Desde fines de septiembre del año pasado, los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio están en alerta ante las intenciones de una empresa denominada San Marcos Trading, cuya cara visible es el Santiago Lawson, de instalar una arenera en el predio que Arcor posee frente a sus viviendas en esa zona.

Esta semana, el Gobierno respondió una solicitud de información que hicieron desde la comisión de fomento que representa a ambos barrios, en la que pidieron respuesta oficial y por escrito acerca de una serie de puntos que habían elevado amparados en el derecho al acceso a la iformaciòn ambiental.

En una reunión con representantes de Arcor, les ratificaron las intenciones de disponer una planta de acopio de ese mineral y, tras ello, los vecinos volvieron a exponer ante el intendente su oposición a ese plan y la propuesta del barrio de que ese predio se convierta en un espacio público para el disfrute de sampedrinos y turistas.

La respuesta del Gobierno que recibieron los vecinos provino de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Javier Silva, donde la empresa San Marcos Trading se presentó en dos oportunidades para poner en conocimiento del Estado local sus intenciones de instalar una arenera en ese predio, aunque nunca hizo la presentación formal para solicitar autorización.

Lo que hizo, señala el informe y coincide con lo que La Opinión reveló el año pasado, fue elevar en julio de 2022 una solicitud de “prefactibilidad de conformidad de uso de suelo” respecto del terreno. Es decir una consulta sobre qué se puede y qué no se puede hacer en esa zona.

La respuesta en ese momento fue que la San Pedro 2000 establece que ese espacio está dentro de una zona de reserva para la expansión industrial o cortinas forestales, lo que implica que ante la posibilidad de un proyecto de cualquier característica, primero los concejales deberán definir por una u otra posibilidad.

El segundo expediente fue presentado meses después, con un plano del anteproyecto, el plan de manejo de arena y copia de las escrituras que certifican la propiedad de Arcor sobre esos terrenos costeros.

En el informe que Silva elevó a la Secretaría Legal y Técnica, que luego trasladó a los vecinos, Obras Públicas indica que esa área “no conoce ni ha sido presentada en este municipio ninguna evaluación de imapcto ambiental o estudio que se le asemeje. Igual consideración merece respecto a la existencia del pedido de certificación de aptitud ambiental para el proyecto que se pretende”.

Además, ante la consulta de los vecinos respecto de la demaración de la línea de ribera, señala que “no es competencia de los municipios establecer la demarcación de las vías fluviales ni son los entes involucrados en los pedidos de las mismas”.

Su nombre es Karina Cariaga y desde que se conoció la intención de radicación de una empresa arenera en el predio de propiedad de Indalar, la firma con la que Arcor soñó alguna vez para invertir en la operatoria portuaria, no cesó en sus reclamos para que se cumplan las leyes que garantizan el acceso de los vecinos y las que rigen en materia ambiental para los humedales. Ella, junto a otros vecinos, fue protagonista de reclamos y de la entrega de un petitorio acompañado de más de 1600 firmas para que se impida la instalación de ese negocio y el predio se transforme en un espacio público.

Tras una reunión con el representante de San Marco Trading y la nota que Sin Galera obtuvo con Santiago Lawson se supo que, efectivamente, los dueños del predio celebraron un contrato de alquiler con esa firma que se dedica a la explotación minera en la provincia de Entre Ríos y que fue una de las principales proveedoras de arena para Vaca Muerta.

“Me denunció el dueño de San Marcos Trading por defender; solo salir a defender lo que es nuestro, la parte de la costa para que no pase el tractor, nada más que eso”, dijo Karina en Radio Cuarentena tras remitir el tenor de la notificación de la iniciación de una causa que lleva la firma del fiscal Marcelo Manso.

Pese a las promesas del municipio en torno a la falta de autorización para la instalación de ese emprendimiento, hace pocos días los vecinos lograron impedir que un arado tirado por un tractor cumpliera con su tarea. Esa situación permitió un encuadre diferente a la acción que ahora intentará poner en marcha la arrendataria de ese sector de costa y barranca que no cuenta con alambrados que delimiten la propiedad en la parte costera ni cuenta con cuidados a su cargo más que un cartel que dice “Propiedad privada”, que fue colocado por personal municipal.

“Tal cual, fue a partir de este hecho porque a nosotros el municipio nos dijo que esta empresa no tiene nada autorizado para hacer nada en la zona, cortar el pasto sí pero no pasar el tractor, lo que vendría a ser pasar el arado, eso es lo que dice el municipio”, refirió la mujer a pocos minutos de haber tomado conocimiento de que está imputada en esa denuncia.

“Es el municipio el que lo tiene que frenar”, reflexionó y agregó: “Tenemos que salir nosotros a frenarlos hasta que el municipio se presente porque si no es así, ya está todo arado”. Como justamente el lugar donde pretendían arar está catastrado la acción de la vecina quedó en el marco de una causa por “amenazas, daño y turbación de la propiedad”.

“Lo que pasa acá es que al arar rompen todo Lilí, rompen árboles, rompen el pasto donde los animales pastan, nosotros, la gente que pasa para el otro lado de la costa no se puede pasar. Acá parece que falta una comunicación entre Arcor, el municipio y la empresa, porque son ellos los que tienen que poner, no nosotros porque éramos varios vecinos ese día, como 20 poniéndonos enfrente y decir bueno esto se puede y esto no se puede, porque el municipio nos va avalar, pero necesitamos que el municipio hable con San Marcos Trading y Arcor y que ellos les digan esto sí se puede y esto no se puede”, dijo Cariaga al exponer los límites que como vecinos esperan que ordene, disponga y controle el estado municipal y provincial.

El terreno por ahora sigue sin alambrados ni murallas y el expediente de pedido de habilitación reposa en las oficinas de Obras Públicas. El próximo capítulo será en la justicia cuando esta vecina y tal vez algunos otros sean citados a declarar.

Los detalles que los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio recibieron esta semana por parte de funcionarios del gabinete municipal en relación al proyecto de instalación de una arenera frente a sus viviendas, en el predio de Indalar / Arcor, fueron informados públicamente este viernes en Radio Cuarentena por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar.

El funcionario destacó que lo que elevó la firma San Marcos Trading, con Santiago Lawson a la cabeza, fue el pedido de prefactibilidad por zonificación y el plano con una descripción grosso modo de lo que proyectan en el predio, lo que Baraybar consideró un anteproyecto muy incipiente.

“Todavía falta el proyecto de lo que se pretende hacer, que es el que se evaluará”, dijo el funcionario y explicó que la empresa debe presentar una carpeta con la memoria descriptiva de lo que pretenden instalar en el lugar, “que contemple todas las cuestiones legales y ambientales, debidamente fundado y con todos los resguardos”.

Como adelantó La Opinión este viernes, recordó el terreno está en una zona que para la ordenanza de uso y ocupación del suelo es de “reserva” para expansión industrial o de cortinas forestales, por lo que la decisión final la tendrá el Concejo Deliberante.

Para que los ediles tomen intervención y evalúan la viabilidad del proyecto, debe haber una propuesta de ordenanza emanada desde el Ejecutivo, es decir una decisión política del intendente de impulsar la iniciativa, lo que sólo podría suceder una vez que el Gobierno tenga toda la carpeta y, tras haberla analizado, haya decidido que es relevante par la comunidad.

“Claramente es un anteproyecto al que le faltan infindiad de cuestiones. Obras Públicas está informándole todo lo que necesita presentar”, señaló Baraybar sobre lo que hasta el momento presentó Lawson.

El secretario de Gobierno dijo que a todos los inversores que se acercan al Municipio s les informa los requisitos para su proyecto y se procura guiarlos en el proceso para que, con esa normativa cumplida, pueda propiciarse su plan de inversión.

“La mirada siempre es la de recibir a los inversores y atenderlos como corresponde, pero también de exigirles todos los requisitos que deben cumplir”, sostuvo Baraybar.

“Con este o cualquier otro inversor, nosotros lo atendemos, vemos qué necesita, cómo podemos colaborar para que complete los trámites administrativos, pero debe presentar todo lo que se necesita para una inversión de este tipo”, explicó.

El plan de la empresa San Marcos Trading de instalar una arenera en el predio que Indalar / Arcor posee frente a los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio deberá, de acuerdo a la normativa vigente, contar con una ordenanza específica sancionada por el Concejo Deliberante.

Es que el terreno está ubicado en una zona que la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la San Pedro 2000, tiene establecida como de reserva para la expansión industrial o cortinas forestales. Es decir que ante la posibilidad de un proyecto de cualquier característica, primero los concejales deberán definir por una u otra posibilidad.

Para que el Concejo trate el tema lo que debe ocurrir antes es que el Ejecutivo proponga la ordenanza, es decir envíe al HCD un proyecto en el que el intendente, como cabeza del Gobierno, solicite a los ediles la aprobación de una norma que permita el avance de la propuesta de la empresa.

Todo ello, claro está, sólo será posible si Santiago Lawson y la firma que preside cumplen con los requisitos que corresponden para que el Estado local pueda hacer una evaluación, a través de los poderes representativos, sobre la viabilidad del uso de esa zona —el terreno es privado, pero la zonificación responsabilidad pública— para esa actividad en particular.

Como publicó La Opinión la semana pasada, hasta el momento la empresa San Marcos Trading sólo pidió la factibilidad de instalación de una arenera en ese predio. De hecho, lo hizo porque necesita ese certificado de conformidad para ir a Provincia a solicitar el de aptitud ambiental, para lo que debe elevar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La intención inicial de Lawson era instalar una cabecera dentro del Puerto. Ante las dificultades burocráticas que ello representaba —debía presentar un proyecto a Provincia, tal como hizo Grobocopatel Hermanos—, se inclinó por acordar con Arcor el alquiler del predio frente a Bajo Puerto y Bajo Cementerio.

Así fue que en mayo elevó una nota a la Secretaría de Gobierno municipal con sus intenciones de inversión y en julio presentó la solicitud de la conformidad de zonificación, solicitando una respuesta rápida para acompañar el expediente a enviar en La Plata.

En Obras Públicas redactaron un dictamen en el que se explica que eso es zona de reserva para expansión industrial o cortinas forestales y dispusieron consulta a la Dirección de Ambiente, que se expidió respecto de que el predio no está ubicado en un lugar considerado “reserva de bosque nativo”, lo que implica que no hay impedimento de ese tipo para el proyecto.

San Marcos Trading presentó luego una nota en la que explica someramente la actividad a desarollar, con el plano que La Opinión reveló la semana pasada: la calle interna, el cerco de hormigón, las oficinas, la balanza, el espacio de acopio de arena.

Esa especie de “memoria descriptiva” no cumple con los términos de la ordenanza vigente sobre la instalación de areneras, que también La Opinión difundió en detalle, por lo que le hay un dictamen en el que se le explica que deben proyectar silos y diseñar un “plan de manejo de arena”.

La última presentación que hizo la empresa lleva la firma de un ingeniero local y fue elevada hace alrededor de 10 días, cuando ya había empezado la polémica con los vecinos.

La empresa deberá presentar, además de ese proyecto diseñado de acuerdo a lo que dice la ordenanza, con el requerido plan de manejo, un estudio de impacto ambiental, el contrato de alquiler con Arcor y copia de la escritura del predio.

Recién con todo ese expediente completo, el Gobierno estará en condiciones de elevar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para solicitar que los ediles evalúen si esa zona de reserva se dispone como industrial para el desarrollo de la actividad propuesta, en cuyo caso además deberá fijar las condiciones de uso, cuyo cumplimiento será obligatorio para la habilitación final y la puesta en marcha de la arenera.

Como este medio advirtió desde el primer día que comenzó el debate público por el tema, Santiago Lawson y San Marcos Trading no pueden hacer nada que implique movimiento de máquinas o instalación de estructura en el predio. Es más, si algo de eso sucede, la responsabilidad será de Arcor.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y el de Obras, Javier Silva, recibieron en nombre del intendente interino Ramón Salazar a un grupo de vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, quienes habían solicitado audiencia en relación al proyecto de instalación de una arenera de la empresa San Marcos Trading en el predio de Indalar, frente a sus viviendas.

“Nos dijo que Lawson sólo tiene presentado lo de la zonificación del suelo y que le van a dar carpeta para que vayan presentado para cumplir con todos los trámites previos”, dijo Karina Cariaga, una de las vecinas que participó de la reunión, en Radio Cuarentena este miércoles.

“No dijeron que todo lo que vayan haciendo nos lo van a ir informando”, aseguró la vecina, quien también había participado de la reunión en la que Santiago Lawson les explicó los planes que tenía en ese predio.

“A nosotros nos perjudica, así que llegado el momento nos tocará hacer una demanda, un amparo ante Ambiente”, sostuvo sobre lo que ocurrirá una vez que San Marcos Trading cumpla con los requisitos que le solicitan.

Además, adelantó que harán una presentación formal para que San Pedro Arenas, la arenera ubicada al final del camino del Bajo Cementerio, cumpla con la ordenanza que establece que deben acopiar arena en silos y no en piletas a cielo abierto.

El intendente interino Ramón Salazar recibirá este miércoles por la mañana a cuatro representantes de los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que le habían solicitado una audiencia en relación a la arenera que la empresa San Marcos Trading proyecta en los terrenos de Indalar, frente a las viviendas que habitan.

Los vecinos de la zona habían reunido firmas y elevaron la solicitud de audiencia luego de conocer, por relato de trabajadores que prestaban servicio en el predio, las intenciones de una empresa, que resultó ser San Marcos Trading, de Santiago Lawson, de instalar una arenera en ese lugar.

Desde ese pedido de audiencia hasta ahora, los habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron una reunión con el propio Lawson, quien les explicó, tal como hizo el sábado en una extensa entrevista que ofreció en Sin Galera, los alcances del proyecto que tiene para ese predio.

Los vecinos quieren que el Gobierno les informe respecto de la arenera y hasta ahora lo que se sabe es que la empresa San Marcos Trading elevó una consulta sobre la factibilidad de puesta en marcha de una actividad comercial de ese tipo en esa zona, de acuerdo a lo que establece la ordenanza de uso y ocupación del suelo vigente, conocida como San Pedro 2000.

Para la concreción del proyecto que Lawson explicó, debe cumplir con una serie de requisitos locales y provinciales, entre ellos la certificación de estudio de impacto ambiental y la instalación de silos para el acopio del material, que en San Pedro no se puede hacer a cielo abierto, por ordenanza.

La resistencia de vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio ante las versiones respecto de la instalación de una arenera en el predio de la empresa Indalar, frente a sus viviendas, provocó que la firma responsable del proyecto se comunicara con ellos para mantener una reunión.

El propio Santiago Lawson, CEO de la firma San Marcos Trading S. A., se reunió con al menos tres vecinos del barrio para explicarles los planes que tienen en ese terreno costero. Les confirmó que instalarán una planta de acopio de arena y que cercarán de punta a punta con paneles de cemento.

Eso sí: les dijo que por ahora no van a cerrar la calle que bordea el río porque respetarán lo que se denomina “camino de sirga” y que en el extremo del Bajo Cementerio dejarán el espacio donde hay una plaza para el barrio y una canchita, de manera tal que además conecte desde esa zona con el riacho.

Les mostró el esquema que ilustra esta nota y les dijo que no utilizarán la calle del barrio que pasa por delante de las viviendas sino que los camiones circularán por dentro del predio en un camino paralelo interno que irá desde la zona de balanza y oficina, en el extremo norte del predio, hasta la salida, en la otra punta, para salir por la subida de la otra arenera.

Los vecinos le plantearon sus preocupaciones respecto del cuidado del ambiente y Lawson les aseguró que cuentan con los estudios de impacto ambiental correspondientes, al punto de que hasta les informó que tiene habilitaciones municipales y que el resto “está en La Plata”.

Desde el Gobierno local informaron a La Opinión que lo único que hay es una presentación formal para obtener los requisitos que establece la normativa camino a una habilitación comercial, es decir que recién comienza el trámite y lo primero es el establecimiento de la factibilidad respecto de la zonificación, según los términos de la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000.

Lawson les contó a los vecinos con los que se reunió que había hecho una propuesta para obtener la cabecera del muelle en el Espigón dentro de las instalaciones del puerto y que desde el propio Consorcio, cuando le explicaron que no se podía, le recomendaron el predio de Indalar / Arcor, que alquiló para la arenera.

Los vecinos que lo escucharon planificaban una asamblea con el resto del barrio para contarles el detalle de lo dialogado con Lawson, tras lo que definirán cómo seguir con sus planteos.

El reclamo que expusieron públicamente y que incluyó un pedido de audiencia al Gobierno local también fue elevado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Ambiente provincial, desde cuyo equipo les solicitaron detalles para analizar la situación.

La preocupación de los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio por la instalación de una arenera en los terrenos de la empresa Indalar frente a sus viviendas tiene asidero: hubo una consulta en el Municipio para avanzar en ese sentido.

La empresa San Marcos Trading S. A., que tiene negocios vinculados a la extracción de arena en la provincia de Entre Ríos, alquiló el predio a Indalar para la instalación en esa zona de bocas de descarga de arena proveniente del río y su plan es, como les dijeron trabajadores a los habitantes de la zona, cercar con bloques de cemento.

El titular de la empresa, Santiago Lawson, se reunió con vecinos para explicarles el proyecto y les dijo que un arquitecto local presentó todo en la Municipalidad. Además, les dijo que ya tenía “todo aprobado”.

La Opinión consultó en el Gobierno local desde donde funcionarios de primera línea confirmaron que hubo una presentación formal para el inicio de un trámite relacionado con la solicitud de factibilidad de la instalación de una arenera en ese predio, de acuerdo a la zonificación que especifica la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la San Pedro 2000.

En Obras Públicas le solicitaron que el plano que llevó con el proyecto lleve la firma de un ingeniero y le requirieron información para avanzar en el análisis de factibilidad por zonificación que solicitó la empresa a través de un arquitecto local contratado para ello.

“En el caso de que dé la zonificación, la empresa deberá presentar todas las cuestiones relacionadas con los requisitos que corresponden a este tipo de habilitaciones, desde las menores hasta las relacionadas con estudios de impacto ambiental, etc.”, explicaron fuentes del Gobierno.

“Por ahora, sólo eso”, señalaron desde el Estado local y agregaron: “Falta mucho para una eventual habilitación comercial”. Es decir que recíen se dio el primer paso para avanzar en la posiblidad de instalación de la arenera, por lo que el proyecto todavía no podría ponerse en marcha.