Tras el desplazamiento de Adriana Macchi como coordinadora del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad que reveló La Opinión este fin de semana, el Gobierno ya designó a otra persona en su lugar.

La coordinación del equipo de trabajadores que controla las imágenes que toman las cámaras de seguridad de la ciudad quedó en manos de otro empleado del área.

Identificado como Diego Domínguez, antes de llegar al Centro de Monitoreo se desempeñaba en la Dirección de Turismo y desde hace tiempo formaba parte del grupo que se ocupa de las cámaras de videovigilancia públicas.

Macchi fue desplazada por una decisión política que se tomó en Palacio y que no está relacionada con su desempeño laboral en el Centro de Monitoreo sino con situaciones externas que generaron impacto en la mesa chica del Gobierno.

Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó la imposición del nombre de oficial Nelson Lillo a la central de operaciones de la Secretaría de Seguridad, el edificio donde funciona el Centro de Monitoreo cuya sala recuerda a otro policía caído en el cumplimiento del deber, Gabriel Reyna.

El proyecto fue elevado por el bloque Acuerdo Vecinal cuando se cumplieron ocho años del asesinato de Lillo, quien murió tras ser baleado por el reconocido delincuente Roberto Branto Ayala en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar, en el marco del asalto a un camión repartidor.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los 17 concejales presentes —la edila de La Cámpora Tamara Vlaeminck no estuvo en la sesión— y la sesión contó con la presencia de Cristina, madre de Nelson Lillo.

Tras la votación el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, hizo entrega a la madre del oficial de policía caído en cumplimiento del deber de una placa recordatoria y de la copia de la ordenanza.

La denominación de la sede de la Secretaría de Seguridad es el tercer homenaje del que es objeto Nelson Lillo, cuyo nombre fue impuesto a la plaza del barrio Futuro, del que era vecino, y en cuyo recuerdo hay una placa en la esquina del edificio de Desarrollo Humano, donde lo asesinaron.

El domingo se cumplieron ocho años del día en que el policía sampedrino Nelson Lillo, de 25 años, fue asesinado por delincuentes cuando intervino ante el robo a un repartidor afuera de un supermercado ubicado en Rivadavia y Oliveira Cézar.

En ese marco, los concejales del bloque Acuerdo Vecinal elevaron un proyecto de ordenanza para que el edificio del centro de monitoreo donde funciona la Secretaría de Seguridad lleve el nombre del agente caído en cumplimiento del deber.

Los concejales De Rosa, Rivas y Negrete informaron que la iniciativa cuenta con aval del Gobierno de Cecilio Salazar y el visto bueno de la familia Lillo, por lo que todo indica que cuando sea tratada tendrá los votos para ser aprobada.

La propuesta es denominar Nelson Lillo a la "central de operaciones" donde funciona la sala de monitoreo, que lleva el nombre de Gabriel Reyna, otro policía fallecido en cumplimiento del deber, en ocasión del asalto a la joyería Taibo, en 2013.

Nelson Lillo cuenta con un homenaje y reconocimiento en el barrio Futuro, donde vivió desde niño, cuya plaza lleva su nombre desde octubre de 2023. Este domingo, como ante cada aniversario, dejaron una ofrenda floral en la esquina de Rivadavia y Oliveira Cézar, donde una placa lo recuerda.

La retención indebida de un móvil policial en un taller mecánico disparó una serie de comentarios respecto a las actitudes que el Municipio adopta frente a la posibilidad de buscar proveedores sustitutos mientras mantiene deudas importantes con quienes ya entregaron servicios o mercaderías. 

El vehículo policial estuvo más de 15 horas dentro del taller de Pellegrini al 2700 y por tratarse de un vehículo oficial, la Justicia ordenó que el móvil fuera restituido a la comisaría. En apariencia ese rodado no es el único que está en el interior del local.

¿Hay otros autos municipales en el lugar? Nadie lo confirmó. Sin embargo, se supo que dos unidades estaban en reparación. 

Si la posición del propietario del taller es la misma, tal vez permanezcan en el lugar por tiempo indeterminado. Entiéndase por esto que, hasta que no salden parte de la deuda no habrá entrega.

Si bien el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, intentó morigerar la situación, tras haber reconocido que existen demoras en los pagos a ese taller, también argumentó que no puede hacerse cargo de la deuda que dejaron gestiones anteriores. ¿A quién se refiere?

El acumulado es “muy, pero muy significativo”, se señaló, “y hasta podría ser superior”, agregaron fuentes allegadas al caso que mantiene en vilo a los proveedores de la comuna.

Haber seguido aceptando la reparación pese a que no se cancelaban las deudas, mínimamente reveló la esperanza que el mecánico albergaba para poder cobrar algún día. 

La situación puntual de este proveedor se agravó a partir de la pandemia por el Covid. El cambio de mando en el Municipio y la llegada del por entonces secretario de Hacienda Fabián Rodríguez trastocó la confianza. 

El trayecto hasta Pellegrini 150 dejó sus huellas y la gran mayoría de las veces sin un cheque como respuesta. Eran los tiempos de Ramón Salazar. 

Ni siquiera se apiadaron de los compromisos impositivos del negocio, que paga todos los tributos nacionales y provinciales, como “el millonario IVA que debieron enfrentar un año, pese a la promesa de que el dinero estaría disponible”, indicaron quienes se acercaron a La Opinión.

Por estas horas todo depende de lo que resuelva el intendente Cecilio Salazar, quien está en conocimiento de la realidad y analiza cómo solucionar la coyuntura que evite la polémica pública.

Posiblemente, detrás del mecánico, se precipiten otros casos como el de un martillero que prestó sus servicios hace más de un año y aún peregrina los pasillos municipales para cobrar lo que le deben. Los conflictos están latentes.

Personal de Prefectura Naval Argentina fue convocada para intervenir en un taller mecánico ubicado en la zona de Pellegrini al 2700 con el objetivo rescatar el interior del local un patrullero de la policía, retenido por el dueño, que no lo quería entregar por falta de pago.

El móvil policial pertenece a un destacamento. Desde anoche, por calle Laprida, está apostado un patrullero de Prefectura que fue dispuesto por orden de la Justicia para recuperar el vehículo retenido, aunque pasado el mediodía de este miércoles todavía no lo habían sacado del interior.

El patrullero policial fue llevado a ese taller, como tantas otras veces llevaron rodados de la Comisaría, para reparaciones. Sin embargo, terminado el trabajo, el mecánico advirtió que no lo iba a entregar si la Municipalidad no le pagaba las deudas.

El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez, tiene a su cargo el pago de las reparaciones menores de los móviles policiales.

Con el proveedor titular de este taller tienen deudas y, según aseguraron a La Opinión, serían varias las facturas atrasadas que llevaron al mecánico a tomar la decisión de no querer entregar el patrullero.

El problema es que esa decisión comporta una retención indebida que rápidamente obligó a la intervención de la Justicia. 

Por eso, se esperaba que Prefectura irrumpiera en cualquier momento en el taller para cumplir con la orden de restituir el móvil policial. 

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, podrá concurrir al mismo lugar de trabajo que la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral. Así lo dispuso el juez de Paz, José Ignacio Macchia.

El magistrado accedió a una solicitud que elevó el Gobierno a través del área de Legal y Técnica en la que sostuvo que la exclusión perimetral que disponía un límite de al menos 30 metros de distancia entre las partes comportaba problemas operativos.

Como la medida original implicaba disponer horarios laborales distintos para evitar que se crucen, el Gobierno consideró que esa resolución genera impacto negativo en la prestación de servicios a la que el Municipio está obligado.

La Municipalidad señaló que la medida, tal como estaba, implicaba una "fragmentación en la cadena de mando" y una "sobrecarga del personal" que derivaba en dificultades para el desarrollo de la tarea cotidiana.

El compromiso del Gobierno es que Álvarez y la denunciante trabajen en sectores separados, con rutas de circulación y lugares de uso común diferenciados,.

Además. ofreció monitoreo permanente de la Subsecretaría de Género con personal especializado, que tendrá la responsabilidad de documentar el cumplimiento de las medidas.

Una bombacha tipo tanga negra con rosa apareció abandonada en uno de los baños de mujeres del edificio municipal denominado Polo de Seguridad, ubicado frente a la Comisaría.

La prenda de ropa interior femenina fue hallada en un rincón, hecha un bollo cerca del inodoro, del baño de mujeres próximo al área de Licencias de Conducir.

Desde que apareció, nadie se hizo cargo de la tanga y entre las empleadas se consultaron por si alguien sabía algo. Pero nada. Misterio.

La bombacha fue retirada por personal de limpieza y todo indica que tendrá como destino la basura, puesto que, por lo visto, nadie irá a reclamarla.

Tras la denuncia que una empleada de la Secretaría de Seguridad radicó en la Comisaría de la Mujer contra el titular del área, Eduardo Álvarez, el Juzgado de Paz tomó medidas para proteger la integridad física y emocional de la víctima.

El juez de Paz, José Macchia, ordenó el "cese de actos de perturbación y hostigamiento" a Álvarez, de manera tal que la empleada pueda "desarrollar su labor de forma correcta y libre de toda intimidación".

La denuncia implica actos  que son pasibles de ser considerados violencia contra la mujer, por lo que hay "riesgo" de "repetición de los hechos" y necesidad de "preservar" la "integridad psicofísica" de la denunciante.

La orden obliga al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez a que "se abstenga y/o cese con los actos de perturbación o intimidatorios y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psciológica/emocional" contra la empleada que lo denunció.

De la misma manera, el funcionario tiene prohibido comunicaciones con ella a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, contacto por redes sociales o de mensajería instantánea, etc. "que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos que generen violencia psicológica".

La medida impuesta no implica exclusión perimetral, por lo que podrán compartir el espacio de trabajo, aunque cualquier situación podría desencadenar otro tipo de resoluciones para con Álvarez.

La vigencia de la orden de cese de actos de perturbación y hostigamiento es por tres meses y podría se prorrogable a pedido de parte. Por lo pronto, rige al menos hasta el 29 de enero del año que viene.

Una empleada de la Secretaría de Seguridad con importantes responsabilidades y muchos años en la Municipalidad denunció al titular del área, Eduardo Álvarez por violencia de género y maltrato laboral.

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la cuestión propiamente laboral era presentada en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El episodio denunciado ocurrió este lunes por la mañana en el despacho del secretario de Seguridad, con otros empleados como testigos y en medio de un griterío que se escuchó en todo el edificio.

La situación se habría desatado por unos expedientes y derivó en discusión, que terminó, según denunció la empleada, con Álvarez rompiéndole en la cara unos documentos.

La trabajadora le advirtió que lo iba a denunciar porque no estaba dispuesta a que la "maltrate como hace con todo el mundo" y se retiró hacia la Comisaría de la Mujer.

En el Ministerio de Trabajo ya hay otras denuncias contra Álvarez por situaciones similares, aunque esta sería la primera que recibe relacionada con cuestiones de género.

En los primeros siete meses del año se registraron 256 siniestros de tránsito, con un promedio mensual de 37 casos por mes.

De estos, en este lapso fallecieron ocho personas, de los que seis fueron conductores de motos. 

En todo 2024 murieron nueve personas, pero en ese año sólo tres circulaban en motos y seis en otros vehículos.

Las estadísticas que recopula la Secretaría de Seguridad del Municipio, a cargo de Eduardo Álvarez, se obtienen desde diferentes fuentes, que incluyen las fuerzas de seguridad, la guardia del Hospital Emilio Ruffa y otras reparticiones.

Existe otra donde participan la Delegación Departamental de Policía Científica (Base Pericial Descentralizada San Pedro) y la Estación de Policía Comunal. 

“En este caso, los registros aportados corresponden a la primera instancia del accidente y, en caso de convertirse un hecho trágico, es la fiscalía de tuno quien se encarga de recaratular la causa”, aclararon desde el organismo.

Entre enero y julio registraron 90 casos con lesionados en todo el partido de San Pedro, con un saldo trágico de seis fallecidos.

Desde el Centro de Monitoreo buscan profundizar la estadística. La tarea de Adriana Macchi sobresale porque, detrás de cada caso, se hace un seguimiento de las víctimas.

Esto ha permitido conocer con certeza que los muertos en el período citado se elevan a ocho. Es decir, dos personas dejaron de existir días después del incidente.

A su vez, por tratarse de un espacio operativo, donde se reciben alertas sobre accidentología, más el cruce de datos con otras reparticiones, los números son diferentes.

Aquí se tienen presente las caídas, despistes, colisiones con o sin intervención policial o el sistema de emergencia del Hospital, lesiones culposas, homicidios culposos y homicidios simples. 

Los datos son recopilados diariamente en la Policía, el servicio 107, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Dirección de Tránsito y los llamados al Centro de Monitoreo.

Esto ha posibilitado contabilizar 265 siniestros de tránsito, ocho con desenlaces fatales, que detrás encierran un pormenorizado análisis que posibilita la obtención de estos datos, como lugares, calles y horarios, entre otros.

Hay que tener en cuenta, además, que cada accidente con lesionados implica la intervención del Servicio de Emergencias Médicas que conduce José Herbas en el Hospital, con el conscuente gasto de insumos que ameritan la atención.

El Gobierno municipal dispuso pasar al dominio del Estado local cinco motocicletas de mediana cilindrada que fueron secuestradas en el marco de operativos de tránsito para afectarlas a la denominada Guardia Urbana que había propuesto Carlos Farré cuando asumió como secretario de Seguridad en enero.

El Municipio había destinado 48 millones de pesos para comprar seis motos Honda o Yamaha 250, que tenían una serie de requerimientos técnicos específicos y para lo que llamaron a licitación.

Aunque hubo dos provedores que se inscribieron y compraron los pliegos, finalmente no presentaron propuesta y la licitación quedó desierta. 

Desde el Gobierno confirmaron a La Opinión que “no se procedió a segundo llamado por cuestiones de fondos” y que, en ese marco, decidieron buscar entre las motos secuestradas que están en condiciones de pasar a dominio público las que encajan en los requerimientos para la guardia urbana.

Son cinco rodados de entre 12 y 200 cc que el personal de la Dirección de Tránsito incautó en diversos operativos y que cumplieron el plazo de ley sin que nadie las vaya a retirar, lo que permite que sean compactadas o que pasen a la órbita municipal.

El Gobierno publicó un edicto para dar aviso respecto de esas motos, que están en condiciones de ser afectadas al uso municipal porque están en buen estado y en condiciones de rodar, aunque hay que hacerles mantenimiento.

Son una Yamaha FZ16, patente 961 GIB que fue secuestrada el 19 de abril de 2024; una Brava 200 dominio A056BRZ, incautada en abril del año pasado.

Una Guerrero GXR200, 850 KUC, retenida en septiembre 2024; una Gilerca VC 150, A101NXO, del 11 de diciembre; y una Jianhse JS125, dominio 302LLW, secuestrada el 29 de diciembre de 2024.

Los titulares de esas motos tienen 15 días para oponerse a la decisión municipal de afectarlas al uso público. Para hacer valer sus derechos sobre los vehículos deben presentarse en el Juzgado de Faltas.

Allí podrán tramitar la restitución, previa presentación de la documentación que acredite la propiedad y el pago de multas, derechos de oficina, acarreo y estadía más accesorios y honorarios.

Como adelantó Sin Galera el sábado, el nuevo secretario de Seguridad ciudadana del gabinete de Cecilio Salazar, Eduardo Álvarez, asumió en el cargo este martes.

El intendente le tomó juramento de ley a Álvarez en el despacho municipal, en una ceremonia al que no fue convocada la prensa, tal como acostumbra el Gobierno de Salazar.

Eduardo Álvarez es oficial retirado del Ejército argentino y oriundo de la vecina ciudad de Salto. Prestó juramento ante una Biblia y expresó palabras ante funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que el Gobierno no reprodujo en la gacetilla oficial que difundió el área de Prensa.

Sí reprodujeron que el intendente "remarcó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo", algo que Carlos Farré y Gabriel Cabral lograron en poco tiempo desde que asumieron en febrero, tras las marchas por inseguridad en las que la población reclamó al Gobierno, lo que precipitó la salida Méndez y Salas, la cúpula anterior del área.

"Álvarez, de formación castrense y oriundo de la ciudad de Salto, se incorpora al gabinete municipal con el compromiso de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la respuesta ante los hechos que generan preocupación en la comunidad", informó el Ejecutivo en su gacetilla.

Además, señalaron que Salazar agradeció a Cabral, que dejó el cargo para asumir responsabilidades en el ámbito privado en su ciudad de origen, San Nicolás, "por la tarea realizada, destacando el compromiso y la responsabilidad con la que desempeñó sus funciones".

Gabriel Cabral se despidió de la Secretaría de Seguridad tras casi cinco meses de trabajo como funcionario del gabinete en el Gobierno del intendente Cecilio Salazar.

Había asumido el 6 de febrero como subsecretario junto a Carlos Farré y quedó como titular interino del área cuando aquel renunció para seguir como "asesor".

Comisario retirado de la Policía Bonaerense y oriundo de San Nicolás, Cabral se fue del cargo tras aceptar una oferta del sector privado en esa ciudad, relacionada con la seguridad en entidades bancarias.

Cabral agradeció a la prensa "el trato respetuoso y profesional", así como "las críticas constructivas" que "permitieron corregir errores y mejorar nuestro desempeño".

El ahora ex subsecretario de Seguridad se va satisfecho con la labor desplegada, sobre todo teniendo en cuenta que él y Farré llegaron a la ciudad tras dos marchas y en medio de múltiples reclamos de la ciudadanía.

El viernes, Cabral se despidió del personal de la Secretaría de Seguridad en el Centro de Monitoreo, donde tenía su escritorio, con un repaso de sus tareas y con agradecimientos a los trabajadores.

El lunes por la noche, el funcionario trabajó hasta último momento: participó de allanamientos y monitoreó la intervención de sus subordinados en el incendio de Mitre y Beaumont.

Para la Secretaría de Seguridad, el Gobierno eligió a Eduardo Álvarez, un oficial retirado del Ejército que reside en Salto cuyo nombre fue revelado por Sin Galera el sábado y que, de acuerdo a lo previsto, prestaría juramento ante el intendente este martes.

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral, se va del cargo. Desde el 1 de julio dejará sus funciones, que desde que renunció Carlos Farré lo tienen al frente de la Secretaría en el gabinete del intendente Cecilio Salazar.

La semana pasada, antes del feriado del viernes, el comisario retirado nicoleño le comunicó al Gobierno su decisión, que está relacionada con cuestiones laborales, puesto que se hará cargo de tareas relevantes en el ámbito privado.

Cabral había sido elegido por Salazar para conducir la Secretaría de Seguridad, pero la recomendación del gobernador Axel Kicillof y su ministro Javier Alonso de que los municipios aliados no tengan hombres de las fuerzas en ese cargo hizo que trajeran a un civil para ser su superior, que fue Farré.

La salida del porteño, que volvió a cumplir tareas con el PRO en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo dejó a cargo de manera interina, pero el Municipio tenía que buscar un nuevo secretario civil.

Esa tarea debe acelerarse ahora con la decisión de Cabral de dejar sus funciones, por lo que el lunes estaba previsto que autoridades del gabinete municipal entrevistaran a un candidato a asumir como secretario de Seguridad, cuyo nombre, por lo pronto, es un misterio.

Farré y Cabral lograron en pocos meses de gestión cambiarle la imagen al Gobierno de Salazar respecto de la inseguridad, sobre todo al lograr mayor presencia policial, con intervención de UTOI y articulación entre las distintas fuerzas con asiento en San Pedro, y rápida acción judicial para los allanamientos.

Como adelantó Sin Galera el sábado, el secretario de Seguridad, Carlos Farré, dejó el cargo que había asumido hace casi tres meses en el gabinete de Cecilio Salazar.

Este martes, en conferencia de prensa, el Gobierno oficializó la salida del funcionario. El intendente explicó que se debe a la decisión de Farré de aceptar un cargo en el Ministerio de Seguridad porteño, donde ya trabajó en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta.

Farré agradeció la confianza depositada y tanto Salazar como el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, destacaron la tarea del funcionario mientras estuvo al frente del área.

Como solicitó el gobernador Axel Kicillof a cada Municipio cuyo intendente le responde políticamente, el nuevo secretario de Seguridad que reemplace a Farré será un civil, cuyo nombre, informaron, revelarán en los próximos días.

Mientras tanto, el subsecretario Gabriel Cabral, comisario retirado de la Policía Bonaerense, quedará a cargo de manera interina de lo que denominaron "el equipo" conformado para llevar adelante los lineamientos decididos en el Gobierno tras las dos marchas por inseguridad.

Farré aseguró que todo lo que hizo durante su gestión fueron decisiones políticas del intendente Cecilio Salazar y que siempre respondió a sus órdenes y lineamientos para llevar adelante las tareas relacionadas con el área.

De la misma manera, Salazar sostuvo que más allá de la impronta personal de Farré, las decisiones tomadas tras las marchas por inseguridad siguen guiando el camino en la materia y que el próximo funcionario a cargo continuará en esa senda.

El intendente reconoció que antes de las marchas hubo "deficiencias" en la política de seguridad y destacó que desde entonces lograron articular las fuerzas policiales, acelerar los procesos judiciales y sostener una política preventiva y de contención de los hechos delictivos registrados.

Como reveló Sin Galera el sábado, el secretario de Seguridad municipal, Carlos Farré, dejará el cargo en los próximos días y el Gobierno ya trabaja en la transición para allanar el camino a quien lo reemplace.

Farré no respondió las consultas de La Opinión al respecto y en el gabinete hay hermetismo sobre el tema, aunque todo indica que esta sería la última semana del funcionario en el área.

Farré llegó a San Pedro de la mano de Alfredo Carrasco y juró el 6 de febrero. Experimentado, había cumplido funciones en el Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Su arribo fue junto al subsecretario Gabriel Cabral, comisario retirado nicoleño a quien conoció el día en que asumieron y con quien dividió las tareas operativas del área.

En las oficinas donde Cabral tiene su escritorio nadie sabe nada sobre el futuro. Desconocen si acaso el plan es que él ascienda a secretario o que siga en las funciones actuales o acaso que deba dejar el cargo.

En el Gobierno querían un civil, por eso Farré asumió como secretario y Cabral como segundo. Esta semana deberían tener el nombre del nuevo funcionario para el área, que estaría decidido aunque nadie quiere nombrarlo en voz alta: "El que suena, suena", repiten.

La transición será rápida si es que efectivamente esta será la última semana de Farré —hay quien quiere convencerlo de que se quede algunas más—, que será de apenas tres días, porque el miércoles es el último día hábil.

Farré es el segundo civil que ocupa el cargo de secretario de Seguridad en la era Salazar, aunque el primero fue Diego Solana y durante el interinato de Ramón.

Cecilio tuvo durante muchos años a Eduardo Roleri al frente del  área, hubo un interregno de Juan Carlos Agüero y luego asumió Dante Paolini, todos hombres de la fuerza con distinto rango y experiencia.

Farré llegó para poner una impronta personal a Seguridad. Su primera medida fue reunirse con referentes de diversos sectores de la sociedad civil y diseñar una encuesta entre comerciantes, tras las marchas.

También se reunió con la Procuración, la Fiscalía general y las fiscalas locales, y con los jueces de Garantías que intervienen en los hechos delictivos cometidos en San Pedro.

Durante su gestión desplazaron a la cúpula policial que encabezaban Juan Catalano y Andrés Galiano, reemplazados por un desconocido y poco afecto a la vinculación con la sociedad Rodrigo Pereyra, proveniente del conurbano, y la extitular de la Policía Rural, Paola Vela, vecina de Pueblo Doyle.

A Farré se lo vio en todos y cada uno de los allanamientos que por distintos tipos de delito encabezaron las fuerzas de seguridad, a las que logró articular para el trabajo conjunto.

Además, encabezó junto a personal de su área y de Inspección de Comercios la clausura de diversos negocios que incumplían normativa vigente, especialmente por la venta de alcohol fuera de horario o sin autorizaciónformal.

También denunció personalmente el “puerto seco” ilegal de la colectora de ruta 9, que aseguran funcionaba desde hace mucho tiempo y con la sospecha de personal municipal involucrado.

Uno de sus anuncios más relevantes fue la compra de motos para una “patrulla urbana” que recorrería "zonas calientes", como el centro a la hora de apertura y cierre de comercios.

Para llevar adelante ese plan, lanzaron una licitación cuyo primer llamado quedó desierto. Además, decidieron incorporar personal a la planta municipal.

Porteño y residente en un country de la zona norte, Farré se instaló en San Pedro solo y regresaba los fines de semana para estar con su familia.

Su gestión duró  casi tres meses y se vio resentida por la dinámica interna del propio Gobierno, que en un año de elecciones intenta reordenarse para responder a las demandas de la comunidad.

El subsecretario de Seguridad del Municipio, Gabriel Cabral, sostuvo que la salida de los comisarios Juan Ramón Catalano y Andrés Galiano se debió a una determinación del Ministerio de Seguridad, después de la primera marcha: "Lo ha evaluado y decidió remplazarlos”, consideró.

En diálogo con Lili Berardi en Sin Galera, Cabral admitió las responsabilidades que surgen en estos casos. “Mientras estuve al frente de una dependencia siempre dije que la culpa era mía. Si salía bien, era gracias a mi conducción; y si salía mal la culpa también era mía”.

En cuanto a la impronta que piensa otorgarle al área, en conjunto con su superior inmediato, el secretario Carlos Farré, indicó que “Seguridad tiene que coordinar con las fuerzas locales, que son los responsables de la prevención del delito. Y el Municipio debe apoyarlo en la logística, porque existe un convenio que señala que todo lo que el Ministerio no provee debe cubrirlo la Municipalidad”.

Cabral detalló que se otorgan 40 litros de combustible diarios a los patrulleros, a lo que se le debe sumar el mantenimiento de los vehículos, resmas de papel, tóner y otros elementos. 

Ahora se comprarán ocho motos para la Patrulla Urbana, con 24 empleados que serán municipales, “para darle más seguridad a la gente. Y éstos deberán trabajar con la Policía”. 

Asimismo, dijo que su tarea será que “todas las fuerzas policiales trabajen coordinadamente, reduciendo el delito y esclareciéndolo con rapidez" y agregó: A la policía hay que pedirle lo que puede brindar, que es trabajo”.

Consultado sobre los elementos escasos que existen para el accionar policial, Cabral consideró que “uno tiene que administrar los recursos humanos y logísticos. Desde 1996 estuve al frente de una dependencia. Como jefe siempre quise tener más medios, pero hay que trabajar con lo que tenemos y dar respuesta a la ciudadanía”.

Su espacio de trabajo es donde se encuentra el Centro Monitoreo, “que cuenta con 50 cámaras y se están terminando de colocar 50 más, con operadores que están siendo capacitados”. 

A su vez describió que en este lugar es donde se atienden los llamados de los vecinos requiriendo una ambulancia o un móvil policial.

“También se contempla la alerta de la aplicación BasApp, con unas 10 comunicaciones diarias, desde violencia de género hasta personas sospechosas. Se atiende y por protocolo se comunican con la persona y se conoce el motivo del llamado”, explicó el arrecifeño, además de resaltar la importancia del sistema, mediante el cual “se ha evitado hasta ilícitos por la rápida participación policial”.

Como adelantó el sábado en exclusiva Lilí Berardi en el programa Sin Galera, las máximas autoridades de la conducción de la policía en San Pedro son desplazadas de su cargo y ya hay nombres en danza para su reemplazo.

 Aunque no fueron notificados, fue el secretario de Seguridad Carlos Farré  quien confirmó el viernes al gabinete la salidad de ambos. 

El comisario inspector Juan Ramón Catalano y el comisario Andrés Galiano dejarán sus puestos como jefe de la Policía Comunal y titular de la Comisaría local, una decisión que está relacionada con los vaivenes políticos y la la necesidad de oxigenar la gestión.

La asunción de Carlos Farré como secretario de Seguridad y de Sergio Cabral como subsecretario precipitaron el traslado de la cúpula policial local. En los pasillos de la Municipalidad y entre los efectivos policiales se mencionaron "diferencias de criterio" con las máximas autoridades policiales como motivo fundamental para el desplazamiento. 

Sin embargo, cuando La Opinión consultó al intendente Cecilio Salazar, dijo no tener novedades.

"Esto no es así. ¿Cómo van a tomar la decisión la gente de Seguridad?  Sería insólito eso. Nunca pasó", expresó el Jefe Comunal el lunes por la noche. 

Entre los nombres en danza para el reemplazo del jefe comunal y del titular de la Comisaría hay efectivos de trayectoria reconocida en San Pedro, pero también hay otros que son desconocidos para la comunidad puesto que desarrollaron sus carreras en otros distritos.

Catalano había sido jefe de la Policía Comunal entre 2019 y 2022, año en el que fue reemplazado por Germán Pahuasi, a quien a su vez él reemplazó a principios de 2024.

Fue cuando Dante Paolini dejó la secretaría de Seguridad y asumió, aunque como subsecretario, Mario Méndez, a quien el intendente expulsó el mismo día de la primera marcha contra la inseguridad de este año, a mediados de enero.

Así, una vez más Catalano es desplazado de la conducción de la policía de San Pedro en medio de movimientos políticos en el gabinete del intendente Cecilio Salazar, aunque todo indica que esta vez por razones distintas a las de 2022.

El comisario Andrés Galiano, por su parte, está de licencia por vacaciones pero ya no retornará al cargo de titular de la única Comisaria que, por cantidad de habitantes, tiene el distrito.

Tanto el cargo de Catalano como el de Galiano serán decididos en los próximos días. En el Gobierno hay silencio. En la cúpula policial regional, también. En las mesas donde la política define el futuro de los vecinos hay murmullos. 

Catalano y Galiano no estaban especialmente cuestionados por la población, los referentes de los grupos de comerciantes o de víctimas de delitos y ni siquiera dentro del propio gabinete del intendente.

Sin embargo, la decisión está tomada. Ambos son desplazados de sus cargos tras la asunción de Farré y Cabral, en cuya jura no estuvieron y con quienes se reunieron recién al otro día de que tomaran las riendas de la Secretaría de Seguridad.

El intendente brindará su Mensaje Anual este miércoles en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y la problemática de inseguridad deberá tener un lugar preponderante. Entre el público, tras estos desplazamientos, habrá sillas vacías.

El lunes, tras asumir como nuevo secretario de Seguridad, Carlos Farré encabezó, junto al subsecretario Gabriel Cabral, reuniones de presentación con diversos sectores relacionados con la problemática.

Ese día fue el primero de Alfredo Carrasco como intendente interino tras la licencia por vacaciones de Cecilio Salazar. En la primera reunión, con productores rurales, no estaba la Sociedad Rural. "No nos llamaron", reveló el presidente de la entidad, Edgardo Salmoiraghi.

El productor participó de la multitudinaria marcha por inseguridad de este miércoles, la segunda en lo que va del año, y en ese marco dialogó con La Opinión.

Consultado sobre la reunión del lunes, reveló que la Sociedad Rural no fue convocada, por lo que no participaron, como sí hicieron productores de la Cámara de Viveristas y de Caproem.

"Se manejan así esta gente. Sabemos que tenemos un personaje de afuera que nos está gobernando. Yo creo que los sampedrinos no nos merecemos esto", se quejó el presidente de la entidad ruralista.

"Tienen que sentarse con todos para mejorar San Pedro, les gusten o no las caras, todos tiramos para un San Pedro mejor. Bueno, a nosotros no nos llamaron", señaló.

El día que asumieron, Farré y Cabral anunciaron que se reunirían con todos los sectores para tener un panorama de la situación. “Lo primordial es escuchar al vecino”, aseguraron en su primer diálogo con los medios locales.

Más de tres cuadras de gente convocó la marcha contra la inseguridad que este miércoles por la noche partió desde Mitre y Obligado para llegar a las puertas del Palacio municipal, donde además de exigir respuestas a los reclamos propios de la problemática pidieron la presencia del intendente municipal, Cecilio Salazar.

Los manifestantes fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien depende el área de Seguridad hasta tanto nombre a un titular, sobre todo luego de la expulsión del subsecretario Mario Méndez y del director José Luis Salas, horas antes de la movilización.

Este jueves, pasado el mediodía, el intendente emitió un comunicado en el que se refirió a la marcha. Aseguró que comparte "plenamente" la "preocupación legítima" de los vecinos, pero cuestionó a la oposición por intentar "aprovechar el reclamo genuino" con "fines electorales".

"La seguridad es un tema que afecta a todos, y por eso quiero manifestar mi acompañamiento absoluto a cada vecino y vecina que se expresó con sinceridad y compromiso", dijo el jefe comunal y repasó "medidas concretas para reforzar la prevención y la seguridad".

En ese marco, sostuvo que no salió a dialogar con los manifestantes porque hubo "dirigentes y militantes de la oposición, ya sea asumiendo su pertenencia o mezclándose entre los vecinos" que "intentaron desvirtuar el objetivo de la marcha".

"Estas actitudes impidieron que pudiéramos dialogar en un marco de respeto, sinceridad y franqueza, dificultando la posibilidad de recibir las inquietudes de los vecinos y contarles las gestiones y medidas que venimos impulsando", dijo Salazar.

En el repaso de las gestiones relacionadas a la problemática, apuntó los refuerzos de control en los accesos, la capacitación del personal de Centro de Monitoreo —que en el último Presupuesto obtuvo bonificación especial— y la suma de "herramientas para fortalecer la investigación del delito" como las nuevas cámaras de seguridad.

También señaló que el Gobierno solicitó formalmente la reactivación de las fiscalías locales: de las tres que existen en San Pedro, dos no tienen titular a cargo y son subrogadas por otros fiscales.

"Sabemos que la angustia de la comunidad es real y que la inseguridad no se soluciona con discursos", dice el comunicado de Salazar, en el que anuncia que, además de mantener contacto permanente con la Justicia y el Ministerio de Seguridad, en los próximos días oficializará las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad.

"Trabajarán bajo mis estrictas directivas para abordar este problema con la seriedad y urgencia que merece, conscientes del contexto actual y de la necesidad de estrechar los vínculos con nuestra comunidad", señaló y sostuvo que "la inseguridad no puede ser una bandera política ni un eslogan de campaña".

"Vamos a seguir gestionando soluciones concretas, porque entendemos el reclamo y lo hacemos propio. La inseguridad es una cuestión de Estado", aseguró el intendente y advirtió que "si bien este problema no se resolverá de un día para el otro, requiere una atención cotidiana y el máximo esfuerzo".