El Gobierno municipal conformó una mesa de trabajo interinstitucional para acercar posiciones entre los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio y la empresa San Pedro Arenas, propietaria de la arenera ubicada en la zona.

El primer encuentro tuvo lugar el lunes en la Subsecretaría Legal y Técnica, cuyo titular, Daniel Porta, consideró satisfactorio por la “buena predisposición” de las partes a mantener un espacio de diálogo, más allá de las disidencias que derivaron en una demanda judicial.

El objetivo de conformar esa mesa es que haya un espacio institucional de diálogo entre el Municipio, la empresa y los vecinos que posibilite "explorar soluciones técnicas, normativas y de gestión ambiental" ante los reclamos del barrio, independientemente de lo que resuelva la Corte Suprema.

El Máximo Tribunal tiene en análisis el recurso interpuesto por la comisión de fomento Barrios Unidos tras el revés judicial sufrido en primera y segunda instancia. Esos fallos le dieron la razón a la empresa, que expuso que tiene todo en regla de acuerdo a la normativa vigente.

Aun así, los vecinos mantienen sus reclamos respecto de la voladura de arena y los ruidos generados por la actividad arenera. Durante la reunión, solicitaron que se evalúen medidas concretas para mitigar la problemática.

Desde San Pedro Arenas, su titular, Agustín López, expresó su predisposición a participar de la mesa de trabajo y se comprometió a elevar la información técnica que se le requiera. 

Sostuvo que están dispuestos a "analizar las inquietudes de los vecinos" y destacaron que cuentan con "todas las habilitaciones y autorizaciones vigentes de los organismos municipales, provinciales y nacionales".

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, informó a las partes que el Municipio procurará "articular soluciones" para compatibilizar "el desarrollo económico con la protección del ambiente y la calidad de vida de los vecinos".

En el marco de la mesa de trabajo, acordaron celebrar reuniones periódicas y la empresa se comprometió a presentar un informe técnico sobre las modalidades de acopio de arena, uno de los planteos que hicieron los vecinos.

La Justicia concedió el recurso extraordinario que plantearon los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio tras recibir un fallo desfavorable en la Cámara de Apelaciones a sus reclamos relacionados con la arenera ubicada en inmediaciones del barrio.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense será la que deba analizar lo que los vecinos dejaron asentado en su reclamo, luego de que quedara firme la resolución judicial que consideró que San Pedro Arenas cumple con la normativa vigente y sólo causa "molestias tolerables".

El Máximo Tribunal ya recibió el expediente para analizar, en los términos en los que la Cámara lo elevó tras considerar pertinente el recurso extraordinario planteado por la comisión de fomento denominada Barrios Unidos.

Tras ello, los vecinos enviaron una nota al Gobierno y al Concejo Deliberante para que intervenga "ante posibles incumplimientos" de la normativa vigente aplicable a nivel local.

La nota fue acompañada por registros fotográficos y audiovisuales para apoyar su reclamo relacionado con situaciones que, aseguran, "generan consecuencias directas en la calidad de vida" del barrio.

"Presencia de material particulado en el ambiente, tránsito constante de camiones y alteraciones en el entorno" fueron los puntos señalados para exigir "control y cumplimiento efectivo de la normativa vigente".

Tras el fallo que ratificó la sentencia en primera instancia que favoreció a la empresa San Pedro Arenas respecto del reclamo de vecinos del barrio Bajo Cementerio, desde la comisión de fomento presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Los vecinos esperan que sea el Máximo Tribunal el que defina acerca de sus planteos, que fueron rechazados por el Juzgado Civil 1 y por la Cámara de Apelaciones, que consideraron que la arenera además de cumplir con la normativa vigente aplicable causa "molestias tolerables" en la zona.

Este martes, cuando comenzó el viento de la tormenta de lluvia que registró la ciudad alrededor de las 14.00, desde el barrio difundieron videos que tomaron en ese momento.

"¿Esto es 'tolerable'?", se preguntaron. Aseguraron que en los videos "se puede ver claramente cómo la arena vuela de manera impresionante, afectando nuestras casas y nuestra salud" y cuestionaron el fallo, que consideró "tolerable" la situación, con arreglo a informes periciales

"Nos preguntamos: ¿Quién define qué es tolerable? ¿Desde dónde lo evalúan?  ¿Alguno de ellos vive acá? Esto no es un número en un papel. Esto es lo que respiramos todos los días y más aún los días de viento", advirtieron.

"Exigimos que se escuche la realidad del barrio y no solo informes técnicos que no reflejan lo que vivimos", finalizaron los vecinos de Bajo Cementerio que compartieron los videos registrados.

Los vecinos de la zona de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que desde hace un tiempo están organizados ante la posibilidad de que se instale una arenera en el terreno de Indalar / Arcor ubicado frente a sus viviendas, incluyeron entre sus planteos a la empresa San Pedro Arenas S. A., que tiene su actividad al final del camino Vapor Nacional Correo.

En ese marco, habían elevado una nota al Concejo Deliberante para solicitarle que “arbitre los medios necesarios” para que San Pedro Arenas “cumpla con la normativa vigente” y solicitaba información respecto de “la audiencia pública obligatoria que tendía que haberse realizado antes de otorgar cualquier permiso”, el estudio de impacto ambiental correspondiente y la situación de incumplimiento de la ordenanza que obliga a instalar silos, que acompañaron con fotografías.

La presidenta Mónica Otero firmó una respuesta que fue redactada con fecha 14 de noviembre y que fue entregada a los vecinos en virtud del planteo que habían elevado sobre San Pedro Arenas.

Allí señalan que esa empresa fue autorizada por ordenanza municipal para la instalación de una planta para depósito, acondicionamiento y comercialización de arena, aprobada en junio de 2011.

Sobre el procedimiento de audiencia pública que prevé la ley general de ambiente que rige en el país, Otero les informó a los vecinos que “no se tiene conocimiento de que se hubieren realizado” y que la normativa “la señala como uno de los posibles mecanismos de consulta, no siendo éste excluyente”.

“Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, dice el artículo 20 y “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”, el 21.

Sobre la solicitud del estudio de impacto ambiental obligatorio, la presidenta del Concejo señaló que el expediente en el que constan las actuaciones está en poder del Ejecutivo, por lo que deberían dirigirse a ese poder del Estado.

De la misma manera, Otero les indicó que deberán dirigirse al Ejecutivo para el planteo relacionado con el incumplimiento de la ordenanza que rige el funcionamiento de las empresas areneras en el distrito.