Un operativo policial fue diagramado para acompañar los festejos por la final del Mundial. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, quien destacó que el objetivo será garantizar que las familias puedan celebrar con tranquilidad, prevenir incidentes y evitar daños, aunque dejó en claro que la decisión es no impedir las manifestaciones populares en la vía pública.

Señaló que el despliegue de seguridad ya fue coordinado y contará con una importante presencia policial en distintos puntos de la ciudad.

"Nuestra política es no prohibir que la gente festeje", afirmó el funcionario, quien explicó que el objetivo será preservar el orden sin impedir las celebraciones que habitualmente se producen tras los partidos de la Selección Argentina.

En ese sentido, defendió el operativo implementado durante la anterior celebración mundialista (cuando la Argentina enfrentó a Inglaterra) y consideró que, pese a los enfrentamientos registrados entre grupos antagónicos, el resultado fue positivo desde el punto de vista preventivo.

"Más allá de lo que se diga, el operativo del día pasado fue exitoso. Hubo peleas entre barras, pero no se atacaron los comercios, no entraron las motos al microcentro y no se agredió a las familias que estaban festejando", sostuvo. Agregó que la estrategia policial consistió en evitar que los incidentes se extendieran a quienes participaban pacíficamente de la celebración.

De cara al encuentro decisivo, Álvarez adelantó que habrá "muchos efectivos" afectados al operativo y que se repetirán los cortes de tránsito necesarios para ordenar la circulación y proteger a quienes se concentren en los lugares habituales de festejo.

El funcionario también consideró que, independientemente del resultado deportivo, la comunidad saldrá a las calles. "Creo que va a haber festejos más allá del resultado. Confío en que sea una victoria, pero sea cual sea el resultado, la gente va a celebrar y lo tiene merecido", expresó.

Este será uno de los últimos operativos coordinados por Álvarez al frente de la Secretaría de Seguridad, ya que confirmó que continuará en funciones únicamente hasta que sea relevado por la nueva conducción del área.

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, dejará el gabinete municipal, confirmaron a La Opinión el intendente Cecilio Salazar y el propio funcionario.

Álvarez había pedido licencia por vacaciones y volvió la semana pasada, cuando ya había renunciado el exjefe de Gabinete Alfredo Carrasco, bajo cuya órbita había llegado a San Pedro.

Esta semana, el secretario de Seguridad mantuvo una larga reunión con el intendente, tras la que comenzó a despedirse de sus subalternos en el área.

Consultado por La Opinión respecto de su salida del Gobierno, Salazar dijo que estaba "viendo eso" y que sería efectiva "la semana que viene", mientras resuelven el reemplazo.

Por su parte, Álvarez confirmó a La Opinión que su partida es un hecho y que entrará en vigencia “desde fin de mes”.

“Hay que oxigenar la gestión, y hay un desgaste. Es una silla compleja y demandante”, dijo Eduardo Álvarez.

Eduardo Álvarez juró como secretario de Seguridad el 1 de julio de 2025. Llegó de la mano de Alfredo Carrasco, proveniente de Salto, donde se había instalado junto a su esposa.

Oriundo del noroeste del país y formado en el Ejército Argentino, Álvarez había sido funcionario público en la provincia de Salta.

Asumió en San Pedro "con el compromiso de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la respuesta ante los hechos que generan preocupación en la comunidad".

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Eduardo Álvarez, estará ausente al menos una semana tras solicitar licencia por vacaciones, confirmó el propio funcionario a La Opinión.

La consulta surgió en medio de versiones acerca de un posible alejamiento de su cargo, rumor que desde hace varias semanas es comidilla en los pasillos de la Municipalidad y que involucran no solo a su nombre sino a otros hombres y mujeres que llegaron al Gobierno de la mano del secretario privado, Alfredo Carrasco.

Álvarez informó que solicitó licencia porque desde que asumió en San Pedro, en julio del año pasado, no se había tomado vacaciones y que tiene "obligaciones en el norte" del país, de donde es oriundo, aunque antes de llegar a la ciudad se había instalado en Salto.

Respecto de las versiones sobre su salida del cargo, señaló: "Yo renunciar no he renunciado, aunque muchos quieren que lo haga".

Las versiones en torno a presuntos cambios en el gabinete circulan en Palacio desde hace algunas semanas. El día que vino Kicillof, La Opinión consultó al respecto a Alfredo Carrasco.

La pregunta fue si había presentado alguna nota por Mesa de Entradas, que es la modalidad en la que se cursan las renuncias. El ex jefe de gabinete de Salazar dijo que no. En Salud también hubo versiones de presuntos alejamientos.

Hasta ahora, lo único que hay en torno a todos esos rumores es la certeza de la licencia del secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez. Lo que ocurrirá a su regreso, todavía no se sabe.

Pasadas las 18.00 de este lunes, la Comisaría de San Pedro remitió a los medios el parte de prensa diario correspondiente a los últimos cuatro días. El jueves había sido el último envío.

Llamó la atención el viernes que no remitieran las intervenciones, como hacen a diario. Los encargados de enviarlo dijeron que no habían recibido novedades para comunicar. Pasó lo mismo el sábado, el domingo y este lunes por la mañana.

Habitualmente, la policía remite el parte temprano. Se trata de un informe que contiene, desde hace un tiempo, sólo los hechos esclarecidos, con allanamientos, detenciones, aprehensiones, etc,, y también los accidentes de tránsito y los operativos de saturación.

Antes, históricamente, esos partes incluían todos los hechos policiales denunciados. Ahora, de los que están en investigación la comunidad se entera si las víctimas o sus allegados informan a la prensa por sus propios medios o ante consultas periodísticas.

El cambio de política respecto de la información fue motivo de un recordado cruce del secretario de Seguridad Eduardo Álvarez con Lilí Berardi en Sin Galera. "Yo no le miento, quizás le digo menos de lo que usted quiere saber", dijo ese día el funcionario.

El domingo, tras tres días consecutivos sin parte, La Opinión consultó al jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano, máxima autoridad policial en la ciudad. Escueto, dijo que hoy se ocuparía del asunto. Finalmente, pasadas las 18.00 llegaron los cuatro partes juntos.

La situación habría sido provocada por una diferencia de criterio que habría planteado Álvarez a la Policía respecto de qué y cómo se informan los hechos que llegan en esos partes de prensa diarios.

Aunque en la fuerza nadie dice esta boca es mía, en el propio Gobierno hay quienes aseguran que Álvarez habría expresado su descontento con los partes de prensa policiales, lo que derivó en un debate al respecto y hasta habrían evaluado que sea la Secretaría de Seguridad la que los remita, en lugar de la Comisaría.

La cuestión, todo indica, se zanjó este lunes por la tarde y todo volvería a la normalidad a partir del martes. El parte policial remitido a la prensa no tiene otra misión que la de mantener informada a la población respecto de los hechos delictivos que ocurren en la ciudad y las intervenciones que al respecto lleva adelante la policía.

Los hechos del parte de hoy fueron cuatro allanamientos por amenazas agravadas que resultaron con el secuestro de un revólver y municiones, con una mujer aprehendida y notificada; y un aprehendido por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad.

En el de ayer domingo figuran un aprehendido con comparendo de la UFI del Joven; el choque del patrullero con una Suran que en el parte fue registrado como un "automóvil Renault"; otro aprehendido con requerimiento  judicial por robo.

También un accidente entre moto y auto ocurrido en Litoral y Pavón que derivó en una discusión y forcejeo entre ambos conductores, uno de 33 y otro de 86 años, tras lo que el octogenario cayó y golpeó la cabeza contra el cordón, por lo que hubo que aplicarle 15 puntos de sutura en el cuero cabelludo.

En Río Tala secuestraron una moto Yamaha FZ 150 que había sido robada a una mujer en abril pasado. También aprehendieron a un joven que tenía requerimiento judicial por un hecho de hurto y a un muchacho de 24 años que rompió la ventana de la casa de su madre, de 39, y le pegó en la cara.

El parte que debería haber llegado el sábado contiene una aprehensión a un joven de 22 años que tenía un porro y medio, cuya causa deberá ser archivada de acuerdo a la jurisprudencia vigente.

También aprehendieron a otro joven de la misma edad que tenía un requerimiento judicial por una causa por robo y a un hombre de 42 años que alteraba el orden público en estado de ebriedad.

En Ruffa al 1500 hubo un allanamiento en el que secuestraron envoltorios de cocaína que arrojaron un peso total de 10 gramos y aprehendieron a una chica de 17 años, que fue imputada por tenencia de estupefacientes para consumo personal, por lo que la causa también deberá ser archivada.

En la zona de 11 de Septiembre y Albandea apresaron aun hombre de 43 años que había causado daños en el auto de una mujer de 37. Cuando llegó la policía, se tornó hostil contra los efectivos, por lo que también lo imputaron por resistencia a la autoridad.

Además, aprehendieron a un hombre que portaba un cuchillo y a otro, de 26 años, que agredió a su cuñado con un elemento cortopunzante.

En el parte con los hechos del jueves, que debería haber sido remitido el viernes, aparecen la aprehensión a un nene de 13 años que llevaba un arma tipo tumbera; y la de un hombre de 36 que había robado el estéreo de un auto estacionado en Javier Rivero al 1300.

También figura un allanamiento en Casella y Combate de Obligado en el que secuestraron un revólver con municiones en el marco de una causa por amenazas agravadas. 

Tras el desplazamiento de Adriana Macchi como coordinadora del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad que reveló La Opinión este fin de semana, el Gobierno ya designó a otra persona en su lugar.

La coordinación del equipo de trabajadores que controla las imágenes que toman las cámaras de seguridad de la ciudad quedó en manos de otro empleado del área.

Identificado como Diego Domínguez, antes de llegar al Centro de Monitoreo se desempeñaba en la Dirección de Turismo y desde hace tiempo formaba parte del grupo que se ocupa de las cámaras de videovigilancia públicas.

Macchi fue desplazada por una decisión política que se tomó en Palacio y que no está relacionada con su desempeño laboral en el Centro de Monitoreo sino con situaciones externas que generaron impacto en la mesa chica del Gobierno.

Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó la imposición del nombre de oficial Nelson Lillo a la central de operaciones de la Secretaría de Seguridad, el edificio donde funciona el Centro de Monitoreo cuya sala recuerda a otro policía caído en el cumplimiento del deber, Gabriel Reyna.

El proyecto fue elevado por el bloque Acuerdo Vecinal cuando se cumplieron ocho años del asesinato de Lillo, quien murió tras ser baleado por el reconocido delincuente Roberto Branto Ayala en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar, en el marco del asalto a un camión repartidor.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los 17 concejales presentes —la edila de La Cámpora Tamara Vlaeminck no estuvo en la sesión— y la sesión contó con la presencia de Cristina, madre de Nelson Lillo.

Tras la votación el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, hizo entrega a la madre del oficial de policía caído en cumplimiento del deber de una placa recordatoria y de la copia de la ordenanza.

La denominación de la sede de la Secretaría de Seguridad es el tercer homenaje del que es objeto Nelson Lillo, cuyo nombre fue impuesto a la plaza del barrio Futuro, del que era vecino, y en cuyo recuerdo hay una placa en la esquina del edificio de Desarrollo Humano, donde lo asesinaron.

El domingo se cumplieron ocho años del día en que el policía sampedrino Nelson Lillo, de 25 años, fue asesinado por delincuentes cuando intervino ante el robo a un repartidor afuera de un supermercado ubicado en Rivadavia y Oliveira Cézar.

En ese marco, los concejales del bloque Acuerdo Vecinal elevaron un proyecto de ordenanza para que el edificio del centro de monitoreo donde funciona la Secretaría de Seguridad lleve el nombre del agente caído en cumplimiento del deber.

Los concejales De Rosa, Rivas y Negrete informaron que la iniciativa cuenta con aval del Gobierno de Cecilio Salazar y el visto bueno de la familia Lillo, por lo que todo indica que cuando sea tratada tendrá los votos para ser aprobada.

La propuesta es denominar Nelson Lillo a la "central de operaciones" donde funciona la sala de monitoreo, que lleva el nombre de Gabriel Reyna, otro policía fallecido en cumplimiento del deber, en ocasión del asalto a la joyería Taibo, en 2013.

Nelson Lillo cuenta con un homenaje y reconocimiento en el barrio Futuro, donde vivió desde niño, cuya plaza lleva su nombre desde octubre de 2023. Este domingo, como ante cada aniversario, dejaron una ofrenda floral en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar, donde una placa lo recuerda.

La retención indebida de un móvil policial en un taller mecánico disparó una serie de comentarios respecto a las actitudes que el Municipio adopta frente a la posibilidad de buscar proveedores sustitutos mientras mantiene deudas importantes con quienes ya entregaron servicios o mercaderías. 

El vehículo policial estuvo más de 15 horas dentro del taller de Pellegrini al 2700 y por tratarse de un vehículo oficial, la Justicia ordenó que el móvil fuera restituido a la comisaría. En apariencia ese rodado no es el único que está en el interior del local.

¿Hay otros autos municipales en el lugar? Nadie lo confirmó. Sin embargo, se supo que dos unidades estaban en reparación. 

Si la posición del propietario del taller es la misma, tal vez permanezcan en el lugar por tiempo indeterminado. Entiéndase por esto que, hasta que no salden parte de la deuda no habrá entrega.

Si bien el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, intentó morigerar la situación, tras haber reconocido que existen demoras en los pagos a ese taller, también argumentó que no puede hacerse cargo de la deuda que dejaron gestiones anteriores. ¿A quién se refiere?

El acumulado es “muy, pero muy significativo”, se señaló, “y hasta podría ser superior”, agregaron fuentes allegadas al caso que mantiene en vilo a los proveedores de la comuna.

Haber seguido aceptando la reparación pese a que no se cancelaban las deudas, mínimamente reveló la esperanza que el mecánico albergaba para poder cobrar algún día. 

La situación puntual de este proveedor se agravó a partir de la pandemia por el Covid. El cambio de mando en el Municipio y la llegada del por entonces secretario de Hacienda Fabián Rodríguez trastocó la confianza. 

El trayecto hasta Pellegrini 150 dejó sus huellas y la gran mayoría de las veces sin un cheque como respuesta. Eran los tiempos de Ramón Salazar. 

Ni siquiera se apiadaron de los compromisos impositivos del negocio, que paga todos los tributos nacionales y provinciales, como “el millonario IVA que debieron enfrentar un año, pese a la promesa de que el dinero estaría disponible”, indicaron quienes se acercaron a La Opinión.

Por estas horas todo depende de lo que resuelva el intendente Cecilio Salazar, quien está en conocimiento de la realidad y analiza cómo solucionar la coyuntura que evite la polémica pública.

Posiblemente, detrás del mecánico, se precipiten otros casos como el de un martillero que prestó sus servicios hace más de un año y aún peregrina los pasillos municipales para cobrar lo que le deben. Los conflictos están latentes.

Personal de Prefectura Naval Argentina fue convocada para intervenir en un taller mecánico ubicado en la zona de Pellegrini al 2700 con el objetivo rescatar el interior del local un patrullero de la policía, retenido por el dueño, que no lo quería entregar por falta de pago.

El móvil policial pertenece a un destacamento. Desde anoche, por calle Laprida, está apostado un patrullero de Prefectura que fue dispuesto por orden de la Justicia para recuperar el vehículo retenido, aunque pasado el mediodía de este miércoles todavía no lo habían sacado del interior.

El patrullero policial fue llevado a ese taller, como tantas otras veces llevaron rodados de la Comisaría, para reparaciones. Sin embargo, terminado el trabajo, el mecánico advirtió que no lo iba a entregar si la Municipalidad no le pagaba las deudas.

El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez, tiene a su cargo el pago de las reparaciones menores de los móviles policiales.

Con el proveedor titular de este taller tienen deudas y, según aseguraron a La Opinión, serían varias las facturas atrasadas que llevaron al mecánico a tomar la decisión de no querer entregar el patrullero.

El problema es que esa decisión comporta una retención indebida que rápidamente obligó a la intervención de la Justicia. 

Por eso, se esperaba que Prefectura irrumpiera en cualquier momento en el taller para cumplir con la orden de restituir el móvil policial. 

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, podrá concurrir al mismo lugar de trabajo que la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral. Así lo dispuso el juez de Paz, José Ignacio Macchia.

El magistrado accedió a una solicitud que elevó el Gobierno a través del área de Legal y Técnica en la que sostuvo que la exclusión perimetral que disponía un límite de al menos 30 metros de distancia entre las partes comportaba problemas operativos.

Como la medida original implicaba disponer horarios laborales distintos para evitar que se crucen, el Gobierno consideró que esa resolución genera impacto negativo en la prestación de servicios a la que el Municipio está obligado.

La Municipalidad señaló que la medida, tal como estaba, implicaba una "fragmentación en la cadena de mando" y una "sobrecarga del personal" que derivaba en dificultades para el desarrollo de la tarea cotidiana.

El compromiso del Gobierno es que Álvarez y la denunciante trabajen en sectores separados, con rutas de circulación y lugares de uso común diferenciados,.

Además. ofreció monitoreo permanente de la Subsecretaría de Género con personal especializado, que tendrá la responsabilidad de documentar el cumplimiento de las medidas.

Una bombacha tipo tanga negra con rosa apareció abandonada en uno de los baños de mujeres del edificio municipal denominado Polo de Seguridad, ubicado frente a la Comisaría.

La prenda de ropa interior femenina fue hallada en un rincón, hecha un bollo cerca del inodoro, del baño de mujeres próximo al área de Licencias de Conducir.

Desde que apareció, nadie se hizo cargo de la tanga y entre las empleadas se consultaron por si alguien sabía algo. Pero nada. Misterio.

La bombacha fue retirada por personal de limpieza y todo indica que tendrá como destino la basura, puesto que, por lo visto, nadie irá a reclamarla.

Tras la denuncia que una empleada de la Secretaría de Seguridad radicó en la Comisaría de la Mujer contra el titular del área, Eduardo Álvarez, el Juzgado de Paz tomó medidas para proteger la integridad física y emocional de la víctima.

El juez de Paz, José Macchia, ordenó el "cese de actos de perturbación y hostigamiento" a Álvarez, de manera tal que la empleada pueda "desarrollar su labor de forma correcta y libre de toda intimidación".

La denuncia implica actos  que son pasibles de ser considerados violencia contra la mujer, por lo que hay "riesgo" de "repetición de los hechos" y necesidad de "preservar" la "integridad psicofísica" de la denunciante.

La orden obliga al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez a que "se abstenga y/o cese con los actos de perturbación o intimidatorios y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psciológica/emocional" contra la empleada que lo denunció.

De la misma manera, el funcionario tiene prohibido comunicaciones con ella a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, contacto por redes sociales o de mensajería instantánea, etc. "que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos que generen violencia psicológica".

La medida impuesta no implica exclusión perimetral, por lo que podrán compartir el espacio de trabajo, aunque cualquier situación podría desencadenar otro tipo de resoluciones para con Álvarez.

La vigencia de la orden de cese de actos de perturbación y hostigamiento es por tres meses y podría se prorrogable a pedido de parte. Por lo pronto, rige al menos hasta el 29 de enero del año que viene.

Una empleada de la Secretaría de Seguridad con importantes responsabilidades y muchos años en la Municipalidad denunció al titular del área, Eduardo Álvarez por violencia de género y maltrato laboral.

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la cuestión propiamente laboral era presentada en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El episodio denunciado ocurrió este lunes por la mañana en el despacho del secretario de Seguridad, con otros empleados como testigos y en medio de un griterío que se escuchó en todo el edificio.

La situación se habría desatado por unos expedientes y derivó en discusión, que terminó, según denunció la empleada, con Álvarez rompiéndole en la cara unos documentos.

La trabajadora le advirtió que lo iba a denunciar porque no estaba dispuesta a que la "maltrate como hace con todo el mundo" y se retiró hacia la Comisaría de la Mujer.

En el Ministerio de Trabajo ya hay otras denuncias contra Álvarez por situaciones similares, aunque esta sería la primera que recibe relacionada con cuestiones de género.

En los primeros siete meses del año se registraron 256 siniestros de tránsito, con un promedio mensual de 37 casos por mes.

De estos, en este lapso fallecieron ocho personas, de los que seis fueron conductores de motos. 

En todo 2024 murieron nueve personas, pero en ese año sólo tres circulaban en motos y seis en otros vehículos.

Las estadísticas que recopula la Secretaría de Seguridad del Municipio, a cargo de Eduardo Álvarez, se obtienen desde diferentes fuentes, que incluyen las fuerzas de seguridad, la guardia del Hospital Emilio Ruffa y otras reparticiones.

Existe otra donde participan la Delegación Departamental de Policía Científica (Base Pericial Descentralizada San Pedro) y la Estación de Policía Comunal. 

“En este caso, los registros aportados corresponden a la primera instancia del accidente y, en caso de convertirse un hecho trágico, es la fiscalía de tuno quien se encarga de recaratular la causa”, aclararon desde el organismo.

Entre enero y julio registraron 90 casos con lesionados en todo el partido de San Pedro, con un saldo trágico de seis fallecidos.

Desde el Centro de Monitoreo buscan profundizar la estadística. La tarea de Adriana Macchi sobresale porque, detrás de cada caso, se hace un seguimiento de las víctimas.

Esto ha permitido conocer con certeza que los muertos en el período citado se elevan a ocho. Es decir, dos personas dejaron de existir días después del incidente.

A su vez, por tratarse de un espacio operativo, donde se reciben alertas sobre accidentología, más el cruce de datos con otras reparticiones, los números son diferentes.

Aquí se tienen presente las caídas, despistes, colisiones con o sin intervención policial o el sistema de emergencia del Hospital, lesiones culposas, homicidios culposos y homicidios simples. 

Los datos son recopilados diariamente en la Policía, el servicio 107, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Dirección de Tránsito y los llamados al Centro de Monitoreo.

Esto ha posibilitado contabilizar 265 siniestros de tránsito, ocho con desenlaces fatales, que detrás encierran un pormenorizado análisis que posibilita la obtención de estos datos, como lugares, calles y horarios, entre otros.

Hay que tener en cuenta, además, que cada accidente con lesionados implica la intervención del Servicio de Emergencias Médicas que conduce José Herbas en el Hospital, con el conscuente gasto de insumos que ameritan la atención.

El Gobierno municipal dispuso pasar al dominio del Estado local cinco motocicletas de mediana cilindrada que fueron secuestradas en el marco de operativos de tránsito para afectarlas a la denominada Guardia Urbana que había propuesto Carlos Farré cuando asumió como secretario de Seguridad en enero.

El Municipio había destinado 48 millones de pesos para comprar seis motos Honda o Yamaha 250, que tenían una serie de requerimientos técnicos específicos y para lo que llamaron a licitación.

Aunque hubo dos provedores que se inscribieron y compraron los pliegos, finalmente no presentaron propuesta y la licitación quedó desierta. 

Desde el Gobierno confirmaron a La Opinión que “no se procedió a segundo llamado por cuestiones de fondos” y que, en ese marco, decidieron buscar entre las motos secuestradas que están en condiciones de pasar a dominio público las que encajan en los requerimientos para la guardia urbana.

Son cinco rodados de entre 12 y 200 cc que el personal de la Dirección de Tránsito incautó en diversos operativos y que cumplieron el plazo de ley sin que nadie las vaya a retirar, lo que permite que sean compactadas o que pasen a la órbita municipal.

El Gobierno publicó un edicto para dar aviso respecto de esas motos, que están en condiciones de ser afectadas al uso municipal porque están en buen estado y en condiciones de rodar, aunque hay que hacerles mantenimiento.

Son una Yamaha FZ16, patente 961 GIB que fue secuestrada el 19 de abril de 2024; una Brava 200 dominio A056BRZ, incautada en abril del año pasado.

Una Guerrero GXR200, 850 KUC, retenida en septiembre 2024; una Gilerca VC 150, A101NXO, del 11 de diciembre; y una Jianhse JS125, dominio 302LLW, secuestrada el 29 de diciembre de 2024.

Los titulares de esas motos tienen 15 días para oponerse a la decisión municipal de afectarlas al uso público. Para hacer valer sus derechos sobre los vehículos deben presentarse en el Juzgado de Faltas.

Allí podrán tramitar la restitución, previa presentación de la documentación que acredite la propiedad y el pago de multas, derechos de oficina, acarreo y estadía más accesorios y honorarios.

Como adelantó Sin Galera el sábado, el nuevo secretario de Seguridad ciudadana del gabinete de Cecilio Salazar, Eduardo Álvarez, asumió en el cargo este martes.

El intendente le tomó juramento de ley a Álvarez en el despacho municipal, en una ceremonia al que no fue convocada la prensa, tal como acostumbra el Gobierno de Salazar.

Eduardo Álvarez es oficial retirado del Ejército argentino y oriundo de la vecina ciudad de Salto. Prestó juramento ante una Biblia y expresó palabras ante funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que el Gobierno no reprodujo en la gacetilla oficial que difundió el área de Prensa.

Sí reprodujeron que el intendente "remarcó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo", algo que Carlos Farré y Gabriel Cabral lograron en poco tiempo desde que asumieron en febrero, tras las marchas por inseguridad en las que la población reclamó al Gobierno, lo que precipitó la salida Méndez y Salas, la cúpula anterior del área.

"Álvarez, de formación castrense y oriundo de la ciudad de Salto, se incorpora al gabinete municipal con el compromiso de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la respuesta ante los hechos que generan preocupación en la comunidad", informó el Ejecutivo en su gacetilla.

Además, señalaron que Salazar agradeció a Cabral, que dejó el cargo para asumir responsabilidades en el ámbito privado en su ciudad de origen, San Nicolás, "por la tarea realizada, destacando el compromiso y la responsabilidad con la que desempeñó sus funciones".

Gabriel Cabral se despidió de la Secretaría de Seguridad tras casi cinco meses de trabajo como funcionario del gabinete en el Gobierno del intendente Cecilio Salazar.

Había asumido el 6 de febrero como subsecretario junto a Carlos Farré y quedó como titular interino del área cuando aquel renunció para seguir como "asesor".

Comisario retirado de la Policía Bonaerense y oriundo de San Nicolás, Cabral se fue del cargo tras aceptar una oferta del sector privado en esa ciudad, relacionada con la seguridad en entidades bancarias.

Cabral agradeció a la prensa "el trato respetuoso y profesional", así como "las críticas constructivas" que "permitieron corregir errores y mejorar nuestro desempeño".

El ahora ex subsecretario de Seguridad se va satisfecho con la labor desplegada, sobre todo teniendo en cuenta que él y Farré llegaron a la ciudad tras dos marchas y en medio de múltiples reclamos de la ciudadanía.

El viernes, Cabral se despidió del personal de la Secretaría de Seguridad en el Centro de Monitoreo, donde tenía su escritorio, con un repaso de sus tareas y con agradecimientos a los trabajadores.

El lunes por la noche, el funcionario trabajó hasta último momento: participó de allanamientos y monitoreó la intervención de sus subordinados en el incendio de Mitre y Beaumont.

Para la Secretaría de Seguridad, el Gobierno eligió a Eduardo Álvarez, un oficial retirado del Ejército que reside en Salto cuyo nombre fue revelado por Sin Galera el sábado y que, de acuerdo a lo previsto, prestaría juramento ante el intendente este martes.

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral, se va del cargo. Desde el 1 de julio dejará sus funciones, que desde que renunció Carlos Farré lo tienen al frente de la Secretaría en el gabinete del intendente Cecilio Salazar.

La semana pasada, antes del feriado del viernes, el comisario retirado nicoleño le comunicó al Gobierno su decisión, que está relacionada con cuestiones laborales, puesto que se hará cargo de tareas relevantes en el ámbito privado.

Cabral había sido elegido por Salazar para conducir la Secretaría de Seguridad, pero la recomendación del gobernador Axel Kicillof y su ministro Javier Alonso de que los municipios aliados no tengan hombres de las fuerzas en ese cargo hizo que trajeran a un civil para ser su superior, que fue Farré.

La salida del porteño, que volvió a cumplir tareas con el PRO en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo dejó a cargo de manera interina, pero el Municipio tenía que buscar un nuevo secretario civil.

Esa tarea debe acelerarse ahora con la decisión de Cabral de dejar sus funciones, por lo que el lunes estaba previsto que autoridades del gabinete municipal entrevistaran a un candidato a asumir como secretario de Seguridad, cuyo nombre, por lo pronto, es un misterio.

Farré y Cabral lograron en pocos meses de gestión cambiarle la imagen al Gobierno de Salazar respecto de la inseguridad, sobre todo al lograr mayor presencia policial, con intervención de UTOI y articulación entre las distintas fuerzas con asiento en San Pedro, y rápida acción judicial para los allanamientos.

Como adelantó Sin Galera el sábado, el secretario de Seguridad, Carlos Farré, dejó el cargo que había asumido hace casi tres meses en el gabinete de Cecilio Salazar.

Este martes, en conferencia de prensa, el Gobierno oficializó la salida del funcionario. El intendente explicó que se debe a la decisión de Farré de aceptar un cargo en el Ministerio de Seguridad porteño, donde ya trabajó en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta.

Farré agradeció la confianza depositada y tanto Salazar como el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, destacaron la tarea del funcionario mientras estuvo al frente del área.

Como solicitó el gobernador Axel Kicillof a cada Municipio cuyo intendente le responde políticamente, el nuevo secretario de Seguridad que reemplace a Farré será un civil, cuyo nombre, informaron, revelarán en los próximos días.

Mientras tanto, el subsecretario Gabriel Cabral, comisario retirado de la Policía Bonaerense, quedará a cargo de manera interina de lo que denominaron "el equipo" conformado para llevar adelante los lineamientos decididos en el Gobierno tras las dos marchas por inseguridad.

Farré aseguró que todo lo que hizo durante su gestión fueron decisiones políticas del intendente Cecilio Salazar y que siempre respondió a sus órdenes y lineamientos para llevar adelante las tareas relacionadas con el área.

De la misma manera, Salazar sostuvo que más allá de la impronta personal de Farré, las decisiones tomadas tras las marchas por inseguridad siguen guiando el camino en la materia y que el próximo funcionario a cargo continuará en esa senda.

El intendente reconoció que antes de las marchas hubo "deficiencias" en la política de seguridad y destacó que desde entonces lograron articular las fuerzas policiales, acelerar los procesos judiciales y sostener una política preventiva y de contención de los hechos delictivos registrados.

Como reveló Sin Galera el sábado, el secretario de Seguridad municipal, Carlos Farré, dejará el cargo en los próximos días y el Gobierno ya trabaja en la transición para allanar el camino a quien lo reemplace.

Farré no respondió las consultas de La Opinión al respecto y en el gabinete hay hermetismo sobre el tema, aunque todo indica que esta sería la última semana del funcionario en el área.

Farré llegó a San Pedro de la mano de Alfredo Carrasco y juró el 6 de febrero. Experimentado, había cumplido funciones en el Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Su arribo fue junto al subsecretario Gabriel Cabral, comisario retirado nicoleño a quien conoció el día en que asumieron y con quien dividió las tareas operativas del área.

En las oficinas donde Cabral tiene su escritorio nadie sabe nada sobre el futuro. Desconocen si acaso el plan es que él ascienda a secretario o que siga en las funciones actuales o acaso que deba dejar el cargo.

En el Gobierno querían un civil, por eso Farré asumió como secretario y Cabral como segundo. Esta semana deberían tener el nombre del nuevo funcionario para el área, que estaría decidido aunque nadie quiere nombrarlo en voz alta: "El que suena, suena", repiten.

La transición será rápida si es que efectivamente esta será la última semana de Farré —hay quien quiere convencerlo de que se quede algunas más—, que será de apenas tres días, porque el miércoles es el último día hábil.

Farré es el segundo civil que ocupa el cargo de secretario de Seguridad en la era Salazar, aunque el primero fue Diego Solana y durante el interinato de Ramón.

Cecilio tuvo durante muchos años a Eduardo Roleri al frente del  área, hubo un interregno de Juan Carlos Agüero y luego asumió Dante Paolini, todos hombres de la fuerza con distinto rango y experiencia.

Farré llegó para poner una impronta personal a Seguridad. Su primera medida fue reunirse con referentes de diversos sectores de la sociedad civil y diseñar una encuesta entre comerciantes, tras las marchas.

También se reunió con la Procuración, la Fiscalía general y las fiscalas locales, y con los jueces de Garantías que intervienen en los hechos delictivos cometidos en San Pedro.

Durante su gestión desplazaron a la cúpula policial que encabezaban Juan Catalano y Andrés Galiano, reemplazados por un desconocido y poco afecto a la vinculación con la sociedad Rodrigo Pereyra, proveniente del conurbano, y la extitular de la Policía Rural, Paola Vela, vecina de Pueblo Doyle.

A Farré se lo vio en todos y cada uno de los allanamientos que por distintos tipos de delito encabezaron las fuerzas de seguridad, a las que logró articular para el trabajo conjunto.

Además, encabezó junto a personal de su área y de Inspección de Comercios la clausura de diversos negocios que incumplían normativa vigente, especialmente por la venta de alcohol fuera de horario o sin autorizaciónformal.

También denunció personalmente el “puerto seco” ilegal de la colectora de ruta 9, que aseguran funcionaba desde hace mucho tiempo y con la sospecha de personal municipal involucrado.

Uno de sus anuncios más relevantes fue la compra de motos para una “patrulla urbana” que recorrería "zonas calientes", como el centro a la hora de apertura y cierre de comercios.

Para llevar adelante ese plan, lanzaron una licitación cuyo primer llamado quedó desierto. Además, decidieron incorporar personal a la planta municipal.

Porteño y residente en un country de la zona norte, Farré se instaló en San Pedro solo y regresaba los fines de semana para estar con su familia.

Su gestión duró  casi tres meses y se vio resentida por la dinámica interna del propio Gobierno, que en un año de elecciones intenta reordenarse para responder a las demandas de la comunidad.