El debate por la ola de calor y el dictado de clases trajo varios puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar a los directivos y docentes de una escuela que se encuentran impedidos de hacer públicos sus reclamos. A la mayoría se les indica que pueden ser pasibles de sanciones por violentar el inciso K, del artículo 6 del Estatuto del Docente que dice: “k) Mantener el secreto, aun después de haber cesado en el cargo, de los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales sean necesarios”. Claramente su espíritu refiere al secreto profesional que se debe mantener en cuestiones inherentes a la privacidad del alumnado o el personal a cargo.

Fueron varios los que recordaron a La Opinión que “la excusa del secreto” no exime a los responsables del área educación del cumplimiento de la normativa de seguridad que con lenguaje sumamente particular refiere entre sus artículos 110 a 116 que: la seguridad en la escuela es: “una construcción social, interdisciplinaria y situacional orientada a la detección, prevención e intervención frente a situaciones de riesgos propios de cada comunidad educativa y dirigida a la adopción de conductas institucionales y comunitarias consecuentes”. Así arrancan las disposiciones que deberían ser respetadas de acuerdo al Plan de Prevención de Riesgo que cada establecimiento elabore y eleve incluso al Consejo Escolar, siempre y cuando cumpla con los siguientes enunciados:

1. Infraestructura escolar.

2. Enfermedades y accidentes.

3. Manipulación y conservación de alimentos.

4. Situaciones de vulneración de derechos de alumnos.

5. Uso responsable de la electricidad, el agua y el gas y las nuevas tecnologías.

6. Ruidos molestos, iluminación, ventilación, temperatura, etc.

7. Delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella.

8. Vías de acceso al edificio y entorno, su iluminación, paradas de transporte público, estacionamientos.

9. Rutas de acceso, de escape y circulación del personal y alumnos.

10. Reparaciones y obras eventuales.

11. Actos de masiva concurrencia.

12. Degradación y contaminación ambiental.

13. Catástrofes naturales.

14. Incendios, manipulación y estibaje de riesgos químicos y otros siniestros.

15. Traslados y desplazamientos de alumnos y docentes, senderos seguros.

16. Los riesgos propios de cada comunidad educativa.