Tras días sin suministro eléctrico y por orden de la Justicia, Coopser reconectó el servicio al maxi kiosco y librería ubicado en Colón 978.

Luego de días llenos de angustia y tristeza, la dueña del comercio informó que, alrededor de las 11.45 de este viernes, personal de la cooperativa llegó al lugar.

"Tengo una emoción bárbara, contenta de poder trabajar de nuevo", dijo la mujer, que aseguró que cuando "le bajaron la luz de nuevo" se quebró entre lágrimas.

La reconexión llega luego de la resolución de la Justicia, que dispuso que mientras las facturas correspondientes estén pagas, el servicio deberá garantizarse hasta que se dictamine una sentencia definitiva para la causa por presunto fraude. 

Tras más de 20 días sin suministro eléctrico, la Justicia ordenó a la Coopser reconectar de manera inmediata el servicio al maxi kiosco y librería ubicado en Colón 978.

El pasado sábado, el comercio continuaba sin suministro luego de que la cooperativa acusara a su propietaria de un presunto fraude. 

Según explicó su abogado defensor, el doctor Javier Silva, en Sin Galera, la titular del local cumplió con las modificaciones exigidas e instaló un nuevo caño de bajada independiente.

Sin embargo, posteriormente recibió una carta documento en la que se la intimaba a pagar más de 1.140.000 pesos y, al no abonar esa suma, el servicio fue interrumpido.

“No hay prueba de que haya existido fraude. La intiman a pagar una suma millonaria y, como no lo hace, le cortan el servicio en diez días, sin posibilidad real de defensa”, había advertido el letrado.

Ante esta situación, el abogado presentó un recurso de amparo y solicitó una medida cautelar para que se ordenara la inmediata reconexión del suministro hasta tanto se determine con prueba plena si existió o no la irregularidad señalada.

La Justicia hizo lugar al pedido y resolvió que la Coopser debe reconectar “en forma inmediata el fluido eléctrico correspondiente al inmueble” de Colón 978.

Asimismo, el juez dispuso que, en la medida en que se continúen abonando las facturas correspondientes, el servicio deberá mantenerse hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Un grupo de vecinos de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, presentó en el Concejo Deliberante y ante el intendente una nota para que intercedan ante la cooperativa eléctrica Coopser para la instalación de medidores de luz.

Los vecinos que firmaron la nota residen en la zona que va desde la bajada hacia Papel Prensa, un sector que tiene mayores dificultades para el acceso al servicio de electricidad y donde la gente, como en la mayoría del barrio, tiene conexiones clandestinas.

Los habitantes de la zona quieren "cumplir con nuestro derecho a pagar por los servicios eléctricos que consumimos y tener mejores condiciones", señalaron en la nota, que ingresó este martes a las 8.45 por mesa de entrada del Concejo.

Cinco minutos después, a las 8.50, el concejal opositor Martín Rivas presentó un proyecto de resolución para transformar la nota de los vecinos en expediente con tratamiento legislativo, que será debatido en la sesión de este jueves.

En el proyecto, Rivas pide al Gobierno que "celebre los convenios necesarios con Coopser con el objetivo de garantizar la instalación de medidores" en las viviendas de La Tosquera que lo necesite, para lo que solicita que haga un relevamiento.

Si bien hay muchas viviendas que tienen medidor, los trámites ante Coopser suelen demorar, sobre todo porque la cooperativa tiene una política de no instalarlos en inmuebles cuyos ocupantes no pueden acreditar propiedad, alquiler o comodato.

A pesar de que con el certificado de domicilio debería bastar, muchas veces los vecinos terminan haciendo largas gestiones, en múltiples ocasiones acompañados por el Movimiento de Trabajadores Excluidos que hace años tiene trabajo territorial en la zona.

Los Cazadores, además, forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un relevamiento del Estado nacional creado en el marco de la ley de regularización dominial para la integración sociourbana.

Conocida como "ley de barrios populares", fue sancionada con el objetivo fundamental de llevar servicios a asentamientos precarios por cuestiones sanitarias y de seguridad.

La obra que el Gobierno de Javier Milei suspendió en el marco de la revisión de todos los proyectos del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) contemplaba sumar potencia con un transformador para permitir la regularización de las conexiones de electricidad en toda la localidad.

Esa etapa estaba prevista luego de la que quedó trunca. Tras la construcción del SUM, la pavimentación con adoquines de la bajada y de veredas en todo el recorrido costero, iban a ampliar la red de agua potable, para lo que instalaron la cañería. Todo quedó a la espera de la reactivación de las obras.