A raíz de las numerosas consultas que recibió la Oficina de Defensa del Consunidor (Omic) en las últimas semanas por situaciones vinculadas a la Coopser, la directora del organismo, Sabrina Utreras Montes, aclaró cuál es el alcance de las intervenciones que puede realizar Defensa del Consumidor y en qué casos corresponde recurrir al Oceba

Utrera Montes explicó que uno de los temas más frecuentes son las actuaciones iniciadas por la cooperativa cuando detecta presuntas irregularidades en los medidores de energía eléctrica.

En esos casos, señaló que la Omic analiza si el procedimiento realizado por Coopser se ajustó a la normativa vigente. 

Para ello, solicita a lacooperativa la documentación correspondiente, como el acta de comprobación, los consumos históricos del usuario y los registros posteriores a la normalización del medidor, con el objetivo de verificar que se hayan respetado las garantías previstas en el reglamento de suministro.

La funcionaria también respondió a una consulta sobre una usuaria que sufrió el corte de energía pese a encontrarse al día con el pago del servicio. 

En ese sentido, aclaró que la Omic puede recibir el planteo y orientar al consumidor, aunque recordó que, si el usuario ya inició un expediente ante el Oceba, no puede tramitar simultáneamente el mismo reclamo en ambos organismos.

"El usuario tiene la potestad de elegir si presenta el reclamo ante Defensa del Consumidor o ante el organismo de control. Una vía excluye a la otra", explicó.

Utreras Montes indicó además que, aun cuando el reclamo ya se encuentre radicado ante el Oceba la Omic puede asesorar a los vecinos sobre la documentación necesaria y el procedimiento que deben seguir para hacer valer sus derechos.

En el transcurso de la semana, vecinos alertaron la presencia de promotores recorriendo distintos barrios y ofreciendo servicios de seguro de salud y sepelio a "bajo costo".

Los ciudadanos manifestaron su preocupación, ya que temen ser víctimas de actividades fraudulentas que deriven en descuentos en sus haberes o en la sustracción de datos personales. 

La Opinión dialogó con uno de los asesores que recorrió nuestra ciudad y constató que ofrecen "paquetes" que incluyen consultas "odontológicas", entre otros servicios.

El único requisito para adquirir la prestación es poseer un "recibo de sueldo" o el "comprobante de cobro de la jubilación o pensión".

Los vendedores sostienen que pertenecen a una empresa denominada América Servicios, la cual aseguran que tiene "un convenio con Sancor Seguros".

La cuota es mensual y los asesores aseguran que "la única forma de cobro es mediante débito automático". Por su parte, los vecinos afirman que el costo ronda los "37.100 pesos".

Tras ser consultada por La Opinión, la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Sabrina Utreras Montes explicó que, en este tipo de casos, lo recomendable es “no brindar ningún tipo de dato, ni siquiera el número de documento”. 

“Mi recomendación es que no firmen nada. Ni mucho menos que entreguen recibos de sueldo o de percepción de haberes”, indicó la abogada. 

“Por más que la documentación que te muestren tenga toda la apariencia de ser legal, no siempre lo es”, concluyó Utreras Montes. 

“Antes teníamos muchas de alarmas de seguridad de una empresa que no tenían oficina en San Pedro, con las de Direct TV también pasaba”, dijo la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor cuando fue consultada sobre los trámites más frecuentes.

Más allá de los clásicos, darse de baja de un servicio los lleva muchas veces a disponer el recurso humano en “centro de atención al cliente”, algo que se ahorran las empresas que tienen la obligación de facilitar la voluntad del consumidor de dejar de pagar porque ya no quiere ese servicio.

Sucede que en Argentina, desde 2020 el botón para proceder a dar de baja un contrato con cualquier prestador debe estar a la vista y arrojar un resultado seguro, por ejemolo “un libre deuda” que deje tranquilo a usuario con que en el futuro no le quedará un saldo pendiente que lo perjudique o se incremente. 

Uno de los clásicos es el saldo en la cuenta bancaria que si no se presta atención al momento en que se deja de ser cliente deL banco puede generar alguna deuda que tarde o temprano terminará en las compañías que se dedican a informes y calificaciones financieras. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito.

Desde 2020, la Resolución 271/2020 de la Secretaría de Comercio de la Nación exige que las empresas que prestan servicios contratados online, como seguros, telecomunicaciones, membresías y otras incluyan un "botón de baja" visible y de fácil acceso en su página web principal.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el “botón de baja” que el “botón de arrepentimiento”. Este último deben ofrecerlo quienes hacen ventas on line a sus clientes.

“El botón de arrepentimiento no igual al botón de baja, porque te permite utilizarlo cuando vos te arrepentís de una compra o de la contratación de un servicio”, explicó Utreras Montes.

“Entonces tiene que existir ese botón de arrepentimiento para que permita revocar esa compra o esa contratación de ese servicio, siempre y cuando obviamente lo estés contratando a distancia. Si vos vas y comprás algo presencialmente, ahí ya no te puedés arrepentir", agregó.

En cuanto a los seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó en 2021 la obligatoriedad del "botón de baja" para seguros contratados online o telefónicamente.

Los trámites que encabezan el ranking de la oficina local de Defensa del Consumidor son los planes de ahorro para la compra de un automotor, pero no faltan las personas que se acercan con estafas virtuales, compras por las que nadie responde y análisis de intereses que aplican a los deudores.

“En miuchos casos armamos el expediente, eso genera costos y alguna vez incluso con una resolución favorable o un ofrecimiento de devolución de dinero, la gente no vuelve”, apuntó la titular de la OMIC respecto de personas que a veces se presentan muy enojadas y una vez que se sienten aliviadas no vuelven aunque se las llame con una buena noticia.

La Oficina local de Defensa del Consumidor, la Dirección de Rentas y la Defensoría del Pueblo recorrieron supermercados sampedrinos para verificar el abastecimiento y cumplimiento de la resolución de Precios máximos. Sabrina Utreras Montes, titular de la OMIC, detalló en Radio Cuarentena cómo se llevó a cabo la tarea.

Para verificar el cumplimiento de los precios fijados por el Gobierno nacional en 1432 productos, seleccionan “entre 75 y 80 productos” para controlar “si está comercializado en ese establecimiento, si hay stock, y además, si tiene la señalética o no”, indicó la abogada.

Sobre la señalización en las góndolas, la titular de la OMIC consideró que todavía es deficiente. “Al no estar señalizado, es muy complejo para el consumidor ingresar en el momento a internet y verificar la lista de precios, porque todavía no está del todo implementado para poder controlar”, puntualizó.

También, reconoció que hay algunos productos que, con esta nueva implementación, “no dejan ganancia al comerciante”. “La idea sería poder presentar esta documentación, para que tal vez se pueda ayudar en estos casos”, indicó la abogada que tiene a su cargo la oficina local que se encarga de canalizar los reclamos por incumplimiento de los derechos de los consumidores.

“Lo planeado es atacar al grande y no al chico”, indicó Utreras Montes y agregó: “Nosotros no vamos a controlar al almacén de barrio, sino inspeccionar a los supermercados con una mayor superficie que le compran a los grandes mayoristas”.

En los últimos días, los controles tuvieron lugar en el supermercado Mio, ubicado en Av. Sarmiento 2335, y en la sucursal local de Vea, que se encuentra en calle Miguel Porta 2930. En el caso de este último, Utreras Montes advirtió que hasta la semana pasada el incumplimiento era de un 85%.

En el comercio de capitales chinos, por su parte, de los 75 productos que verificaron sólo encontraron 34. De ellos, 22 estaban por encima del precio fijado, por lo que labraron un acta de constatación que inicia un trámite en la Oficina de Defensa del Consumidor.