Una delegación de técnicos de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) visitó San Pedro y otras provincias productoras de frutas de carozo con el objetivo de evaluar la posible apertura del mercado chino para estos productos.

La recorrida por Argentina se desarrolló entre el 12 y el 16 de enero y contó con el acompañamiento de profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El primer destino fue San Pedro, principal productor de duraznos y nectarinas de la provincia de Buenos Aires.

En la ciudad, los técnicos visitaron las instalaciones del productor Jorge Taurizano, acompañados por especialistas de la Estación Experimental INTA San Pedro, personal de Senasa y los secretarios municipales Alfredo Carrasco y Luciano Arias.

Durante la visita al país, la delegación realizó inspecciones en establecimientos de producción y empaques de ciruelas, duraznos, damascos y nectarines. 

El trabajo se centró en evaluar los sistemas de manejo sanitario e inocuidad, el control de plagas de interés cuarentenario para China, la trazabilidad de los productos, los procesos de acondicionamiento y la documentación respaldatoria.

“Son aspectos en los que ponen especial énfasis al momento de autorizar la importación de frutas frescas”, explicó Arias a La Opinión.

La agenda incluyó, además, un encuentro institucional realizado en La Casona de Turismo. Posteriormente, la delegación de GACC continuó su gira por las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Desde Senasa señalaron oficialmente que los técnicos chinos “remarcaron los aspectos positivos observados y las ventajas del sistema de producción de fruta fresca de carozo de Argentina, aunque sugirieron realizar algunos ajustes tanto en las tareas a campo como en los empaques”.

Este proceso constituye un primer paso hacia una eventual habilitación del mercado chino, que podría convertirse en un destino de gran demanda para el sector frutícola argentino.

La próxima etapa será la publicación del informe de auditoría en el sitio oficial del organismo chino, documento clave para definir los pasos a seguir.

El Ministerio de Seguridad bonaerense montó un operativo sin precedentes en el barrio La Tosquera para secuestrar una gran cantidad de caballos que, según dijeron los vecinos, forman parte de más de la mitad de la población equina de la zona.

Bajo la coordinación de la Policía Rural, había efectivos de Infantería, GAD, Comisaría local y de ciudades como Arrecifes, Pergamino, Pilar, La Plata, entre otras.

Cientos de efectivos policiales —estimaban que alrededor de 450— coparon La Tosquera para lo que fue un “operativo de sanidad”, según informaban a los vecinos los propios policías, dispuesto por el Ministerio de Seguridad en el barrio.

La Tosquera fue señalada en varias oportunidades como una zona a donde llega desde los campos el ganado robado e incluso en ese barrio detuvieron a los sospechosos de haber asaltado al reconocido empresario Oscar Andreani, pero el operativo no fue dispuesto por cuestiones de “seguridad” sino de “sanidad”, informaron.

El personal policial secuestró prácticamente todos los caballos que encontraron a su paso, con la promesa a los vecinos de que los dispondrían en un predio cercano para que fueran con la documentación correspondiente para retirarlos.

En ese predio se encontraban el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, Guillermo Calviño, y la directora de Coordinación del Comando de Prevención Rural (CPR), Natalia Ramos, quienes coordinaron la tarea de más de 400 efectivos policiales.

Sin embargo, los caballos fueron dispuestos en un corral para luego subirlos a camiones jaulas privados contratados y propios de la Policía Rural para el traslado a ciudades como Cañuelas y Florencio Varela.

La situación provocó el enojo de los vecinos que se había agolpado frente al predio con la documentación de los caballos para retirarlos, como les habían indicado, pero veían cómo se los llevaban para trasladarlos a otra ciudad.

El Ministerio de Seguridad los trasladó desde el barrio para mantenerlos “en cuarentena” y practicarles los estudios sanitarios correspondientes y en el caso de que queden secuestrados serán puestos en guarda judicial.

Entre el personal policial y del Ministerio de Seguridad se vio dentro del predio a productores como Emilio Peiró, que acompañó en alguna oportunidad a Sergio Berni en reuniones con productores, y al referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, quien dijo en Radio Cuarentena que el operativo lo “tomó por sorpresa”.

“A mí me tomó de sorpresa, me convocó la gente del Ministerio para que fuera a ese lugar. No pregunté tampoco, saludé a gente conocida. Imagino que todo es consecuencia de lo que ha pasado, con el tema equino, que es un tema complejo de hace muchos años”, dijo Victores.

Señaló que el operativo no fue por un pedido específico de los vecinos autoconvocados por la inseguridad y que el operativo no tenía que ver específicamente con la inseguridad sino que “”estaban haciendo sanidad o una cosa de esas”.

La semana pasada, el sindicato que representa a las trabajadoras y los trabajadores de Sanidad, ATSA, lanzó medidas de fuerza con paro de actividades y retención de tareas en reclamo de actualización de salarios, un planteo que vienen haciendo desde julio del año pasado. Ante la situación, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria.

“Los trabajadores hemos resistido pacíficamente hasta límites jamás alcanzados”, señalaron desde ATSA y aseguraron: “Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco”. A pesar de los esfuerzos que implicó para el sector la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, no obtuvieron respuestas satisfactorias respecto del reclamo de aumento salarial.

El jueves pasado hubo asambleas en todos los establecimientos donde hay afiliados y afiliadas a ATSA y el viernes desarrollaron paro de actividades durante tres horas por turno. Ese día, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, una medida que establece que, mientras se debate con la mediación del Estado, todo debe volver al punto previo al conflicto.

ATSA acató “con responsabilidad lo resuelto por la autoridad” pero consideró que la conciliación obligatoria “es injusta e inapropiada” teniendo en cuenta que llevan alrededor de ocho meses intentando obtener actualizaciones salariales sin propuestas desde el sector empresario.

“Hemos realizado innumerables audiencias privadas y en el ámbito del Ministerio, presenciales y virtuales, hemos gesionado ante las autoridades nacionales y provinciales y distintos financiadores del sistema de salud para que se involucren en la solución de los problemas de financiamiento del sector y no hemos obtenido respuestas”, se quejaron desde ATSA.

El sindicato representa a trabajadoras y trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, institutos de diagnóstico, laboratorios de análiis clínicos, servicios de emergenci, institutos psiquíatricos y geríatricos.

A nivel local, la clínica San Pedro es una de las más complicadas. No sólo porque no hay aumento de sueldo sino que además el pago de los salarios se cumple de manera desdoblada y en el último mes todavía los empleados no cobraron el total de sus haberes.

La semana pasada hubo una reunión en la sede local de ATSA, con representantes de la clínica de los trabajadores. Allí, desde el directorio de la empresa informaron que todavía no les había ingresado el total del pago de PAMI, sino apenas un tercio, por lo que solo depositaron un monto de dinero que, “junto al pago del REPRO del Gobierno no llega al 50 por ciento del sueldo de los empleados”, informaron desde ATSA.

“Dijeron que iban a hacer un reclamo formal a PAMI y pidieron que los trabajadores acompañen ese planteo. Pero el panorama es bastante complicado. Prometieron que si podían recaudar algo más de dinero pagarían el total de los sueldos, pero no hay fecha”, explicó Isabel Bravo, del gremio y señaló que los médicos informaron que “PAMI no depositará hasta el 10 de abril”.