta ahora no dictaminaron proyecto alguno, dieron por finalizada la sesión.

Segundo jueves de abril y tuvimos sesión en el Concejo Deliberante. Este es el resumen de lo que ocurrió en el Salón Dorado.

Fue corta la sesión de este jueves, con pocos, poquitos proyectos tratados sobre tablas en el recinto.

De once expedientes que había en el orden del día, cinco fueron remitidos a archivo, tres pasaron a comisión y otros tres se aprobaron: una ordenanza y dos proyectos de resolución para expresar opinión sobre temas nacionales.

Eso sí, en esos dos expedientes, uno sobre Remediar y el otro sobre Pami, hubo debate, chicanas y polémica. Así que tuvimos una sesión cortita, pero picante.

Antes de la sesión estuvo en Banca Abierta el exdiputado y exconcejal radical Eduardo Polimante, con una inciativa para reflotar la Casa del Estudiante en Rosario, La Plata o Buenos Aires.

Entre sus propuestas para financiar la posibilidad de alojar a estudiantes sampedrinos en centros urbanos con universidades tiró el mangazo para que los concejales pocan plata de sus dietas.

Después de un breve cuarto intermedio, empezó la sesión propiamente dicha. Los concejales aprobaron el programa TEAcompaña, una iniciativa que quedó muy linda plasmada en el papel, pero que tendrá que ser monitoreada de cerca para que todos los puntos que establece la ordenanza se cumplan realmente. Martín Rivas y Cristian Leguizamón fueron voceros.

Rivas venía de una sesión en la que se cruzó con Joaquín González, que estaba de licencia y fue reemplazado por el santalucense Damián García, que responde a Ariel Rey, por lo que no se privó de chicanear al bloque de La Libertad Avanza en este tema.

Luego hubo debate por el programa Remediar, tras una iniciativa que el oficialismo presentó para expresar preocupación por la posibilidad de que se elimine la entrega de medicamentos gratuitos.

Fue aprobado con los votos en contra de Panatteri, Lafalce y el bloque de Rey. Rivas, a quienes algunos dentro del concejo llaman "la oposición de la oposición", también tuvo palabras para cuestionar a los de La Libertad Avanza en este expediente.

Por último, con el mismo resultado de votación, aprobaron una expresión de preocupación por la situación que atraviesa Pami, con debate incluido, claro.

Como en este caso, también hubo defensa del Gobierno de Milei por parte de Panatteri, que además de concejala es hija de la jefa de Pami, Victoria Vitale, Rivas se ocupó de chicanearlas a ambas y, de paso, la ligó Ariel Rey, que no contestó en ninguna ocasión.

Panatteri y González leyeron La Opinión y presentaron un pedido de informe sobre las obras del Estadio porque, como revelamos, anunciaron que se hicieron con aportes de empresas y comercios pero no pasaron por el concejo, como indica la ley orgánica.

Falta de experiencia, pocas ganas de meterse en el barro al que algunos arrastran los debates en el recinto o quién sabe qué, pero Panatteri accedió a que le manden el proyecto a comisión, cuando en realidad los pedidos de informe deben aprobarse o rechazarse sin más, y en caso afirmativo ser respondidos por escrito por el intendente.

Por último, en esta sesión entró y será tratado en dos comisiones el convenio que el intendente firmó con el club El Ribereño para entregarle parte del Paseo Público a esa escuela de canotaje que maneja Tito Velos. Son los baños abandonados de la zona del Skatepark, que el club ocupa de manera irregular desde hace más de tres años.

Cortita, con debate chicanero que no aporta mucho, pero con al menos un proyecto de ordenanza pasado a comisión que va a traer cola, esta fue la sesión resumida en Debates Ordinarios, episodio cuatro.

Segundo jueves de abril y hubo sesión en el Concejo Deliberante. Larga, pero entretenida.

Más ordinario que habitualmente, el resumen de los debates de esta larga sesión del Concejo empezó con el repaso del cruce entre los concejales Joaquín González y Martín Rivas.

El de La Libertad Avanza lo chicaneó al de Acuerdo Vecinal y se tiraron con munición diversa durante varios pasajes de la sesión.

Durante la sesión hubo proyectos de ordenanza que entraron para tratamiento en comisión, entre ellos la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

Aprobaron la imposición del nombre de Nelson Lillo a la sede de la Secretaría de Seguridad, donde funciona el Centro de Monitoreo y estuvo presente Cristina, la mamá del policía que murió en cumplimiento del deber.

También aprobaron declarar de interés municipal el libro Un lugar para Amaro, una experiencia en el aula sobre abordaje de personas con TEA. Estuvo presente la autora, Melisa Guillermín.

El oficialismo acompañó el pedido de informe de Ariel Rey sobre el coeficiente único de distribución, el CUD. 

Era medio raro el proyecto, pero más raro fue que los concejales de Salazar lo acompañaran incluso después de que les rechazaran una moción para hacerle modificaciones. 

Acompañaron igual y Soledad Llull evitó hablar específicamente del CUD y llevó el debate hacia los recortes de Nación a Provincia.

Más adelante hubo debate sobre los recursos que Nación le retacea a las provincias y municipios, cuando trataron la adhesión al reclamo de intendentes de todo el país al presidente Milei.

El Concejo aprobó la adhesión local a la ley provincial que adhiere a la ley Lucio, que establece capacitaciones obligatorias para el personal municipal sobre el buen trato a niños, niñas y adolescentes. 

Aunque no se puede leer ni pidió permiso, Cristian Leguizamón leyó algunas consideraciones sobre el tema en la sesión.

El pedido de informe del bloque de Rivas dirigido a Anses fue uno de los puntos polémicos. 

Por un lado, porque el Concejo no tiene potestad para exigirle nada a un organismo nacional, así que el pedido no era vinculante. 

Por el otro, porque Mosquera, que condujo Anses y ahora es empleado, advirtió que había que hacerle unos retoques al proyecto para que pudieran aprobarlo. Y así lo hicieron.

El Concejo aprobó respaldar la propuesta de un diputado provincial radical para extender el período ordinario de sesiones entre el 1 de febrero y el 9 de diciembre. Rivas fue el vocero.

Rita Leguizamón fue vocera de una manifestación de preocupación por la decisión del Gobierno nacional de poner fin al programa “Volver al trabajo” y aportó datos relevantes sobre el impacto que tendrá la caída de esos salarios complementarios en San Pedro.

Por último, también se metieron con la ley de glaciares, aunque hubo que modificar el expediente original porque quedó extemporáneo, ya que el Congreso había aprobado la noche anterior las polémicas modificaciones a esa ley.

Este jueves comenzaron las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y, como siempre, La Opinión estuvo ahí. Este es el resumen de lo que ocurrió.

Fue una sesión larga, porque era la primera —duró alrededor de una hora y 45 minutos— y había que darle ingreso a todos los expedientes que fueron conformándose a lo largo del receso, que va del 30 de noviembre al 1 de marzo, con sesiones extraordinarias para el Presupuesto en diciembre.

Los proyectos de ordenanza presentados por los distintos bloques fueron remitidos a comisión para su tratamiento, con excepción del de "legisladores juveniles" de Panatteri y González, que fue archivado porque lo consideraron redundante, puesto que era similar a un programa que ya existe porque lo creó el Concejo en 2012.

Sobre tablas trataron un expediente de regularización dominial; el proyecto de comunicación de Acuerdo Vecinal sobre empleo joven; la declaración de interés municipal del homenaje a las víctimas de Covid.

También enviaron a comisión el pedido de informe de Rey y Reynoso sobre el sistema de salud pública, tema que generó un debate de alrededor de media hora entre los ediles, con cruces y chicanas.

Aprobaron el pedido de informe de Nuevos Aires sobre el traspaso de la nueva Terminal de Ómnibus desde la empresa San Pedro Farm a la órbita de la gestión pública municipal.

Dieron el visto bueno para incluir en el registro de patrimonio histórico una serie de mojones que la Mesa por la Memoria instaló en los últimos años en recuerdo a los desaparecidos de San Pedro y otras víctimas del terrorismo de Estado, con votos en contra de Rivas y Lafalce.

A esos dos ediles se sumaron Melina Panatteri y Joaquín González (LLA) en el voto en contra de la declaración de Año de Memoria, Verdad y Justicia por el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976, aprobado con 14 votos luego de un debate que también fue largo y que motivó que el presidente del HCD, Martín Baraybar, bajara a la banca para expresarse.

Por último, los concejales anunciaron cómo trabajarán las comisiones permanentes del cuerpo, en el que se analizan los expedientes que ingresan. 

La sorpresa fue que esta vez el oficialismo no se quedó con todas las presidencias: cedió la de Seguridad a Lafalce y la Desarrollo Económico a Rivas, en el marco del acuerdo político que mantiene a esos bloques cerca del intendente Cecilio Salazar.

El Concejo Deliberante tuvo este jueves, como todos los segundos y cuartos de cada mes de marzo a noviembre inclusive, sesión ordinaria. Fue un pasaje corto por parte de los ediles en el recinto, que no duró mucho más de 10 minutos.

Es que en el orden del día había apenas tres expedientes y fuera del temario previsto se tomaron unos minutos para hacer referencia al violento asalto que dos horas antes había sufrido la familia Tettamanti en la joyería de Pellegrini al 1000.

Fue lo que se dice una verdadera “sesión exprés” para los 18 concejales de cuatro bloques cuya dieta “pura”, es decir sin sumar antigúedad ni descuentos de ley, superará los 440 mil pesos el mes que viene cuando se aplique, para el aguinaldo —que también cobran—, la segunda cuota de aumento para los trabajadores municipales, que por supuesto engrosa los bolsillos políticos.

En el orden del día había dos dictámenes de comisión y una nota de particulares, la elevada por la artista Sofía Alcón para pedir que el espectáculo multisensorial Haz que suceda, que estrenará el 10 de junio en el Centro Cultural Abelardo Castillo, sea declarado de interés municipal.

Los dos dictámenes eran uno de Planeamiento, para aprobar la ordenanza de cesión de un fracción de terreno destinado a espacio verde; el otro, la declaración de interés municipal del San Pedro Country Music Festival, con las correspondientes eximiciones de tributos municipales.

Una vez ingresada la nota de Alcón y aprobados los dos expedientes dictaminados, la concejala Paola Basso pidió la palabra para referirse al asalto a la joyería Tettamanti, tras lo que dieron por finalizada la sesión ordinaria.